Atrapan en Ensenada a socio de “El Chapo” Guzmán

Miércoles 20 de Abril de 2011 13:33


Ensenada, B. C. - Un presunto narcotraficante y prestanombre ligado a la organización delictiva de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo Guzmán", fue detenido en esta ciudad por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

Según datos difundidos por la dependencia federal, la detención de Antonio Valenzuela Aguilar, se dio en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por un juez federal a solicitud de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

De las investigaciones se determinó que Valenzuela Aguilar se dedicaba a crear empresas "fantasma" con nombres falsos, mediante las cuales realizaba la compra-venta de buques pesqueros dedicados al tráfico de droga desde Centro y Sudamérica a México vía marítima.

Autoridades federales sostuvieron que la localización del presunto narcotraficante se dio como resultado de trabajos de inteligencia naval derivados de la captura de Felipe Zurita Cruz, otro miembro de esta organización criminal.

Refirieron que durante la detención de Zurita Cruz se logró el aseguramiento de 7 buques pesqueros en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, el pasado mes de enero.

Autoridades navales indicaron que Antonio Valenzuela Aguilar fue trasladado ayer a la ciudad de México, para ser puesto a disposición de la Siedo.

Zurita pieza clave

El pasado 7 de enero, Felipe Zurita Cruz alías "Reynaldo Sánchez Marroquín", fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina en Mazatlán, Sinaloa en cumplimiento a una orden de aprehensión girada por un juez federal bajo la causa penal 206/2010-IV.

El presunto integrante del Cartel de Sinaloa fue directamente vinculado con el líder del grupo de Joaquín Guzmán Loera alías "El Chapo Guzmán".
Era rastreado por el personal de la Armada de México desde diciembre del 2010, ya que se le identificaba como uno de principales organizadores de la red de tráfico de drogas por la vía marítima del Cartel de Sinaloa.

Zurita Cruz fue directamente relacionado con los aseguramientos de cocaína realizados por la Armada de México a bordo de los buques "Caracol III" y "Juan Alejandro" en septiembre de 2008, y "Polar I" en febrero de 2009.

Tras su captura, Zurita Cruz fue trasladado a la Ciudad de México donde quedó a disposición de la Siedo.

Represalias contra Clouhtier por denunciar que Calderón protege a "El Chapo"

Álvaro Delgado

MEXICO, D.F., 18 de febrero (apro).- En represalia por haber afirmado que el gobierno de Felipe Calderón protege al cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín “El Chapo” Guzmán, la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN) exigió a Manuel Clouthier retractarse de esas declaraciones o dejar la diputación federal a su suplente.

“No tengo por qué renunciar por esas declaraciones”, respondió el hijo del candidato presidencial del PAN en 1988, Manuel Clouthier, y reiteró que los sinaloenses saben que la “guerra” que declaró Calderón al crimen organizado no ha llegado a Sinaloa, tal como lo declaró al semanario Proceso en su edición de esta semana y que concitó la furia de los dirigentes de ese partido.

De hecho, en la sesión plenaria de la bancada del PAN, un grupo diputados afines a Calderón, entre ellos el propio presidente nacional, César Nava, y la coordinadora, Josefina Vázquez Mota, planteó que se exija a Clouthier retractarse de sus declaraciones o solicitar licencia a la diputación.

Clouthier, quien informó a Proceso que decidió no buscar ser candidato del PAN a gobernador de Sinaloa, fue calificado de “traidor” por diputados afines a Calderón, a quien el legislador censuró por no combatir al narco en Sinaloa, ni a la “camarilla mafiosa” que lo gobierna.

“El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el cártel de Sinaloa. ¡Eso es evidente! ¡Y si nos preguntan a los sinaloenses es más evidente!”, declaró Clouthier.

Harto de promesas incumplidas y de la arrogancia gubernamental, el diputado federal responsabilizó directamente a Calderón de no atacar la “narcopolítica” en Sinaloa:

”Eso significa que nos va a costar a los sinaloenses generaciones enteras porque un cabrón irresponsable, y digo irresponsable porque es su responsabilidad, no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato.”

