Patricia Dávila
Más de 500 presas en el país ya cumplieron su ciclo de vida útil, casi todas carecen de mantenimiento y –a decir de especialistas en el tema– contribuyen al cambio climático. Sin embargo, el gobierno federal le da prioridad a la generación de energía y mantiene los embalses llenos sin importarle los efectos catastróficos que los desbordamientos y desfogues, así como el manejo turbio de los fondos y recursos hídricos sobre las comunidades. Las consecuencias ya se vieron en Nuevo León y Tamaulipas, igual que en Tabasco y Veracruz en esta temporada de huracanes. Y todavía se planea construir más embalses sin planes de contingencia.
MÉXICO, D.F., 29 de septiembre (Proceso).- Las recientes inundaciones en varios estados del país han hecho evidente uno de muchos problemas: 500 de las mayores presas mexicanas llegaron al fin de su vida útil; sus cortinas tienen fisuras y por la sedimentación, su capacidad de captación y almacenaje se ha reducido incluso hasta 50%. Deben cerrarse, pero por la presión de las trasnacionales interesadas en monopolizar la venta de energía, el gobierno federal se niega a cancelarlas.
A esa conclusión llegan investigadores ambientalistas, especialistas en la construcción, operación y administración de las presas en México, como Gustavo Castro Soto, de la Asociación Otros Mundos, y el jalisciense Juan Pablo Soler Villamizar, quienes llevan un seguimiento de las presas existentes y de las que están por licitarse y construirse en el país.
Con 537, México ocupa el duodécimo lugar en número de presas construidas
–China tiene 22 mil y Estados Unidos 6 mil 375– y el séptimo en destinarlas al control de inundaciones. No obstante, a partir de 2007 las lluvias sobrepasaron la capacidad de varias de ellas en Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Veracruz y Tabasco.
Este año la mayoría de los embalses llegaron a 100% de su capacidad. Sus desfogues derrumbaron puentes, cortaron carreteras y caminos y colapsaron los servicios públicos; muchas personas murieron y cientos de miles se quedaron sin casa o perdieron sus cosechas y medios de subsistencia, coinciden los especialistas.
“Hay más de 500 grandes presas en el país –hidroeléctricas y de captación de agua o control de inundaciones– ya rebasadas. Llegaron a 100% de su capacidad. Las presas del país están colapsadas. Hay ahora una gran precipitación pluvial que no se daba antes y que a partir de 2007 se agudizó”, explica Castro Soto.
Agrega que no se toma en cuenta que las presas contribuyen al cambio climático. La capa vegetal del planeta absorbe 40% del carbono de la atmósfera; si se construyen presas disminuye la superficie vegetal y aumenta la concentración de gases como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. El fenómeno crece con el desplazamiento de miles de personas (cuyas tierras son anegadas por los embalses) que han tenido que ir a vivir a otros terrenos y, por consiguiente, talar bosques o selvas para construir sus viviendas y abrir áreas de cultivo.
El ambientalista explica que las presas ya tienen fallas o fisuras, o bien ya rebasaron su vida útil porque fueron construidas hace 40 o 50 años; por la acumulación de sedimentos cada año los embalses pierden 1% de su capacidad de captación y, por lo tanto, se llenan más rápido.
Añade que desazolvar una presa implica una inversión de millones de dólares que ningún gobierno prevé cuando construye el embalse. Así, décadas después opta por subir la cortina para captar más agua, lo que significa inundar más hectáreas y desplazar de sus tierras a más campesinos.
“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –las encargadas de la operación de las presas–, nunca les han dado mantenimiento, pese a que todos los estados han reportado fisuras en los embalses.”
Hidroeléctricas subutilizadas
Castro Soto señala que, de acuerdo con datos de 2009 de la Auditoría Superior de la Federación, en cuanto a producción de energía de las hidroeléctricas, sólo 45% de la capacidad instalada fue aprovechada por la CFE. Agrega que, en consecuencia, es ilógico que anuncien la construcción de más presas.
“Lo que empezó a hacer el gobierno mexicano es lo que se está haciendo en Panamá: olvidar las grandes represas y construir microembalses. Pero es una trampa porque están privatizando los ríos. Las trasnacionales se quedan con la concesión del agua superficial de un afluente para generar cinco o 10 megawatts (mw) y venderlos… pero al construir pequeñas represas a lo largo de un río, éste quedará vacío, seco.
