miércoles 28 de octubre de 2009

Mario Calderón Cigarroa denunciado en el Congreso de Durango

El periodista Juan Monrreal López, pide que los diputados intervengan para aclarar el levantón del que fue objeto

* De acuerdo al Artículo 45 de la Constitución de Durango, es obligación de los legisladores inmiscuirse

Luis Arturo Avendaño
Octubre 28 del 2009
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Durango, Durango.- Cuarenta y dos días después de que el Director de la Revista Demócrata Norte de México, Juan Monrreal López, fuera levantado por supuestos policías de Gómez Palacio, este 27 de octubre, presentó en la Oficialía de partes del Congreso del estado de Durango, la denuncia formal en contra del presidente municipal de Gómez Palacio, Mario Alberto Calderón Cigarroa, el regidor priista, Carlos Sonora Martínez, dos supuestos agentes de la policía municipal, un celador de apellido Ornelas, el secretario de Seguridad Pública, Víctor Hugo Cordero, el jefe de la policía, Roberto Torres Salinas, más los que resulten; buscando que el Congreso del estado intervenga según lo mandata el Artículo 45 de la Constitución de Durango.
Acompañado por los periodistas, Mauricio Yen Fernández, Juan Manuel Almonte, Director y Editor del Periódico La Palabra, publicado en esta ciudad capital, Monrreal López, dio una conferencia de prensa en el vestíbulo de la Cámara de diputados.
Interrogado por los compañeros reporteros de los distintos medios duranguenses, Monrreal López, aseveró que “El ejercicio periodístico, debe de estar por encima de las empresas para las que se trabaja”. Pero además, “que debemos estar al grito de ya, cuando nuestros compañeros sean agredidos”.
Recordó los asesinatos de los 2 periodistas que en el transcurso del año han perdido la vida en la entidad. Dijo que, “en poco más de 5 meses, los asesinatos de los periodistas Carlos Ortega Melo Samper, del Tiempo de Durango, ultimado de 3 tiros en la cabeza en el municipio de Santa María del Oro, así como el crimen de Elíseo Barrón, diarista del periódico La Opinión Milenio, son la punta del iceberg de las agresiones que somos víctimas en el estado de Durango, por ejercer nuestra profesión”.
Con la denuncia, contenida en un legajo de 9 hojas, Juan Monrreal López, procedió a entregar las copias a los distintos poderes del estado, para su conocimiento.
Al final del día, el presidente de la Gran Comisión del Congreso, Jorge Herrera Delgado; el ejecutivo del estado, Ismael Hernández Deras; el Magistrado Apolonio Betancourt Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia; junto con secretario General de Gobierno, Oliverio Reza Cuéllar; el presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos, Carlos García Carranza; más todos los coordinadores de los legisladores duranguenses, quedaron enterados de la situación que priva en contra del ejercicio periodístico en la entidad.

Reproducimos completo el texto entregado al Congreso de Durango, en su actual LXIV Legislatura.
Gómez Palacio, Durango, 27 de octubre del 2009

H.LXIV Legislatura del Congreso del estado de Durango

C. Diputado Jorge Herrera Delgado

Presidente de la Gran Comisión del H. Congreso de Durango

Palacio Legislativo

Durango, Durango.

Presente.-

Respetuosamente me dirijo a usted, en su carácter de presidente de la Gran Comisión del Congreso de Durango, en la presente LXIV Legislatura, con el objeto de denunciar ante este H. poder Constitucional, el levantón del que fui objeto por supuestos elementos de la dirección de Seguridad Pública municipal, de la ciudad de Gómez Palacio, el pasado 15 de septiembre del año en curso, teniendo como causa, a decir de mis secuestradores, “ el hablar mal del alcalde”, Mario Alberto Calderón Cigarroa, siendo mi persona, un “encargo del regidor priista Carlos Sonora Martínez”, según expresaron, los apócrifos agentes; hecho que sin duda, se puede tipificar como un claro ataque a la Libertad de Expresión; un Derecho Humano fundamental, que la Constitución General de la República Mexicana, defiende en su Artículo 7, al igual que la Constitución del estado de Durango, en su Artículo 5, que a la letra expone, “ La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”; tal como lo dejan ver los hechos en mi contra, cuando sin cumplir con la ley, supuestos agentes de policía me privaron de la libertad ilegalmente, con el argumento de “hablar mal del alcalde” Mario Alberto Calderón Cigarroa.

Asimismo, con el levantón del que fui objeto, se violaron el Artículo 3 de la Constitución de Durango, que especifica que, “En el estado de Durango, toda persona tiene derecho a la libertad, la seguridad personal”. También, se hizo de lado el ordenamiento constitucional del estado que estipula en su Artículo 9, que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Por si fuera poco, mi levantón sólo refuerza que la Ley de fomento y protección al periodismo del estado de Durango, es letra muerta. En nuestro estado, las agresiones contra los informadores son operación cotidiana.

En el transcurso del año, la violencia contra periodistas ha cobrado la vida de dos reporteros, amén de otras agresiones que no se denuncian al ver la pasividad de las autoridades, o el contubernio de éstas con los agresores.

Pese a lo anterior, los funcionarios públicos de los tres poderes del estado, siguen sin inmutarse. No se conoce postura pública de los tres poderes de Durango, acompañada de acciones reales en defensa de los periodistas.

Consciente del papel esencial que mantiene el H. Congreso del estado de Durango, en el ejercicio del poder público de la entidad, este periodista, pero ante todo ciudadano, acude a esta H. LXIV Legislatura, para que de acuerdo a la Constitución del estado de Durango, se conmine al alcalde ilegal sustituto de Gómez Palacio, Mario Alberto Calderón Cigarroa, para que aclare la privación ilegal de la libertad de la que fui objeto, toda vez que los supuestos elementos policiacos que lo hicieron dependen de ese funcionario.

Por esto, apegado a la Carta Magna estatal, me acojo específicamente al Artículo 45, que estipula que, “Los diputados son defensores de los derechos sociales de los habitantes que representan en el Congreso del Estado”, pero sobre todo, exijo que se aclaren los hechos acaecidos el 15 de septiembre del presente año, cuando se violentaron mis derechos ciudadanos, así como el libre ejercicio de la Libertad de Expresión.

Como profesional del ejercicio periodístico, y sin existir falta administrativa alguna que ameritara mi levantón, - al margen de que no se cumplió el mínimo protocolo de una detención apegada a derecho -, el abajo firmante, denunció ante las autoridades ministeriales del estado la privación ilegal de la libertad que sufrió, buscando que se castigue a los culpables directos, así como a los posibles responsables intelectuales de este acontecimiento.

Por ello, el día 23 de septiembre del año en curso, en primera instancia interpuse denuncia de hechos ante el Agente del Ministerio Público de Conciliación y Delitos Diversos, Jaime Ibarra, funcionario de la subprocuraduría de Justicia en La Laguna; querella que recibió el número AP 3729/2009.

Posteriormente, el día 5 de octubre, denuncié ante la Procuraduría General de la República, en su sede de Gómez Palacio, los mismos acontecimientos, querella clasificada con la clave AP/PGR/DGO/1/261/2009, quedando en manos de esta dependencia federal, la averiguación encuadrada en la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra los periodistas.

Desde ese 15 de septiembre, que fui levantado, han transcurrido 42 días; tiempo en que las autoridades municipales han minimizado el suceso, con el argumento de que este reportero, fue secuestrado por “miar (sic) en la calle”, primera explicación usada por los supuestos policías, que al igual que los delincuentes, manejaban una camioneta sin luces encendidas, con la torreta apagada, en sentido contrario, y con las armas en la mano, para detenerme, sin preocuparse por apagar, ni cerrar mi vehículo, mismo que permaneció así durante la hora que estuve levantado.


Por esto, expongo ante Usted y la H. LXIV Legislatura del estado de Durango, los siguientes hechos:

1.- El día 25 de septiembre, aproximadamente a las 21:30 horas, el suscrito se encontraba parado a la puerta de su vehículo sobre el Bulevar Margarita García de Guerrero Mier, casi esquina con la Calzada Denébola, con el auto abierto, con las llaves puestas y el auto en ignición, cuando en sentido contrario del Bulevar Margarita García, llegó una camioneta con apariencia de patrulla, con los faros apagados, la torreta extinta, en sentido contrario, estacionándose justo detrás de mi coche para obstruir el paso.

Entonces de la aparente patrulla, se bajaron dos supuestos agentes, mismos que no andaban uniformados; sólo traían camisas blancas; sin mediar palabra, los sujetos se acercaron al suscrito con pistola en mano encañonándolo, para luego decirme a boca de jarro: “estás detenido cabrón, pues una señora te denunció porque cometiste una falta administrativa, hijo de la chingada; a ver si ahora eres muy hombrecito, hijo de puta”.

A la sazón este suscrito preguntó “¿Cuál es la falta administrativa?, tráeme la señora que me señala”.

En aquel momento, el supuesto policía sólo respondió: “el regidor Carlos Sonora Martínez, te señaló, ahora te vas a chingar, porque esta es una orden del regidor: además el regidor Carlos Sonora, dijo que a ver si aprendes a callarte y no andes hablando mal del presidente municipal, hijo de tu pinche madre; ahora si te va a llevar la chingada; súbete a la patrulla, hasta aquí llegaste, a lo mejor ya no apareces”.

Acto seguido, el otro policía apócrifo, esposó a este reportero, cuando el suscrito exigió que se identificaran.

Lejos de hacerlo, como marca la ley, los hipotéticos policías siguieron amenazando a este periodista, quien insistía que se estaban violando sus derechos ciudadanos. Los dudosos oficiales, siguieron intimidando, “o te subes, o te subimos a güevo (sic)”, a lo que este corresponsal respondió: “conmigo no van a batallar”, procediendo a montarme en la caja de la camioneta.

Sin abandonar la línea de terror, los aparentes policías pasearon a este reportero por aproximadamente media ahora, tiempo en que, el supuesto vigilante que me custodiaba, me repetía insistentemente que, “mira cabrón, te levantamos por órdenes del regidor Carlos Sonora, ni la hagas de pedo, el tiene todo el apoyo del señor presidente municipal y de una vez te vamos a decir (sic): nunca más se te ocurra hablar mal del presidente, porque la próxima vez, te mueres güey”, enfilándose entonces hacia el módulo de detención ubicado sobre la avenida Hidalgo, casi esquina con 20 de noviembre.

Cabe señalar que, el trayecto del punto de donde fui levantado, hasta el módulo de aprehensiones, se cubre en vehículo con velocidad moderada en 6 u 8 minutos, en este caso, los supuestos policías tardaron alrededor de 30 minutos, tiempo que usaron para hostigarme intentando crear horror en mi persona.

2.- Durante mi paseo, como pude, logré llamar desde mi teléfono celular a mi compañero de trabajo del Canal 2 de Televisión de Torreón, Coahuila, Salvador López Ramos, avisándole que estaba levantado y que estaba siendo paseado por las calles de Gómez Palacio. Entonces le pedí que buscara la forma de encontrarme, pues en realidad, no tenía la certeza de que los supuestos policías, pues jamás siguieron un procedimiento de ley, por el contrario, habían actuado como opera la delincuencia organizada.

3.-La aparente patrulla arribó al módulo de detenciones ya citado, pero para mi sorpresa, las primeras palabras pronunciadas por los agentes apócrifos fueron: “aquí está el encargo del regidor”.

Una vez en la barandilla de detenciones, este periodista preguntó al Alcaide del centro de reclusión su nombre; el funcionario se negó a proporcionarlo, mascullando sólo su apellido; Ornelas.

Enseguida, el carcelero soltó;“tu detención se debe a una orden del regidor, Carlos Sonora”.

Ya sin esposas, Ornelas, exigió a este ciudadano que le entregara el cinturón, la cartera, a la que por cierto, le faltaron mil pesos cuando la devolvieron.

Pero la coacción no cesó.

Ornelas, ordenó amenazador a este reportero que le echara las cintas de los zapatos.

Entonces le dije al celador Ornelas, “¿crees que me voy ahorcar?

De inmediato, el Alcaide respondió en forma críptica; “puede ser”. Procediendo a encarcelarme de inmediato.

4.-Momentos después de que este periodista fuera depositado en el galerón de detenciones, arribaron varios periodistas que acompañaban a mi compañero de trabajo en el Canal 2 de Televisión de Torreón, Salvador López Ramos, exigiendo mi libertad.

En el colmo de la desfachatez, el Alcaide, que dijo apellidarse Ornelas, exigió que se cubriera una multa, misma que me negué pagar, pues no había cometido falta alguna y sí por el contrario, los supuestos agentes policiacos que me levantaron rompiendo toda legalidad, se mantenían impunes y clandestinos; como siguen hasta la fecha.

Cabe hacer notar que en el municipio de Gómez Palacio, no se detiene a nadie por falta administrativa alguna, los días 15 y 16 de septiembre, en honor al grito y consumación de la Independencia de México, lo que explica porque el galerón de detenidos sólo contenía a este periodista.

5.-Instantes antes de que este reportero fuera liberado, el sujeto que dijo apellidarse Ornelas, confesó ante el grupo de periodistas que encabezaba mi compañero del Canal 2 de Televisión, de Torreón, Coahuila, Salvador López Ramos, que mi levantón fue “ un encargo del regidor Carlos Sonora, porque esta persona habla muy mal del alcalde”, Mario Alberto Calderón Cigarroa.

6.-Por fin, alrededor de las 10 y media de la noche recuperé mi libertad de la que había sido privado de manera ilegal y con todas las agravantes que el Código penal del estado de Durango, tipifica como privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

7.- Reitero que mi liberación obedeció a la presencia y presión de mis compañeros periodistas, no a las intenciones o apego a la ley de los supuestos servidores públicos, quienes durante una hora violaron ininterrumpidamente mis derechos, consagrados en la Constitución general de la República, así como la particular del estado de Durango; también en la letra muerta que está convertida la Ley de fomento y protección al periodismo del estado de Durango.

Subrayo que la privación ilegal de mi libertad obedece esencialmente a la intención de callar mi ejercicio periodístico, pues los supuestos agentes insistieron reiteradamente que mi levantón obedecía a “un encargo del regidor Carlos Sonora Martínez, por hablar mal del alcalde” de Gómez Palacio, Mario Alberto Calderón Cigarroa.

En particular, no tengo dudas que mi levantón fue un encargo, ya que mientras los supuestos agentes me paseaban, siempre insistieron que, “a lo mejor ya no apareces”, o la frase críptica emitida por el sujeto que dijo ser Alcaide del módulo de detenciones, “puede ser que me ahorque”.

8.-Coincidentemente con el levantón del que fui objeto el día 15 de septiembre, las fechas 5, 9 y 12 del mismo mes, este periodista analizó en el Canal 2 de Televisión, de Torreón, Coahuila, la cuenta pública del Municipio de Gómez Palacio, ejercida por la actual administración. En la investigación, demostré serias irregularidades en el presupuesto de egresos, consistentes en desvíos de recursos públicos, por varios millones de pesos, lo que a mi entender fue el motivo central de privación ilegal de la libertad que sufrí a manos de supuestos agentes de la dirección de Seguridad Pública municipal.

9.-Es válido mencionar que el secretario de Seguridad Pública municipal, Víctor Hugo Cordero, al igual que el director de la policía, Roberto Torres Salinas, reiteradamente han dicho de manera pública, que ellos no presentarán a los supuestos agentes ante el Ministerio Público federal, pues no distraerán elementos en careos; lo que enseña su ignorancia jurídica, pero sobre todo, su prepotencia o la incapacidad del alcalde ilegal sustituto, Mario Alberto Calderón Cigarroa, para conducir el municipio.

10.- Debo decir, que con el ánimo de que se aclarara la privación ilegal de la libertad que padecí, platiqué con Mario Calderón Cigarroa, el día 8 de octubre, solicitándole que presentara a los supuestos policías; que se investigara a fondo quien les ordenó mi levantamiento, pero sobre todo, que se castigue a los responsables de este hecho. Hasta la fecha, Mario Calderón Cigarroa, ha hecho mutis, y ni siquiera él, ha logrado que el secretario de Seguridad Pública, Víctor Hugo Cordero, junto con el jefe de policía Roberto Torres Salinas, proporcione los nombres de los apócrifos agentes, lo que enseña el poder que tienen los jefes policiacos.

De mi reclusión ilegal en los galerones del módulo de detención, nunca hubo parte policial.

11.-Teniendo presentes los homicidios de periodistas cometidos en la República Mexicana, donde ejercer el oficio periodístico es más difícil que en países en guerra, pero además, convertida nuestra nación en el segundo Estado más peligroso del mundo para practicar el periodismo, no se puede soslayar que Durango, no se encuentra exento de homicidios en contra de periodistas, así como de agresiones a los mismos.

En el presente año, dos reporteros han sido asesinados.

El pasado 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, Carlos Ortega Melo Samper, periodista del diario, El Tiempo de Durango, fue ultimado de tres tiros en la cabeza en el municipio de Santa María del Oro, cuando ahondaba en la investigación de las condiciones insalubres que guarda el rastro municipal de ese ayuntamiento.

Carlos Ortega Melo Samper, había denunciado las reiteradas amenazas que el alcalde Martín Silvestre, había proferido en su contra, junto con el Agente del Ministerio Público, Salvador Flores Triana.

Las autoridades judiciales, el ejecutivo estatal, Ismael Hernández Deras, y la propia LXIV Legislatura del Congreso de Durango, no le han dado la importancia debida, puesto que de este crimen, “no existen pistas”, a decir de las propias autoridades.

Por eso, no hay avances para aclarar este crimen; 180 días después de que la vida de Carlos Ortega Melo Samper fue segada. Peor. Todo parece indicar que este crimen quedará impune.

Después, el 26 de mayo, en Gómez Palacio, Elíseo Barrón Hernández, reportero del diario, Milenio La Opinión, de Torreón, Coahuila, fue sustraído de su casa por un comando armado. Un día después, el periodista fue encontrado en un canal de riego con evidentes signos de tortura y cinco tiros que le quitaron la vida.

Extrañamente, del crimen de Carlos Ortega Melo Samper, que involucra al alcalde de Santa María del Oro, no existen pistas. Del caso de Elíseo Barrón Hernández, hay algunos “detenidos confesos”.

En derecho exijo que:

Con fundamento en lo que previene y establece la Constitución General de la República, la Constitución del Estado de Durango, así como lo establecido por Código penal del estado se castigue por:

Privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública, intimidación, tráfico de influencias, asalto, amenazas e injurias, más lo que resulten, a los involucrados en mi levantón.

Señalo en primer lugar a;

Mario Alberto Calderón Cigarroa, presidente ilegal sustituto del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango.

Al regidor priista, Carlos Sonora Martínez; así como a los dos supuestos agentes de la policía preventiva.

También al sujeto que dijo apellidarse Ornelas, toda vez que dependen del Republicano Ayuntamiento de Gómez Palacio, y que durante mi levantón, machacaron que este reportero era el encargo del regidor “Carlos Sonora Martínez, por hablar mal del alcalde, Mario Calderón Cigarroa”.

A mi entender, mis derechos violentados los castigan varios Artículos del Código Penal vigente: Artículo 20; fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; Artículo 51, fracción IV; Artículo 61 con relación al a los Artículos 162, 167, 205, 362,378 y 399.

De la Ley de fomento y protección al periodismo del estado de Durango, sólo me queda afirmar, - con toda la pena del mundo -, que es letra muerta en el estado; reforzando la impresión de que las leyes se encuentra al servicio de los grupos políticos y empresariales, con una visión totalitaria y caciquil de la vida pública; desgraciadamente, emplazados en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del estado.

Como profesional de la comunicación periodística, soy Director de la Revista Demócrata Norte de México; laboro en el Canal 2 de Televisión de Torreón, Coahuila; igualmente trabajo en otros medios impresos de La Laguna; la Ciudad de México, D.F., como la Revista Imagen Médica, de la que soy asesor de la dirección; también en medios de Saltillo, Coahuila, la ciudad de Durango; ocasionalmente colaboro con medios distintos de la República Mexicana y el extranjero; es por ello, que como responsable de los programas de análisis político del Canal 2 de Televisión, el suscrito realizó un escudriñamiento acerca de de la administración que dirige Mario Alberto Calderón Cigarroa, en su carácter de presidente ilegal sustituto del municipio de Gómez Palacio, encontrando serias e ilegales desviaciones de recursos públicos por varios millones de pesos, retratados en el ejercicio de la cuenta pública municipal; irregularidades que se hicieron del dominio público los días 5, 9 y 12 de septiembre del presente año, en el Canal 2 de Televisión; fechas antes que de este reportero fuera levantado por los supuestos policías.

Por lo expuesto, quiero dejar sentado, que me preocupa que la legalidad e institucionalidad de la vida pública y administrativa de Gómez Palacio, se vea amenazada por las fuerzas ocultas que ordenaron mi levantamiento, el pasado 15 de septiembre, grupos que sin duda, son peligro para las instituciones, así como también, para mi integridad física y la de mi familia, en la medida que no se esclarezca quienes son los responsables intelectuales del acto señalado.

Convencido de que, en una sociedad donde la Libre Expresión es amenazada por fuerzas oscuras, pero también por grupos ubicados en las instituciones públicas; como ciudadanos y profesionales del periodismo, tenemos la obligación de denunciar que estos elementos constituyen el preludio hacia una sociedad totalitaria.

Es lo que me encuentro haciendo ante ustedes miembros de la LXIV Legislatura.

Este periodista, solicita como exigencia, que el H. Congreso del estado de Durango, en su actual LXIV Legislatura, conmine al alcalde ilegal sustituto de Gómez Palacio, Durango, Mario Alberto Calderón Cigarroa, a presentar a los supuestos agentes policiacos que me secuestraron el pasado 15 de septiembre, alrededor de las 9 y media de la noche. También, que el mencionado funcionario, trace las medidas necesarias para que el cuerpo policiaco de Gómez Palacio, se ciña a las leyes, pues mi levantamiento, no es el primero y por desgracia, no ha sido el último que ejecutan elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal a cargo de Víctor Hugo Cordero y Roberto Torres Salinas; toda vez que elementos de policía han conducido a ciudadanos hasta los cajeros automáticos de los bancos, para que los civiles que han levantado, les entreguen sumas en efectivo para liberarlos.

También, insto como exigencia que; la legalidad en el municipio de Gómez Palacio, sea la norma de conducta que relacione al poder público con los trabajadores de los medios de comunicación que laboramos, vivimos e informamos en este ayuntamiento, uno de los más violentos del estado de Durango.

Conociendo la trascendencia de las determinaciones que se toman en el H. Congreso de Durango, en su actual LXIV Legislatura, en la importancia que guardan las recomendaciones emitidas en este H. Cuerpo Legislativo, acudo ante ustedes, y ante el presidente de la Gran Comisión C. Jorge Herrera Delgado, en busca de justicia para que se castigue con todo el rigor de la ley a los funcionarios públicos que ordenaron mi secuestro, así como, a quienes lo ejecutaron, toda vez que el alcalde ilegal sustituto de Gómez Palacio, Durango, Mario Alberto Calderón Cigarroa, nada ha hecho por esclarecer mi plagio, a pesar de que el día 8 de octubre, me reuní con él, imbuido con el ánimo de encontrar a los culpables del acontecimiento.

Quiero reiterar que, este periodista interpuso formal denuncia en el Ministerio público del fuero común, en la subprocuraduría de Justicia del estado de Durango, en La Laguna, querella que recibió el número AP 3729/2009. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR), preocupada por la situación que prevalece en la entidad, atrajo esta investigación por medio de la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas, dándole la clasificación AP/PGR/DGO/GP/1/261/2009.

El suscrito, reitera que estas denuncias penales se encuentran en contra de Mario Alberto Calderón Cigarroa, alcalde ilegal sustituto de Gómez Palacio; el regidor priista, Carlos Sonora Martínez, así como de los supuestos elementos de la policía que arbitraria e ilegalmente me detuvieron, encañonándome con armas de fuego, amenazando con desaparecerme, por el simple motivo de ejercer mi profesión, que consiste en informar, y que de acuerdo a lo que vertieron verbalmente durante una hora dichos sujetos, era por hablar mal del alcalde Mario Alberto Calderón Cigarroa.

Asimismo, insisto que hago responsables al presidente ilegal sustituto de Gómez Palacio, Durango, Mario Alberto Calderón Cigarroa; al regidor priista, Carlos Sonora Martínez, así como a los supuestos agentes que me levantaron, como los primeros autores, si llegase a pasar algún atentado en contra de mi persona, así como a mi familia y colaboradores, en tanto mi secuestro no sea esclarecido.

También señalo al secretario de Seguridad Pública, Víctor Hugo Cordero, así como al jefe de la policía, Roberto Torres Salinas, quienes en todo este tiempo, han querido minimizar mi levantón, haciendo escarnio de una supuesta falta administrativa que nunca existió, pero además, escondiendo a los supuestos policías que me secuestraron.

Como creyente de la República, así como en el espíritu de Legalidad y de Justicia que debe regir en el H. Congreso del estado de Durango, en su actual LXIV Legislatura, confío en su intervención para que nadie en la entidad se ponga por encima de la ley.


Protesto lo necesario.


Juan Monrreal López
Director de la Revista Demócrata Norte de México
jmonrreall@yahoo.com


c.c.p Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
c.c.p. Lic. Fernando Gómez-Mont Urueta
Secretario de Gobernación
c.c.p. Lic. Arturo Chávez Chávez
Procurador General de la República
c.c.p. Dr. José Luis Soberanes Fernández
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
c.c.p. C.P. Ismael Hernández Deras
Gobernador del estado de Durango
c.c.p Lic. Oliverio Reza Cuéllar
Secretario General de Gobierno del Estado de Durango
c.c.p. Lic. Daniel García Leal
Procurador de Justicia del Estado de Durango
c.c.p. Lic. Apolonio Betancourt Ruiz
Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia
c.c.p. Dr. Carlos García Carranza
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango
c.c.p. Diputados del Partido Acción Nacional
c.c.p Diputados del Partido del Trabajo
c.c.p. Diputados del Partido de la Revolución Democrática
c.c.p. Diputado del Partido Duranguense
c.c.p. Diputado del Partido Nueva Alianza
c.c.p. A los medios de comunicación del estado de Durango.

También diputados tendrán su ‘regalo’

José Reyes
28-Octubre-2009/Vanguardia

Los legisladores locales de Coahuila tienen garantizado un feliz año nuevo con la entrega de 196.5 mil pesos en diciembre

Una bolsa de entre 196 mil 539 y 236 mil 539 pesos recibirán como “regalo” de fin de año los diputados locales de Coahuila en diciembre, como resultado de la entrega de aguinaldo, dieta mensual y la variedad de “extras” que se les entregan por su función legislativa.
La diferencia de percepciones surge a raíz de las características de cada legislador pues si, por ejemplo, es de fuera de Saltillo, es coordinador de fracción, o preside la Junta de Gobierno, reciben partidas extras. Son pocos, sólo seis, los parlamentarios que se embolsarán el mínimo de 196 mil 539 pesos, cantidad correspondiente a quienes son de Saltillo y no coordinan grupo parlamentario.
Esos legisladores “únicamente” recibirán las cantidades adicionales que reciben todos: apoyo parlamentario y gestión social.
Un segundo grupo está integrado por los foráneos que no coordinan fracción, y que conforman el grupo más numeroso: 21 diputados, quienes se llevarán a sus alforjas 200 mil 539 pesos.
También habrá legisladores que recibirán hasta 215 mil 539 pesos con 24 centavos: los coordinadores de fracción que son foráneos, como Mario Alberto Dávila Delgado, del PAN, y Jesús Contreras Pacheco, de la UDC. Es especial el caso de la perredista Cecilia Yanet Babún, quien como representante de partido, el PRD, recibirá 207 mil 539 pesos, pues además es foránea.
Ella sólo es representante de partido, pues no alcanza a ser fracción porque sólo es una diputada.
El caso del priísta Fernando de las Fuentes también es especial, pues como presidente de la Junta de Gobierno, recibe 25 mil pesos adicionales que no se entrega a ningún otro integrante de la Legislatura, por lo que su suma asciende a 236 mil 539 pesos.
Los diputados locales tienen una amplia gama de extras que hacen que sus percepciones se incrementen notablemente.
Por apoyo parlamentario reciben 25 mil pesos, más 20 mil que se agencian por gestión social.
Sin embargo, si el legislador no es de Saltillo, el Congreso lo apoya con 4 mil pesos mensuales para renta de alguna casa u hotel.
Pero el abanico de “prestaciones” no para ahí, pues si el parlamentario es coordinador de fracción, se le paga 15 mil pesos más, y si sólo es representante de partido, se le dan 7 mil pesos.
Y para este diciembre, se deben agregar 90 mil 453 pesos por concepto de aguinaldo, para completar la jugosa bolsa que hará pasar a los legisladores una feliz Navidad y, por supuesto, un próspero año nuevo.

Simulan retén para atacar

EL SIGLO DE TORREÓN / Gómez Palacio

GENERAL QUE PASABA POR GÓMEZ PALACIO FUE AGREDIDO EN UN FALSO RETÉN; INDAGAN INTENTO DE ROBO


El ataque a un general del Ejército en la carretera Jiménez-Gómez Palacio la mañana del lunes, ocurrió en un retén falso colocado por un grupo de cuatro personas que buscaron detener la camioneta en la que viajaban el militar y su esposa, de acuerdo con las investigaciones de la Subprocuraduría de Justicia de Durango en la Región Lagunera.
El "retén" estaba sobre la carretera a la altura del Ejido Estación Noé, a 12 kilómetros de Gómez Palacio, y el grupo armado marcó el alto a la camioneta Dodge Durango que conducía el general brigadier Héctor Aguilar Soriano.
Una de las hipótesis del Ministerio Público es que el grupo de cuatro personas pretendía robar la camioneta del militar.
Aguilar Soriano ignoró la señal de alto y siguió de frente, por lo que las cuatro personas abrieron fuego con armas largas, cuyo calibre se desconoce. El general fue alcanzado por esquirlas que le pegaron en el pómulo derecho, mientras que su esposa salió ilesa.
El militar condujo su camioneta a Gómez Palacio para recibir atención médica y dar aviso a las autoridades.
Según las declaraciones al MP de la esposa de Aguilar Soriano, los atacantes iban en una camioneta tipo Van color blanco, sin insignias de ningún tipo, y los cuatro hombres llevaban chalecos antibalas.
La camioneta del militar recibió once impactos de bala en ambos costados. Aguilar Soriano, comandante de la Guarnición Militar de El Ciprés, en Baja California, se dirigía a Reynosa, Tamaulipas.
Hasta ayer no se habían reportado detenidos.
En los últimos meses se han presentado incidentes similares en la misma carretera, en los que viajeros procedentes del Norte han sido asaltados.
Hasta ayer, Aguilar Soriano no había presentado denuncia por lesiones o daños a su vehículo.
Sin embargo, dos personas que pasaban por el lugar y fueron alcanzados por las balas ya presentaron sus denuncias.
Cuauhtémoc Luján y José Alfredo Campuzano, comerciantes de Delicias, viajaban a León, Guanajuato, y pasaban por Estación Noé al momento en que Aguilar Soriano evadía el falso retén.
Según el Ministerio Público, Luján iba al volante de la camioneta y aceleró la marcha para rebasar la Dodge Durango, cuando recibieron impactos de bala. Ambos resultaron heridos, pero están fuera de peligro.
Fuentes de la Subprocuraduría señalaron que el ataque se investigará "de oficio", aunque hasta ahora no tienen pistas sobre la identidad de los atacantes.

Propone subsecretario de Sagarpa a campesinos "aprender del narco"

Identifica su mercado y establece su logística; “desafortunadamente” se aboca a cultivos ilegales, dijo.

Matilde Pérez y La Jornada en línea Publicado: 28/10/2009 13:58

México, DF. Los campesinos deben aprender la lógica de mercado del narcotráfico, pues ellos “saben cómo usarlo”, dijo el subsecretario de Agronegocios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Jeffrey Jones Jones en conferencia de prensa, luego de inaugurar el foro “La política agroalimentaria en un escenario de crisis económica global”.
Se le preguntó si está consciente de lo que dijo: “Claro, hay que aprender de ellos porque identifican su mercado y crean su logística. Desafortunadamente, están integrados a cultivos ilegales”.
“Ésa es la lógica que tenemos que aprender a usar en el campo: definir el mercado y luego orientar el aparato productivo, la logística para poder surtir estos mercados”, dijo.
Incluso, dijo que han logrado dominar los mercados “sin subsidio”. “Cuando uno aprende la lógica del mercado, todo lo demás cae por inercia sola y eso es lo que tenemos que aprender en el campo mexicano", aseveró.

PIB caerá entre 6 y 7% en el tercer trimestre de 2009, estima BdeM

Estima que la economía, en recesión desde los primeros tres meses del año, disminuirá 6.8% en todo 2009 pero crecerá 3 por ciento el próximo.

AFP Publicado: 28/10/2009 14:31

México, DF. La economía mexicana, la segunda de América Latina y en recesión, caerá entre 6 y 7 por ciento en el tercer trimestre de 2009, estimó este miércoles el Banco de México.
La autoridad monetaria estimó que en el periodo julio-septiembre de 2009 se registrará "una caída de entre 6 y 7 por ciento anual (del PIB), lo que se compararía favorablemente con la caída de 9.2 por ciento anual observada en el primer semestre del año", destaca el organismo en un comunicado.
A principios del tercer trimestre, el banco central observó un "punto de inflexión" en la tendencia a la baja de la economía gracias a la recuperación global y al reimpulso de sectores nacionales que fueron afectados por el brote del virus A/H1N1 en la primavera pasada.
Sin embargo, la institución reconoce que previsiblemente la actividad productiva en México "aún se mantenga durante un tiempo en niveles inferiores a los registrados antes del inicio de la crisis".
El gobierno estima que la economía mexicana, en recesión desde el primer trimestre de este año, disminuirá 6.8 por ciento en todo 2009 pero crecerá 3 por ciento el próximo año.

Crisis lleva ratas al menú de pueblos perdidos en México para sobrevivir

En los últimos dos años, más de 5 millones de mexicanos cayeron en la pobreza extrema.

Reuters Publicado: 28/10/2009 10:44

Charco Cercado, SLP. En pueblos perdidos como Charco Cercado la pobreza, profundizada por la peor crisis económica mexicana en siete décadas, se respira en cada polvorienta calle de casas de adobe.
Muchos de los mil habitantes de este pueblo en el central estado de San Luis Potosí, una mancha de caseríos en la desértica región, sobreviven cazando ratas de campo porque en las yermas tierras nada crece. Y tampoco hay donde trabajar.
La escena de Charco Cercado se multiplica por poblados de México, donde solamente entre 2006 y 2008 más de 5 millones de personas cayeron en la pobreza extrema, o lo que es lo mismo, tienen dificultades para poder comer todos los días.
Las alzas globales en los precios de las materias primas como el maíz y el frijol azotaron a las clases más bajas durante esos años.
Y ahora, funcionarios estiman que el coletazo de la recesión mexicana -desatada por la crisis global- empujará al menos a otros dos millones de personas a pasar hambre. Las Naciones Unidas coloca la cifra entre 1 y 2 millones.
Enedina Carrera, de 43 años, ruega que sea verdad la promesa anunciada semanas atrás por el presidente Felipe Calderón de aumentar los programas de asistencia a los pobres, que representan la mitad de los 107 millones de mexicanos.
"Yo quisiera que viniera el presidente, o un gobernador a pasar unos días aquí, en una casa de éstas donde las víboras de cascabel se nos meten por debajo de la puerta", dijo Carrera, madre de cinco hijos y que aplica inyecciones y reparte medicamentos del gobierno en su casa.
Las truncadas esperanzas de progreso en Charco Cercado terminaron en una planta maquiladora vacía, impulsada por el gobierno estatal para emplear a la población, pero la irrupción de la crisis económica complicó ponerla en operación.
El pueblo, donde no hay hospital ni policías y el agua potable se reparte en carros tirados por burros, entra en la franja de México que considera en pobreza alimentaria a las personas que no logran consumir 2 mil 200 calorías diarias. Eso sin hablar de cubrir costos de educación, sanitarios o vivienda.
"Es grave (la situación). Es tan grave que el presidente ha puesto como prioridad número uno el combate a la pobreza", dijo Gustavo Merino, subsecretario de Planificación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que se encarga de los planes antipobreza.
México ha sido uno de los países más golpeados por la crisis originada en Estados Unidos debido a su alta dependencia de las exportaciones a ese país, así como por una caída de las remesas que mandan los millones de inmigrantes, una de las principales fuentes de divisas junto con el petróleo.
La pobreza no es algo nuevo en México, más bien ha sido un mal que ha azotado al país por siglos. Pero la economía mexicana se contraería hasta un 7 por ciento este año, la peor caída desde la década de 1930, arrastrando al desempleo a cientos de miles de personas, según cifras oficiales.
Pese a la gravedad, esta recesión queda opacada por la crisis del Tequila de la década de 1990, cuando 35 millones de personas luchaban por comer, según datos de 1996.
Los investigadores dicen que ahora el gobierno tiene mejores programas de asistencia, mientras que la estabilidad económica de los últimos años ayudó a amortiguar el efecto de la crisis.
¿Planes insuficientes?
"No he vendido nada hasta ahora, y entonces no he comido", dijo Nazaria López, una anciana indígena de 69 años en su puesto de venta de pieles de cascabel -animal que abunda en Charco Cercado junto con zorros, coyotes, águilas y halcones- sobre la carretera.
La mujer ansía cumplir los 70 para acceder a un programa de asistencia gubernamental para ancianos que otorga 54 dólares mensuales. Mientras tanto, depende de su hijo campesino y de su nuera, beneficiaria de Oportunidades, el programa de ayuda contra la pobreza.
Este programa, que atiende a unos 25 millones de personas pobres, ha sido elogiado porque condiciona la ayuda de 700 pesos (53 dólares) bimestrales a que las familias envíen sus hijos a la escuela y asistan a chequeos en clínicas. Y otorga unos 200 pesos adicionales por cada niño de la familia en edad escolar.
Calderón quiere incrementar este programa desde 47 mil 700 millones de pesos (3 mil 687 millones de dólares) presupuestados para 2009 a 67 mil 800 millones, para lo cual pidió al Congreso una serie de alzas de impuestos que recibieron media sanción pero con cambios en la Cámara de Diputados.
Pero para Patricia Rodríguez, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la solución no sólo está en estos planes, sino en cambios estructurales en la distribución del ingreso.
México es un país de contrastes, donde convive gente que lucha por comer todos los días con multimillonarios como Carlos Slim, uno de los tres hombres más ricos del mundo.
"Programas como Oportunidades pueden tener algún impacto a largo plazo, pero no resuelven los problemas del ingreso y de la estructura de la economía mexicana, que tendrá que crecer de ahora en más a niveles de 4 por ciento anual de manera sostenida para superar esta terrible situación", explicó.
La pobreza no sólo alcanza a la gente del campo. En los últimos meses, en la capital mexicana el gobierno local comenzó a abrir comedores para alimentar a los más pobres.
De acuerdo con investigadores del gobierno, los mexicanos que viven en una ciudad deben ganar al menos 80 dólares al mes para comer suficiente, y aquellos que habitan en el campo necesitan unos 60 dólares. Alrededor de unos 20 millones de mexicanos estaban debajo de esos niveles el año pasado.
Los opositores al gobierno del conservador Calderón, que asumió por seis años en 2006, aseguran que México atraviesa una década perdida, haciendo referencia también a la falta de resultados de su antecesor y copartidario Vicente Fox.
Aunque Calderón ha logrado victorias durante su mandato, con una reforma al sistema de pensiones y un plan fiscal, no pudo impulsar la inversión en el sector energético, romper con virtuales monopolios y mejorar el sistema educativo.
Eso ha dejado a México en los últimos años como una de las economías más estancadas de Latinoamérica, y el partido oficialista sintió las consecuencias con un revés en las elecciones legislativas de julio, cuando perdió su mayoría relativa en la Cámara de Diputados.
El mandatario envió una nueva y más profunda reforma fiscal para tratar de impulsar la baja recaudación al Congreso, que aún la estudia, mientras las exportaciones petroleras y las remesas que envían los inmigrantes siguen cayendo.
Los diputados diluyeron el proyecto y los senadores ahora podrían aguarlo más.
Analistas creen que si Calderón no logra revertir la dinámica y mostrar resultados, la izquierda o centroizquierda tendrían mayores probabilidades de ganar la presidencia en 2012.

Más impuestos alientan estallido social, advierte AMLO

LA REDACCIÓN

MÉXICO, DF, 27 de octubre (apro).- La decisión de legisladores priistas y panistas para imponer más gravámenes a los mexicanos sólo está abonando a un estallido social, advirtió hoy Andrés Manuel López Obrador.
"La sociedad mexicana no quiere violencia, ese no es camino, pero le están tocando ya las costillas al tigre", sentenció el autodenominado "presidente legítimo" de gira por municipios de Oaxaca.
El político tabasqueño reiteró que el pueblo mexicano no acepta los aumentos de impuestos, pues éstos desatarán incrementos en los precios de gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica, así como en los productos de primera necesidad".
Sostuvo que "la mafia de la política y del poder en México", al lado de PRI y PAN, "conspiran contra la paz pública y la estabilidad social" con su intento de ratificar en el Senado la Ley de Ingresos 2010.
Sobre la reestructuración del Frente Amplio Progresista (FAP), López Obrador expresó su beneplácito, ya que –aseguró-- se trata de una propuesta de unidad electoral de PRD, PT y Convergencia.
Consideró que está en manos de los senadores del FAP la decisión de rechazar e impedir el eventual aumento de impuestos. "No aceptamos aumentos en los precios de las gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica, porque si se aplica dicha iniciativa, se aumentarán los productos de primera necesidad", alertó.
Proceso28/10/2009

Todos los muertos de Ulises Ruiz

La Corte falló contra el gobernador de Oaxaca por la crisis de 2006. Pero la lista de asesinatos políticos durante su gestión es larga.

