JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Los rastros sobre el número de víctimas de la represión en la Plaza de las Tres Culturas se pierden en un laberinto de rumores, ineficiencias, ocultamientos y desmemoria. La última pista –los archivos de las autopsias realizadas los días subsecuentes– desapareció y ninguna instancia gubernamental parece interesada en conocer su destino.
El “genocidio sin genocidas” con el que la justicia federal cerró el caso del 2 de octubre de 1968 y las deficiencias de la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) tuvieron el mismo efecto que los contradictorios reportes oficiales de la época: el ocultamiento del número de víctimas de la masacre.A pesar de que acusó a los responsables de la seguridad nacional de entonces, encabezada por el principal sobreviviente, Luis Echeverría Álvarez, de haber cometido “genocidio” porque pretendían “el exterminio” del grupo nacional identificado como “los estudiantes”, el titular de la Femospp, Ignacio Carrillo, sólo acreditó ante la justicia la muerte de 11 de ellos durante la represión en Tlatelolco.
En su Informe general histórico a la sociedad mexicana, Carrillo aseguró que también “acreditó debidamente” la muerte de un profesor y nueve personas ajenas al movimiento estudiantil. En total, 21 personas.El número de muertos, al menos por las autopsias hechas, difícilmente se podrá conocer con certeza. De acuerdo con exfuncionarios del Servicio Médico Forense (Semefo), están perdidos los registros de las necropsias practicadas en el Distrito Federal entre 1911 y 1974.
En las declaraciones que hizo ante la Femospp, el entonces director del Semefo, José Ramón Fernández Cáceres, consideró que los archivos de las autopsias realizadas el 3 de octubre a los cadáveres de las víctimas de Tlatelolco también pudieron haber sido recogidos por la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS).
El testimonio ministerial, contenido en el toca penal 344/2006, indica que esos expedientes los conservó durante algunos meses en un archivo confidencial el entonces director del Semefo, Miguel Gilbon Maitret. En febrero de 1985, el director Mario Alva Rodríguez remitió al archivo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF, del que depende el Semefo) todos los expedientes de las necropsias de aquel periodo.
Sin embargo, al comparecer ante la fiscalía el 31 de octubre de 2002, Fernández Cáceres aseguró que en el archivo judicial tampoco están los expedientes. Explicó: “Al solicitarnos (el fiscal) Ignacio Carrillo estos expedientes (…) los solicitamos al citado archivo judicial”. La repuesta oficial fue que “no existen constancias ni del ingreso ni mucho menos de (su) egreso, ignorando hasta el momento el destino que tuvieron”.
Fernández hizo entonces una pesquisa en el interior del Semefo, centrándose en quien fue jefa del archivo del forense en 1985, María de Lourdes Hermosillo Aspeitia: “Nos indicó que le constaba la entrega de dichos expedientes al archivo judicial, en lo que fue la antigua casona del sindicato” del TSJDF, ubicado en la calle Doctor Lavista, pero que “por descuido involuntario, no recabó la firma en el acuse de recibo, pero que si era necesario así lo declararía ante la autoridad”. Lo mismo haría el exdirector Alva Rodríguez.
La exdirectora del archivo refirió que la casona fue derrumbada para construir los juzgados familiares del TSJDF y que, al parecer, los expedientes fueron enviados a las bodegas del Reclusorio Sur.
El remate de la historia que cuenta el exdirector del Semefo es todavía peor: la directora del archivo judicial en 2002 quiso hablar sobre el particular con quien fue la directora del mismo archivo en 1985, “y, según me platicó, su pesquisa fue negativa, puesto que al parecer esa persona actualmente se encuentra trastornada de sus facultades mentales”, por lo que no existen constancias de que los expedientes hayan estado ni en el archivo del TSJDF ni en el Reclusorio Sur.
Aún más, dice que “por el año 1969 o 1970, corrió la versión de que la DFS recogió en todas las dependencias involucradas los archivos referentes y resultantes (de) los hechos del 2 de octubre”. Entre ellos, supone, estaban los del Semefo del Distrito Federal, pero declaró no recordar los nombres de las personas que generaron ese rumor “ni dónde lo escuché”.
En su informe, que apenas y circuló hacia finales del sexenio pasado, la Femospp nada dice sobre la intención del fiscal de dar con esos archivos. Sólo da por hecho que hubo 21 muertos, pero no precisa la manera en que llegó a esa “acreditación plena”.
