Más de cincuenta mil militares han desertado en este sexenio

Francisco Sandoval Alarcón (@Mrterremoto)/Animal Político
18 abril 2012

El Ejército no conoce el paradero ni la actividad de por los menos 23 mil militares desertores


México.- En los últimos seis años, 56 mil 886 militares han desertado del Ejército en México. La cifra representa el 28 % de los efectivos que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en todo el país.

Por cada 10 militares desertores, la Sedena había logrado sancionar a dos, mientras que el resto eran prófugos o no habían sido sentenciados por un tribunal de justicia, reconoció la dependencia a través de dos solicitudes de información ciudadanas, una de ellas hecha por Animal Político.

La Sedena, en sus respuestas, reveló que son 23 mil 694 los militares desertores “evadidos de la justicia” y 10 mil 154 los sentenciados. De 22 mil 612 militares, no ofreció datos que permitieran conocer el tipo de sanción impuesta.

Los soldados, seguidos de cabos y sargentos, eran los militares que mas sentencias registraban por deserción, siendo los estados del centro del país donde se concentraban los casos.

De acuerdo con las leyes militares, la deserción es un delito que se puede castigar con amonestaciones o sanciones que van desde la prisión preventiva por un mes o la cárcel por seis años, según el caso y el rango del militar involucrado.



Los prófugos

Las cifras de la Sedena en los últimos seis años, revelan que son 56 mil 886 los militares desertores del Ejército. A esa cantidad, se suman otros 106 mil 813 militares desertores de 2000 a 2005, lo que arroja un total de 163 mil 699 efectivos que abandonaron las armas en los últimos 11 años.

De acuerdo con la información de la dependencia, en sus archivos no se cuenta con datos de militares prófugos por deserción de 2000 a 2005, sin embargo reconoce que son 23 mil 694 los “evadidos de la justicia” de 2006 a diciembre de 2011.

En el caso de otros 10 mil 575 militares, la Sedena expone que se trata de militares que se han presentado “voluntariamente” a enfrentar los procesos abiertos en su contra por deserción, de los cuales 10 mil 154 recibieron “sentencia.

En el caso de los otros 22 mil 617 militares que desertaron de 2006 a 2011, no proporciona mayor datos para conocer si hubo o no hubo amonestación o sanción


Centro del país, donde más desertan

Una segundo solicitud de transparencia hecha por Animal Político, arrojó que del 1 de enero de 2007 al primer trimestre de 2012, eran 3 mil 71 los militares “sentenciados” por un Juez Militar o Consejo Guerra por el delito de deserción.

En su respuesta, la Sedena anexó los casos que llegaron a los juzgados militares uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis, así como los adscritos a la III y V Zona Militar.

Del rango que tenían los militares desertores sentenciados por tribunal militar, los soldados encabezaban la lista con 2 mil 208 casos. El segundo lugar lo ocupan los cabos con 535, el tercero los sargentos segundos con 149 y el cuarto los sargentos primeros con 95 sentencias.

De los poco más de 3 mil militares sentenciados por deserción, 44 se encontraban presos en las diferentes cárceles militares.

La información revela que los estados del centro y sur del país como son: México, Distrito Federal, Morelos, Querétaro, Chapas, Guerrero y Oaxaca, concentraban poco más del 40% de las sentencias juzgadas por deserción.

Con alrededor del 10 % de los casos, también destacaban los estados de Coahuila, Tamaulipas y Sinaloa, donde el Ejército ha reforzado sus operaciones para combatir a células del narcotráfico que operan en esas zonas.

Entre los militares que han desertado del Ejército en estos estados del norte país, se encuentran por lo menos 11 integrantes de los Zetas, grupo de sicarios que conformó el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, por años Jefe del Cártel del Golfo. Según la PGR, este grupo fue conformado por 40 militares especializados. La mayoría han muerto en enfrentamientos o han sido capturados por las autoridades mexicanas.

Investigan a funcionarios detenidos por desapariciones en Coahuila

Milenio
27 febrero 2012

Además de ser investigados por presuntamente brindar protección a un grupo delictivo y por lavado de dinero, los funcionarios detenidos en Coahuila por la SIEDO, enfrentan una investigación por la desaparición de personas en el Estado.

Saltillo. Además de ser investigados por presuntamente brindar protección a un grupo delictivo y por lavado de dinero, los funcionarios detenidos en Coahuila por la SIEDO, enfrentan una investigación por la desaparición de personas en el Estado.