Diego Enrique Osorno


HUAUTLA DE JIMÉNEZ, Oax.- Ahí andan por las casas colgantes de este pueblo enclavado en el corazón de la sierra mazateca. Seguro suben y bajan interminables escaleras que, literalmente, conducen a las nubes entre las que vivió la curandera María Sabina. Ellos también son famosos por estos rumbos y alguna vez lo fueron más allá de estas veredas, cuando su fotografía, golpeando furiosamente con palos y piedras a un anciano moribundo se divulgó en periódicos y televisoras de todo el país.
Por breve tiempo estuvieron en la prisión, pero después fueron liberados por “desvanecimiento de pruebas”, tal y como ocurrió con los funcionarios del PRI del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, quienes habían sido consignados inicialmente por el asesinato del camarógrafo de Indymedia, Brad Will, en 2006. “Los primeros asesinos impunes de Ulises Ruiz”, llaman los deudos del profesor Serafín García a Jacinto Pineda y Feliciano Quiroga. Los Diablos, se dicen a sí mismos estos hombres que tampoco dudan en presumirse públicamente como “soldados del PRI”.

POR AQUÍ ANDAN

El 28 de julio de 2004 Serafín García, de 64 años de edad, llegó a un sitio llamado Puente de Fierro para participar en las protestas contra la visita del entonces candidato a gobernador, Ulises Ruiz Ortiz. Junto a un puñado de miembros del Frente Cívico Huatleco se apostó en el camino esperando la llegada de la comitiva del candidato, quien tenía programado un acto en Huautla. Pero el candidato nunca arribó. Llegó en cambio un grupo de simpatizantes priistas armados de palos, machetes y piedras, según se observa en numerosas fotos captadas ese día y divulgadas a nivel internacional. Eran Los Diablos.
En menos de 10 minutos, cuentan testigos, empezó la trifulca alentada por Elpidio Concha Arellano, entonces diputado federal y hoy uno de los operadores preferidos del mandatario oaxaqueño. Ahí se ve claro cómo Jacinto Pineda y Feliciano Quiroga propinan un golpe tras otro a un ya desvanecido y ensangrentado Serafín García.

JUSTICIA

La sombra de la muerte acompaña desde aquel entonces la gestión del mandatario priista, a la cual la Suprema Corte de Justicia responsabilizó de violaciones graves a las garantías individuales cometidas durante la rebelión de 2006, cuando fueron asesinados una veintena de opositores al gobernador. Ruiz Ortiz se convirtió así en el segundo gobernador al que el máximo tribunal de justicia ha señalado por violar las garantías constitucionales de sus gobernados. El otro fue Rubén Figueroa, quien en 1996 recibió el mismo fallo en su contra por la matanza de 17 campesinos ocurrida en el vado de Aguas Blancas. A diferencia de Ulises Ruiz Ortiz, el guerrerense Figueroa sí dejó la gubernatura.
La Corte acreditó plenamente por lo menos una docena de muertes de opositores durante las protestas que hubo en Oaxaca de junio a diciembre de 2006. Mientras tanto, la Comisión Civil Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos estima en 25 el número de personas fallecidas ese año a causa de sus ideas, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reporta 20 en su informe. “Nosotros lo que queremos es que exista justicia, aunque sabemos que eso es muy difícil que se dé en un estado como Oaxaca”, dice en la sala de su casa, junto a un altar de su padre, Sheila García, la hija del profesor Serafín, asesinado a palos. “Pero la verdad —dice Sheila— creo que no va a haber justicia. Ya ve que ni la tuvo la familia del periodista (Brad Will). La única justicia que se puede esperar en Oaxaca es la justicia celestial”.

IMPUNIDAD

Meses después de la muerte de Serafín García, en diciembre de 2004, Ulises Ruiz Ortiz asumió la gubernatura. En 2005, durante el inicio de su administración, algunos activistas y líderes sociales oaxaqueños agredidos fueron Pioquinto Becerra Ballesteros (muerto a golpes por policías), Miguel Herrera Lara (desaparecido) y César Toimil Roberts (ejecutado). Todos ellos operaban en la Cuenca de Tuxtepec y eran cercanos al ex gobernador José Murat, quien terminó convirtiéndose en adversario de su sucesor Ruiz Ortiz.
A lo largo de ese mismo año por lo menos otros seis opositores murieron en circunstancias no aclaradas aún. Además, el gobierno de Canadá aceptó otorgar asilo político a Raúl Gatica y a otros cinco activistas del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO), tras acreditar que sus vidas corrían serios riesgos debido a los cuestionamientos y protestas que habían emprendido contra la administración estatal oaxaqueña. En 2006 las muertes continuarían. Los nombres de algunos de los fallecidos —los cuales se incluyen en el fallo de la Corte— son: Marcos García Tapia (7 de agosto), Andrés Santiago Cruz (9 de agosto), Pedro Martínez (9 de agosto), Pablo Martínez (9 de agosto), José Jiménez Colmenares (10 de agosto), Lorenzo San Pablo Cervantes (21 de agosto), Arcadio Fabián Hernández (2 de octubre), Jaime René Calvo (5 de octubre), Alejandro García (14 de octubre), Pánfilo Hernández (18 de octubre), Daniel Nieto Ovando (1 de octubre), Bradley Rolando Will (27 de octubre), Esteban Zurita (27 de octubre), Emilio Alonso Fabián (27 de octubre) Alberto López Bernal (29 de octubre), Fidel Sánchez García (29 de octubre) y Roberto Hernández López (29 de octubre).
La impunidad de los autores de las muertes es de récord. Hasta el momento no hay nadie en la cárcel a causa de estos asesinatos, salvo en el caso de Brad Will.

DISCRECIÓN

En entrevista, Lizbeth Caña Cadeza, procuradora de Justicia de Oaxaca en 2006, me dijo que el ex secretario de Protección Ciudadana, Lino Celaya Luría, y el ex director de la policía ministerial, Manuel Moreno Rivas, actuaron en distintas operaciones especiales contra opositores sin que ella lo autorizara ni estuviera enterada. “A raíz de las manifestaciones de 2006, todas las policías de Oaxaca, incluso la policía municipal, recibía indicaciones directas de Lino Celaya”, explicó la ex funcionaria del gobierno de Ruiz Ortiz. Durante la extensa entrevista efectuada en un café del zócalo oaxaqueño, Caña Cadeza me dijo: “Yo rechazo formar parte de una pandilla perversa como se quiere hacer ver”. El 22 de agosto de 2006, durante uno de los operativos que según la ex procuradora realizaron por cuenta propia Moreno Rivas y Celaya Luría, murió Lorenzo San Pablo Cervantes, activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), así como también fueron baleados por policías sin uniforme los vehículos de los periodistas Edgar Galicia, de TV Azteca, y Luis Alberto Cruz, de MILENIO Diario. “Yo me entero de la noticia con Loret de Mola y en ese momento le hablé al teniente Moreno y le pregunté: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú interviniste? “Sí, yo intervine”, me dijo. ¿Y por qué no me avisaste? Le pregunté. Y le dije: La próxima vez que intervengas y no me des aviso, a ver cómo le haces porque es tu responsabilidad”.

CONSTANCIA

Al año siguiente, en mayo de 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz, dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), fueron reportados como desaparecidos mientras realizaban reuniones en el centro de la ciudad de Oaxaca. Ante lo sucedido, el grupo guerrillero realizó meses después una serie de atentados contra instalaciones de Pemex. A la fecha, el paradero de ambos guerrilleros sigue siendo un misterio y la Comisión de Mediación, que se encargaba de auxiliar en las investigaciones, ha quedado disuelta.
Al año siguiente, los crímenes continuaron. Uno de ellos sucedió el 7 de abril de 2008. Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez, dos indígenas triquis que trabajaban en una radio comunitaria crítica del gobierno, fueron asesinadas en una emboscada. Aunque ambas recibieron semanas después el Premio Nacional de Periodismo como un homenaje a su labor, su muerte no ha sido esclarecida, reclaman sus familiares.
El lunes 6 de abril de 2009 fue asesinada Beatriz López Leyva, conocida activista de la costa oaxaqueña que había sido dirigente del PRD en San Pedro Jicayán y era una de las principales colaboradoras del senador Gabino Cué Monteagudo en la integración de comités ciudadanos del gobierno legítimo declarado por Andrés Manuel López Obrador. La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a una persona y lo señaló como responsable del crimen, sin embargo, la hija de López Leyva, presente en el momento del asesinato, asegura que no se trata del hombre que mató a su madre. En un nuevo suceso, apenas el pasado 28 de agosto, el maestro de la Sección 22 del SNTE, Artemio Camacho, murió a balazos durante un enfrentamiento entre miembros del sindicato disidente y otros de la Sección 59, grupo magisterial cercano al gobernador.

RESPALDO

Durante una entrevista que me concedió en 2006 en un hotel de San Felipe del Agua, el gobernador me dijo: “La realidad es que no voy a renunciar al gobierno de Oaxaca, no voy a pedir licencia, no tengo azúcar, no me sube la presión, estoy totalmente sano, pero sobre todo con una voluntad de seguir construyendo en el estado. No van a detener a mi gobierno.
—¿Qué siente al prender la radio o la tele oficial y escuchar que le digan asesino, represor?
—Nosotros estamos cumpliendo con el pueblo oaxaqueño en lo que nos comprometimos. Yo no me he manchado las manos de sangre ni me las voy a manchar, ellos podrán decir misa, pero que me lo prueben. No hay un solo maestro muerto, no hay un solo acto de represión en donde veas a los policías golpeando, hay una gran prudencia.
—¿Entonces cómo se llegó a esta situación?
—Es, te repito, un asunto del sur-sureste del país.
—¿No descuidó Oaxaca por operar elecciones para el PRI?
—No, mi compromiso primario es cumplir con los oaxaqueños; tú revisa en Oaxaca la obra pública que hay.
—¿Ha hablado con Felipe Calderón?
—Hemos tenido pláticas también, intercambiando opiniones.
—¿Se han visto?
—Hemos hablado, desde el propio tres de julio, desde antes de la elección y después de la elección. Hemos tenido llamadas y he tenido reuniones con gentes cercanas a él.
—¿Y cómo ve él este conflicto?
—Bueno, que él no está ajeno a que es un conflicto dentro de la propia dinámica nacional, la preocupación también de que se resuelva este conflicto apegados a derecho, con el respeto a las instituciones. Si tú permites que por este plantón se caiga un gobernador, al rato no sólo se va a caer un gobernador, se va a caer un presidente municipal, se va a caer el presidente de la República.
—¿Felipe Calderón lo espalda?
—Bueno, sí, él ha hecho declaraciones muy contundentes en ese sentido.

EL KASIKE DE OAXACA

CHALCATONGO, Oax.- El pueblo donde nació Ulises Ruiz Ortiz hace 51 años se llama Chalcatongo, uno más de los pueblos oaxaqueños que pueden seguir existiendo gracias al dinero que envían desde Estados Unidos los miles de hombres y mujeres desplazados por la pobreza.
Odilón, abuelo del gobernante, es el cacique de este lugar. “A él la gente le tenía que besar la mano… y los pies”, platica Otilio Ruiz, presidente de bienes comunales. A Odilón Ruiz, quien falleció en 1967, se le conoció como Tatalón. Fue presidente municipal varias veces y solía imponer a sus sucesores en los periodos intermedios. De él dependían vidas y haciendas de Chalcatongo. En cambio, de Cutberto, el padre de Ulises, casi no se sabe nada porque la mayor parte de su vida la hizo en Juchitán.
Allá fue donde el gobernante realizó sus estudios básicos, antes de ir al Distrito Federal a hacer el bachillerato en una escuela Lasallista. Luego se matricularía en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde no hay registro oficial de que se haya titulado alguna vez. Por esos años —los ochenta— el nieto del cacique Odilón empezaría una vertiginosa carrera como el enviado del priismo nacional a las elecciones de algunos estados del país, donde había leves escaramuzas para aplicar la maquinaria del fraude con la que el régimen se sostenía en el poder. En Chalcatongo casi nadie recuerda al joven Ulises Ruiz Ortiz. Chalcatongo está en una serranía indígena donde suena la música tropical, pero a él le gustaba oír y tocar la música de Led Zeppelin. Los que lo oyeron tocar alguna vez concuerdan en que era un músico muy limitado, nada parecido a Héctor, Flavio y Romeo, sus tres primos hermanos que crearon y viven aún del guapachoso grupo Los Kasikes de Oaxaca, cuyo nombre retoma la alcurnia de la familia. Con Héctor, el gobernante se fotografió hace tiempo en una de esas fiestas de la Ciudad de México que tanto le gusta amenizar en su Casa del Pedregal. En la fotografía, ambos cantan a dúo “El rey”.

DESPUÉS DE LA TORMENTA

Oaxaca es el segundo estado más pobre del país. Ocupa el último lugar en abastecimiento de electricidad, drenaje, agua potable, pisos, vivienda, educación y un largo etcétera de carencias. La corrupción es el lastre de Oaxaca. El oaxaqueño suele pensar que todos los políticos, todos, roban. Que una persona llegue al gobierno significa que buscará mejorar su propia situación económica. Y luego hará lo demás.
Para el oaxaqueño promedio no hay una diferencia entre gobernar y robar. En lo absoluto. Y lo más curioso es que buena parte de la gente no ve mal esto, siempre y cuando “hagan algo por el pueblo, que repartan”. En los propios círculos del gobierno, si hubiera alguno que decidiera no participar en el saqueo, sería visto primero con rareza y luego con molestia. “Tú no aceptas dinero de nosotros porque seguramente te está dando dinero el PRD”, me dijo un funcionario de gobierno de Ulises Ruiz, al que le rechacé caballerosamente una invitación a viajar a las bellas bahías de Huatulco con todos los gastos pagados. La riqueza producto de ese buen negocio que es la política no se esconde. Entre las múltiples propiedades que tiene el gobernante está una mansión en Oaxaca y otra en la Ciudad de México, justo en el mismo barrio donde vive el empresario Carlos Slim. El gobernador de uno de los estados más pobres de México y el hombre más rico del mundo son vecinos. Y por aquello de cómo se puedan poner las cosas en el futuro, el gobernante decidió hace unos meses construirse una nueva casa. Tras los agitados sucesos de 2006, Ulises Ruiz Ortiz decidió comprarse un condominio de 255 mil dólares en la avenida 128 de Miami.
De acuerdo con la constancia 04-2028-071-0280 del registro público de la propiedad del estado de Florida, a la cual tuvo acceso M Semanal, Ulises Ernesto Ruiz Ortiz es el nombre de la persona que adquirió en septiembre de 2007 el condominio multifamiliar. Un colaborador cercano al mandatario, quien pidió el anonimato, aseguró que el departamento es utilizado con regularidad por Ruiz Ortiz.
Milenio28/10/2009

Extorsionan a senadora de EU en Cancún

Acusan a policía de tránsito de exigir dinero a Michelle L. Fischbach para no llevarla detenida

Sergio Caballero/Corresponsal

Cancún, México (28 octubre 2009).- Un agente de Tránsito de Cancún quiso pasarse de listo "mordiendo" a una turista estadounidense, pero no sabía con quién se metía.
En días pasados, el policía detuvo a la mujer en el Bulevar Kukulcán, la acusó de manejar a exceso de velocidad y le exigió 300 dólares "para no llevarla detenida".
La turista, quien resultó ser la senadora por Minnesota, Michelle L. Fischbach, del Partido Republicano, pagó el dinero, pero también presentó una denuncia por extorsión por escrito ante la Contraloría municipal.
El contralor, Jorge Rodríguez Carrillo, indicó que se ha iniciado una investigación contra el policía señalado, por lo que su identidad no será dada a conocer.
"Ella dice que estaba manejando y el policía la extorsionó con 300 dólares; esto, para evitar ser detenida", reconoció.
Según el funcionario, la investigación podría concluir en un mes, y agregó que, en caso de que se confirme que el policía es responsable, se le dará de baja.
El reglamento de Tránsito de Cancún establece que la multa por conducir a exceso de velocidad es de mil 50 pesos y no considera detención.
Reforma28/10/2009

Inédita crueldad: dejan narcomensaje en piel de descuartizado

LA REDACCIÓN

MÉXICO, DF, 27 de octubre (apro).- El crimen organizado exhibió hoy una nueva muestra de crueldad, al dejar distintos "narcomensajes" en el cuerpo de un descuartizado.
La víctima, de unos 35 años, fue localizada la madrugada de hoy en la calle Puente de Jicalán, en Uruapan, Michoacán, dentro de cuatro bolsas de plástico negras.
El cuerpo presentaba varios mensajes escritos con navaja. En el tórax se podía leer: "Zaludoz", y en el dorso del lado derecho: "Ezpinoza".
En la pierna derecha le fueron adheridos con cinta canela dos cortes de piel con las letras "FM". El hallazgo lo realizaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Uruapan gracias a una llamada anónima.
Según las autoridades policiales, se trata de una respuesta más de la "Familia Michoacana" a los "Zetas", tendiente a frenar su incursión en territorio michoacano.
En otros hechos vinculados con la delincuencia organizada, cuatro policías municipales fueron muertos a balazos en la ciudad de Puebla.
El ataque se produjo poco después de las tres de la mañana de este martes, cuando el conductor de un auto Montecarlo, placas LRG3997 del Estado de México, pidió apoyo al número 066 debido a que lo iban persiguiendo en un vehículo.
Ante ello, a la altura del cruce del bulevar Atlixco y Niño Poblano, en la zona conocida como Zavaleta, al sur de la ciudad de Puebla, se instaló un retén de revisión, donde hombres desconocidos en un auto tipo Bora dispararon con armas de grueso calibre contra los policías.
En el lugar murieron los agentes Amador Hernández Gaspar, Jesús Sánchez Luna y Federico Bonilla Ramírez, por la corporación de Puebla, así como José Eduardo Ramírez Trujeque, de la policía de San Andrés Cholula. Otro uniformado y la persona que pidió apoyo resultaron lesionados.
En Navolato, Sinaloa, dos agentes de la Policía Municipal fueron baleados a tiros cuando transitaban en una patrulla por un céntrico sector de la ciudad. En el ataque uno de ellos perdió la vida, mientras que el otro fue herido de gravedad, según dio a conocer la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
El policía muerto fue identificado como Manuel Humberto Guzmán Vega, de 40 años, y el herido lleva los apellidos Mancillas Rodelo.
Según versiones policiales, sus agresores les cerraron el paso y les dispararon a mansalva; en el lugar fueron encontrados 50 casquillos percutidos calibre 7.62 para fusil AK-47, conocido como "cuerno de chivo".
Y en los límites de Tijuana y Rosarito, en Baja California, una menor de edad fue muerta y cuatro personas más resultaron lesionadas durante un enfrentamiento a balazos entre presuntos sicarios de la organización criminal que dirige Teodoro García Semental, El Teo, y agentes de la policía municipal en la delegación de San Antonio de los Buenos.
La balacera se produjo poco después de las 5:45 horas en la entrada del fraccionamiento Loma Blanca, en donde un comando atacó con ráfaga de ametralladoras a los ocupantes de las patrullas 3667, 3111, 3106, 4111 y 2911.
La adolescente asesinada fue identificada como Yasmín Torres Ramos, de 15 años. La joven esperaba el camión para dirigirse a la escuela.
Los gatilleros huyeron a toda velocidad y, metros adelante, abandonaron un auto Honda Civic color dorado y una camioneta negra Chevrolet Yukón.
No obstante, dos sicarios fueron capturados cuando pretendían huir a bordo de un taxi. Ambos presentaban heridas por arma de fuego.
Por otra parte, una banda de policías secuestradores de Jacona y Zamora, Michoacán, conocidos como "Los Perros", fueron condenados por el juez sexto de lo penal a 40 años de prisión.
Los sentenciados son Jaime Vega López, Víctor Hugo Madriz Estrada, Federico Luis Juan Sánchez, Mario Emmanuel Solana Herrera y Raúl Diego Vázquez, quienes desde su captura fueron destituidos de sus cargos.
La banda de "Los Perros" operaba en la región de Zamora.
La mayoría de sus integrantes fueron detenidos el pasado 14 de marzo del 2008 por efectivos de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos de Secuestros y Extorsión.
Proceso28/10/2009

lunes 26 de octubre de 2009

Deuda bruta de México llega a 44% del PIB

Víctor Cardoso/La Jornada
26-Octubre-2009

Un análisis de Banamex Citigroup afirma que el débito neto de México es ya de 39.7 por ciento del PIB, aunque "la deuda bruta se ubica en alrededor de 44 por ciento del PIB".

México, D.F. .- La deuda bruta de México en 2009 "se ubica ya por arriba de la referencia estimada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como nivel máximo para los países en desarrollo", al llegar a 44 por ciento del producto interno bruto (PIB), 4 puntos porcentuales arriba del límite establecido por el organismo financiero internacional, alertó el grupo financiero Banamex Citigroup.
De acuerdo con los últimos indicadores del Banco de México, la deuda neta del país se ubicó en agosto en 3 billones 243 mil 520 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 91.1 por ciento respecto del débito que había al comienzo de la actual administración. En diciembre de 2006 la deuda neta del país era de un billón 697 mil 190 millones de pesos, según los registros del banco central.
No obstante el nivel alcanzado por la deuda mexicana, el economista en jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Augusto de la Torre, consideró que el límite de 40 por ciento establecido por el FMI es "un tanto arbitrario" y puede haber cierto margen de tolerancia frente a las actuales condiciones económicas internacionales.
Un análisis de Banamex Citigroup afirma que el débito neto de México es ya de 39.7 por ciento del PIB, aunque "la deuda bruta se ubica en alrededor de 44 por ciento del PIB".
Menor tolerancia
Los autores del análisis citan el estudio del FMI, Implicaciones fiscales de la crisis económica y financiera global, de junio pasado, donde "se subraya que la tolerancia a la deuda de países como México es menor que para países desarrollados".
Los analistas de Banamex Citigroup plantean escenarios poco optimistas sobre el crecimiento de la deuda pública: suponiendo un faltante de 800 mil barriles en la producción de petróleo cada año, que los precios de exportación se mantengan relativamente estables en una banda de entre 53 y 65 dólares por barril, y que la tasa de interés no sea mayor al crecimiento del PIB, "entonces tenemos una explosión de la deuda".
Otro escenario plantea que con una tasa de interés sólo un punto porcentual mayor al crecimiento del PIB, por una "mayor percepción de riesgo", entonces "la deuda llegaría a 56 por ciento del PIB en 2018". Si a esto se añade que la producción petrolera bajará hasta 2.2 millones de barriles al día en lugar de los 2.5 millones actuales, "entonces el faltante estructural se vuelve 2 por ciento del PIB y la deuda llegaría a 60 por ciento del PIB", previene.

Acribillan a líder priista en Durango


LA REDACCIÓN

Durango, Dgo., 25 de octubre (apro).- El líder del PRI en el municipio de Topia, José Clemente Félix Díaz, fue ejecutado por un comando.

La agresión se registró la noche del sábado. El dirigente fue trasladado a un hospital en el municipio de Santiago Papasquiaro, donde murió.

La Procuraduría General de Justicia reportó que los sicarios atacaron a Félix Díaz por la espalda.
Proceso26/10/2009

Empresas privadas deben a LFC $2 mil 160 millones

Cifra reportada por la gerencia comercial los días previos al cierre

*Presentan adeudos hasta de ocho años de antigüedad, pero mantienen el servicio
*Colusión con funcionarios y amparos, las tácticas usadas


Fabiola Martínez

Periódico La JornadaLunes 26 de octubre de 2009, p. 3
En los días previos al cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC), la gerencia comercial de este organismo reportó cuentas por cobrar por al menos 2 mil 160 millones de pesos, correspondientes a empresas privadas que presentan adeudos hasta de ocho años de antigüedad. Sin embargo, mantienen el servicio de energía eléctrica debido a convenios formales e informales autorizados por altos funcionarios de este organismo y también por amparos en el Poder Judicial.
Además de las altas deudas de dependencias públicas y embajadas, en las “cuentas especiales” (clasificadas así por el alto nivel de consumo) hay una factura por cobrar por 212 millones de pesos (del ramo textil), tres por más de 100 millones, una por 71, dos por más de 60, tres en el rango de los 50 y tres más por más de 40 millones de pesos.
También, cuatro en el nivel de 30 a 40 millones de pesos, nueve empresas con adeudos de entre 20 y 30, una veintena más con facturas por pagar entre 10 y 20 millones y 19 con deudas de entre 5 y 10 millones de pesos.
La mayoría corresponde a la industria de la transformación: fábricas de textiles, hule, plástico, papel, madera, hierro, aluminio, químicos y piel, aunque en la lista de morosos también hay escuelas, gasolineras, hoteles, panaderías, productores de hielo, bodegas, lavanderías, oficinas, cines, cremerías y más.
De acuerdo con el último reporte del grupo interdisciplinario de recuperación de pérdidas no técnicas (con corte al 29 de septiembre pasado), y con trabajadores del área encargados de captar los pagos y regularizar los adeudos de las “cuentas especiales”, LFC está dejando de ingresar cada día, desde el 11 de octubre pasado, 150 millones de pesos. Es decir, desde el decreto presidencial de extinción de LFC (y hasta hoy lunes 26 de octubre) el erario ha dejado de captar 2 mil 400 millones de pesos, correspondientes a la facturación de los grandes consumidores de la zona centro del país.
Este cálculo se basa en el reporte diario de las cuatro cajas receptoras de pagos de “cuentas especiales” y los ordinarios de transferencias bancarias. Según los trabajadores consultados, la cartera vencida de todas las “cuentas especiales” asciende a 7 mil millones de pesos, incluidos los 2 mil 600 millones de empresas y el resto de dependencias del gobierno federal.
“La pregunta es: cuando se ordene a los clientes acudir a la Comisión Federal de Electricidad para hacer un nuevo contrato, en el entendido de que la extinción de LFC es una decisión irreversible, según el gobierno, ¿cómo cobrarán el consumo ocurrido del 11 de octubre a la fecha, si CFE hace sus tomas de lectura vía satélite y los medidores de la zona centro del país son anticuados, incompatibles con esa tecnología?
“Además, ¿qué pasará con los adeudos actuales y con los recibos que no se alcanzaron a cobrar hasta el 10 de octubre (día de la irrupción de las fuerzas federales en LFC)?”, preguntan trabajadores del área de “cuentas especiales”.
De una lista de 541 cuentas atendidas por el grupo interdisciplinario en referencia, a cargo de Fernando Vázquez, 113 aparecen con “ajustes pendientes”, es decir, los cargos reportados hasta el 29 de septiembre podrían ser mayores, toda vez que en estos grandes clientes también hay fraudes, es decir, diablitos en gran escala, para evadir en el medidor los cobros reales de consumo de energía eléctrica.
La lista de los servicios atendidos por el grupo interdisciplinario –cuya copia tiene La Jornada– revela también cuentas que difícilmente podrían ser cobradas, porque los empresarios acuden a diversas estrategias para evadir los pagos, lo mismo con medidores alterados que con cambios de domicilio e interposición de amparos judiciales.
En el documento citado se apuntan como observaciones: “predio abandonado, huelga, cortado, no hay equipo, servicio en observación, sin firma de convenio, en trámite denuncia penal, amparo, convenio/adeudo, servicio conectado directo, en trámite jurídico, pendiente verificar construcción y sin carta factura”.
Además, han procedido reconexiones de servicios por orden judicial, como en el caso de una empresa de plásticos y polietileno que presenta un adeudo de poco más de 10 millones de pesos. En tanto, otros pagos por cerca de 180 millones están pendientes gracias a que cuentan con una denuncia penal en trámite o amparo.
Trabajadores de la gerencia comercial, del área de recuperación de pérdidas, explicaron que las empresas e industrias presentaban adeudos altos tras la verificación de sus sistemas de medición. Al detectarse las fallas o fraudes, se les cobraba el consumo no reportado. Sin embargo, podían seguir con el servicio haciendo uno o varios pagos mínimos y parciales, pero sobre todo a negociaciones con altos funcionarios de LFC, aun cuando se les comprobó –en diversos casos– que tenían manipulado su equipo de medición.
Por ejemplo, señalaron, un usuario con un adeudo de 132 millones de pesos realizaba un pago de 5 millones para seguir teniendo el servicio.
Los trabajadores señalaron como principal responsable de estos convenios irregulares al subdirector general de LFC, Juan Antonio Zapata.
“Cuando se hacían operativos para cortar servicios por falta de pago de grandes industriales, los clientes nos decían: ‘ya hablé con el ingeniero Zapata y ya me arreglé con él’. En otras ocasiones ahí mismo, en las empresas, nos comunicaban a la subdirección general de LFC y sus colaboradores nos ordenaban: ‘deja ese servicio tal y como está’, y ya”, señalaron trabajadores entrevistados por este diario.
Pero los deudores tenían sus mañas para seguir teniendo el servicio, agregan. Simplemente iban a LFC a firmar un nuevo contrato, incluso sin cambiar la planta, sólo colocando la dirección de una entrada alterna.
Grandes empresas se libran de hacer estos pagos vía exención de impuestos, fraudes o convenios, pero no con trabajadores, sino con funcionarios, quienes según los sindicalizados tenían la encomienda de “ponerle en la madre” a Luz y Fuerza.

Pemex contrata firmas españolas para abastecerse de electricidad

Se signó contrato hasta 2023 para reducir “las compras a la CFE y a LFC”, señala

*El proyecto se incrementó a 2,017 mdd, un aumento de más de 500 mdd en año y medio


Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La JornadaLunes 26 de octubre de 2009, p. 26

Madrid, 25 de octubre. Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un acuerdo de suministro eléctrico con dos empresas españolas Abengoa y Abener Energía, mediante el cual se compromete a pagar más de 2 mil millones de dólares por la puesta en marcha de una planta de cogeneración de energía y su posterior abasto hasta 2032. La autorización definitiva para esta operación, que se remonta a octubre de 2007, fue suscrita el pasado 14 de septiembre por el director general de Exploración y Producción, Carlos Arnoldo Morales Gil, con un notable incremento de más de 500 millones de dólares del presupuesto original.
El acuerdo entre Pemex y las dos multinacionales españolas supone un compromiso de la paraestatal para lo que resta del sexenio de Felipe Calderón y para los próximos cuatro periodos presidenciales del país. Los argumentos son varios, si bien se puede destacar –según información interna de Pemex, de la que La Jornada tiene copia– su intención de “disminuir las compras” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Según la documentación, que fue emitida por el despacho del director general de Exploración y Producción, Pemex publicó el 28 de agosto de 2008 en el Diario Oficial de la Federación una convocatoria de licitación para un proyecto de generación de energía a través de la transformación de agua y vapor. El fallo de la licitación se hizo público el pasado 31 de agosto, y resultaron beneficiadas las citadas empresas españolas, que se especializan en proyectos de generación de “energías limpias”.
El documento interno que ordena la “contratación” y activar los mecanismos de financiamiento para llevar a cabo este proyecto, a pesar incluso del notable aumento del presupuesto original, fue firmado por Morales Gil, por el subdirector de Administración y Finanzas, Jorge Collard de la Rocha, y por los subdirectores de las regiones afectadas (norte, sur, noreste y suroeste).
Los motivos que aduce Pemex para justificar que el proyecto pasara de mil 445 millones de dólares a 2 mil 17 millones en menos de año y medio son que se “incrementaron los precios de los materiales de construcción y de fabricación de equipos”, un “aumento mundial de la demanda de nuevos proyectos de generación y de infraestructura eléctrica en general” y el deterioro de la situación financiera internacional.
El objetivo explícito de los funcionarios de Pemex para otorgar el contrato a las empresas españolas es: “Contratar con un servicio de cogeneración de energía para disminuir las compras a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como el desarrollo de proyectos de cogeneración de gran escala para sustituir la operación de equipos ineficientes instalados o de aquellos que se encuentran al final de su vida útil”.
Los argumentos que ofrecen los responsables de la paraestatal mexicana para conceder un contrato hasta 2032, son los siguientes, literales: “Evitar la realización de procesos licitatorios cada año, con lo que se reducirán los gastos administrativos por mano de obra, pago de publicaciones, servicios de copiado, entre otros; mejorar la planeación y programación anual del presupuesto y su ejercicio por el servicio correspondiente” y por los “precios bajos por economía de escala”.
El proyecto se divide en dos aspectos: la construcción llave en mano de la planta bajo la modalidad de ingeniería, suministro y construcción en un plazo de 36 meses, con capacidad para generar 300 megavatios, así como su posterior operación y mantenimiento integral durante un periodo de concesión de 20 años. La operación financiera, que tiene la aprobación de Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos de México), se ha cerrado bajo el esquema de project finance, y considera la creación de un consorcio entre Abener Energía y Abengoa México, con la participación de General Electric.
Abengoa y Abener –que forman un consorcio con alianzas estratégicas en México– han logrado importantes contratos con dependencias públicas, sobre todo con Pemex y la CFE. Desde la llegada de Felipe Calderón al poder se han intensificado los contactos y las relaciones comerciales con multinacionales españolas interesadas en el sector energético, con la mirada puesta en el sustancioso negocio que supone Pemex y su potencial privatización. Incluso, desde la toma de posesión de Calderón se ha detectado en España la presencia de diversas comisiones de emisarios del “más alto nivel” de Pemex para estudiar el modelo privatizador.

Ante los argumentos de Darwin, “Dios dudó de su propia existencia”

Jesusa Rodríguez escenificó su obra sobre el tema en la clausura de la feria del libro en el Zócalo

*Permitió al auditorio sacar la frustración que siente por la manera de actuar de la clase política mexicana, comentó la actriz, quien interpreta a los dos personajes en Diálogos entre Darwin y Dios

De la Redacción

Periódico La JornadaLunes 26 de octubre de 2009, p. a16

Luego de su aparición en la clausura de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, la noche del sábado, Dios “se deprimió frente a las evidencias de la teoría de la evolución (de Darwin). Llegó (al foro general Mario Benedetti), pero no sé si cumplió todas las expectativas de la gente, porque parece que poco tiempo después de su aparición comenzó a dudar de su propia existencia”, dijo Jesusa Rodríguez luego de la presentación de su montaje Diálogos entre Darwin y Dios (ambos personajes representados por la actriz), que fue el cerrojazo de dicho encuentro literario.
Creada por Jesusa Rodríguez –acompañada al piano por la compositora Liliana Felipe–, Diálogos entre Darwin y Dios convocó a unas 700 personas, muchas de las cuales disfrutaron paradas el montaje de más de una hora, pese a la torrencial lluvia que cayó en el centro de la ciudad y a las breves fallas en el sonido, sobre todo cuando se escucharon algunos nombres como el de Felipe Calderón; “fue un complot”, dijeron algunos asistentes.
Esta carpa (el foro Mario Benedetti), instalada por los organizadores, fue el nicho en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de ver “la aparición de Dios; casi nunca tenemos esa oportunidad o poca gente la tiene”. Pero también fue “la oportunidad de hacerle un homenaje a Darwin”.
Catalizador
El espectáculo, que se ha presentado con gran éxito en diversos foros, como los museos de la Ciudad de México y de la Ciencias Universum, de la Universidad Nacional Autónoma de México, plantea el enfrentamiento entre la teoría científica sobre el origen de la vida y el creacionismo. Cautivó al público asistente, debido a que, por su parodia político-social, permitió al auditorio “sacar la frustración que siente por la manera de actuar de la clase política de México”, en opinión de muchos asistentes.
El montaje tenía el atractivo de que Dios “prometió que iba a aparecer y lo hizo, que ya es ganancia. Luego de los planteamientos de Darwin, quien sirvió de mediador entre Dios y la gente, mucha gente siguió sin creer en él; entonces entró en conflicto y dudó de que existía, aunque concluyó que no era tan importante si existía o no. Aunque a mucha gente le funciona de amigo imaginario para mantener esas posibilidades de la infancia”, dijo Rodríguez.
“Algunos –bromeó la actriz– hasta se convirtieron, pero otros salieron más ateos. Cualquiera de los dos fenómenos” ocurrió después de este espectáculo, que se representará el viernes próximo en el Tecnológico de Monterrey en Celaya, Guanajuato.
En la obra, Darwin presentó a las mismas especies “involucionadas” del país, como Norberto Rivera, Diego Fernández de Cevallos, Carlos Abascal, Fernando Gómez Mont, Beatriz Paredes y Agustín Carstens, entre otros. Pero la novedad en esta puesta fue la alusión a la reciente quema de libros de biología y civismo de secundaria que realizó el pasado lunes 5 de octubre en León, Guanajuato, Hortensia Orozco Tejada, regidora de esa ciudad, así como por diversas organizaciones, porque “según pervertían y erotizan a los niños, además de que fomentan la homosexualidad y la promiscuidad.
“La quema del libro en Guanajuato fue importante porque vieron la posibilidad de obtener, con ese incendio, recursos energéticos, debido a que está tan difícil el asunto del petróleo. En una de ésas se queman todos los libros y esa fuente de calor la usarán ahora que no hay electricistas (del SME)”, argumentó la artista.
El espectáculo, aseguró Jesusa Rodríguez, sirvió además para recordar que el 24 de noviembre se cumplen 150 años de la publicación de El origen de las especies, y que la próxima presentación en Celaya será de utilidad para “ver si aún hay posibilidades de que se celebre un libro en esa entidad y una teoría tan importante. Por lo menos, Darwin hará su lucha”.
También lo presentará en Puebla el próximo diciembre. “Es otra sociedad evolucionada, no sabemos a qué grado, pero evolucionada”, concluyó.

viernes 23 de octubre de 2009

Humberto Moreira no confía en el sector salud de Coahuila

Contrario a su propaganda, prefirió que su hija naciera en Estados Unidos

*Tampoco se acordó de los servicios de salud de sus “hermanos” cubanos

Juan Monrreal López
23 de octubre del 2009
http://www.democratanortedemexico.com/
http://www.democratanortedemexico.blogspot.com/

Torreón, Coahuila.- Como preludio de su IV Informe de gobierno, Humberto Moreira Valdés, arrancó una nueva campaña de propaganda en los medios electrónicos del estado, tratando de ensalzar los logros de su régimen, a pesar de que en los hechos, el propio Moreira Valdés, desconfía de los servicios de salud de Coahuila, que artistas de Televisa, promueven.


Contratado ex profeso, - para afianzar el culto a la personalidad del “profe” Moreira, a través de sus obras de gobierno -, Ernesto Laguardia, o su voz, llenan desde el 19 de octubre, los espacios radioeléctricos coahuilenses, dando a conocer que en “servicios y salud, Coahuila te da un norte”, pese a esto, Humberto Moreira, prefirió que su nueva hija, Vanesa Lucía, viera luz en la ciudad norteamericana de Eagle Pass, Texas, el martes 20 de este mes.


Desde el domingo 18 de octubre, Moreira Valdés, quiso justificar que su esposa Irma Vanessa Guerrero, permaneciera en observación en la fronteriza ciudad de Piedras Negras, Coahuila, aduciendo que su cónyuge había permanecido más de la mitad de su vida en los Estados Unidos, y que por eso, pariría en el vecino país . Además, abundó que se mantenía preocupado por las contracciones que su esposa presentó ese día por la mañana.


Así, a las 3 de la tarde, del 20 de octubre, 7 horas después de que Vanesa Lucía Moreira Guerrero, naciera, la oficina de Comunicación social del gobierno del estado, hizo saber que Humberto Moreira, “Con mucha alegría y entusiasmo”, participaba a los coahuilenses el nacimiento de su hija.


Lejos de Eagle Pass, Texas, el futuro padrino de Vanesa Lucía, el empresario del periodismo, Juan Francisco Ealy Ortiz, dueño del diario El Universal, editado en la ciudad de México, se enteró. De inmediato, habló con su futuro compadre, el gobernador de Coahuila, con el que en un baby shower, celebrado el 17 de julio en Saltillo, Coahuila, se comprometió a bautizar a la futura hija de Humberto Moreira, contando con la presencia testimonial de personajes de la política priista; entre ellos; Enrique Peña Nieto, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, la gobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, así como Ismael Hernández Deras, ejecutivo del estado de Durango; todo en un alarde de futurismo político hacia la presidencia de la República en el 2012.


Humberto Moreira, es padre de 6 hijos. Alba, Rubén Eduardo y Joaquín Moreira Guerrero, hijos de su primera esposa, Irma Guerrero.


Vanesa Mayela, quien falleció por parto prematuro el año pasado, y, ahora, Vanesa Lucía Moreira Guerrero, hijas de Irma Vanessa Guerrero.


Mientras, Ernesto Laguardia, sigue anunciando que, en “servicios y salud, Coahuila te da un norte”, en tanto, el gobernador del estado, Humberto Moreira, despreció el sector salud del estado que gobierna.


jmonrreall@yahoo.com

"La Familia", mucho más que un cartel

Stephen Gibbs
BBC, Ciudad de México

Decapitan, torturan y extorsionan. Después rezan y hacen obras de caridad.

