EN OCASIONES INVOLUCRAN ACUSACIONES RIDÍCULAS…
Detenciones arbitrarias, privaciones ilegales de la libertad, violaciones a los derechos humanos, agresiones de todo tipo —entre ellas las sexuales—, asesinatos y aun ejecuciones contra civiles han aumentado el descrédito de las Fuerzas Armadas del país, principalmente en los últimos años, si bien la impunidad por esos actos sigue siendo una constante histórica. Es más: ni los propios militares consiguen librarse de los abusos de los militares. En las instalaciones castrenses, decenas de ellos que se encuentran en calidad de indiciados esperan la resolución de sus procesos...
domingo, 22 de enero de 2012
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
MÉXICO, DF (Apro).- Cada mañana, en la puerta 8 del Campo Militar Número 1, decenas de soldados y marinos vestidos de civil se van juntando hasta que, en punto de las 7:00 horas, un toque de corneta llama a formación y un oficial cuartelero pasa lista con potente voz de mando.
Al trasponer el arco de acceso, luego de sortear exhaustivas revisiones, se llega a la base de la Policía Militar, que destina uno de sus patios a la formación. El campo es enorme, con sus espaciosos edificios, extensiones arboladas, limpias avenidas y explanadas ociosas… pero el Agrupamiento de Militares Libres Bajo Caución de la Primera Región tiene bien delimitadas sus zonas y salir de ellas, así sea para buscar la sombra de un árbol, puede ser motivo de castigo.
Estas descripciones respecto de la situación que impera en la instalación castrense son hechas por los propios prisioneros, quienes refieren que aun oficiales y personal de tropa son despojados ahí de uniformes, insignias y todo distintivo, salvo el gafete de acceso que los iguala con el estigma de ser indiciados. No hay ningún general, almirante ni otros oficiales superiores; sólo mandos medios, grumetes y soldados rasos.
Una vez que pasaron lista, deben tomar un desayuno insalubre, en trastes de plástico manchados por no lavarse en varios días, rellenos una y otra vez del potaje extraído de la llamada "cazuela del perro".
Luego se les ordena permanecer en un lugar para el adiestramiento, que no les dan, pero rompen filas hasta que algún oficial lo decide. Los originarios del Distrito Federal van con sus familias, pero la mayoría, sin ingresos y venidos de lejos, permanecen inactivos, esperando por años que se resuelva su caso.
CUMPEN REGLAMENTO
Están ahí en cumplimiento del artículo 6 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados (RGMPS), norma que no reglamenta ninguna ley.
Los motivos por los que cumplen esa prisión a medias no son claros para alrededor de 2 mil efectivos indiciados por la justicia castrense que están repartidos en las regiones militares. No fueron sentenciados por un tribunal ni se les acredita aún ningún delito, pero en general fue por "sospechosos" que perdieron la libertad, sus derechos laborales y su patrimonio, además de que no cuentan con seguridad jurídica.
"Dando una interpretación mezquina a la Constitución, nos convierten en víctimas de un código de justicia militar que es ambiguo, confuso, arcaico. Estamos indefensos, marginados, percibiendo el 10% de nuestro salario, muchas veces acusados por encontrarnos en la parte inferior de la cadena de mando", explica el capitán segundo Manuel Contreras Marqueda.
A ello se suma la cancelación de créditos hipotecarios y la confiscación de bienes facultada por el artículo 33 de la Ley Orgánica de Banjército.
Desde enero de 2011, un grupo de oficiales que forma parte del agrupamiento emprendió una serie de acciones para exigir la derogación del fuero de guerra, que consideran injusto para los propios militares y en el que, dicen, se basa la impunidad en violaciones a los derechos humanos de civiles. Incluso señalan que orilla a soldados a suicidarse o bien desertar o enrolarse en grupos criminales, con tal de "subsistir a cualquier costo".
De acuerdo al párrafo segundo del artículo 13 constitucional, en México "subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar". Además, el artículo 123, en la fracción XIII de su apartado B, establece que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales se regirán por sus propias leyes.
PIDEN IGUALDAD
A juicio de los denunciantes, entrevistados por Proceso, lo anterior posibilita la subsistencia del RGMPS y que el Código de Justicia Militar (CJM) sea el marco jurídico por el que ministerios públicos y juzgados militares carecen de autonomía y siguen al servicio del mando militar, con lo que se viola la división de poderes estipulada en el artículo 49 constitucional. Es decir, en última instancia el presidente es comandante en jefe, legislador, acusador y juez.
El capitán Contreras explica que los defensores de oficio no suelen representar a los acusados en la justicia militar y los que tienen posibilidades de hacerlo son designados fiscales. Así, los peores abogados militares son defensores de oficio, y los mejores, ministerios públicos. Ellos, como los jueces, responden a la misma cadena de mando y a la nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Por lo general, el defensor aconseja al "cliente" que se declare culpable.
"El espíritu de nuestra denuncia contra el fuero de guerra se funda en la exigencia legítima al Estado mexicano de que propicie la igualdad ante la ley. Como integrantes de las Fuerzas Armadas, reclamamos que se nos reconozca como seres humanos y como ciudadanos", añade el oficial.
Sus compañeros condicionan el encuentro con el reportero: "Aceptamos hablar, pero que quede claro: hacemos responsable a nuestro comandante en jefe, el presidente Felipe Calderón, y a los secretarios de Defensa y de Marina, de nuestra integridad y la de nuestras familias".
EXCESOS
—¿A qué se refiere con "verle los calcetines" a su superior?
—¿Le suena absurdo, verdad? Esa es una de las acusaciones: la falsedad de haberle visto los calcetines a un oficial.
"También me acusaron de que algunos elementos me llaman por mi nombre y otros por mi grado; del delito de que mi hermano sea yerno del contralmirante Marco Antonio Peyrot (que fue secretario de Marina en el sexenio de Fox); además, de ser estricta en las limpiezas bucales, de haber dejado un resto reticular y de que mi consultorio se contaminó de influenza. Contra todas las pruebas que aporté, el Consejo de Honor me declaró culpable", explica la teniente de fragata y odontóloga Elvia Emilia Eguileta Arias.
Una veintena de soldados, de civil y encapuchados, se presentó en las instalaciones sanitarias de la Primera Región Naval, en Tampico, Tamaulipas, el 18 de febrero de 2010. Descendieron de tres vehículos y con violencia se llevaron a la teniente Eguileta al hospital militar de esa ciudad portuaria.
La oficial es alta, rubia y atlética. Los soldados le ordenaron desvestirse y le tomaron fotografías y video. De ahí la llevaron a la base militar de Tancol, en el mismo estado.
"Me dijeron que me trasladarían. Ellos iban de civil, yo uniformada; entonces supe que me querían matar. En la central camionera de Tampico me querían aplicar la ley fuga, porque de repente abrieron la puerta y me aventaron. Gracias a Dios, me les escapé a los judas".
La teniente se escondió. Mandó publicar un desplegado denunciando los hechos el 19 de febrero de 2010 en El Sol de Tampico, pero no encontró protección sino al contrario: un comando ingresó a su domicilio particular y sustrajo equipos de cómputo, documentos y objetos personales. Con miedo, viajó a la Ciudad de México y se entregó a la justicia militar.
"Aún no me explico cómo el contralmirante (Francisco Sáynez) permitió ese secuestro, siendo yo una oficial de la Armada y mis captores elementos del Ejército", dice.
MUCHA CORRUPCIÓN
Como oficial de la Marina Armada de México, la teniente Eguileta es procesada por la justicia militar, pues la Secretaría de Marina no cuenta con un sistema de justicia. "En las Fuerzas Armadas hay mucha corrupción. Mientras el presidente dice que quiere cambiar el país, nosotros vemos que no atiende las soluciones que se le plantean, y una de ellas es la eliminación del fuero de guerra", agrega. El teniente de corbeta Iván Gómez Ortiz añade que con la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que promueve Felipe Calderón no sólo se daría un poder descomunal a los mandos militares:
"Si con nosotros hacen lo que quieren, imagínese con el personal civil. Con esa reforma nadie va a poder detenerlos. Es mucho poder en juego. Con miedo estamos abordando el tema y, más allá de nuestros casos, estas denuncias son por México, por sus instituciones y por los compañeros que están en la misma situación que nosotros, sin ser escuchados y vencidos en juicio, que han perdido todos sus derechos".
Entre los integrantes de este agrupamiento hay quienes dispararon a civiles por una orden de sus superiores, pero éstos no asumieron las consecuencias. También los que trataron de expresarse con libertad.
Por ejemplo, el teniente de transmisiones Manuel Álvares Domínguez fue acusado de motivar a otros militares a conseguir un incremento salarial. El oficial consiguió que integrantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas asumieran su causa en lugar de un defensor de oficio militar y, gracias a un amparo, regresó a su plaza.
En un escrito dirigido a los titulares de los tres poderes, así como al ómbudsman y a distintas instancias especializadas en derechos humanos dentro y fuera del país, el 11 de julio de 2011 el capitán Álvares expuso los casos de otras víctimas de la justicia militar, que impone a los militares indiciados una "sentencia previa".
Citó al mayor médico cirujano Óscar Antonio Cabrera, quien se suicidó en agosto de 2010 al no soportar las cargas del proceso y el despojo de su patrimonio, y al teniente de zapadores Julio César Reyes Fiscal, quien terminó con su vida al mes siguiente. Ambos estaban en el agrupamiento.
JUICIOS POR CONSIGNA
El capitán segundo en materiales de guerra del Ejército, Manuel Contreras, y el teniente de corbeta y contador de la Armada, Iván Gómez, están acusados de delitos semejantes: descubrir robos y denunciarlos.
Contreras estaba destacado en la XXIV Zona Militar, con sede en Morelos, bajo las órdenes del general Ricardo Escorcia Vargas, a quien relevó después el general Leopoldo Díaz Pérez, hoy conocido por estar implicado en la desaparición de Jethro Ramsés Sánchez Santana, ocurrida el 1 de mayo de 2011, así como por ser el operador del plan contrainsurgente en Chiapas de 1995 a 2000.
Cuando, cumpliendo sus funciones, Contreras hizo un balance de materiales detectó cartuchos faltantes. Dio parte del robo, pero lo hizo tres meses después de ocurrido, pues se trata de un inventario difícil de detectar por el volumen. Pese a que comprobó que no estaba a cargo del almacén en el momento del robo y que fue él quien lo denunció, se le abrió la averiguación previa 042/2010. Como pocas veces, pudo sentar a un general (Díaz Pérez) en su juicio, pero éste respondió con burlas y divagaciones en la diligencia mientras el juez lo festejaba. Ahí sigue Contreras, a un año y medio de ser indiciado.
Al teniente Gómez, según el expediente 057/2011, se le acusa de no percatarse a tiempo de un fraude. Contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional, Gómez realizó una auditoría en la Primera Región Naval, en Tuxpan, Veracruz, y aportó los elementos para la denuncia.
Al presentarse en el juzgado para dar su testimonio, se sorprendió porque apareció como responsable y ahora está sujeto a proceso militar. "Cuando a los mandos les pegas en el dinero, no sabes lo que te espera", dice.
Contreras abunda en que el agrupamiento es un negocio fraudulento que capta recursos que los militares y marinos denunciantes calculan entre 15 y 20 millones de pesos mensuales, ya que a unos 2 mil indiciados se les retiene el 90% de su ingreso y el destino de ese dinero no es transparente.