“En Veracruz hay empresas que están adquiriendo esas concesiones, pero a la hora de privatizar el agua superficial, privatizan los ríos y quitan a las comunidades y a los ejidos su beneficio. Ya no pueden disponer del agua. El desarrollo de esos proyectos significa dejar sin riego miles de hectáreas de cultivo y sucederá, además, como en Panamá, que río abajo los ganaderos se quedan sin agua para sus animales y pastizales.
–¿Por qué impulsa el gobierno esos microproyectos?
–La Comisión Mundial de Presas fue clara en su análisis acerca de su impacto negativo y aun así el gobierno sigue en la lógica de generar energía hidroeléctrica cuando ni siquiera la está consumiendo; esa es una de las grandes contradicciones –afirma Castro Soto.
“El gobierno cede a las presiones de la industria trasnacional que vive de la construcción de grandes presas, ya que la tendencia de la infraestructura, el agua y los ríos, así como la distribución y comercialización de la energía eléctrica, es entregarla a monopolios con el apoyo del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que les dan préstamos con más rapidez y menos transparencia”, señala Castro Soto en su manual No seas presa de las represas, que se empezará a distribuir el próximo mes.
De acuerdo con el ambientalista, instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el BM, el BID y el Fondo Monetario Internacional ponen el agua en manos de las empresas. Dos de ellas, las estadunidenses Bechtel y Monsanto quieren privatizar y controlar el agua en países como India, Bolivia y México.
Señala que el gobierno de Vicente Fox lanzó el proceso de privatización del líquido con apoyo del BM. La trasnacional francesa Suez ha ganado varias ofertas de privatización, igual que Vivendi y Bechtel, esta última con el nombre de United Utilities. La política de éstas es eliminar las cuotas fijas en el servicio del agua y elevarlas paulatinamente, aumentando la pobreza en los cinturones de miseria. Actualmente Vivendi y Suez controlan el acceso al agua potable de más de 100 millones de personas en el mundo.
De acuerdo con el manual de Castro Soto, en México se ha entregado la concesión de generación de energía a empresas multinacionales españolas como Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, y se ha beneficiado a consorcios alemanes como Siemens, RWB y Hochtief, así como a los japoneses Hitachi, Mitsubishi, Nichimen, Japan Power y EPCC Japan, entre otros.
El negocio del agua
El manual también incluye los monopolios que acaparan la venta de agua embotellada: Coca-Cola (Ciel, Dasani, Bonaqua), Pepsi-Cola (Aguafina y Electropura), Nestlé (Santa María, Pureza Vital, Nestlé, Pure Life, Aquarel, Viladrau, Peñaclara, Perrier, Vittel, San Narcisco, Imperial) y Danone (Bonafont, Pureza Agua, Evian, Font Vella y Lanjarón). Este mercado representa ganancias anuales de 22 mil millones de dólares y usa 113 mil millones de litros de agua, con un incremento anual de 7%.
En México, según cifras oficiales, más de 12 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Según el investigador, la “ambición” de las empresas trasnacionales por adueñarse del agua podrá llevar a conflictos en torno, entre muchos otros, a los ríos Lempa (Guatemala-Honduras-El Salvador), Bravo (México-Estados Unidos), De La Plata (Argentina-Uruguay) y Usumacinta, (Guatemala-México).
Por lo pronto los conflictos internos por la creación de presas se agudizan en México: científicos y ambientalistas de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) alzan la voz por el riesgo que entraña la hidroeléctrica Las Cruces, que la CFE pretende edificar en el río San Pedro, principal afluente de la extensión de pantanos llamada Marismas Nacionales, de Nayarit y Sinaloa.
El pasado 13 de septiembre los pueblos y comunidades amenazados con el despojo y el desplazamiento ocasionado por los proyectos de las presas La Parota, en Guerrero; Paso de la Reina, en Oaxaca; El Zapotillo y Arcediano, en Jalisco; así como los desplazados por la presa El Cajón, entregaron al presidente Calderón el manifiesto Por el respeto a nuestros derechos y por la cancelación de los proyectos de las presas, en el que le expusieron “una vez más” la “gravedad” de las afectaciones ambientales y de carácter social que significa imponer esos proyectos.