Estas declaraciones, que forman parte de la entrevista publicada por el semanario, hicieron que el vicecoordiandor Julio Castellanos, michoacano como Calderón, hiciera pública la exigencia a Clouthier de dejar su curul a su suplente.

--Le piden que se retracte.

--¿De qué quiere Julio Castellanos que me retracte? ¿De que Sinaloa es un mugrero? De eso no me voy a retractar.

Añadió: "Mis comentarios no se pueden tomar como una deslealtad, y lo que digo es una exigencia a título de mi representación de los sinaloenses. Que me reclamen los sinaloenses", expresó.

--¿Dejaría la bancada?

--Lo que tendríamos que hacer es platicar. Plantear que tengo que renunciar por estas declaraciones se me hace atrevido, cuando en el PAN lo que menos se ocupa es ser oficioso. Aquí urge el diálogo.

Proceso19/02/2010

CNDH: de la omisión a la complicidad

RICARDO RAVELO

En 2000, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco recibió una queja: funcionarios del penal federal de Puente Grande presionaban a un grupo de custodios para que se integrara al “equipo” que, en vez de cuidar, atendía, entre otros capos del narco, a El Chapo Guzmán. Su presidenta, Guadalupe Morfín, le informó a la CNDH, cuyos visitadores fueron a Puente Grande, pero sólo para sumarse a las presiones contra los denunciantes. Enterados también de esto, nada hicieron José Luis Soberanes y su equipo, en el cual estaban los actuales candidatos a ombudsman, Raúl Plascencia y Mauricio Farah. En enero de 2001, ya con Fox en la Presidencia, ocurrió la fuga del capo sinaloense.
Altos funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), todos ellos colaboradores del ombudsman José Luis Soberanes Fernández, estuvieron bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por acallar a cinco custodios que, desde 2000, denunciaron la corrupción y las complicidades tejidas en el penal federal de Puente Grande, Jalisco, que facilitaron la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
Según la averiguación previa 070/DAFMJ/2001, integrada al expediente relacionado por la evasión de Guzmán Loera, los visitadores Joel René García y José Mario Severiano Morales presionaron a los custodios Salvador Moreno Chávez, Claudio Julián Ríos Peralta, Felipe Leaños Rivera y Francisco Javier Vázquez Rolón con un objetivo: que se desistieran de sus quejas sobre las presiones que recibieron para incorporarse a la red de servicios de El Chapo Guzmán, Arturo El Texas Martínez Herrera y Héctor El Güero Palma.
Los visitadores dependían de José Luis Soberanes y, técnicamente, de José Antonio Bernal Guerrero, el tercer visitador, quien falleció en septiembre de 2005 en un accidente aéreo en el que también murió el entonces secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta.
De acuerdo con las investigaciones, de la corrupción que minó la seguridad de Puente Grande, así como del “trabajo sucio” realizado por los visitadores, estuvieron enterados en aquel entonces Raúl Plascencia Villanueva y Mauricio Farah Gebara, dos de los más fuertes candidatos para relevar a Soberanes Fernández en la presidencia de la CNDH. El primero fungía entonces como segundo visitador, en tanto que Farah despachaba como administrador de la comisión.
Los primeros reportes sobre la forma en que Guzmán Loera corrompía a los funcionarios de esa prisión, entre ellos al director, Leonardo Beltrán Santana, se conocieron desde enero de 2000, aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), entonces a cargo de María Guadalupe Morfín Otero, no los reportó a la CNDH ni a la PGR, sino hasta el 20 de enero de 2001, un día después de la fuga del capo sinaloense.
En su denuncia de hechos, Morfín expuso que, el 4 de enero de 2000, un oficial de prevención del penal de Puente Grande, al que luego se sumaron otros, presentó una queja ante la CEDHJ “por hostigamiento laboral, debido a que no cedían a peticiones institucionales para corromperse“. Por ser de competencia federal, la denuncia fue turnada a la CNDH, según explicó. Narra Guadalupe Morfín:
A lo largo del 2000, como lo compruebo con los oficios que anexo, hice varias gestiones para que la queja no se archivara como asunto meramente laboral. Mi insistencia obedeció a que consideré que el asunto debía ser calificado como un hecho presuntamente violatorio de los derechos humanos…
En sucesivas ocasiones los quejosos nos hicieron parte de su preocupación por no ser oportunamente atendidos en la CNDH y externaron desde un inicio su petición de que el asunto fuese tratado de forma confidencial para resguardar su integridad física. Esta última petición no fue respetada por la CNDH.