"Con eso, según mis cálculos, se pagarían la Estela de Luz y la Línea 12 del Metro", interviene la teniente Eguileta.
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domingo, 22 de enero de 2012
miércoles, 18 de enero de 2012
Captura Ejército a 5 capos en Coahuila
Redacción
18/01/2012 - 04:00 AM
Saltillo, Coah.- Un enorme operativo de cerca de 100 afectivos militares concluyó con la detención de cinco presuntos capos del crimen organizado que fueron remitidos a las instalaciones de la PGR en Piedras Negras, mismas que, tras la detención, quedaron custodiadas por el Ejército, ante la amenaza de un intento de rescate.
La detención se realizó en los límites de Nava y Piedras Negras, Coahuila, donde un convoy del Ejército Mexicano también decomisó varias armas largas, para luego poner a los pistoleros a disposición de la Procuraduría General de la República.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas de ayer en el estacionamiento de un centro comercial en la colonia Las Palmas, donde al menos 100 militares detuvieron una camioneta pickup, en la que se desplazaban cinco personas armadas.
Cuerno de Chivo
Al ser detenidos, a los sujetos se les decomisaron cinco rifles de asalto tipo AK47, de los llamados “Cuerno de Chivo”; casi mil cartuchos y unos 35 cargadores.
El convoy se desplazó hacia las instalaciones de la PGR en Piedras Negras para consignar ante el Ministerio Público federal a los detenidos y luego de realizar dicha consignación la subdelegación quedó custodiada por decenas de militares y al menos 50 efectivos.
La PGR ha reforzado sus medidas de seguridad y en Coahuila han sido asignados 20 nuevos agentes del Ministerio Público, de los cuales 10 se desplazaron a Torreón y 10 más lo hicieron para la Subdelegación Sureste, ubicada en el municipio de Saltillo.
18/01/2012 - 04:00 AM
Saltillo, Coah.- Un enorme operativo de cerca de 100 afectivos militares concluyó con la detención de cinco presuntos capos del crimen organizado que fueron remitidos a las instalaciones de la PGR en Piedras Negras, mismas que, tras la detención, quedaron custodiadas por el Ejército, ante la amenaza de un intento de rescate.
La detención se realizó en los límites de Nava y Piedras Negras, Coahuila, donde un convoy del Ejército Mexicano también decomisó varias armas largas, para luego poner a los pistoleros a disposición de la Procuraduría General de la República.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas de ayer en el estacionamiento de un centro comercial en la colonia Las Palmas, donde al menos 100 militares detuvieron una camioneta pickup, en la que se desplazaban cinco personas armadas.
Cuerno de Chivo
Al ser detenidos, a los sujetos se les decomisaron cinco rifles de asalto tipo AK47, de los llamados “Cuerno de Chivo”; casi mil cartuchos y unos 35 cargadores.
El convoy se desplazó hacia las instalaciones de la PGR en Piedras Negras para consignar ante el Ministerio Público federal a los detenidos y luego de realizar dicha consignación la subdelegación quedó custodiada por decenas de militares y al menos 50 efectivos.
La PGR ha reforzado sus medidas de seguridad y en Coahuila han sido asignados 20 nuevos agentes del Ministerio Público, de los cuales 10 se desplazaron a Torreón y 10 más lo hicieron para la Subdelegación Sureste, ubicada en el municipio de Saltillo.
domingo, 13 de febrero de 2011
La simulación castrense
MEDIDA DESESPERADA Y MAL TERMINADA
Las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército en su guerra contra el narcotráfico han hundido en el desprestigio a esta institución dentro y fuera del país. Conscientes de ello, las Fuerzas Armadas realizan campañas para congraciarse con la sociedad civil: abren museos y montan exposiciones para tener ‘mayor acercamiento con el pueblo’
Domingo, 13 de Febrero de 2011
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, DF.- Con el reconocimiento social a la baja por el incremento desmesurado de quejas en su contra por violaciones a los derechos humanos durante el actual sexenio, el Ejército emprendió una campaña para mejorar su imagen pública. Una de las acciones para lograrlo consiste en permitir que los civiles "se acerquen" a algunas de sus instalaciones en la Ciudad de México.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aprovecha que febrero es el mes de celebraciones militares para organizar actividades sociales y deportivas enmarcadas en el programa "La Gran Fuerza de México". De esta manera pretende "fomentar la convivencia de las familias mexicanas y un mayor acercamiento del pueblo de México con sus Fuerzas Armadas".
La "apertura" del Ejército hacia la sociedad pasa por la puerta 8 del Campo Militar Número 1 ubicado al norte de la ciudad de México, muy cerca de la prisión militar donde cientos de civiles, no sólo militares, han sido encarcelados en separos y galeras conocidas como "las negras". Se les llama así porque sus estrechas paredes, techo y piso están pintados de negro, sin más luz que la que se cuela por unas diminutas ventanas y algunos agujerillos de las puertas.
Los domingos de febrero, la Sedena abrirá esa puerta para que en los tres primeros fines de semana "los civilones" –como llaman los militares a los civiles– practiquen ciclismo, y en el último participen en una carrera atlética que organiza la empresa Total Running.
Las celebraciones del miércoles 9, Día de la Marcha de la Lealtad; del jueves 10, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, y del sábado 19, Día del Ejército, son el marco de una exposición inédita sobre la organización y equipamiento de las Fuerzas Armadas, organizada en el antiguo Colegio Militar Popotla, en el Distrito Federal.
El secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, inauguró el viernes 4 la exhibición, que según el director de Comunicación Social de la Sedena, coronel Ricardo Trevilla, tiene el objetivo de demostrar que "las Fuerzas Armadas no son, no han sido y nunca serán ajenas a la ciudadanía".
Aunque el funcionario dijo en un breve discurso que el Ejército busca "convivir con la sociedad en un ambiente de franca camaradería", lo que en realidad pretende la Sedena es revertir el deterioro de su imagen, tanto en México como en el extranjero.
Organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional y Human Rigths Watch, han difundido en todo el mundo informes sobre abusos y violaciones a la dignidad humana por parte del Ejército durante el gobierno de Felipe Calderón.
Los fallos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido contra el Estado mexicano desde finales de 2009 se han debido precisamente a violaciones cometidas por elementos castrenses contra la población civil en décadas pasadas.
Ahora la "guerra" contra el narcotráfico en que Felipe Calderón metió a las Fuerzas Armadas ha ocasionado que el Ejército sea una de las principales instituciones acusadas de violaciones a los derechos humanos en México.
INCAPACIDAD
El propio gobierno de Estados Unidos contribuyó al deterioro de la imagen del Ejército al cuestionar su capacidad operativa contra el narcotráfico. Ello se supo en diciembre pasado al difundirse uno de los cables enviados por el embajador estadounidense Carlos Pascual al Departamento de Estado, en enero de 2010, y filtrado por WikiLeaks a la prensa internacional.
"Hay una necesidad del presidente, de las Fuerzas Armadas y de las clases pensantes de un acercamiento entre civiles y militares, cuya relación ha sido casi nula debido a la cerrazón histórica tanto del Ejército como de la Marina", asegura en entrevista con Proceso el coronel en retiro del Ejército, Jorge Carrillo Olea.
"Nunca ha habido una apertura y comunicación y ahora lo que se está haciendo es una simulación", dice en relación con las actividades de "La Gran Fuerza de México".
Jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial durante la Presidencia de Luis Echeverría y fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Carrillo sostiene que la apertura de los museos y de una parte del Campo Militar Número 1 "no se pueden entender más que como una medida desesperada y mal terminada".
Para esta campaña "les sobró buena voluntad, pero les faltó conocimiento. De repente vimos en los periódicos fotos de niños pintados, portando armas", comenta a propósito de las imágenes de menores que al inaugurarse la exposición en Popotla fueron pintados con betún, por personal de la Sedena, como efectivos en campaña. Además, se les acercaron las armas utilizadas por el Ejército contra la delincuencia organizada.
El también exgobernador de Morelos considera que la campaña corre el riesgo de resultar contraproducente: "Algunos acabarán haciendo daño al interés de la Defensa cuando quieran pedir la apertura de la prisión militar", ubicada en el Campo Militar Número 1 (CM1). Qué necesidad había de abrirlo antes de cualquier cosa, con todo lo que se ha dicho de esa instalación".
El CM1 pasó a la historia como centro de reclusión de civiles durante los movimientos sociales del siglo pasado, en particular del movimiento estudiantil de 1968 y de la guerrilla en los años sesenta y setenta.
INFIERNO CARCELARIO
El general brigadier José Francisco Gallardo, recluido en la cárcel de ese campo militar entre noviembre de 1993 y mayo de 1999, asegura: "Las detenciones de civiles también han ocurrido en tiempos recientes y seguramente en la actualidad.
"La percepción es que en el Campo Militar Número 1 hubo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, no sólo hubo gente encerrada", dice Gallardo, quien después de su encierro de seis años en la prisión militar y dos en cárceles civiles se graduó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM como doctor en Administración Pública.
El penal militar está debajo del cuartel general de la Policía Judicial Militar, en el campo 1J, atrás del cuartel general del Primer Cuerpo del Ejército, cerca de la puerta 8, por donde entrarán los civiles invitados por la Sedena.
"Cuando me encarcelaron, me metieron a una celda y me dijeron: ‘aquí estuvieron tus compañeros’. ¿Cuáles?, pregunté. ‘Los estudiantes’, me dijeron los oficiales de la prisión", dice Gallardo, procesado y sentenciado por la justicia militar a 28 años de prisión bajo el cargo de malos manejos cuando desempeñó una función administrativa. Según él, se trató de una venganza porque proponía el establecimiento de un ombudsman militar.
"Me metieron desnudo en unos sótanos. Son celdas que se conocen como las negras porque todo está pintado de negro. No hay luz. Sólo unas ventanas pequeñitas y las puertas tienen unos agujeritos. No tienen baño, sino cubetas. Son tan estrechas que sólo les cabe una cama", describe.
Estuvo ahí en varias ocasiones. "Cuando alguno de mis hijos hacía alguna manifestación o salía una resolución judicial a mi favor o se publicaba un reportaje sobre mi caso, me apandaban en las negras".
Asegura que dentro de la prisión militar encontró un incinerador que estaba disimulado en la cocina: "Lo descubrí porque en una ocasión me mandaron a recoger un equipo de aseo y me llamó la atención que había dos tiros ocultos. Cuando entramos al cuarto donde tienen todo lo de aseo, me recargué en la pared y sentí un muro falso; era la puerta del crematorio. Me dio miedo.
"Le hice un informe al director de la prisión. Clausuraron el cuarto y ya no dejaron entrar a nadie. No sé si lo quitaron porque hice la denuncia. Incluso el director de la prisión no sabía que existía el crematorio. Es un área a donde no se puede acceder si no es con una vigilancia, como ese día que nos sacaron para ir por el material".
En su reclusión en el CM1, Gallardo también fue testigo de la detención de civiles, entre ellos los escoltas de Raúl Salinas luego de la desaparición del diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, involucrado en el asesinato, en 1994, del entonces presidente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. "Me tocó ver a esas personas. Incluso cuando me metieron a las negras, vi a varios civiles en la prisión".