El cartel de La Familia es, quizás, el ejemplo más extremo del paradójico enemigo al que se enfrenta México al tratar de derrotar la delincuencia organizada.
Es una lucha que sería mucho más fácil si los carteles fueran bandas de delincuentes al margen de la sociedad.
Pero ellos son, en muchas zonas, parte de la sociedad.
“La Familia fue originalmente una estructura social. Y lo sigue siendo, de muchas maneras”, dice el ex fiscal general adjunto de México y experto en crimen organizado, Samuel González Ruiz.
Se cree que el grupo se originó en la década del 80 como una organización de autoprotección entre productores de marihuana y opio en el estado de Michoacán.
En los años 90 los productores, que establecieron una alianza con los vecinos del cartel del Golfo, llevaban adelante el rentable negocio del contrabando.
Como otros carteles mexicanos de drogas, se beneficiaron de la masiva y exitosa restricción al narcotráfico liderada por Estados Unidos a lo largo del Caribe. Esa estrategia empujó el flujo de drogas hacia el oeste, a territorio mexicano.

Cuasi religiosos


La Familia se dedicaba al control de los puntos clave de entrada de la cocaína en la costa del Pacífico mexicano.
Los líderes de la organización no desperdiciaron la oportunidad y se embarcaron en una mayor expansión y diversificación.
Invirtieron en la producción de la droga sintética metanfetamina, se hicieron cargo del negocio local de los DVD piratas y establecieron un brutal servicio de cobro de deudas.
Investigaciones realizadas por el equipo de González señalan que el 85% del negocio legítimo en Michoacán actualmente tiene algún vínculo con La Familia, o con su dinero.
Se entiende que con los ingresos del grupo se han financiado escuelas, proyectos de desagües e incluso iglesias.
Una característica curiosa de la organización es que, según documentos de inteligencia, desaconseja seriamente a sus miembros consumir alcohol o drogas y tiene una ideología cuasi religiosa.
Se cree que el presunto líder espiritual del grupo, Nazario Moreno González, también conocido como “El más loco”, ha publicado y distribuido su propia Biblia, basada en los escritos contemporáneos del predicador estadounidense John Eldredge.
“Está claro que es una herramienta de organización”, afirma el antropólogo y analista Elio Mansferrer .
“No importa si los líderes creen en eso o no”.
Notas firmadas por la familia son dejadas a menudo sobre los cuerpos mutilados de sus rivales, indicando que son víctimas de la “divina justicia”.

Poder político

La Familia se caracteriza por los métodos brutales que emplea para intimidar a sus enemigos.
En los últimos tres años se ha visto un crecimiento de los audaces intentos del cartel para intimidar a sus enemigos.
En 2006, cinco cabezas fueron arrojadas dentro de un club nocturno en el poblado de Urupan. La carta que acompañaba las cabezas decía: “Morirán sólo aquellos que merezcan morir”.
En 2008, una granada fue lanzada hacia una multitudinaria celebración del Día de la Independencia en la capital del estado de Morelia y a comienzos de este año, en una aparente revancha por el arresto de uno de sus líderes, doce policías federales fueron capturados, torturados y asesinados.
A raíz de esos hechos, el presidente mexicano Felipe Calderón envió miles de soldados y policías a Michoacán, que es su estado natal.
El gobierno también dice tener evidencias de que La Familia ha estado utilizando su poder económico para comprar poder político.
En mayo, las autoridades federales arrestaron a 10 alcaldes y otros 20 funcionarios locales en Michoacán, alegando que habían vendido favores a La Familia.
Los últimos arrestos en EE.UU. confirman lo que México ha advertido durante mucho tiempo a las autoridades estadounidenses: que las drogas que cruzan la frontera todos los días lleva también la delincuencia organizada.
Pero algunos creen que la particular debilidad dentro de México la ha hecho vulnerable a los carteles.
El desempleo generalizado, la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y la amplia brecha entre ricos y pobres configuran un terreno perfecto donde grupos como La Familia pueden florecer.
“El tráfico de drogas”, resume González, “es un síntoma de una enfermedad mucho más profunda”.

Depredadores

Juan Villoro

El bostezo sirve para que los leones cacen en manada y los políticos en soledad. Pido paciencia para desarrollar esta teoría.
Hace poco le pregunté a Joselo Rangel, miembro de Café Tacvba, cuál es el sello de los nativos de Ciudad Satélite, periferia donde creció y de la que es orgulloso representante. Su respuesta fue significativa: "La principal diferencia es que a nosotros no nos da flojera ir ahí". Para los demás capitalinos, los desplazamientos son una tortura. Tengo la impresión de que en el futuro sólo los especialistas se arriesgarán a ir lejos.
Enamorado de lo nuevo, Gómez de la Serna escribió esta greguería: "El automóvil empolvado parece haber salido de las bodegas de la velocidad". Así son los coches de la Ciudad de México: juntan el polvo de los objetos detenidos. Nuestras avenidas son bodegas de la velocidad.
Si cruzar la calle es difícil, tomarla se ha vuelto una utopía, entre otras cosas porque ya está tomada (en cualquier sitio hay un plantón o un puesto de tamales). Esto ha limitado la participación política. Aunque sobran motivos para protestar, nos falta enjundia para ir por indignación a los lugares a los que tanto trabajo cuesta ir por necesidad.
"No podemos ser tan apáticos: ¡debemos salir a dar molestias!", propuso mi amigo Filiberto, a quien conocí en el Partido Mexicano de los Trabajadores. "El problema es que ya hay tantas molestias que nadie se va a fijar en las nuestras", respondió el escéptico Frank.
¿Qué hacer? La frase con la que Lenin bautizó un opúsculo destinado a movilizar conciencias volvió a nuestra mente.
La indiferencia es signo de derrota. No es ése el ánimo que detecto en las personas. Casi todas están indignadas, pero no se animan a formar un contingente por temor a no hallar el camino de regreso o a ser arrollados por un automovilista incapaz de comprender las causas sociales.
"¿Se van a quedar aquí aplastados? ¡Esto parece una sala de espera de la Tapo!", dijo Filiberto para humillarnos con nuestra indolencia: confundíamos el destino histórico con un autobús a Pachuca.
Nos habíamos reunido para analizar la situación del país. En otro tiempo, algunos de los participantes habían sido adeptos del maoísmo, la teología de la liberación, la corriente crítica del PRI, el eurocomunismo y otras esperanzas que no recuerdo. ¿Sólo el tráfico nos había desmovilizado o mostrábamos síntomas de apatía terminal?
Desconfiado de cualquier iniciativa que sea nuestra, Frank dijo: "el hombre es un animal de costumbres y la costumbre del mexicano es el fracaso". Esta opinión nos indignó. No podíamos permitir que nos atribuyera tamaño derrotismo. Haríamos algo y el primero en enterarse sería él. Lo insultamos y respondió, muy satisfecho: "¿Ya ven? El hombre es un animal. Sólo reacciona si lo incitan a competir". Esto le dio una idea a Filiberto: "Debemos capitalizar el instinto; el hombre es un depredador. ¡Esto no puede ser la Tapo!". Como estábamos en mi casa, el insistente comentario me pareció ofensivo para mis sillones. Vi a Filiberto con ojos de rencilla que malinterpretó como un gesto de solidaridad depredadora.
Nos habíamos juntado para buscar un motivo que nos hiciera salir a la calle. Compartimos el descontento por lo que pasa en el país, pero tenemos ideas muy diversas. Para ese momento, sólo sabíamos que éramos animales.
Llegó el turno de Fabrizio. Es un lector omnívoro y siempre tiene una cita que viene a cuento. Mostró la novela Aquí y ahora, del escritor uruguayo Pablo Casacuberta, y leyó este pasaje sugerente: "Sólo los animales de caza bostezan. No ocurre que el bostezo sea contagioso como efecto secundario y peculiar de una función más central, sino todo lo contrario. Justamente la utilidad principal del bostezo es ser contagioso, publicitar la idea de dormir y sincronizar el ciclo de sueño de la manada para facilitar las operaciones de caza".
Esto nos dio una idea desbocada que nos pareció magnífica: si lográbamos sincronizar nuestras energías, tomaríamos la calle. Debíamos unirnos en una siesta reparadora. Nos habíamos aburrido lo suficiente para que el método resultara revolucionario.
La primera en bostezar fue Gabriela. El efecto fue instantáneo. Todavía no éramos un contingente, pero ya empezábamos a ser una manada. Uniríamos nuestras reservas de entusiasmo para el ciclo de cacería.
De manera asombrosa, durante quince minutos dormitamos sin que eso fuera un desastre social.
Despejados por el sueño, nos dispusimos a poner nuestro instinto depredador al servicio del quehacer político. Filiberto lanzó una arenga sobre las causas que debíamos defender. Gabriela volvió a bostezar. Cuando el orador habló de "coadyuvar a la coyuntura inminente" ya todos dormitábamos. "¡Parecen diputados!", nos injurió.
El experimento de animalidad había fracasado. Los bostezos permiten sincronizar el sueño de la manada para cazar al mismo tiempo. El error del Filiberto fue hablar como político mexicano, ese depredador impune que duerme al resto de la manada para cazar en soledad.
Reforma23/10/2009

lunes 19 de octubre de 2009

Arrasa el PRI en Tabasco y Coahuila

ARMANDO GUZMÁN

MÉXICO, D.F., 18 de octubre (apro).- De acuerdo con resultados preliminares y de encuestas de salida, el PRI arrasó en las dos elecciones estatales efectuadas este domingo en Tabasco y Coahuilla. En la primera entidad el gran perdedor sdería el PRD y en la segunda el PAN.
En Tabasco, de acuerdo a la encuesta de salida dada a conocer por la empresa Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), el PRI lleva amplia ventaja en cinco de los 17 municipios de Tabasco, entre ellos, Centro, cabecera de Villahermosa.
Según este sondeo, difundido a las 18:00 horas por Federico Berrueto, el presidente de GCE, el tricolor habría triunfado en las alcaldías de Centro, Macuspana, Cárdenas, Comalcalco, Tenosique y mantiene cerrada pelea por la de Huimanguillo.
Jesús Alí de la Torre, habría refrendado la victoria del PRI en la alcaldía de Centro con 43 por ciento de los sufragios contra el 29 por ciento del abanderado del PRD, Fernando Mayans Canabal.
En Macuspana, gobernado por el PRD, tierra del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, la encuesta de GCE anticipa el triunfo del priista Alfonso Pérez Alvarez con 40.1 por ciento de la intención del voto, contra 24 por ciento del perredista, José Alberto Pinzón.
En Comalcalco, también gobernado por el PRD, la encuesta de salida favoreció al candidato tricolor, Alejandro Medina con un 54.4 por ciento contra 33 por ciento del perredista Óscar Rosado Jiménez.
En Cárdenas, igualmente gobernado por el PRD, el abanderado tricolor Nelson Pérez García aventaja al perredista Abenamar Pérez por 41 por ciento contra 27 por ciento de la votación.
En Tenosique, en manos del PRI, el tricolor habría refrenado su triunfo con su candidato Ángel Tárano con 40 por ciento contra 29 por ciento del perredista Raúl Gutiérrez.
En Huimanguillo, gobernado por el PRD, la encuesta de salida de GCE no anunció tendencias por cerrada pelea entre el priista Gerald Washington y el perredista Francisco Sánchez Ramos.
El líder nacional del PRD, Jesús Ortega, tachó de "albazo informativo" la encuesta de salida de GCE y denunció un "operativo de estado" del gobierno estatal "para inhibir y obstaculizar" el trabajo de los dirigentes de su partido.
Dijo que derivado de esta estrategia, fueron agredidos por elementos policiacos los diputados federales del PRD, Martha Angélica Bernardina y César Burelo.
A las 7 de la noche, el dirigente estatal del PRI, Adrián Hernández Balboa, dijo que, según sus actas de escrutinio, su partido aventajaba en la mayoría de los 17 municipios.
Adelantó que desde el año 2007 el PRI gobernaba cerca del 56% de los tabasqueños, pero a partir de este domingo gobernará a más del más del 80 % de los habitantes del estado.
Actualmente el PRI gobierna 10 municipios y 7 el PRD. La Cámara de Diputados está dominada por el tricolor con 20 legislados, el PRD tiene 14 y el PAN uno plurinominal.
Después de 19:30 horas, empezaron a fluir cifras en el Programa de Resultados Preliminales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), que confirmaban la tendencia en favor del tricolor en las 17 presidencias municipales y 21 diputaciones de mayoría que se disputaron este domingo.
La jornada electoral trascurrió en medio de acusaciones mutuas entre PRI, PRD y PAN, principalmente sobre acarreo y comprar de votos, y enfrentamientos entre policías estatales y municipales de Cárdenas, Huimanguillo y Macuspana, con saldo de varios lesionados, uno de ellos con arma de fuego, y más de 30 detenidos.
A las 20:20 horas, cientos de priistas se empezaron a concentrar en la Plaza de Armas para festejar el triunfo del candidato para la presidencia de Centro, Jesús Alí de la Torre.
Encuestas difundidas antes de los comicios, daban amplia ventaja al PRI en la mayoría de los municipios. Perredistas que fueron postulados por el PT para alcaldías, comentaron que la profunda división que dejó el proceso interno de su partido para elegir candidatos, provocó "el desastre" electoral del sol azteca.
Por otro lado, en Coahuila, según cifras de los partidos, hasta el momento el Revolucionario Institucional aventaja en 34 municipios y la oposición en los otros cuatro. El representante del Verde Ecologista de México (PVEM), Guadalupe Ascensión Olvera Patena, aseguró que su partido ganó los municipios de General Cepeda y Juárez, donde iban con candidatos propios. Mientras que en el resto de los 10 municipios la tendencia no les favorece para alcaldes, pero quizá logren algunas regidurías. Extraoficialmente se conoce que el PAN perdió Torreón, Ramos Arizpe y Escobedo, pero ganó San Buenaventura. El PRD triunfó en Castaños, aunque se quedó sin San Pedro y sin Jiménez. En Parras aún no hay nada para nadie, se sabe que la pelea está entre el PRI y el PRD, pero prácticamente están en empate técnico. El PRI ganó las dos elecciones pasadas de diputados locales y federales. Aunque al parecer finalmente el Revolucionario Institucional no consiga la victoria aplastante que esperaba, el gran perdedor de la contienda sería el Partido Acción Nacional, pues se le fueron de las manos los dos únicos bastiones albiazules que tenía en Coahuila: Torreón y Ramos Arizpe.
La jornada electoral de este domingo fue participativa. Familias completas acudieron a las urnas para renovar las 38 administraciones municipales, jóvenes, hasta personas en sillas de ruedas también votaron, mientras los niños, que acompañan a sus padres, se dieron gusto corriendo o jugando en las escuelas donde se instalaron las casillas electorales. Se espera que el 60% del padrón haya emitido su voto para superar los resultados de los comicios de hace cuatro años, dijo el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante. Excepto dos, la totalidad de las 3 mil 284 casillas fueron instaladas y abrieron a tiempo, poco después de las 8:00 horas para recibir a los electores. Se colocaron 97 de las 99 urnas electrónicas en 11 municipios, informó el coordinador de la Comisión del Voto Electrónico, Carlos Arredondo Sibaja. Durante el transcurso de la jornada, el PAN denunció acarreo de votantes en Torreón y Saltillo y en Ramos Arizpe (gobernado por el PAN) el PRI también acusó de acarreo a quien resulte responsable y señaló que llevabaron gente a las urnas en taxis con placas del estado de Nuevo León. En algunas casillas, los representantes del PAN recibieron indicaciones de solicitar que los comisionados de los se firmaron todas las boletas, eso propició que se retrasara la apertura de algunos centros de votación. El gobernador, Humberto Moreira Valdés, que siempre es de los primeros en ir a sufragar, ahora se retrasó; en lugar de ir a las 8:30, acudió a las 12:00 horas a la casilla, acompañado de sus hijos José Eduardo, Rubén Humberto y Joaquín.
Proceso19/10/2009

Impunidad de principio a fin

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Ni siquiera la imputación que le hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sacará a Ulises Ruiz Ortiz del gobierno de Oaxaca.
Arropado por la mayoría del PRI en la Cámara de Diputados que impedirá el juicio político en su contra, el gobernador minimizó el señalamiento que le hizo el máximo tribunal del país al calificarlo como una mera "opinión".
El pasado miércoles 14 de octubre, después de año y medio de indagatorias, la Corte estableció que Ruiz fue uno de los principales responsables de las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), entre 2006 y 2007, que según la Corte dejó 26 muertos y cerca de 200 detenidos.
La conclusión adoptada por la SCJN después de dos sesiones públicas fue contundente: ocho de los 11 ministros que integran el pleno del máximo tribunal mexicano resolvieron que el gobernador fue responsable, por acción y omisión, de la afectación a garantías constitucionales.
De acuerdo con el proyecto elaborado por el ministro Mariano Azuela -quien pretendía que se le atribuyera al gobernador oaxaqueño una responsabilidad "atenuada"-, Ulises Ruiz afectó las garantías de acceso a la justicia, de la vida, de la integridad personal, de libertad (que comprende las de tránsito, trabajo y expresión), de la educación, de propiedad y posesión y el derecho a la paz. Además, a propuesta del ministro Juan Silva Meza se determinó que también violó el derecho de acceso a la información.
Los únicos ministros que salieron en defensa de Ulises Ruiz, además de Azuela, fueron Margarita Luna Ramos y Sergio Valls Hernández, quien dio muestra de su pasado priista, pues exculpó de toda responsabilidad a su excompañero de partido. Como miembro del PRI, Valls fue funcionario del Seguro Social y diputado federal por Chiapas.
El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano fue incluso más allá: para él ni siquiera hubo violación grave a los derechos humanos, sino que las agresiones fueron originadas por "subversivos" apoyados por la guerrilla, incluidas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
La Corte, sin embargo, por seis votos a cinco, eximió del todo al gobierno del expresidente Vicente Fox. Los ministros que argumentaron para llegar a lo más alto de la cadena de mando -el presidente y sus secretarios de Gobernación, Carlos Abascal, y de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora- fueron José Ramón Cossío Díaz, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero y Silva Meza.
Manto de protección
Aunque la SCJN ya había hecho una acusación similar de violación grave de garantías individuales en contra del exgobernador de Guerrero Rubén Figueroa por la matanza de Aguas Blancas, en 1996, que lo llevó a renunciar obligado por el expresidente Ernesto Zedillo, Ulises Ruiz se convirtió en el primer gobernador en ser sometido a una investigación de este tipo a solicitud del Congreso de la Unión.
Pero la consecuencia de esa acusación, el juicio político, está prácticamente descartada debido a la mayoría del PRI en las comisiones de Gobernación y Justicia de la Cámara de Diputados, encargadas de darle seguimiento al resolutivo de la Corte.
La Comisión de Gobernación está presidida por el diputado por Chihuahua Javier Corral, del PAN; la de Justicia, por el diputado por el Estado de México, Humberto Benítez Treviño, del PRI. Ambos deberán integrar la subcomisión de Examen Previo para darle continuidad a la demanda de juicio político promovida por el PRD contra Ulises en enero de 2007.
La demanda se detuvo en ese momento porque el entonces presidente de la Comisión de Gobernación y exgobernador de Oaxaca, el también panista Diódoro Carrasco Altamirano, decidió suspender el trámite hasta que se conociera el resultado de la investigación de la Suprema Corte.
A pesar de las pocas probabilidades de que prospere el juicio político contra el gobernador, Corral asegura que la Cámara de Diputados "tiene el deber ineludible de darle consecución a la acción de la Corte", que atendió dos solicitudes del pleno de la propia Cámara, en febrero y octubre de 2007, para que ejerciera su facultad constitucional de investigación para casos de violación grave a alguna garantía individual.
En entrevista telefónica, Corral advierte que se sentaría "un precedente muy nefasto" si la Cámara desconoce o ignora la intervención de la Corte cuando fueron los propios diputados quienes la solicitaron.
"Yo ya he pedido al presidente de la Comisión de Justicia que constituyamos la subcomisión de Examen Previo. Tenemos 200 expedientes de juicio político pendientes de la LIX y LX legislaturas. Pero por ahora, la resolución de la SCJN hace relevante e ineludible dictaminar el caso de Oaxaca", dice el legislador.
Asegura que "por lo menos" el procedimiento se tiene que desahogar, aunque "es cierto que la correlación de fuerzas en la Cámara no es favorable para que se inaugure en México la justicia política".
Además, entra en juego la negociación para el presupuesto de 2010, aunque para Corral la subcomisión se debe integrar "más allá de las negociaciones económicas o fiscales y hasta donde realmente podamos y hasta donde quieran ir los partidos políticos, incluido el mío".
Aunque dice no tener claro cómo va a actuar el PRI, da a conocer que algunos diputados de Oaxaca "han empezado a presionar y a mandar mensajes de que el juicio político sería la guerra y hasta uno -cuyo nombre por ahora me voy a reservar- me mandó amenazar de que me quitarían de la Comisión de Gobernación si se le mueve al asunto".
De hecho, en cuanto se conoció la conclusión de la Corte, los priistas salieron en bloque a defender a su cuestionado gobernador. La línea dura del PRI se conoció la noche del jueves, mediante un boletín en el que se arremete contra la Suprema Corte, a la que se responsabiliza de cualquier "nueva confrontación" que pueda ocurrir en el estado.
Al poco rato de su distribución, la oficina de prensa priista pidió a los medios que no se publicara porque se trataba de "una versión no definitiva". En el documento aparecen los nombres de 48 diputados coordinadores de las bancadas estatales y coordinadores y vicecoordinadores del PRI, encabezados por el coordinador del grupo parlamentario en la Cámara, Francisco Rojas Gutiérrez.
La "versión no acabada", que no fue sustituida por otra, expresa una gran molestia contra la Suprema Corte: "Apenas se han restañado las secuelas de la grave confrontación social que vivió la sociedad oaxaqueña en 2006, cuando de manera inaudita e inaceptable, la SCJN incentiva una nueva confrontación, ahora motivada por una resolución sustentada en apreciaciones subjetivas, juicios de valor y prejuicios, más que la objetiva y escueta aplicación de la ley que le corresponde a un cuerpo constitucional de esa jerarquía.
"Afirma que los problemas políticos, económicos y sociales que originaron el conflicto "han sido satisfactoriamente resueltos", por lo que la "inconsecuente resolución" de la Corte sobre la responsabilidad del gobernador "sólo servirá para incentivar nuevas expresiones de confrontación política y social, cuyas potenciales consecuencias serán estrictamente de la responsabilidad de la Corte".
Amaga incluso con hacer "una consulta pública" para retirarle a la Corte la facultad de investigación establecida en el artículo 97 de la Constitución porque "ni está capacitada ni tiene los elementos para este tipo de tareas".
Aunque el documento fue retirado, parte de sus argumentos los esgrimió el propio Ulises Ruiz en declaraciones a la prensa oaxaqueña, el viernes 16.
El gobernador se jactó de que la decisión de la Corte ni le quita el sueño "ni voy a renunciar", y dijo que en el informe de la investigación "hay expresiones de la sociedad oaxaqueña que quieren que se conozcan los informes, las gentes que financiaron las acciones, los asuntos que se vivieron en el 2006, los responsables de violación de derechos humanos... Hay nombres, hay responsables, hay organizaciones que estuvieron".
Entre las críticas priistas a la Corte, hechas en el mismo tono de la versión no autorizada, destaca la del diputado federal y exsecretario de Gobierno de Oaxaca, Heliodoro Díaz Escárcega. Designado en ese cargo en julio de 2006, dos meses después de que iniciara el conflicto magisterial que derivó en las manifestaciones de la APPO, Díaz Escárcega advirtió que la decisión de la Corte "puede dar pauta para que grupos animados por este tipo de hechos quieran ver nuevamente azotada a la entidad en la lucha callejera, el conflicto, el agravio, con el trastocamiento de la paz y tranquilidad y el desarrollo" del estado.
El diputado Javier Corral dice que si se impone esa defensa del PRI, no sólo se habrá afectado la Corte: "Si a una autoridad que se le documenta la represión, privaciones ilegales de la libertad, lesionados, homicidios, despliegue inusual y drástico de fuerzas policiales, varias violaciones a garantías individuales y no pasa nada, lo único que termina creando es un monumento a la impunidad".
Proceso19/10/2009

Contra Marta, por la libertad

Miguel Ángel Granados Chapa

Aunque de refilón la Primera Sala de la Suprema Corte convalidó la incongruencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que condenó a la periodista Olga Wornat al mismo tiempo que exoneraba al semanario Proceso, negar el amparo solicitado por Marta Sahagún Jiménez significa un paso más en defensa de las libertades de prensa y de palabra.
El 7 de octubre la Primera Sala votó por unanimidad de sus cinco miembros no otorgar a la esposa de quien fuera presidente de la República, Vicente Fox, la protección de la justicia federal contra actos de la Primera Sala Civil del tribunal local mencionado. Este órgano jurisdiccional absolvió a la revista fundada por Julio Scherer de la reparación del daño moral que esa publicación habría inferido a la señora Marta, mientras que, si bien redujo la indemnización a pagar de casi 2 millones a medio millón de pesos, ratificó la condena a la autora de la pieza periodística que provocó el juicio civil correspondiente, conducido por un inepto (o algo peor) juzgador de primera instancia.
Debido al procedimiento practicado por la sala de la Corte en su sesión pública, donde los ministros exponen argumentos sólo en los casos en que discrepan de la ponencia y no en tratándose de votaciones unánimes, no se conoció de inmediato la sentencia del amparo contraria al interés de la fundadora de Vamos México. Ahora que la tengo a mi alcance me refiero a sus tesis principales, que en resumen consisten en reconocer a la ex primera dama como un personaje público, no obstante no ocupar un cargo formal en la política y en la administración; y en considerar, por lo tanto, que una persona en esas condiciones no puede pretender protección a su vida privada en los mismos términos que las personas comunes, sino que es menos dilatada la zona en la que no puede haber interferencias.
Para sentenciar este caso, la Primera Sala se basó en dos precedentes de la propia Corte y, lo que es muy importante, en casos ventilados conforme a legislación extranjera o internacional por órganos judiciales de la misma naturaleza. Estas resoluciones tienen en común que vinculan las libertades de información y de expresión con el régimen democrático, de donde se sigue que las limitaciones a aquellos derechos se reflejan indebidamente en una lesión a la convivencia. La ponencia del ministro Sergio Valls -opuesto en solitario a que la Corte atrajera el caso y autor después de un proyecto que mereció la aprobación de sus cuatro compañeros- cita abundantemente casos resueltos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el respectivo Tribunal europeo y otros ventilados ante la justicia española, británica y norteamericana. De allí desprendió la sala estos criterios para resolver el caso específico: "Las personas públicas o notoriamente conocidas son aquellas que por circunstancias sociales, familiares, artísticas, deportivas, o bien porque ellas mismas han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra análoga, tienen proyección o notoriedad en una comunidad y, por ende, se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades, su vida privada sea objeto de mayor difusión.
"Por tanto, las personas públicas deben soportar un mayor nivel de injerencia en su intimidad, a diferencia de las personas privadas o simples particulares al existir un interés legítimo de la sociedad de recibir información sobre ese personaje público y, por ende, de los medios de comunicación social, de difundirla, en aras del libre debate público. En esa medida, se someten al riesgo de que tanto su actividad como dicha información personal sea difundida y por tanto a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que pueda ser molesta, incómoda o hiriente.
"Sin embargo, ambos tipos de personas, públicas o privadas, se encuentran protegidas constitucionalmente en cuanto a su intimidad o vida privada, por lo que... podrán hacer valer su derecho... frente a las opiniones, críticas o informaciones lesivas de aquel (sic), y cuya solución ameritaría realizar una ponderación entre cuál derecho tiene un plus de protección en cada caso".
Con base en esa ponderación, los ministros concluyeron que si bien en el material periodístico cuestionado (el reportaje sobre la anulación del matrimonio eclesiástico de la señora Sahagún y su primer esposo, Manuel Bribiesca) "se revelan determinados hechos indudablemente inherentes a la vida privada" de la solicitante del amparo, "que tuvieron lugar durante el citado matrimonio, lo cierto es que esta intromisión a su intimidad, vista en el contexto en que se hizo, encuentra cabida en el interés legítimo de la sociedad de conocer dicha información... en tanto que... la relevancia pública de lo informado le confiere un plus de protección frente al cual debe ceder la intimidad de quien sufre la intromisión y además ese es, en su integridad, el artículo que publicó la editora demandada".
En buena hora, el amparo exoneró de una vez y para siempre a Proceso de las pretensiones de la señora Fox. Pero en mala hora, la incongruencia de la sala del tribunal fue en cierto modo consagrada por la sala de la Corte, ya que en este juicio de amparo y en otro relacionado, la justicia se abstuvo de entrar al fondo del asunto, la incongruencia de que se absuelva al órgano portador de una información y se condene a quien la produjo. Dada la insuficiencia del argumento para hacerle pagar la indemnización la periodista se abstendrá de cubrirla. A ver qué pasa.
Cajón de Sastre
Desde Saltillo, el lector Lorenzo Carlos Cárdenas Sosa envió precisiones sobre el calendario electoral de Coahuila, a propósito de lo dicho aquí el viernes en torno a la elección municipal en aquella entidad. Las fechas comiciales no se modificaron para empatarlas con las federales, sino sólo por motivaciones locales. La última vez que fueron elegidos simultáneamente diputados locales y ayuntamientos fue en 2005. En 2011 serán elegidos gobernador y diputados, que durarán en su encargo sólo dos años, para que en 2013 coincida de nuevo la elección legislativa con la de alcaldes, que tomarán posesión el 1o. de enero de 2014. La de ayer, concluye nuestro lector, fue la tercera ocasión en que los coahuilenses acudieron a las urnas en sólo un año: en octubre pasado eligieron legisladores locales, el 5 de julio a los federales y ayer alcaldes.
Reforma19/10/2009

sábado 17 de octubre de 2009

Ganaron 400 consorcios casi $5 billones en 2008 y sólo pagaron 1.7% al fisco

Televisoras, cementeras, cerveceras, hoteleras y autoservicios, entre las beneficiadas: SAT

*Aportaron apenas 85 mil millones de pesos, informa Hacienda a la Cámara de Diputados

Roberto Garduño

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó a la Cámara de Diputados que los 400 grandes grupos empresariales que operan en el país acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en el año 2008 y, gracias al régimen de consolidación fiscal, sólo tributaron 1.7 por ciento en promedio por concepto de ISR.
Dichas empresas sólo pagaron 85 mil millones de pesos, cuando debieron aportar al fisco 850 mil millones vía impuestos en 2008.
El órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) considera que “un esquema normal de causación de ISR” –que es el seguido por los contribuyentes que no consolidan fiscalmente–, tomando en consideración las deducciones operativas y beneficios que la propia ley del impuesto establece, se calcula que debe fluctuar entre 10 y 17 por ciento, dependiendo del giro de la empresa, el régimen fiscal al que se apega y su capacidad económica.
“Esto si consideramos que la tasa máxima es de 28 por ciento hasta el momento. Lo anterior implicaría que esos grandes grupos paguen, en lugar de 85 mil millones de pesos, como lo hicieron en el ejercicio fiscal 2008, diez veces más, esto es alrededor de 850 mil millones de pesos.”
El SAT ejemplifica los beneficios que obtienen las empresas que operan en México al evidenciar las ventajas del sector cosmético en 2008. Este ramo obtuvo ingresos acumulables por 7 mil 600 millones de pesos, “y sólo pagó alrededor de 220 millones.
“Otro ejemplo es el de las tiendas de autoservicio, que en 2008 obtuvieron ingresos acumulables por 67 mil 600 millones de pesos y sólo pagaron alrededor de 6 mil millones. De este tamaño es el daño que el citado régimen de consolidación fiscal le inflige a los ingresos del Estado mexicano.”
Sin especificar los nombres de las principales empresas beneficiadas, el SAT aportó un listado de aquellos sectores que se benefician de la consolidación fiscal, entre ellos: cementeras, grandes tiendas de autoservicio y departamentales, cadenas automotrices, cerveceras, televisoras, empresas de electrodomésticos, de telecomunicaciones, de cosméticos, papeleras, procesadoras de alimentos, distribuidoras de maquinaria y equipos, refresqueras, constructoras, operadores y grupos financieros, hoteleros, empresas mineras, cigarreras, de transporte y casas editoriales.
Para el organismo encargado de recaudar la tributación, los grandes contribuyentes o personas morales con ingresos acumulables para ISR superiores a 500 millones de pesos representan 0.13 por ciento de los contribuyentes activos localizados.
Durante el reciente ejercicio fiscal (2008) la recaudación nacional neta fue de 2 billones 69 mil 27 millones de pesos, de la cual los grandes contribuyentes aportaron 72.9 por ciento, lo que representó un billón 510 mil 222 millones de pesos.
“Cabe destacar que la recaudación efectivamente cobrada durante el periodo enero-julio de 2009 representa un incremento de 8 por ciento respecto de la registrada en 2008. Lo anterior refleja un excelente resultado tomando en consideración la situación económica actual.”
En el ámbito de la fiscalización, el año pasado el SAT obtuvo 62 mil 980 millones de pesos de recaudación derivada exclusivamente de las auditorías practicadas, de las cuales 60 por ciento fueron a grandes contribuyentes. Tal hecho significó un incremento de 4 puntos porcentuales respecto a lo aportado por concepto de auditorías al mismo sector en 2007.
La recaudación que resultó de aquellas auditorías pasó de 18 mil 326 millones de pesos en 2005, a 37 mil 636 millones en 2008. “En el periodo enero-julio de 2008 la recaudación derivada de auditorías a los grandes contribuyentes fue de 30 mil 487 millones, mientras que en el mismo periodo de 2009 ésta se ubicó en 30 mil 947 millones, lo que representa un dos por ciento superior, pese a la situación económica.”
Del año 2005 a 2008, la proporción de los montos asociados a sentencias definitivas ganadas a los grandes contribuyentes se ha incrementado de 39 por ciento a 82, y en el periodo enero-julio del presente, el monto favorable al SAT es de 82 por ciento, gracias a que el sistema ha orientado su estrategia de litigio principalmente a los juicios cuantiosos, es decir, de grandes contribuyentes.
“No obstante los esfuerzos del SAT para establecer estrategias que impidan la evasión y la elusión de los grandes contribuyentes, así como una efectiva defensa del interés fiscal, el régimen de consolidación fiscal que se contempla en la Ley del Impuesto Sobre la Renta permite que alrededor de 400 grupos empresariales, mismos que en conjunto acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en 2008, tengan una carga fiscal de apenas 1.7 por ciento en promedio. Esto equivale a pagar apenas 85 mil millones de pesos por concepto de ISR.”

Desfiladero

SME: Calderón tiene un pie en el abismo

Jaime Avilés

Según versiones oficialistas, en octubre de 2006, Felipe Calderón trazó el plan para acabar con Luz y Fuerza del Centro (LFC) y, a la vez, con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), un gremio aguerrido”, que “tiene vínculos fuertes con organizaciones sociales radicales” y con el PRD, de acuerdo con un supuesto estudio encargado en aquel entonces por la oficina del político michoacano.
¿Es verdad que el golpe al SME se debió a su cercanía con (Andrés Manuel) López Obrador?, preguntó el pasado lunes, en su show matutino, un levantacejas de Televisa al secretario del Trabajo. “De ninguna manera, la decisión fue técnica, no política, y apegada a la ley”, respondió Javier Lozano, impertérrito.
LFC no es la empresa pública “más antigua del país” –como irreflexivamente escribió el autor de estas líneas en una apresurada crónica nocturna publicada ayer–, sino quizá la más joven: Salinas la creó por decreto en febrero de 1994. En cambio, el SME es sin duda el sindicato más longevo de México: dentro de dos meses cumplirá 95 años y, por como pintan las cosas, los celebrará en medio de la más difícil de sus batallas o al calor de la más gloriosa de sus victorias.
En la mesa de supuestas “negociaciones” –que se instaló ayer en Bucareli– los representantes del “gobierno” insistieron en liquidar a los 44 mil electricistas echados a la calle. Hasta el cierre de esta columna, el gremio no había planteado la demanda que reunió la tarde-noche del jueves a cientos de miles de personas en el corazón de la ciudad de México: la abolición del decreto extinguidor o, en su defecto, la renuncia de Calderón.
Como es obvio, el “gobierno” fingirá que negocia, garrote en mano, para ganar tiempo y ver si surte efecto su campaña de dividir al sindicato comprando a buena parte de sus afiliados con cheques de 300 y 400 mil pesos. Ese cálculo es erróneo: los del SME son trabajadores altamente especializados y no se venderán por unas migajas. El sentimiento de frustración y rabia que comparten lo sintetizaba el jueves un hombre que iba por Reforma con un chaleco sobre el que había escrito: “De ingeniero a taquero”. ¿Tantos años de estudio y de esfuerzo ya no le van a servir de nada? ¿Ahora venderá tacos de canasta? No: lo más probable es que, al disponer de tanto tiempo libre, se dedique intensamente a hacer política en contra de quien, de un plumazo, destruyó su vida y las expectativas de sus hijos para poner en manos de los mismos ricachones de siempre un negocio de miles de millones de dólares: el de la fibra óptica.
El golpe militar –con soldados disfrazados de policías– que Calderón asestó la noche del sábado pasado es un eslabón más de una larga cadena de acciones ilícitas cometidas por los últimos gobiernos para privatizar la industria eléctrica nacional. Todo comenzó en 1998, cuando los dueños de México descubrieron que en LFC había una red de fibra óptica de mil 100 kilómetros de longitud que, además de transmitir energía eléctrica, podía ser usada para mandar imágenes de televisión, señales telefónicas y dar servicio de Internet, exactamente lo que hoy en día ofrece Cablevisión y desea ardientemente hacer Carlos Slim.
Esa red fue instalada hace 30 años, la última vez que LFC fue modernizada por el gobierno federal, antes que Salinas la fusionara con las empresas distribuidoras de electricidad en los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Desde que Zedillo supo que esa maraña de fibra óptica servía para otras cosas, la compañía dejó de recibir mantenimiento. Las máquinas compradas por el gobierno de López Portillo se quedaron sin refacciones, pero siguieron funcionando gracias a la sabiduría y la constancia de los trabajadores del SME.
El hundimiento de Luz y Fuerza, y de la industria eléctrica en general, se agudizó durante el sexenio de Fox: éste permitió, violando la Constitución, que empresas privadas generaran 30 por ciento de la energía que consume actualmente el país, lo que obligó a que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) redujeran en la misma proporción sus actividades, hecho que en 2007 ocasionó la inundación de Villahermosa debido a la sobrecarga de la presa Peñitas, que fue desfogada a toda prisa cuando estaba a punto de reventar.
La segunda jugada sucia de Fox consistió en imponernos, a todos los mexicanos, la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), gracias a la cual nuestros recibos de luz subieron escandalosamente. A una familia que pagaba 180 pesos al bimestre de pronto le empezaron a cobrar 3 mil. Iba uno a reclamar a LFC y luego de horas de espera en oficinas atestadas, antiguas e incómodas, se enteraba de que le habían aplicado la tarifa DAC. De este modo, la cartera vencida de la empresa creció a niveles inmanejables, y los medios hicieron el resto.
Desde que empezó este sexenio, los levantacejas emprendieron una campaña contra LFC y contra el SME, culpando a ambos de todo: los injustos cobros, el mal servicio, la corrupción y demás calamidades. Todo para alcanzar la meta que Calderón se habría fijado en octubre de 2006, dos meses antes de colocarse la banda tricolor.
¿Por qué los técnicos de la CFE que ahora operan las instalaciones de Luz y Fuerza no pueden arreglar los apagones? Porque no saben cómo funcionan las carcachas en que Zedillo, Fox y Calderón convirtieron las instalaciones de la empresa para adueñarse del negocio de la fibra óptica. Hasta ayer, las fallas eléctricas en toda la ciudad habían ocasionado pérdidas de al menos 3 mil millones de pesos.
Durante el mitin del pasado lunes en San Lázaro, el senador Ricardo Monreal dijo que la solución de este conflicto será política. Quizá sea verdad que la bancada del PRI está dividida y que algunos de sus integrantes formarán el grupo de 125 legisladores que se requiere para solicitar que la Suprema Corte derogue el decreto extinguidor. Pero todos sabemos que la Corte es un despacho de abogados al servicio de Los Pinos. Así que por ese camino las cosas no llegarán a ningún lado.
La única estrategia que puede tener éxito es la que plantearon los líderes sindicales el jueves en el Zócalo: una huelga general que obligue al “gobierno” a anular el decreto. Hay óptimas condiciones para ello. El golpe contra el SME sacó a la calle a obreros, campesinos, amas de casa, jubilados, desempleados, artistas y jóvenes, miles y miles de jóvenes, estudiantes o no. El nuevo movimiento social que nació antier contra Calderón puede extenderse por todo el país, si en los estados de la República las movilizaciones en apoyo al SME agregan otras demandas: abolición de la tarifa DAC y rechazo al proyecto económico que pretende aumentar los impuestos y reducir aun más el consumo de la población.
Calderón tiene un pie en el abismo: si su audacia provoca un apagón generalizado en la ciudad de México, si su tozudez conduce al pueblo a la huelga general, si los nuevos impuestos se traducen en saqueos de supermercados y farmacias, 2010 será el último año de su ilegítimo, destructivo y corrupto “gobierno”.
jamastu@gmail.com

viernes 16 de octubre de 2009

Tabasco y Coahuila

Miguel Ángel Granados Chapa

Aunque no tuvieron relación directa con los comicios del próximo domingo, en Tabasco el proceso electoral quedó marcado por dos sucesos trágicos, mortales, en su comienzo y en su final. El domingo serán elegidos 17 ayuntamientos y 21 diputados de mayoría. El candidato del PRI a una de las curules respectivas fue asesinado el 5 de septiembre, al iniciarse la campaña electoral, que fue suspendida de inmediato. Y anteayer miércoles murieron por una descarga eléctrica dos personas que realizaban preparativos para un mitin de cierre de campaña en Jalpa de Méndez.
Se teme que en algunas localidades tabasqueñas haya violencia pasado mañana, pues no sólo se han realizado campañas ásperas sino que a menudo los contendientes y sus prosélitos prolongan antiguas rivalidades, resultantes de una larga etapa de movilidad política en que los protagonistas han ido y venido dentro de los partidos, donde se han creado facciones encabezadas por personalidades fuertes o dotadas de apoyo que les permite amplio margen de acción.
La disputa por las alcaldías y la legislatura ocurrirá entre el PRI y el PRD, tal como viene ocurriendo desde 1988, cuando por primera vez Andrés Manuel López Obrador se enfrentó a su antiguo partido, desafío que se acentuó en 1994, cuando muchas indicaciones apuntan a la posibilidad de que él y no Roberto Madrazo haya ganado la mayoría de los votos en la elección de gobernador. En esa competencia casi no queda lugar para Acción Nacional, que no gobierna en este momento ningún municipio pero cifra su esperanza en obtener ahora los ayuntamientos de Balancán y Emiliano Zapata.
El PRD ha tenido un trayecto sinuoso en la entidad natal de su principal personaje. Con López Obrador mismo y con Raúl Ojeda ha estado cerca de alcanzar la gubernatura, posibilidad que a la postre se ha diluido, dejando una estela de divisiones internas que mantienen en este momento al partido en una de sus peores circunstancias. En la elección municipal de hace tres años perdió seis de las 11 alcaldías que había ganado en el proceso anterior y en éste no parece contar con el impulso que permitiera recuperarlas.
Es probable, en cambio, que el candidato perredista gane la elección en la capital, en el municipio del Centro. Se trata de Fernando Mayans Canabal, que hace tres años no pudo alcanzar la victoria pero ahora parece hallarse en mejor posición. Como una ilustración de las imbricaciones familiares en la política local hay que decir que el candidato perredista es hermano menor del secretario de Gobierno priista, Humberto Mayans, que tuvo un breve tránsito por el PRD y luego fue acogido de nuevo en el PRI. Otro ejemplo de los parentescos vigentes en la escena pública tabasqueña es que un nieto del ex gobernador Leandro Rovirosa es el dirigente del PRD en Villahermosa. Y se llama José Ramiro López Obrador el dirigente de ese partido en el estado.
Con menores dificultades que en Tabasco el PRI reafirmará su presencia dominante en Coahuila, donde se renuevan los 38 ayuntamientos, en un proceso regido por el gobernador Humberto Moreira, que controla los principales resortes del poder local y podría acrecentar esa capacidad. Casi no hay municipio gobernado por el PRI donde se perciba riesgo de derrota y, en cambio, no sorprendería a nadie que Acción Nacional deje de gobernar en Torreón, que durante mucho tiempo ha sido uno de sus bastiones. Es que el PAN padece desde tiempo atrás una crisis interna que no es el mejor ambiente para siquiera conservar las posiciones que de modo errático ha conseguido al correr de los años.
El proceso electoral se desarrolló a partir de dos peculiaridades. Los ayuntamientos salientes gobernaron cuatro en vez de tres años. Hasta 2008, las elecciones municipales y las legislativas se realizaban simultáneamente. Pero el gobernador promovió la modificación del calendario electoral para acompasar en 2012 los comicios locales y federales. Por otra parte, con beneplácito de los ciudadanos, las campañas fueron breves, acorde con el esfuerzo que deben realizar los candidatos para obtener el voto. Así, en los 24 municipios pequeños, con población por debajo de 20 mil habitantes, la campaña duró únicamente 10 días. En aquellos, no más de 10, en que la población oscila entre 20 mil y 120 mil personas, la campaña duró 15 días. Y en las ciudades más habitadas, Saltillo, Torreón y Monclova, pudo hacerse proselitismo durante sólo un mes.
Es razonable suponer que se mantengan las posiciones establecidas hace cuatro años, cuando el PRI conquistó 32 presidencias municipales, contra sólo tres logradas por el PAN y dos por el PRD. Un partido local, Unidad Democrática de Coahuila, ha ganado inveteradamente el ayuntamiento de ciudad Acuña, desde que Evaristo Pérez Arreola, líder fundador del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UNAM, se retiró a su tierra natal para hacer allí exitosa política local.
Ex presidentes municipales de Saltillo y Villahermosa, Moreira y Granier, hicieron carrera local hacia la gubernatura, sin proyección federal alguna. El de Coahuila, sin embargo, ha trabajado para conseguirla. Su hermano Rubén es diputado federal y encabeza en San Lázaro la Comisión de Derechos Humanos, una de las piezas clave en la confección de la política nacional, en cuyos círculos directores busca colocarse el profesor que, a través de otro de sus hermanos, dirige la sección estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Cajón de Sastre
Aunque la explicación oficial es que sólo se trató de una compra en común para obtener un mejor precio, y no de un regalo de la gobernadora Ivonne Ortega a "sus legisladores", sobra evidencia de que siete camionetas de lujo, asignadas a otros tantos diputados yucatecos, fueron adquiridas por la representación del gobierno peninsular en una agencia automotriz capitalina, y registradas todas con números consecutivos en el domicilio del gobierno yucateco en el DF. Seis priistas y un Verde son los legisladores afortunados con estos vehículos de casi 300 mil pesos cada uno: Angélica Araujo, Enrique Castillo Ruz, Felipe Cervera, Jorge Carlos Ramírez Marín, Eric Rubio Barthell, Liborio Vidal Aguilar y Rolando Zapata Bello.
Reforma16/10/2009