Según una averiguación, tanto funcionarios de la PGR, militares, policías estatales y agentes federales tienen que ver en la desaparición de ciudadanos coahuilenses que “frustraban” las labores del narcotráfico por que pertenecían a bandas rivales o simplemente por que denunciaban acontecimientos que ocurrían.

El testimonio de otros detenidos deja entrever que soldados de la Sexta Zona Militar, en Saltillo, además de ocultar información sobre decomisos a la PGR se encargaban de ejecutar y desaparecer a coahuilenses que denunciaban a los criminales.

También, según la investigación, agentes de la Policía Federal se encargaban de enfrentar y eliminar al grupo contrario a los sicarios para los que trabajaban.

Las investigaciones en torno al caso continúan, por el momento están enfocadas en las fortunas y propiedades de los narcofuncionarios para tratar de detectar cualquier dinero ilícito.

Atacan sicarios a militares en Saltillo, Coahuila

Vanguardia
25 febrero 2012

Confirma Vocero de Seguridad sólo un herido. Siguen cayendo narcofuncionarios coahuilenses: detienen ayer a un mando de la Policía Investigadora en Allende

Saltillo.- Al realizar labores de investigación en la colonia Vista Hermosa durante la tarde de ayer, dos elementos del Ejército Mexicano habrían perdido la vida al registrarse un enfrentamiento a balazos con miembros de un grupo delictivo.

A las 16:40 horas fue activado el Código Rojo al reportarse detonaciones de arma de fuego en el sector, donde se vieron involucrados los efectivos militares y presuntos delincuentes.

Aunque testigos presenciales aseguraron que una camioneta color negro se negó a obedecer indicaciones de soldados desatando una persecución sobre bulevar Juan Navarro, a la altura de Vista Hermosa, Sergio Sisbeles, vocero en Temas de Seguridad en el Estado, dijo que en un principio fueron hombres en dos vehículos los que recibieron a balazos al Ejército.

Durante el intercambio de disparos se habría incorporado un tercer vehículo, el cual intentó tapar el paso a los soldados. Varias unidades estacionados en el sector resultaron dañadas por impactos en los vidrios, ventanas y carrocería. Dos de éstas fueron aseguradas por los elementos castrenses.

Tras el tiroteo, los agresores lograron darse a la fuga mientras que una camioneta de las fuerzas federales quedó varada sobre el bulevar Juan Navarro, entre las calles Río Colorado y Río Nazas.

Sisbeles dijo que en el hecho sólo una persona resultó herida en la pierna derecha, sin que la Sedena enviara boletín oficial al respecto. Versiones extraoficiales señalan que dos tripulantes de la camioneta militar agredida fueron abatidos.

También trascendió que un hospital de la localidad reportaron la presencia de militares, y el ingreso de un número no especificado de lesionados.

Soldados montaron un operativo en las colonias Zaragoza, Fundadores, Mirasierra, así como la propia Vista Hermosa, en busca de los responsables, sin éxito.

Elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), y del Grupo de Reacción y Operaciones Mixtas de Saltillo (GROMS), llegaron al sitio del enfrentamiento y también efectuaron rondines.

Negocios cercanos bajaron sus cortinas metálicas y permanecieron cerrados, mientras habitantes del sector salieron a la calle a ver qué sucedía.

Una camioneta con al menos 10 impactos de bala, la cual estaba estacionada, no fue verificada. El dueño comentó que ninguna autoridad se acercó a informarle quién se haría cargo de los daños.

Cae uno más

Personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) cumplimentó ayer otra orden de aprehensión en contra de un comandante de la Policía Operativa del Estado, esta vez en Allende, Coahuila.

Se trata de Enrique Sánchez Zapata, de 45 años, oriundo de Saltillo y quien se desempeñó como responsable de operativos cuando el coronel Manuel Cícero (ya detenido) era director de la Policía de Ramos Arizpe.

En otro caso, un elemento de la Policía Preventiva Municipal de Saltillo fue reportado como desaparecido ayer, después de que la patrulla que se le tiene asignada se localizó en el bulevar Colosio, frente al fraccionamiento Las Canteras.

La unidad no presentaba impactos de arma de fuego y hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad había confirmado si el oficial sufrió un secuestro o fue detenido.