Ahora profesor de posgrado en UNAM, Gallardo asegura que esa prisión fue fundada en 1964 "con la idea de mantener personal civil en el Campo Militar Número 1. Lo supe al revisar los archivos de la biblioteca de la prisión".
DESPRECIO A LOS CIVILES
Por su parte, Carrillo asegura que en las Fuerzas Armadas se toma "como un dogma" la cerrazón hacia la sociedad. "No sólo es un problema de falta de transparencia, sino de rendición de cuentas".
Cuenta que cuando el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) creó la Secretaría de la Contraloría, el propósito era que todas las dependencias gubernamentales, incluidas las Fuerzas Armadas, tuvieran un órgano de fiscalización y control.
"La respuesta de la Sedena fue de total rechazo. Aquí no. Aquí tengo la Inspección General del Ejército, que ha estado todo la vida y esa es con la que trabajo", dice sobre la posición de la secretaría de la Defensa, a cargo en ese entonces del general Juan Arévalo Gardoqui.
Pero lo que siempre ha hecho la Inspección General del Ejército, añade, ha sido simular investigaciones o ser verdugo del secretario. "Quien llegue a esa oficina ya sabe lo que tiene que hacer y lo que le tiene que llevar al secretario".
El coronel en retiro dice que además de la simulación, la información que se llega a producir esa Inspección sobre alguna investigación no sale de la Sedena: No va a donde tiene que ir, a la secretaría de la Función Pública (que sustituyó a la secretaría de la Contraloría) o a la Auditoría Superior de la Federación, el ente fiscalizador de la Cámara de Diputados, dice el también creador del Centro de Inteligencia de la Procuraduría General de la República.
Insiste en que en el Ejército "ni hay una voluntad real ni saben cómo acercarse a la sociedad". Pero lo más grave "es el desprecio que muestran los militares de cierto grado por los civiles: En algunos altos mandos, hay una repulsa hacia la sociedad política, periodística y académica.
"La visión generalizada del mundo político administrativo se simplifica, y no invento nada, en que son ineptos y corruptos, desde el presidente de la República –ese se lo callan, por supuesto– hasta los secretarios y los gobernadores.
Explica: "Cuando empiezan sacar las narices al mundo externo, porque ya fueron jefes de Estado Mayor en una zona, que ya vieron cómo se comporta el gobernador, que el comandante tiene sus privilegios, empiezan a tomar conciencia de la vida pública y a descalificar a sus protagonistas.
Si a eso se agrega el "profundo desprecio" que tienen por el tema de los derechos humanos, entonces de qué tipo de relación con la sociedad estamos hablando, cuestiona.
Asegura que los militares "no ven en el tema de los derechos humanos más que un potencial de agresiones". En el caso del Ejército, dice, la Dirección General de Derechos Humanos creada por la actual administración sólo recibe quejas, las ordena, pero no resuelve nada.
"Si han llegado al nivel de violaciones que estamos viendo es porque nadie se los ha impedido. La Sedena sólo está respondiendo a jalones porque dentro del Ejército nadie está realmente convencido de cambiar la relación con la sociedad", asegura. (APRO)
Las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del Ejército en su guerra contra el narcotráfico han hundido en el desprestigio a esta institución dentro y fuera del país. Conscientes de ello, las Fuerzas Armadas realizan campañas para congraciarse con la sociedad civil: abren museos y montan exposiciones para tener ‘mayor acercamiento con el pueblo’
Domingo, 13 de Febrero de 2011
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, DF.- Con el reconocimiento social a la baja por el incremento desmesurado de quejas en su contra por violaciones a los derechos humanos durante el actual sexenio, el Ejército emprendió una campaña para mejorar su imagen pública. Una de las acciones para lograrlo consiste en permitir que los civiles "se acerquen" a algunas de sus instalaciones en la Ciudad de México.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aprovecha que febrero es el mes de celebraciones militares para organizar actividades sociales y deportivas enmarcadas en el programa "La Gran Fuerza de México". De esta manera pretende "fomentar la convivencia de las familias mexicanas y un mayor acercamiento del pueblo de México con sus Fuerzas Armadas".
La "apertura" del Ejército hacia la sociedad pasa por la puerta 8 del Campo Militar Número 1 ubicado al norte de la ciudad de México, muy cerca de la prisión militar donde cientos de civiles, no sólo militares, han sido encarcelados en separos y galeras conocidas como "las negras". Se les llama así porque sus estrechas paredes, techo y piso están pintados de negro, sin más luz que la que se cuela por unas diminutas ventanas y algunos agujerillos de las puertas.
Los domingos de febrero, la Sedena abrirá esa puerta para que en los tres primeros fines de semana "los civilones" –como llaman los militares a los civiles– practiquen ciclismo, y en el último participen en una carrera atlética que organiza la empresa Total Running.
Las celebraciones del miércoles 9, Día de la Marcha de la Lealtad; del jueves 10, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, y del sábado 19, Día del Ejército, son el marco de una exposición inédita sobre la organización y equipamiento de las Fuerzas Armadas, organizada en el antiguo Colegio Militar Popotla, en el Distrito Federal.
El secretario de la Defensa, general Guillermo Galván, inauguró el viernes 4 la exhibición, que según el director de Comunicación Social de la Sedena, coronel Ricardo Trevilla, tiene el objetivo de demostrar que "las Fuerzas Armadas no son, no han sido y nunca serán ajenas a la ciudadanía".
Aunque el funcionario dijo en un breve discurso que el Ejército busca "convivir con la sociedad en un ambiente de franca camaradería", lo que en realidad pretende la Sedena es revertir el deterioro de su imagen, tanto en México como en el extranjero.
Organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional y Human Rigths Watch, han difundido en todo el mundo informes sobre abusos y violaciones a la dignidad humana por parte del Ejército durante el gobierno de Felipe Calderón.
Los fallos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido contra el Estado mexicano desde finales de 2009 se han debido precisamente a violaciones cometidas por elementos castrenses contra la población civil en décadas pasadas.
Ahora la "guerra" contra el narcotráfico en que Felipe Calderón metió a las Fuerzas Armadas ha ocasionado que el Ejército sea una de las principales instituciones acusadas de violaciones a los derechos humanos en México.
INCAPACIDAD
El propio gobierno de Estados Unidos contribuyó al deterioro de la imagen del Ejército al cuestionar su capacidad operativa contra el narcotráfico. Ello se supo en diciembre pasado al difundirse uno de los cables enviados por el embajador estadounidense Carlos Pascual al Departamento de Estado, en enero de 2010, y filtrado por WikiLeaks a la prensa internacional.
"Hay una necesidad del presidente, de las Fuerzas Armadas y de las clases pensantes de un acercamiento entre civiles y militares, cuya relación ha sido casi nula debido a la cerrazón histórica tanto del Ejército como de la Marina", asegura en entrevista con Proceso el coronel en retiro del Ejército, Jorge Carrillo Olea.
"Nunca ha habido una apertura y comunicación y ahora lo que se está haciendo es una simulación", dice en relación con las actividades de "La Gran Fuerza de México".
Jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial durante la Presidencia de Luis Echeverría y fundador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Carrillo sostiene que la apertura de los museos y de una parte del Campo Militar Número 1 "no se pueden entender más que como una medida desesperada y mal terminada".
Para esta campaña "les sobró buena voluntad, pero les faltó conocimiento. De repente vimos en los periódicos fotos de niños pintados, portando armas", comenta a propósito de las imágenes de menores que al inaugurarse la exposición en Popotla fueron pintados con betún, por personal de la Sedena, como efectivos en campaña. Además, se les acercaron las armas utilizadas por el Ejército contra la delincuencia organizada.
El también exgobernador de Morelos considera que la campaña corre el riesgo de resultar contraproducente: "Algunos acabarán haciendo daño al interés de la Defensa cuando quieran pedir la apertura de la prisión militar", ubicada en el Campo Militar Número 1 (CM1). Qué necesidad había de abrirlo antes de cualquier cosa, con todo lo que se ha dicho de esa instalación".
El CM1 pasó a la historia como centro de reclusión de civiles durante los movimientos sociales del siglo pasado, en particular del movimiento estudiantil de 1968 y de la guerrilla en los años sesenta y setenta.
INFIERNO CARCELARIO
El general brigadier José Francisco Gallardo, recluido en la cárcel de ese campo militar entre noviembre de 1993 y mayo de 1999, asegura: "Las detenciones de civiles también han ocurrido en tiempos recientes y seguramente en la actualidad.
"La percepción es que en el Campo Militar Número 1 hubo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, no sólo hubo gente encerrada", dice Gallardo, quien después de su encierro de seis años en la prisión militar y dos en cárceles civiles se graduó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM como doctor en Administración Pública.
El penal militar está debajo del cuartel general de la Policía Judicial Militar, en el campo 1J, atrás del cuartel general del Primer Cuerpo del Ejército, cerca de la puerta 8, por donde entrarán los civiles invitados por la Sedena.
"Cuando me encarcelaron, me metieron a una celda y me dijeron: ‘aquí estuvieron tus compañeros’. ¿Cuáles?, pregunté. ‘Los estudiantes’, me dijeron los oficiales de la prisión", dice Gallardo, procesado y sentenciado por la justicia militar a 28 años de prisión bajo el cargo de malos manejos cuando desempeñó una función administrativa. Según él, se trató de una venganza porque proponía el establecimiento de un ombudsman militar.
"Me metieron desnudo en unos sótanos. Son celdas que se conocen como las negras porque todo está pintado de negro. No hay luz. Sólo unas ventanas pequeñitas y las puertas tienen unos agujeritos. No tienen baño, sino cubetas. Son tan estrechas que sólo les cabe una cama", describe.
Estuvo ahí en varias ocasiones. "Cuando alguno de mis hijos hacía alguna manifestación o salía una resolución judicial a mi favor o se publicaba un reportaje sobre mi caso, me apandaban en las negras".
Asegura que dentro de la prisión militar encontró un incinerador que estaba disimulado en la cocina: "Lo descubrí porque en una ocasión me mandaron a recoger un equipo de aseo y me llamó la atención que había dos tiros ocultos. Cuando entramos al cuarto donde tienen todo lo de aseo, me recargué en la pared y sentí un muro falso; era la puerta del crematorio. Me dio miedo.
"Le hice un informe al director de la prisión. Clausuraron el cuarto y ya no dejaron entrar a nadie. No sé si lo quitaron porque hice la denuncia. Incluso el director de la prisión no sabía que existía el crematorio. Es un área a donde no se puede acceder si no es con una vigilancia, como ese día que nos sacaron para ir por el material".
En su reclusión en el CM1, Gallardo también fue testigo de la detención de civiles, entre ellos los escoltas de Raúl Salinas luego de la desaparición del diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, involucrado en el asesinato, en 1994, del entonces presidente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. "Me tocó ver a esas personas. Incluso cuando me metieron a las negras, vi a varios civiles en la prisión".
Ahora profesor de posgrado en UNAM, Gallardo asegura que esa prisión fue fundada en 1964 "con la idea de mantener personal civil en el Campo Militar Número 1. Lo supe al revisar los archivos de la biblioteca de la prisión".
DESPRECIO A LOS CIVILES
Por su parte, Carrillo asegura que en las Fuerzas Armadas se toma "como un dogma" la cerrazón hacia la sociedad. "No sólo es un problema de falta de transparencia, sino de rendición de cuentas".