Empresa de Slim gana licitación del paquete carretero del Pacífico Norte

IDEAL invertirá 4 mil millones de pesos; el proyecto fue reducido por la SCT

*Asegura la dependencia que la firma ofreció la mejor contraprestación; desarrolla ya otra obra


Miriam Posada García

El empresario Carlos Slim ganó la licitación para construir, modernizar, desarrollar y explotar el paquete carretero del Pacífico Norte, en el que, a través de su empresa constructora IDEAL, invertirá alrededor de 4 mil millones de pesos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó el proyecto a IDEAL luego de restructurarlo y hacerlo más pequeño, ya que en los primeros meses de 2009 se licitó el paquete carretero original, que era de mayores dimensiones y requería gran monto de inversión. En ese concurso participaron IDEAL, de Carlos Slim, e ICA, de Bernardo Quintana; sin embargo, ninguno de los dos ofrecieron el mínimo esperado por el gobierno, de tal forma que la SCT tuvo que declarar desierta la licitación.
La necesidad de desarrollar infraestructura, la severa crisis económica por la que atraviesa el país y la falta de financiamiento en el mercado nacional e internacional obligaron a la SCT a restructurar el paquete carretero del Pacífico –entre otros de mayores magnitudes como Punta Colonet–, a fin de hacerlo atractivo para los inversionistas y no detener los proyectos de infraestructura.
El resultado fue la conformación del paquete carretero del Pacífico Norte y el paquete carretero del Pacífico Sur, que sigue en proceso de licitación.
La dependencia dio a conocer ayer que adjudicó el paquete de carreteras del Pacífico Norte a Impulsora para el Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), brazo constructor del empresario Carlos Slim, quien dejó atrás en el concurso a Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y a la empresa española Obrascon Huarte Lain (OHL).
IDEAL invertirá alrededor de 4 mil millones de pesos en la construcción, operación, explotación y conservación de 242 kilómetros de autopistas correspondientes al libramiento de Culiacán, que constará de 22 kilómetros de longitud y cuatro carriles de circulación; libramiento Mazatlán, de 38 kilómetros, con dos ramales y cuatro carriles; y la autopista Mazatlán-Culiacán, de 181 kilómetros.
Las ofertas económicas hechas por los participantes en este concurso fueron de mil 702 millones de pesos como contraprestación inicial en el caso de ICA, que iba asociada con la empresa española Global Vía; OHL ofreció 210 millones de pesos, e IDEAL ofreció una contraprestación inicial de 3 mil 220 millones de pesos.
La SCT aseguró que “una vez revisadas las ofertas se determinó que todas fueron solventes técnica y económicamente, y que cumplieron lo solicitado en las bases de licitación. En estricto y transparente apego a los criterios del concurso se declaró como ganador a Grupo IDEAL, que ofertó la mayor contraprestación y se le adjudicó el paquete de obras por un plazo de 30 años”.
Entre otras obras de infraestructura carretera, el empresario Carlos Slim tiene a cargo la operación y desarrollo del Arco Norte, que entró en operación hace un par de meses en el estado de México.

Megamarcha del SME rebasa toda previsión


*Desborda el Zócalo e inunda varias avenidas del Centro Histórico

*Logran electricistas que el gobierno federal acepte sentarse a dialogar


Patricia Muñoz, Gustavo Castillo y Fabiola Martínez

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizó ayer una de las mayores movilizaciones de su historia. Decenas de miles desbordaron el Zócalo y con camisetas rojas de muchas batallas extendieron su presencia por todo 5 de Mayo, Madero, Juárez y Reforma hasta la Diana, en defensa de su fuente de empleo. Su marcha abrió una posibilidad, pues el gobierno federal aceptó sentarse a partir de hoy a dialogar con este gremio, según les mandó decir el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.
En respuesta, los electricistas acordaron solicitar a Ebrard Casaubon que funja como mediador en el conflicto.
La movilización, a la cual asistió Andrés Manuel López Obrador, rebasó todas las expectativas y pudo haber llenado cuatro veces el Zócalo. Los organizadores estimaron que hubo más de 300 mil personas. Según cálculos de las secretarías de Seguridad Pública federal y capitalina, el contingente fue de más de 150 mil asistentes.
El SME aglutinó ayer a sindicalistas, profesores, campesinos, estudiantes, amas de casa, organizaciones sociales, políticas, intelectuales y legisladores; estos últimos propusieron una “huelga general de pagos de luz en el centro del país, porque al extinguirse Luz y Fuerza del Centro (LFC) ya no hay a quién pagarle”.
El bullicio de los trabajadores se inició desde las 2 de la mañana, cuando empezaron a llegar miles de personas procedentes de Oaxaca, Puebla, Morelos e Hidalgo para apoyar a los electricistas. La marcha partió de la glorieta de La Palma al filo de las 16 horas, y los manifestantes inundaron Reforma hacia el centro de la ciudad.
Enojados y dolidos por la extinción de su empresa, la mayoría de los electricistas llegó con su familia; vestían camisetas rojas, símbolo de este sindicato, y portaron pancartas contra el Presidente.
“Calderón ¿puedes dormir?, nosotros no, dejaron a mi papá sin trabajo”. “Felipe, ¿ya saben tus hijos cuántos niños dejaste sin comer?”. “Felipe: presidente del desempleo”. “Calderón, entraste en la noche como vil ladrón y nos dejaste sin comer”. “No nos mata la influenza, nos mata Calderón”, decían algunas de las miles de cartulinas que acompañaron la movilización, que fue tan extensa que cuando la vanguardia había llegado al Zócalo, el último contingente aún no salía de la Diana.
Martín Esparza, líder del SME, encabezó la marcha acompañado, entre otros, por Rosario Ibarra, Porfirio Muñoz Ledo, Graco Ramírez, Benito Bahena, Jesús Martín del Campo y Jaime Cárdenas, quienes avanzaron entre consignas como “si no hay solución habrá revolución” y “decreto popular: renuncia Calderón”.
Desde el inicio, la movilización fue vigilada por cientos de granaderos y policías capitalinos a pie. Por aire, la SSP federal desplegó tres helicópteros; supuestamente dos sirvieron para que algunos fotógrafos hicieran tomas aéreas, y en el otro observara todo el tiempo el coordinador de las fuerzas federales, Rafael Avilés Avilés.
Al filo de las seis de la tarde la vanguardia llegó al Zócalo; al paso del contingente se fueron sumando decenas y decenas de manifestantes, entre ellos estudiantes de la UNAM, Chapingo, UAM y Bachilleres; trabajadores del INAH, de la Secretaría de Energía, mineros, pilotos, sobrecargos, integrantes de IMSS, Sutin, Colegio de Posgraduados; Sindicato Democrático del Metro y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

Los electricistas recibieron el respaldo de la gente que desde las banquetas aplaudía o les gritaba “no están solos”.
A su llegada, en la Plaza de la Constitución se extendió la consigna “¡Aquí se ve la fuerza del SME!”, coreada por miles de gargantas. En ese ambiente, los oradores plantearon “paro nacional y referendo que determine si el presidente Felipe Calderón continúa en el cargo”.
En el mitin, dirigentes de tranviarios, de la CNTE, del STUNAM y de la UNT plantearon la posibilidad de una huelga “por solidaridad”; señalaron que este gobierno está orillando a una revolución social; comprometieron ante los trabajadores electricistas apoyo con movilización y recursos para sostener su lucha, y solicitaron que en próximas elecciones la población no otorgue “ni un voto al PAN”.
Porfirio Muñoz Ledo señaló que “la torpeza del gobierno ha hecho que los trabajadores regresen al centro de la lucha nacional, y lo que se hizo al SME fue un golpe de Estado a los trabajadores”. El legislador planteó la huelga general de pagos.
Claudia Sheinbaum, representante del “gobierno legítimo”, señaló que si todos los altos mandos de este gobierno se bajaran 50 por ciento su salario, saldrían los 42 mil millones de pesos que se requieren para que siga operando LFC.
Eran las siete de la noche. Habían pasado casi ocho discursos y la retaguardia del contingente seguía en el cruce de Insurgentes y Reforma. En ese momento llegó al templete la noticia de que el gobierno federal estaba dispuesto a “sentarse a dialogar con el SME”, Martín Esparza tenía la palabra; sus seguidores le gritaban “¡duro, duro!”. Rosario Ibarra sonreía y la acompañaban intelectuales como Paco Ignacio Taibo II.
“No pararemos hasta que nos regresen nuestro empleo, nuestro contrato colectivo y nuestra dignidad como obreros, porque la mayor parte de los trabajadores han entregado décadas de su vida a trabajar por su empresa, Luz y Fuerza del Centro, y nos sacaron una noche por la fuerza con miembros de la Policía Federal, como si fuéramos delincuentes; pensaron que nos iban a dividir, pero aquí nos tienen y vamos con todo”. En ese momento, madres y esposas de trabajadores ingresaban al Zócalo con velas encendidas.
Esparza pidió a todos que votaran si el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, debería mediar en el conflicto, y los trabajadores a mano alzada aprobaron la propuesta de su dirigente. También votaron porque este movimiento sea el arranque de la conformación de un “gran frente por los derechos de los trabajadores” y el inicio de una “movilización social conjunta contra la política económica de este gobierno”.
El mitin terminó y los trabajadores seguían ahí, no querían que su movilización concluyera, esperaban la llegada de López Obrador y los organizadores tuvieron que explicar que el acuerdo con el dirigente social fue que sólo acompañaría la marcha y no sería orador.
Eran más de las 20:30 cuando los trabajadores se quitaron la gorra y con el puño izquierdo en alto entonaron el Himno Nacional. Los contingentes seguían llegando por 5 de Mayo y Madero, la retaguardia aún estaba en el cruce de Reforma y Juárez, Palacio Nacional los seguía esperando totalmente iluminado.

Ilegalidades y mentiras de la extinción de LFC

Claudia Sheinbaum Pardo

Las razones que el gobierno de facto ha dado para extinguir el organismo Luz y Fuerza del Centro (LFC) son fundamentalmente las siguientes: que el organismo se creó por un decreto presidencial y por tanto puede extinguirse con el mismo instrumento; que cada año hay cuantiosas transferencias presupuestales a LFC y que, por tanto, los costos del organismo son mayores que los ingresos, y que los trabajadores cuentan con privilegios inaceptables. Vale la pena resaltar y fortalecer diversos argumentos que se han puesto sobre la mesa, para desmentir estas afirmaciones.
1. El decreto de extinción es ilegal. Después de una larga historia que se inicia con la nacionalización de las empresas extranjeras de energía eléctrica y que llevó a mantener por décadas empresas públicas en liquidación, se creó Luz y Fuerza del Centro como organismo público descentralizado encargado del servicio público de energía eléctrica en la región centro del país. LFC fue creada por decreto presidencial en 1994, a solicitud del Congreso. En efecto, en 1989, se modifica el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que el Ejecutivo federal disponga la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación y sus asociadas. Por si esto fuera poco, el artículo 73 de la Constitución establece las facultades del Congreso, que en su numeral X claramente menciona a la energía eléctrica.
En pocas palabras, al señor Calderón y a sus asesores se les olvidó que el organismo público que quieren extinguir presta un servicio fundamental, que es la energía eléctrica, el cual está regulado por la Constitución y por la ley en la materia. Es decir, la extinción del organismo no se puede hacer por decreto presidencial, debe pasar por el Congreso.
2. Los altos costos de LFC son producto de las transferencias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los sistemas eléctricos constan, al menos, de cuatro áreas: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Debido a que el sistema eléctrico nacional está interconectado y que a LFC se le han venido negando recursos para construir nuevas plantas generadoras (en los últimos dos años se le dieron recursos para instalar algunas plantas de turbogás porque el sistema tiene problemas de estabilidad) este organismo compra a CFE energía eléctrica, que después transmite, distribuye y comercializa. De enero de 2000 a la fecha (con algunos ajustes en 2008) el precio de venta de CFE a LFC se determina por las tarifas para el servicio público de alta tensión. La mayor parte de la energía se entrega en 400 kilovoltios, y en términos generales se aplica por tanto la tarifa conocida como HTL (tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión para larga utilización). En 2008, CFE vendió a LFC 46 mil 419 millones de kilovatios-hora, a un costo de entre 1.1 y 1.3 pesos por kilovatio-hora. Es decir, en 2008, LFC tuvo que entregar a CFE al menos 51 mil millones de pesos. Mientras, en el tercer Informe de gobierno se establece que en 2008 las transferencias presupuestales a LFC fueron de 44 mil 639 millones de pesos.
Es decir, LFC genera menos de 10 por ciento de la energía que transmite, distribuye y comercializa, y por ello debe comprar kilovatios-hora a CFE. Pero CFE se la vende a la misma tarifa que a cualquier industrial, inclusive con penalizaciones horarias. Por esta razón, LFC tiene déficit. Si CFE entra a operar la región centro, entonces el supuesto déficit será de CFE.
3. Los privilegios. Con una campaña racista y clasista se ha dicho que LFC tiene altos costos, producto de los “privilegios” de los trabajadores. Se escandalizan cuando encuentran que un trabajador (nunca dicen las labores de alto riesgo que muchos de ellos realizan y la capacitación técnica que requieren) tiene salarios de 10 mil pesos mensuales. Sin embargo, la indignación no llega cuando se habla de los ingresos y prestaciones de los altos funcionarios públicos. De acuerdo con las consideraciones de la propuesta de ley de austeridad republicana del gobierno legítimo que se presentó hace unos días en la Cámara de Diputados, el ahorro que se alcanzaría al reducir a la mitad los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos (nivel de director de área para arriba) de todo el gobierno federal asciende a la misma cantidad que las transferencias a LFC, 42 mil millones de pesos.
4. LFC requiere recursos. La antigüedad de los equipos, así como la carencia de sistemas de automatización del organismo, la hace ineficiente. Por ello, se requiere de financiamiento (como lo tiene CFE) para la modernización y ampliación de sus instalaciones. Es evidente que los trabajadores deben ser considerados en la modernización y restructura del organismo. Los vicios que pudieran encontrarse en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) deben señalarse y corregirse; sin embargo, es evidente que no son, ni de lejos, el elemento central de la situación económica de LFC.
5. La verdadera razón de la extinción de LFC. El SME ha sido un obstáculo para la creciente privatización del servicio de energía eléctrica, y más recientemente de la concesión a privados del uso y aprovechamiento de la fibra óptica de CFE y de LFC (instalación que tienen la propiedad de transmitir tres tipos de información al mismo tiempo, por ejemplo, telefonía, Internet y televisión, y que recientemente se anunció que se quiere concesionar). Eliminar del escenario al SME les permite avanzar en su afán privatizador. Pero eso está por verse.

Astillero

>Zócalo social
>Lleno, sin AMLO en él
>Madurez y participación
>Apertura a transgénicos

Julio Hernández López


A diferencia de los anteriores zócalos (electorales), el de ayer fue desbordado por una amalgama de movimientos e intereses sociales de diferente origen y destino, cuyos reclamos, textura y ánimos deberían generar replanteamiento de estrategias bélicas al gobierno federal golpista, cuya renuncia fue exigida ayer con insistencia nada acomedida. La valoración y dimensionamiento de la marcha de ayer puede hacerse sin caer en la tentación inducida de anexarla a las pretensiones o la fuerza personal de López Obrador, quien de manera calculada evitó llegar al templete, oficialmente atorado” en la extrema retaguardia, deseoso en realidad de ceder el escenario a los trabajadores en lucha.

La gran movilización popular de ayer demuestra la falsedad de las versiones oficialistas que varios medios controlados difunden acerca de la “impopularidad” de la resistencia contra el más reciente de los caprichos del calderonismo húmedo. Pero no ha de ser en cuestión de números en donde un análisis ha de empantanarse (a la hora de redactar esta línea son las 20:18 y frente a un café con Internet inalámbrico en 16 de Septiembre siguen pasando grupos rumbo al Zócalo, eufóricos, ondeando banderas, coreando consignas, que van a una Plaza de la Constitución de la que una hora atrás se retiró este tecleador, cuando ya estaba llena). Lo importante de ayer es el grado de madurez y participación de segmentos progresistas y de izquierda que por primera vez han podido asomar con una visión de futuro y sin ropajes partidistas o electorales a la lucha abierta y masiva desde el fraude de 2006. Por ello ha sido posible ver grupos estudiantiles y juveniles en cantidades y alegría como no se había logrado tener en ningún momento de la lucha poselectoral. Por ello ayer hubo los errores y problemas naturales de toda organización social que empieza a definirse, desde los contingentes que sin esperar a la vanguardia oficial comenzaron a marchar rumbo al Zócalo, dejando muy atrás a los liderazgos oficiales y su formación protocolaria, hasta los discursos que tenían ese tono ajeno a la veneración de candidatos y a la lamentación obligatoria del pasado escamoteado (a las 20:26, un reportero internacionalista comunica a Astillero News que frente al Sheraton Alameda está pasando el último grupo de caminantes rumbo al Zócalo).

Lo sucedido ayer muestra que, en una realidad política tan polarizada, sólo tomando al pasado como referente de fuerza y convicción se podrá tejer con posibilidades de éxito el futuro. Dicho de otra manera: hoy se tiene la gran oportunidad de darle viabilidad, incluso electoral, incluso a AMLO, a un movimiento de resistencia al fraude, pero a condición de que sepa entender que el México actual requiere definiciones de lucha que van más allá de las personalidades fuertes y las proclamas repetitivas y que requiere más horizontalidad, más estructura y más pluralidad. Con sagacidad, López Obrador está haciendo todo lo posible para que la carga de animadversión y difamación que los medios oficialistas le tienen reservada para cada ocasión en que aparece en actos importantes no sea transferida al movimiento de defensa de los electricistas. Esa es una postura positiva. Con el agregado importante: la gran movilización dependió de instancias colectivas, de un trabajo de organización que aun teniendo como eje al líder Martín Esparza no podrá ser aplastado ni calumniado sólo a partir de un individuo. (Inteligente forma de López Obrador de hacerse más presente mediante la ausencia. En nombre de su movimiento habla Claudia Sheinbaum, luego de que los organizadores lo han pedido, pues la intención de los lopezobradoristas era que ni siquiera se produjera esa intervención. Porfirio Muñoz Ledo arenga e incendia, aunque en el propio templete hay quienes escuchan la oratoria del multipartidista con histórico escepticismo.)

Lo de ayer no fue una demostración de fuerza (“músculo político”, adelantaba un diario, como si de fisicoculturismo social se tratara) sino de razón y convicción. Podrían haber sido la mitad, y habrían sido muchos; podrían haber sido el doble, sin decisión y coraje, y habrían sido pocos. Fueron los justos, en nombre de muchos más. Tanto en la capital del país como en otras ciudades. Tanto en cuerpos presentes como en ánimos ausentes pero solidarios. Una jornada cívica de rechazo profundo a un gobierno (más allá de consideraciones sabidas de ilegitimidad), a sus acciones y su orientación. Hoy es un exceso recordar que Calderón es un espurio o un pelele; los hechos hacen innecesaria la insistencia verbal; la protesta de ayer hubiera sucedido en los mismos términos aun cuando se reconociera plenamente la legitimidad de Calderón. Y la sentencia de la plaza pública ni siquiera ve tanto hacia atrás: que renuncie, que se vaya, por lo que ha hecho y lo que previsiblemente seguirá haciendo: 2009 es el punto de partida, teniendo en cuenta 2006 pero entendiendo que éste es el año del quiebre, éste es el año del agravio generalizado que agudiza las conciencias y motiva la militancia. Así se articuló ayer la demanda generalizada de que se vaya el culpable de tantas desgracias, grito en el corazón de la patria que políticamente no es cosa menor en un país que según el propio rector de la UNAM está en riesgo de estallidos sociales (al final del mitin, Martín Esparza pide que Marcelo Ebrard sea mediador ante el gobierno federal que, dice el dirigente sindical, ya está dispuesto a abrir esa forma de negociación).

Mientras tanto, Felipe sigue dando golpes al interés popular. La gente marchaba y protestaba mientras él abría las puertas a los intereses trasnacionales en materia de transgénicos, al autorizar las primeras dos solicitudes para sembrar ese tipo de maíz. Greenpeace también necesita marchas de apoyo y resistencia ecológica. Por lo pronto, se abrieron las posibilidades de mesas de negociación, se desplegó una movilización equivalente o mayor a la de los mejores actos de López Obrador y revivió una izquierda y un movimiento social que la derecha calderonista consideraba doblegado. ¡Feliz fin de semana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx





miércoles 14 de octubre de 2009

Degüellan a locutor de Radio


LA REDACCIÓN

Mazatlán, Sin., 13 de octubre (apro).- El locutor radiofónico Fabián Ramírez López, "El Gallito", apareció degollado en un lote baldío del fraccionamiento Rinconada del Valle.

Una llamada telefónica al grupo Megaradio, donde laboraba el locutor, informó del hallazgo del cadáver.

"El Gallito" no se había presentado a trabajar el fin de semana pasado en su horario de trasmisiones, comprendido entre las 2 y 6 de la mañana.

Su cuerpo tenía heridas de arma punzocortante en la espalda y la garganta.

Proceso14/10/2009

Resultado de encuesta da confianza a contendientes

YOLANDA RÍOS Y / FABIOLA PÉREZ-CANEDO / EL SIGLO DE TORREÓN / TORREÓN

A unas horas de que terminen las campañas electorales, los aspirantes del PRI y el PAN a la alcaldía se muestran confiados por los resultados de la encuesta publicados por El Siglo de Torreón.

El candidato del PRI, Eduardo Olmos Castro, declaró que en todas las encuestas, desde la más conservadora hasta la más optimista, le dan el triunfo al PRI en las elecciones del domingo.
"Siempre sucede así en las rectas finales de los procesos electorales, se da una guerra de encuestas que son muy respetables, pero que no inciden mucho en la elección".
Expresó que a estas alturas del proceso "la ciudadanía tiene muy clara su decisión (...). Lo que nos queda claro es que de las encuestas más conservadoras que nos dan 6 o 7 puntos hasta la más optimista que nos dan 25 a 30 puntos, todas le dan el triunfo al PRI".
Señaló el margen de error pues "ha habido otras encuestas en anteriores procesos en los que le daban a Héctor Fernández Aguirre 9 puntos y sacó 30, le daban 15 por ciento a Miguel Riquelme y logró un 40 por ciento".
El PRI señaló que su propia encuesta, elaborada por Consulta Mitofsky, les da 50 puntos de preferencia contra 22 para el PAN y señalaron que ésta se puede consultar en el sitio web de Mitofsky.
Por su parte, Jesús de León Tello, candidato del PAN, dijo que "caballo que alcanza, gana, y estamos en la ruta de lograr la victoria el próximo domingo".
Dijo que la tendencia es que el día de la elección estarán arriba y que hay mucha motivación porque ya están en la recta final y próximos a consolidar un trabajo de propuestas: "Los ciudadanos nos han regresado su confianza, las encuestas nos ponen en la ruta de la victoria", comentó.
"Está claro que Eduardo (Olmos) tiene un rechazo muy alto de la sociedad porque ha defraudado su confianza mientras que un servidor ha dado respuesta en los puestos que hemos desempeñado porque son nuestras cartas", dijo.
EDUARDO OLMOS CASTRO
Candidato del PRI a la
JESÚS DE LEÓN TELLO
Candidato del PAN

Impunidad, aumento de violencia y estigmatización, común denominador

Temen más ataques a activistas


Nurit Martínez El Universal Miércoles 14 de octubre de 2009 nurit.martinez@eluniversal.com.mx

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México alertó que en el país existe un “riesgo de que las agresiones a los defensores de los derechos humanos vayan incrementándose”, lo que representa un reto ante la situación de violencia e inseguridad que se vive en el país.
Al presentar el Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, representante en México de la ONU, señaló que en nuestro país son tres los problemas fundamentales relacionados con las actividades de los defensores: la impunidad, el incremento de la violencia y la proliferación de mitos y estigmatización de quienes realizan esas labores.
Indicó que se han registrado 128 denuncias de agresiones a defensores en los tres últimos años —10 de ellos fueron fallecimientos—, y que en todos estos casos se mantiene un nivel de impunidad de 98.5%.
Destacó que “el incremento de la presencia de las fuerzas armadas en algunas regiones del país, así como su participación en la lucha contra el crimen organizado, constituyen un nuevo desafío para las y los defensores de los derechos humanos en México”.
Respecto a la labor de los defensores, dice que tampoco ha contribuido en su actuación el hecho de que la administración de justicia entre los militares se ejerza en el interior del sistema castrense, donde se investiga, acusa y juzga a los presuntos responsables de violaciones a derechos humanos.
Estigmatizan a defensores
Sobre el trabajo del Ejército en las tareas de seguridad, Alberto Brunori ratificó la postura de la Oficina del Alto Comisionado, al asegurar que “no es el Ejército el cuerpo ideal para llevar a cabo tareas de seguridad pública”, y que se entiende que esta medida se tomó de manera temporal.
Al presentar el documento de 50 cuartillas, ante académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos y especialistas, Brunori estableció que entre los retos a los que se enfrentan quienes realizan labores dentro de las organizaciones sociales y civiles, se encuentra la “estigmatización”, a pesar de que deben ser los “actores fundamentales de la edificación de la democracia y del estado de derecho”.
Señaló que ha incrementado el “mito”, en particular entre las autoridades, que lleva a identificar a los defensores de los derechos humanos como “defensores de criminales, o bien, dicen que buscan desestabilizar al país; en otros casos aseguran que sólo lucran con los casos y que magnifican la problemática para tomar partido”.
Aunque no advierte una “política de Estado” dirigida en ese sentido, pidió a los gobiernos del presidente Felipe Calderón y a los locales que se garantice la labor de los defensores y se legitime la función que desempeñan.
Los sectores más vulnerables
Al presentar el documento, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la organización dio a conocer que de los 128 casos de agresiones a defensores —en el caso de quienes han enfrentado acusaciones penales—, han tenido que pagar entre 8 mil y 10 mil pesos de fianza para retirar cargos de despojo, daños en propiedad ajena, daños a las vías de comunicación y hasta secuestro y homicidio, “lo que significa una carga onerosa, que a nivel local implica debilitar la capacidad del defensor”.
Acompañado de Liliana Valiña y Carlos de la Torre, también de esa organización, Brunori explicó que en el caso de las comunidades indígenas la mezcla de narcotráfico, la descomposición, el debilitamiento de la policía municipal, la presencia militar y la existencia de grupos armados, “vuelven muy difícil identificar el origen de las agresiones”.
Entre los sectores que ubica con mayor vulnerabilidad están los migrantes y las mujeres, pero también las comunidades que se ubican en las periferias de los megaproyectos de desarrollo como La Parota, en Guerrero, la hidroeléctrica Paso de la Reina, en Oaxaca, y en el Zapotillo, Jalisco.
La oficina del Alto Comisionado pidió al gobierno del presidente Calderón garantizar tres derechos claves para los defensores: acceso a la justicia, derecho a la protesta social y la libertad de expresión.
Además, lo exhortó a asumir entre sus prioridades la creación de mecanismos “más eficientes” de protección a activistas; de lo contrario se envía un “mensaje de impunidad”, dijo.

Indaga SME el paradero de trabajadores; priva guerra de versiones

El vocero sindical ratificó que uno de ellos fue buscado por la policía en su casa.

La Jornada en línea Publicado: 14/10/2009 09:40

México, DF. Fernando Amezcua, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), informó que están verificando las declaraciones de sus trabajadores en el sentido de que elementos de la Policía Federal (PF) y el Ejército “estaban secuestrando” a electricistas de líneas aéreas, distribución foránea, cables subterráneos y subestaciones para obligarlos a enfrentar el colapso eléctrico que los ingenieros de confianza de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no habían podido resolver.
En entrevista radiofónica, Amezcua reiteró, como fue informado anoche, que el trabajador Juan Antonio Gómez fue buscado por elementos federales para ser llevado a la fuerza. Añadió que el caso de Gómez es seguido por el área jurídica del sindicato. “Con el cuerpo jurídico estamos tratando de verificar todo este tipo de condiciones. Efectivamente, está el compañero Juan Antonio Gómez, en donde tenemos su declaración”. Añadió que Gómez les informó lo sucedido, por lo cual “hicimos esta declaración” sobre los secuestros.
Explicó que varios familiares llamaron alarmados a la central del gremio para informar que varios electricistas no habían llegado a sus domicilios, pero no pudo ofrecer más nombres de trabajadores que hayan sufrido acoso similar al de Gómez, y al respecto dijo que “estamos esperando que las familias nos confirmen el dicho de sus familiares que no llegan a la casa y que no saben dónde están. En algunos de los casos, que nos ratifiquen el comentario de que se los llevaron”.
Afirmó que más adelante ofrecerán información detallada, para confirmar lo que denunciaron ayer por la noche.
Anoche, en un comunicado, el SME reportó que elementos de la Policía Federal (PF) y el Ejército acudieron a los domicilios de trabajadores de líneas aéreas, distribución foránea, cables subterráneos y subestaciones para “detenerlos y obligarlos a trabajar para enfrentar el inmenso colapso eléctrico que los ingenieros de confianza de CFE han sido totalmente incapaces de resolver”.
También negó que personal de LFC haya retirado cuchillas para cortar el suministro en algunas zonas del área metropolitana, y sostuvo que son un montaje las imágenes transmitidas por televisión que muestran a trabajadores en algunos postes intentando, supuestamente, quitar las cuchillas.
Añadió que no se explica cómo una camioneta de LFC está laborando, si las instalaciones están tomadas por la Policía Federal.
Detalló que para realizar una operación de esa naturaleza “se tiene que hablar desde los centros de operación (…) para quitar la energía eléctrica del lugar donde tú vas a quitar o desconectar ese fusible”.
Explicó también que si un trabajador hiciera dicha acción en donde hubiera corriente, moriría al momento, toda vez que necesita equipo especializado. “No es así como lo vimos, con los guantes cerca de los cables”, dijo. Amezcua aseveró que se hizo un montaje para acusar a los trabajadores electricistas.
Por otra parte, Amezcua aclaró que es falso un boletín recibido por correo electrónico y atribuido al gremio y en el que informa que 50 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad han muerto en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro por desconocimiento de las instalaciones y operación de ésta.
Al respecto, pidió considerar como oficiales solamente los comunicados firmados por el ex secretario general, Martín Esparza, y por él mismo. Añadió que están haciendo las investigaciones pertinentes, pues las personas que difunden las falsas comunicaciones conocen los nombres de los trabajadores.
También dijo no tener “el gusto de conocer” al abogado Gabriel Reyes, quien también ha hecho declaraciones a nombre del sindicato como asesor legal, y explicó que están investigando si forma parte del cuerpo jurídico del sindicato.
Aclaró que si Martín Esparza autorizó a Reyes, quien fue procurador fiscal, como integrante del grupo jurídico y como persona autorizada para dar información sobre el SME, Amezcua avala esa información.

lunes 12 de octubre de 2009

Torreón tiene el desempleo más alto en Coahuila

Milenio
10-Octubre-2009

6 mil 955 espacios laborales permanentes y eventuales que se han perdido.

Saltillo .- De diciembre de 2008 a septiembre de 2009, Torreón se ha convertido en el municipio de Coahuila con el mayor índice de desempleo, al registrar 6 mil 955 espacios laborales permanentes y eventuales que se han perdido.
No obstante, cifras oficiales proporcionadas por el delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Luis Dávila Flores establecen que en los últimos tres meses se ha observado un repunte importante en la recuperación de las fuentes laborales, principalmente en el ramo de la construcción, industria de la transformación y el comercio.
Dávila Flores explicó que de octubre del año pasado a junio de este año, Coahuila perdió un total de 46 mil 540 empleos; sin embargo, en los tres últimos meses Coahuila recuperó 14 mil 827 de sus empleos perdidos con lo que sólo le faltarían 31 mil 713 para regresar a su situación regular.
Respecto a las pérdidas, los municipios que registran esta situación están Saltillo, con 3 mil 693, Monclova con 2 mil 665 y Sabinas con 525.
Es así que Saltillo y Torreón, en forma recurrente, son dos de las ciudades mexicanas en donde la encuesta registra el mayor volumen de población desocupada.
El funcionario destacó que, en contra parte, las ciudades que han mostrado mayor fortaleza económica no sólo manteniendo el empleo sino incrementándolo, son Piedras Negras y Acuña, con 901 y 591 espacios, respectivamente.
Destacó además que la inseguridad que se vive en el contexto nacional tiene que ver con la situación económica, por lo cual, puntualizó en la importancia de los esfuerzos que se han hecho en algunos Ayuntamientos para incrementar las fuentes laborales, ya que dijo, ayuda a disminuir los índices de robo.
Lo anterior, al hacer referencia al equipo de Rayos X que fue sustraído de la clínica plus en fechas recientes, con un costo de aproximadamente 400 mil pesos, cuyos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado.
Dijo que las unidades públicas y en específico de salud no están exentas de ser víctimas de este tipo de acontecimientos, incluso del robo hormiga al interior de algunas instituciones, por lo que insistió que entre menor sea el impacto económico en una sociedad menor es la inseguridad.
Cabe mencionar que de acuerdo al Sistema de Información del Servicio Nacional del Empleo, algunas de las causas de desempleo de quienes dejan alguna solicitud en el Instituto Estatal en Coahuila, se debe a que cerró o quebró su fuente de trabajo, se realizó ajuste de personal, lo despidieron sin causa justificada, se le terminó el contrato o se retiró voluntariamente.

“Recuperamos 12 mil plazas”
Jorge Alanís Canales Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado informó que “en los últimos dos meses hemos recuperado 12,000 empleos –en la región- nos faltan –más de- 10,000 por obtener para estar en las mismas condiciones” de antes de la crisis.
Hizo notar que las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social señalan una cifra menor pero la realidad está a la vista.
“Así como Coahuila perdió mucho cuando se vino la crisis – en forma rápida- así lo está recuperando”.
El funcionario estatal hizo alusión que la recuperación económica regional continúa en los próximos meses y será mayor en el mes de diciembre de este año aún cuando existen tendencias de baja en el empleo durante los primeros meses de cada ciclo anual “esperamos que el empleo se recupere”.
Alanís Canales, descartó “por el momento” la posibilidad de más paros técnicos en las empresas de la entidad e incluso pronosticó que en diciembre es un mes en que se reactiva la economía y sube el empleo”.
Enfatizó que “Si al final del año cierra con un porcentaje de baja del empleo “esperemos que este año no vaya a ser así” y lo “que baja en diciembre se recupera en enero y febrero”.

Reporta Inegi caída de 14.1% en inversión fija bruta en julio

Sin embargo, mostró un crecimiento de 0.30% respecto al mes previo.

Notimex Publicado: 12/10/2009 17:47

México, DF. La inversión fija bruta registró un decremento de 14.1 por ciento en julio pasado respecto a igual mes de 2008, dio a conocer hoy lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Por componente, la inversión en maquinaria y equipo total disminuyó 28.9 por ciento a tasa anual en el séptimo mes de 2009.
Los gastos de origen importado bajaron 30 por ciento en ese periodo, como resultado de decrementos en las compras de aparatos mecánicos, calderas; máquinas y material eléctrico, vehículos terrestres y sus partes; aparatos de óptica y médicos; vehículos y material para vías férreas, y productos de fundición, principalmente.
Los gastos en maquinaria y equipo de origen nacional cayeron 26 por ciento durante julio pasado respecto a los del mismo mes de 2008.
En especial, bajaron las adquisiciones de autos y camionetas; camiones y tractocamiones; carrocerías y remolques; sistemas de refrigeración; calderas industriales; motores y generadores eléctricos; maquinaria y equipo agrícola, para la construcción y para la industria extractiva, entre otros.
Los gastos realizados en la industria de la construcción retrocedieron 1.6 por ciento en comparación con los de igual mes de un año antes, como consecuencia de menores obras de edificación de vivienda; de inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, y de naves y plantas industriales, básicamente.
Durante los primeros siete meses del año, la inversión fija bruta registró una variación negativa de 11.8 por ciento respecto al mismo lapso de 2008.
En este periodo, los gastos en maquinaria y equipo total decrecieron 22 por ciento, los de origen nacional cayeron 21.4 y los importados en 22.2 por ciento, mientras que la construcción fue inferior en 4.4 por ciento en igual periodo.
Con base en cifras desestacionalizadas, este tipo de inversión aumentó 0.30 por ciento en julio respecto a la del mes inmediato anterior.
En este caso, los resultados por componente muestran que los gastos en maquinaria y equipo total descendieron 1.48 por ciento en el comparativo mes a mes, los de origen nacional cayeron 1.41 y los importados aumentaron 2.38 por ciento; mientras que los de la construcción aumentaron 1.20 por ciento.

