Miguel Ángel Granados Chapa
Me pregunto, sin embargo, si el apoyo a Cordero expresado por 134 panistas (incluidos cuatro gobernadores de medio pelo) fue, como parece, organizado por instrucción presidencial o al menos con conocimiento de Calderón
El 13 de mayo el presidente Calderón mostró a Ernesto Cordero como su preferido en la lid interna del PAN por la candidatura presidencial. Ante cerca de 2 mil delegados y representantes del gobierno federal en las entidades hizo conocer esa inclinación al disponer que sólo el secretario de Hacienda y ningún otro de los miembros del gabinete allí presentes hablaran fuera de programa, en el que estaba previsto sólo el discurso presidencial.
Trece días después el parecer presidencial fue confirmado por una tenue cargada, al estilo de las que en tiempos de la hegemonía priista seguían al destapamiento del candidato presidencial, en que en sorpresiva coincidencia con la opinión del Presidente las "fuerzas vivas" encontraban en el elegido las virtudes de que otros carecían y cuyo ejercicio permitiría que México tuviera un futuro esplendente, del que por supuesto ya había sentado las bases.
Me pregunto, sin embargo, si el apoyo a Cordero expresado por 134 panistas (incluidos cuatro gobernadores de medio pelo) fue, como parece, organizado por instrucción presidencial o al menos con conocimiento de Calderón, o si fue una presión de los corderistas para impedir que el Presidente mudara su preferencia. Por eso el secretario de Hacienda llamaría a su oficina de Palacio Nacional a los medios de comunicación para aceptar que aspira a la Presidencia pero ha de esperar la hora adecuada.
El probable temor por un cambio en el ánimo presidencial tiene base. Si bien Calderón se manifiesta firme y rígido hasta la terquedad en asuntos como la estrategia contra el crimen organizado (y su apoyo a Genaro García Luna) o su vínculo firmísimo con Televisa, que lleva consigo un resuelto antagonismo con Carlos Slim, en otras materias el talante presidencial es voluble, contradictorio y dual. Ejemplos de esta última forma de ser del Presidente menudean. Basta citar sólo algunos: pasó de promover una alianza con el PRI para evitar que su partido se aproximara al PRD (y hasta dispuso que su secretario de Gobernación y el dirigente de su partido suscribieran un compromiso explícito al respecto), a favorecer las coaliciones que fortalecieran a la oposición en el objetivo de derrotar al PRI.
Más recientemente, pidió al Papa Benedicto XVI venir a México, donde se le necesita "más que nunca", porque "estamos sufriendo la violencia". Como católico que cree que el obispo de Roma es el representante de Dios en la tierra, Calderón estaba de ese modo implorando la asistencia divina ante la gravedad de la criminalidad incontenible. Pero semanas después, con ánimo ligero, enteramente distinto, desestimó los riesgos que al menos los turistas pueden enfrentar en México: en vez de balazos, dijo, hallarán un shot de tequila.
Los panistas habían vivido no hace mucho una muestra del ánimo presidencial cambiante o de su dualidad, cercana a la doblez: dejó creer que Gustavo Madero era su candidato a encabezar el partido, y luego favoreció que a última hora se le enfrentara Roberto Gil, tan cercano a él que después del lance, que pese a todo fue ganado por Madero, hizo a Gil Zuarth su secretario particular, cargo en el que lo mantiene.
Tal vez por eso Cordero mismo y sus apoyadores experimentaron la necesidad de evitar que Calderón cambiara de parecer y lo comprometieron en público. Porque todo el mundo, salvo algunos despechados precandidatos, está seguro de que el secretario de Hacienda es el favorito de Los Pinos para el proceso de selección interna del candidato presidencial.
No es un haz de ases el que manifestó a Cordero su apoyo y le facilitó destaparse él mismo. Ciertamente hay entre los firmantes figuras de valor, con trayectoria que hace estimable su aval al secretario de Hacienda, como Alejandro Zapata Perogordo y Ana Teresa Aranda Orozco. Pero entre los gobernadores que encabezan la lista sólo Guadalupe Osuna y Guillermo Padrés han sido panistas desde los tiempos difíciles, de la oposición arrinconada. El panismo de los otros dos es cuestionable. Si bien Rafael Moreno Valle dejó el PRI y fue senador apoyado por el PAN, su papel como gobernador de Puebla lo debe no a ese partido, sino al Panal, a Elba Esther Gordillo (que por eso escogió ese estado para confirmar pública- mente su pacto con Calderón, a pesar de que ha renovado sus nexos con el priismo). Y no se diga de Marcos Covarrubias, el flamante gobernador de Baja California Sur, que hasta hace menos de un año era diputado federal perredista.