Para mayor confusión, el reporte publicado a finales de 2006 maneja diferentes cifras. Por ejemplo, en el capítulo IV de los anexos, presenta una lista de 85 muertos relacionados con el movimiento estudiantil: nueve, en hechos anteriores al 2 de octubre; 70 ese día, incluidos dos militares; uno “por hechos posteriores” a esa fecha, y cinco “por otros momentos del movimiento estudiantil”.
Los informes oficiales de entonces, elaborados por la DFS y la también extinta Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS), mencionan incluso cifras de decesos mayores que las que “acreditó debidamente” el fiscal y por las que consignó a Echeverría y a otros ocho exfuncionarios civiles y militares del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Sólo rumores
Una revisión que hizo Proceso de las actas de defunción en el Registro Civil del Distrito Federal indica que, tan sólo por hechos ocurridos “en la vía pública” el 2 de octubre de 1968, se inscribieron 29 decesos con características similares: traumatismo craneoencefálico o toráxico, heridas por proyectil de arma de fuego, congestión visceral generalizada, heridas punzocortantes o conjunto de lesiones. Entre el 3 y el 5 de octubre se registró la muerte de otras 14 personas por motivos parecidos.
Las víctimas mencionadas por la fiscalía forman parte de esos registros y coinciden en su mayoría con los nombres grabados en la estela levantada en Tlatelolco con la leyenda “1968-1993 CNH Adelante!! A los compañeros caídos en esta plaza”, erigida por la exdirigencia del Consejo Nacional de Huelga (CNH).
La cifra es apenas un acercamiento a lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. En su comparecencia ante la fiscalía, José Ramón Fernández Cáceres señaló que recibieron por lo menos una treintena de cadáveres de niños, adolescentes y adultos, tanto de hombres como de mujeres. Precisó que los cuerpos en general presentaban heridas por disparo de arma de fuego y por instrumentos punzocortantes, predominando en la cabeza y el tórax.
Lázaro Hernández Bernal, entonces mecanógrafo del Semefo, declaró a la fiscalía que transcribió los protocolos de las necropsias de los cadáveres que llegaron de la Cruz Roja, los hospitales de urgencias Rubén Leñero, Traumatología de Balbuena, Xoco y La Villa.
Sin embargo, Fernández Cáceres declaró –“sin que me conste”– que en esos mismos hospitales “estas autopsias se realizaban y realizan en los cadáveres de personas lesionadas que en esta calidad ingresaban o ingresan a cada uno de esos hospitales y que en el transcurso de su evolución fallecían en ellos, por lo que desconozco si en octubre de 1968 ingresaron lesionadas a esos hospitales personas procedentes de Tlatelolco y, por consiguiente, que hayan fallecido ahí y hayan sido autopsiados”.
También mencionó el rumor “de que llegó el Ejército al hospital Rubén Leñero y sacó a los lesionados y se los llevó”.En el Semefo, narró, había militares y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, aunque no pudo asegurar que el Ejército hubiera tomado las instalaciones. También refirió la vigilancia por parte de agentes policiales.
El exsubdirector del Semefo, Gilberto Ibarra Mora, quien en esa época era estudiante de medicina y al día siguiente de la matanza acudió al lugar para acompañar a su padre, que era perito médico, declaró a la Femospp en noviembre de 2002 que, además de escribir dos o tres autopsias dictadas por su padre, “vio a un militar de rango (y) un camión militar con lona estacionado atrás del Semefo por donde entraban y salían los cuerpos”.
El informe de la Femospp tampoco aclara si las autopsias a las víctimas se hicieron sólo en el Semefo y mucho menos dejó testimonio de que haya investigado el levantamiento de heridos por parte del Ejército.Por lo que hace a los cuerpos que llegaron al Semefo, Fernández le dijo a la fiscalía que, de acuerdo con la averiguación previa que acompañaba la orden de cada autopsia, los cadáveres habían sido recogidos en la Plaza de las Tres Culturas y trasladados a la Agencia del Ministerio Público.