Hay otro problema. Los ríos de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y los del sur-sureste de México, países integrados al Proyecto Mesoamérica (antes Plan-Puebla-Panamá), están amenazados por eventuales nuevas represas: con el fin de integrar el sistema eléctrico en una red con una sola ley, y con inversión del BID, el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) dejará en manos de las trasnacionales el sector energético y del agua en esa región.
En México el Proyecto Mesoamérica tiene prevista la construcción de Boca del Cerro, en el Usumacinta, el río más caudaloso del país; ahí se levantará una presa de gravedad con seis turbogeneradores de 700 mw cada uno, para lo que se inundarán 30 mil hectáreas y se desplazará a 50 mil personas. Aquí intervendrán la mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Vivendi, Fluor y la CFE.
En Chiapas la presa Chicoasén I, alimentada por el Grijalva, será ampliada con tres turbinas. Las obras se asignaron a Alstom.
En Nayarit el río Santiago alimentará a la presa El Cajón –con la segunda cortina más alta del país–; desde 2007 se tenía proyectado terminar dos turbinas de 375 mw. Inundará tierras de los municipios de Santa María del Oro, Jala, Hostotipaquillo, Ixtlán del Río y La Yesca. El aumento en el precio del acero subió el costo inicial, de 750 millones de dólares (mdd); ICA espera una ganancia de 70 mdd.
Sólo en este proyecto participan la CFE, ICA, Constructora Internacional de Infraestructura, La Peninsular, Energo, Machexport Power Machines, West LB New Cork y London, Santander, Citigroup, HSBC, Nord LB, BBVA-Bancomer, DEPFA Banck, GE e Interacciones.
Otro proyecto en el que participa ICA es la presa San Nicolás, alimentada por el río Lerma, en Jalisco, que abastecerá de agua a León, Guanajuato. Hay otros 50 proyectos para San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Baja California, Durango, Coahuila, Campeche, Chihuahua, Chiapas y Tabasco.
En México hay múltiples ejemplos de casos en que la construcción de presas ha ido en detrimento de las comunidades: para erigir la Miguel Alemán, a mediados de los cincuenta en Oaxaca, se incendiaron las viviendas de 21 mil mazatecos que habitaban 500 kilómetros cuadrados del territorio que sería ocupado por el embalse. El reasentamiento concluyó muchos años después de la expulsión.
Veinte años después, para edificar la presa Cerro de Oro, cerca de la primera, los desplazados fueron chinantecos. Con un préstamo del BID de 50 mdd esos indígenas fueron reasentados en otras tierras degradadas ya por el ganado y sin los servicios básicos.
“La CFE y la Conagua prefieren mantener los embalses llenos para garantizar la generación de energía eléctrica, por eso no levantan las compuertas de las presas. Y con el argumento de que se requiere generar energía el gobierno proyecta la construcción de más presas, pero oculta que de la producción de energía generada por las hidroeléctricas existentes, sólo 45% fue aprovechada por la CFE”, asegura a Proceso el ambientalista Juan Pablo Soler, especialista en construcción de presas.
“Existe un estimado histórico de las precipitaciones pluviales registradas, y a pesar de que el cambio climático ocasiona que se presente mayor volumen de lluvia, se puede saber un estimado y tomar medidas al respecto. Insisto, debieron de tener solas las presas, el no hacerlo es una gran negligencia de los organismos operadores”, reitera.
–¿No tomaron en cuenta que abrirlas hasta el final costaría vidas?
–El gobierno prioriza la generación de energía y prefiere mantener las presas llenas sin importar los efectos catastróficos en las comunidades. Lo grave es que en ninguno de los casos hay un plan de contingencia –concluye.