Las presiones que ejercían el capo Guzmán Loera y su grupo para gozar de privilegios en Puente Grande, según la denuncia de Morfín Otero, se conocieron en la Secretaría de Gobernación, pero los cambios que sus funcionarios prometieron –expuso la comisionada de Jalisco– fueron temporales, pues “inmediatamente tomaron el control los jefes del narco recluidos en diversos módulos”.
Como se iban agravando las condiciones de inseguridad en el penal, y debido a que la vida de los denunciantes corría peligro, Guadalupe Morfín señala en su denuncia que buscó con urgencia al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, pero no lo encontró. Sin embargo, le dejó un recado con el coordinador de asesores, Mauricio Ibarra.El 15 de enero de 2000, integrantes de la CNDH, entre ellos el visitador Joel­ García, acudieron al penal de Puente Grande y llamaron al custodio Julián Ríos Peralta, uno de los quejosos; le pidieron que los llevaran con los otros denunciantes.
Según Morfín, los custodios fueron reu nidos en las oficinas de Beltrán Santana, el director del penal –personaje clave en la fuga de El Chapo Guzmán– y allí los visitadores exigieron a los denunciantes “que se desistieran de la queja”.Durante el día –dice Morfín– aumentaron las presiones. Los custodios fueron segregados uno por uno hasta altas horas de la madrugada, y tanto los visitadores como las autoridades del penal utilizaron “la tortura psicológica. Los querían hacer titubear. Era evidente, dijeron los quejosos, la molestia de los visitadores de la CNDH porque los custodios acudieron a la CEDHJ”.
El poder de Guzmán Loera
En sus respectivas quejas, los custodios alertaron a las autoridades federales del poder que ejercía Guzmán Loera en Puente Grande. El custodio Felipe Leaños, por ejemplo, dijo que hizo del conocimiento de las autoridades del penal la introducción de productos prohibidos, como dulces, carne seca y vitaminas, en beneficio del narcotraficante Martínez Herrera.
También dijo que quien estaba involucrado en ese tráfico era “el nuevo subdirector”, Dámaso López Núñez, pero todos se coludieron para que las cosas siguieran como estaban.
Claudio Julián Ríos Peralta, otro de los custodios, denunció que el 29 de octubre de 2000, al terminar su servicio diurno como oficial de prevención en el área de Conductas Especiales, fue abordado por el oficial Miguel Ángel Godínez Cárdenas, quien le dijo que tenía un asunto importante que tratar con él.
Relata el custodio que “se refería a la cooperación hacia ciertos internos, entre ellos Arturo Martínez Herrera, El Texas; Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y Jesús Héctor Palma Salazar, El Güero”.
Ríos Peralta dijo que, según le comentó Godínez Cárdenas, dichos servicios “eran considerados como privilegios pequeños” que no comprometían a nadie y a cambio se recibía una gratificación por cada uno, “que todo esto no era con plan chingativo, que él recibía la encomienda de los comandantes y que existía línea para hacerlo…”. Agrega:Posteriormente y en diferentes ocasiones me abordaron los comandantes Marco Antonio Fernández Mora y Pedro Pulido Rubira. Me trataron de sorprender con supuestas condiciones que según yo ya había aceptado, pero al no darles una respuesta me enviaron con el comandante de compañía Juan José Pérez Díaz, quien de manera verbal expuso estas irregularidades como un plan de trabajo para que yo aceptara.
Le manifesté que me lo hiciera por escrito ante todo el grupo de oficiales y que justificara las gratificaciones si era cierto que existía línea de tan arriba como decía. No me resolvió y trató de sorprenderme de nuevo entrevistándose de nuevo con otros oficiales que no aceptaron la propuesta de corromperse, y son Rafael González Barajas, Mario González López y Juan González Caudillo, haciéndome creer que ellos ya habían aceptado, situación que después se demostró que era falsa.
Por si fuera poco, los mismos servidores públicos involucrados en estos actos de corrupción establecen como fecha límite para que todos participemos en los actos ya mencionados el 20 de noviembre de 2000, argumentando que cuando llegue la transición del primero de diciembre del gobierno federal no encuentre problemas y podamos continuar todos laborando de manera normal.
Joaquín Guzmán Loera, jefe del cártel de Sinaloa, se fugó del penal de Puente Grande el 19 de enero de 2001, 29 días después de la llamada “fecha límite” a la que se refiere Ríos Peralta.
