EN DEBATE
Los sangrientos resultados de la fallida estrategia militarizada contra el crimen organizado motivaron a los diputados del PRI, el PRD y el PT en la LXI Legislatura a incorporar a la Constitución disposiciones para revocar el mandato y fincarle al Presidente responsabilidades políticas y penales por ejercer indebidamente su enorme poder
Domingo, 29 de Mayo de 2011
JESUSA CERVANTES
MÉXICO, DF.- La posibilidad de un juicio político, penal o civil contra el presidente Felipe Calderón por su responsabilidad en la fallida estrategia contra el narcotráfico y su enorme costo (40 mil muertos) se ha discutido en la Cámara de Diputados desde los inicios de la actual Legislatura.
El jurista Diego Valadés reabrió el debate al exponer las condiciones que existen para que Calderón sea sometido a juicio y se pronunció porque la Cámara de Diputados cree una comisión para investigar la violencia. La respuesta de los legisladores está polarizada: el PAN rechaza de plano esta opción, mientras que la oposición la respalda con diferencias de matices.
El PRI tiene en su agenda, desde agosto de 2010, la elaboración y el impulso de una reforma que permita juzgar penal y políticamente al presidente de la República, al considerar que esta figura está cubierta "por un manto de impunidad" desde 1917, debido a contradicciones y vacíos legales en la Constitución.
Sin embargo, Arturo Zamora Jiménez, encargado del área jurídica de la bancada del PRI —formada por 237 diputados y que cuenta con el respaldo de 21 legisladores del PVEM—, aclara en entrevista: "Hoy el titular del Poder Ejecutivo goza de absoluta impunidad. De acuerdo con el diseño actual de las leyes, no hay una ley punitiva para llevar a juicio al presidente de la República". Es más, indica que ni siquiera hay sustento legal para crear una comisión especial que investigue a Felipe Calderón.
Los partidos que se han pronunciado en favor de esta vía son el PRD y el PT, el primero con 71 diputados y el segundo con 13. De hecho, apenas en 2010 los perredistas propusieron un punto de acuerdo para crear una comisión que indagara las miles de muertes acaecidas a raíz de que Calderón impusiera su estrategia militarizada contra el crimen organizado, pero el PRI y el PAN no lo aceptaron.
JUSTIFICA EL PAN
La postura de la bancada del PAN no sólo es contraria a cualquier forma de sanción, sino que justifica los resultados obtenidos en la guerra contra el narco. El vicecoordinador de la bancada panista, Alberto Pérez Cuevas, considera "impertinente" una comisión investigadora, "pues la obligación de todo mandatario es salvaguardar la tranquilidad, la paz y la vida de los mexicanos; y aunque ya ha habido 40 mil muertes, hay millones y millones de familias mexicanas que han sido resguardadas".
Pero ya desde el 31 de agosto de 2009, en los inicios de la actual Legislatura, el PRD y el PT desplegaron una estrategia parlamentaria para incluir en la Constitución la figura de "revocación de mandato" presidencial. El 10 de noviembre siguiente, el abogado constitucionalista y exconsejero del Instituto Federal Electoral, Jaime Cárdenas, presentó la primera de cinco iniciativas para permitir que la ciudadanía destituyera al presidente mediante un plebiscito.
El 2 de marzo de 2010, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro, presentó, ya como diputado del PRD, otra iniciativa en este sentido.
A su vez, el 8 de diciembre de 2009 el diputado priísta por Sinaloa Miguel Ángel García Granados, uno de los más críticos de su bancada, propuso implantar varias figuras democráticas, entre ellas la revocación de mandato, como una forma de hacer suyo el ultimátum que hizo a las autoridades el empresario Alejandro Martí en la firma del Pacto Nacional Ciudadano, tras el secuestro y asesinato de su hijo de 14 años: "Si no pueden, renuncien".