Captura Ejército a 5 capos en Coahuila

Redacción


18/01/2012 - 04:00 AM

Saltillo, Coah.- Un enorme operativo de cerca de 100 afectivos militares concluyó con la detención de cinco presuntos capos del crimen organizado que fueron remitidos a las instalaciones de la PGR en Piedras Negras, mismas que, tras la detención, quedaron custodiadas por el Ejército, ante la amenaza de un intento de rescate.

La detención se realizó en los límites de Nava y Piedras Negras, Coahuila, donde un convoy del Ejército Mexicano también decomisó varias armas largas, para luego poner a los pistoleros a disposición de la Procuraduría General de la República.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas de ayer en el estacionamiento de un centro comercial en la colonia Las Palmas, donde al menos 100 militares detuvieron una camioneta pickup, en la que se desplazaban cinco personas armadas.

Cuerno de Chivo

Al ser detenidos, a los sujetos se les decomisaron cinco rifles de asalto tipo AK47, de los llamados “Cuerno de Chivo”; casi mil cartuchos y unos 35 cargadores.

El convoy se desplazó hacia las instalaciones de la PGR en Piedras Negras para consignar ante el Ministerio Público federal a los detenidos y luego de realizar dicha consignación la subdelegación quedó custodiada por decenas de militares y al menos 50 efectivos.

La PGR ha reforzado sus medidas de seguridad y en Coahuila han sido asignados 20 nuevos agentes del Ministerio Público, de los cuales 10 se desplazaron a Torreón y 10 más lo hicieron para la Subdelegación Sureste, ubicada en el municipio de Saltillo.

Militares quieren un marco jurídico que les dé impunidad: Soberanes

Si el Congreso les hace caso, habrá una ley de seguridad coja

Buscan evitar ser juzgados por delitos cometidos en tareas de seguridad pública


Yazmín Ortega Cortés
Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Lunes 18 de julio de 2011, p. 2

El ex ombusdman nacional José Luis Soberanes Fernández resaltó que el marco jurídico que quieren los militares es para darles impunidad. Los señores de verde, dice, quieren un marco a gusto, a modo, para evitar que sean juzgados por los delitos que han cometido en tareas de seguridad pública.

“Un marco jurídico, para qué –cuestiona en entrevista con La Jornada el ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)–, si ya la Constitución en el artículo 13 es muy clara sobre el fuero militar, y además en otros artículos constitucionales se precisa que el Ejército está para garantizar la seguridad nacional.”

Soberanes Fernández, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pidió al Congreso que no legisle a modo, ni haga marcos jurídicos como los que se hicieron en Chile y Argentina para darle inmunidad al ejército.

–Los militares han exigido un marco jurídico al Congreso que les dé protección en las tareas de seguridad pública que desempeñan hoy.

–Quieren que se cambie la ley para adecuarla a lo que están haciendo. Otra vez es confundir una cosa con otra. El Ejército no está establecido para la seguridad pública: está para defender la soberanía nacional. Ahora quieren curarse en salud, para que el día de mañana, que ya lo ven venir, cuando se presenten demandas contra ellos en la Corte Penal Internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tengan una patente de corso.

–¿Usted considera que les preocupa a los militares la resolución de la Suprema Corte de Justicia Nación (SCJN) que acotó el fuero militar?

–Claro, pero siempre debieron ser juzgados por tribunales civiles cuando cometían violaciones a los derechos humanos de civiles, pero no se cumplía con la Constitución y menos con el artículo 13. Lo que la SCJN dijo en su última resolución es: cúmplase la Constitución y que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles sean llevadas a la justicia civil.

–¿Los tribunales civiles declinaban la competencia en los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército contra civiles?

–Así es, malamente. Pero ahora, con la resolución de la SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el proceso no ha terminado; tiene que venir una reforma a la ley, porque ahorita quién va a obligar a la Procuraduría de Justicia Militar a pasar todos los casos a la jurisdicción ordinaria, si no lo quiere hacer. Hace falta una ley que la obligue.
–Los militares exigen un nuevo marco jurídico. ¿Eso quiere decir que hoy la ley los deja en la indefensión?

–El presidente de la República sacó a los militares a la calle a combatir al crimen organizado, no los envió a violar mujeres,a torturar ciudadanos, a saquear pueblos, a asesinar civiles. Si los soldados han cometido esos delitos, deben ser puestos a disposición de la autoridad civil, pero ellos hasta hoy se han valido de una interpretación retorcida de la Constitución.