Otros tres custodios rindieron su testimonio sobre la corrupción en Puente Grande, el 9 de noviembre de 2000, ante Néstor Orellana Téllez, visitador adjunto de la CEDHJ. Le pidieron omitir sus nombres, pero según su declaración, a la que este semanario tuvo acceso, todos los funcionarios del penal estaban ligados al narcotráfico y, en particular, a Joaquín Guzmán Loera. Relataron:
Constantemente los comandantes Jacinto Bello Sacarrubias, Miguel Ángel Godínez Cárdenas, Marco Antonio Fernández Mora, Juan José Pérez Díaz, Jesús Becerra Reyes, Jesús Candelario Castillo, entre otros, nos han ofrecido integrarnos a actos de corrupción, para lo cual nos han querido presentar ante los jefes, que son los internos Jesús Héctor Palma Salazar, Joaquín Guzmán Loera y Arturo Martínez Herrera.
Las presentaciones ante ellos son con el fin de que nos conozcan y sepan que vamos a subordinarnos a ellos para seguir sus reglas, las que consisten en no ver ni escuchar nada, es decir, permitir que gocen de privilegios, como deambular libremente sin vigilancia dentro de los módulos, acceso a licores y vino, ingreso de mujeres a la hora que los internos lo requieran, celdas con lujos y comodidades, teléfonos celulares y que no se les hagan revisiones a sus celdas. Que si aceptamos ingresar al equipo de trabajo, nos darán por sólo ese hecho 2,500 pesos a (los) oficiales y 1,000 a los vigilantes…
Como en todo momento nos hemos negado a aceptar las proposiciones de los comandantes que están coludidos con los internos para corromper el sistema de readaptación dentro del Cefereso 2, nos han intimidado de manera insistente a los compañeros Manuel García Sandoval, José Luis García Gutiérrez y Celso Alberto Cárdenas Hernández, entre otros, quienes fueron agredidos de manera brutal por no acatar las órdenes de los internos que se mencionaron.
Maniobras de la CNDH
Los testimonios sobre la corrupción en Puente Grande –que, como después se supo, formaba parte del plan de fuga de El Chapo Guzmán– llegaron a la CNDH. El expediente fue manejado por uno de los funcionarios de mayor confianza de José Luis Soberanes, el tercer visitador José Antonio Bernal Guerrero, quien a través de los visitadores Joel René García y José Mario Severiano comenzó a presionar a los custodios para que se desistieran de sus quejas.El primer paso, según la investigación de ese hecho, fue tratar el caso como un asunto laboral. A través del oficio 012965, fechado el 4 de mayo de 2000, Arturo Peña Oropeza, quien fungía como director general en la CNDH, le informó al custodio Felipe Leaño lo siguiente:
Por instrucciones del licenciado José Antonio Bernal Guerrero, Tercer Visitador de esta Comisión Nacional, me permito informarle que de la lectura de la primera parte de su escrito se desprende que (su caso) se trata de un asunto de carácter laboral.
Los visitadores que José Luis Soberanes envió a investigar la corrupción y las presiones que padecían los custodios de Puente Grande en todo momento trataron de desviar las denuncias, según acusaron los propios quejosos en otros testimonios, donde agregan que su identidad fue revelada por los funcionarios de la CNDH, poniendo en riesgo sus vidas.
El custodio Salvador Moreno Chávez cuenta cómo los visitadores de la CNDH Joel García y José Mario Severiano lo presionaron para que se desistiera de su denuncia. El 15 de enero de 2001, cuatro días antes de la fuga de El Chapo Guzmán, narró:
Me decían que era muy difícil comprobar esos hechos… Traté de hacerles entender que la situación era más compleja, que los hechos de la queja se habían agrandado… Les pregunté qué tipo de información necesitaban para actuar; ellos me dijeron que era muy difícil de comprobar todo, que por qué no me desistía, que por la gravedad de los hechos podía desistirme y que quedaría archivada la queja.
Mencionaron los visitadores que era fuera de lo común que la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos hubiera hecho caso con las quejas porque los señalamientos que hacíamos eran muy generales y sin pruebas, que de la lectura de los mismos se desprendía muy poca credibilidad…
Según el testimonio de Moreno Chávez, los visitadores de la CNDH los pusieron en evidencia ante el director de Puente Grande, Leonardo Beltrán Santana –a quien posteriormente se ligó con el plan de fuga de Guzmán Loera–, y otras autoridades de la prisión relacionadas con el narcotráfico.
Expuso que las entrevistas con los visitadores se llevaban a cabo en las oficinas del director, por lo que pronto fue visto por “los custodios corruptos como el ‘dedo’ que los señalaba”.
