El presidente del Consejo de Administración de AHMSA exige que AMLO deje de juzgarlo culpable hasta que surja la sentencia.
Ancira contra López Obrador.
Monclova, Coah.- Alonso Ancira interrumpió su hastío de frecuentes acusaciones de corrupción, fraude y lavado de dinero surgidos desde el fondo de la garganta de Andrés Manuel López Obrador, decidiendo abandonar el rincón donde se había replegado, al demandarlo para que un juez le ordene guardar silencio de su persona en las mañaneras hasta que surja sentencia de las imputaciones que enfrenta.
En el largometraje del pleito entre el gobierno lópezobradorista contra Alonso Ancira, el empresario únicamente había estado en zona defensiva, pero ahora en la demanda reclama inclusive que el presidente emita una manifestación pública donde reconozca abiertamente que es inocente hasta el momento de cualquier delito mientras no exista sentencia penal condenatoria.
Los papeles de la demanda contra López Obrador por el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México fueron depositados por su abogado Alejandro Ramírez Lares ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México donde se estudiará el caso que sería laboratorio del Estado de Derecho que registra el país.
La parte esencial de la demanda es contra las frecuentes expresiones del presidente en sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional en la que Ancira considera es linchamiento continuo y público, porque inclusive López Obrador ha advertido a jueces, magistrados y ministros federales que si le otorgan la libertad serán investigados, provocando pucheros en el sistema judicial.
A tal grado que como escarmiento presionó al Consejo de la Judicatura Federal para la suspensión laboral por 6 meses del Juez de Distrito en Materia de Amparo, José Amós Olivera, quien el 20 de agosto anterior dictó sentencia donde eliminó la orden de aprehensión contra Alonso Ancira expedida el 25 de agosto de 2019 y cumplimentada el día 28 del mismo mes.
Los presuntos delitos se derivan de la venta de Agro Nitrogenados a Pemex a supuesto sobreprecio de 200 millones de dólares en diciembre de 2013, pero el juez José Amós Olivera sentenció que ya caducaron anulando la orden de aprehensión, encendiendo la ira de López Obrador que haciendo ruido con las yemas de los dedos logró sanción para el juzgador presionando al Poder Judicial de la Federación.
Mares de tinta han fluido para escribir el historial que inició en diciembre de 2013, cuando Alonso Ancira vendió a Petróleos Mexicanos su subsidiaria Agro Nitrogenados, pero en marzo de 2019 la Fiscalía General de la República le integró una carpeta de investigación que desembocó con el cumplimiento de la orden de captura en España donde aún permanece después de 1 mes tras las rejas.
En la demanda el abogado de Alonso Ancira cita las declaraciones de López Obrador con fecha 4 de septiembre cuando advirtió que pedirá investigar al juez que ordene exonerar a su defendido, lo que proyecta amenazas a los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
Agrega que en sus respuestas el Presidente de México suele acusar sin pruebas, mentir o difamar individuos, grupos, empresas o instituciones, y que en el caso específico de Alonso Ancira, de acuerdo con su exposición, ha sido sometido a una acusación y linchamiento continuados y públicos por parte de la autoridad responsable.
Pero además Alonso Ancira a través de su abogado construyó un formulario amplio dirigido al juzgador de la causa a quien le pide que antes de atender el caso, conteste 17 preguntas. Tal vez el juzgador esté temiendo alguna posible sanción si se atreve a contradecir al señor presidente.
El ramillete de preguntas al juzgador por parte del despacho jurídico del titular de AHMSA son: ¿Cuáles son las vertientes del principio de independencia judicial?, ¿Qué tipo de actos pueden violar el principio de independencia judicial?, ¿Qué actos pueden considerarse como presiones externas a la función judicial?, ¿Puede considerarse como presión externa a la función judicial, que el presidente manifieste que se investigará a todo Juez que resuelva en favor del quejoso?
¿Qué autoridad del Estado Mexicano es la facultada y obligada a proteger a los jueces cuando hay una amenaza en contra de la libertad para emitir sus resoluciones?, ¿Cuál es el límite a la libertad de expresión del presidente?, ¿Cuál es el alcance del principio de división de poderes?