–Usted, como titular de la CNDH, ¿enviaba al procurador militar o la Secretaría de la Defensa Nacional las recomendaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados?

–Sí, porque quien tenía que presentar los hechos era la Defensa; ellos tenían que remitir el expediente a la Procuraduría General de la República (PGR), y esa institución nunca los solicitó. En las recomendaciones que giré se daba vista al Ministerio Público.

–¿Que marco jurídico requiere el Ejército?

–Yo estaría más bien por que se cumpla la Constitución que por dar excepciones a los militares. Ahora, como ellos han aplicado una interpretación equivocada, que afortunadamente la Corte ya se los hizo ver, quieren un marco a modo, a gusto, y si el Congreso les hace caso, va a ser una legislación coja.

“Recordemos –apunta el jurista e investigador– que en países como Chile y Argentina, por citar algunos, se hicieron legislaciones a modo, y con el paso del tiempo fueron derogadas y los militares están siendo juzgados por los delitos que cometieron.”

–¿Legislar a modo para los militares implica un retroceso?

–Así es. En Argentina los militares alegaban que cumplían con un deber legal. Aquí, igual los soldados mexicanos quieren tener una excusa.

–¿El Ejército realiza funciones que no le son propias?

–Así es: investiga, detiene, ahí está cometiendo falta, se ha metido hasta la cocina.

–La resolución de la SCJN ¿debilita al Ejército?

–Al contrario: una institución se debilita cuando actúa al margen de la ley; cuando lo hace apegada a la ley, se fortalece.

Secuestros estilo militar

RICARDO RAVELO

Presuntos militares han secuestrado en Piedras Negras y otros municipios de Coahuila a varias personas por las que exigen millonarios rescates. La demora o negativa a pagar se traduce en la ejecución del plagiado. Así le ocurrió a Iván Zulkin González, cuya familia sólo recuperó sus restos calcinados. Las autoridades locales se niegan a recibir las denuncias tras los levantones y sólo las aceptan cuando ya apareció el cadáver.

El 3 de abril pasado, Arturo Navarro López, coronel de infantería del Estado Mayor Presidencial, cumplía 19 días como director de la Policía Municipal de Piedras Negras, Coahuila. Había aceptado el cargo con una finalidad: terminar con el narcotráfico en la región.

Al tomar posesión lanzó varias advertencias a los policías bajo su mando: el que se relacione con el narco será dado de baja y procesado. También dijo: “Yo vengo a limpiar de narcos a esta zona, no vengo a jugar. El que no se ajuste a estas reglas se puede ir”. A los tres días renunciaron 37 policías y una semana después Navarro López fue ejecutado. Doce impactos de AR-15 terminaron con su vida y con el proyecto de erradicar el tráfico de drogas.

Tras la muerte del coronel, la ciudad de Piedras Negras comenzó a vivir una pesadilla. Familiares de personas desaparecidas exigen justicia, pero “nadie les hace caso”, dice la abogada Beverly Ritchie Ríos, quien el 28 de mayo presentó tres quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la desaparición y muerte de Iván Zulkin González Ramos, Jesús Monreal Briones y Rodolfo Rivas Soriano.

Los tres, asegura, fueron levantados por un comando militar entre el 26 y 27 de abril de este año. Del primero sólo encontraron un montón de ceniza y huesos calcinados; de los demás nada se sabe.

Esta es la historia: Eran las 3:00 de la mañana del 26 de abril. En la casa ubicada sobre la calle Sierra de la Encantada 721, en Piedras Negras, Coahuila, la familia Hernández Rodríguez fue despertada por un golpe que casi derribó la puerta principal de la vivienda.

Se escucharon voces y los culatazos que terminaron por romper el cerrojo de la puerta. Unos 80 soldados, apoyados por agentes federales, ingresaron en tropel y comenzaron a revisar las habitaciones; revolvieron todo: televisores, mesas, sillas. Mientras algunos militares escrutaban el inmueble, otros abrían los clósets y se robaban los objetos de valor: relojes, dinero en efectivo, ropa.

“¿Dónde está José Fonseca?”, preguntaban algunos soldados y policías encapuchados con sus armas empuñadas. Ninguno de los moradores respondió. Cruzaron el patio de la casa y entraron a una recámara donde aún dormían Iván Zulkin González Ramos y su novia Dellanira Lizbeth Hernández Rodríguez.