Felipe Leaño Rivera, compañero de Moreno Chávez, relató que los visitadores le dijeron que tres de sus compañeros ya se habían desistido de sus quejas y le sugirieron hacer lo mismo. Además:
Me cuestionaron de por qué no había hecho del conocimiento de las autoridades del penal las irregularidades, a lo que les dije que no les tenía confianza, ya que la mayoría de las veces, cuando había visita externa (de la CNDH), siempre había conocimiento de las autoridades penitenciarias con mucho tiempo de anticipación.
Finalmente les mencioné que con los compromisos que existían entre el personal con los internos, principalmente con El Chapo Guzmán y con El Güero Palma, mi mayor temor era que alguno de estos internos, con las facilidades que se les daban, se fugara. Luego los visitadores le dijeron que él había sido el único que se había esperado, pues el resto de sus compañeros se habían ido, por lo que le comentaron que por esa falta de interés no progresaban las quejas.En mi opinión, esta situación de que los visitadores de la CNDH nos confrontaron con las autoridades (del penal) fue algo muy comprometedor, ya que se dieron cuenta de que éramos nosotros los de las quejas, a pesar de que durante todo el proceso les enfatizamos que se guardara nuestra confidencialidad sobre los hechos, poniendo en riesgo nuestra integridad personal.
Los custodios Francisco Javier Vázquez Rolón y Samuel Ramos Gutiérrez también relataron, por separado, que los visitadores de la CNDH los presionaron para que se desistieran de sus denuncias y que en todo momento los confrontaron con los funcionarios coludidos con El Chapo Guzmán y El Güero Palma.
Tal como lo advirtió el custodio Felipe Leaño, Joaquín Guzmán Loera se fugó del penal de Puente Grande el 19 de enero de 2001. Meses antes, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, tuvo conocimiento de las condiciones de ingobernabilidad que imperaban en el penal de Puente Grande y que fueron desoídas por las autoridades federales. “Las anteriores autoridades de la CNDH tenían amarradas las manos para no hacer nada”, dijo el 24 de julio de 2001, al referirse a la fuga de El Chapo Guzmán.
Por medio de Guadalupe Morfín, Soberanes también estuvo informado sobre las irregularidades de sus visitadores. A través del oficio P/CEDHJ/46/2001, fechado el 18 de enero de 2001 –un día antes de la fuga del capo sinaloense– Morfín le manifestó su inconformidad por la decisión de la CNDH de archivar la queja de los custodios por considerarla un asunto laboral. En ese mismo oficio Morfín expuso:
El 16 de enero de 2001, según refieren los quejosos, después de haber sido aislados por separado cerca de tres horas, aproximadamente a las 20:00 horas fueron llamados cada uno, de manera individual, a la dirección de ese centro federal, en donde se encontraban el director, Leonardo Beltrán; el subdirector jurídico, Dorantes Paz; el director de Prevención de la Secretaría de Gobernación, Enrique Pérez, y los dos visitadores de la CNDH, quienes permitieron que los sometieran a un interrogatorio intensivo.
Confrontándolos de manera directa con las autoridades y evidenciando ante todo el personal que ellos pusieron una queja, poniéndolos con esta situación en grave riesgo, ya que según lo manifestaron ahora todo el personal e incluso los internos, saben que ellos interpusieron una queja denunciando los actos de corrupción que ahí se dan.
Todo esto, a pesar de que en múltiples ocasiones se insistió en que se debía preservar en confidencialidad los nombres y datos de los quejosos para evitar riesgos…Esto no ocurrió y de la manera más burda estos visitadores de la CNDH los confrontaron con quienes precisamente solapan y promueven esos actos de corrupción.
En su libro Maxima seguridad, editado en noviembre de 2001, el fundador de Proceso, Julio Scherer García, relata:La víspera de la escapatoria, el 18 de enero de 2001, comisionados de Derechos Humanos visitaron el penal. No miraron sus ojos apacibles el mar encrespado. La mañana de la jornada crucial, Jorge Tello Peón, subsecretario de Seguridad Pública, tampoco observó desorden alguno.
Paseó por las instalaciones y no lo alcanzó el olor podrido. –¿Salió El Chapo por la complicidad de muchos o porque algún grande lo dejó salir? –le pregunto a Zulema Hernández, de cuerpo que cimbra.
–Me parece obvio que la gente grande no irá directamente al penal. Pero yo estaba con él cuando le avisaron que habían llegado a verlo. Yo me salí del cuarto para que pudieran hablar. Platiqué después con Joaquín. Me habló de la extradición. Me dijo que no quería que lo extraditaran. Pienso que para entonces ya había algún consentimiento.
Proceso 01/11/2009