SIGUE LA EMBESTIDA
La embestida del PRI continuó. El 16 de febrero de 2010, cuando ya escandalizaba la cifra de 17 mil muertos en la guerra de Felipe Calderón, la diputada Carmen Izaquirre Francos presentó otra iniciativa para someter al presidente a la revocación de su cargo. Unos días después, el 25 de febrero, su correligionario Omar Fayad Meneses aportó una iniciativa más específica al respecto.
En su propuesta argumentó: "Hoy el único mecanismo de rendición de cuentas vertical (entre electores y gobernantes) de que disponemos los ciudadanos para premiar o castigar a los gobernantes, es el voto libre y secreto, ya que no contamos con mecanismos como la reelección o la revocación de mandato.
"Esta iniciativa pretende abonar a esta insuficiencia de nuestro sistema para establecer la figura de la revocación del mandato del presidente de la república, con el propósito de que sean los electores, los ciudadanos, quienes determinen si procede o no su destitución".
Según la iniciativa de Fayad, se sometería al Ejecutivo a dicho procedimiento "por actos u omisiones contrarios a las disposiciones de la Constitución Política y las leyes federales; por manejo indebido de fondos y recursos federales; y por comisión de delitos graves, así clasificados por la ley penal".
Todas las iniciativas de la oposición fueron enviadas a la Comisión de Puntos Constitucionales que encabeza el ministro Juventino Castro y Castro; hasta la fecha ni siquiera han sido agendadas para su discusión.
NECESARIAS REFORMAS DEMOCRÁTICAS
Ahora la posibilidad de crear una comisión especial del Congreso que indague las muertes vinculadas con la estrategia contra el crimen organizado no sólo involucra al presidente Calderón, sino también a los encargados de aplicarla: las fuerzas armadas.
Según fuentes militares consultadas, después de los triunfos de las coaliciones del PAN con el PRD en elecciones estatales, sobre todo en Sinaloa, Puebla y Oaxaca, los jefes del Ejército se enteraron de que en noviembre de 2010 se reunieron siete influyentes priístas —no revelaron sus nombres ni el lugar del encuentro— para analizar la situación de su partido. Concluyeron que las acciones del Ejército en la lucha contra el narcotráfico le habían dado "puntos de apoyo al PAN", a pesar del gran número de muertos en la lucha contra el narcotráfico.
Para minar ese respaldo, los priístas determinaron que impulsarían la creación de una comisión que investigara la violencia. "En un inicio se pensó contra el presidente, pero luego viraron hacia las fuerzas armadas", relata una de las fuentes castrenses. Dicha comisión nunca iba a concretarse; sólo se filtraría la posibilidad de formarla, con el fin de obligar al Ejecutivo a cambiar su estrategia y así exhibirlo ante la ciudadanía como el causante de las muertes.
Para inicios de 2011 cobró fuerza el rumor de que se integraría una comisión investigadora con Calderón y las fuerzas armadas como objetivos. Por ejemplo, el 18 de enero el periodista Salvador García Soto publicó en El Universal que ya había acuerdo entre el PRI, el PRD y el PT para formar comisiones y proponer reformas legales sobre el tema. Reveló que para ello se habían reunido el senador del PT Ricardo Monreal, el hoy diputado con licencia del PRI, Rubén Moreira, y el también legislador priísta, Jesús Rodríguez.
EL ROMPIMIENTO
En respuesta, el 21 de febrero pasado los militares dieron a diputados y senadores claras señales de que rompían toda relación con ellos. Se canceló la agilización de trámites que hacían algunos legisladores ante la Sedena y se les transmitió la indicación de que acudieran "a ventanilla" como cualquier ciudadano, se suspendió el acostumbrado encuentro de tiro del sábado siguiente, y el 22 de febrero se le notificó a Kenia Rabadán, presidenta de la Comisión de Cultura, que el Ejército no enviaría representantes a la celebración del día de la Bandera en San Lázaro, el 24.
El documento de los priístas que llegó a manos del secretario de la Defensa Nacional decía que una de las intenciones de la supuesta comisión especial sería "castigar a los militares que hayan violentado los derechos humanos, que se hayan excedido en el ejercicio de sus facultades en el combate al narcotráfico", afirman las fuentes del Ejército.