Mencionó que en total practicaron “alrededor de 30 o 34” autopsias y que la mayoría de los cuerpos ingresaron identificados. Explicó que, en su condición de aprendiz, los médicos le explicaron las causas de algunas de las muertes: “Fíjate muy bien en estas lesiones, ya que en la vida civil difícilmente las vas a volver a ver… son típicas de la vida militar”.
Añadió: “me indicaron que, por la fuerza del choque y las grandes lesiones que presentaban algunos cadáveres en la cabeza, pudiera tratarse de lesiones estando las víctimas tiradas en el piso y por arma punzocortante”.
Recordó que otros cadáveres tenían heridas por proyectil de arma de fuego, pero casi todas esas heridas contaban con un amplio orificio de salida. Si se extrajeron proyectiles, fueron muy pocos.
Refiere el caso de una estudiante que era su compañera en el primer año de medicina, a la cual no identifica: “El perito médico –creo que fue el doctor Pablo Ibarra Gutiérrez– le dijo: ‘Fíjate bien: en la parrilla costal derecha se aprecia en su porción baja una herida por instrumento punzocortante, que puede ser herida de bayoneta, y de ahí se ve un movimiento ascendente de corte que secciona toda la parrilla costal de ese lado, así como los órganos, específicamente el pulmón derecho y en la porción alta del tórax.
“Donde termina el corte se observa un amplio orificio de entrada de un proyectil de arma de fuego que, por su aspecto y su tamaño, puede tratarse de un proyectil expansivo, y alrededor de este orificio se aprecia tatuaje (incrustaciones de granos de pólvora), quemadura y ahumamiento. Todo esto nos sugiere que el primero vino de un ataque de bayoneta, la sección ascendente de las costillas, y a continuación el disparo.”
Mencionó también el caso de un adolescente de entre 12 y 14 años que, a decir del perito, presentaba tres heridas punzocortantes, también presumiblemente hechas con bayoneta, y que por su número y posición, y por haber producido apertura del cráneo, muy probablemente fueron realizadas en forma casi simultánea estando la cabeza del menor apoyada en el piso.
Algunos casos
Las actas de defunción consultadas en el Registro Civil indican que en el Semefo hubo por lo menos 43 muertos por causas parecidas entre el 2 y el 5 de octubre. De ellas, 29 tienen como fecha de defunción el mismo 2 de octubre, ocurrida en “la vía pública” a una “hora desconocida”.
La fiscalía, sin embargo, sólo acreditó 21. Once eran estudiantes, tres de ellos menores de edad:
–Rosalío Marín Villanueva. Estudiante del DF, de 13 años. Vivía en Peralvillo. Murió de traumatismo craneoencefálico. Su padre, Romeo Marín, profesor de 30 años, fue quien compareció ante el Registro Civil.
–Juan Rojas Luna. Estudiante del DF, 15 años. Vivía en Vallejo y murió por herida de arma de fuego e instrumento punzocortante en el tórax. Su padre, Andrés Rojas, empleado de 40 años, acudió al Registro Civil.
–Guillermo Rivera Torres, 15 años, del DF. Era estudiante y vivía en la colonia Michoacana. Fue reconocido por su madre, Elia Torres; su padre, Guillermo Rivera, aparece como finado en el acta de defunción.
–David Miguel Baranda Salas, del DF. Estudiante, 18 años. Vivía en la colonia Independencia. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de tórax.
–Jaime Pintado Gil, del DF. Estudiante, 18 años. Residente del edificio Guanajuato, Tlatelolco. Muerte por herida de proyectil de arma de fuego doble penetrante de tórax y abdomen.
–Ana María Regina Teuscher Kruger, estudiante del DF, 19 años. Vivía en la colonia Escandón. Murió de anemia aguda por hemorragia externa a causa de herida de proyectil de arma de fuego que seccionó el paquete vasculonervioso del cuello. Su defunción fue certificada por su hermano Pablo, de 21 años.
–Rosa María Maximiana Mendoza, estudiante del DF, de 19 años. Tuvo su casa en la colonia Verónica Anzures. Su padre, Aristeo Mendoza, de 40 años, constató en el acta que murió de heridas punzocortantes doble penetrantes de tórax y abdomen.
–Cuitláhuac Gallegos Bañuelos. Estudiante de 19 años, muerto por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de tórax. Vivía en la colonia Reforma Iztaccíhuatl. Compareció ante el registro civil su padre, Aureliano Gallegos, de 45 años.