Cuenta que cuando el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) creó la Secretaría de la Contraloría, el propósito era que todas las dependencias gubernamentales, incluidas las Fuerzas Armadas, tuvieran un órgano de fiscalización y control.
"La respuesta de la Sedena fue de total rechazo. Aquí no. Aquí tengo la Inspección General del Ejército, que ha estado todo la vida y esa es con la que trabajo", dice sobre la posición de la secretaría de la Defensa, a cargo en ese entonces del general Juan Arévalo Gardoqui.
Pero lo que siempre ha hecho la Inspección General del Ejército, añade, ha sido simular investigaciones o ser verdugo del secretario. "Quien llegue a esa oficina ya sabe lo que tiene que hacer y lo que le tiene que llevar al secretario".
El coronel en retiro dice que además de la simulación, la información que se llega a producir esa Inspección sobre alguna investigación no sale de la Sedena: No va a donde tiene que ir, a la secretaría de la Función Pública (que sustituyó a la secretaría de la Contraloría) o a la Auditoría Superior de la Federación, el ente fiscalizador de la Cámara de Diputados, dice el también creador del Centro de Inteligencia de la Procuraduría General de la República.
Insiste en que en el Ejército "ni hay una voluntad real ni saben cómo acercarse a la sociedad". Pero lo más grave "es el desprecio que muestran los militares de cierto grado por los civiles: En algunos altos mandos, hay una repulsa hacia la sociedad política, periodística y académica.
"La visión generalizada del mundo político administrativo se simplifica, y no invento nada, en que son ineptos y corruptos, desde el presidente de la República –ese se lo callan, por supuesto– hasta los secretarios y los gobernadores.
Explica: "Cuando empiezan sacar las narices al mundo externo, porque ya fueron jefes de Estado Mayor en una zona, que ya vieron cómo se comporta el gobernador, que el comandante tiene sus privilegios, empiezan a tomar conciencia de la vida pública y a descalificar a sus protagonistas.
Si a eso se agrega el "profundo desprecio" que tienen por el tema de los derechos humanos, entonces de qué tipo de relación con la sociedad estamos hablando, cuestiona.
Asegura que los militares "no ven en el tema de los derechos humanos más que un potencial de agresiones". En el caso del Ejército, dice, la Dirección General de Derechos Humanos creada por la actual administración sólo recibe quejas, las ordena, pero no resuelve nada.
"Si han llegado al nivel de violaciones que estamos viendo es porque nadie se los ha impedido. La Sedena sólo está respondiendo a jalones porque dentro del Ejército nadie está realmente convencido de cambiar la relación con la sociedad", asegura. (APRO)
sábado, 3 de abril de 2010
Desfiladero
Jaime Avilés
Janet Napolitano, México se postra ante ti
¿Quién manda en México? El 31 de enero, en la colonia Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, 15 estudiantes de secundaria son ametrallados por sicarios en una fiesta. Tras tacharlos de pandilleros” y suscitar indignación nacional por la ligereza de sus palabras, Felipe Calderón viaja a esa población fronteriza, el 11 de febrero, para disculparse con los padres de las víctimas y “oír” sus reclamos. Recibe una petición unánime: que se vaya el Ejército. Su respuesta es no. Y no y no. Y la repite en todos los tonos.
El 13 de marzo, tres personas vinculadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez son eliminados por sicarios. El 16 de marzo, Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Hogareña (Homeland Security) de la Casa Blanca, afirma ante los medios que la presencia del Ejército en aquella frontera “no ha ayudado” a combatir el narcotráfico. Calderón se sulfura, Fernando Gómez Mont (“testigo de honor” para acuerdos secretos y vergonzantes) trata de contradecirla. ¿Y? El 31 de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional anuncia que el Ejército se retira en forma “paulatina” de Juárez.
Jueves 19 de abril de 2007: la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, en la que tienen mayoría los legisladores del PAN, aprueba un dictamen para someter al pleno del Congreso la derogación de la Ley Federal de Neutralidad, que el gobierno de Manuel Ávila Camacho promulgó en 1942, cuando México le declaró la guerra a Hitler. “Ya es obsoleta”, pretextan.
Esa ley prohíbe que tropas extranjeras se estacionen en tierras y mares mexicanos. Pero Calderón ordena a sus diputados intentar suprimirla, para que militares de Estados Unidos vengan a sumarse a su supuesta guerra “contra” el narcotráfico, que en realidad es contra el pueblo. PRI y PRD rechazan la maniobra, por burda. Sin embargo, el 24 de marzo de 2010, casi tres años más tarde, Janet Napolitano revela, en entrevista radiofónica, que Calderón pidió a Barack Obama la presencia del ejército estadunidense en nuestro país. Y la obtuvo.
En consecuencia, ahora lo sabemos todas y todos, el Comando Norte del Pentágono, bajo la dirección del general Victor Eugene Renuart, coordina ya las tareas que militares del vecino país desempeñan ilegalmente en el nuestro, capacitando a soldados, marinos y policías mexicanos para que realicen aquí “operaciones muy parecidas” a las que las tropas de Obama efectúan en Irak y Afganistán. Esa, aplaudirán algunos, es una buena noticia. La mala, opinarán otros, es que Estados Unidos perdió la guerra en Afganistán y ni se diga en Irak, de donde los marines no hallan por dónde salirse.
Pero si Miguel de la Madrid achicó el Estado mexicano (“es muy obeso”, decía) y sentó las bases para que floreciera la pujante industria del narcotráfico; si Salinas de Gortari vendió a sus amigos las principales empresas públicas y entregó a la mafia el control de las instituciones; si Zedillo remató lo que quedaba del Estado, excepto Pemex, y creó una nueva aristocracia a la que pagaremos tributo hasta el fin de los tiempos mediante el Fobaproa; si Fox destruyó deliberadamente los yacimientos petroleros, sobrexplotándolos para reventarlos, y obtuvo los mayores ingresos de la historia por este concepto, mismos que dividió entre él, Marta y la nobleza zedillista, reconvertida en oligarquía, ahora resulta que Calderón fue incrustado en Los Pinos por esa oligarquía, para desatar la guerra contra el pueblo (con el pretexto del narco), aumentar el precio de las drogas y el volumen de la economía informal, elevar exponencialmente los ingresos de los cárteles, sumergir al país en un baño de sangre y crear una violencia tan insoportable que justificara al fin lo que se propuso desde el inicio de su sexenio: la intervención militar de Estados Unidos y la entrega de Pemex a británicos, canadienses y estadunidenses.
Gracias a De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, México dejó de ser una aparente república (con una supuesta “división de poderes” que nunca funcionó en realidad), para convertirse en un protectorado, hoy por hoy bajo el mando provisional de Janet Napolitano, a quien no le ruboriza dar órdenes que Los Pinos, como acabamos de atestiguar, obedecen en seguida.
En Nuevo León, mientras tanto, un joven gobernador se tambalea. Tras el asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey, a quienes el Ejército disfrazó de narcos para presentarlos como trofeos de guerra, y en el contexto del mayor despliegue de fuerza de los cárteles de aquellos rumbos, que han bloqueado un día sí y otro también las principales ciudades fronterizas y la capital industrial del noreste, el priísta Rodrigo Medina organizó una manifestación contra la inseguridad pública, es decir, contra su propia ineficacia, pero no logró convocar a más de 10 mil personas.
Su debilidad política es patente: en diciembre, cuando los rayados de Monterrey ganaron el campeonato de primera división del futbol mexicano, más de 400 mil personas festejaron esa victoria en las calles de la Sultana del Norte; a Medina, por lo tanto, no lo apoya nadie, tal vez ya ni siquiera Alberto Anaya, quien en las más recientes elecciones para la gubernatura de aquella entidad envió a las bases del Partido del Trabajo a votar por el priísta, para impedir que triunfara el abanderado del PAN.
Hundida en una de las peores crisis políticas, económicas y de seguridad pública de su historia, la oligarquía neoleonesa intentó desviar la atención de su auditorio calumniando a las comunidades zapatistas de Chiapas, a las que acusó de recibir financiamiento de ETA, mediante la falsa “delación” de un imaginario “desertor” del EZLN, que un medio de comunicación vinculado a Monterrey ilustró con fotos de indígenas y cooperantes europeos, tomadas, evidentemente, por cámaras del Ejército desde vehículos militares a su paso por la selva. Además, la publicación exhibió el retrato de un ciudadano italiano que responde al nombre de Leuccio Rizzo, a quien presentó como el subcomandante Marcos “sin capucha”. ¡Ajá! ¡Qué ridículo del neomacartismo!
Pero mientras las cuentas de ahorros de los mexicanos registraron una caída de 62 mil millones de pesos en el año reciente, y la recaudación fiscal mediante el impuesto a los depósitos en efectivo se redujo 58 por ciento con respecto a 2009, y 38 millones de usuarios se niegan con toda razón a registrar sus celulares, la gasolina Magna volvió a subir hoy otros ocho centavos y el porro mayor del gabinete, Javier Lozano, siguió ladrando en defensa de su reforma patronal en contra de sindicatos y trabajadores, que Jesús Ortega y los chuchos del PRD esperan aprobar en julio después de las elecciones en 12 entidades.
Y ya que de elecciones se habla, la próxima semana Manuel Camacho, el PRD y el PAN lanzarán como candidato a gobernador de Quintana Roo al fanático religioso Gregorio Sánchez, incluso después de que uno de sus más importantes aliados, el obispo de Cancún, Pedro Pablo Elizondo, miembro distinguido de los legionarios de Cristo, rogara a sus fieles que “perdonen a los curas pederastas porque no saben lo que hacen”. Se necesita cara dura para decir tal cosa, mientras en toda la cristiandad crece el clamor para que Benedicto XVI renuncie y sea juzgado por proteger a sacerdotes que abusaron sexualmente de los niños.
Pero, en fin, si México es ya un protectorado de Estados Unidos, quien debe sentirse feliz por ello es Enrique Peña Nieto, pues en caso de quedar como sustituto de Calderón sólo tendrá que sonreír debajo de su copete, ya que el verdadero gobierno de nuestro ex país despachará, como ya sucede actualmente, en Washington.
jamastu@gmail.com
¿Quién manda en México? El 31 de enero, en la colonia Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, 15 estudiantes de secundaria son ametrallados por sicarios en una fiesta. Tras tacharlos de pandilleros” y suscitar indignación nacional por la ligereza de sus palabras, Felipe Calderón viaja a esa población fronteriza, el 11 de febrero, para disculparse con los padres de las víctimas y “oír” sus reclamos. Recibe una petición unánime: que se vaya el Ejército. Su respuesta es no. Y no y no. Y la repite en todos los tonos.
El 13 de marzo, tres personas vinculadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez son eliminados por sicarios. El 16 de marzo, Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Hogareña (Homeland Security) de la Casa Blanca, afirma ante los medios que la presencia del Ejército en aquella frontera “no ha ayudado” a combatir el narcotráfico. Calderón se sulfura, Fernando Gómez Mont (“testigo de honor” para acuerdos secretos y vergonzantes) trata de contradecirla. ¿Y? El 31 de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional anuncia que el Ejército se retira en forma “paulatina” de Juárez.