Iván, jefe de José Fonseca en un negocio de ropa, fue sacado en vilo de la habitación y lo subieron a un vehículo, en tanto que Dellanira fue llevada a una de las tres camionetas Hummers que permanecían en la calle con el motor encendido junto con otra docena de autos. “Llévanos a la casa de José Fonseca”, le dijeron a la muchacha, quien guió a los convoyes hasta una vecindad localizada en la calle Jalisco 3015 de la colonia Central.

Al llegar a ese domicilio soldados y policías repitieron la operación: a golpes abrieron las puertas de todos los departamentos, rompieron los cristales, sacaron a las personas a la calle y realizaron los cateos sin orden judicial. Dos horas después se marcharon, dejando a Dellanira en la calle.

Ella caminó varias cuadras y avisó a sus familiares que los soldados se habían llevado a su novio Iván. Respecto a José Fonseca, había sido detenido la tarde anterior al operativo.

Las amenazas

Eva Ramos de González, madre de Iván, inició la búsqueda de su hijo: fue a las instalaciones de la PFP y le dijeron que ahí no estaba; acudió a la PGR y la respuesta fue: “Aquí no sabemos nada, vaya a preguntar al cuartel militar”. En las instalaciones del Ejército ni siquiera la recibieron.

Doña Eva comenzó a angustiarse, sobre todo porque se enteró de que otras dos personas, Rodolfo Rivas y Jesús Monreal, también fueron levantados por presuntos militares, algunos adscritos al área de inteligencia militar de Torreón, Coahuila, y otros más de la Sexta Zona Militar de Saltillo, del 14 Regimiento de Melchor Múzquiz y de la Guarnición Militar de Piedras Negras.

La madre de Iván contrató los servicios de la abogada Ritchie Ríos, quien comenzó a buscar a los tres desaparecidos. Entrevistada por Proceso, la litigante cuenta que acudió al Ministerio Público a presentar la denuncia. Las autoridades le respondieron que no eran “competentes para ese caso”.

Cuenta: “Estamos en total indefensión y con el temor de que nos asesinen a todos por denunciar los hechos”.La situación la llevó a organizar marchas y plantones. “Colocamos mantas en las que denunciamos los casos y para exhibir a las autoridades no sólo por su silencio, sino porque pensamos que protegían al Ejército”, dice.

“A esta causa se unió la sociedad, siempre nos acompañaban en las marchas y exigíamos justicia, pero la justicia por desgracia aún no llega.”

Un día después de la desaparición de Iván Zulkin, su hermano Adonis comenzó a recibir mensajes que provenían del celular de su pariente, algunos eran amenazas directas. “Todo fue una tortura, una pesadilla –afirma la entrevistada–, pues pedían 1 millón de dólares por entregar vivo (a Iván); decían que si (la familia) no pagaba lo matarían y mandarían su cuerpo en cachitos”.

Para documentar su denuncia, la abogada transcribió algunos de los mensajes enviados por los presuntos militares desde el celular de Iván a su hermano Adonis. El primero decía: “Cuánto quieren (dar) por la libertad de su Iván”, y fue recibido el 27 de abril a las 9:45 horas. Media hora después llegó otro: “Te paso (a tu hermano Iván), pero dime cuánto estás dispuesto a dar para ver si por lo menos conviene pasártelo”.

A las 4:40 de la tarde de ese mismo día, los presuntos militares enviaron un tercer mensaje, pero en tono amenazante: “Lo quieren vivo o muerto, porque creo que más vale muerto porque los vivos hablan… Dime exactamente cómo lo quieren, pon la primera cantidad”.

El 28 de abril, continuaron los mensajes. A las 10 de la mañana, Adonis leyó: “No pedimos mucho, un melón de dólares. Dime si aceptas, si no, para qué hablamos”.

Al enterarse de que los plagiarios exigían 1 millón de dólares, los familiares de Iván rompieron en llanto. Se preguntaban de dónde sacarían ese dinero. “Todos pensamos lo peor”, relata Ritchie Ríos.

Dos horas después Adonis recibió otro mensaje: “Qué pasó, compa. Se (va) hacer o qué pedo… Si no, díganlo y no hay trato”. Luego llegó otro. Decía: “El compa está bien, necesito saldo (para que el celular siga funcionando) para seguirte informando de él”. La novia de Iván depositó 150 pesos de saldo para no perder la comunicación con los presuntos militares.