Los narcos suelen respetar a la Iglesia: obispo Berlié

“Soy sordo y mudo”, asegura el arzobispo de Durango

*El Episcopado niega que jerarcas católicos hayan sido amenazados

Carolina Gómez Mena

Durante la inauguración de la 87 asamblea general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el arzobispo de Yucatán, Emilio Berlié, dijo que a la Iglesia católica, y en general a los hombres y mujeres consagrados, los narcotraficantes los “suelen respetar mucho” debido a que “somos representantes de Dios”.

En el acto litúrgico realizado en la Basílica de Guadalupe, en el que México fue consagrado al Espíritu Santo, los participantes descartaron que deba haber protección especial para los prelados que laboran en zonas en las prevalece el narcotráfico, y reconocieron que los fieles católicos les han confiado que se han visto afectados por el crimen organizado. Los temas de la inseguridad y la amenaza del narcotráfico predominaron en esta sesión inaugural.

A su vez, Héctor González Martínez, arzobispo de Durango, quien hace unos días dijo que “todos saben dónde vive Joaquín El Chapo Guzmán, excepto las autoridades”, comentó: “Soy sordo y mudo”. Apuntó que hasta ahora no ha sido requerido por las autoridades ni ha recibido ningún tipo de amenaza.

En general, los jerarcas católicos negaron que alguna vez hayan sido hostigados por los capos de la droga. Sostuvieron que hay preocupación entre sus feligreses por la inseguridad e insistieron: “Hace falta mayor seguridad y, sobre todo, paz”.

En su oportunidad, Berlié aclaró que el hecho de que los narcotraficantes respeten a la Iglesia no significa que exista una relación entre ésta y esos grupos, y coincidió con la mayoría de los consultados en que no ha sido amenazado ni él ni los clérigos de su arquidiócesis. En el mismo sentido se expresó Mario Espinosa Contreras, obispo de Mazatlán.

Por su parte, Salvador Rangel, obispo electo de Huejutla, Hidalgo, quien por ahora asiste a municipios de Guanajuato y Michoacán, dijo no tener problemas sobre intimidaciones y acotó que la vida de los sacerdotes debe protegerse como la de cualquier otro ciudadano. “Todos estamos en este peligro y por eso hemos querido encomendarnos al Espíritu Santo.”