Jueves 19 de abril de 2007: la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, en la que tienen mayoría los legisladores del PAN, aprueba un dictamen para someter al pleno del Congreso la derogación de la Ley Federal de Neutralidad, que el gobierno de Manuel Ávila Camacho promulgó en 1942, cuando México le declaró la guerra a Hitler. “Ya es obsoleta”, pretextan.
Esa ley prohíbe que tropas extranjeras se estacionen en tierras y mares mexicanos. Pero Calderón ordena a sus diputados intentar suprimirla, para que militares de Estados Unidos vengan a sumarse a su supuesta guerra “contra” el narcotráfico, que en realidad es contra el pueblo. PRI y PRD rechazan la maniobra, por burda. Sin embargo, el 24 de marzo de 2010, casi tres años más tarde, Janet Napolitano revela, en entrevista radiofónica, que Calderón pidió a Barack Obama la presencia del ejército estadunidense en nuestro país. Y la obtuvo.
En consecuencia, ahora lo sabemos todas y todos, el Comando Norte del Pentágono, bajo la dirección del general Victor Eugene Renuart, coordina ya las tareas que militares del vecino país desempeñan ilegalmente en el nuestro, capacitando a soldados, marinos y policías mexicanos para que realicen aquí “operaciones muy parecidas” a las que las tropas de Obama efectúan en Irak y Afganistán. Esa, aplaudirán algunos, es una buena noticia. La mala, opinarán otros, es que Estados Unidos perdió la guerra en Afganistán y ni se diga en Irak, de donde los marines no hallan por dónde salirse.
Pero si Miguel de la Madrid achicó el Estado mexicano (“es muy obeso”, decía) y sentó las bases para que floreciera la pujante industria del narcotráfico; si Salinas de Gortari vendió a sus amigos las principales empresas públicas y entregó a la mafia el control de las instituciones; si Zedillo remató lo que quedaba del Estado, excepto Pemex, y creó una nueva aristocracia a la que pagaremos tributo hasta el fin de los tiempos mediante el Fobaproa; si Fox destruyó deliberadamente los yacimientos petroleros, sobrexplotándolos para reventarlos, y obtuvo los mayores ingresos de la historia por este concepto, mismos que dividió entre él, Marta y la nobleza zedillista, reconvertida en oligarquía, ahora resulta que Calderón fue incrustado en Los Pinos por esa oligarquía, para desatar la guerra contra el pueblo (con el pretexto del narco), aumentar el precio de las drogas y el volumen de la economía informal, elevar exponencialmente los ingresos de los cárteles, sumergir al país en un baño de sangre y crear una violencia tan insoportable que justificara al fin lo que se propuso desde el inicio de su sexenio: la intervención militar de Estados Unidos y la entrega de Pemex a británicos, canadienses y estadunidenses.
Gracias a De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, México dejó de ser una aparente república (con una supuesta “división de poderes” que nunca funcionó en realidad), para convertirse en un protectorado, hoy por hoy bajo el mando provisional de Janet Napolitano, a quien no le ruboriza dar órdenes que Los Pinos, como acabamos de atestiguar, obedecen en seguida.
En Nuevo León, mientras tanto, un joven gobernador se tambalea. Tras el asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey, a quienes el Ejército disfrazó de narcos para presentarlos como trofeos de guerra, y en el contexto del mayor despliegue de fuerza de los cárteles de aquellos rumbos, que han bloqueado un día sí y otro también las principales ciudades fronterizas y la capital industrial del noreste, el priísta Rodrigo Medina organizó una manifestación contra la inseguridad pública, es decir, contra su propia ineficacia, pero no logró convocar a más de 10 mil personas.
Su debilidad política es patente: en diciembre, cuando los rayados de Monterrey ganaron el campeonato de primera división del futbol mexicano, más de 400 mil personas festejaron esa victoria en las calles de la Sultana del Norte; a Medina, por lo tanto, no lo apoya nadie, tal vez ya ni siquiera Alberto Anaya, quien en las más recientes elecciones para la gubernatura de aquella entidad envió a las bases del Partido del Trabajo a votar por el priísta, para impedir que triunfara el abanderado del PAN.
Hundida en una de las peores crisis políticas, económicas y de seguridad pública de su historia, la oligarquía neoleonesa intentó desviar la atención de su auditorio calumniando a las comunidades zapatistas de Chiapas, a las que acusó de recibir financiamiento de ETA, mediante la falsa “delación” de un imaginario “desertor” del EZLN, que un medio de comunicación vinculado a Monterrey ilustró con fotos de indígenas y cooperantes europeos, tomadas, evidentemente, por cámaras del Ejército desde vehículos militares a su paso por la selva. Además, la publicación exhibió el retrato de un ciudadano italiano que responde al nombre de Leuccio Rizzo, a quien presentó como el subcomandante Marcos “sin capucha”. ¡Ajá! ¡Qué ridículo del neomacartismo!
Pero mientras las cuentas de ahorros de los mexicanos registraron una caída de 62 mil millones de pesos en el año reciente, y la recaudación fiscal mediante el impuesto a los depósitos en efectivo se redujo 58 por ciento con respecto a 2009, y 38 millones de usuarios se niegan con toda razón a registrar sus celulares, la gasolina Magna volvió a subir hoy otros ocho centavos y el porro mayor del gabinete, Javier Lozano, siguió ladrando en defensa de su reforma patronal en contra de sindicatos y trabajadores, que Jesús Ortega y los chuchos del PRD esperan aprobar en julio después de las elecciones en 12 entidades.
Y ya que de elecciones se habla, la próxima semana Manuel Camacho, el PRD y el PAN lanzarán como candidato a gobernador de Quintana Roo al fanático religioso Gregorio Sánchez, incluso después de que uno de sus más importantes aliados, el obispo de Cancún, Pedro Pablo Elizondo, miembro distinguido de los legionarios de Cristo, rogara a sus fieles que “perdonen a los curas pederastas porque no saben lo que hacen”. Se necesita cara dura para decir tal cosa, mientras en toda la cristiandad crece el clamor para que Benedicto XVI renuncie y sea juzgado por proteger a sacerdotes que abusaron sexualmente de los niños.
Pero, en fin, si México es ya un protectorado de Estados Unidos, quien debe sentirse feliz por ello es Enrique Peña Nieto, pues en caso de quedar como sustituto de Calderón sólo tendrá que sonreír debajo de su copete, ya que el verdadero gobierno de nuestro ex país despachará, como ya sucede actualmente, en Washington.
jamastu@gmail.com
viernes, 12 de marzo de 2010
EU documenta impunidad del Ejército en México
J. Jesús Esquivel
WASHINGTON, 11 de marzo (apro).- El gobierno de Estados Unidos evidenció hoy la impunidad con que actúan las fuerzas armadas en México, particularmente el Ejército Mexicano, al documentar las graves violaciones a los derechos humanos en que incurrieron el año pasado.
En el reporte anual que año con año elabora el Departamento de Estado, se habla de “asesinatos extrajudiciales, secuestros, condiciones rudimentarias y sobrepoblación en las prisiones; arrestos y detenciones arbitrarias, corrupción, ineficiencia y ausencia de transparencia el sistema judicial”.
Además, consigna que persistió la obtención de “confesiones por medio de la tortura, y violencia y amenazas contra periodistas que conllevan a la autocensura”.
En cumplimiento de una legislación que lo obliga a hacer cada año un informe detallado sobre la situación de los derechos en el mundo, excluyendo al propio Estados Unidos, el Departamento de Estado indica que aunque “generalmente” el gobierno mexicano respeta y promueve la defensa de las garantías fundamentales, éste no el caso respecto de sus fuerzas de seguridad.
“El gobierno federal o los de sus estados no cometieron ningún asesinato por motivaciones políticas; sin embargo, hay reportes de que las fuerzas de seguridad, actuando dentro y fuera de sus horas de servicio, asesinaron a varias personas, incluyendo a menores de edad durante el 2009”, sentencia el reporte del Departamento de Estado.
En el primer reporte que le corresponde presentar al gobierno de Barack Obama, se sostiene que uno de los factores por los que las fuerzas de seguridad mexicanas están altamente involucradas en violaciones de derechos, es la lucha contra el narcotráfico y la participación directa del Ejército en este cometido.
El Departamento de Estado subraya que en sus esfuerzos por desmantelar a los cárteles de la droga, el gobierno de Felipe Calderón desplegó a unos 50 mil soldados en diez entidades del país.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “más de 8 mil personas fueron asesinadas el año pasado en casos de violencia relacionados al tráfico de drogas”.
También, según la CNDH, “en todo el país se presentaron denuncias sobre derechos humanos contra el Ejército, Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de la Republica”, anota el Departamento de Estado.
Al hacer una descripción sobre el problema en México de la privación arbitraria y extrajudicial de la vida, el reporte subraya en todo momento la participación del Ejército Mexicano, sobre todo por su papel en la lucha contra el narcotráfico.
“En áreas donde están involucradas las operaciones militares contra las organizaciones del tráfico de drogas, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin la intervención de ministerios públicos estatales o federales, recolecta evidencias para su uso subsecuente en acusaciones de personas”, indica el reporte.
Bajo esa óptica, la PGR alega que “no siempre” es notificada a tiempo sobre las detenciones arbitrarias que comete el Ejercito Mexicano.
Otra preocupación que resalta el Departamento de Estado es que en México, debido al problema de inseguridad y narcoviolencia que priva en todo el país, está emergiendo con mucha rapidez el problema del ‘vigilantismo’.
“En México operan aproximadamente unos 10 mil empresas de seguridad privada, de las que 80% no cumplen con los requerimientos legales para su registro; esta numerosa presencia del sector privado de la seguridad conlleva a preocupaciones sobre el vigilantismo”, sustenta el reporte.
El gobierno de Obama también enfatiza la “debilidad del sistema judicial mexicano”, que con esto hace que las Cortes sean susceptibles a una influencia inapropiada de entidades publicas y privadas a nivel estatal y federal.
“El gobierno defiende la jurisdicción militar en los casos que involucran a civiles, navegando en una aparente contradicción entre la que establece la Constitución y el Código Militar de Justicia”, destaca el Departamento de Estado.
Asimismo, el gobierno estadunidense insiste en subrayar que no obstante que durante 2009 en México no se registraron reportes de desapariciones motivadas por cuestiones o intereses políticos a escala federal, “hubo reportes múltiples de desapariciones forzadas a manos del Ejercito y la policía, y la mayoría de éstas ocurrieron en operaciones anticrimen”.
En el caso de los secuestros, el gobierno de Obama explica que este es un crimen que se da a todos los niveles socioeconómicos de México.
Y cita estadísticas de la organización México Unido contra la Delincuencia: en 2005 se registraron 325 secuestros, cifra que se disparó a 820 en 2008.
El reporta también acota que, de septiembre de 2008 a febrero de 2009, aproximadamente unos diez migrantes fueron secuestrados en México durante su intento por cruzar la frontera de Estados Unidos.
En este mismo tenor, el reporte del Departamento de Estado agrega que pese a que se han denunciado casos de personas presuntamente secuestradas por soldados mexicanos, no se conoce que la Sedena haya investigado los casos para esclarecer la situación.
“En 2009, la CNDH recibió mil 105 quejas sobre trato cruel o degradante y 33 denuncias de tortura, respecto a las 558 quejas de trato cruel o degradante y 21 denuncias de tortura cometidas en 2008”, anota el reporte.