La Producción Industrial cayó 7.3% en agosto a tasa anual: Inegi

El porcentaje, a tasa anual, es mayor a la esperada por el mercado, según encuestas previas.

Reuters Publicado: 12/10/2009 14:58

México, DF. La actividad industrial de México cayó 7.3 por ciento en agosto a tasa anual, dijo este lunes el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), una caída mayor a la esperada por el mercado.
Analistas esperaban un descenso del 6.2 por ciento, según el promedio de un sondeo de la agencia Reuters entre 14 especialistas de bancos, firmas de investigación y corredurías de la ciudad de México.
La mediana del sondeo también fue de una caída del 6.2 por ciento.
En cifras ajustadas por estacionalidad, la actividad de la industria bajó un 0.22 por ciento en agosto comparada con el mes previo, dijo el propio Inegi.

Defender lo indefendible?

DENISE DRESSER

Veinticinco razones por las cuales la izquierda se equivoca al “solidarizarse” con Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas:

1) La izquierda debe defender derechos pero no privilegios, y la dirigencia del SME tiene más de la cuenta. Decir que todas las organizaciones tienen élites no constituye una defensa legítima de líderes sindicales cuestionables.
2) La izquierda no puede fustigar selectivamente la corrupción y tan sólo denunciarla en sindicatos que apoyan/financian a otros partidos y no al PRD o a Andrés Manuel López Obrador. Para ser creíble, el rasero necesita ser parejo.
3) No es posible justificar ante miles de agremiados que su dirigente sea dueño de un rancho con “caballos criollos”, mientras tantos apenas sobreviven con su sueldo.
4) La defensa del SME “aunque fuera charro”, como han reconocido algunos líderes del PRD, coloca a la izquierda en la incómoda posición de defender algo que es indefendible: la corrupción cuando beneficia a los de casa.
5) El argumento de que es preferible el statu quo a que la empresa sea entregada a extranjeros es tramposo por dos motivos. Dada la restricción constitucional, la empresa no se puede privatizar. Y al agitar la bandera de la xenofobia, sus proponentes están sugiriendo que es mejor la expoliación a los consumidores por parte de mexicanos, como si esa fuera una opción mejor, cuando no es así.
6) Al ignorar la evidencia sobre las irregularidades en la elección de Martín Esparza –incluyendo los 3 mil votos de más–, la izquierda corre el riesgo de avalar el fraude que en otras ocasiones ha denunciado con vehemencia.
7) Es cierto que en México hay otros saqueadores, pero eso no justifica la defensa –en términos comparativos– de quienes lo han sido “un poquito” menos.
8) AMLO tiene razón en criticar a “la mafia de la política, el poder y el dinero”, pero también le corresponde denunciarla cuando surge en el mundo sindical.
9) Al defender los privilegios del SME porque “están dentro de la ley”, a la izquierda se le olvida que el evidente conflicto de interés en que incurrió Juan Camilo Mouriño –tan criticado en su momento por López Obrador– también estaba “dentro de la ley”. No es congruente entonces denunciar una conducta mientras se solapa la otra con el mismo andamiaje legal. A la izquierda le urge criticar leyes que fueron creadas precisamente para proteger privilegios empresariales y sindicales.
10) Al fustigar a quienes han criticado la ineficiencia y la corrupción del SME, y sugerir que “le están haciendo el juego al gobierno usurpador en contra de los trabajadores”, a AMLO se le olvidan los millones de mexicanos que han sido víctimas del deplorable servicio de la Compañía de Luz y Fuerza. Hay muchos que condenan al SME, y no por apoyar a Felipe Calderón, sino para pararse del lado de los consumidores y los ciudadanos.
11) Cuando la izquierda argumenta que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo reconocen el derecho de sus trabajadores a organizar sindicatos que pugnen por mejorar sus condiciones laborales, queda claro que sus líderes no han leído el contrato colectivo que rige actualmente al SME. El documento contiene privilegios que van mucho más allá del espíritu de la ley, y que han incentivado la ineficiencia.
12) Al enarbolar de forma acrítica el argumento de la “autonomía sindical”, la izquierda acaba avalando la opacidad y la discrecionalidad que esta autonomía ha producido.
13) La izquierda tiene razón al decir que el gobierno de Felipe Calderón no ha demostrado el mismo celo persecutorio con otros sindicatos públicos –como los de maestros y petroleros–, pero esa no es justificación suficiente para exigir que no se toque al SME. La izquierda debería exigir que se combatan los privilegios y las irregularidades en el SNTE y en el STPRM.
14) Sugerir que porque el gobierno no ha atacado a otras instituciones corruptas no debe hacerlo en el caso del SME vuelve a la izquierda comparsa de lo que en otros casos sí denuncia. Mimetiza la satanización selectiva que no acepta en el caso de Felipe Calderón.
15) Al arropar al SME, la izquierda pierde credibilidad cuando habla de “empresarios y funcionarios responsables del saqueo y la corrupción”. Ese saqueo y esa corrupción también se han dado dentro de los sindicatos públicos, y por simple consistencia democrática se vuelve imperativo reconocerlo.
16) Es cierto, los sindicatos no son los únicos responsables del desastre, pero sí con corresponsables –al igual que numerosas empresas privadas– de la falta de productividad que ha inhibido el crecimiento económico del país.
17) Si el gobierno de Felipe Calderón “no tiene la autoridad moral” para combatir al sindicalismo corrupto, entonces la izquierda debería asumir esa tarea en vez de rehuirla cuando –por motivos electorales– le conviene hacerlo.
18) Es cierto: El gobierno no ha mostrado la misma tirria vis a vis con otros sindicatos. Pues es hora de exigirle que lo haga, y con la determinación que le ha faltado hasta este momento.
19) Así como AMLO critica a los monopolios privados, debe reconocer los abusos que cometen los monopolios públicos.
20) Si la izquierda denuncia la complicidad de Felipe Calderón con Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, pero protege a Martín Esparza, habrá armado su propia forma de complicidad.
21) Al avalar los abusos de la Compañía de Luz y Fuerza, así como del SME, la izquierda se aleja de la ciudadanía cuyo voto debería cortejar, y estrecha aún más su base de apoyo electoral.
22) Si uno de los temas fundacionales de la izquierda en el mundo es la lucha por la equidad, no puede justificar la persistencia de cotos caracterizados por prebendas que el resto de la clase trabajadora de México no recibe.23) Al arropar a Martín Esparza como lo hace, la izquierda olvida temas fundamentales, como la falta de transparencia en el manejo de las cuotas, el uso discrecional de las aportaciones gubernamentales, y el destino misterioso de millones de pesos que el sindicato obtiene del gobierno y no se ve obligado a transparentar.
24) El costo elevado de la energía eléctrica –debido a la falta de productividad y al peso de un contrato colectivo, cada vez más oneroso– lo cargan los pobres. Según el presidente de la Comisión Federal de Competencia, los pobres pagan 40% más de lo que deberían en servicios básicos como la luz, por las ineficiencias que venimos arrastrando desde hace años.
25) Si el lema de la izquierda es “Por el bien de México, primero los pobres”, entonces no puede justificar las transferencias y los subsidios a una empresa quebrada, que recibe –de forma anual– el equivalente a dos veces el presupuesto del Programa Oportunidades. Al aceptar esta situación, la izquierda coloca la defensa de alianzas políticas por encima del combate a la pobreza. Su lema se vuelve “Por el bien de nosotros, primero los sindicatos que nos apoyan”. l
Proceso12/10/2009

Manotazo eléctrico

Miguel Ángel Granados Chapa

La palabra final en la "Plaza pública" del viernes era "manotazo". Me referí así a una de las opciones que consideraba el gobierno para quitarse de encima el conflicto permanente con el Sindicato Mexicano de Electricistas, escondido tras el deterioro del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Ése fue el camino escogido; el sábado por la noche el gobierno dio un manotazo. Sus tropas asaltaron las instalaciones de LyF horas antes de que entrara en vigor el decreto que extingue a ese organismo, con lo que se acentúa el carácter autoritario de la medida, que genera la causa mayor que a su vez es causal de terminación de las relaciones laborales.
Aunque estrecha e indisolublemente relacionados, hay dos asuntos en la decisión presidencial de acabar con Luz y Fuerza, uno de carácter administrativo y otro de naturaleza laboral. El primero, de ser cierto el curso de que dan cuenta los considerandos del decreto respectivo, aparecido en el Diario Oficial inusualmente publicado en domingo, se realizó en sigilo. A partir de una reflexión de la Auditoría Superior de la Federación en torno de la cuenta pública de 2008, el 28 de septiembre la Secretaría de Energía habría propuesto la desincorporación por extinción de LyF, y el 5 de octubre la Comisión intersecretarial de gasto público, financiamiento y desincorporación habría emitido un dictamen aprobatorio, que se convirtió en el decreto firmado por Calderón el sábado y puesto en vigor antes de su publicación. No es, por supuesto, un tiquismiquis legaloide el considerar contraria a la ley la ocupación de las instalaciones de LyF. Si el SME como sindicato o sus integrantes a título individual emprenden una lucha jurídica contra esa disposición, podrán alegar en la demanda de amparo correspondiente esa invasión de sus recintos de trabajo por la Policía Federal y por miembros del Ejército. También podrán imputar al firmante del decreto y a los secretarios de Estado que lo refrendaron irresponsabilidad al nombrar liquidador al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y encargarlo de una operación para la cual carece de elementos de toda naturaleza. Encargar a la CFE esa operación resulta así de una triangulación de funciones en que la ley no queda bien servida, lo cual debe enrostrarse a quienes se llenan la boca con lemas sobre el Estado de Derecho.
En el ámbito laboral, el SME podrá argumentar en defensa de su contrato colectivo que la fuerza mayor alegada como causal de terminación de la relación de trabajo fue creada por el propio gobierno, y nadie ni el gobierno mismo puede ser beneficiario de acciones ilegales. El SME resistió ya la liquidación decretada en 1975 por el presidente Echeverría y anulada años después por el presidente Salinas, que se comprometió a ello por necesidades electorales. También son razones políticas, por cierto, las que explican ahora la liquidación, más que las de orden financiero alegadas.
Tanto el decreto como las declaraciones de los miembros del gabinete que ayer domingo encararon el asunto, insistieron en el respeto a los derechos de los trabajadores al punto de que no sólo se cumpliría la ley y el contrato colectivo para indemnizar a los despedidos sino que se les añadirían compensaciones de gran prodigalidad. Conforme a lo anunciado, los electricistas recibirían en promedio el equivalente a dos años y medio de sus salarios. Los 22 mil jubilados continuarán recibiendo, vitaliciamente, la paga a que tienen derecho, con cargo al gobierno federal, y con incrementos anuales acordes al movimiento del índice nacional de precios. Los electricistas tendrán que examinar con cuidado esa oferta, porque el modo de exponerla no explicó que pudiera estar condicionada a cláusulas escritas "con letra chiquita" que eventualmente signifiquen algo diferente a lo ofrecido.
De ser verdaderas las cifras aportadas por los funcionarios, quedan evidentes lagunas informativas que será preciso colmar. Se ha achacado buena parte de las dolencias financieras del organismo en liquidación al alto costo de la mano de obra, a su pasivo laboral. Pero ahora que se hacen las cuentas presumiblemente finales, se sabe que la liquidación a los trabajadores tendrá un costo de cuando más 20 mil millones de pesos. Al mismo tiempo se insiste en que el agujero financiero de LyF es de 42 mil millones de pesos. De esta cifra sólo una breve porción ha de corresponder a los pasivos laborales, puesto que se puede acabar con ellos con sólo la mitad del subsidio que debe entregar cada año la Federación.
El manotazo gubernamental fue cuidadosamente preparado. Se consumó horas después de que el equipo mexicano aseguró su presencia en el campeonato mundial de futbol el año próximo en Sudáfrica, meta que puso en buen punto el ánimo de un extenso segmento de la población. Previamente, la propaganda oficial logró que se creyera urgente acabar con una doble lacra, la operación deficitaria del organismo eléctrico y los abusos de su personal. La prédica del gobierno cayó en la buena tierra de una sociedad harta de la corrupción y de los privilegios, sobre todo cuando los reciben los asalariados, como si no hubiera prebendas mayores para la reducida minoría que concentra la riqueza. La liquidación de LyF será bienvenida en anchas porciones de la sociedad, y hasta algunos de sus componentes, los adictos al autoritarismo reprocharán al gobierno su "generosidad".
El conflicto por la extinción de LyF apenas comienza.
Cajón de Sastre
El decreto que define la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y las bases para su liquidación, expedidas por la Secretaría de Energía, no se refieren a la red de fibra óptica que posee ese organismo público, y que constituye parte de un patrimonio que mejor administrado por el gobierno hubiera debido impedir el deterioro de la antigua Compañía mexicana de luz y fuerza. Se trata de un tendido de más de mil kilómetros que permite a quien lo opere ofrecer el servicio de triple play, un negocio apetecible que hubiera podido ofrecer directamente la empresa y con su rendimiento subsanar sus deficiencias, en vez de lo cual se otorgó en concesión a la empresa WL Comunicaciones, cuyos principales accionistas fueron secretarios de Energía en el gobierno de Fox: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.
Reforma12/10/2009

Astillero

>Momento de definiciones
>Batalla clave
>Valor e inteligencia

Julio Hernández López


Es una provocación calculada. Los tutores estratégicos de Felipe Luzifuer creen que la debilidad de la izquierda previamente dividi-da, y el clima de linchamiento al SME claramente instruido a los medios oficializados, dejarán el camino abierto a la derecha prianal para la instauración largamente anhe-lada del Estado policiaco que mediante una represión ins- titucionalizada permita el saqueo secuencial de la riqueza colectiva. Es el golpe político y social más relevante del felipismo y, en general, del panismo federalmente gobernante: si la izquierda (social, partidista, electoral) es derrotada en este lance, habrán quedado instaladas las con- diciones para una nueva era sombría, con supresión cínica o manipulación discrecional de lo que quedara de derechos y libertades, con manipulación televisiva impune y reforzada, privatización des- scarada y delincuencial de los bienes nacionales y mano dura en el manejo del país doblegado.
No es el SME ni es un problema laboral: es el intento de establecer, usando al devaluado Calderón de parapeto, una tiranía mediática y empresarial. El triple play buscado es éste: deshacerse de una organización políticamente adversa, abrirle el camino a futuros negocios privatizados de amigos, socios y acreedores, y acelerar el proceso de marginación y criminalización de la protesta pública, en especial la relacionada con el lopezobradorismo. Nadie debe engañarse: las historietas cándidas de lo electoral y el 2012 no tendrán sentido si hoy triunfa la intentona fascistoide. El punto no está en Peña Nieto, Salinas y Televisa por sí mismos o bajo la lupa tácticamente electoral. La clave del futuro, si se desea que haya futuro, está en la defensa inmediata del SME como derecho de asociación y de Luz y Fuerza del Centro como patrimonio nacional.
Para esa defensa se necesitan valor e inteligencia. Valor para movilizar y confrontar políticamente, a sabiendas de los riesgos físicos y políticos que se incrementan conforme se agudiza la insensatez nocturna (para no usar términos clínicos); inteligencia para conducir un movimiento de resistencia sin aceptar la provocación y convirtiendo la crisis en la oportunidad de reconstitución de esa izquierda en el fragor del combate anunciado. La manera como se dé la fusión de un movimiento de resistencia civil pacífica (surgido de un contexto electoral, el del fraude de 2006, y con abiertas expectativas de participación en los comicios de 2012) con uno sindical de texturas sociales e ideológicas compatibles marcará el camino para una posible revitalización de las esperanzas de lucha y cambio. Mal harán los mandos partidistas y electorales si pretenden supeditar la lucha sindical al marco de las siglas y los proyectos de corte comicial. En ese contexto habría de analizarse con cuidado el mensaje que se mandará hoy si el dirigente del SME concurre al mitin convocado con mucha anti- cipación por el lopezobradorismo en San Lázaro, como si tuviese que cumplir un ritual de sometimiento público para recibir las ofertas de solida- ridad (una juanitización electrificada). No habría desdoro si, en cambio, López Obrador y un grupo notable de sus cuadros directivos se presentaran por sí mismos a la marcha del jueves venidero, convocada por el SME, y allí se anunciara la concurrencia de intereses y luchas.
Junto al esquema militarizado de control de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro se ha desarrollado una estrategia mediática que tuvo en su ejecución preparatoria la canallesca participación de comentaristas, analistas y periodistas oficializados que crearon un linchamiento concertado del SME y sus dirigentes, con un guión identificable en todos los casos, los mismos argumentos y consideraciones, la unilateralidad de la crítica y el olvido de ejemplos de sindicalismo corrupto y dañino que son dejados a salvo porque son alia- dos de Los Pinos. Ayer por la noche, con un tono de solemnidad amenazante, Calderón replanteó las tesis previamente esparcidas por sus avanzadas periodísticas y utilizó con cinismo pre- supuestal la zanahoria de las muchas prestaciones, bonificaciones y bienaventuran- zas que esperan a los trabajadores que abdiquen de la lucha y se inscriban a los presuntos paraísos laborales liquidadores.
El momento de las definiciones ha llegado. Una sociedad largamente anestesiada asiste diariamente a espectáculos macabros de su descomposición y abatimiento (apenas unas horas atrás estaba en la memoria la imagen periodística del hombre colgado en un puente de Tijuana, a cien metros de una base militar) y en su presunta o real defensa se organizan movimientos que son difamados, divididos y agredidos. Éste es el momento de la defensa inteligente y organizada de un derecho sindical y una riqueza colectiva.
Ayer, por cierto, 65 embajadores extranjeros cerraron en San Cristóbal de las Casas una visita de tres días a Chiapas. La secretaria de relaciones exteriores, Patricia Espinosa, habría tocado en el restaurante El Lago el tema del SME, para decir a los visitantes que esperan marchas y acciones de protesta, pero aseguró que la posición del gobierno federal es de justicia y respeto a los derechos laborales, por lo cual pedía a sus excelencias que informaran “de la mejor manera” a sus jefes de la verdadera situación de México, sin malinterpretar las decisiones de Calderón (los integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata –OCEZ– no pudieron aportar elementos distintos para el buen juicio de los embajadores, pues fueron impedidos de entregar personalmente la carta que ya habían enviado a las misiones diplomáticas denunciando la detención arbitraria de su dirigente, José Manuel Hernández Martínez).
Y, mientras Obama encuentra cómo conciliar su ejercicio político futuro, como cabeza obligada de los consorcios militares e industriales del Pentágono, con el comprometedor y prematuro premio mercadológico de la paz, ¡hasta mañana, en esta columna decididamente cantarina (“si no creyera en lo que creo”)!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Más balas que años

Han matado, cortado extremidades y violado a decenas de mujeres. Los niños soldado cuentan su trágica vida un año después de que la rebelión tutsi estallara en el Congo

MARUXA RUIZ DEL ÁRBOL 11/10/2009/El País


Goma, Kibu Norte. Tarde de junio en la República Democrática del Congo. Dos montículos de ropa se apilan en el suelo. Uno es verde y apesta a sudor. El otro, una maraña de vaqueros, chanclas, camisetas y cinturones de segunda mano, mengua poco a poco. Entre estas prendas, una decena de adolescentes agitados eligen su ropa nueva. Otros, a medio vestir, arrojan a la pila verde la hedionda vestimenta con la que han llegado. Es ropa militar. Hace un rato, estos niños eran soldados.
Cambiar el atuendo bélico por el traje de civil es el rito informal con el que este centro de los salesianos, Don Bosco Ngangi, acoge a los niños soldado. La primera capa ya está fuera. Bajo la piel les quedan los recuerdos de las violaciones, torturas y asesinatos que sus jefes les obligaron a cometer. ¿Qué edad tenían? Nadie se lo preguntó. Bastaba con que tuvieran la fuerza para sostener un fusil. Don Bosco es una de las instituciones que existen en la zona que intentan pegar los trozos rotos y construirles un futuro.
Los salesianos abrieron hace 20 años esta escuela que atiende como puede las infinitas necesidades de la población de Goma, capital de Kibu Norte. Su director es el sacerdote Mario Pérez, cuyo empeño ha mantenido el centro abierto. Dan comida y educación a huérfanos del sida, niños famélicos, menores acusados de brujería... Pero su trabajo con los niños soldado es el más delicado. "Es imposible devolverles la infancia porque han visto cosas atroces y han violado a mujeres en su edad más pura, pero intentamos al menos que vuelvan a ser civiles", dice el padre Mario. Situada al oeste de Ruanda, esta región congoleña arrastra la historia más sangrienta del país, ser uno de los escenarios del genocidio de los hutus contra los tutsis que en 1994 aterró al mundo.
Después del último brote de violencia de esta guerra interminable, la ONU ha pedido a los grupos armados que liberen a los menores que tienen combatiendo para ellos. Todos reclutan a niños como milicianos, desde el Ejército regular del Gobierno del Congo a la milicia Mai Mai más pequeña. Unos 7.000 están enrolados en alguna de ellas, según un informe elaborado por la Coalición Internacional Children Soldier.
Los niños que acaban de llegar a Don Bosco combatían hace menos de un año en este último gran episodio que comenzó en agosto de 2008 cuando el CNDP, grupo armado tutsi que actúa en el Congo, tomó la ciudad de Goma. Los combates duraron hasta enero de 2009, cuando los Gobiernos del Congo y Ruanda detuvieron al líder del grupo, el rebelde Laurent N'Kunda. Pero ninguno de estos pequeños sabe por qué les pusieron a pelear. Son analfabetos y muchos han combatido incluso en facciones opuestas. La mayoría fueron raptados y algunos se alistaron como voluntarios. En el Congo los militares gozan de unos privilegios tentadores: comida asegurada a diario, poder e impunidad. Siete meses después del fin de los combates, centenares de menores siguen llegando diariamente a los campos de refugiados y a las bases de la Monuc (la misión de la ONU en el Congo). Son ellos quienes les redirigen hasta Don Bosco.
Con los salesianos colabora una organización española: la Fundación Codespa, que procura dar un nuevo oficio a los niños soldado. Sus módulos de dos años en carpintería, costura, soldadura o albañilería les convertirán, si la guerra no lo impide, en profesionales útiles para sus comunidades. Al final de su formación, que incluye un periodo de alfabetización, Codespa les proporciona un equipo completo de herramientas para que puedan trabajar como autónomos y no vuelvan a las armas. Pero el sueño de la reinserción no siempre se consigue. "En ocasiones han vendido las herramientas y han vuelto al ejército", afirma Gavin Braschi, coordinador de proyectos. Aquí viven actualmente 172 menores ex combatientes, la mayoría de ellos varones. Hace una semana llegó la última mujer. "Tendría unos 14 años, pero ya lucía en su uniforme los galones de comandante", cuenta una cooperante. "Había ascendido tan rápido porque era la única esclava sexual en un batallón de unos cien hombres". Tristes honores de guerra.
Antes de empezar a hablar con los chicos, han hecho prometer a la periodista que no aparecerán ni sus datos, ni sus fotos. Ni siquiera se mencionará el grupo para el que combatieron. Con 13 o 14 años son ya desertores y, por tanto, reos de un tiro en la nuca según las leyes no escritas de esta guerra. Escaparon de la milicia cuando supieron que la ONU había dado el mandato de desmovilizarles y les prometían un lugar donde refugiarse, si llegaban vivos. Otros fueron entregados a la Monuc por las fuerzas armadas de manera voluntaria, aunque reclutar menores soldado esté considerado un crimen de guerra. Si los niños identificasen a sus mandos, éstos podrían ser buscados y juzgados en tribunales internacionales.
La entrevista se desarrolla en un porche junto a sus habitaciones, que están apartadas de las demás. Son muy violentos. "No sólo es que sean analfabetos, es que han sido educados para la violencia y recurren a ella constantemente. Son capaces de sacarse los ojos por cualquier tontería", afirma Gavin Braschi.
Estos adolescentes han matado, han cortado extremidades a machetazos y han violado a decenas de mujeres. Fueron muy crueles, pero fue una barbarie impuesta. Víctimas entre las víctimas, les obligaron a ser verdugos y su fragilidad se palpa en las pocas palabras que les logramos arrancar.
"Un día estaba en la puerta de mi casa y unos milicianos me dijeron que si les llevaba las armas hasta su campamento me darían una propina. Cuando llegué a la selva, no me dejaron volver", cuenta uno de ellos, de 14 años. Acaba de salir de la guerra después de tres años en la milicia. "Al principio me pusieron a cocinar, pero pronto me adiestraron para matar con un Kaláshnikov, me enseñaron a extorsionar para conseguir comida, y aprovecharon mi pequeño tamaño para hacerme especialista en emboscadas", recuerda.
El miedo y la empatía se eliminaron a base de drogas. Uno de los entrenamientos más comunes consistía en drogarles y dispararles junto a la oreja para que perdieran el temor a los tiros. Pero la experiencia fue más dura que la droga. "Un día no lo soportaba más y me escapé", confiesa uno de ellos.
Nos ayuda un improvisado traductor de suajili, el congolés Gaspar Hangi, un trabajador social que se dedica a rastrear en el pasado de los niños para encontrar pistas sobre el paradero de sus familias. Anunciar a sus padres que sus hijos siguen vivos es el primer paso para el cambio de vida. Si sale bien, habrán dado el paso más importante para la reinserción. Pero no siempre es un camino fácil porque a veces no tienen dinero para acogerles y otras se abochornan del pasado sanguinario de sus hijos.
La tensión que han vivido les hace distintos del resto de los niños, incluso físicamente. Son musculosos, pero sobre todo la angustia parece habérseles acumulado alrededor de los ojos.
El psicólogo que les atiende al llegar al centro afirma que la mayoría tienen desenfocada la realidad. "Llegan con todos los síntomas de cualquier trauma grave: insomnio, problemas intestinales, mal humor, dolor de cabeza y sufren pesadillas. Muchas veces las confunden con la realidad. Tampoco se relacionan con el resto de los niños del centro porque el ejército les ha enseñado a considerar a los civiles como sus inferiores".
Jean Claude Kasolva Mutombo es el único psicólogo del centro, un hombre tan apasionado como frustrado porque, confiesa, no puede alargar más de dos meses la terapia de los niños. Sin tiempo para tratar uno a uno cada caso, a diario intentan utilizar el único esquema de comportamiento que les han enseñado, la disciplina militar, pero con nuevos fines como la seriedad en el trabajo o los horarios de comida.
El padre Mario dice que si permanece aquí es porque sigue encontrando gente con esperanza. "Cuando crees que ya lo han aguantado todo y que no soportan más te sorprenden reciclando sus sueños de la nada. Esos gestos no pueden ser defraudados". Es el caso de otro de los entrevistados. Tiene 17 años, entró a los 13 en el ejército y ha pasado por tres milicias distintas. En la primera entró porque le raptaron a la puerta de su colegio; a la segunda llegó huyendo de la primera; y en la tercera se enroló como voluntario. Sus piernas están llenas de cicatrices, pero desde que llegó aquí, hace tres meses, intenta que nada le recuerde la guerra. "Voy a retomar mi vida estudiando, exactamente donde la dejé, a la puerta de una escuela", dice. Se quedará dos años más en Don Bosco porque acaba de comenzar un curso de corte y confección. Mario, Jean Claude, Gavin y Gaspar seguirán sus pasos durante el tiempo que dure su formación y un poquito más. Después tendrán que vivir sin su ayuda la dura vida del Congo. Esta vez, por lo menos, van armados con libros y vestidos con un pantalón vaquero.

domingo 11 de octubre de 2009

Nuevo supernegocio del narco: contrabando de analgésicos

J. JESúS ESQUIVEL

Según la DEA y el FBI, la mayor vigilancia en la frontera con México para contener el tráfico de drogas prohibidas tiene un efecto colateral preocupante: ahora los cárteles del narcotráfico empezaron a explotar el atractivo mercado de los fármacos "controlados" por el gobierno estadunidense, sobre todo analgésicos. Las fuertes sanciones establecidas para quien introduzca estos productos sin receta estadunidense encarecen los medicamentos en el mercado negro e incrementan la ganancia de los traficantes.
WASHINGTON.- Los cárteles del narcotráfico son "las empresas más diversificadas" de México, afirma Rusty Payne, vocero de la DEA, y pone como ejemplo el nuevo negocio atribuido a esas organizaciones: el tráfico de analgésicos a Estados Unidos.
Las restricciones que impone la Administración Federal de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) a la venta de medicamentos para males tan comunes como la gripe, dolores musculares o infecciones estomacales, abrieron nuevas oportunidades para los narcotraficantes mexicanos, que ahora contrabandean píldoras que en el mercado estadunidense están restringidas.
"Es el nuevo gran negocio del narcotráfico de México", explica a Proceso un agente del FBI asignado a la franja limítrofe de California y Baja California.
Bajo la condición de no citar su nombre, porque está investigando casos de tráfico de analgésicos, el agente dice que la venta de medicinas sin receta en las farmacias de México "tradicionalmente ha sido un gran atractivo para los estadunidenses, que cruzan la frontera para comprarlas con mucha facilidad y por ser más baratas".
En las décadas de los ochenta y noventa, el tráfico de medicinas de México a Estados Unidos "era prácticamente tolerado porque no eran tan grandes las cantidades de píldoras que cruzaban ilegalmente la frontera, y quienes las adquirían eran personas enfermas o con familiares convalecientes que las compraban en las farmacias mexicanas, ahorrándose primero el costo de una visita al médico para que les extendiera una receta, y segundo, porque son mas baratas", añade.
Desde principios de la década pasada, cuando la FDA impuso nuevas restricciones a la venta de fármacos que contienen sustancias controladas como "dipirone o penicilina", la demanda de medicamentos que requieren "autorización médica" para su venta en Estados Unidos se convirtió en el gran negocio de las farmacias mexicanas de la frontera norte. Y los cárteles tomaron nota de ello, según muestran las indagaciones del FBI.
Al respecto Rusty Payne admite: "No nos extraña, es lógico, los narcotraficantes mexicanos siempre están a la vanguardia de cualquier adicción en los Estados Unidos que les reditúe ganancias".
Desde 1998 el gobierno estadunidense impone multas de hasta 10 mil dólares y cinco años de cárcel a sus ciudadanos que introducen medicamentos controlados cuya portación y compra no se respalda en la receta de un médico de su país.
De acuerdo con el expediente de la investigación que realiza el FBI en la zona de San Diego y San Ysidro, California –partes del cual se autorizó que consultara Proceso–, las sanciones por ingresar con fármacos a Estados Unidos y la reforzada vigilancia en toda la frontera para contener el tráfico de mariguana, cocaína, metanfetaminas y heroína, finalmente "abrió la puerta para que organizaciones criminales como el cártel de Tijuana (comandado por los hermanos Arellano Félix) comenzaran a lucrar con los analgésicos.
"En cálculos del FBI, desde hace tres años o poco más, el cártel de Tijuana obtiene varias decenas de millones de dólares anuales con el tráfico de analgésicos. Por el momento, es la única organización criminal mexicana que el gobierno estadunidense identifica como contrabandista de esos medicamentos, aunque también investiga la posibilidad de que compitan con ella los cárteles de Juárez, del Golfo y de Sinaloa.
Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1719 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 11 de octubre.

Acabar con LyFC costaría más que presupuesto de Oportunidades

LA REDACCIóN

México, D.F., 11 de octubre (apro).- La liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) costaría 20 mil millones de pesos, equivalente al presupuesto anual del programa Oportunidades o a dos veces el de la UNAM.
El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Adolfo Elías Ayub, estimó que la remuneración a los trabajadores de LyFC rebasará los 16 mil millones de pesos.
Incluso presumió que el gobierno federal estaría dispuesto a ofrecer una liquidación superior a la ley, que llegaría a un monto de 20 mil millones de pesos.
Esta mañana ofrecieron una rueda de prensa conjunta el secretario de Hacienda, Agustín Carstens; del Trabajo, Javier Lozano; de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Energía, Georgina Kessel, y el propio Elías Ayub. En tanto, trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas protagonizan un mitin en el Monumento a la Revolución.

Rechazan exploración en Jimulco

FABIOLA P. CANEDO / EL SIGLO DE TORREÓN / TORREÓN

La perforación de pozos en el área protegida de la Sierra y Cañón de Jimulco es uno de los proyectos contemplados a realizarse con los recursos del fondo metropolitano para la exploración de nuevas fuentes de agua potable para abastecer a la Región Lagunera. Pero pese a la insistencia de las autoridades en el tema, ecologistas y la Fundación Jimulco se oponen a ello.

Roberto Muñoz, consejero nacional de Medio Ambiente de la Coparmex, explicó que se reunieron con autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (Semac) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quienes coincidieron en la necesidad de realizar cuatro perforaciones en Jimulco, pues se sabe que en esta zona hay mucha agua que pudiera aprovecharse para La Laguna, aunque se desconoce en qué cantidad y de qué calidad.
"Esto sería como parte de los análisis de las cuencas que tenemos aquí en La Laguna, tuvimos una reunión pero no consideramos adecuado que en un área protegida se haga este tipo de perforaciones, aun cuando sean exploratorias, la experiencia nos ha dicho que cuando se perforan pozos luego se les antoja simplemente hacer la extracción, nosotros preferimos que no sean dentro de la reserva", expuso.
Señaló que tanto la asociación civil Sierra y Cañón de Jimulco, donde participan ejidatarios de la zona protegida, como los ecologistas en Biodesert y la propia Fundación Jimulco, organismo que preside actualmente la Coparmex, manifestaron su inconformidad sobre las perforaciones.
"Nos opusimos y ya no nos han comunicado", dijo.
ROBERTO MUÑOZ
Consejero nacional de Medio Ambiente en la Coparmex e integrante de la Fundación Jimulco
Niegan permiso a basurero tóxico
EDITH FRAIRE / EL SIGLO DE TORREÓN / VIESCA

El Ayuntamiento negó la construcción de un confinamiento de residuos tóxicos en La Laguna de Viesca, debido a que se encontró un lago.


En un recorrido por la zona lacustre, 5 kilómetros al oriente de Viesca, integrantes del Comité por el Progreso y la Defensa de Viesca, obtuvieron las pruebas para confirmar la negativa de la instalación, en dicho lugar, de un confinamiento. El hallazgo fue un lago inmenso en el que paseaban gansos y patos.
El Comité representado por Manuel Lastra López, realizó varias fotografías del lago y las entregó al Cabildo para demostrar que el lugar donde nace La Laguna de Viesca aún existe y que es alimentado por los escurrimientos de las lluvias que se presentan en los cañones de Huichila, de la Peña, Menchaca y la presa de las Víboras.
El descubrimiento lo realizaron los propios habitantes, quienes al enterarse de la posible instalación del confinamiento en ese lugar, se opusieron rotundamente y se mantuvieron vigilantes de la llegada de los escurrimientos.
Con pruebas el Cabildo negó rotundamente que en la zona lacustre se instalará Tecno-Sistemas Ecológicos, la cual desde el mes de julio a través de su representante legal, Emanuel Rivas Madrazo, realizó la solicitud de construcción. Al principio los regidores votaron a favor de la construcción, por el número de empleos que podrían generarse. Sin embargo, al darse cuenta de lo peligroso que puede resultar la instalación de la planta, comenzaron a dudar y después se negaron.

Congela GM mil empleos

Isabel Ampudia /Zócalo

10/10/2009 - 04:05 AM

Saltillo, Coah.- Al presentar una baja en la producción de automóviles, el complejo de General Motors en Ramos Arizpe frenó sus planes de contratación, y solamente logró contratar cerca de 600 de las mil 500 que tenía programado y no se tiene fecha de cuándo podrían reiniciar.
Jesús Berino Granados, secretario del Trabajo y Conflictos de la Región Sureste de la CTM, dio a conocer que GM en lo que va del año ya despidió por lo menos a más de 2 mil trabajadores, en sus plantas de Ensamble y Motores, lo cual habla no sólo de trabajadores, sino de familias que se quedaron sin sustento.
“A fin de cuentas, dijo, a todos nos afecta un despido de 300 así como de 3 mil personas, pues estamos viendo a compañeros que se quedan sin empleo, y con deudas con el Infonavit, mueblerías, tarjetas de crédito, entre otras; y al momento de recibir su finiquito, lo único que hacen, es cubrir sus deudas”, manifestó.
Si se hace un análisis, indicó que se podrá observar que se requiere de la reactivación de 15 mil empleos para “enderezar” la industria automotriz, y a su vez, evitar que muchas personas sigan enfrentándose al desempleo.
La contratación en el sector automotriz está parada, a pesar de que GM ya había iniciado, canceló el proceso de recontratación, lo cual no es buen indicador, pues se hablaba que a finales de noviembre, ya estarían trabajando entre 800 y mil personas, pero no fue así.
Entre 500 y 600, fueron las pocas recontrataciones que hizo GM, cuando se contemplaban más de mil 500 para antes de que finalizara el año.
Pero esto dependerá mucho del mercado, y mientras este no repunte en el ámbito nacional e internacional, no habrá fecha, pues una vez que se reactive el mercado, de inmediato pasará lo mismo con las contrataciones.
“Para ello, primero se debe tener trabajo (que no lo hay), mas inversión y nuevas empresas (tampoco las hay), y con tristeza vemos que a nivel nacional, hablan de que no hay problema, que si hay trabajo, pero no sabemos en dónde los están dando, a lo mejor ellos tienen trabajo y nosotros no nos hemos dado cuenta. La verdad es que la gente no tiene trabajo, y mientras no haya empleo, no habrá circulante, ni cómo salir de este problema”, concluyó.

Asesinan en Chihuahua al defensor de derechos humanos Paz Rodríguez

Varios sujetos lo acribillaron en Nuevo Casas Grandes el viernes pasado

>Desde el año pasado estaba amenazado de muerte; en diciembre su casa fue tiroteada
>Un hijo suyo fue ultimado a tiros en octubre de 2008; sus defendidos eran asediados


Rubén Villalpando
Corresponsal
Ciudad Juárez, Chih., 10 de octubre. Paz Rodríguez Ortiz, conocido defensor de los derechos humanos, es el hombre asesinado el viernes pasado frente a su esposa en el municipio de Nuevo Casas Grandes (al noroeste de Chihuahua), confirmó la Subprocuraduría de Justicia estatal.
Según la dependencia, sujetos armados con fusiles AR-15 acribillaron a Rodríguez Ortiz, de 66 años, cuando circulaba en un vehículo de su propiedad por la calle 2 de Abril del centro de la ciudad, aproximadamente a una cuadra de la presidencia municipal.
Testigos relataron que “al oír los balazos decenas de personas se tiraron al piso y la situación generó pánico entre los transeúntes; mientras Alicia Saláiz –esposa de Rodríguez Ortiz– gritaba con dolor y rabia que sabía quién mató a su marido e imploraba a los policías llegados a la escena del crimen que persiguieran a los asesinos, pero no le hicieron caso”.
Medios locales afirmaron que el atentado se perpetró a las 18:30 horas, y luego de que policías municipales atendieran el llamado de alerta se acordonó el área donde agentes ministeriales iniciaron las pesquisas e identificaron a la víctima, cuyo cuerpo yacía junto a un establecimiento comercial y presentaba múltiples heridas de bala en la cabeza.
Rodríguez Ortiz y su esposa estaban amenazados de muerte. El 31 de diciembre de 2008, sujetos armados dispararon contra su casa, que también es sede de la Asociación Civil de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes; pero desde fines de 2008 disminuyeron sus actividades tras el asesinato de uno de sus hijos y el asedio de que eran víctimas.
El hijo de los defensores humanitarios tenía 36 años, era empleado de una empresa llantera del municipio y fue abatido a tiros en la capital chihuahuense en octubre de 2008, luego de llegar un día antes para comprar un automóvil.
Dos meses después, tras el ataque a balazos contra la sede de la agrupación y residencia familiar ubicada en el céntrico Callejón Chihuahua de Nuevo Casas Grandes, la propia Alicia Saláiz presentó denuncia ante la Subprocuraduría de Justicia estatal, pero el hecho no fue investigado, según las versiones recabadas hoy.
Saláiz y su marido fundaron la defensoría humanitaria 18 años atrás y adquirieron presencia en la zona noroeste del estado, en municipios como Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Ascensión, Janos y el fronterizo poblado de Palomas –además de Ciudad Juárez– por intervenir ante las decenas de levantones y desapariciones perpetrados en 2008.
Ambos también denunciaron las detenciones ilegales efectuadas por corporaciones de seguridad oficiales y orientaron a los familiares de las víctimas a solicitar información a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República.
Asimismo intervinieron en las protestas y denuncias iniciadas tras el asesinato del líder campesino Armando Villarreal Martha y la detención de Carlos Chávez, presidente y miembro de la Organización Agrodinámica Nacional, perpetrados el 14 de marzo y el 4 de abril de 2008, respectivamente.
Villarreal Martha cobró notoriedad por su participación al frente de productores y campesinos que mantienen su lucha contra los excesos en el cobro de tarifas del servicio eléctrico, y fue ultimado en Nuevo Casas Grandes por un comando que lo ametralló afuera de su domicilio frente a uno de sus hijos, quien resultó ileso.
A su vez, Carlos Chávez, también originario de Nuevo Casas Grandes y activista del Comité Promejoramiento del Agro, fue detenido por la policía de Chihuahua luego de participar en la reconección de pozos agrícolas luego de los cortes del suministro resueltos por la Comisión Federal de Electricidad, cuando los afectados iniciaron una huelga de pagos.

