Temen más ataques a activistas
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México alertó que en el país existe un “riesgo de que las agresiones a los defensores de los derechos humanos vayan incrementándose”, lo que representa un reto ante la situación de violencia e inseguridad que se vive en el país.
Al presentar el Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, representante en México de la ONU, señaló que en nuestro país son tres los problemas fundamentales relacionados con las actividades de los defensores: la impunidad, el incremento de la violencia y la proliferación de mitos y estigmatización de quienes realizan esas labores.
Indicó que se han registrado 128 denuncias de agresiones a defensores en los tres últimos años —10 de ellos fueron fallecimientos—, y que en todos estos casos se mantiene un nivel de impunidad de 98.5%.
Destacó que “el incremento de la presencia de las fuerzas armadas en algunas regiones del país, así como su participación en la lucha contra el crimen organizado, constituyen un nuevo desafío para las y los defensores de los derechos humanos en México”.
Respecto a la labor de los defensores, dice que tampoco ha contribuido en su actuación el hecho de que la administración de justicia entre los militares se ejerza en el interior del sistema castrense, donde se investiga, acusa y juzga a los presuntos responsables de violaciones a derechos humanos.
Estigmatizan a defensores
Sobre el trabajo del Ejército en las tareas de seguridad, Alberto Brunori ratificó la postura de la Oficina del Alto Comisionado, al asegurar que “no es el Ejército el cuerpo ideal para llevar a cabo tareas de seguridad pública”, y que se entiende que esta medida se tomó de manera temporal.
Al presentar el documento de 50 cuartillas, ante académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos y especialistas, Brunori estableció que entre los retos a los que se enfrentan quienes realizan labores dentro de las organizaciones sociales y civiles, se encuentra la “estigmatización”, a pesar de que deben ser los “actores fundamentales de la edificación de la democracia y del estado de derecho”.
Señaló que ha incrementado el “mito”, en particular entre las autoridades, que lleva a identificar a los defensores de los derechos humanos como “defensores de criminales, o bien, dicen que buscan desestabilizar al país; en otros casos aseguran que sólo lucran con los casos y que magnifican la problemática para tomar partido”.
Aunque no advierte una “política de Estado” dirigida en ese sentido, pidió a los gobiernos del presidente Felipe Calderón y a los locales que se garantice la labor de los defensores y se legitime la función que desempeñan.
Los sectores más vulnerables
Al presentar el documento, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la organización dio a conocer que de los 128 casos de agresiones a defensores —en el caso de quienes han enfrentado acusaciones penales—, han tenido que pagar entre 8 mil y 10 mil pesos de fianza para retirar cargos de despojo, daños en propiedad ajena, daños a las vías de comunicación y hasta secuestro y homicidio, “lo que significa una carga onerosa, que a nivel local implica debilitar la capacidad del defensor”.
Acompañado de Liliana Valiña y Carlos de la Torre, también de esa organización, Brunori explicó que en el caso de las comunidades indígenas la mezcla de narcotráfico, la descomposición, el debilitamiento de la policía municipal, la presencia militar y la existencia de grupos armados, “vuelven muy difícil identificar el origen de las agresiones”.
Entre los sectores que ubica con mayor vulnerabilidad están los migrantes y las mujeres, pero también las comunidades que se ubican en las periferias de los megaproyectos de desarrollo como La Parota, en Guerrero, la hidroeléctrica Paso de la Reina, en Oaxaca, y en el Zapotillo, Jalisco.
La oficina del Alto Comisionado pidió al gobierno del presidente Calderón garantizar tres derechos claves para los defensores: acceso a la justicia, derecho a la protesta social y la libertad de expresión.
Además, lo exhortó a asumir entre sus prioridades la creación de mecanismos “más eficientes” de protección a activistas; de lo contrario se envía un “mensaje de impunidad”, dijo.
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