Muertes absurdas

POR CULPA DE AUTORIDADES FEDERALES

La explosión en uno de los pozos de carbón en Las Sabinas, Coahuila, en la que fallecieron 14 mineros, activó el memorial de agravios que en los últimos años ha movido a los familiares de los trabajadores y activistas sociales a exigir justicia. Además del agravio de los dueños de los fundos que nada hacen por mejorar las condiciones laborales de sus empresas, las viudas, madres y parientes de los mineros tienen que soportar el del secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, quien lejos de resolver el problema prefiere regañar a funcionarios, pero sobre todo lucirse ante la prensa

Domingo, 08 de Mayo de 2011


ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA



SABINAS, COAH.- El martes 3 por la mañana, la empresa Beneficiarios Internacionales del Norte, S.A. de C.V. (Binsa) reinició operaciones, luego del asueto laboral del Día Internacional del Trabajo.

Como lo venían haciendo desde el mes pasado, las pick up peinaron los viejos pueblos mineros de la región hasta completar las dos cuadrillas de siete trabajadores cada una y se enfilaron hacia la mina. Luego de cruzar el deteriorado caserío de la periferia de la ciudad, ingresaron a la brecha. Dejaron a su paso varios pocitos, las tétricas minas rudimentarias que abastecen de carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Jesús Fernando Lara Ruiz, de 15 años, subió al andamio que corona el tiro vertical del pocito. Enganchó el cable al tambo de descenso mientras su padre instaló el malacate para que el resto de los trabajadores se internaran y se distribuyeran en dos de los tres túneles del pozo.

Eran Juan Alberto Sifuentes Ávila, Eleazar López, Francisco Reyes García, Rogelio Robledo, los hermanos Hugo Santos y Néstor Manuel Carmona Martínez, Julio César Reséndiz Domínguez, Santos Vallejo Ríos, Hermilo Pérez Vallejo, Julio César Sifuentes Vázquez, Juan Carlos Escobedo Chávez, Mario Alberto Anguiano Montes, Leobardo Sánchez Santos y Rosario Valero.

Llevaban días quejándose de dolores de cabeza por el olor a gas y por la falta de oxígeno; algunos incluso se desmayaron. El martes 2 la mina explotó. Eran las ocho de la mañana.

El niño ganchero y su padre malacatero se salvaron, aunque el menor perdió ambos brazos debido a la explosión. Los demás pasaron a engrosar la estadística de muertes ocurridas en los últimos cinco años por la inseguridad de las minas y que hoy se eleva a 125.

Pasaron 45 minutos para que la empresa diera la alarma. Al lugar llegaron los familiares de los mineros. Fueron ellos los que dieron la filiación de los accidentados. La empresa no tenía lista ni bitácoras de trabajo.

Para el mediodía, el presidente Felipe Calderón declaró que estaba orando y velando para que los trabajadores fueran rescatando con vida; el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, incluso se desplazó ese mismo día a la entidad para encabezar el rescate.

PROTAGONISMO Y NEGLIGENCIA

La muerte de 14 trabajadores era previsible. Desde cinco años atrás, las familias de mineros muertos, así como activistas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han condenado al Estado mexicano por las condiciones de inseguridad en las minas de carbón de Coahuila.

Pese a ello, en esta ocasión el secretario Lozano se hizo el sorprendido. Sin separarse de su Ipad y de su fotógrafo. Hasta el viernes 6, el funcionario había enviado más de 100 mensajes a través de su Twitter acerca del accidente en la mina.

—¿Qué es eso? —preguntó Lozano apuntando hacia un "equipo autónomo", la tarde del martes 3.

—Es un equipo de autosalvamento —le respondieron los inspectores de la STPS

—¿Y para qué sirve?

—Para respirar.

Lozano fotografió el artefacto y lo envió por su cuenta de Twitter.

Además, a lo largo de la semana, declaró a los medios sobre la negligencia de los propietarios de los pocitos: que Fernando Lara tiene 15 años y no estaba afiliado al Seguro Social, situación generalizada entre los mineros de la zona; que registran a trabajadores con menos de su salario; que los pocitos son inseguros.