Cierta o no la pretensión de impulsar desde el PRI una comisión especial, el 22 de febrero de 2011 el diputado Omar Fayad presentó otra iniciativa de reforma constitucional que permita juzgar penalmente al Ejecutivo federal.
En la exposición de motivos señala: "Existe una laguna que ha permitido que el presidente de la República esté sustraído de facto del régimen constitucional de responsabilidades, ya que no se encuentra entre los servidores públicos que pueden ser sujetos de juicio político en términos del artículo 10, y si bien para proceder penalmente contra él, según el artículo 111, debe sujetársele a juicio político, en los hechos esto no es posible ni factible sin un claro mandato constitucional".
La propuesta finaliza con modificaciones al artículo 108 para que establezca que "el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, podrá ser acusado por violaciones a esta Constitución, a las leyes federales, traición a la patria y delitos graves del orden común y federal, y será sujeto de responsabilidad administrativa, civil o penal", en tanto que el artículo 110 incluiría explícitamente como sujeto de "juicio político al presidente de la República".
ABSURDA IMPUNIDAD
El 26 de agosto de 2010, durante su reunión plenaria para acordar a cuáles iniciativas les darían prioridad en los dos periodos ordinarios que les restan, los diputados del PRI aprobaron elaborar una que permita llevar a juicio —político y penal— al presidente de la República, ya que desde su punto de vista las leyes actuales lo impiden y de esta forma le otorgan "total impunidad".
Con el respaldado del coordinador de su bancada, Francisco Rojas, Arturo Zamora elaboró un proyecto de 17 cuartillas. Recuerda en primer lugar que al presidente, según la Constitución, sólo se le puede juzgar por "traición a la patria y por delitos graves del orden común".
El encargado de asuntos jurídicos de la fracción priísta explica que "aparentemente, el presidente sólo puede ser sujeto de responsabilidad penal pero nunca política". Ya en la entrevista, explica que incluso dicha posibilidad sólo es "aparentemente", ya que para juzgar al presidente primero se le debe establecer un juicio de procedencia, es decir, quitarle el fuero, y según la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el único de éstos al que no se le puede hacer eso es el titular del Ejecutivo federal, "por lo tanto es imposible juzgarlo penalmente... No se dispone de mecanismo alguno para deducir la responsabilidad penal presidencial".
En su iniciativa destaca: "Es contra la razón y el sano juicio que aquel funcionario que constitucionalmente es el responsable de promulgar, ejecutar y hacer observar las leyes emanadas del Congreso, aquel que tiene la obligación de preservar la seguridad nacional, quien tiene a su disposición el uso legal de la fuerza a través del mando de las fuerzas armadas y la policía; quien es responsable del Servicio Exterior Mexicano, aquel que administra los recursos financieros y la riqueza nacional y que, además, dispone una considerable suma de recursos humanos vinculados a la administración pública centralizada y paraestatal, no pueda ser sujeto de juicio político ni de declaración de procedencia de juicio penal por los desvíos, desafecciones y hechos ilícitos que puedan sucederse en el ejercicio de sus atribuciones".
Más adelante cuestiona: ¿cuál es el procedimiento que prevén nuestras leyes para que la nación pueda reclamarle al presidente de la República la inobservancia o desapego de la Constitución? "Ninguna", responde.
"No hay procedimiento alguno que pudiera hacerse valer para desagraviar a la nación de la actuación grotesca de un presidente de la República, ni forma alguna de precaver para que esos sucesos no se repitan en lo futuro", destaca. Por eso su propuesta incluye que al presidente se le puedan fincar "responsabilidad penal y responsabilidad política"; esta última por violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen.
En esta categoría puede contemplarse la violación a la constitución al artículo 129, que establece que en tiempos de paz el Ejército debe estar en los cuarteles, y al artículo 21, que otorga sólo a las policías de los tres niveles las atribuciones del combate a la inseguridad. (APRO)
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