Mientras tanto en Tabasco, el pasado lunes 20, en medio de la inundación que dejó ocho muertos y más de 300 mil daminificados, empresarios de la construcción enviaron un documento al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, en el que acusan a la Conagua de fraude en la licitación y asignación de obras para el desazolve de cuatro kilómetros del río Samaria en beneficio de las empresas Desazolves y Dragados, Armadora Tabasqueña y Napoleón, las que, según los constructores, “no tienen experiencia ni (la) maquinaria” necesarias para la obra. l
Más de 500 presas en el país ya cumplieron su ciclo de vida útil, casi todas carecen de mantenimiento y –a decir de especialistas en el tema– contribuyen al cambio climático. Sin embargo, el gobierno federal le da prioridad a la generación de energía y mantiene los embalses llenos sin importarle los efectos catastróficos que los desbordamientos y desfogues, así como el manejo turbio de los fondos y recursos hídricos sobre las comunidades. Las consecuencias ya se vieron en Nuevo León y Tamaulipas, igual que en Tabasco y Veracruz en esta temporada de huracanes. Y todavía se planea construir más embalses sin planes de contingencia.
MÉXICO, D.F., 29 de septiembre (Proceso).- Las recientes inundaciones en varios estados del país han hecho evidente uno de muchos problemas: 500 de las mayores presas mexicanas llegaron al fin de su vida útil; sus cortinas tienen fisuras y por la sedimentación, su capacidad de captación y almacenaje se ha reducido incluso hasta 50%. Deben cerrarse, pero por la presión de las trasnacionales interesadas en monopolizar la venta de energía, el gobierno federal se niega a cancelarlas.
A esa conclusión llegan investigadores ambientalistas, especialistas en la construcción, operación y administración de las presas en México, como Gustavo Castro Soto, de la Asociación Otros Mundos, y el jalisciense Juan Pablo Soler Villamizar, quienes llevan un seguimiento de las presas existentes y de las que están por licitarse y construirse en el país.
Con 537, México ocupa el duodécimo lugar en número de presas construidas
–China tiene 22 mil y Estados Unidos 6 mil 375– y el séptimo en destinarlas al control de inundaciones. No obstante, a partir de 2007 las lluvias sobrepasaron la capacidad de varias de ellas en Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Veracruz y Tabasco.
Este año la mayoría de los embalses llegaron a 100% de su capacidad. Sus desfogues derrumbaron puentes, cortaron carreteras y caminos y colapsaron los servicios públicos; muchas personas murieron y cientos de miles se quedaron sin casa o perdieron sus cosechas y medios de subsistencia, coinciden los especialistas.
“Hay más de 500 grandes presas en el país –hidroeléctricas y de captación de agua o control de inundaciones– ya rebasadas. Llegaron a 100% de su capacidad. Las presas del país están colapsadas. Hay ahora una gran precipitación pluvial que no se daba antes y que a partir de 2007 se agudizó”, explica Castro Soto.
Agrega que no se toma en cuenta que las presas contribuyen al cambio climático. La capa vegetal del planeta absorbe 40% del carbono de la atmósfera; si se construyen presas disminuye la superficie vegetal y aumenta la concentración de gases como dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. El fenómeno crece con el desplazamiento de miles de personas (cuyas tierras son anegadas por los embalses) que han tenido que ir a vivir a otros terrenos y, por consiguiente, talar bosques o selvas para construir sus viviendas y abrir áreas de cultivo.
El ambientalista explica que las presas ya tienen fallas o fisuras, o bien ya rebasaron su vida útil porque fueron construidas hace 40 o 50 años; por la acumulación de sedimentos cada año los embalses pierden 1% de su capacidad de captación y, por lo tanto, se llenan más rápido.
Añade que desazolvar una presa implica una inversión de millones de dólares que ningún gobierno prevé cuando construye el embalse. Así, décadas después opta por subir la cortina para captar más agua, lo que significa inundar más hectáreas y desplazar de sus tierras a más campesinos.
“La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –las encargadas de la operación de las presas–, nunca les han dado mantenimiento, pese a que todos los estados han reportado fisuras en los embalses.”
Hidroeléctricas subutilizadas
Castro Soto señala que, de acuerdo con datos de 2009 de la Auditoría Superior de la Federación, en cuanto a producción de energía de las hidroeléctricas, sólo 45% de la capacidad instalada fue aprovechada por la CFE. Agrega que, en consecuencia, es ilógico que anuncien la construcción de más presas.
“Lo que empezó a hacer el gobierno mexicano es lo que se está haciendo en Panamá: olvidar las grandes represas y construir microembalses. Pero es una trampa porque están privatizando los ríos. Las trasnacionales se quedan con la concesión del agua superficial de un afluente para generar cinco o 10 megawatts (mw) y venderlos… pero al construir pequeñas represas a lo largo de un río, éste quedará vacío, seco.