A su vez, el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, expuso que el país no sólo tiene problemas económicos, sino también de seguridad, aunque precisó que en su arquidiócesis no se sabe de amenazas de grupos delictivos a miembros del clero, mientras Javier Navarro Rodríguez, obispo de Zamora, descartó que deba brindarse protección especial a los prelados que viven en zonas dominadas por el narco. “La protección la debe brindar el gobierno a todos los mexicanos.” Suceda lo que suceda, expuso, “la Iglesia seguirá predicando el evangelio y si hay alguna persecución por ello, pues bienvenida: Jesús también fue perseguido por predicar la verdad”, asentó.

En su turno, Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia, dijo que en las actuales circunstancias de inseguridad los prelados “debemos tomar precauciones, no dejarnos engañar y ser prudentes para actuar, porque los sacerdotes recibimos muchas veces confidencias de la gente y, si hay en algún momento certeza de una amenaza, confiar en la intervención de las autoridades, aunque desgraciadamente a veces éstas no tienen la suficiente capacidad”.

Carlos Aguiar Retes, presidente del Episcopado Mexicano, señaló que la presencia del mal en la historia ha sido repetitiva y cíclica. Añadió que “como esfuerzo de sobrevivencia se justifica defendernos de los injustos agresores, de mafias que han caído en la tentación por obtener dinero y poder para su pequeño grupo, dejando de lado a los demás prójimos a los que solamente utilizan según sus intereses”. Y planteó: “¿Cómo puede renacer este país estando ya tan habituado a convivir con la corrupción?”

“Adelante de Guanaceví vive El Chapo; todos lo sabemos”: arzobispo de Durango

De la corresponsalía

Durango, Dgo., 17 de abril. Adelante del municipio norteño de Guanaceví vive Joaquín El Chapo Guzmán, “todos lo sabemos, menos la autoridad”, afirmó Héctor González Martínez, arzobispo de Durango, durante una conferencia de prensa para anunciar la Marcha de oración por la paz, este sábado.

Esta semana, el jerarca católico mencionó la zozobra y el pánico con que viven los habitantes de varias regiones de la entidad, incluida una parte de Zacatecas, hasta donde abarca la arquidiócesis que preside.

Este viernes, en la conferencia González Martínez insistió en la inseguridad. Sin mayores detalles, señaló que en dos regiones de Durango se encuentran grupos armados que atemorizan a los lugareños.

En los límites con Zacatecas, desde San Andrés del Teo, en Chalchihuites, pasando por los municipios duranguenses de Súchil, Vicente Guerrero, Villa Unión y Guadalupe Victoria, opera un grupo denominado La Familia Michoacana, que tiene amenazados a los ciudadanos y sacerdotes de la zona.

“No sé de dónde vengan; yo pensaba que venían de Michoacán, Jalisco o Zacatecas, pero me dicen que vienen por Coahuila, entonces no lo sé, pero de todas maneras hoy día es la región más asediada por La Familia”, explicó.

En el norte del estado, prosiguió el prelado, en los municipios de Santa María El Oro, San Bernardo y Guanaceví opera otro grupo delictivo.

Agregó: “más adelante de Guanaceví, por ahí está El Chapo, por ahí vive, pero bueno, todos lo sabemos, menos la autoridad”.

Aclaró que no ha acudido con las autoridades para denunciar lo que ha visto, porque él hace la exhortación para que las mismas autoridades, los periodistas y toda la sociedad se enteren.
–¿No ha hecho denuncia? –se le preguntó.

–Todos estamos muy convencidos de que no tiene mucha eficacia –respondió.

Sobre la Marcha de oración por la paz este sábado, comentó que si bien “una golondrina no hace verano”, es necesario insistir en la sociedad sobre la necesidad de alcanzar la armonía.

El procurador de Justicia estatal, Daniel García Leal, dijo desconocer las declaraciones del arzobispo pero respeta los señalamientos del jerarca católico.

Únicamente señaló que la corporación que preside realiza las investigaciones de las denuncias que recibe sobre delitos del fuero común, que son los que le competen. Zacarías Francisco Cabrera Oliver, delegado de la Procuraduría General de la República en la entidad, no ha querido hablar del tema.

La Marcha de oración por la paz partirá a las 17 horas de este sábado del templo de Analco, rumbo al templo de la resurrección, ambos en la ciudad de Durango.