–Fernando Hernández Chantre, de Atlix co, Puebla. Estudiante de 20 años. Vivía en la colonia Guerrero. Su acta de defunción reporta alteraciones viscerales por heridas por instrumento cortante y cortocontundente penetrante de cráneo. Lo reconoció su hermano David Hernández, de 26 años.
–Jaime Armado Reyes Haro. Estudiante del DF, de 20 años. Vivía en Peralvillo. Murió de herida de proyectil de arma de fuego penetrante de tórax. Sus padres, Armando Reyes, jubilado de 69 años, y Refugio Haro, de 52, testificaron ante el Registro Civil.
–Gilberto Reynoso Ortiz, de Salvatierra, Guanajuato. Estudiante de 24 años que vivió en la colonia Anáhuac. Muerto por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo.
–Leonardo Pérez González, de Huetlaltoyucan, Puebla. Profesor, 29 años. Vivía en Santa María La Rivera. Murió por proyectil de arma de fuego penetrante de tórax. Su defunción la certificó Regina Salgado, profesora de 32 años.
–Carlos Beltrán Maciel, de Culiacán, Sinaloa, era un ingeniero químico, de 29 años. Vivió en Coyoacán. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de tórax.
–Cornelio Benigno Caballero Garduño, de Chapa de Mota, estado de México. Machetero, de 18 años. Vivía en la colonia Michoacana. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de tórax y vientre.
–Luis Gómez Ortega, del DF, radiotécnico, de 23 años. Vivió en Ixtacalco. Herida por proyectil de arma de fuego con sección medular. Acudió al Registro Civil su padre Roberto Gómez, pintor, de 46 años.
–Cecilio de León Torres, de Durango. Radiotécnico de 24 años, vecino de Tlatelolco. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo. Al Registro Civil acudieron Pablo de León, de 59 años, y Francisco de León, de 29 años. Ambos albañiles.
–José Ignacio Caballero González, del DF. Fue empleado particular. Murió a los 36 años por proyectil de arma de fuego penetrante de tórax. Vivía en Tlatelolco.
–Antonio Solórzano Gaona, de Querétaro. Tenía 42 años y era empleado, vivía en la colonia El Rastro. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo.
–Jorge Ramírez Gómez, de San Juan del Río, Querétaro, de 59 años. También vecino de Tlatelolco. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo.
–Agustina Matus Contreras, de 60 años, originaria de Mérida, Yucatán. Murió por herida de proyectil de arma de fuego. Vivía en la colonia Reforma Iztaccíhuatl.
–Reynaldo Monsalvo Soto, de Huexo tla, Estado de México. Era un corredor de bienes, de 68 años. Vivía en Texcoco. Su muerte fue por conjunto de lesiones.
En las mismas fechas –del 2 al 5 de octubre– hay actas en el Registro Civil que dan cuenta de muertes similares y que la fiscalía soslayó. En su mayoría se trata de trabajadores. Fueron los casos de Salvador Nájera Villafuerte, estibador de 35 años, originario del DF, y de Carmen Juárez Pérez, también del DF, y que a sus 22 años era recamarera.
También los de José Cruz Bonilla Vallarta, mesero de 36 años, de Pachuca, Hidalgo; Gloria Valencia Lara, del DF, comerciante de 38 años; Manuel Nájera Oviedo, del DF, empleado de 24 años; Ramón Horta Ortiz, del DF, barnizador de 21 años, y Petra Martínez García, de 15 años, trabajadora doméstica que vivía en Tlatelolco y cuya muerte fue reconocida en el Registro Civil por Saturnino Martínez, un campesino de 35 años. Caso similar fue el de Berta Cardona Tafoya, de Jungapeo, Michoacán, trabajadora doméstica de 19 años.
La fiscalía tampoco reconoció la muerte de Alejandro Felipe Carvajal Galán, estudiante del DF, de 15 años y vecino de Tlatelolco; Marcelino Campos Flores, estudiante de 12 años; Antonio Flores Tovar, de Pachuca, Hidalgo, empleado federal de 52 años; Adolfo Pablo Delgado, carpintero de 60 años, originario de Silao, Guanajuato, ni la de Alfonso Avilés Balbuena, pensionado ferrocarrilero de 68 años, originario de Temalcatepec, Estado de México.
Proceso 04/10/2009
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