¿Qué autoridades están facultadas para investigar a los integrantes del Poder Judicial?, ¿El principio de división de poderes protege las facultades de los órganos constitucionales autónomos?, ¿Cuáles son las vertientes del principio de presunción de inocencia? ¿Puede violarse el principio de presunción de inocencia por actos ejecutados fuera del proceso?
¿Puede violarse el principio de presunción de inocencia por parte de autoridades que no intervienen de manera directa en el trámite legal del proceso penal?, ¿La exposición de un imputado ante los medios de comunicación ¿puede implicar una violación al principio de presunción de inocencia?, ¿Qué naturaleza jurídica tiene la reparación del daño?
¿Qué implicaciones genera que una autoridad exija, requiera o solicite en forma reiterada y pública la reparación del daño de un delito al imputado, antes que el mismo sea condenado por un Tribunal competente?, ¿Qué implicaciones tiene que, ante los medios de comunicación, se exija a un imputado que repare el daño de un delito?
¿Cómo deben repararse las violaciones al principio de presunción de inocencia cuando se expone a un imputado como culpable ante los medios de comunicación y se le exige, requiere o insta públicamente a la reparación del daño de un delito que aún no ha sido juzgado?, mientras tanto la saga continúa tal vez durante el resto del cuestionado sexenio.
En el largometraje del pleito entre el gobierno lópezobradorista contra Alonso Ancira, el empresario únicamente había estado en zona defensiva, pero ahora en la demanda reclama inclusive que el presidente emita una manifestación pública donde reconozca abiertamente que es inocente hasta el momento de cualquier delito mientras no exista sentencia penal condenatoria.
Los papeles de la demanda contra López Obrador por el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México fueron depositados por su abogado Alejandro Ramírez Lares ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México donde se estudiará el caso que sería laboratorio del Estado de Derecho que registra el país.
La parte esencial de la demanda es contra las frecuentes expresiones del presidente en sus conferencias mañaneras en Palacio Nacional en la que Ancira considera es linchamiento continuo y público, porque inclusive López Obrador ha advertido a jueces, magistrados y ministros federales que si le otorgan la libertad serán investigados, provocando pucheros en el sistema judicial.
A tal grado que como escarmiento presionó al Consejo de la Judicatura Federal para la suspensión laboral por 6 meses del Juez de Distrito en Materia de Amparo, José Amós Olivera, quien el 20 de agosto anterior dictó sentencia donde eliminó la orden de aprehensión contra Alonso Ancira expedida el 25 de agosto de 2019 y cumplimentada el día 28 del mismo mes.
#Nacional: Alonso Ancira demandó demandó ante un Juez Federal al presidente López Obrador por violentar la presunción de inocencia al acusarlo frecuentemente de supuestos delitos en sus conferencias mañaneras sin que exista sentencia penal condenatoria.https://t.co/GxGAZAtyCl
— Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) September 12, 2020
Los presuntos delitos se derivan de la venta de Agro Nitrogenados a Pemex a supuesto sobreprecio de 200 millones de dólares en diciembre de 2013, pero el juez José Amós Olivera sentenció que ya caducaron anulando la orden de aprehensión, encendiendo la ira de López Obrador que haciendo ruido con las yemas de los dedos logró sanción para el juzgador presionando al Poder Judicial de la Federación.
Mares de tinta han fluido para escribir el historial que inició en diciembre de 2013, cuando Alonso Ancira vendió a Petróleos Mexicanos su subsidiaria Agro Nitrogenados, pero en marzo de 2019 la Fiscalía General de la República le integró una carpeta de investigación que desembocó con el cumplimiento de la orden de captura en España donde aún permanece después de 1 mes tras las rejas.
