Editorial EL UNIVERSAL
Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los de...
El Diario de Juárez pidió, prácticamente suplicó, el domingo pasado a los criminales de Ciudad Juárez que ya dejen de asesinar a sus trabajadores. En su desesperación propuso una tregua, dado que la autoridad legal no es capaz de garantizar el libre ejercicio del periodismo. Aludido, el gobierno federal reaccionó como lo ha hecho desde que diera comienzo este sexenio: uno, se dijo “preocupado”, dos, minimizó los asesinatos de periodistas, y tres, regañó a quienes se atreven a hacer observaciones sobre la estrategia anti criminal. Es una fórmula que ha sido enormemente útil para alejar a la administración de los medios de comunicación.
La lucha contra la criminalidad no puede ganarse sin el apoyo de los comunicadores, ha dicho el presidente Felipe Calderón. Y sin embargo, poco se ha hecho para construir una alianza que sea capaz de cerrarle el paso a los enemigos de la libertad. Por el contrario, la estrategia de medios del gobierno calderonista ha sido muy mala. Tardó casi cuatro años para que hubiera un vocero único e informado, dedicado al tema de la seguridad. Huelga decir que la creación de este órgano resulta insuficiente si no se hace acompañar de un tono y una actitud diferentes.
No hay manera de que los periodistas se comprometan a fondo en la lucha contra la inseguridad mientras sigan sin investigarse las agresiones bajo el pretexto —sin pruebas— de que los asesinatos nada tuvieron que ver con el ejercicio del periodismo. Cómo hacerlo si el oficio se vive a dos fuegos: el de la delincuencia y también el del gobierno.
La autoridad federal debería recordar que el narcotráfico está en campaña. Matar periodistas es parte de su estrategia, y ha resultado no sólo como consecuencia de la intimidación natural derivada de la violencia, sino también porque los funcionarios se han vuelto indolentes frente a los reclamos de justicia. El editorial de El Diario de Juárez, solicitando una tregua a los criminales, es secuela inevitable del abandono gubernamental y tiene, de toda evidencia, un destinatario principal: las autoridades públicas, que no los criminales organizados.
Aún se puede rescatar una política de comunicación social en este ámbito. Hace falta, primero, disponibilidad para escuchar los reclamos, después mostrar sensibilidad ante las víctimas y finalmente responder con un tono acorde a la gravedad de los hechos.
Ni siquiera es necesario llegar al fondo práctico del problema —la impunidad— para destrabar el vínculo con los periodistas. Bastaría con un cambio de tono por parte del gobierno federal.
Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los de...
El Diario de Juárez pidió, prácticamente suplicó, el domingo pasado a los criminales de Ciudad Juárez que ya dejen de asesinar a sus trabajadores. En su desesperación propuso una tregua, dado que la autoridad legal no es capaz de garantizar el libre ejercicio del periodismo. Aludido, el gobierno federal reaccionó como lo ha hecho desde que diera comienzo este sexenio: uno, se dijo “preocupado”, dos, minimizó los asesinatos de periodistas, y tres, regañó a quienes se atreven a hacer observaciones sobre la estrategia anti criminal. Es una fórmula que ha sido enormemente útil para alejar a la administración de los medios de comunicación.
La lucha contra la criminalidad no puede ganarse sin el apoyo de los comunicadores, ha dicho el presidente Felipe Calderón. Y sin embargo, poco se ha hecho para construir una alianza que sea capaz de cerrarle el paso a los enemigos de la libertad. Por el contrario, la estrategia de medios del gobierno calderonista ha sido muy mala. Tardó casi cuatro años para que hubiera un vocero único e informado, dedicado al tema de la seguridad. Huelga decir que la creación de este órgano resulta insuficiente si no se hace acompañar de un tono y una actitud diferentes.
No hay manera de que los periodistas se comprometan a fondo en la lucha contra la inseguridad mientras sigan sin investigarse las agresiones bajo el pretexto —sin pruebas— de que los asesinatos nada tuvieron que ver con el ejercicio del periodismo. Cómo hacerlo si el oficio se vive a dos fuegos: el de la delincuencia y también el del gobierno.
La autoridad federal debería recordar que el narcotráfico está en campaña. Matar periodistas es parte de su estrategia, y ha resultado no sólo como consecuencia de la intimidación natural derivada de la violencia, sino también porque los funcionarios se han vuelto indolentes frente a los reclamos de justicia. El editorial de El Diario de Juárez, solicitando una tregua a los criminales, es secuela inevitable del abandono gubernamental y tiene, de toda evidencia, un destinatario principal: las autoridades públicas, que no los criminales organizados.
Aún se puede rescatar una política de comunicación social en este ámbito. Hace falta, primero, disponibilidad para escuchar los reclamos, después mostrar sensibilidad ante las víctimas y finalmente responder con un tono acorde a la gravedad de los hechos.
Ni siquiera es necesario llegar al fondo práctico del problema —la impunidad— para destrabar el vínculo con los periodistas. Bastaría con un cambio de tono por parte del gobierno federal.
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