En el tema de la tortura de personas o trato degradante de quienes son detenidos de manera arbitraria, el gobierno de Obama establece que la Sedena, pese a que ha sido requerida por la CNDH para que investigue casos de desaparición de personas en los que podrían estar involucrados algunos soldados, las autoridades castrenses desestiman los pedidos.“Por lo menos en tres casos, la CNDH verificó que médicos militares u otros miembros del Ejército falsificaron informes para encubrir abusos”, aclara el reporte.
En términos generales, el Departamento de Estado sostiene que las fuerzas de seguridad de México, entre ellas Ejército, policías federales, estatales y municipales, son los principales entes que violan derechos humanos, cuyas denuncias no logran un fin apropiado en materia judicial, debido a la impunidad que hay en el país y a los problemas de corrupción que se registran en todas las áreas gubernamentales.
“Indicadores y otros índices de medición, como los que aplica el Banco Mundial, reflejan que la corrupción sigue siendo un problema a todos los niveles del gobierno, lo que propicia la impunidad para que algunos funcionarios continúen perpetrando abusos burocráticos y algunos actos criminales”, añade el Departamento de Estado.
Por último, achaca al problema de la corrupción el hecho de que los mexicanos tengan desconfianza en las autoridades y de manera especial en las promesas del gobierno federal para acabar con el problema de la impunidad para quienes vulneran los derechos humanos.
Proceso12/03/2010
domingo, 29 de noviembre de 2009
El Ejército seguirá en las calles: Calderón
Aceptó que el Ejército continuará al frente de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que su retorno a los cuarteles tomará “mucho tiempo” y será paulatino
Jorge Ramos El Universal Domingo 29 de noviembre de 2009
Jorge Ramos El Universal Domingo 29 de noviembre de 2009
El presidente Felipe Calderón rechazó que México sea el país más violento de América y dijo que la tasa de crímenes por cada 100 mil habitantes es inferior a la que se registra en países como Brasil, Colombia o Venezuela.
Aceptó que el Ejército continuará al frente de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que su retorno a los cuarteles tomará “mucho tiempo” y será paulatino.
Calderón, quien el martes 1 de diciembre cumple tres años de su arribo al poder, consideró que la acción del hampa “es una problemática de la región, que rebasa a la región”, porque ocurre también en países como Colombia, donde se producen drogas para ser consumidas en Estados Unidos o en Europa.
“No es justo que América ponga los muertos y Estados Unidos o Europa los consumidores”, dijo Felipe Calderón, en entrevista con la agencia EFE.
El mandatario admitió que es imposible acabar con las drogas, pero que el objetivo de su gobierno es “liberar a la ciudadanía” del crimen organizado.
Aseguró que en los tres años que le restan de su administración, pretende recuperar para el Estado mexicano “la capacidad de controlar, de mandar, de imponer su propia ley en beneficio de los ciudadanos”.
Impedirá intimidación
En 2006, cuando asumió la Presidencia, recordó que se encontró con la existencia de una organización criminal que estaba “afectando la vida de las familias, (...) extorsionando, secuestrando, intimidando a las sociedades y cobrando derechos de piso”.
Calderón advirtió que no se dejará intimidar por amenazas o chantajes del narcotráfico ni de otros sectores, y dijo no tener “ninguna preocupación” sobre su seguridad.
“Decidí vivir al máximo mi vida sin reparar en costos o riesgos” y “entré en política porque es una manera de servir”, afirmó el mandatario, quien se declaró muy satisfecho con su trabajo y lo realizado en su vida.
Respecto del regreso a los cuarteles de los cerca de 45 mil soldados que combaten al narco en las entidades más conflictivas, explicó que “el proceso será paulatino y tomará mucho tiempo”.
Respecto a las advertencias de algunos sectores sobre la posibilidad de un estallido social por el alza de la pobreza y la crisis en el país, el mandatario aseguró que no espera ningún “sobresalto”, y dijo que México “está preparado para cualquier eventualidad”.
Los tres años
El presidente Felipe Calderón iniciará la segunda parte de su mandato sexenal en plena resaca de la crisis económica mundial, y en medio de confrontaciones políticas por temas como la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el combate al narcotráfico y el desempleo.
Alberto Aziz, politólogo del Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social, considera que Calderón perdió aliados, entre ellos, al empresariado, al que acusó de eludir el pago de impuestos y de orquestar un complot a su propuesta fiscal.
“El gobierno se ha ido aislando, se ha ido quedando solo. Ha fracturado alianzas y a aliados muy importantes en el trayecto de estos primeros tres años. Se redujo ya la lista de aliados con los que inició”, comentó Aziz.
Dijo que cuando uno se pelea con sus aliados sin una alternativa es como dispararse en los pies. “Eso pasa con Calderón”.
El grupo de panistas cercano del jefe del Ejecutivo con el que arrancó su gestión, prácticamente quedó desmantelado.
El principal de ellos, Juan Camilo Mouriño, perdió la vida en un avionazo el 4 de noviembre de 2008.
Luego salieron de Los Pinos, Dionisio Pérez Jácome, quien se hizo cargo de la Subsecretaría de Hacienda, y Gerardo Ruiz Mateos, a quien se le asignó la cartera de Economía.
Al interior de la residencia presidencial también se hicieron ajustes. Patricia Flores Elizondo se hizo cargo de la Oficina de la Presidencia, y Alejandra Sota, de los discursos del Presidente.
En este lapso tuvo que echar mano de gente fuera de su círculo cercano al llamar a Fernando Gómez Mont para ocupar la Secretaría de Gobernación. A Germán Martínez lo retiró de la Secretaría de la Función Pública, para darle la dirección del PAN, lo que resultó contraproducente al fracasar en las elecciones del 5 de julio.
Una de las bajas que registró su gabinete en este periodo fue la de Luis Téllez. El ex secretario de Comunicaciones y Transportes cayó en marzo tras verse implicado en un escándalo de llamadas telefónicas, en una de ellas reconocía que extrañaba al PRI.
Sin Congreso
La derrota electoral del 5 de julio dejó al presidente Felipe Calderón sin Congreso y sin margen de maniobra para las “reformas necesarias”, según expresó en sus discursos.
En el Senado, la figura de Gustavo Madero, coordinador de la bancada del PAN, se vio eclipsada ante Manlio Fabio Beltrones, líder de los senadores priístas, por lo que su presencia no pesa más allá de sus recurrentes y llamativas declaraciones para descalificar lo mismo a legisladores europeos que al premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien criticó las medidas adoptadas por Calderón ante la crisis.
El golpe mayor lo tuvo en la Cámara de Diputados, donde el PRI es mayoría y le ha obligado a ceder más allá de sus propios deseos, como ocurrió con el paquete económico 2010. De nada sirve que en el Senado esté el secretario general del partido, José González Morfín, y en la Cámara de Diputados el presidente panista, César Nava, pues no logran cuajar acuerdos con priístas.
Aún así, Aziz destaca algunas reformas logradas por Calderón en su primer trienio, como la fiscal (con el IETU), la electoral (que redujo el gasto de partidos),y el régimen de pensiones y del ISSSTE, por citar algunas.
En materia económica a Calderón tampoco le fue bien. Apenas el tercer trimestre de 2009 tuvo un crecimiento discreto, pero falta el cuarto que muestre la tendencia del fin de la recesión.
Rolando Cordera, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que contrario a lo ofrecido como candidato, Felipe Calderón no ha sido capaz de impulsar a la economía mexicana a una trayectoria de crecimiento, como lo ha hecho Brasil.
Calderón declaró: “Estoy cumpliendo apenas tres años y tengo toda la voluntad y el empeño y no pienso pasar, así como un Presidente más”.
Con información de EFE
lunes, 9 de noviembre de 2009
La ley del abuso
RICARDO RAVELO
Torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, saqueos de viviendas y asesinatos, son algunos de los excesos de poder en los que ha incurrido el Ejército Mexicano desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón anunció la cruzada contra el crimen organizado. Los daños a la población civil se detallan claramente en las quejas ante las comisiones de derechos humanos de los estados convertidos en campo de batalla.
Con claros signos de improvisación para combatir al crimen organizado, los soldados han aplicado “más fuerza que inteligencia” en sus labores policiacas durante los cuatro años de guerra contra el narcotráfico. Esta grave tendencia se documenta en las denuncias que se han interpuesto ante las comisiones estatales de derechos humanos de 12 entidades del país –entre las que destacan Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa y Coahuila– donde se concentra cerca del 50% de los 90 mil efectivos que el gobierno federal desplazó para enfrentar a la delincuencia organizada.
La mayoría de estas quejas fueron presentadas por familiares de personas asesinadas o desaparecidas. En ellas se señala a personal militar como responsable de esos delitos, en su mayoría impunes. Aunque son pocos los casos aclarados hasta ahora, acusan que las autoridades civiles se muestran limitadas para llamar a cuentas a los probables responsables si se trata de soldados.
Según el cúmulo de quejas, salvo el periodo de la llamada guerra sucia de los años setenta y ochenta, en ningún otro periodo gubernamental el Ejército Mexicano ha violado tanto los derechos humanos como durante los primeros cuatro años del sexenio de Felipe Calderón.
Así lo demuestran los datos: cerca de 550 expedientes están abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y más de mil 500 quejas se acumulan en las comisiones estatales de los estados referidos. Lo más grave es que la mayoría de los casos no están aclarados y la mayoría de los militares acusados no han sido castigados por esos delitos.
Con base en las denuncias, existen varios hechos en los que no parece existir duda de que efectivos militares actuaron con violencia contra civiles y hasta menores de edad.
Vidas robadas
La tarde del 20 de octubre último, por ejemplo, Luis Florencio Vargas Martínez, de 14 años, caminaba con dos amigos por una céntrica calle de Matamoros, Tamaulipas. Según la queja 34/2009, después de salir de la escuela el menor se dirigía a su casa, localizada en la colonia Obrera, cuando se desató una balacera entre narcos y soldados.Tres convoyes repletos de militares perseguían a dos vehículos donde presuntamente viajaban traficantes de droga. El zumbido de las balas echó a correr a la gente que deambulaba por la calle. Según los testimonios asentados en la queja, los militares disparaban sin ton ni son.
Una bala calibre 380 alcanzó a Luis Florencio. El proyectil penetró por su frente y salió por la oreja derecha. Cayó. Al terminar la refriega, los uniformados acordonaron la zona y recogieron algunos casquillos “tratando de borrar las huellas de su presencia”. Según la denuncia, ninguno de los soldados atendió al menor, que sangraba de la cabeza. Tan rápido como pudieron, abandonaron el área.
El padre del niño, Florencio Vargas, dice que fueron los vecinos y otras personas que presenciaron a distancia el tiroteo quienes recogieron a su hijo. “Minutos después llegó la ambulancia y mi hijo fue trasladado a una clínica, donde tres horas más tarde falleció”.
–¿Y a quiénes responsabiliza por la muerte de su hijo? –se le pregunta.
–Al Ejército. Ellos dispararon. Por la torpeza de activar sus armas en medio de la gente, una bala mató a mi hijo. Exijo justicia, pero hasta ahora sólo he recibido promesas que siguen sin cumplirse.