La pesadilla siguió. “Lo acaban de sacar en las camionetas y ya no te puedo decir más... bye”. Más tarde llegó otro mensaje: “No diste nada –le decían a Adonis–, ya te dije dónde anda ahorita. Lo traemos en la troca, pero está bien, que ahí quede. Me hiciste perder el tiempo, no diste nada, sólo una maldita tarjeta”…

Adonis no soltaba el celular, relata la entrevistada. Los mensajes no cesaban. Pese a la tensión, las autoridades seguían negándose a recibir la denuncia.

Negociación tortuosa

En la lista de 42 mensajes hay algunos que se refieren a presuntos negocios realizados por Iván Zulkin, pero no se especifican los giros. Dicen: “Y lo que dijo su hermana que se cuide y que lo proteja su madre santa, hasta nunca… Iba hacer un negocio con un tal Flacote, una camioneta, es una prueba más, si no me das una esperanza de hacer un buen negocio, mejor ni mandes mensajes, espero una buena respuesta”.

Y el 29 de abril: “Cuánto estás dispuesto a poner ahorita, sin que pase de las tres de la tarde; yo te prometo (que) te lo entregamos, ya no quiero saber quién eres y tampoco (que) nos conozcamos, sólo quiero que lo deposites. Dime si puedes”.

La abogada Beverly Ritchie, presente durante la negociación, propuso que se pagaran 300 mil pesos. Al principio la respuesta de los presuntos militares fue: “¿Tan poco vale?” Más tarde aceptaron: “En dónde me los vas a depositar, urge para poder arreglar eso, contéstame rápido...”, le decían a Adonis.

Luego le escribieron: “Confía en nosotros, te lo vamos a dar. (Él) no quiere decir nada de su hija, piensa que le vamos hacer algo, dice que lo dejemos ir y la verdad ya le dije todo, aquí lo traemos y el jefe se enojó y hasta se está desanimando del trato. Dime a qué hora depositas (el dinero), en la noche lo soltamos….”.

La negociación siguió: “Te voy a dar un número de cuenta y ahí lo depositas, confía en nosotros, no queda de otra; es seguro”. Ante la indecisión de los familiares para pagar el rescate, el tono de los presuntos militares cambió: “Por qué no se ponen de acuerdo y luego hablamos… Por lo que veo va a valer verga su compa, después no lo lamenten”.Las amenazas aumentaron: “Fíjate bien, no estoy jugando... ahora sube la cuenta a 50 mil dólares, si quieren, y para mañana antes del mediodía, tú dices”.

Otro mensaje decía: “No hemos cortado nada, pero tú tienes la última palabra: o te lo mando por partes o completo, de hoy no pasa”. Uno más decía que matarían a Iván: “Una cosa te digo por último. Estás de acuerdo, hoy sí cumplo lo que te dije si me fallas. Hoy te lo dejo muerto”.

Y cumplieron su palabra. La noche de 14 de mayo, dice Beverly Ritchie. Cuando se encontraba en su casa sonó el teléfono y ella contestó. Eran los militares que desaparecieron a Iván. Le dijeron dónde estaba su cuerpo.

La defensora asegura que los presuntos militares “son los verdaderos responsables de la muerte de Iván Zulkin”, continuaron con su guerra de mensajes. El 30 de abril le dijeron a la familia que lo iban a cortar en pedazos y se los iban a mandar.

–¿Cómo se lo explicaron? ¿Cómo era la voz de la persona que le llamó? –pregunta el reportero a la abogada.

–Era un hombre de voz firme. Me dijo que si todavía nos interesaba saber de Iván y si sus familiares querían saber de él. Le respondí que estábamos en total angustia por su desaparición.

Me dijo que tomara nota, que me iba a indicar dónde encontraría sus restos. También me dijeron que junto a Iván iba a encontrar otro cuerpo, pero no me dijo de quién.

El presunto militar le detalló a Ritchie cómo llegar al sitio: “Se va usted a la carretera 57, entre Nava y Allende, Coahuila. Ahí encontrará una barda, dobla a la derecha y por ahí, entre los matorrales, le busca. Una petición: vaya usted sola, por favor”.

Poco antes de ir al lugar, la abogada se encontró con unos reporteros y les contó lo sucedido. “Ellos me acompañaron porque yo no sabía cómo llegar; ellos me guiaron y, en efecto, entramos como me indicaron y encontramos el lugar.

–¿Hallaron el cuerpo?