También presumió que estaba trabajando en el rescate. Para comprobarlo, incluso posó con los rescatistas. Notable fue el contraste de su pulcritud con la negra miseria de la mina carbonífera.

Y luego de que ese martes 3 investigadores del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y el senador panista Ricardo García Cervantes, le recordaron que hace un año le propusieron cerrar los pocitos de carbón para evitar accidentes, Lozano aseguró que ahora sí actuará en ese sentido.

Instalado en un camper, lejos de las familias que se amontonaban bajo un toldo, Lozano se esforzaba por atender los reclamos y no cesaba de enviar mensajes a medios nacionales a través de su Twitter. Y cuando los deudos les exigieron datos concretos sobre uno de los cuerpos, prometió dar informes cada hora, pero no cumplió.

LOS OLVIDOS DEL SECRETARIO

Desde el 19 de marzo de 2009, el titular de la STPS conocía el resolutivo GB 304/14/8 de la OIT, en el que se responsabiliza a la secretaría del accidente de la mina de Pasta de Conchos ocurrido el 19 de febrero de 2006 en el que murieron 65 trabajadores.

Lejos de atender las observaciones que lo reprobaron en 25 de 27 reclamaciones, la mayoría sobre seguridad en minas, Lozano dijo el 20 de marzo de 2009 que el caso de la OIT estaba cerrado a su favor.

No obstante, el 18 de febrero último, la víspera del quinto aniversario del accidente en Pasta de Conchos, la OIT llamó a cuentas al Estado mexicano luego de analizar los casos de otras minas de carbón y documentar el trabajo infantil y las operaciones clandestinas. Hasta el viernes 6, el gobierno calderonista aún no respondía.

Uno de esos casos al que alude la OIT es el del pozo Vertical 4. En un siniestro ocurrido en 2009 murió Jesús Castillo Ayala, mientras que Francisco Castillo Zamora, un menor de edad, resultó lesionado. En el IMSS se negaron a atenderlo pues su patrón nunca lo dio de alta. Hoy, Francisco apenas puede caminar. Tienen la columna vertebral y los hombros desviados; también perdió la audición del lado derecho.

Un informe de la STPS, cuya copia tiene Proceso, menciona que en 2009 se inspeccionaron 28 minas de las casi 600 que existen en la zona. El pozo Ferber, en el que murió Juan Ramón Juárez el 11 de septiembre de ese año, tenía dos semanas clausurado, pero seguía operando.

Y aun cuando la CNDH emitió la recomendación 85/2010, la STPS la rechazó el 21 de enero de 2010. El dueño del pozo, Fernando Barrera, nunca fue sancionado.

EL PLEITO

El lunes 2, antes del siniestro, el Cereal se pronunció contra la designación de Alejandro Romero Gudiño como titular de Evaluación y Control, el órgano que supervisará a la Auditoría Superior de la Federación en el recinto legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México. Su argumento: en 2007, cuando era director de inspecciones en la STPS, facilitó el carpetazo al caso de Pasta de Conchos y poco hizo para atender los accidentes mineros derivados de la falta de inspección.

Para Cristina Auerbach, investigadora del Cereal, Lozano Alarcón intenta apropiarse del discurso de los activistas y de las familias mineras que llevan cinco años exigiendo justicia.

Pero su discurso es inconsistente, pues es incapaz de contener las agresiones verbales contra la viuda Elvira Martínez, cuyo esposo yace en Pasta de Conchos, o contra el de los otros deudos que lo acusan de lucrar políticamente en nombre de los mineros muertos.

Además, intentó responsabilizar del accidente a la Secretaría de Economía porque, dijo, es la que otorga las concesiones mineras. Bruno Ferrari, el titular la dependencia tuvo que aclarar que si bien ese dato es correcto, los problemas laborales son competencia exclusiva de la secretaría que encabeza Lozano.

El jueves 5, el titular de la STPS enfocó sus críticas hacia el gobierno de Coahuila porque, dijo, a través de la paraestatal denominada Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi), funge como intermediario entre los pozos y la CFE. Incluso planteó cerrar todos los pozos porque, arguyó, son inseguros.

Pero el gobernador Jorge Torres López le recordó a Lozano que la seguridad en las minas compete a la STPS y que éstas deben ser cerradas sólo sí incumplen con la ley, "no por capricho de secretario".