Este no es el único caso ocurrido en Tamaulipas. El 17 de marzo de este año, los jóvenes Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente fueron detenidos por elementos del Ejército en Nuevo Laredo.Los tres terminaron de cenar en la casa de Miguel Alejandro y se dirigieron a la colonia Palmares, donde vivía Israel. Iban a bordo de un coche Chrysler 1999. No habían avanzado ni seis cuadras cuando se toparon con un retén militar. Había alrededor de 40 de los 150 soldados que realizaban un supuesto operativo antidrogas.
–¡Alto! ¡Alto! –les gritaron unos militares mientras otros les apuntaban con sus rifles.
Miguel Alejandro se detuvo y bajó del vehículo con sus dos amigos. Varios soldados se introdujeron a la unidad, abrieron la guantera y movieron los asientos; otros, uniformados de verde olivo, comenzaron a golpear a los tres jóvenes y los subieron a uno de los varios camiones militares, que arrancó a toda velocidad y se perdió en la oscuridad de las calles, según relataron testigos.
Nada se volvió a saber de ellos por varios meses. Dulce María López Duarte, esposa de Gama Habif, señala que tras la desaparición de su marido interpuso una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. La denuncia establece:
“La señora Dulce María López Duarte, residente de la coloniales Fresnos… acusó a elementos del Ejército Mexicano de haber detenido y desaparecido a su esposo Miguel Alejandro Gama Habif, de 25 años.“Refiere que su esposo fue detenido la noche del 17 de marzo (2009), aproximadamente a las 10 de la noche, mientras conducía un auto Chrysler”.
Continúa el texto: “La quejosa relató que la misma noche del martes, soldados del Ejército Mexicano allanaron su domicilio particular, robándose algunos artículos personales como computadoras, teléfonos celulares, identificaciones oficiales, dinero e incluso alimentos de la despensa”.
Asimismo, López Duarte presentó una denuncia ante la Agencia Cuarta del Ministerio Público, en la que mencionó el cateo de los soldados a su domicilio y relató que tiraron los muebles, se llevaron una computadora, un televisor, 200 dólares, una bolsa y un monedero que contenía 4 mil pesos.
Según la denuncia, de la cual tiene una copia Proceso, los soldados “se robaron las pocas joyas que tenía López Duarte, mi visa láser y de Aarón (su marido)... Nos dimos a la tarea de buscar a mi esposo y a sus amigos en las agencias del Ministerio Público, en los reclusorios, y fuimos a parar hasta la guarnición militar. Nadie nos daba una señal del paradero de mi esposo ni de sus amigos”.
La incertidumbre continuó. López Duarte señala que el pasado 7 de mayo recibió una llamada en la que le comunicaron del hallazgo de tres cuerpos localizados en Piedras Negras, Coahuila. Le dijeron que las características físicas de uno de ellos coincidían con las de su esposo desaparecido. Tuvo que ir al Servicio Médico Forense (Semefo) a identificarlo. Para su alivio, ninguno de los cadáveres era el de su marido.
Pero horas más tarde tres cuerpos más fueron llevados al hospital universitario de la ciudad de Monterrey. Habían sido exhumados del rancho Alto Bonito, ubicado en el kilómetro 13 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.
Dice la quejosa: “Se trataba de mi esposo y sus amigos. Tenían cinco semanas y media de haber sido asesinados. Estaban quemados y los tres habían sido torturados a balazos, incluso tenían el tiro de gracia.
El 8 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció en un boletín que personal militar participó en la desaparición y muerte de Miguel Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente, por lo que se “ejerció acción penal en contra de un jefe, tres oficiales y ocho elementos de la tropa”. La dependencia omitió los nombres de los presuntos implicados.
Los encapuchados
En Coahuila, particularmente en Monclova y Torreón, el Ejército ha cometido serias atrocidades, según documentos en poder de Proceso.
El 3 de septiembre último, en la colonia Virreyes Popular, efectivos militares balearon en medio de una refriega contra presuntos narcos a Pablo Martínez Cornejo, de 21 años. El joven quedó tendido sobre el bulevar Egipto, frente a la bodega del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Luego de que las autoridades le encontraron tres impactos de bala en la espalda y dos en el abdomen, de inmediato le suministraron suero y oxígeno. Horas más tarde, Pablo murió.
Uno de los vecinos que vieron ese tiroteo relata sobre la queja 59/22009, presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila: “Los plomazos más bien parecían cohetes, pero al salir de nuestras casas nos dimos cuenta de que una persona estaba tirada sobre la calle y, afuera de un auto, una cantidad de soldados estaban armados y encapuchados”.
Añade: “Nosotros sabemos muy poco de lo que pasó, pues dicen algunos jóvenes (que) llegó muy rápido en su carro frente a donde estaban los ‘viejos’ encapuchados”.
En Coahuila el Ejército ha incurrido en mayores excesos, según las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que documenta casos como la desaparición de cinco personas en mayo de este año.
Entre quienes supuestamente fueron desaparecidos por efectivos militares se hallan los médicos veterinarios Isaías Uribe y Juan Pablo Alvarado. El vehículo en el que ambos circulaban fue atacado por “hombres encapuchados de corte militar –se lee en la queja 56/2009– y los cuerpos quedaron ensangrentados por los balazos”.
Según testigos de los hechos, varias camionetas del Ejército atacaron a Isaías Uribe y Juan Pablo Alvarado, cuyo vehículo quedó abandonado con huellas de sangre e impactos de bala en el fraccionamiento Ciudad Nazas.Los deudos de los médicos veterinarios refieren que los doctores fueron detenidos por militares en la colonia Los Montes de Piedras Negras, Coahuila. Luego nada se supo de ellos.
No es todo: la noche del 7 de agosto de 2007, cuatro periodistas –Manuel Acosta Villarreal, Sinhué Samaniego Osorio, Jesús Arnaldo González Meza y José Alberto Rodríguez Reyes– fueron aprehendidos después de que acudieron a cubrir un operativo militar del que se enteraron por radio.
En la ciudad de Monclova, Coahuila, fueron interceptados por efectivos del Ejército. Según la queja 67/2009, los golpearon y los presentaron en calidad de delincuentes, como si hubiesen sido miembros del crimen organizado, y luego desaparecieron.
Proceso 08/11/2009
lunes, 17 de agosto de 2009
En La Laguna, operativos de guerra elitistas
Ejército mexicano sigue hurgando en casas de barrios populares sin órdenes judiciales*Zonas residenciales de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, Durango; siguen intocadas
Juan Monrreal López
Agosto 17 de 2009
http://www.democratanortedemexico.com/
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Torreón, Coahuila.- Sin resultado alguno en detección de drogas, armas o aprehensiones de algún capo de la delincuencia organizada, el Ejército mexicano persiste en catear casas en las colonias populares sin orden judicial alguna, generando temor e incertidumbre entre la población de La Laguna.
Este fin de semana, la milicia patrulló y cateó sectores proletarios del sur oriente de esta ciudad, sin resultados, pese a que los vecinos de los barrios populares Salvador Allende, La Aviación, se vieron forzados a permitir que los soldados batieran sus pertenencias sin orden expedida por algún juez.
En el último mes, el Ejército realiza estas prácticas de guerra sin resultado alguno. Cero armas. Cero detenidos. Cero drogas.
Mientras esto pasa, las Comisiones de de Derechos Humanos de Coahuila y Durango, guardan silencio. Los Colegios y Barras de abogados, también. Las autoridades policíacas y gubernamentales, hacen mutis, pese a lo elitista de la medida de voltear las pertenencias ciudadanas de las colonias pobres. Estas acciones se encuentran totalmente fuera de la Ley, pese a que los militares y jefes policíacos alegan que los vecinos autorizan los cateos.
Peor. El elitismo se hace cada vez más patente. Las colonias pudientes de La Laguna, son intocables con estos operativos.
Cabe recordar que los capos detenidos en la Comarca Lagunera han sido apresados en colonias residenciales. El último mafioso de mediana importancia en el mundo delincuencial que fue capturado, se le detuvo en la Colonia El Campestre de Gómez Palacio, Durango; su nombre; Arturo Hernández González, “El Chaky”.
Por lo pronto, los nulos resultados en las búsquedas de armas, explosivos, drogas y capos de la delincuencia organizada, muestran la inutilidad de seguir violentando la Ley por parte del Ejército mexicano, al arrasar calle por calle, casa por casa, sin ajustarse al marco legal.
domingo, 3 de mayo de 2009
Denuncian maltrato del Ejército
El Siglo De Torreón/Gómez Palacio, Dgo.
Elementos de la Policía Rural de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPyV) de Gómez Palacio, denunciaron la supuesta privación de la libertad, robo y torturas, de que fueron objeto por parte de personal del Ejército Mexicano.
La denuncia alcanzó también al jefe de la Policía, Horacio Antonio Ramírez Morales, a quien acusaron de pretender obligarlos a firmar su renuncia a la corporación por pérdida de la confianza, esto a pesar de que el Ejército no inició proceso legal alguno contra los agentes. Tampoco se inició un proceso administrativo al interior de la corporación.
Cerca de las 16:00 horas de de ayer diez policías entre éstos una mujer, con visibles lesiones en sus cuerpos, fueron liberados por el Ejército, luego de permanecer detenidos por algunas horas en las instalaciones del 72 Batallón de Infantería perteneciente a la X Zona Militar con base en Ciudad Lerdo.
Según los policías entrevistados otros cinco elementos permanecen detenidos por los militares y se ignora su situación jurídica.
Los denunciantes señalaron que cerca de la media noche del viernes, un grupo de militares acudió hasta los domicilios de algunos de ellos y los detuvo con lujo de violencia exigiéndoles les entregaran las armas y droga que presuntamente tenían escondida. Otros más fueron detenidos con todo y patrulla cuando se encontraban realizando su trabajo en distintos sectores del área rural.
Luego de su liberación acudieron a las oficinas de la SPyV donde su jefe, Horacio Antonio Ramírez Morales, les pidió que firmaran su renuncia por pérdida de la confianza, lo que inconformó a todo el personal, el cual amenazó con suspender sus labores a partir del lunes.
Se intentó contactar al titular de la SPyV, así como al coronel Hernán Lagunes del 72 Batallón de Infantería para que dieran su versión de los hechos, sin embargo, nunca contestaron sus teléfonos.
Impunidad uniformada
Miguel Ángel Granados Chapa
Ante las condiciones en las que Calderón arribó al poder requirió de las Fuerzas Armadas para implementar una estrategia de seguridad pública, en esa causa estriba el apoyo que se les retribuye desde el Poder Ejecutivo
Si bien miembros del Ejército están ayudando en varios puntos de la Ciudad de México en la distribución de cubrebocas para evitar la diseminación del virus de la influenza A H1N1, no se ha puesto en práctica el Plan DN-III que las Fuerzas Armadas aplican en casos de desastre. Durante emergencias provocadas por fenómenos naturales, los militares auxilian eficazmente a la población que requiere salvamento, ser trasladada del lugar de la tragedia a donde pueda ser atendida, y con su presencia evitan el pillaje que la situación anormal pueda suscitar. Después ofrecen alimentos y cobijo a los damnificados. Es en esos casos donde la salida de los soldados, sus oficiales, jefes y generales de sus cuarteles adquiere un sentido de alto beneficio social.