–Lo encontramos calcinado, todo él era un montón de ceniza y huesos quemados. Por lo que suponemos montaron su cuerpo sobre llantas y le prendieron fuego. Había cuatro ladrillos que hacían la forma de un cuadrado y en medio estaba el bulto de cenizas. Junto había otro cuerpo, que no sabemos de quién es. Sólo reconocimos el de Iván por el botón del pantalón que traía el día que se lo llevaron.

Sólo cuando fueron localizados los restos calcinados de Iván, la agencia del Ministerio Público de Piedras Negras aceptó la denuncia de este caso, explica la defensora Beverly Ritchie.

–De los otros dos desaparecidos, ¿qué sabe usted?

–Con Jesús Monreal, quien fue levantado el 26 de abril, hablé por teléfono. Se le oía la voz pausada, casi no podía hablar de tantos golpes que le dieron en el abdomen. No me dijo dónde estaba. Yo escuchaba el canto de los gallos y me dijo que estaba en el monte, en una zona desierta.

“También me comentó que los militares le quemaron los brazos con un soplete y me dijo que buscara a los otros desaparecidos porque él sabía que fueron quemados.”

–¿Qué más le dijo? ¿Reconoce que fueron militares quienes se lo llevaron?

–Me comentó que lo subieron a una unidad militar con los ojos vendados y que se tropezó con varios cuerpos, que había mujeres quejándose de dolor. Que cuando lo subieron a una camioneta los soldados le pusieron un casco verde y que no dudaba que se trataba de un grupo de inteligencia militar.

–¿Ha vuelto a hablar con Jesús Monreal?

–No. Creo que puede estar muerto y que también pudo haber sido calcinado.

–Y de Rodolfo Rivas Soriano, ¿qué sabe usted?

–Nada. También fue levantado por un grupo de militares sobre la calle Abasolo el mismo 26 de abril. Puede que esté muerto.

María del Consuelo Rivas, tía de Rodolfo, presentó una queja ante la CNDH el 28 de mayo en la que detalla: “Al avisarme de su detención por parte de sus amigos que presenciaron todos los hechos, me dirigí a las calles antes citadas para buscar a mi sobrino. Al llegar se me prohibió el paso o tan siquiera acercarme.

“A escasos 50 metros pude ver a mi sobrino, estaba hincado en el piso con las manos en la cabeza, con su camisa rota y lo golpeaban los soldados. Les grité que lo dejaran. Ellos lo subieron a empujones en uno de los jeeps militares para trasladarlo supuestamente a la Guarnición Militar de Piedras Negras.”

En el antepenúltimo párrafo de su queja dice que se ha enterado por los medios de comunicación que “personas que han sido detenidas de la misma manera como fue detenido su sobrino han aparecido muertas (y) calcinadas en distintos puntos de la localidad”.

Proceso 07/06/2009

Militares, al fuero común

Miguel Ángel Granados Chapa

Al atardecer del martes 17 de marzo tres jóvenes fueron detenidos por miembros del Ejército, en las calles de Nuevo Laredo. Uno de ellos, Miguel Alejandro Gama Habif, propietario del automóvil en que viajaban, telefoneó a su esposa Dulce María López Duarte para hacerle saber lo que ocurría, pero la llamada se interrumpió abruptamente. Tiempo más tarde, militares irrumpieron en su casa sin orden judicial, y se llevaron computadoras, teléfonos celulares, documentos, dinero y hasta comida.

Acompañaban a Gama Habif, Israel Ayala Martínez y Aarón Rojas de la Fuente. Pasaron las horas sin que se supiera de su paradero. Puesto que al día siguiente el vehículo del primero fue visto en manos de militares, Dulce María López Duarte y María del Carmen Ayala Ramírez solicitaron amparo para que los desaparecidos fueran presentados, y acudieron en su busca al cuartel de la guarnición militar, donde los jefes negaron tenerlos. Tampoco los hallaron en una bodega en la esquina de Canales y Río de Janeiro, que es utilizada por militares como cárcel clandestina, según es fama pública. Viajaron entonces a la Ciudad de México, y en la Procuraduría General de la República presentaron la denuncia de hechos correspondiente, bajo la figura de desaparición forzada, e hicieron lo mismo en la Procuraduría local. Ante la falta de resultados, optaron por presentar una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en organizaciones civiles como el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos Grupo 5 de Febrero. Igualmente acudieron a Amnistía Internacional, que el 27 de marzo, 10 días después de la desaparición, emitió un llamamiento para la localización de los desaparecidos, en que por información insuficiente no mencionó a Rojas de la Fuente.