“Los actos que se reclaman mediante la presente demanda son precisamente las manifestaciones públicas o declaraciones, hechas por el Presidente de la República ostentando dicha investidura y no la de un particular en relación al proceso penal que enfrenta el quejoso”, señala el texto de la demanda.Alonso Ancira en su demanda explicó que López Obrador hace afirmaciones directas que sugieren su responsabilidad en la comisión de un delito, al tiempo que exige constantemente la obligación de una reparación el daño por 200 millones de dólares sin que haya sentencia condenatoria que lo haga responsable de algún ilícito.
“Estas manifestaciones son claramente lesivas de los derechos humanos y garantías del impetrante, en forma directa al acceso a información plural (oportuna y veraz), y en forma indirecta, a la presunción de inocencia, a un debido proceso y al acceso a la justicia imparcial”, agrega el texto.
En la demanda el abogado de Alonso Ancira cita las declaraciones de López Obrador con fecha 4 de septiembre cuando advirtió que pedirá investigar al juez que ordene exonerar a su defendido, lo que proyecta amenazas a los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
“Constituyen presiones externas que no deben permitirse en un Estado democrático. La violación al principio de independencia judicial implica también, una violación indirecta al derecho a una justicia imparcial que asiste al quejoso”, sostiene.Al abordar el tema, el reputado periodista capitalino Raymundo Riva Palacio, afirma que las mañaneras son; “un diseño institucional de López Obrador mediante el cual ejerce la gobernanza, difunde acciones de su gobierno, hace propaganda, y responde preguntas de periodistas paleros, para reorientar o desviar temas candentes”.
Agrega que en sus respuestas el Presidente de México suele acusar sin pruebas, mentir o difamar individuos, grupos, empresas o instituciones, y que en el caso específico de Alonso Ancira, de acuerdo con su exposición, ha sido sometido a una acusación y linchamiento continuados y públicos por parte de la autoridad responsable.
Pero además Alonso Ancira a través de su abogado construyó un formulario amplio dirigido al juzgador de la causa a quien le pide que antes de atender el caso, conteste 17 preguntas. Tal vez el juzgador esté temiendo alguna posible sanción si se atreve a contradecir al señor presidente.
El ramillete de preguntas al juzgador por parte del despacho jurídico del titular de AHMSA son: ¿Cuáles son las vertientes del principio de independencia judicial?, ¿Qué tipo de actos pueden violar el principio de independencia judicial?, ¿Qué actos pueden considerarse como presiones externas a la función judicial?, ¿Puede considerarse como presión externa a la función judicial, que el presidente manifieste que se investigará a todo Juez que resuelva en favor del quejoso?
¿Qué autoridad del Estado Mexicano es la facultada y obligada a proteger a los jueces cuando hay una amenaza en contra de la libertad para emitir sus resoluciones?, ¿Cuál es el límite a la libertad de expresión del presidente?, ¿Cuál es el alcance del principio de división de poderes?
¿Qué autoridades están facultadas para investigar a los integrantes del Poder Judicial?, ¿El principio de división de poderes protege las facultades de los órganos constitucionales autónomos?, ¿Cuáles son las vertientes del principio de presunción de inocencia? ¿Puede violarse el principio de presunción de inocencia por actos ejecutados fuera del proceso?
¿Puede violarse el principio de presunción de inocencia por parte de autoridades que no intervienen de manera directa en el trámite legal del proceso penal?, ¿La exposición de un imputado ante los medios de comunicación ¿puede implicar una violación al principio de presunción de inocencia?, ¿Qué naturaleza jurídica tiene la reparación del daño?
¿Qué implicaciones genera que una autoridad exija, requiera o solicite en forma reiterada y pública la reparación del daño de un delito al imputado, antes que el mismo sea condenado por un Tribunal competente?, ¿Qué implicaciones tiene que, ante los medios de comunicación, se exija a un imputado que repare el daño de un delito?
¿Cómo deben repararse las violaciones al principio de presunción de inocencia cuando se expone a un imputado como culpable ante los medios de comunicación y se le exige, requiere o insta públicamente a la reparación del daño de un delito que aún no ha sido juzgado?, mientras tanto la saga continúa tal vez durante el resto del cuestionado sexenio.
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