Claudio X. González, detrás del embate al SME: López Obrador

Cuestiona a Nava por no exigir que Cemex pague impuestos


Andrea Becerril
Enviada

Cárdenas, Tab., 10 de octubre. Detrás de la embestida gubernamental contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) están los que presionan para avanzar hacia la privatización total del sector eléctrico, entre ellos el empresario Claudio X. González, denunció aquí Andrés Manuel López Obrador.
Reveló que el también integrante del consejo de administración de Televisa y de otros consorcios tiene, en sociedad con José Córdoba Montoya –quien fue asesor del ex presidente Carlos Salinas de Gortari– una empresa que genera energía eléctrica, y la vende “a precios elevadísimos” a la Comisión Federal de Electricidad.
“¡Son los intereses de los mismos!”, recalcó, ya que Claudio X. González fue asesor en materia eléctrica de Salinas de Gortari, “el innombrable”, quien reformó una ley secundaria para abrir la puerta a la participación de la iniciativa privada en la generación de electricidad, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.
Ahora Claudio X. González participa en el negocio de la electricidad y forma parte del grupo de “potentados” que presionan para que el “gobierno usurpador” de Felipe Calderón liquide la empresa Luz y Fuerza del Centro y el SME. Son ellos los que han desplegado una campaña mediática para desprestigiar a los trabajadores electricistas y su sindicato, sostuvo.
Por eso “he dicho que, al golpear a los electricistas, Calderón obedece a los intereses de sus patrones, los que le ayudaron al fraude electoral de 2006”, insistió López Obrador.
Expresó, sin embargo, confianza en que los trabajadores del SME van a enfrentar, con ayuda de la sociedad, la campaña que desde el poder político y económico se orquesta en su contra.
“Los trabajadores del SME actúan siempre con mucha responsabilidad, tienen la razón y sus protestas son pacíficas, dentro de la resistencia civil”, apuntó.
Se refirió asimismo a la propuesta del dirigente panista César Nava de disminuir 50 por ciento los recursos públicos destinados a los partidos políticos.
“Está bien, pero habría que preguntarle por qué no plantea igualmente que Lorenzo Zambrano, dueño de Cementos Mexicanos, pague impuestos, porque él y los demás grandes empresarios afines al régimen están exentos de cumplir con sus obligaciones fiscales”.
En su quinto día de recorrido electoral por Tabasco –donde se realizarán comicios el próximo domingo 18 para renovar las 17 alcaldías y el Congreso local–, López Obrador llevó a cabo cinco mítines en los municipios de Huimanguillo, Cárdenas y Comalcalco, a los que asistieron miles de lugareños.
Lo acompañaron sus tres hijos mayores, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso, además de los senadores Rosalinda López Hernández y Arturo Núñez, así como el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, José Ramiro López Obrador.
El “presidente legítimo” recordó a sus paisanos que el próximo lunes encabezará una movilización en San Lázaro para insistir en su propuesta de reforma fiscal, la cual, a diferencia del proyecto de Calderón, plantea recaudar 500 mil millones de pesos sin incrementar gravámenes ni las tarifas de electricidad, gas y gasolina.
En ejidos y comunidades de Huimanguillo y Cárdenas, aseveró que la nueva ola de violencia desatada en el país –donde un día antes se cometieron 42 ejecuciones– se debe a la injusta política neoliberal establecida hace 26 años, que ha llevado a la pobreza a la mayoría de los mexicanos.
Si la estrategia económica no cambia de manera radical, y si se insiste en ese modelo “de pillaje” que lleva a la concentración de la riqueza y los privilegios en pocas manos, la inseguridad y la criminalidad seguirán en ascenso, advirtió.
“Si estos irresponsables, estos políticos corruptos, estos traficantes de influencias insisten en su propuesta económica, nos van a desgraciar la vida a todos.”
A pesar de la polarización en los municipios por la pelea electoral entre el PRD y el Partido Revolucionario Institucional, no hubo ningún incidente durante la larga jornada de López Obrador, quien en cada concentración pidió a sus simpatizantes no ceder ante los intentos del gobernador Andrés Granier y de su aparato priísta por comprar voluntades.
Es muy lamentable, dijo luego, que “corra dinero público a raudales para intentar la compra de votos y de conciencias”, mientras la mayoría vive en la miseria.
Por la noche cerró actividades con una concentración masiva en la plaza central de Comalcalco, donde dijo a los más de 15 mil perredistas asistentes que aunque el gobierno de Granier reparte despensas, láminas y vales “para electrodomésticos, lo que no es de extrañar de quien hace tres años distribuyó miles de bicicletas para que votaran por él”, no deben olvidar que a la hora de votar lo harán libremente.

Fuerza e ilegalidad

Editorial La Jornada

Mal andan las cosas en Los Pinos para que hayan decidido, al más viejo estilo priísta, escenificar un bochornoso sabadazo, asaltando con miles de agentes de la Policía Federal las principales estaciones y subestaciones de Luz y Fuerza del Centro. Con esa medida, el Ejecutivo federal da una muestra cabal de su talante dialogador y asume íntegramente la actitud ilegal y golpeadora del secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.
Más de una hora después del asalto, la Secretaría de Gobernación anunció la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Así de sencillo.
Más allá de lo que pueda suceder en las próximas horas con el servicio que da Luz y Fuerza del Centro –los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fueron desalojados de sus puestos de operación–, el asalto de los federales que comanda el hombre fuerte del país, Genaro García Luna, culmina una semana de avalancha mediática que buscaba, precisamente, legitimar un acto ilegal a todas luces.
Se trataba de hacer ver ante la ciudadanía que los trabajadores del SME son una bola de corruptos y privilegiados que someten a la población a un mal servicio y a unos cobros desorbitados. Ciertamente el servicio no es lo bueno que debiera, pero eso obedece fundamentalmente a cuestiones que pasan por la decisión oficial de empobrecer Luz y Fuerza por la vía de dejar en ceros las inversiones. También es verdad que los recibos están, en la mayoría de los casos, fuera de la razón, pero ello no se debe a los electricistas, sino a quienes dirigen la paraestatal.
A la tarea se dedicaron con entusiasmo sin límites leedores de noticias, columnistas y, en general, casi todos los llamados líderes de opinión de prensa, radio-televisión y escrita, personas que en situaciones como ésta asumen una línea informativa sospechosamente coincidente.
Servida la mesa, Felipe Calderón decidió ampliar su guerra al narco abriendo un nuevo frente: los sindicatos rijosos, los que no se pliegan a las necesidades de Los Pinos serán sometidos por las heroicas tropas del general sin estrellas, García Luna.
El mensaje es claro: para los sindicatos cuyos líderes son ejemplo de corrupción sin límites, pero pactan lo mismo con el PRI que con el PAN, la mano tendida y generosa. Para las Gordillo y los Romero Deschamps, reconocimientos a granel por sus servicios a la patria: para los demás, plomo y cárcel.
El jueves pasado, en el contexto de una pacífica y multitudinaria manifestación en defensa de Luz y Fuerza y del SME, los líderes del sindicato fueron recibidos en Los Pinos por Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de Calderón. Se abrió ahí un compás de espera mutuamente acordado. Todo resultó ser una gran mentira: la decisión ya estaba tomada antes de que los dirigentes del SME entraran en Los Pinos.
Este sabadazo, que coincide además con el jolgorio popular por el pase del Tri al Mundial de Sudáfrica, despeja cualquier duda sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo con quienes enfrentan sus políticas. Si no es por la buenas, será por las malas. Tal es el mensaje que a partir de hoy locutores y plumíferos del oficialismo machacarán en sus espacios.
Este sábado 10 de octubre pasará a la historia como el día en el que un gobierno de derecha encabezado por Acción Nacional se brincó la autonomía sindical y, de ese modo, dijo al país entero que quien no comulga con sus ideas será combatido con la fuerza de su estado.

Decreta Calderón la extinción de Luz y Fuerza; es inconstitucional: SME

La medida, por “su comprobada ineficiencia operativa y financiera”, dice el Ejecutivo

>No indica qué instancia asumirá sus funciones
>Ofrece pleno respeto a los derechos laborales


Fabiola Martínez, Gustavo Castillo y Agustín Salgado

Casi a la medianoche –una hora después de que militares y policías federales ocuparon las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC)–, el gobierno publicó en una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Federación un decreto firmado por el presidente Felipe Calderón en el que se determina la “extinción” de ese organismo descentralizado.
El argumento nodal para la liquidación es que, por “su comprobada ineficiencia operativa y financiera”, representa un costo tan elevado que “ya no resulta conveniente para la economía nacional ni para el interés público”. En el decreto no se determina qué instancia asumirá las funciones de LFC y “dispone expresamente” que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores, por lo que las indemnizaciones correspondientes se cubrirán tomando en consideración lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en el contrato colectivo. Agrega que se garantizará el pago de las jubilaciones.
Señala también que la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público confiere al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes la atribución de liquidar a los organismos descentralizados de la administración pública, por lo que esa instancia nombrará depositarios, liquidadores, interventores o administradores para el cumplimiento del proceso.
La compañía conservará su personalidad jurídica única y exclusivamente para realizar dicho proceso.
Desde hace semanas comenzó a correr la especie de que LFC sería liquidada. La dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) alertó sobre esa posibilidad cuando desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comenzó a filtrarse información acerca de que se negaría la toma de nota al comité que encabeza Martín Esparza, lo cual ocurrió el pasado lunes, a pesar de que el litigio no se ha resuelto en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Los trabajadores afirmaron que atrás de la negativa y de los señalamientos que descalificaban su proceso electoral –realizado del 16 al 26 de junio pasados– estaba la intención de acabar con la empresa y con el sindicato, que agrupa a más de 41 mil activos y 25 mil jubilados.
Finalmente, la decisión dada a conocer anoche tomó casi por sorpresa a dirigentes y trabajadores del SME, quienes habían señalado que esperarían el lunes la respuesta de Los Pinos, donde el jueves pasado, luego de una multitudinaria marcha en protesta por la negativa a la toma de nota, el secretario particular de Calderón, Luis Felipe Bravo Mena, recibió a Martín Esparza y otros miembros del comité y escuchó sus demandas.
En el decreto dado a conocer por la Secretaría de Gobernación, se enumeran en tres incisos las razones para el cierre: primero, se estima que el porcentaje de pérdidas totales de energía de LFC es excesivo y superior casi tres veces al de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y dice que casi ninguna empresa del mundo reporta esas pérdidas. A junio de 2009, LFC perdió 30.6 por ciento de energía, mientras la CFE perdió 10.9.
Segundo, asegura que “en 2008, LFC perdió 32.5 por ciento de la energía que compra y genera para vender. El valor estimado de esas pérdidas totales ascendió a casi 25 mil millones de pesos, lo que representa 52 por ciento de ventas del organismo”, y en tercero añade que, “en el mejor de los casos, los costos unitarios de las obras que ejecuta LFC son 176 por ciento superiores respecto de los costos de la CFE”.
En la exposición de motivos el presidente Calderón sostiene que, desde su creación, el organismo no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales, lejos de disminuir, se han incrementado en años recientes.
“De 2001 a 2008 tales transferencias se incrementaron más de 200 por ciento, y para el presente ejercicio serán del orden de 41 mil 945 millones; de continuar el mismo comportamiento, se estima que podrían alcanzar 300 mil millones de pesos durante la presente administración”. Se asegura que los costos de LFC casi duplican sus ingresos por ventas.
“De 2003 a 2008 registró ventas por 235 mil 738 millones de pesos, mientras sus costos fueron de 433 mil 290 millones (incluyendo la energía comprada a la CFE); el organismo registra un pasivo laboral de 240 mil millones de pesos, de los cuales solamente 80 mil millones corresponden a trabajadores en activo y 160 mil millones a personal jubilado.”
Se insiste en que sus resultados son “notablemente inferiores” respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a escala internacional, incluso a los que ha reportado la CFE. Señala que el pasado 28 de septiembre la Secretaría de Energía propuso la desincorporación por extinción de LFC y que el lunes 5 la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación emitió un dictamen favorable a dicha propuesta.
El decreto tiene siete artículos y tres transitorios, en los que el Presidente dispone que para el proceso de liquidación el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por sí o por conducto de terceros “intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento”. Corresponderá a la Secretaría de Energía sentar las bases para llevar a cabo la liquidación. Gobernación “velará en todo momento por el respeto al orden constitucional y a las instituciones” oficiales.
Las secretarías de Hacienda, de Energía y del Trabajo se coordinarán a efecto de que las indemnizaciones a los empleados “sean pagadas en el menor tiempo posible”, y las dos primeras se encargarán de que el liquidador reciba los recursos necesarios.
Además del presidente Calderón firman el decreto 10 secretarios de Estado: Fernando Gómez Mont (Gobernación); Agustín Carstens (Hacienda); Georgina Kessel (Energía); Ernesto Cordero (Sedeso); Gerardo Ruiz (Economía); Juan Molinar (Comunicaciones); Javier Lozano (Trabajo); Salvador Vega (Función Pública); Juan Elvira Quesada (Semarnat), y Francisco Mayorga (Sagarpa).

Desde enero, 5,570 ejecuciones; en el sexenio, 15,400: PGR y Sedena

Sólo este octubre, 302 asesinatos; la mayoría en Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Michoacán

>Durante la gestión de Fox hubo 13 mil homicidios
>Disputas entre cárteles motivan la actual violencia, según autoridades
>Agosto y septiembre pasados, los meses más cruentos de este gobierno

Gustavo Castillo García

En lo que va del año se han registrado 5 mil 570 ejecuciones de acuerdo con informes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El número de personas asesinadas por presuntos vínculos con el crimen organizado durante el gobierno de Felipe Calderón ya superan las 15 mil 400, mientras que en toda la administración de Vicente Fox se contabilizaron 13 mil homicidios de este tipo.
Análisis gubernamentales estiman que la violencia generada en los últimos 10 días en los estados de Jalisco, México, Guanajuato, Michoacán y Guerrero, está relacionada con una lucha que el cártel de La Familia sostiene contra las bandas de los hermanos Beltrán Leyva y Los Zetas; en Chihuahua la disputa es entre el cártel de Sinaloa y el de Juárez; en Morelos, el de Sinaloa mantiene una lucha de territorios contra la gavilla de los Beltrán Leyva.
Los reportes oficiales refieren que en lo que va de octubre se han registrado 302 asesinatos, la mayor parte en Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.
Los recientes meses de agosto (340) y septiembre (710) se han convertido en la época de mayor violencia no sólo en el año, sino en toda la administración del presidente Calderón, con reportes que superan inclusive los registros de 2008, cuando se contabilizaron 980 ejecuciones.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, afirmó el pasado 7 de octubre que “los niveles de violencia en el país producto de la guerra contra el narcotráfico se podrían mantener lo que resta de la administración del presidente Felipe Calderón”.
Durante un foro organizado por The Economist, donde participaron mayoritariamente empresarios, señaló que la ola de violencia, “de acuerdo con la experiencia internacional, por una ofensiva contra el crimen organizado, tarda en descender seis años en promedio”.
Nueve años, dos corporaciones
García Luna se ha desempeñado en últimos nueve años como titular de dos corporaciones de policía que han desaparecido ya, la Policía Judicial Federal y la Agencia Federal de Investigación. Asimismo, como titular de la SSP federal impulsó la extinción de la Policía Federal Preventiva.
El funcionario mencionó en el citado foro que la estrategia de Felipe Calderón contra el crimen organizado “es la adecuada, ya que se ha dotado de mayores facultades a la Policía Federal, y se busca mejorar los perfiles de sus elementos a través de una mejor capacitación, salarios e incentivos”.
La Policía Federal tiene más de 30 mil elementos. En los últimos tres años prácticamente ha duplicado su plantilla, y el número de militares que participan en la llamada guerra contra el crimen ha aumentado de 30 mil a 45 mil efectivos.
El promedio diario de ejecuciones ha pasado de ocho a 18 en los últimos tres años, de acuerdo con las estadísticas de la PGR y la Sedena. Asimismo, la edad de las personas asesinadas oscila entre 20 y 35 años.
Los registros gubernamentales señalan que en 2006 se cometieron 2 mil 412 homicidios dolosos vinculados con grupos del crimen organizado; en 2007 la cifra llegó a 2 mil 500; en 2008 hubo más de 5 mil 300 personas asesinadas.
Por lo que respecta a las ejecuciones ocurridas en los últimos días, funcionarios de la PGR explicaron que en Chihuahua se mantiene la lucha por territorios de distribución y zonas de tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, entre el cártel de Sinaloa y Chihuahua, lo que ha generado el surgimiento de bandas como Los Aztecas, que forman parte del grupo de sicarios que se conoce también como La Línea; mientras que el cártel de Sinaloa opera con un grupo que se ha identificado como Gente Nueva.
En los estados de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Querétaro la violencia ha sido generada por grupos de sicarios de los cárteles de Los Zetas y La Familia.
Mientras, en Morelos, según las fuentes consultadas, la disputa por el territorio se ha concentrado entre el grupo que dirigen los hermanos Beltrán Leyva y el de Sinaloa, aunque también existe presencia de La Familia.

viernes 9 de octubre de 2009

Gana Obama Nobel de la Paz

El comité noruego reconoce al presidente de EU su "visión y extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos" , así como su trabajo en pro de un mundo sin armas nucleares.

AFP y Notimex Publicado: 09/10/2009 07:43

Washington. El presidente Barack Obama obtuvo este viernes el premio Nobel de la Paz por su "visión" y "extraordinarios esfuerzos" para fortalecer la diplomacia internacional, tan sólo nueves meses después de convertirse en el primer mandatario de raza negra de Estados Unidos.
El Comité Nobel Noruego sorprendió al mundo este viernes al otorgar al presidente Obama, de 48 años, el galardón "por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos".
Además premió "la visión" y "los esfuerzos de Obama en la perspectiva de un mundo sin armas nucleares", declaró en Oslo el responsable del comité Nobel noruego, Thorbjoern Jagland.
Se dio especial importancia a la visión y trabajo del mandatario estadunidense número 44 de un mundo sin armas nucleares, destacaron los responsables del premio al fundamentar su decisión.
El primer mandatario estadunidense de color superó a personajes como la senadora colombiana Piedad Córdoba y el disidente chino Hu Jia, quien se encuentra encarcelado por sus actividades.
Desconocido para la gente común hasta hace unos cuatro años, la histórica elección de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos desparramó un sentimiento de esperanza en todo el mundo.
Ha creado un nuevo clima en la política internacional, añadió el grupo responsable del afamado galardón y precisó que la diplomacia multilateral ha recuperado una posición central, con énfasis en el papel de Naciones Unidas y de otras instituciones internacionales.
Su visión de un mundo libre de armas nucleares ha estimulado de manera poderosa las negociaciones de desarme y control de armas.
Gracias a la iniciativa de Obama, añadió el Comité Nobel noruego, Estados Unidos juega ahora un rol más constructivo para enfrentar los retos que el mundo está enfrentando, de la misma manera que democracia y derechos humanos se están ampliando.
Ha dado a su pueblo la esperanza de un futuro mejor, y su diplomacia está fundada en el concepto de que quien dirija al mundo debe hacerlo sobre la base de valores y actitudes que sean compartidos por la mayoría de la población del mundo.
También reconoció que rara vez una persona ha acaparado la atención mundial como lo ha hecho el actual jefe de la Casa Blanca.
Destacó el Comité Nobel noruego que en sus 108 años ha buscado estimular precisamente la política internacional y las actitudes de las cuales ahora Obama es vocero hoy en día.
Dotado de un gran carisma y gran capacidad oratoria, en su primer año de presidencia dio una serie de emotivos discursos en los que claramente intentaba dar vuelta la página y tomar distancia de su mundialmente impopular predecesor George W. Bush.
Fue en Praga en abril donde llamó a un mundo sin armas nucleares. Pero antes logró conmover cuando dio en El Cairo su discurso dirigido al "mundo musulmán", en el que rechazó la "guerra de las civilizaciones" y se comprometió a redoblar los esfuerzos para intentar buscar una solución al conflicto israelo-palestino.
Pero pese a su magnífica oratoria, los avances de su política internacional han dado hasta ahora magros resultados, incluso con sus compromisos de retirar las tropas estadunidenses de Irak y cerrar la polémica cárcel de Guantánamo en Cuba.
Justamente el Nobel le llega en momentos en que intenta delinear una estrategia en Afganistán, donde decenas de miles de soldados estadunidenses protagonizan cada día sangrientos enfrentamientos contra los talibanes.En el plano interno, tampoco ha logrado que su ambiciosa reforma de la salud en Estados Unidos sea aprobada.
En sus intentos de pregonar el diálogo y la tolerancia, Obama siempre recuerda sus orígenes de un hombre mestizo, hijo de una madre blanca y un padre keniano, nacido hace 48 años en Hawai.
Obama logró un ascenso político fulgurante a partir de julio de 2004, cuando los estadunidenses descubrieron el carisma de este joven legislador del Senado de Illinois (norte), durante su discurso en la convención que proclamó a John Kerry candidato presidencial del Partido Demócrata.
El joven mandatario reivindica la herencia de dos héroes, siguiendo los pasos de los padres de los derechos civiles Martin Luther King y el presidente John Kennedy (1961-1963).
Criado durante su infancia por su madre en Indonesia y luego en Hawai por sus abuelos, Obama es sobre todo un intelectual.
El laureado del año pasado fue el ex presidente finlandés Martti Ahtisaari, de 72 años, por su labor de mediación en conflictos, crisis y guerras.

México: hallan enorme yacimiento de litio

Alberto Nájar
BBC Mundo, México

Una empresa mexicana ha descubierto el que sería uno de los mayores yacimientos de litio y potasio del mundo. El hallazgo ocurrió en una zona salina de los estados de Zacatecas y San Luis Potosí, en el centro de México.

El litio se descubrió en los estados de Zacatecas y San Luis Potosí (Foto: gentileza Alfredo Valadez Rodríguez).
Es la primera vez que se localiza este metal en el país, le dijo a BBC Mundo Martín Sutti, propietario de la compañía minera que hizo el descubrimiento.
El yacimiento mide 36.679 hectáreas y en la primera etapa de explotación produciría 2.5 millones de toneladas de litio.
"Hablamos de 200 hectáreas inicialmente donde encontramos un promedio de 830 gramos del metal por tonelada de tierra. Es el doble de la producción de Estados Unidos", aseguró.
Las mayores reservas del metal se encuentran en Atacama, Chile, y en el desierto de Salar de Uyum, en Bolivia, donde existen 5,4 millones de toneladas que no han sido explotadas.
Corazón de batería
Actualmente, según el centro de Estadísticas Geológicas de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) sólo 11 países del mundo producen litio, aunque se han descubierto yacimientos no explotados en tres más.
Hablamos de 200 hectáreas inicialmente donde encontramos un promedio de 830 gramos del metal por tonelada de tierra. Es el doble de la producción de Estados Unidos
Martín Sutti, propietario del yacimiento
Chile produce el 54% del metal que se comercializa en el planeta. Le siguen Argentina, China y Estados Unidos. Según el USGS, el mercado es de 17.500 toneladas al año.
El litio, un metal ligero y maleable, ha tenido usos medicinales, pero desde hace algunos años se convirtió en elemento central para fabricar baterías por su facilidad para almacenar y descargar energía eléctrica.
De acuerdo con especialistas, el litio no es un material contaminante, a diferencia de las antiguas baterías fabricadas con plomo.
China es el país que más compra este metal en el mundo, aunque recientemente aumentó la demanda por parte de compañías fabricantes de autos híbridos y eléctricos.
La USGS ha dicho que el uso de litio reducirá el tamaño, peso y costo de los autos que funcionan con combustible y electricidad.
Desde el primer metro
La zona donde se localizó el yacimiento mexicano produce sal desde hace tres siglos y la empresa que hizo el descubrimiento, Piero Sutti, tenía 17 años explorando el terreno.
El dueño de la compañía aseguró que las posibilidades de explotación son muchas.
"Es un proceso barato, porque casi todo el suelo es plano, no tenemos un clima extremo como en Bolivia y, además, encontramos litio desde el primer metro de excavación", aseguró Martín Sutti.
La explotación del yacimiento se iniciará dentro de dos años, aunque ya comenzaron a realizarse varias perforaciones para medir el tamaño real de la veta.
Según el empresario, las estimaciones indican que el filón tendría una profundidad de 100 metros, lo cual significa la posibilidad de procesar 800 millones de toneladas de tierra con el metal.
La producción se podría mantener hasta 80 años, según cálculos del empresario.

Asesinan a alcalde de Ciudad Juárez

El vocero de la procuraduría de justicia estatal dijo que el cuerpo de Estanislao García Santelis, fue encontrado a acribillado a tiros cerca de una camioneta quemada. Ya había recibido amenazas de muerte.


Ciudad Juárez.- Un alto funcionario de una ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos fue secuestrado y asesinado el jueves por un comando armado.
El alcalde de Palomas, Estanislao García Santelis, se había quejado desde hace tiempo de la presencia de contrabandistas de drogas y de traficantes de personas en las inmediaciones de su población en el estado de Chihuahua, la cual colinda con la ciudad estadounidense Columbus en Nuevo México.
Arturo Sandoval, vocero de la procuraduría de justicia en Chihuahua, dijo que el cuerpo acribillado a tiros de García Santelis fue encontrado cerca de una camioneta quemada.
El jefe de la policía de Palomas, Emilio Pérez, buscó asilo en Estados Unidos en marzo después de que algunos de sus oficiales lo abandonaron y recibió amenazas de muerte.El año pasado, el Ejército Mexicano asumió el control de la seguridad pública en Palomas luego que la policía local fue virtualmente disuelta por narcotraficantes.
García Santelis también había encabezado protestas contra las tarifas eléctricas, y había sido acusado por habitantes de Palomas de malversar fondos públicos.
El alcalde había dicho a medios locales de comunicación que recibió amenazas de delincuentes, sin especificar a los autores.
En Palomas y alrededores ha habido numerosos asesinatos en los últimos meses, atribuidos a la violencia relacionada con las drogas que ha contribuido a los más de 13.500 muertes en México desde finales del 2006.
AP09/10/2009

Virus AH1N1 ha matado a 4 mil 525 personas en el mundo: OMS

En una semana se registraron 417 decesos más.

AFP Publicado: 09/10/2009 11:30

Ginebra. La gripe H1N1 ha matado por lo menos a 4 mil 525 personas en 191 países y territorios del mundo desde la aparición del nuevo virus, en marzo pasado, indicó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El anterior balance de la OMS, publicado el 2 de octubre, daba cuenta de "por lo menos 4 mil 108 muertos", es decir, una diferencia de 417 casos mortales en una semana.
La enfermedad sigue progresando en el hemisferio norte, particularmente en Estados Unidos, México, ciertas regiones de Canadá, Irlanda, Bélgica, Holanda, Israel y Japón, precisó el portavoz de la OMS, Gregory Hartl.
En cambio, la enfermedad ha retrocedido en el hemisferio sur. En total, el nuevo virus ha afectado a por lo menos 378 mil 223 personas en el mundo, según los últimos datos de la OMS, que recalca que esa cifra es muy inferior a la real, dado que numerosos países no registran todos los casos.
América del Norte, donde el virus apareció en marzo pasado, es la región más afectada, con 3 mil 292 decesos y 146 mil 016 casos señalados.

Hospitales están saturados por virus AH1N1: Salud

Diez millones de vacunas podrían no llegar, dice el titular de la dependencia, José Ángel Córdova Villalobos

Ruth Rodríguez El Universal Viernes 09 de octubre de 2009 ruth.rodriguez@eluniversal.com.mx
José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, informó que existe un incremento de casos confirmados del virus de la influenza A H1N1 superior a los registrados en el primer brote de abril y mayo.
Mencionó que hay dos hospitales, en la ciudad de México que registran saturación ante la demanda de pacientes afectados por el virus. Éstos son el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y el Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas “Salvador Zubirán”.
Señaló que la situación no se repite en el resto de los hospitales del país, pero también aceptó que conforme pasen los días la capacidad hospitalaria puede representar un problema.
“Podría ser una situación de que no tuviéramos suficientes camas, médicos o respiradores, ahí es donde nos estamos aplicando ahorita, porque medicamentos hay por todos lados”.
Y para evitar que ocurra, consideró indispensable que en el primer nivel de atención se contenga la enfermedad.
También, precisó que será hasta finales de diciembre cuando llegue a México el primer lote de las 20 millones de vacunas.
En el reporte sobre la situación actual de la epidemia, emitido ayer por la Secretaría de Salud, se informó que están contabilizados 36 mil 593 casos y 248 defunciones en el país.
El DF registra tres mil 997 casos; le sigue Chiapas con tres mil 581 y Yucatán con tres mil 13 casos. En 14 estados del centro y noroccidente hay más de mil enfermos en cada uno.
En el reporte del 6 de octubre, se tenían registrados 35 mil 838 casos y 245 defunciones.
Es decir, en tres días, se sumaron 755 casos y tres decesos más a las cifras nacionales que hay por esta enfermedad.
Entrevistado al término de la celebración del Día Mundial de la Donación de Órganos, Córdova reconoció desorganización y retraso en la entrega de las vacunas de la influenza estacional, durante el inicio de la campaña de vacunación el pasado lunes.
Precisó que la vacuna A H1N1 será entregada por lotes y serán únicamente 20 millones de dosis, ya que los 10 millones adicionales, “siguen siendo un trato verbal” con el laboratorio, que no se ha concretado, aclaró.
De ahí, informó, que sea para finales de diciembre cuando lleguen sólo cinco millones de dosis de la nueva vacuna y así progresivamente hasta llegar a marzo para completar los 20 millones que compró el gobierno.
Dijo que la vacuna no es la panacea, sino sólo un complemento de la prevención, ya que recordó que el virus de la influenza es una enfermedad benigna, que si las personas son tratadas en los primeros tres días, se curan.
Sobre el retraso de las vacunas de la influenza estacional a las unidades médicas del país, el funcionario explicó que el laboratorio que las elabora les argumentó dos factores:
Que tuvieron que meterse en la producción de la vacuna A H1N1, lo que hizo más lenta la producción de la estacional; y que de los tres virus que tiene la estacional, uno de ellos también ha tenido un crecimiento mucho más lento.
El director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, dijo que en los últimos días se ha tenido un crecimiento de enfermos en Puebla, Distrito Federal y Oaxaca, que concentran el 70% de todos los casos de enfermos de influenza que tiene el instituto.
Incluso, comentó que se tuvieron que suspender algunas cirugías programadas en Oaxaca ante el incremento de casos.

SME inicia resistencia y exige liberar cuotas

Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas afines a Martín Esparza acordaron iniciar una etapa de resistencia legal y pacífica hasta que se le otorgue la toma de nota a la dirigencia de esa organización

Julián Sánchez El Universal Viernes 09 de octubre de 2009 julian.sanchez@eluniversal.com.mx

Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas afines a Martín Esparza acordaron iniciar una etapa de resistencia legal y pacífica hasta que se le otorgue la toma de nota a la dirigencia de esa organización.
Emplazaron al gobierno federal a que a más tardar el próximo lunes les resuelva esta y otras demandas, entre ellas la liberación de las cuotas sindicales y el descongelamiento de las cuentas bancarias.
Esparza anunció que acudirán a las oficinas de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) para exigirle al director, Jorge Gutiérrez Vera, que cumpla con lo anterior, además de diseñar una estrategia de inversión y operación para evitar la quiebra técnica de la paraestatal.
Tras una marcha de electricistas y de otras organizaciones sindicales que concluyó con saldo blanco, Esparza festejó lo que dijo: “Logramos la apertura de la puerta de Los Pinos”.
Anoche, en un comunicado, la Presidencia informó sobre la reunión entre Luis Felipe Bravo Mena y una comisión del SME encabezada por el líder referido, a quien tres veces citaron como “el señor Esparza”.
El movimiento político que lidera Andrés Manuel López Obrador acusó una “embestida” oficial para concretar la privatización eléctrica.

Atando cabos

Denise Maerker
9 de octubre de 2009

Ni un peso más III

Definitivamente no debemos aceptar que nos cobren más impuestos. A sólo dos semanas de que se tome la decisión, se nos exige otra vez una mayor contribución sin ofrecer a cambio gastar menos y mejor. Sobran las evidencias de que no hay control ni transparencia en el manejo de miles de millones de pesos, y abundan los casos de pequeños y grandes excesos.
Y no es que no haya buenas razones para aumentar los impuestos. Los especialistas llevan semanas explicándonos que el problema es real y serio, que las finanzas públicas están en problemas y que cada año, conforme disminuyan los ingresos petroleros, será más difícil. Las cifras no mienten: en Brasil la gente paga 20% de IVA y en Chile el IVA es de 19%.
Nadie puede estar tampoco en contra de que se aumente el presupuesto de Oportunidades para mitigar el impacto que tendrán sobre las familias más pobres la crisis económica y el aumento del precio de los alimentos. Y sí, todos tenemos la obligación de pagar impuestos y de participar en el esfuerzo colectivo aunque no lo notemos en la esquina de nuestras casas. En un país con la pobreza y la desigualdad del nuestro, los impuestos se tienen que notar en Chiapas, en Oaxaca, en la Tarahumara y en puertos y carreteras. La discusión no esta ahí.
El problema es que si hoy aceptamos pagar más impuestos sabemos que éstos van a acabar en manos de una clase política que está acostumbrada a los excesos y a la opacidad. Unos datos: entre 2001 y 2007 aumentó 68% el dinero que se gastaron los municipios en burocracia. Los estados recibieron entre 2006 y 2008, gracias a los excedentes petroleros, 14% más de lo que tenían presupuestado, y no sólo se lo gastaron todo sino que además se endeudaron. Estos son los grandes datos. Pero todos los días nos enteramos de excesos inadmisibles.
La respuesta del gobierno y de la clase política a la exigencia de austeridad ha sido muy tímida: una que otra declaración sin consecuencias, uno que otro gesto individual, algunas propuestas sin concretarse y un rechazo escandaloso por parte de los gobernadores y de los legisladores que los obedecen para que se plantee siquiera el que los estados rindan cuentas de las millonarias transferencias que reciben. El tema no les gusta, el dinero es poder.
Además, la política en nuestro país ha sido vista siempre como un medio de ascenso social y una estrategia para acumular riquezas. Por eso, y mientras tanto, ni un peso más.

lunes 5 de octubre de 2009

Publicidad oficial: criterios arbitrarios

GRACIELA RODRÍGUEZ MANZO Y LUIS MIGUEL CANO LÓPEZ *

¿Puede el gobierno determinar a discreción en cuáles medios de comunicación difunde su publicidad oficial? Si así lo hace, ¿ese proceder contraviene derechos fundamentales? Las respuestas a estos interrogantes suponen tener en mente algunas ideas esenciales:
De entrada, observar que los medios de comunicación y, más importante aún, las personas dedicadas a este ramo ven respaldadas sus actividades en el ejercicio de dos derechos humanos determinantes en los regímenes democráticos serios y consolidados: la libertad de expresión y el derecho a informar, los cuales no sólo tienen un alcance individual, sino en igual medida, una vertiente social, en tanto que contribuyen a que la sociedad forme sus convicciones sobre temas de interés público y participe en ellos.
De igual manera, precisar los alcances de la libertad de expresión y el derecho a transmitir y recibir información, de tal modo que quede claro que su respeto no se limita a que el gobierno no impida abiertamente que las personas y los medios puedan difundir entre el público todo tipo de puntos de vista, opiniones e ideas, por un lado, y hechos, por el otro, sino que la obligación de respetar ambos derechos fundamentales abarca también que el gobierno los proteja frente a ataques externos, los promueva e incentive.
En contrapartida, importa considerar tres aspectos: uno, si el gobierno posee derecho alguno para elegir, entre las diversas opciones que ofrecen los medios de comunicación, en cuál de ellas habrá de hacer llegar a la población su publicidad oficial; dos, de contar con esa prerrogativa, si resultan necesarias reglas que condicionen esa decisión, por ejemplo, en lo concerniente a la idoneidad del medio y el impacto de la publicidad, y tres, si en todo ello tiene algún peso el respeto a los derechos humanos mencionados.
Una primera respuesta basada en una óptica oficialista y apegada a una especie de realismo político fácilmente podría sostener que ningún gobierno tiene la obligación de pagarle a los medios de comunicación para que lo critiquen; o en otras palabras, otorgarle recursos públicos por vía de la contratación de la transmisión de publicidad oficial. Por el contrario, como cualquiera, el gobierno puede hacer con “su” dinero lo que mejor le convenga, como apoyar a los medios de comunicación que lo respalden.
Una segunda respuesta, que comparta una visión formalista y liberalista de los derechos, bien podría añadir que nunca un gobierno está obligado, por respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información, a invertir recursos del erario para hacer realidad el disfrute efectivo de tales derechos, pues en todo caso será el mercado quien premie o castigue a los medios de comunicación y permita su subsistencia, lo que se confirmaría porque los artículos sexto y séptimo constitucionales nada dicen al respecto.
Sin embargo, esas respuestas ignorarían normas provenientes del derecho internacional de los derechos humanos que, como tales, son parte integrante de nuestro orden jurídico supremo. Por un lado, que el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe que se restrinjan la libertad de expresión y el derecho a informar por vías indirectas encaminadas a impedir la comunicación y la circulación de ideas, opiniones y hechos, como podría resultar la asignación arbitraria de publicidad oficial.
O más claro aún, que el principio 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión afirma tajante que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”. Que “los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente”, así como que “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”. Con lo cual resulta por demás manifiesto que el respeto a esos derechos humanos debe guiar la asignación de publicidad oficial.
Con todo lo anterior en mente, y dejando para otro momento las experiencias en otros países o incluso algún precedente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se determinó una violación a la libertad de expresión por parte de un gobierno que presionó a empresas privadas para no transmitir en un medio de comunicación, la respuesta definitiva a los interrogantes formulados es que en un Estado democrático, por respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información, el gobierno no puede decidir arbitrariamente a qué medios les asigna publicidad oficial, sino que debe hacerlo con criterios certeros, guiado por el principio de igualdad y fomentando la pluralidad.
* Especialistas en litigio de interés público en defensa de derechos humanos.