La Secretaría de Marina puso a disposición de los capitalinos un hospital casi nuevo, con más de 200 camas, para la atención de personas afectadas por la influenza A H1N1, así como otras instalaciones para la práctica de los exámenes respectivos. La Secretaría de la Defensa Nacional no ha tomado medidas semejantes. Sólo ha aparecido en público, en esta crisis sanitaria, para informar de la suspensión de las prácticas del servicio militar obligatorio, pues significan la reunión semanal de miles de jóvenes que al confluir en los puntos de entrenamiento podrían quedar expuestos al virus que ha causado, en México y en el mundo, zozobra ante el peligro de una afectación masiva de la salud.
Esa ausencia de la aportación castrense posible se debe acaso a que la atención del Ejército se ha concentrado en exceso en las labores policiacas que le ha asignado el Ejecutivo, que es su comandante supremo. Si bien es cierto que las Fuerzas Armadas han auxiliado a las autoridades civiles en la preservación de la seguridad pública desde hace muchas décadas, nunca como ahora se les había confiado el papel director y la más numerosa presencia en el combate a la delincuencia organizada. La principal, más sostenida y más notoria iniciativa del gobierno encabezado por Felipe Calderón ha consistido en confiar a los militares tareas policiacas que no son debidamente atendidas por los cuerpos de seguridad pública debido a la corrupción que ha dañado a casi todos ellos, y a su impreparación.
Sin embargo, el activismo castrense en ese terreno ha generado multitud de violaciones a los derechos humanos. Ya sea porque los miembros del Ejército no fueron formados para realizar tareas policiacas, ya sea porque su poder de fuego y de organización frente a la población en general los lleva a confundir la disciplina que es propia de su organización con la que juzgan imprescindible fuera de sus filas, el hecho es que son frecuentes los excesos militares en el cumplimiento de tareas ajenas a su estructura, que les imponen las autoridades civiles. Conscientes como están de que su presencia más allá de los cuarteles riñe con la Constitución, los altos jefes del Ejército han abogado por legalizar su actuación en materia de seguridad pública, lo cual les otorgaría un estatuto diferente del que la República les ha asignado desde que suprimió la presencia castrense en el gobierno y la política. El propio general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, expuso en el reciente Día del Ejército -19 de febrero- la necesidad de modificaciones legales para formalizar y ensanchar el marco de sus labores. El presidente Calderón respondió afirmativa pero insuficiente y tardíamente a ese pedido al remitir al Congreso una iniciativa de ley que, fuera del marco constitucional, cuyo artículo 29 es preciso respecto de la suspensión de garantías, pretende crear una forma, espuria a mi juicio, del estado de excepción en que las Fuerzas Armadas pudieran moverse con mayor soltura no sólo frente a la delincuencia sino también para acotar y contener la protesta social.
La iniciativa no fue siquiera recibida formalmente dado que se presentó al cuarto para las doce, cuando faltaban tres sesiones para que concluyera el periodo de sesiones ordinarias, último de esta legislatura. Sin considerar por ahora los motivos de una presentación tan fuera de tiempo, el hecho es que esa iniciativa, y otras que la acompañaron en semejante dirección no incluyeron la reforma al régimen de procuración y justicia militar que debe presentar el Ejecutivo si ha de ser congruente consigo mismo y acatar su propio Programa Nacional de Derechos Humanos, emitido el año pasado.
Cumplir ese ofrecimiento, que remediaría algunos rezagos de la legislación mexicana respecto de la internacional que se ha obligado a aplicar, es la primera de las recomendaciones del reporte sobre la materia que el miércoles pasado presentó en México el organismo civil Human Rights Watch, que cada vez ejerce mayor influencia ante algunos gobiernos o parlamentos, como el Congreso norteamericano. El título del informe sintetiza una de las preocupaciones de la presencia castrense en tareas ajenas a su disciplina: "Impunidad uniformada. Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública".
Se trata de un severo cuestionamiento al fuero de guerra y la justicia militar. En sus partes sustantivas el documento, de más de 80 páginas, se refiere al marco legal de los procedimientos penales castrenses, y en dos capítulos ("un patrón de impunidad" y "una práctica que persiste") hace una historia de violaciones a los derechos humanos que no han recibido castigo, desde los años de la Guerra Sucia hasta nuestros días. Es penoso que de los 17 casos documentados, la mayor parte, 11 del total, correspondan al último bienio, los dos años de la administración calderonista. Indigna y lastima, particularmente, la presentación puntual de los casos de las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez en Chiapas, y de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en Guerrero, mujeres indígenas todas ellas, que fueron violadas, aquellas en 1994 y las últimas en fechas más recientes, por miembros del Ejército. Y alarma, además, el creciente número de víctimas en 2007 y 2008, personas que fueron asesinadas, o sujetas a detención arbitraria y tortura en el desarrollo de labores policiacas encargadas a las Fuerzas Armadas.
Sería preocupante de por sí el número y gravedad de los delitos imputados a militares. Lo es en mayor medida porque ninguno de los autores de esos atropellos ha sido castigado. La impunidad es la constante, debido a causas estructurales y circunstanciales. Las primeras tienen que ver con la aberración de que el fuero militar cubra a miembros del Ejército que deberían ser juzgados en el fuero común. Eso no ocurre sino excepcionalmente (los soldados que en Castaños, Coahuila, resguardaban paquetes electorales y faltando a su deber se fueron de parranda y vejaron y lastimaron a mujeres en cantinas). En general, los militares son jueces de sí mismos. Su sistema judicial, además, carece de las características que hacen confiable a la judicatura, como la independencia y la estabilidad. La Procuraduría de Justicia Militar, el respectivo Ministerio Público, el Supremo Tribunal Militar y los consejos de guerra ordinarios o extraordinarios están sujetos todos a la jerarquía castrense, dependen del Ejecutivo a través de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las causas circunstanciales de la impunidad estriban en el creciente apoyo que Calderón ha requerido de la fuerza castrense ante las condiciones de su arribo al poder.
El mismo día en que fue presentado ese informe sobre la justicia militar, la Secretaría de Gobernación negó la evidencia pormenorizada en el documento, asegurando que no hay ningún militar impune. Anunció, sin embargo, que lo estudiará. Tiene que hacerlo, más allá de la cortesía a un organismo civil de influyente presencia en el mundo. Los condicionamientos del Congreso norteamericano a la Iniciativa Mérida en materia de derechos humanos surgieron en amplia medida del parecer de Human Rights Watch sobre la materia. Y sus reportes, como el de la Impunidad uniformada, serán leídos con atención en el Capitolio, pues el suministro de los recursos comprometidos para el combate a la delincuencia organizada depende, según lo admitió el gobierno mexicano, del respeto a los derechos humanos, sin mengua de la lucha en pro de la seguridad pública.
Reforma 03/05/2009
jueves, 26 de marzo de 2009
Acusan al Ejército de operar cárcel ilegal en Nuevo Laredo
Crimen organizado, pretexto para abusos de policías y militares en Morelos: ombudsman
*La esposa de uno de los detenidos asegura que soldados usan el automóvil de su marido
Carlos Figueroa
Corresponsal/La Jornada
*La esposa de uno de los detenidos asegura que soldados usan el automóvil de su marido
Carlos Figueroa
Corresponsal/La Jornada
Nuevo Laredo, Tams., 25 de marzo. Personal del Ejército Mexicano utiliza como cárcel clandestina una bodega confiscada por la Procuraduría General de la República (PGR) en esta ciudad, denunció Raymundo Ramos Vázquez, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Grupo 5 de Febrero.
El almacén, ubicado en la cuadra 75 de la calle Canales, en el poniente de Nuevo Laredo, fue asegurada hace más de un año, luego que agentes de la PGR encontraron productos de contrabando, explosivos y armas.
Ramos Vázquez dijo que la cárcel clandestina quedó al descubierto luego que el 17 de marzo fueron detenidos Miguel Alejandro Gama Halaif, de 25 años de edad, y su acompañante, Israel Ayala Ramírez, de 20. Allí han sido llevadas por lo menos tres personas, afirmó.
Dulce María López Duarte, esposa de Gama Halaif, mencionó que varias personas vieron cuando los soldados capturaron a los dos jóvenes.
Su propio cónyuge le informó, vía telefónica, que había sido detenido por militares a las 21 horas del 17 de marzo en la entrada a la colonia Palmares, que se localiza en el kilómetro 13 de la carretera nacional.
El carro que traía mi esposo, un Chrysler 300, lo están usando los militares. Tenemos fotografías y un video tomado el día siguiente de su arresto, aseveró la mujer.
Agregó que su esposo está en tratamiento médico, pero desde que se lo llevaron, estoy segura, no ha tomado sus medicamentos. Ya fuimos al cuartel y nos dicen que ellos no tienen a nadie. Ya estoy desesperada. Quiero saber dónde lo tienen.
La esposa y hermana de los desaparecidos, así como otros familiares y amigos, se manifestaron en el cruce de las calles Canales y Berlín, donde se ubica la supuesta cárcel, para exigir a los soldados que entreguen los detenidos a las autoridades civiles.
Pedirán intervención de la CNDH
López Duarte y María del Carmen Ayala Ramírez, hermana de Israel, interpusieron una denuncia ante la agencia primera del Ministerio Público de la Federación, y el Comité de Derechos Humanos Grupo 5 de Febrero anunció que dará vista del caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Autoridades estatales y municipales dejan impunes 75% de abusos denunciados, señala
Rubicela Morelos Cruz Corresponsal
Cuernavaca, Mor., 25 de marzo. Elementos del Ejército Mexicano y agentes de corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno violan las garantías individuales con el pretexto de que combaten al crimen organizado, sostuvo el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Morelos (CDHM), Fausto Gutiérrez Aragón.
El ombudsman, quien presentó su informe anual ante el Congreso local, dijo que las autoridades estatales y municipales se niegan a aceptar 50 por ciento de las recomendaciones del organismo y sólo atienden 25 por ciento.
Entrevistado luego del informe, Fausto Gutiérrez recordó que el Ejército no está facultado para detener a personas, como lo hicieron soldados de la 24 Zona Militar al irrumpir con tanquetas la madrugada del 23 de marzo en el poblado de Ocotepec para liberar a dos efectivos detenidos por autoridades locales y arrestar a dos comandantes de la policía comunitaria, a quienes entregaron a la procuraduría estatal, acusados de agresiones y robo.
Recordó que los elementos del Ejército estaban francos cuando los detuvieron por estar ebrios y escandalizar. Por eso no se justifica lo que hicieron los militares. Esto puede provocar que el Ejército rescate a cualquier soldado que cometa una falta y sea detenido, advirtió.
Antes, en el Congreso de Morelos, exigió a los diputados llamar a cuentas al gobernador Marco Antonio Adame Castillo, a los 33 presidentes municipales, secretarios y directores de corporaciones policiacas para que respondan las recomendaciones de la CDHM.
La ley anterior (de la Comisión Estatal de Derechos Humanos) estipulaba que cuando las autoridades no aceptaban las recomendaciones nosotros debíamos informar al Congreso local para que interviniera. La nueva ley nos quitó esa facultad. Por eso demandamos que nos la repongan, para forzar a la autoridad a cumplir las recomendaciones, dijo Gutiérrez Aragón.
En 2008 la CDHM emitió 89 resoluciones. El municipio que más abusos cometió fue Cuernavaca, cuyas autoridades recibieron dos recomendaciones.
Fausto Gutiérrez comentó que el ayuntamiento capitalino y el de Temixco han sido los más reticentes a aceptar las recomendaciones de la institución.
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