“En Veracruz hay empresas que están adquiriendo esas concesiones, pero a la hora de privatizar el agua superficial, privatizan los ríos y quitan a las comunidades y a los ejidos su beneficio. Ya no pueden disponer del agua. El desarrollo de esos proyectos significa dejar sin riego miles de hectáreas de cultivo y sucederá, además, como en Panamá, que río abajo los ganaderos se quedan sin agua para sus animales y pastizales.
–¿Por qué impulsa el gobierno esos microproyectos?
–La Comisión Mundial de Presas fue clara en su análisis acerca de su impacto negativo y aun así el gobierno sigue en la lógica de generar energía hidroeléctrica cuando ni siquiera la está consumiendo; esa es una de las grandes contradicciones –afirma Castro Soto.
“El gobierno cede a las presiones de la industria trasnacional que vive de la construcción de grandes presas, ya que la tendencia de la infraestructura, el agua y los ríos, así como la distribución y comercialización de la energía eléctrica, es entregarla a monopolios con el apoyo del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que les dan préstamos con más rapidez y menos transparencia”, señala Castro Soto en su manual No seas presa de las represas, que se empezará a distribuir el próximo mes.
De acuerdo con el ambientalista, instituciones como la Organización Mundial del Comercio, el BM, el BID y el Fondo Monetario Internacional ponen el agua en manos de las empresas. Dos de ellas, las estadunidenses Bechtel y Monsanto quieren privatizar y controlar el agua en países como India, Bolivia y México.
Señala que el gobierno de Vicente Fox lanzó el proceso de privatización del líquido con apoyo del BM. La trasnacional francesa Suez ha ganado varias ofertas de privatización, igual que Vivendi y Bechtel, esta última con el nombre de United Utilities. La política de éstas es eliminar las cuotas fijas en el servicio del agua y elevarlas paulatinamente, aumentando la pobreza en los cinturones de miseria. Actualmente Vivendi y Suez controlan el acceso al agua potable de más de 100 millones de personas en el mundo.
De acuerdo con el manual de Castro Soto, en México se ha entregado la concesión de generación de energía a empresas multinacionales españolas como Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa, y se ha beneficiado a consorcios alemanes como Siemens, RWB y Hochtief, así como a los japoneses Hitachi, Mitsubishi, Nichimen, Japan Power y EPCC Japan, entre otros.
El negocio del agua
El manual también incluye los monopolios que acaparan la venta de agua embotellada: Coca-Cola (Ciel, Dasani, Bonaqua), Pepsi-Cola (Aguafina y Electropura), Nestlé (Santa María, Pureza Vital, Nestlé, Pure Life, Aquarel, Viladrau, Peñaclara, Perrier, Vittel, San Narcisco, Imperial) y Danone (Bonafont, Pureza Agua, Evian, Font Vella y Lanjarón). Este mercado representa ganancias anuales de 22 mil millones de dólares y usa 113 mil millones de litros de agua, con un incremento anual de 7%.
En México, según cifras oficiales, más de 12 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Según el investigador, la “ambición” de las empresas trasnacionales por adueñarse del agua podrá llevar a conflictos en torno, entre muchos otros, a los ríos Lempa (Guatemala-Honduras-El Salvador), Bravo (México-Estados Unidos), De La Plata (Argentina-Uruguay) y Usumacinta, (Guatemala-México).
Por lo pronto los conflictos internos por la creación de presas se agudizan en México: científicos y ambientalistas de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) alzan la voz por el riesgo que entraña la hidroeléctrica Las Cruces, que la CFE pretende edificar en el río San Pedro, principal afluente de la extensión de pantanos llamada Marismas Nacionales, de Nayarit y Sinaloa.
El pasado 13 de septiembre los pueblos y comunidades amenazados con el despojo y el desplazamiento ocasionado por los proyectos de las presas La Parota, en Guerrero; Paso de la Reina, en Oaxaca; El Zapotillo y Arcediano, en Jalisco; así como los desplazados por la presa El Cajón, entregaron al presidente Calderón el manifiesto Por el respeto a nuestros derechos y por la cancelación de los proyectos de las presas, en el que le expusieron “una vez más” la “gravedad” de las afectaciones ambientales y de carácter social que significa imponer esos proyectos.