2 de octubre sí se olvida... oficialmente

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Los rastros sobre el número de víctimas de la represión en la Plaza de las Tres Culturas se pierden en un laberinto de rumores, ineficiencias, ocultamientos y desmemoria. La última pista –los archivos de las autopsias realizadas los días subsecuentes– desapareció y ninguna instancia gubernamental parece interesada en conocer su destino.
El “genocidio sin genocidas” con el que la justicia federal cerró el caso del 2 de octubre de 1968 y las deficiencias de la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) tuvieron el mismo efecto que los contradictorios reportes oficiales de la época: el ocultamiento del número de víctimas de la masacre.A pesar de que acusó a los responsables de la seguridad nacional de entonces, encabezada por el principal sobreviviente, Luis Echeverría Álvarez, de haber cometido “genocidio” porque pretendían “el exterminio” del grupo nacional identificado como “los estudiantes”, el titular de la Femospp, Ignacio Carrillo, sólo acreditó ante la justicia la muerte de 11 de ellos durante la represión en Tlatelolco.
En su Informe general histórico a la sociedad mexicana, Carrillo aseguró que también “acreditó debidamente” la muerte de un profesor y nueve personas ajenas al movimiento estudiantil. En total, 21 personas.El número de muertos, al menos por las autopsias hechas, difícilmente se podrá conocer con certeza. De acuerdo con exfuncionarios del Servicio Médico Forense (Semefo), están perdidos los registros de las necropsias practicadas en el Distrito Federal entre 1911 y 1974.
En las declaraciones que hizo ante la Femospp, el entonces director del Semefo, José Ramón Fernández Cáceres, consideró que los archivos de las autopsias realizadas el 3 de octubre a los cadáveres de las víctimas de Tlatelolco también pudieron haber sido recogidos por la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS).
El testimonio ministerial, contenido en el toca penal 344/2006, indica que esos expedientes los conservó durante algunos meses en un archivo confidencial el entonces director del Semefo, Miguel Gilbon Maitret. En febrero de 1985, el director Mario Alva Rodríguez remitió al archivo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF, del que depende el Semefo) todos los expedientes de las necropsias de aquel periodo.
Sin embargo, al comparecer ante la fiscalía el 31 de octubre de 2002, Fernández Cáceres aseguró que en el archivo judicial tampoco están los expedientes. Explicó: “Al solicitarnos (el fiscal) Ignacio Carrillo estos expedientes (…) los solicitamos al citado archivo judicial”. La repuesta oficial fue que “no existen constancias ni del ingreso ni mucho menos de (su) egreso, ignorando hasta el momento el destino que tuvieron”.
Fernández hizo entonces una pesquisa en el interior del Semefo, centrándose en quien fue jefa del archivo del forense en 1985, María de Lourdes Hermosillo Aspeitia: “Nos indicó que le constaba la entrega de dichos expedientes al archivo judicial, en lo que fue la antigua casona del sindicato” del TSJDF, ubicado en la calle Doctor Lavista, pero que “por descuido involuntario, no recabó la firma en el acuse de recibo, pero que si era necesario así lo declararía ante la autoridad”. Lo mismo haría el exdirector Alva Rodríguez.
La exdirectora del archivo refirió que la casona fue derrumbada para construir los juzgados familiares del TSJDF y que, al parecer, los expedientes fueron enviados a las bodegas del Reclusorio Sur.
El remate de la historia que cuenta el exdirector del Semefo es todavía peor: la directora del archivo judicial en 2002 quiso hablar sobre el particular con quien fue la directora del mismo archivo en 1985, “y, según me platicó, su pesquisa fue negativa, puesto que al parecer esa persona actualmente se encuentra trastornada de sus facultades mentales”, por lo que no existen constancias de que los expedientes hayan estado ni en el archivo del TSJDF ni en el Reclusorio Sur.
Aún más, dice que “por el año 1969 o 1970, corrió la versión de que la DFS recogió en todas las dependencias involucradas los archivos referentes y resultantes (de) los hechos del 2 de octubre”. Entre ellos, supone, estaban los del Semefo del Distrito Federal, pero declaró no recordar los nombres de las personas que generaron ese rumor “ni dónde lo escuché”.
En su informe, que apenas y circuló hacia finales del sexenio pasado, la Femospp nada dice sobre la intención del fiscal de dar con esos archivos. Sólo da por hecho que hubo 21 muertos, pero no precisa la manera en que llegó a esa “acreditación plena”.
Para mayor confusión, el reporte publicado a finales de 2006 maneja diferentes cifras. Por ejemplo, en el capítulo IV de los anexos, presenta una lista de 85 muertos relacionados con el movimiento estudiantil: nueve, en hechos anteriores al 2 de octubre; 70 ese día, incluidos dos militares; uno “por hechos posteriores” a esa fecha, y cinco “por otros momentos del movimiento estudiantil”.
Los informes oficiales de entonces, elaborados por la DFS y la también extinta Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS), mencionan incluso cifras de decesos mayores que las que “acreditó debidamente” el fiscal y por las que consignó a Echeverría y a otros ocho exfuncionarios civiles y militares del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Sólo rumores
Una revisión que hizo Proceso de las actas de defunción en el Registro Civil del Distrito Federal indica que, tan sólo por hechos ocurridos “en la vía pública” el 2 de octubre de 1968, se inscribieron 29 decesos con características similares: traumatismo craneoencefálico o toráxico, heridas por proyectil de arma de fuego, congestión visceral generalizada, heridas punzocortantes o conjunto de lesiones. Entre el 3 y el 5 de octubre se registró la muerte de otras 14 personas por motivos parecidos.
Las víctimas mencionadas por la fiscalía forman parte de esos registros y coinciden en su mayoría con los nombres grabados en la estela levantada en Tlatelolco con la leyenda “1968-1993 CNH Adelante!! A los compañeros caídos en esta plaza”, erigida por la exdirigencia del Consejo Nacional de Huelga (CNH).
La cifra es apenas un acercamiento a lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. En su comparecencia ante la fiscalía, José Ramón Fernández Cáceres señaló que recibieron por lo menos una treintena de cadáveres de niños, adolescentes y adultos, tanto de hombres como de mujeres. Precisó que los cuerpos en general presentaban heridas por disparo de arma de fuego y por instrumentos punzocortantes, predominando en la cabeza y el tórax.
Lázaro Hernández Bernal, entonces mecanógrafo del Semefo, declaró a la fiscalía que transcribió los protocolos de las necropsias de los cadáveres que llegaron de la Cruz Roja, los hospitales de urgencias Rubén Leñero, Traumatología de Balbuena, Xoco y La Villa.
Sin embargo, Fernández Cáceres declaró –“sin que me conste”– que en esos mismos hospitales “estas autopsias se realizaban y realizan en los cadáveres de personas lesionadas que en esta calidad ingresaban o ingresan a cada uno de esos hospitales y que en el transcurso de su evolución fallecían en ellos, por lo que desconozco si en octubre de 1968 ingresaron lesionadas a esos hospitales personas procedentes de Tlatelolco y, por consiguiente, que hayan fallecido ahí y hayan sido autopsiados”.
También mencionó el rumor “de que llegó el Ejército al hospital Rubén Leñero y sacó a los lesionados y se los llevó”.En el Semefo, narró, había militares y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, aunque no pudo asegurar que el Ejército hubiera tomado las instalaciones. También refirió la vigilancia por parte de agentes policiales.
El exsubdirector del Semefo, Gilberto Ibarra Mora, quien en esa época era estudiante de medicina y al día siguiente de la matanza acudió al lugar para acompañar a su padre, que era perito médico, declaró a la Femospp en noviembre de 2002 que, además de escribir dos o tres autopsias dictadas por su padre, “vio a un militar de rango (y) un camión militar con lona estacionado atrás del Semefo por donde entraban y salían los cuerpos”.
El informe de la Femospp tampoco aclara si las autopsias a las víctimas se hicieron sólo en el Semefo y mucho menos dejó testimonio de que haya investigado el levantamiento de heridos por parte del Ejército.Por lo que hace a los cuerpos que llegaron al Semefo, Fernández le dijo a la fiscalía que, de acuerdo con la averiguación previa que acompañaba la orden de cada autopsia, los cadáveres habían sido recogidos en la Plaza de las Tres Culturas y trasladados a la Agencia del Ministerio Público.
Mencionó que en total practicaron “alrededor de 30 o 34” autopsias y que la mayoría de los cuerpos ingresaron identificados. Explicó que, en su condición de aprendiz, los médicos le explicaron las causas de algunas de las muertes: “Fíjate muy bien en estas lesiones, ya que en la vida civil difícilmente las vas a volver a ver… son típicas de la vida militar”.
Añadió: “me indicaron que, por la fuerza del choque y las grandes lesiones que presentaban algunos cadáveres en la cabeza, pudiera tratarse de lesiones estando las víctimas tiradas en el piso y por arma punzocortante”.
Recordó que otros cadáveres tenían heridas por proyectil de arma de fuego, pero casi todas esas heridas contaban con un amplio orificio de salida. Si se extrajeron proyectiles, fueron muy pocos.
Refiere el caso de una estudiante que era su compañera en el primer año de medicina, a la cual no identifica: “El perito médico –creo que fue el doctor Pablo Ibarra Gutiérrez– le dijo: ‘Fíjate bien: en la parrilla costal derecha se aprecia en su porción baja una herida por instrumento punzocortante, que puede ser herida de bayoneta, y de ahí se ve un movimiento ascendente de corte que secciona toda la parrilla costal de ese lado, así como los órganos, específicamente el pulmón derecho y en la porción alta del tórax.
“Donde termina el corte se observa un amplio orificio de entrada de un proyectil de arma de fuego que, por su aspecto y su tamaño, puede tratarse de un proyectil expansivo, y alrededor de este orificio se aprecia tatuaje (incrustaciones de granos de pólvora), quemadura y ahumamiento. Todo esto nos sugiere que el primero vino de un ataque de bayoneta, la sección ascendente de las costillas, y a continuación el disparo.”
Mencionó también el caso de un adolescente de entre 12 y 14 años que, a decir del perito, presentaba tres heridas punzocortantes, también presumiblemente hechas con bayoneta, y que por su número y posición, y por haber producido apertura del cráneo, muy probablemente fueron realizadas en forma casi simultánea estando la cabeza del menor apoyada en el piso.
Algunos casos
Las actas de defunción consultadas en el Registro Civil indican que en el Semefo hubo por lo menos 43 muertos por causas parecidas entre el 2 y el 5 de octubre. De ellas, 29 tienen como fecha de defunción el mismo 2 de octubre, ocurrida en “la vía pública” a una “hora desconocida”.
La fiscalía, sin embargo, sólo acreditó 21. Once eran estudiantes, tres de ellos menores de edad:
–Rosalío Marín Villanueva. Estudiante del DF, de 13 años. Vivía en Peralvillo. Murió de traumatismo craneoencefálico. Su padre, Romeo Marín, profesor de 30 años, fue quien compareció ante el Registro Civil.
–Juan Rojas Luna. Estudiante del DF, 15 años. Vivía en Vallejo y murió por herida de arma de fuego e instrumento punzocortante en el tórax. Su padre, Andrés Rojas, empleado de 40 años, acudió al Registro Civil.
–Guillermo Rivera Torres, 15 años, del DF. Era estudiante y vivía en la colonia Michoacana. Fue reconocido por su madre, Elia Torres; su padre, Guillermo Rivera, aparece como finado en el acta de defunción.
–David Miguel Baranda Salas, del DF. Estudiante, 18 años. Vivía en la colonia Independencia. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de tórax.
–Jaime Pintado Gil, del DF. Estudiante, 18 años. Residente del edificio Guanajuato, Tlatelolco. Muerte por herida de proyectil de arma de fuego doble penetrante de tórax y abdomen.
–Ana María Regina Teuscher Kruger, estudiante del DF, 19 años. Vivía en la colonia Escandón. Murió de anemia aguda por hemorragia externa a causa de herida de proyectil de arma de fuego que seccionó el paquete vasculonervioso del cuello. Su defunción fue certificada por su hermano Pablo, de 21 años.
–Rosa María Maximiana Mendoza, estudiante del DF, de 19 años. Tuvo su casa en la colonia Verónica Anzures. Su padre, Aristeo Mendoza, de 40 años, constató en el acta que murió de heridas punzocortantes doble penetrantes de tórax y abdomen.
–Cuitláhuac Gallegos Bañuelos. Estudiante de 19 años, muerto por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de tórax. Vivía en la colonia Reforma Iztaccíhuatl. Compareció ante el registro civil su padre, Aureliano Gallegos, de 45 años.
–Fernando Hernández Chantre, de Atlix co, Puebla. Estudiante de 20 años. Vivía en la colonia Guerrero. Su acta de defunción reporta alteraciones viscerales por heridas por instrumento cortante y cortocontundente penetrante de cráneo. Lo reconoció su hermano David Hernández, de 26 años.
–Jaime Armado Reyes Haro. Estudiante del DF, de 20 años. Vivía en Peralvillo. Murió de herida de proyectil de arma de fuego penetrante de tórax. Sus padres, Armando Reyes, jubilado de 69 años, y Refugio Haro, de 52, testificaron ante el Registro Civil.
–Gilberto Reynoso Ortiz, de Salvatierra, Guanajuato. Estudiante de 24 años que vivió en la colonia Anáhuac. Muerto por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo.
–Leonardo Pérez González, de Huetlaltoyucan, Puebla. Profesor, 29 años. Vivía en Santa María La Rivera. Murió por proyectil de arma de fuego penetrante de tórax. Su defunción la certificó Regina Salgado, profesora de 32 años.
–Carlos Beltrán Maciel, de Culiacán, Sinaloa, era un ingeniero químico, de 29 años. Vivió en Coyoacán. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de tórax.
–Cornelio Benigno Caballero Garduño, de Chapa de Mota, estado de México. Machetero, de 18 años. Vivía en la colonia Michoacana. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de tórax y vientre.
–Luis Gómez Ortega, del DF, radiotécnico, de 23 años. Vivió en Ixtacalco. Herida por proyectil de arma de fuego con sección medular. Acudió al Registro Civil su padre Roberto Gómez, pintor, de 46 años.
–Cecilio de León Torres, de Durango. Radiotécnico de 24 años, vecino de Tlatelolco. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo. Al Registro Civil acudieron Pablo de León, de 59 años, y Francisco de León, de 29 años. Ambos albañiles.
–José Ignacio Caballero González, del DF. Fue empleado particular. Murió a los 36 años por proyectil de arma de fuego penetrante de tórax. Vivía en Tlatelolco.
–Antonio Solórzano Gaona, de Querétaro. Tenía 42 años y era empleado, vivía en la colonia El Rastro. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo.
–Jorge Ramírez Gómez, de San Juan del Río, Querétaro, de 59 años. También vecino de Tlatelolco. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo.
–Agustina Matus Contreras, de 60 años, originaria de Mérida, Yucatán. Murió por herida de proyectil de arma de fuego. Vivía en la colonia Reforma Iztaccíhuatl.
–Reynaldo Monsalvo Soto, de Huexo tla, Estado de México. Era un corredor de bienes, de 68 años. Vivía en Texcoco. Su muerte fue por conjunto de lesiones.
En las mismas fechas –del 2 al 5 de octubre– hay actas en el Registro Civil que dan cuenta de muertes similares y que la fiscalía soslayó. En su mayoría se trata de trabajadores. Fueron los casos de Salvador Nájera Villafuerte, estibador de 35 años, originario del DF, y de Carmen Juárez Pérez, también del DF, y que a sus 22 años era recamarera.
También los de José Cruz Bonilla Vallarta, mesero de 36 años, de Pachuca, Hidalgo; Gloria Valencia Lara, del DF, comerciante de 38 años; Manuel Nájera Oviedo, del DF, empleado de 24 años; Ramón Horta Ortiz, del DF, barnizador de 21 años, y Petra Martínez García, de 15 años, trabajadora doméstica que vivía en Tlatelolco y cuya muerte fue reconocida en el Registro Civil por Saturnino Martínez, un campesino de 35 años. Caso similar fue el de Berta Cardona Tafoya, de Jungapeo, Michoacán, trabajadora doméstica de 19 años.
La fiscalía tampoco reconoció la muerte de Alejandro Felipe Carvajal Galán, estudiante del DF, de 15 años y vecino de Tlatelolco; Marcelino Campos Flores, estudiante de 12 años; Antonio Flores Tovar, de Pachuca, Hidalgo, empleado federal de 52 años; Adolfo Pablo Delgado, carpintero de 60 años, originario de Silao, Guanajuato, ni la de Alfonso Avilés Balbuena, pensionado ferrocarrilero de 68 años, originario de Temalcatepec, Estado de México.
Proceso 04/10/2009

domingo 4 de octubre de 2009

Eduardo Olmos, asaltante del poder municipal

Lalo Olmos, busca asaltar Torreón

Hace 4 años, Lalo Olmos pactó con Leonel Chaúl Chamut, conformar una planilla de unidad, para intentar ganar la presidencia municipal de Torreón. Olmos Castro, traicionó su palabra. Después, Chaúl Chamut, desnudó las formas del engaño al que fue sometido, acusando al grupo de Olmos Castro, de “marranos embozados”. En aquellos días, los acompañantes de Olmos, fueron tipificados como “gavilla, no como planilla”, descripción nada alejada de la realidad presente. Lalo Olmos, tiene como asesores principales a gente formada en el mundo policiaco, espacio donde dejaron negros antecedentes. Jorge Luis Morán Delgado, un porro estudiantil, que fungió como sub secretario de Readaptación social bajo el mando de Raúl Sifuentes Guerrero, en el periodo de gobierno de Enrique Martínez y Martínez, quien permitió que la droga y los autogobiernos de los CERESOS coahuilenses existiesen sin control alguno. Recibió incluso recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, sin que nada sucediera. Pablo Villalobos, un policía de la estatal que fue castigado en la época de Rogelio Montemayor por sus excesos, pero además con expedientes penales pendientes. Además, a Olmos, lo acompaña Lucrecia Martínez Dam, - designada Síndica municipal -, conocida como “La Quecha Santibañez”, esposa de Ricardo Santibañez, dueño de la empresa constructora RICASA, señalados por diversos constructores laguneros como preferidos de los gobiernos priistas, para facilitarles la especulación inmobiliaria. También se encuentra, en ese círculo interno del candidato priista, Miguel “Triquiñuela” Riquelme, diputado federal que dispuso de los recursos de la secretaría de Desarrollo regional de La Laguna (SDRL), como si fueran propios, pero sobre todo, que los puso al servicio de las distintos candidatos priistas en sus respectivas campañas. Por el momento, Riquelme Solís, “se encarga de conseguir el dinero de donde sea para la campaña de Lalo”, como confiaron a Demócrata Norte de México, distintos dirigentes priistas. En esta “gavilla”, no podría faltar José Luis Dovalina, antiguo director del Registro público de la propiedad de Torreón, de donde fue separado para protegerlo, cuando se comprobó que numerosas escrituras públicas habían sido alteradas. Sin cerrar el círculo, se encuentra Reyes Blanco Guerra, líder charro de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, quien lejos de apoyar los intereses obreros, ha sido señalado reiteradamente por los trabajadores como “traidor a la clase obrera”. Esto es sólo algo somero de lo que oferta Lalo Olmos con su planilla; un buen equipo para saquear Torreón. De las páginas hackeadas de Demócrata Norte de México, rescatamos este texto que fue publicado en el año 2005, y que sin duda tiene plena vigencia.
Octubre 4 de 2009

En vez de planilla una gavilla

Juan Monrreal López
Septiembre 6 de 2005

Torreón, Coahuila.- Eduardo Olmos Castro, es la cabeza visible de un grupo de asaltantes del poder municipal, apunta sin dudar Leonel Chaúl Chamut, militante priísta por más de 43 años, quien fue convencido de conformar una planilla de unidad junto con el diputado federal con licencia, Eduardo Olmos.
A 23 días de las elecciones de este Ayuntamiento, que se llevarán a cabo el próximo 25 de septiembre, y harto de los “dimes y diretes” que circulan en los corrillos de las facciones del tricolor municipal, Chaúl Chamut, desnuda la manera en que el delegado del CEN priísta, el diputado federal por Chihuahua, César Duarte, lo comprometió a deponer a favor de Olmos Castro.
-“César Duarte me pidió que Lalo Olmos fuera a la cabeza de la planilla porque así se lo exigió el candidato a la gubernatura Humberto Moreira, pues existen compromisos adquiridos. No sé por qué, no sé en qué consisten esos compromisos, no quise preguntar más. Son cosas que no me interesan. Total acepté, después de que me expusieron un supuesto proyecto para la ciudad”, dice.
Tanto la candidatura de Leonel Chaúl y la de Eduardo Olmos, fueron las únicas aceptadas por el Comité municipal de procesos internos del PRI para contender por la nominación de este partido a la alcaldía.
La aspiración del periodista Manuel Torres fue rechazada por no llenar los requisitos de la convocatoria.
A partir de ese momento, las negociaciones entre estos grupos empezaron. La misma noche del 15 de julio, cuando se cerraron los registros, ambos precandidatos convergieron en la casa de campaña del aspirante priísta a la gubernatura, Humberto Moreira Valdés. Las partes salieron de la casa de la avenida Juárez, sin llegar a ningún acuerdo.
Alejandro Froto, en ese entonces, el operador político de Moreira Valdés en La Laguna, fue incapaz de hacer pactar a los contendientes.
Luego de forcejear por varios días, Leonel Chaúl Chamut, dio a conocer que retiraba su registro en aras de una planilla de bloque priista. Dijo que el martes 19 de julio, se daría a conocer la planilla de unidad, asunto que no pasó, pero Lalo Olmos afirmó en rueda de prensa, que Leonel Chaúl “sin duda conformará la planilla de mi partido”.
Ahora, a 43 días de la “traición”, Chaúl Chamut dice desde la silla de su oficina que, “a diferencia del proceso interno pasado en donde tuvieron que lavarle la cara al marrano, por el estercolero orquestado por el ex secretario de gobierno Raúl Sifuentes, para imponer la candidatura de Laura Reyes Retana, en este momento, no sólo le lavaron la cara, también lo embozaron”.
-“No, mi retiro de la precandidatura, no estuvo basada a los ofrecimientos que me hicieron Olmos Castro y el delegado César Duarte; el representante del comité ejecutivo nacional de mi partido me expuso un proyecto y me gustó. Luego para darle mayor seriedad, César Duarte habló con Roberto Madrazo Pintado, quien validó nuestra postura”.
Prosigue. “En esa misma reunión, Olmos Castro y el comisionado nacional, me ofrecieron la primera y tercera regidurías del Ayuntamiento, además de una dirección, ya sea la del Sistema municipal de agua y saneamiento (SIMAS) o la de Desarrollo social, como una forma de afirmar el pacto”.
Como se sabe, tanto Eduardo Olmos, como el delgado César Duarte, no cumplieron el compromiso.
-“Oye, dice levantando la voz, es grave que te inviten para conformarte, en lugar de darle mayor importancia al proyecto de la ciudad. Yo no cedí en la candidatura de unidad a favor de Eduardo Olmos Castro, para que me ofrecieran un botín. Condescendí por un propósito para Torreón. Y sin duda, la gavilla de Olmos, porque no son una planilla, están pretendiendo hacerse de la presidencia municipal como un botín, son unos asaltantes del poder; son individuos de baja calaña, quieren el poder por el poder, son una gavilla, eso son”, reafirma, al momento que da vueltas al habano entre sus dedos.
Suspende un momento la entrevista para contestar una llamada enfocada a cotizar algunos materiales para su constructora, y arremete nuevamente.
-“Mire, el espíritu de Lalo Olmos es de importamadrismo total. Llegan al poder por el poder; aunque esta actitud también existe entre los otros candidatos, incluido el candidato del PAN, José Ángel Pérez Hernández, quien representa intereses del PRI y del PAN. Los dos sólo quieren el poder. Los problemas de la ciudad, ni siquiera los ven”.
Continúa. “Para empezar falta infraestructura médica. Nos falta una planta tratadora de agua eficiente y suficiente acorde a las necesidades del municipio. La que existe ya es obsoleta. La cuestión de la basura y el deficiente servicio de limpieza tienen sumido en la inmundicia a la ciudad y el servicio que pagamos a PASA de 87 millones anuales es un crimen. Tenemos problemas graves de seguridad porque tenemos policías que apenas ganan 3 mil 600 pesos mensuales, mientras otros individuos ganan un mundo de billetes por no hacer nada”.
-“Como es posible que tengamos 22 ejidos susceptibles de reactivarse económicamente y ni siquiera volteemos a ver a los campesinos. Lo peor es que como dijo Lalo Olmos, los campesinos ya no existen. Pérame, Torreón, no es sólo la ciudad, tenemos 64 mil campesinos en el campo; los mantenemos famélicos y en esa situación, los obligamos a rentar sus parcelas y su agua en lugar de provocar la reactivación económica; si esto no es importamadrismo, ¿entonces qué es?” Se pregunta.
Luego se extiende. “Los panistas han convertido al DIF en oficina de mendicidad y pagadora de nómina a sus cuadros políticos, en lugar de construir más albergues. Por ejemplo, el director gana 56 mil pesos mensuales, el subdirector 36 mil mensuales y eso no se puede tolerar”.
A continuación describe el horizonte que viviría el Ayuntamiento si ganara Olmos Castro.
-“Sería un panorama más negro que el actual que administra el panista Guillermo “Memo” Anaya. Los programas de la ciudad son proyectos para gente seria, de gente que no vaya a asaltar el poder, que no vaya a medrar. ¿Sabes cuál era el primer obstáculo de Olmos yendo yo de primer regidor? Que mi firma tendría que ir en todo, y como yo no voy a asaltar el poder, ni voy a robar, entonces Lalo tendría una situación muy difícil”
-Eduardo Olmos, asevera que no vas en la planilla, porque no representas nada.
Sin mediar segundos, Chaúl Chamut, responde haciendo balance de las otras ocasiones que fue desplazado en las contiendas intestinas del PRI, por las puras animadversiones del ex secretario de gobierno Raúl Sifuentes.
-“Que le pregunte a Laura Reyes Retana, actual diputada federal- ella dijo que como quería ganar con puro proletario, pregúntenle porque no ganó” dice refiriéndose a la derrota por la alcaldía que sufriera la dilecta de Raúl Sifuentes en el año 2002, ante los votos panistas.
“Pero tú sabes que no fue la única ocasión en que nos menospreciaron. Así pasó también en la contienda por las diputaciones federales en 2003. Se burlaron de nosotros y volvieron a perder”. Chaúl Chamut, prosigue, “clasista y racista, Laura Reyes nos dijo, ¿con esto proletarios quieres ganar? Con estos proletarios se gana respondí. Nos cayó la maquinaria del gobierno del estado y del partido encima, pero en los proletarios se encuentra el espíritu del partido, son la gente que lucha, la gente que quiere sacar adelante los programas de la Revolución mexicana. Ahora nos traen de moda la tercera vía socialdemócrata de Blair, pero los programas sociales nosotros los arrebatamos con la revolución hace 72 años”.
-¿Crees que podrías ser expulsado del PRI?
-¿Cuál es mi temor? Después de servirle por 43 años abiertamente al PRI ¿Me van a expulsar? Bueno es un divorcio que me va a doler, pero ojala me expulsaran por eso y no por ratero, o por cobarde o por falto de palabra.
“Tengo 64 años, Lalo Olmos ha dicho que por mi edad tampoco funcionaría, pero, lo que a mí se me olvidó, Lalo Olmos todavía no lo aprende, así de fácil”, afirma tajante.
Concluye. “En la perspectiva electoral sí Lalo Olmos, a quien considero un individuo de baja calaña, puede ganar, me rindo, el PRI no necesita expulsarme, yo me retiro. Aunque de ganar el PAN, con la candidatura de José Ángel Pérez Hernández, el futuro de Torreón, tampoco es halagüeño”, expresa convencido que esta batalla la ganará otra vez porque Eduardo Olmos Castro ha conformado una gavilla, en lugar de una planilla.
Y tiene razón, basta ver quienes componen la plana que el PRI municipal registró camino a la contienda electoral del 25 de septiembre. Allí encontramos gente fraudulenta, a personas que llegaron con el apoyo de “papi”, quienes amarraron compromisos con Raúl Sifuentes, desde la Procuraduría general de justicia del estado y la Cámara de diputados local.

Spencer Tunick, contra el cambio climático

Desnudo en la Borgoña

La prensa mexicana, en un "calvario"

RAPHAËL MORÁN
PARÍS, 2 de octubre (apro).- Con 55 periodistas asesinados desde el año 2000, México confirma, por quinto año consecutivo, su lugar como el país más peligroso del continente americano para la libertad de prensa. Este inquietante balance lo hace Benoît Hervieu, responsable de la sección "Américas" en la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF), en un informe que redactó a raíz de una misión especial en México.
El domingo 12 de julio de 2009, Hervieu se encontraba en el centro de la ciudad de México, cuando de pronto escuchó un ruido fuerte en el asfalto. "Era un tanque con militares", recuerda todavía con inquietud el militante de la ONG internacional con sede en París.
En entrevista con Apro, Hervieu narra los detalles de una misión de ocho días en México, durante la cual recogió testimonios de periodistas, familias de reporteros asesinados o muertos, así como de magistrados y políticos, como Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, secretario de Gobernación.
Ver un tanque en el centro de la ciudad de México es sintomático de la realidad mexicana, según Hervieu. "La palabra 'militarización' volvió varias veces en las conversaciones que tuvimos con la gente que hemos encontrado durante nuestra misión", observa.
Junto con Jean-François Julliard, presidente de la ONG Reporteros sin Fronteras, y Balbina Flores, corresponsal de dicha organización en México, Hervieu fue a Guerrero, Michoacán y al DF con un objetivo: "Entender cómo México puede alcanzar un nivel de impunidad casi absoluto en materia de crímenes contra los periodistas".
Dos días antes de la publicación del informe titulado "Los entresijos de la impunidad: excesos de la seguridad pública y pesadez burocrática", otro asesinato se sumó a la lista ya larga de los crímenes contra los periodistas en México. Norberto Miranda, El Gallito, columnista del periódico digital Radiovisión Casas Grandes, fue asesinado el 26 de septiembre en su redacción, tras haber recibido varias amenazas de muerte. En su columna escribía sobre la violencia ligada al narcotráfico en su ciudad.
Asesinatos, desapariciones, maltratos o censura… La ONG Reporteros sin Fronteras no solo decidió enfocarse en la prensa mexicana por los delitos y crímenes que sufren los periodistas, sino también por la impunidad que caracteriza esta situación.
Hervieu subraya una paradoja: "México alcanza niveles de impunidad que ni siquiera se ven en Colombia, a pesar de la existencia de muchas instituciones oficiales de defensa de los periodistas".
Y cita la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), creada en 2006, "una entidad que no existe en ningún otro país del mundo".
Aunque en su informe sobre la libertad de prensa en México, RSF declara que "no desea abundar en la polémica" sobre la eficacia de la FEADP, las conclusiones de la ONG sobre el trabajo de dicha fiscalía son sin apelación: "la FEADP no ha sido de ninguna utilidad en una situación cada vez más alarmante para la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa en general".
Según cifras publicadas en la prensa mexicana, entre 2006 y 2008, sobre los 274 casos que fueron llevados a su conocimiento, la FEADP recuperó 88 casos y "sólo emprendió acciones penales para tres de ellos", reporta el informe de la ONG.
En julio pasado, Hervieu y otros miembros de la misión de RSF fueron recibidos por el fiscal especial de la FEADP, Octavio Orellana Wiarco. "Nos recibió con gran pompa y con todo el protocolo", recuerda Hervieu. "Pero el fiscal Wiarco no parecía al tanto de los casos de agresiones a periodistas, porque nos decía que a su entidad no le corresponde tratarlos", añade.
Sin embargo, según el informe de RSF, la FEADP tiene "excusas": "A la penuria de medios se añade una capacidad jurídica débil. Según los estatutos, la FEADP ya nos es competente para intervenir cuando un caso es del orden de crimen organizado, caso en el cual la SIEDO se encarga del expediente".
Los casos de José Antonio García Apac, director de la revista Ecos de la Cuenca, desaparecido en 2006, y el de Mauricio Estrada Zamora, encargado de la fuente policiaca y desaparecido en 2008, son ejemplares de la "burocracia" que denuncia Reporteros sin Fronteras.
Después de idas y vueltas entre diferentes entidades jurídicas, los casos de estos dos periodistas no han sido esclarecidos.
Sin embargo, la ONG recalca que "la pasividad, la negligencia o la neutralización de instituciones, de sobra dedicadas a la defensa de la libertad de prensa (…), no son las únicas causas de que el calvario de la prensa mexicana se perpetúe".
Reporteros sin Fronteras acusa a las autoridades mexicanas de ser "cómplices, e incluso responsables, de graves violaciones de los derechos humanos".
Según precisa Hervieu, "desde 2005, fecha de la ofensiva militar contra el narcotráfico, México rebasó a Colombia en términos de homicidios de periodistas". Así, México ha vuelto a ser, por quinto año consecutivo, el país más peligroso del continente para los periodistas.
"Esta ofensiva sirve de justificación para la censura, la violación de los derechos humanos y los maltratos de los periodistas", denuncia Hervieu.
Para entender la política del gobierno de Felipe Calderón, los miembros de RSF se entrevistaron con Fernando Gómez Mont, titular de la secretaría de Gobernación. A Hervieu lo sorprendió la certeza con la cual el número dos del gobierno mexicano "asume plenamente que México tiene los mismos métodos de tratamiento de la violencia que Colombia (…) Hasta me miró a los ojos y me dijo: 'si tenemos que pegar más fuerte, pegaremos mas fuerte', incluso sabiendo las consecuencias de esta política", relata el responsable de RSF.
De su misión en México, Hervieu conserva el recuerdo de Rosa Cruz Rosas, presentadora y gerente de Uékakua, una pequeña radio de Ocumicho –estado de Michoacán– donde vive una comunidad purépecha. En enero de 2009, una centena de agentes federales y militares realizaron un operativo para recuperar los equipamientos de la pequeña radio comunitaria que no había respetado las cláusulas de autorización para emitir.
"La radio solicitó su regularización desde 2002 y su potencia es de solo 5 vatios", precisa el informe de RSF.
"El 15 de mayo, Rosa Cruz Rosas fue convocada por cinco funcionarios federales para 'recuperar el material'", cuenta RSF en el informe. "En realidad, se trataba de una trampa para inculparla de violaciones a la Ley Federal sobre Bienes Nacionales". Hoy, Cruz espera la decisión de un juez federal sobre una posible orden de aprehensión, como la solicitó el Ministerio Público.
Aunque critique severamente a las autoridades mexicanas, Reporteros sin Fronteras acusa a otro responsable de la violencia desatada en el país: Estados Unidos, "de donde proviene 80% de armas en el territorio mexicano".
Desde su oficina en la sede de Reporteros sin Fronteras en Paris, Benoît Hervieu se alegró de ver que el 30 de septiembre, un día después de la publicación del informe de RSF, asociaciones mexicanas defensoras de la prensa entregaron una carta a Arturo Chávez Chávez, nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en el marco de una manifestación para que se ponga fin a la impunidad.
Estas asociaciones y sindicatos de prensa, como Reporteros sin Fronteras, llaman a una federalización de los juicios de los delitos contra periodistas, así como a una ampliación de poderes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas. "Ahora, hay que traducirlo en actos", concluye Benoît Hervieu.
Proceso04/10/2009

Gómez Palacio, propaganda para ocultar desvíos de recursos

Rebasan gasto programado en comunicación
DIANA GONZÁLEZ / EL SIGLO DE TORREÓN / GÓMEZ PALACIO, DGO.

Según el Estado de Ingresos y Egresos del cuarto bimestre, el último aprobado y que corresponde a los meses de julio y agosto, el Municipio gastó más en Comunicación Social que en otras dependencias municipales, incluyendo Desarrollo Social y el DIF, además de que Comunicación Social ya rebasó su presupuesto para este año.

Difusión. Se habían presupuestado 16 millones y medio de pesos pero a la fecha van más de 17 millones de pesos en Comunicación Social.

Según el presupuesto de Egresos de 2009, en el rubro de “Servicios de Difusión e Información” que a su vez se desglosa en prensa, radio, televisión, impresos, grabaciones y diseños, y difusión gráfica, se había proyectado gastar 27 millones 700 mil pesos pero fue modificado y quedó en 16 millones 550 mil pesos para el presente año.

No obstante, según los informes financieros de los últimos 4 bimestres, ya se rebasaron los 16 millones y medio presupuestados.

Al bimestre de julio-agosto se han erogado 17 millones 788 mil 562 pesos y aún falta sumar la revisión del presente bimestre que corresponde a septiembre-octubre.

En julio y agosto la Dirección de Comunicación Social recibió 3 veces más recurso que la Dirección de Desarrollo Social al igual que la de Cultura y Deportes, casi 4 veces más recurso que Protección Civil, 10 veces más que direcciones como Desarrollo Rural, el Instituto Municipal de la Vivienda, Ecología, Prevención Social, 9 veces más que la Dirección de Salud y el doble del subsidio otorgado por el Municipio al DIF.

Este gasto fue aprobado por mayoría del Cabildo el pasado jueves. No obstante en la última sesión de la Comisión de Hacienda este tema fue abordado por sus integrantes, quienes revisan previamente estos gastos y se acordó que la Tesorería Municipal haría una evaluación de los gastos realizados no sólo en esta área sino en otros rubros con la finalidad de hacer más eficiente la distribución del gasto en otras direcciones.

Golpe de Calderón contra las revistas

SUSPENDEN PUBLICIDAD OFICIAL

Ya no es sólo Proceso. Según directores de revistas de circulación nacional y funcionarios de comunicación social, la orden de la Presidencia es que ya no se pague publicidad en estos medios impresos a partir de este mes. Así, además de la crisis financiera, la prensa deberá afrontar esa decisión de Felipe Calderón de retirarle recursos públicos a voluntad, como si se tratara de dinero privado

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF.- Sin justificación alguna, como un simple acto de autoridad, el gobierno de Felipe Calderón emitió la orden de suspender los anuncios oficiales en las revistas de circulación nacional, como Proceso, a partir de octubre.

La decisión no ha sido comunicada oficialmente, y difícilmente lo será, debido a la discrecionalidad del Ejecutivo para disponer de los recursos federales en esta materia, pero directores de Comunicación Social del Gobierno Federal y de grupos editoriales lo dan como un hecho.

Una revisión de los números de varias revistas correspondientes a este mes muestra ya una sensible disminución de publicidad oficial respecto de septiembre, con lo que el bloqueo publicitario –del que este semanario es objeto desde el sexenio foxista– se convierte en una política de comunicación del gobierno de Calderón.

La revista Etcétera, dedicada al análisis de medios, dio a conocer esa medida el 30 de septiembre. En una nota publicada en su portal de internet, su director, Marco Levario, aseguró que la decisión fue tomada en Los Pinos:

"En octubre, el gobierno federal suspenderá el gasto en publicidad en todas las revistas del país. Y así, en esos términos y hasta nuevo aviso, fue la instrucción que recibieron los funcionarios de las dependencias desde la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República".

Levario lo confirmó con los encargados de comunicación social de ocho secretarías de Estado. Este semanario hizo lo mismo con otros responsables de esas áreas y con directores de grupos editoriales que, a condición del anonimato, confirmaron que conocen esa decisión presidencial. También consultados, representantes del Grupo Editorial Expansión –que edita entre otras la revista Expansión, Quién y Chilango– prefirieron no hacer comentarios.

SIN REGLAS CLARAS

En su texto, Levario dice que los funcionarios a los que hizo preguntas al respecto le pidieron asimismo omitir su nombre. "Y nosotros –escribió– creemos que su solicitud es justificada. Por eso nos hacemos responsables de esta información que al mismo tiempo es una denuncia".

Asegura que "la Oficina de la Presidencia de la República" evitó dar sus razones o justificaciones, simplemente ordenó que no se contratara publicidad en las revistas y, en cambio, "continuar con la promoción de las tareas del gobierno en los medios electrónicos y, en menor medida, en los periódicos".

Debido a la falta de reglas claras para asignar la publicidad oficial, a pesar de que en el Senado y en la Cámara de Diputados se han presentado iniciativas de ley en la materia desde hace años, sólo en la Presidencia se sabe qué originó esta orden.

De mantenerse, el bloqueo amenaza la permanencia de algunos medios impresos cuya pauta publicitaria depende principalmente de los anuncios oficiales. Esta "decisión política tomada en sigilo, porque carece de bases intelectuales y éticas (...) representa el riesgo de la desaparición de proyectos editoriales de diversa índole que hay en el país. Entre éstos se encuentra, claro está, etcétera", admitió Levario.

Lo constató con la falta de anuncios para el número de octubre. En sus ediciones de agosto y septiembre, esa revista aún tuvo anuncios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

GOLPE A MEDIOS IMPRESOS

La publicidad gubernamental también es una importante fuente de ingresos para Nexos y Letras Libres. En su número de septiembre, la primera facturó publicidad de Conaculta, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Diconsa (de la Secretaría de Desarrollo Social), Fondo de Cultura Económica (FCE), Secretaría de Gobernación (Segob), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En su edición de octubre, la revista dirigida por Héctor Aguilar Camín sólo tiene anuncios del Instituto Mexicano de la Radio (Imer, de la SEP) y el FCE.

Por su parte, Letras Libres, dirigida por Enrique Krauze, tuvo en su edición de septiembre publicidad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Luz y Fuerza del Centro (LFC, de la Secretaría de Energía), Conaculta, Conacyt, FCE, Inmujeres, Pemex, Diconsa, Secretaría de Turismo (Sectur), Segob y el IPN. De aplicársele la orden de Los Pinos, en su edición de octubre –que está por circular– la revista sufrirá una significativa merma en sus ingresos.

Un caso similar es el de la revista aregional.com, de la consultoría del mismo nombre que tuvo entre sus fundadores al senador Manlio Fabio Beltrones. En su número de agosto tuvo anuncios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); en septiembre, nada.

También resultará afectada Líderes, que en sus números de agosto y septiembre publicó anuncios de Sectur, IPN (SEP), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la SEP, Segob y Conaculta.

EDITORIAL TELEVISA

Para revistas como Poder y Negocios, que se edita en Miami pero se publica en México mediante un convenio con Editorial Televisa, los ingresos por publicidad federal son mucho menores, aunque en su edición del 20 de septiembre ya no tiene ningún anuncio oficial.

Editorial Televisa ha sido, con todo, la mayor beneficiada por el gobierno de Calderón con publicidad. De acuerdo con información oficial obtenida por Etcétera a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la división editorial de la empresa de Emilio Azcárraga Jean recibió 31.5 millones de pesos entre el 2007 y marzo de este año por ese concepto.

Esos recursos se distribuyeron en revistas de Televisa como Cosmopolitan, Vanidades, TV y Novelas, Caras, MenŽs Health, Maxim y Marie Claire.

En ese mismo periodo, quedó en segundo lugar de ingresos por publicidad oficial el Grupo Expansión, cuyas publicaciones (Chilango, Balance, Elle, Expansión, Quién y Quo, entre otras) facturaron 14.5 millones de pesos.

Le siguió Editorial Notmusa, con 13 millones de pesos para sus revistas TV Notas, Veintitantos, Mujer Nueva y H para Hombres. Después, con 10 millones, la revista Milenio Semanal.

OTRAS REVISTAS

Enseguida: Letras Libres, con 8.6 millones; Vértigo, de TV Azteca, 8.1 millones; Día Siete, 7.4 millones; Nexos, 4.8 millones; Este País, 3.8 millones; Etcétera 3.6 millones; Emeequis, 2.6 millones; Proceso, 1.2 millones; Zócalo, 938 mil pesos; Cuartoscuro, 420 mil pesos, y Revista Mexicana de Comunicación, 243 mil pesos.

Estas cantidades son mucho menores que las destinadas por el gobierno federal a los medios electrónicos. De acuerdo con los cálculos de Etcétera, las revistas sólo han recibido el 2.4% de la publicidad del gobierno en lo que va del sexenio de Calderón. La mayor tajada, 23.16% de ese gasto (que se tradujo en 2 mil 34 millones de pesos) fue para la televisión, principalmente Televisa y TV Azteca.

Un caso aparte es el de la revista bimestral Armas, dedicada a las actividades oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y, en menor medida, de la Secretaría de Marina. En su edición de septiembre y octubre tiene anuncios del Banco del Ejército (Banjercito), Conaculta y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Además, dedicó más de cien páginas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De aplicarse la disposición de Calderón, esa publicación sólo se quedaría con los anuncios de los proveedores de las Fuerzas Armadas.

En su texto del 30 de septiembre, Levario comparó también el 2.4% del gasto en revistas mexicanas con el 16.67% del monto total destinado este año por Calderón –equivalente a 3 mil 704 millones de pesos– para anunciarse en medios impresos y electrónicos internacionales.
Recomendaciones

En el caso de Proceso, el boicot publicitario comenzó en 2005, durante el gobierno de Vicente Fox, en represalia a la publicación de un reportaje de la periodista Olga Wornat sobre la nulidad del matrimonio religioso de Marta Sahagún, quien además emprendió una demanda civil por daño moral contra la revista y la escritora.