Hay que subrayar el apoyo de la familia Mouriño a Cordero. Firman, entre los 134, los padres del extinto secretario de Gobernación, María Terrazo y Carlos Mouriño Atanes, así como su hijo Carlos. Hay un grupo de calderonistas que le da tono a la carta: César Nava, Rogelio Carbajal, Jordy Herrera, Cuauhtémoc Cardona, Manuel Minjares y Maximiliano Cortázar.
Es de suponerse que en los próximos días por lo menos Javier Lozano y Heriberto Félix se sumen a la precandidatura de Cordero. A Alonso Lujambio le costará más trabajo, pero lo hará también. De modo que el secretario de Hacienda, cuando deje de serlo (y tampoco puede transcurrir largo tiempo para que eso ocurra, porque la dualidad de su posición es inconveniente para el gobierno, dentro y fuera de México) se enfrentará a los aspirantes con fuerza propia: Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Emilio González Márquez, creyentes todavía de que pueden desafiar la maquinaria presidencial.
Resuelta así la sucesión presidencial, en esta etapa y en el ámbito de su partido, Calderón intervi- no de modos diversos en la guerra de los mastodontes por el dominio de las tele- comunicaciones. En sólo 48 horas reafirmó su predilección por Televisa y sus alia- dos. Y su manifiesta oposición a que el Gru- po Carso extienda su poder entrando en la televisión de paga.
El jueves recibió en Los Pinos, que se transformó de esa manera en un set de televisión, a Emilio Azcárraga y al resto de los promotores de la Iniciativa México, la gigantesca operación de relaciones públicas inaugurada el año pasado y cuya segunda edición, actualmente en curso, comenzó por lanzar un código para el abordamiento informativo sobre la violencia, a tono con los intereses gubernamentales. Calderón aprovechó la visita de comunicadores que son, en términos generales y de distintos modos, sus panegiristas, para criticar a sus críticos. Esta vez lo hizo, con intenciones de sociólogo o sicólogo social que analiza el ser mexicano, lamentando la existencia de quienes encuentran la manera de que aun lo bueno "se vea mal y se arruine", en lo que le parece una suerte de Contrainiciativa México, una especie de "concurso de demolición del ánimo nacional".
Al día siguiente de esta conspicua presencia de Televisa en la casa presidencial, la Secretaría de Comunicaciones asestó un nuevo revés a Telmex. Obligado por la justicia federal a responder a la ya añeja petición de la firma telefónica cuya adquisición marcó el auge de Carlos Slim de modificar su título de concesión a fin de poder ofrecer canales restringidos de televisión, la SCT reprochó a la empresa del Grupo Carso múltiples violaciones a ese título de concesión, en las que halló la razón para que el título permanezca como está.
Aunque formalmente no pueda todo ser atribuido a Calderón, la decisión de la SCT (que sí fue emitida por una dependencia del Ejecutivo) se suma a resoluciones en materia de telecomunicaciones que tienen el efecto, si no el objetivo, de constreñir a las empresas telefónicas de Slim en beneficio de sus antagonistas, que en algunos casos son sus competidores y también sus clientes. Está en curso el procedimiento para ejecutar la máxima sanción aplicada nunca a un gobernado por un órgano gubernamental. Hasta ahora, ostentaban esa marca las multas del IFE al PRI, al PAN y al PVEM, por un total de mil 500 millones de pesos por el financiamiento paralelo de la campaña presidencial de 2000. Pero la que la Comisión Federal de Competencia impuso a Telcel por prácticas monopólicas en la terminación de llamadas, que llega a 12 mil millones de pesos, tiene, además de la obvia relevancia financiera, un efecto político que se suma al de la resolución de la Suprema Corte de evitar que se concedan suspensiones en los amparos contra la Cofetel por Telmex y Telcel, suspensiones que son propias del juicio de garantías y que se otorgan casuísticamente y no en aplicación de una regla general.
Reforma
29/05/2011
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