Hay otro problema. Los ríos de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y los del sur-sureste de México, países integrados al Proyecto Mesoamérica (antes Plan-Puebla-Panamá), están amenazados por eventuales nuevas represas: con el fin de integrar el sistema eléctrico en una red con una sola ley, y con inversión del BID, el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) dejará en manos de las trasnacionales el sector energético y del agua en esa región.
En México el Proyecto Mesoamérica tiene prevista la construcción de Boca del Cerro, en el Usumacinta, el río más caudaloso del país; ahí se levantará una presa de gravedad con seis turbogeneradores de 700 mw cada uno, para lo que se inundarán 30 mil hectáreas y se desplazará a 50 mil personas. Aquí intervendrán la mexicana Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Vivendi, Fluor y la CFE.
En Chiapas la presa Chicoasén I, alimentada por el Grijalva, será ampliada con tres turbinas. Las obras se asignaron a Alstom.
En Nayarit el río Santiago alimentará a la presa El Cajón –con la segunda cortina más alta del país–; desde 2007 se tenía proyectado terminar dos turbinas de 375 mw. Inundará tierras de los municipios de Santa María del Oro, Jala, Hostotipaquillo, Ixtlán del Río y La Yesca. El aumento en el precio del acero subió el costo inicial, de 750 millones de dólares (mdd); ICA espera una ganancia de 70 mdd.
Sólo en este proyecto participan la CFE, ICA, Constructora Internacional de Infraestructura, La Peninsular, Energo, Machexport Power Machines, West LB New Cork y London, Santander, Citigroup, HSBC, Nord LB, BBVA-Bancomer, DEPFA Banck, GE e Interacciones.
Otro proyecto en el que participa ICA es la presa San Nicolás, alimentada por el río Lerma, en Jalisco, que abastecerá de agua a León, Guanajuato. Hay otros 50 proyectos para San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Baja California, Durango, Coahuila, Campeche, Chihuahua, Chiapas y Tabasco.
En México hay múltiples ejemplos de casos en que la construcción de presas ha ido en detrimento de las comunidades: para erigir la Miguel Alemán, a mediados de los cincuenta en Oaxaca, se incendiaron las viviendas de 21 mil mazatecos que habitaban 500 kilómetros cuadrados del territorio que sería ocupado por el embalse. El reasentamiento concluyó muchos años después de la expulsión.
Veinte años después, para edificar la presa Cerro de Oro, cerca de la primera, los desplazados fueron chinantecos. Con un préstamo del BID de 50 mdd esos indígenas fueron reasentados en otras tierras degradadas ya por el ganado y sin los servicios básicos.
“La CFE y la Conagua prefieren mantener los embalses llenos para garantizar la generación de energía eléctrica, por eso no levantan las compuertas de las presas. Y con el argumento de que se requiere generar energía el gobierno proyecta la construcción de más presas, pero oculta que de la producción de energía generada por las hidroeléctricas existentes, sólo 45% fue aprovechada por la CFE”, asegura a Proceso el ambientalista Juan Pablo Soler, especialista en construcción de presas.
“Existe un estimado histórico de las precipitaciones pluviales registradas, y a pesar de que el cambio climático ocasiona que se presente mayor volumen de lluvia, se puede saber un estimado y tomar medidas al respecto. Insisto, debieron de tener solas las presas, el no hacerlo es una gran negligencia de los organismos operadores”, reitera.
–¿No tomaron en cuenta que abrirlas hasta el final costaría vidas?
–El gobierno prioriza la generación de energía y prefiere mantener las presas llenas sin importar los efectos catastróficos en las comunidades. Lo grave es que en ninguno de los casos hay un plan de contingencia –concluye.
Mientras tanto en Tabasco, el pasado lunes 20, en medio de la inundación que dejó ocho muertos y más de 300 mil daminificados, empresarios de la construcción enviaron un documento al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, en el que acusan a la Conagua de fraude en la licitación y asignación de obras para el desazolve de cuatro kilómetros del río Samaria en beneficio de las empresas Desazolves y Dragados, Armadora Tabasqueña y Napoleón, las que, según los constructores, “no tienen experiencia ni (la) maquinaria” necesarias para la obra. l
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