El 1o. de abril, el general Andrés Fullon, jefe de la guarnición de la plaza de Nuevo Laredo, negó a la prensa local que los desaparecidos se hallaran en instalaciones militares y aun que miembros del Ejército hubieran participado en su detención. Los familiares de las víctimas habían dado a conocer videograbaciones en que durante el cateo posterior a la detención aparecen unos 50 soldados a bordo de cinco vehículos.

No fue sino hasta el 24 de abril cuando la Secretaría de la Defensa Nacional se manifestó en sentido contrario a lo dicho por el general Fullon. Informó que la Procuraduría General de Justicia Militar había iniciado la averiguación previa GN/Laredo/02/2009 por "la presunta desaparición" de los tres jóvenes mencionados. El comunicado llama Miguel Ángel a Miguel Alejandro, y fecha en 14 de marzo, no 17, lo ocurrido. La Sedena reiteró en el comunicado su "compromiso de no tolerar conductas que atenten contra la población civil, actuando con estricto apego y respeto a los derechos humanos".

Dos semanas después, el 8 de mayo, la Sedena informó que la Procuraduría militar había consignado ante el juzgado segundo de la primera región militar a un jefe, tres oficiales y ocho soldados por la "presunta participación de personal militar" en la desaparición de Gama, Ayala y Rojas. Ya en ese comunicado la presunción no se refería a la desaparición, sino a la participación castrense en el hecho.

Al día siguiente de ese comunicado, los familiares de las víctimas confirmaron la noticia de que los suyos habían sido asesinados. Quizá como resultado de la averiguación previa, el 29 de abril se localizó una fosa clandestina muy lejos de Nuevo Laredo, en el municipio de Vallecillo, estado de Nuevo León, con los cadáveres de tres personas. Demoró la identificación de los cadáveres pero se pudo establecer que eran los desaparecidos del 17 de marzo. El domingo pasado, Día de las madres, fueron sepultados por sus deudos.

La Sedena no ha informado si la Procuraduría modificó ya la acusación tras el hallazgo de los cuerpos, si presume que los homicidios fueron cometidos por personal castrense. Aun en el caso de que no hubiera evidencia de la participación militar en los asesinatos, los uniformados a los que se atribuye responsabilidad en la desaparición están obligados a informar en qué manos dejaron a los detenidos que luego aparecieron muertos. Cualquiera que sea la participación de los militares en la desaparición y privación de la vida de los tres jóvenes, su caso debe ser ventilado ante tribunales del fuero común y no del fuero de guerra como ya ha comenzado a ocurrir.

Hace apenas dos semanas que la organización civil internacional Human Rights Watch presentó su informe sobre la justicia militar en México. Su título, Impunidad Uniformada, resume sin lugar a dudas el papel que cumple el fuero castrense en la falta de castigo a miembros de las fuerzas armadas que incurren en delitos del fuero común. Aparte las deficiencias estructurales del aparato judicial del Ejército, como su falta de autonomía derivada de la subordinación jerárquica de los juzgadores, en el funcionamiento de los tribunales castrenses parece predominar el espíritu de cuerpo, que se refleja en lenidad y escaso rigor punitivo.

La gravedad de los hechos ocurridos en Nuevo Laredo reclama que su abordamiento judicial ocurra en el fuero común. Salvo que se acepte que se trató de desaparición forzada, es decir que la cometieron representantes del Estado, estamos frente a descomunales delitos que competen a la jurisdicción penal federal. Aunque la judicatura de ese ramo no es impecable, al menos no está obviamente subordinada.

Cajón de Sastre

"Es algo que ocurre en países como los de la ex Unión Soviética y su área de influencia", comentó un experto al enterarse de un nuevo ataque a los archivos informáticos de una institución de defensa de los derechos humanos. Ayer la Comisión del ramo en el Distrito Federal, encabezada por Emilio Álvarez Icaza, notificó haber sufrido un asalto a su correo electrónico del que fue sustraída información de gran relevancia. En sólo una semana es el segundo atraco informático perpetrado contra un organismo que pugna por el respeto a las personas. El 6 de mayo Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) denunció un acto semejante, cuya peligrosidad intrínseca se abulta ante lo ocurrido a la CDHDF, que va a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos en el país, no sólo por su puntual atención a quejas sino por sus aportaciones a una política de largo alcance en la materia.

Reforma13/05/2009