‘EL QUE HABLA SOY YO’

El jueves 5 la movilización fue espectacular. Elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México se apostaron en la entrada de la brecha que conduce a Binsa, al tiempo que policías federales marcaron un perímetro mientras los militares se desplegaron entre el huizachal. De repente, en la trasera del fundo minero apareció un helicóptero que descendió levantando una polvareda.

Nadie sabía de quién se trataba. Hasta que se disipó y remolino supieron que se trataba de Dilcya Samantha García Espinosa de los Monteros, subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR. La funcionaria estuvo ahí poco más de dos horas.

Su llegada coincidió con la de los mineros chilenos. Lozano intentó regañar a la funcionaria ante medios por haber dicho que ellos se pondrían al frente del operativo de rescate y, le dijo, por andar merodeando con peritos en la zona. Incluso les pidió retirarse del lugar y dijo que las declaraciones de la subprocuradora eran inexplicables.

A su vez, los deudos de los mineros se quejaron porque en algunos casos, en particular el de la mina Pasta de Conchos, la PGR tiene congelada una averiguación, pese a los recursos promovidos por el político y litigante Jesús González Schmal y por la organización Familia de Pasta de Conchos (FPC).

González Schmal dice que es un "espectáculo falaz" y "una canallada" que la PGR y la STPS prometan la justicia que jamás han dado, incluso asegura que el proteccionismo a Grupo México, propiedad de Germán Larrea, dueño de la mina Pasta de Conchos, les impide aplicar la justicia.

Cerca de 50 procesos jurídicos abiertos en distintas materias por ese caso, están sobreseídos o congelados, en tanto, persiste un incumplimiento de obligaciones internacionales, como en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dio entrada a una petición de juicio contra el Estado mexicano que hasta hoy no ha sido cumplida por la PGR, responsable de atenderla, señala González Schmal.

CARBÓN ‘ROJO’

Además, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, recomendó en octubre pasado, sin éxito, que se reabriera la averiguación relativa al caso Pasta de Conchos.

Auerbach, destaca que por los accidentes posteriores a Pasta de Conchos, salvo en dos no abrió ninguna averiguación. Sin embargo, dice, hay casos graves. Uno es el de la mina Lulú, donde se documentaron condiciones equiparables a esclavitud, pues los trabajadores vivían adentro, sin regaderas ni comedores. Esa mina es de Salvador Kamar, dueño de periódicos, constructor, minero y ganadero.

Ahí fue donde murieron Alfredo Ríos y Alejandro Soto en 2009. Pese a ello, siguió operando. El 2 de febrero último, también fallecieron Juan Manuel Gómez Gaytán y Alfredo Soto Torres.

El 26 de marzo siguiente, el accidente fue en la mina El Saltillito. Murieron dos trabajadores, en un turno donde trabajaba el hijo del difunto Gómez Gaytán.

"Aquí el carbón no es negro, es rojo, por la sangre de nuestros padres, esposo, hijos y hermanos", dice la viuda Elvira Martínez, quien recuerda que apenas el 29 de abril murió otro trabajador en un pozo.

El miércoles 4, Patricia Garza aplacaba con autoridad los ánimos caldeados de los deudos en espera de los cuerpos. Javier Lozano acababa de dar por muertos a los 14 mineros.

—Cállate —gritó la mujer a una madre desconsolada— los hijos son prestados y Dios sabe por qué hace las cosas.

Patricia es madre del alcalde de Sabinas, Jesús María Montemayor, cuyo padre tiene minas de carbón. Así son los políticos de acá. También son dueños de minas el alcalde de Nueva Rosita, Antonio Neiro; el diputado federal de la zona, Hugo Martínez; lo mismo Jesús María, sobrino de Rogelio Montemayor, el exdirector de Pemex, que en 2010 desalojó a los deudos de Pasta de Conchos.

Binsa es propiedad de Luis González Garza y Melchor González Vélez, alias Chorín. Los dos provienen de familias adineradas de la región. En problema es que la concesión minera está a nombre de José Luis González Garza, padre de Chorín. La minera El Sabino abarca 300 hectáreas y en esa franja existen 11 pozos que operan en condiciones precarias. (APRO)