Los anuncios se redujeron paulatinamente, pero cuando Calderón llegó a la Presidencia, la publicidad oficial prácticamente desapareció de la revista, por lo que en abril pasado este medio interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al considerar que con el castigo publicitario, el gobierno federal viola los derechos fundamentales de los periodistas que integran este semanario.

En la queja, señaló que la asignación discriminatoria de la publicidad "puede tener la intención de limitar o afectar el derecho a la libertad de expresión, además de que puede ser considerada como un medio indirecto de presión o censura" por la línea editorial crítica de la revista.

Como ejemplo, mencionó que durante 2008 esta revista sólo difundió 5.16 páginas de anuncios del gobierno federal, mientras que Vértigo obtuvo 166.4 páginas, Milenio Semanal 111.83 y Ememequis 75.5. Esto significa que el gobierno federal se anunció 32 veces más en la revista de TV Azteca que en Proceso, a pesar de que aquella tiene una circulación pagada de 4 mil 900 ejemplares, mientras que la de este semanario es de 74 mil 792.

De acuerdo con las cifras del padrón de medios de la Secretaría de Gobernación, Emeequis reporta una circulación de 11 mil 885 ejemplares y Milenio Semanal 36 mil 382.

Fue en mayo cuando la CNDH admitió la queja de Proceso, por lo que el gobierno de Calderón está obligado a argumentar el trato discriminatorio contra este medio. Una vez cancelada la publicidad para todas las revistas, puede señalar que se trata de una medida general y por lo tanto no va dirigida contra un medio en específico.

Pero no es el único caso de discrecionalidad por el que ha tenido que intervenir la CNDH. El pasado 4 de septiembre emitió la recomendación 57/2009 al director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJ), Celso Rodríguez González, por actos violatorios de la libertad de expresión en agravio de la revista Contralínea, de su director, Miguel Badillo, y de la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza.

La recomendación a la paraestatal se debió a la suspensión discrecional de la publicidad a la mencionada revista como consecuencia de la publicación de un reportaje sobre los contratos del fallecido Juan Camilo Mouriño con Pemex, y de una entrevista con el empresario del gas Jesús Zaragoza, quien declaró que financió la campaña presidencial de Calderón. En el caso del STJ, la CNDH pidió que se investigara a los responsables del acoso judicial contra los periodistas.

Además, el 29 de septiembre la CNDH estableció que el gobierno de Guanajuato, también panista, vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos al suprimir y reducir de manera discrecional la publicidad oficial a los periódicos A.M. y Al Día de León.

En su recomendación 60/2009, dirigida al gobernador Juan Manuel Oliva, la CNDH le pidió que las dependencias a su cargo establezcan criterios claros y no discriminatorios para distribuir la publicidad oficial.






Ex soldados narran su experiencia sobre el 2 de octubre

Alfredo Valadez, corresponsal


Zacatecas, Zac., 3 de octubre. Cinco ex militares que pertenecieron al batallón de fusileros paracaidistas plasmaron en el libro Testimonios del 68 su experiencia sobre los sucesos del 2 de octubre, donde describen fragmentos de aquel pasaje histórico y cuestionan el papel de las fuerzas armadas contra los estudiantes y la población en general.
La edición –de sólo mil ejemplares–, en tinta café y bajo el sello de la editorial Tres Torres, se hizo con aportaciones de los municipios Villa de Cos, Vetagrande y Morelos, gobernados por el Partido del Trabajo, además de la Universidad Autónoma de Zacatecas y una empresa refaccionaria.
En 89 páginas narran momentos de cuando entraron a la Plaza de las Tres Culturas “a bayoneta calada” para desalojar a los estudiantes, hechos de los que ahora se dicen “arrepentidos”.
En la introducción, Salvador Pintor Rodríguez, Gustavo Román, Tomás Acuña Martínez, Rigoberto Domínguez y Víctor M. describen cómo, a principios de 1968, la Fuerza Aérea Mexicana reclutó a 150 adolescentes que realizaban su servicio militar en el estado, quienes “tenían ideales patrióticos y sueños personales; se les mostró un mundo donde el Ejército era la mejor opción”.
Sin embargo –señalan–, “la vida militar les mostró la realidad empapada de abuso de poder y violencia. Al final comprobaron que la autoridad manipula la justicia y abusa de los ciudadanos”.
Gustavo Román describe: “mi primera participación fue disolver una manifestación en la Normal de Maestros (...) el cuerpo de granaderos no pudo (...) por ello se requirió la acción de los paracaidistas”. Recuerda que intervino en “tomar el Casco de Santo Tomás”, donde “la resistencia de los estudiantes fue mayor e incluso se llegó a los golpes y los forcejeos. “El comandante nos dijo que esos jóvenes eran líderes cubanos comunistas que querían boicotear las Olimpiadas (…) a partir de ese momento se empezó a manejar el código Alerta Roja, el cual significaba que deberíamos estar listos las 24 horas para entrar en combate”.
Pintor Rodríguez reflexiona sobre posteriores sucesos, como el halconazo de 1971 y matanzas recientes, como las de Aguas Blancas y El Charco, en Guerrero, y Acteal, Chiapas. “Yo me pregunto: ¿para qué sirve el Ejército?”
Sobre Tlatelolco, Rigoberto Domínguez destaca que al finalizar el tiroteo recibieron la orden de subir a la parte superior del edificio Durango para desalojar a quienes desde ahí habían disparado “y habían causado bajas a militares y policías”, además de estudiantes y civiles. “Empezaron a bajar a muchos detenidos, que no tenían nada de estudiantes: eran personas como de 28 a 40 años y con armas que al ver las nuestras daban risa”.

Corona del Rosal, entre quienes pagaron a francotiradores que dispararon al Ejército en Tlatelolco

Probada, la colusión de militares y líderes priístas en matanza del 68

>Según documento recién obtenido en el AGN, el grupo De la Lux surgió en 1960; también atacó en 1971

Gustavo Castillo García

Desde 1960, el entonces dirigente de la priísta Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Alfonso Corona del Rosal, y Alfonso Martínez Domínguez, con apoyo de los militares –que luego se convertirían en generales– Manuel Díaz Escobar y Humberto Bermúdez Dávila crearon el grupo de choque que inicialmente se conoció como De la Lux, cuyos integrantes actuarían como francotiradores el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, afirma la historiadora María de Los Ángeles Magdaleno Cárdenas.
Para el 10 de junio de 1971, ese mismo grupo, entonces ya identificado como Halcones, participó en la represión contra maestros y estudiantes en la ciudad de México.
Con base en documentos obtenidos apenas el pasado viernes en el Archivo General de la Nación (AGN), la historiadora señala que para 1969, Corona del Rosal controlaba la zona de la Cuchilla del Tesoro, donde habitaban al menos 500 miembros de De la Lux, integrado por luchadores, boxeadores y locatarios de La Merced. “Los mismos que en 1971 entrenaban allí como halcones.
“Corona del Rosal mantuvo el comportamiento mostrado desde que fungió como líder del PRI en los años 50; constituyó lo que se conocería como la policía priísta, un cuerpo que vigilaba y espiaba a los militantes destacados y los dirigentes rivales.
“En su natal Hidalgo, desde 1952 creó un servicio de información para conocer las fallas del entonces gobernador Quintín Rueda Villagrán, a quien sucedió en el cargo. Para 1953, siendo gerente del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada, comenzó a reclutar agentes a los que meses después comandaría desde la policía que operó dentro de las oficinas del PRI, partido que en 1956 lo postuló para ocupar el cargo de Ejecutivo local.
Financiaba a francotiradores
“El general, quien en 1968 se desempeñó como jefe del entonces Departamento del Distrito Federal, y uno de los aspirantes a suceder a Gustavo Díaz Ordaz en la Presidencia en 1970, financiaba a los francotiradores que dispararon contra el Ejército en la Plaza de las Tres Culturas, lo que desencadenó la matanza de estudiantes. Los documentos encontrados en el AGN demuestran la complicidad que tuvieron en el financiamiento de ese grupo personajes como Martínez Domínguez, ya que supo que desde la CNOP se pagaba a un grupo que se dice estaba conformado por 20 mil personas.
“La organización De la Lux surgió desde 1960, como señala un documento de la Secretaría de Gobernación clasificado como confidencial, el cual fue elaborado el 5 de julio de 1969. Otros oficios obtenidos también en el AGN refieren que el 4 de febrero de 1960, El Zorro Plateado, Manuel Díaz Escobar, jefe operativo de De la Lux, los francotiradores del 2 de octubre y los halcones en 1971, adquirió 40 pistolas y 25 revólveres Ruby Extra, calibres 22 al 38, según las relaciones de las armas importadas con permisos del Departamento de la Industria Militar, y certificados expedidos por el consulado general de México en Nueva York”, explicó Magdaleno Cárdenas, quien en su momento fue encargada del área documental de la ex fiscalía para movimientos políticos del pasado.
Señala que los documentos encontrados establecen “que en la conformación y actividad del grupo que de manera sistemática reprimió los movimientos sociales de 1960 a 1971, principalmente en la capital mexicana, estuvieron involucrados Alfonso Corona del Rosal, Alfonso Martínez Domínguez, Manuel Díaz Escobar, Humberto Bermúdez Dávila (jefe del Estado Mayor Presidencial, EMP, durante el gobierno de José López Portillo); Eliud Ángel Casiano Bello (general brigadier y subjefe administrativo del EMP en 1984, Luis Gutiérrez Oropeza (jefe del EMP durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y quien otorgaba las licencias para que Díaz Escobar se desempeñara como secretario general de la CNOP –oficialmente desde 1961– y quien también daba autorización para que Bermúdez Dávila fuera secretario particular de Corona del Rosal)”.
El documento confidencial de julio de 1969 señala: “estaba un grupo de 14 personas platicando que pertenecen al grupo De la Lux que sostiene el señor Lic. Alfonso Corona del Rosal, y que agrupa aproximadamente a 20 mil gentes, de las cuales 5 mil tienen un sueldo de 70 pesos diarios trabajando en la campaña política (...) a favor de Corona del Rosal; este grupo viene actuando desde hace 9 años, y su última actuación fue en la campaña del señor Lic. Díaz Ordaz; en el grupo De la Lux se encuentran adheridos y controlados por el licenciado Alfonso Carrillo, empleado de mucha confianza de Corona del Rosal, locatarios de La Merced principalmente, así como de la Unión libre de Boxeadores, luchadores y gimnastas, tranviarios, empleados subalternos del Depto. del DF; en las pasadas orgías (sic) estudiantiles, este grupo se dedicó a contraatacar a los estudiantes de leyes y otras escuelas, y para identificarse entre ellos usaban un guante blanco en la mano derecha”.
Se debe recordar que en 1968 (un año antes de que escribiera el oficio de referencia) en México se gestó un movimiento estudiantil, y que el 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, hubo una matanza generada por francotiradores que dispararon a los soldados allí apostados; se identificaban igual que el Batallón Olimpia y un grupo de empleados de la Secretaría de Gobernación: con un guante blanco en la mano derecha.

Carta abierta a Arturo Chávez Chávez

DENISE DRESSER

Estimado procurador Chávez Chávez:

¿Y si su hija o su madre o su hermana desapareciera un día cualquiera? ¿Y si pasara semanas y meses sin saber de ella? ¿Y si colocara fotos y descripciones y peticiones de ayuda –“delgada de pelo largo”– en lugares públicos? ¿Y si después encontraran su cuerpo tirado en un lote baldío? ¿Y si fuera evidente que ha sido violada y mordida y estrangulada y mutilada? ¿Y si la hubieran acuchillado 20 veces? ¿Y si le entregaran los restos de su ropa en una bolsa de plástico? ¿Y si las autoridades no le prestaran atención? ¿Y si, aunque usted contara su caso cientos de veces, prevaleciera el silencio? Estas son las preguntas que las madres de las muertas de Juárez hacen desde años y que usted y 75 senadores desoyeron. Estas son las preguntas que la sociedad mexicana debería presentarle, ya que durante su ratificación en el Senado nadie se las formuló. Preguntas cuya falta de respuesta debió haberlo inhabilitado para el puesto al que arriba.

Pero en su caso pesaron menos las muertas y más las fichas de negociación; pesaron menos las acusaciones en su contra y más los acuerdos partidistas en su favor. El PAN cerró filas ante el recomendado por su presidente, y el PRI cerró filas para cobrarle el favor, ignorando omisiones con tal de obtener comisiones. Ignorando errores con tal de participar en la costumbre del canje. Ignorando que en Ciudad Júarez –cuando usted era procurador– quienes buscaban a mujeres desaparecidas encontraban huesos en el desierto. Ignorando que en Ciudad Júarez nadie tuvo voluntad política para resolver los crímenes ni capacidad para prevenirlos. Al ratificarlo a usted, el Senado también se ratifica a sí mismo como una institución ciega, sorda y sexista.

Como usted y quienes lo avalaron prefieren olvidar, desde 1993 cientos de mujeres salieron de su casa y no regresaron a ella; terminaron de trabajar y nadie las volvió a ver; tomaron un camión y acabaron en un ataúd. Eran estudiantes y amas de casa y meseras y secretarias. Tenían entre 15 y 25 años. Solían ser pobres y de pelo largo. Trabajaban por seis dólares diarios ensamblando radios. Emigraban de distintas partes del país a Ciudad Juárez pensando que podrían vivir mejor allí. De pronto se volvieron desechables, anónimas. Pero no es así. Sus madres y sus hijos y sus esposos y sus hermanos las conocen, las recuerdan, las extrañan. Saben que se llamaban Paloma Angélica, Érika Noemí, Érika Ivonne, Lilia Alejandra, Irma Rebeca, Laura Georgina, Laura Alejandra, Flor Idalia. Saben que eran delgadas y bonitas. Saben que eran el sostén económico de sus familias.

Y saben que las investigaciones sobre su desaparición –que usted encabezó– fueron una farsa, una broma, una tragedia de errores. La corrupción y la complicidad llevaron a desaparecer pruebas y dejar en libertad a sospechosos, a ignorar información de testigos y a amedrentarlos, a encarcelar inocentes y a fabricar culpables. Más que perseguir, las autoridades de las cuales usted formó parte se dedicaron a encubrir. Más que investigar, diversos funcionarios públicos a su cargo se abocaron a tapar. Y ahora usted nos dice –lacónico, evasivo, esquivo– que “encaró el problema con los instrumentos institucionales que en ese momento tenía la procuraduría”. Nos dice que la culpa fue de los Ministerios Públicos. Nos dice, palabras más, palabras menos, lo mismo que alguna vez respondió Vicente Fox: “¿Y yo por qué?”.

Difícil creer que, ahora sí, usted combatirá la impunidad, cuando forma parte de su legado. Difícil creer en el reporte que quienes lo defienden hicieron circular en el Senado, cuando hay tantas investigaciones nacionales e internacionales que contradicen la supuesta eficacia de su trabajo descrita allí. En Ciudad Juárez no ha habido muchos criminales condenados, pero sí muchas autoridades condenables. Procuradores como usted que atribuyeron la muerte de múltiples mujeres a la “doble vida” que llevaban y a la ropa “provocadora” que usaban. Los peritos que, por descuido, dejaron huesos, pelo y ropa en el sitio donde fueron encontrados los últimos cuerpos. Los policías que mataron “accidentalmente” al abogado defensor de uno de los acusados, cuya confesión había sido extraída con base en la tortura. Los investigadores que quemaron más de mil libras de ropa de las víctimas, acumulada durante 10 años. Los expertos que le hicieron pruebas de ADN al cadáver equivocado. Los errores que llevaron a la CNDH a emitir una recomendación en su contra. Las omisiones que condujeron a una delegación de expertos enviados por la ONU a hablar de los “horrores” y los “abusos” y las “peores prácticas internacionales” asociadas con su gestión.

Fernando Gómez Mont –uno de sus principales promotores– asegura que usted es un hombre bueno, sereno, valiente, responsable, respetuoso de la ley. Pues tendrá que probarlo porque esa no es la impresión que queda después de su desempeño en Chihuahua. Esa no es la imagen que lo acompaña dado lo que dejó tras de sí. Usted llega adonde está hoy por un pacto político promovido por los partidos y los senadores y los gobernadores y los policías y los hombres. Usted asume su puesto gracias a una constelación de intereses distante de las demandas de la sociedad. Usted ha logrado convertirse en el primer abogado de la nación porque la clase política aún está poblada por personas a las que no les quita el sueño una muerta más u otra mujer faltante. No les preocupa la impunidad rampante y la ineficacia gubernamental que hace posible su institucionalización.

Ahora usted salta de la provincia al centro, trayendo prácticas y actitudes cuestionables consigo. Arrastrando un problema no resuelto y con muchos esqueletos en el clóset. Por eso allí están los fantasmas que ojalá lo acompañen a lo largo de su paso por la procuraduría; en busca de voz, en busca de justicia, en busca de descanso. Fantasmas de los cuales no dejaremos de hablar. Casos cuyo esclarecimiento no dejaremos de exigir. Mujeres cuyos nombres no dejaremos de repetir. Para que algún día usted logre entender que los derechos de las mujeres no son diferentes ni de segunda clase. Para que usted desarrolle la sensibilidad que lo lleve a escuchar a quienes siguen marchando afuera de su oficina, vestidas de luto, vestidas de negro. Para que la próxima vez que una madre se arrodille frente a usted y le ruegue que encuentre a su hija desaparecida, usted le tienda la mano en vez de negársela.

Proceso 27/09/2009

viernes 2 de octubre de 2009

El 2 de octubre de 1968, no se olvida
















Tlatelolco, hoy y siempre


Jorge Camil




¿Cómo olvidar a los niños exangües, alineados en bandejas de la morgue en los pasillos de alguna comisaría? Usted ha visto las fotos en La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Con qué facilidad decidimos abandonarlos para seguir el camino. Y digo decidimos porque fue un acto voluntario. Fuimos dejando de lado a los niños incómodos, a los niños “comunistas” que amenazaron al régimen de un autócrata, e impulsaron a otro a escalar la presidencia. Los niños que murieron para darle vida a un sistema in articulo mortis que respiraba con tanque de oxígeno. ¿Qué tiene nuestra presidencia que lo justifica todo, que todo lo perdona?
“Dos de octubre no se olvida” es la frase que ha recorrido por 41 años el territorio nacional. No se olvida, como dice Pablo González Casanova, porque la matanza “produjo un rencor inolvidable”. Dos de octubre no se olvida, pero tampoco se castiga. El presidente responsable, Gustavo Díaz Ordaz (“GDO”, en boca de la prensa oficial; “DOG”, en las pintas callejeras del movimiento estudiantil) murió en la impunidad. Una figura compleja, con rasgos de personaje shakespeariano y marcadas características de tirano: como Trujillo, como Somoza, ¿cómo Roberto Micheletti?
Murió endurecido, en el terco convencimiento de que los verdaderos machos enfrentan –y dominan– cualquier adversidad, incluyendo el genocidio. Con la bandera en el pecho y las fosas nasales hinchadas, mostrando la dentadura que era fuente inagotable de inspiración para caricaturistas y enemigos políticos, asumió la responsabilidad “ética, moral, jurídica e histórica” de la masacre en su quinto Informe de gobierno. Tenía la mirada altiva: estaba en casa, entre los suyos, en el recinto del honorable Congreso de la Unión. Ahí engolaba la voz masculina. Voz de mando, de hombre decidido; voz que se imponía frente a civiles y militares, y que éstos respetaban, porque además de presidente era comandante supremo de las fuerzas armadas. Después del mea culpa se fue a recorrer la campiña española con rango de embajador; buscaba aires nuevos. Hasta que lo persiguió el fantasma de Tlatelolco; hasta que lo dobló la enfermedad.
Antes de su muerte, al surgir mayores indicios de la participación de Luis Echeverría, y preocupado por la historia, GDO dejó en sus memorias inéditas un acertijo para los siglos: “asumo la responsabilidad, mas no la culpabilidad”. Retruécanos de la política: ¿cómo separar una de la otra? Con la información de hoy es difícil saber si GDO fue manipulado por Echeverría, o si él mismo era de los que ven moros con tranchetes.
Philip Agee, ex agente de la CIA que vivió Tlatelolco, y horrorizado por la barbarie abandonó la compañía, reveló en 1975 (Inside the Company) que GDO y Echeverría fueron informantes de la CIA. Años después Jefferson Morley, de Washington Post, en un artículo titulado: “Los ojos de la CIA en Tlatelolco”, confirmó lo dicho por Agee, basado en documentos liberados por Estados Unidos en 2006, y publicados por The National Security Archive (www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB204/index2.htm).
No cabe duda que Echeverría, el más astuto, ¿y el más culpable?, morirá exonerado con los santos óleos republicanos administrados por magistrados obsecuentes y tribunales complacientes. Ése es, lamentablemente, el estado de nuestro Estado de derecho; he ahí la tragedia de nuestra pobre democracia. Juan Velázquez, el abogado que defendió a Echeverría, afirma con ignorancia de la historia que hoy existen “dos verdades sobre Tlatelolco”: una –dice despectivo– “el dicho de la gente” y otra, “absolutamente distinta”, el fallo del tribunal. Por eso escribí en La Jornada en su momento (“Tlatelolco: genocidio sin culpables”, 03/4/09) que el litigante, eufórico por su victoria judicial, olvidaba que “todos sabemos cómo y dónde se obtienen algunos fallos de nuestros venerables tribunales; las complicidades, amistades, e intereses que empujan las sentencias por las inmundas cañerías del sistema”.
Ha faltado voluntad política. La vida sigue su curso, pero no olvidamos la matanza de la Plaza de las Tres Culturas (o “de las sepulturas”, como la apodó Demetrio Vallejo, o “de los sacrificios”, como la llamó Octavio Paz después de la tragedia). Decía Paz que sólo cuando se conteste el ¿por qué? del inolvidable cartón de Abel Quezada “podrá el país recobrar la confianza en sus líderes y en sus instituciones”.
Treinta años después de la masacre escribí en La Jornada (“In memoriam”, 02/10/98) que la brutal represión “compró la paz de los sepulcros y la paseó como escarmiento por el territorio nacional, hasta que el espectro de la violencia se encarnó nuevamente en el conflicto de Chiapas”. Después de Tlatelolco siguió la fiesta; después de Chiapas, también; después de Acteal… Quizá por eso la poetisa Rosario Castellanos cerró su hermoso Memorial de Tlatelolco con un melancólico presentimiento: “al día siguiente, nadie. /La plaza amaneció barrida; /los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo (…) /ni un minuto de silencio en el banquete./ (Pues prosiguió el banquete.)
http://jorgecamil.com/ - http://twitter.com/jorgecamil

2 de octubre no se olvida; la SSP-DF se alista para marchas multitudinarias


A las 16 horas se prevé salga una del Monumento a la Revolución y otra de la Plaza Tres Culturas.


Notimex Publicado: 02/10/2009 08:08


México, DF. Autoridades capitalinas e integrantes del comité del movimiento de 1968 conmemoraron el 41 aniversario de la represión estudiantil del 2 de octubre e izaron la bandera a media asta en la Plaza de las Tres Culturas.
Desde temprano, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco amaneció con algunas veladoras y una corona en el obelisco que recuerda a los caídos del movimiento estudiantil.
En tanto, el Comité de Huelga colocó una pancarta con la leyenda "Los crímenes de lesa humanidad no prescriben".
Luego de colocar una ofrenda floral y montar una guardia de honor, el secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, Martí Batres Guadarrama, recordó que aún está pendiente el castigo para los responsables y hacer justicia a los caídos.
Acompañado por autoridades capitalinas de la delegación Cuauhtémoc, el funcionario señaló que la lucha estudiantil provocó cambios en la política y abrió las calles para las manifestaciones de las nuevas generaciones.
Batres Guadarrama comentó que no es posible que después de tantos años y pese a la creación de una comisión investigadora no haya responsables de los crímenes.
A su vez, el director general de Desarrollo Social de la delegación Cuauhtémoc, Alejandro Fernández Ramírez, quien asistió en representación del delegado Agustín Torres, señaló que en esta demarcación crearán una casa editorial juvenil denominada Movimiento Estudiantil de 1968, a fin de publicar libros, revistas sobre la memoria de esos jóvenes y de los actuales.
Se prepara marcha
En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) informó que están listos los cuatro mil 714 policías que participarán este viernes en el operativo de vialidad y vigilancia con motivo de diferentes marchas conmemorativas del 2 de octubre.
La dependencia informó que el despliegue policiaco, que se llevará a cabo en especial en la zona centro de la ciudad, contará con el apoyo de 327 patrullas y dos helicópteros del agrupamiento Cóndores.
Las dos principales movilizaciones están programadas para dar inicio a las 16:00 horas y tendrán como punto de partida la Plaza de las Tres Culturas, así como la explanada del Monumento a la Revolución, y su destino será la plancha del Zócalo capitalino donde se prevé un mitin.
La dependencia adelantó que durante el paso de los contingentes habrá cortes viales en las arterias que sean utilizadas, y que serán en especial el Eje Central Lázaro Cárdenas, Paseo de la Reforma, Juárez, 16 de Septiembre, Francisco I. Madero y 5 de Mayo, entre otras.
Recomendó a los automovilistas que utilicen vías como Viaducto Río de la Piedad, Circuito Interior Río Consulado, Eje 1 Oriente Ferrocarril Hidalgo, Lorenzo Boturini y el Eje 3 Sur Morelos, Eje 2 Oriente Congreso de la Unión, José María Izazaga, Chapultepec y Avenida de los Insurgentes.

jueves 1 de octubre de 2009

Exigen juicio político contra gobernador de Oaxaca

ROSALÍA VERGARA

MÉXICO, DF, 30 de septiembre (apro).- El dirigente nacional de Convergencia, Luis Maldonado, exigió llevar a juicio político al gobernador priista de Oaxaca, Ulises Ruiz, luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el mandatario estatal incurrió en delitos electorales durante las campañas que culminaron el 3 de julio pasado.
Asimismo, Maldonado criticó a diputados priistas que pretendieron ignorar y ocultar el resolutivo que ordena dar vista a la Legislatura oaxaqueña, con el fin que se instaure juicio político a Ruiz Ortiz. Ignorar el asunto, advirtió, implicará incurrir en desacato.
El líder convergente destacó: "Como es sabido, el juez primero de distrito en Oaxaca resolvió en audiencia constitucional que es improcedente el juicio de amparo promovido por el gobernador Ulises Ruiz contra actos de la Sala Superior" del TEPJF y otras autoridades.
Subrayó que "el resolutivo del Tribunal Electoral es resultado de una denuncia de la dirección de Convergencia en el estado de Oaxaca, que acusó al gobernador de utilizar recursos públicos para promover su imagen personal en vehículos oficiales durante las campañas electorales que culminaron el 3 de julio último.
"Esta acusación –detalló Maldonado-- fue debidamente documentada por el representante de Convergencia en el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, Víctor Hugo Alejo Torres".
En un comunicado, el dirigente partidista consideró imperativo que los diputados lleven a cabo el juicio político contra el gobernador para "poner un coto a la impunidad y corrupción en Oaxaca".
El también senador se congratuló que un juez de distrito haya negado el amparo al gobernante oaxaqueño, pues con ello se da un paso importante para acabar con la impunidad con la que se desenvuelve Ulises Ruiz.
Maldonado criticó, no obstante, se busque castigo por delitos electorales y no por la violación de garantías individuales, numerosos asesinatos y desapariciones que se han registrado en Oaxaca y que oportunamente ha denunciado el senador Gabino Cué.
Recordó que, durante el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006, se reconocieron 26 homicidios, entre ellos el asesinato de José Jiménez Colmenares, el 10 de agosto de ese año en la capital del estado, quien fue baleado por francotiradores emboscados cuando participaba en una marcha en defensa de activistas detenidos injustamente por la fuerza pública.
Se refirió también a los asesinatos de las indígenas triquis Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, encargadas de la radio comunitaria de San Juan Copala, victimadas en abril de 2008.
Criticó que estos casos y muchos otros fuesen literalmente ignorados por el gobernador, quien ha actuado con indiferencia ante las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Por su parte, el diputado local convergente en Oaxaca, Benjamín Robles Montoya, consideró que de esa manera "Convergencia gana nuevamente una batalla jurídica al gobernador del estado".
Proceso01/10/09

Narco amenaza gobernabilidad de México: UE

LA REDACCIÓN

MEXICO, D.F., 30 de septiembre (apro).- La Unión Europea defendió hoy el derecho de México de combatir al crimen organizado y a los cárteles de la droga, pero aclaró que esa batalla debe efectuarse sin violentar los derechos humanos.
Además, sostuvo que la gobernabilidad en México y otros países de América Latina está amenazada por fenómenos como el tráfico de drogas, la trata de personas y la delincuencia organizada.
Al presentar en Bruselas, Béligica, un informe sobre América Latina, la comisaria de Relaciones Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Waldner, añadió que "tenemos que combatir a los cárteles de la droga, pero desde la responsabilidad compartida. Debemos respetar la buena gobernanza y también los derechos humanos".
A una pregunta sobre la libertad de prensa en México, Ferrero-Waldner dijo que cada vez que miembros de la Comisión Europea se reúnen con los representantes oficiales de México, "les transmitimos ese mensaje".
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) sostiene que México es el país más peligroso de América para la libertad de prensa, con 55 periodistas asesinados y ocho desaparecidos desde 2000.
El informe de la UE, señala que "las drogas ilegales, la trata de seres humanos, la delincuencia organizada y la violencia están en aumento, y ponen en peligro la estabilidad, la seguridad, la gobernabilidad y el desarrollo de los países y las regiones afectadas en América.
"Uno de los problemas clave es la cooperación entre todos los países a lo largo de las principales rutas de tráfico de drogas. El desafío del narcotráfico es de tal magnitud, que ya puede considerarse, junto con el combate a la pobreza, como el reto más apremiante para la región", añade.
En su intervención, Benita Ferrero insistió que la lucha contra el narcotráfico debe darse con pleno respeto a los derechos humanos.
Dijo: "Cada país tiene naturalmente el derecho de combatir crímenes pero, por otro lado, tiene que hacerlo respetando los derechos humanos".
Añadió: "Siempre hemos dicho, y también va para México, que debe respetarse la buena gobernanza y los derechos humanos".
Además, la comisaria europea reiteró su voluntad de asistir a México en la guerra contra el narcotráfico, y agregó: "Hay una cierta corresponsabilidad de todos nosotros; tenemos que colaborar para poder ayudar a los países afectados".
Entre 2002 y 2007, la UE financió programas bilaterales de cooperación con México por 48 millones 500 mil euros.De los cinco proyectos de cooperación implementados durante ese periodo, sólo uno estuvo dirigido a la lucha contra la delincuencia a través del fortalecimiento y modernización del sistema de impartición de justicia.
El programa de cooperación concluyó en 2007 y recibió de Bruselas 3.5 millones de euros.
Para el periodo 2007 y 2010, la Comisión Europea comprometió ya 11 millones 150 mil euros para poner en marcha seis proyectos de cooperación.
Sin embrago, ninguno de los programas establecidos está dirigido específicamente a la lucha contra el narcotráfico en México.
Proceso01/10/09

Entérate

Septiembre, el mes más sangrientoAgosto y junio son los meses que ocupan el segundo y tercer lugar en número de ejecutados relacionadas con la guerra entre bandas del crimen organizado



Redacción El Universal Ciudad de México Jueves 01 de octubre de 2009 00:15
Septiembre es el mes más violento del año al contabilizar 756 muertes relacionadas con la guerra entre bandas del crimen organizado.
El conteo de EL UNIVERSAL ordenó los meses a partir del número de asesinatos violentos en este año.
1. Septiembre
756
2. Agosto
722
3. Junio
698
4. Julio
695
5. Febrero
637
6. Marzo
529
7. Enero
508
8. Abril
494
9. Mayo
440

Cada año, el narco gana en México el doble de lo que ingresa por remesas

Obtiene hasta 40 mil millones de dólares, sostiene en Miami experto en seguridad e inteligencia

>El país se está colombianizando, no se puede tapar el sol con un dedo, advierte en el mismo foro el diputado panista Luis Enrique Mercado
>No será en el corto plazo que termine la violencia, agrega

Roberto González Amador
Enviado

Miami, 30 de septiembre. Grupos de narcotraficantes que operan en México obtienen cada año ganancias hasta por 40 mil millones de dólares, el doble del ingreso de remesas. La cifra fue dada a conocer por David Robillard, presidente de Kroll, una de las empresas privadas de seguridad e inteligencia más importantes del mundo.
En una mesa sobre México, durante la Conferencia de las Américas, organizada por el Banco Mundial, el estado de Florida y la Universidad Internacional de Florida, que hoy concluyó, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Luis Enrique Mercado aseguró que “México se está colombianizando, no se puede tapar el sol con un dedo y no será en el corto plazo cuando el país supere la situación de violencia en que sigue”.
La magnitud económica que ha adquirido la delincuencia organizada en México fue puesta sobre la mesa por Robillard, ante representantes de empresas, académicos y funcionarios de organismos internacionales.
El poder corruptor de los cárteles de la droga “es enorme”, apuntó el director general de Kroll. Estimó que cada año el trasiego de narcóticos moviliza en México “entre 25 mil y 40 mil millones de dólares”, cantidad que prácticamente duplica el ingreso por remesas que organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) estiman será de 21 mil millones de dólares este año.
“Con la situación de baja económica, el efecto que tendrá esa magnitud de fondos (que maneja el crimen organizado) dentro de la economía mexicana hará una diferencia y será más evidente que en el pasado”, aseguró Robillard, cuya empresa proporciona en México “inteligencia para negocios, investigación, auditoría forense, así como revisiones de control interno, prevención de lavado de dinero y servicios de seguridad”, según su página de Internet.
El experto en temas de seguridad afirmó que las organizaciones de narcotraficantes “han logrado adquirir una presencia realmente nacional” con el dominio de lo que llamó “otras partes de la cadena criminal”: la extorsión a empresas y el secuestro, adicional a su negocio del tráfico de drogas.
La expansión de los grupos criminales, dijo, afecta la actividad económica y la operación de las empresas. Las compañías deben aumentar sus gastos para financiar medidas extraordinarias de protección, mencionó. Sostuvo que en los últimos dos años, ante la falta de seguridad, dos mil empresarios con residencia en el Distrito Federal han emigrado hacia otros puntos del país y, en algunos casos, al extranjero.
“Durante mucho tiempo las autoridades de México ignoraron la situación, trataron de manejar una relación con los cárteles y una vez que aumentó el consumo interno de drogas y el problema tuvo nivel nacional, llegó a ser tan violento que las acciones para frenarlos ya eran limitadas”, señaló.
En la misma mesa –en la que estaba anunciada la presencia del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien no llegó–, el diputado panista Luis Enrique Mercado se convirtió en uno de los primeros representantes del oficialismo mexicano en comparar la situación del país con la violencia vivida en Colombia en los años recientes, por la operación de bandas criminales.
“Sí, México se está colombianizando”, respondió Mercado a una pregunta en ese sentido. “No se puede tapar el sol con un dedo. Tenemos que esperar que el país recupere la tranquilidad, pero no será en el corto plazo”.
Mercado también admitió que “existe el riesgo” de que “se corrompa el Ejército” en el combate al narcotráfico, pero las fuerzas armadas, dijo, “están más entrenadas (que la policía) y además no había de otra” más que usarlas para combatir el tráfico de drogas, apuntó.

Nuestra guerra actual y las posibles

Lorenzo Meyer

No estaría mal empezar a discutir la utilidad de seguir o cambiar la dirección de la actual guerra contra el narcotráfico

Prioridades
Desde diciembre del 2006 el gobierno mexicano ha empeñado al Ejército en una guerra frontal contra el narcotráfico pero ya es hora de preguntar: ¿tiene sentido continuarla con la misma intensidad y dirección? Sólo en lo que va del sexenio, y hasta mediados del mes pasado, las bajas relacionadas con el crimen organizado sumaban cerca de 14 mil (El Universal, 11 de septiembre).
Se puede argumentar que conviene plantear o replantear la "guerra contra el narco" porque los muertos ya son muchos, los recursos limitados y hay alternativas más urgentes y legítimas para invertir el esfuerzo colectivo que hoy se emplea contra los cárteles de la droga. De entrada, es mejor empeñar al país en una guerra de fondo contra la pobreza o contra la mala calidad de su sistema de educación y, ni a vuelta de hoja, vendría bien una batalla contra el desempleo, contra la destrucción del ambiente e incluso para transformar la creciente economía informal en formal. Sería verdaderamente popular una auténtica cruzada nacional contra la corrupción pública y la inseguridad, es decir, contra el crimen que afecta al ciudadano común y corriente, y que no es el narcotráfico. En suma, frentes de guerras posibles no faltan, lo que escasean son los recursos y la voluntad de llevarlas a cabo. Por ello hay que cuidar las prioridades, pues a lo mejor en la batalla contra los cárteles de la droga estamos metidos en un conflicto que ni siquiera es entera o genuinamente nuestro y, peor aún, en uno donde no es posible una victoria real y efectiva.

La esencia
Librar con éxito una auténtica guerra implica que la sociedad debe estar dispuesta a soportar que se pongan en tensión máxima todas sus relaciones sociales e institucionales. Ese tipo de guerra entrañaría que el liderazgo del país hubiese elaborado un plan con una idea clara de medios y objetivos, determinar con exactitud quién es el adversario y por qué y qué posibilidades hay de derrotarlo. Por su lado, la sociedad debería aceptar un alto grado de responsabilidad, sacrificio personal y colectivo, y comprometerse con una de las más grandes empresas que se puede imponer a una comunidad. En suma, meter a uno en una guerra es una decisión mayúscula y que debe hacerse con plena conciencia y responsabilidad.

El narcotráfico como el gran enemigo colectivo
En principio, no hay duda de que México como país estaría mejor frente a sí mismo y frente al mundo si La Familia, el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez y todo el resto de las organizaciones que trafican con drogas fueran ya historia. Sin embargo, los especialistas en la materia y el propio sentido común nos dicen que mientras existan las fuentes externas de demanda y, por lo mismo, de financiamiento -especialmente si esa fuente es el país más poderoso del planeta- la lucha contra el narcotráfico mexicano tendrá la misma debilidad que se presenta, por ejemplo, cuando un ejército combate a grupos armados que tienen su principal fuente de abastecimiento y apoyo en otro país. Estados Unidos, con el auxilio de la OTAN, no puede derrotar al talibán en Afganistán justamente porque éste puede encontrar refugio y recursos en Pakistán. Para México, el factor externo en su empeño por eliminar al narcotráfico organizado es un obstáculo mayor, pues su capacidad para presionar y obligar a Washington a actuar es infinitamente más limitada que la de Washington para presionar a Islamabad.
La llamada Iniciativa Mérida supone que el gobierno mexicano logró un gran compromiso histórico de parte del gobierno norteamericano para realmente actuar contra la demanda y contra el suministro de armas y la transferencia de dinero a los grupos criminales mexicanos. Sin embargo, por razones histórico-políticas las autoridades norteamericanas no pueden impedir que sus ciudadanos adquieran armas y que, algunos de ellos, las transfieran a los cárteles mexicanos. Examinando los rubros del presupuesto, y según un documento de Eric Olson y Robert Donnelly, resulta que, hasta el momento, las dos terceras partes de la suma que el gobierno norteamericano invierte en la lucha contra el narcotráfico están destinadas a combatir la oferta y apenas un tercio a enfrentar a la fuente misma del mal: la demanda ("Confronting the Challenges of Organized Crime in Mexico and Latin America", 2009, Mexico Institute, Woodrow Wilson Center, Washington DC).

La lógica
Felipe Calderón lanzó al Ejército a la guerra contra los narcotraficantes como parte de una jugada a varias bandas. Como en tantas otras estratagemas, uno de sus objetivos -quizá el básico- pareciera haber sido crear una coyuntura que llevara a la opinión pública a colocarse del lado del "líder fuerte" y decidido. Y en ese sentido la maniobra pareciera haber dado fruto, pues el 83 por ciento de los mexicanos apoyan el empleo del Ejército contra los cárteles de la droga (encuesta del Pew Center, publicada el 27 de septiembre). Sin embargo, para Olson y Donnelly, como para muchos otros especialistas, es un hecho que: "pocas veces ha sido posible una victoria en este tipo de guerra, especialmente cuando la demanda por los productos ilegales es alta".
La alternativa podría ser, dicen los expertos, simplemente usar selectivamente al Ejército para limitar la influencia del crimen organizado, aumentar el costo de sus negocios en tanto que se actúa en otros campos menos violentos y espectaculares pero mucho más efectivos: impedir el lavado de dinero, reformar o recrear de nuevo el marco institucional -policías, ministerios públicos, tribunales-, educar o reeducar a los posibles consumidores y, sobre todo, hacer que la actividad de las autoridades mexicanas esté condicionada a los avances norteamericanos en materia de control efectivo de armas, de movimientos de dinero y de una baja real en la demanda de drogas de su sociedad.

Posibilidad
Un investigador alemán, especialista en los factores económicos en la negociación de conflictos dentro de los Estados, Achim Wennmann, ha sugerido explorar la posibilidad de que el gobierno de México entre en negociación con los cárteles usando intermediarios formales y con objetivos muy claros: limitar las zonas de actividad de los cárteles -no operar en centros educativos, no extender sus actividades a otros ramos como el secuestro, trata de personas, etcétera- y limitar su violencia. De lo que se trataría es de dar a los cárteles incentivos económicos para limitar sus actividades y espacios y permitir a la sociedad mexicana una vida más cercana a la civilidad.
En principio, negociar con el crimen organizado es una idea moralmente repugnante. Sin embargo, tiene un lado ético defendible: una guerra sin victoria posible es una prolongación indefinida de la masacre y la brutalidad.