Prensa amenazada

Álvaro Delgado

En las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón los ataques a la prensa crearon un clima de riesgo para la actividad informativa. Esta es una de las conclusiones de la misión internacional que en abril pasado se reunió en México y documentó –en un informe que hará público en los próximos días– la forma en que los gobiernos estatales y el federal presionan y atacan a los medios que no se autocensuran.
El panorama para ejercer el periodismo en México es grave e inquietante, concluye el diagnóstico obtenido por la misión internacional de 13 organismos no gubernamentales que visitó el país en abril, y cuyo informe sobre la libertad de prensa es categórico desde el título: La sombra de la impunidad y la violencia.
Definido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como uno de los cinco países “con el mayor nivel de delincuencia organizada del planeta”, y donde 24 periodistas han sido asesinados, ocho permanecen desaparecidos y decenas han sido agredidos solamente en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón –como se documenta en el informe –, México padece numerosos obstáculos para la actividad informativa:
“La misión internacional encontró que los principales obstáculos para el ejercicio periodístico libre en México son: el crimen organizado, que ha generado un clima de terror; la corrupción; la impunidad; las agresiones directas por parte de corporaciones policiales y castrenses, y la falta de voluntad política federal y estatal para resolver los ataques contra los periodistas y para garantizar su seguridad.”
La delegación de organismos que documentaron los ataques contra periodistas y medios de comunicación destaca en su informe –que se hará público en los siguientes días y del que Proceso tiene copia– que “prevalece la estigmatización gubernamental sobre el trabajo de los periodistas” y son “frágiles o inexistentes los mecanismos y manuales de prevención y protección para la seguridad de medios y periodistas”.
La delegación en su informe constata –“con mucha preocupación”– que “a pesar de los índices de violencia contra los comunicadores, no existe solidaridad entre los informadores, los medios de comunicación y hacia los familiares de los periodistas asesinados o desaparecidos”. Y califica de “alarmante” el nivel de vulnerabilidad e incertidumbre en que se encuentran las radios comunitarias y sus colaboradores, “que son víctimas de agresiones provenientes, principalmente, de autoridades estatales”.
Un fenómeno que la misión internacional puntualiza en el informe es “una creciente autocensura en los medios de comunicación mexicanos, como consecuencia directa de las tácticas de terror que han implementado las mafias y ante la desconfianza que existe sobre el accionar de las autoridades estatales y federales por su falta de respuesta o por su posible vinculación con el crimen organizado”.
La misión internacional identifica otros dos fenómenos que alientan la autocensura y limitan la prensa libre y plural: “La manipulación, por parte de los gobiernos estatales y federales, del presupuesto destinado a la publicidad oficial, con los que se pretende orientar la información, así como la alta concentración de medios de comunicación en pocas personas o grupos empresariales vinculados a diferentes ramas de la economía y con sectores con enorme poder político, empresarial y religioso”.
En su informe, las 13 organizaciones ubican “uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el gobierno mexicano: la impunidad en los casos de asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas, que representa una de las formas extremas de censura y que se recrudece cuando no existe castigo para los responsables”.
Y subraya: “Funcionarios de alto nivel del gobierno federal han declarado que existe voluntad política para resolver los delitos cometidos contra periodistas. Sin embargo, en los hechos se evidencia que han adoptado pocas medidas eficaces para atender la problemática”.
El propio informe cita a Daniel Cabeza de Vaca, subsecretario de Gobernación y exprocurador general de la República, quien reconoce la incompetencia oficial: “El Estado no ha sido capaz de impedir la impunidad”.

El gobierno, contra la prensa

En lo que la propia misión califica de “hecho sin precedentes”, 13 organizaciones internacionales se reunieron en México para entrevistarse con propietarios y directivos de medios de comunicación, familiares de periodistas asesinados, amenazados o desaparecidos; con organizaciones nacionales e internacionales, así como autoridades federales y estatales de Oaxaca, Guerrero, Sonora, Michoacán y la Ciudad de México.
La misión estuvo integrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Fundación para la Libertad de Prensa, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa, Artículo 19, el Instituto Internacional de la Prensa, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Reporteros sin Fronteras, la Federación Internacional de Periodistas, International Media Support, Fundación Rory Peck, International News Safety Institute y Open Society Institute.
En seis días, la delegación realizó 12 reuniones con autoridades federales y estatales, 13 con grupos de periodistas y siete con directivos y dueños de medios. Recogió testimonios en 26 encuentros con víctimas de ataques a la libertad de expresión, seis de ellas con mujeres y siete con familiares de víctima asesinadas o desaparecidas.
El documento de 38 páginas, concluido apenas la semana pasada, examinó todos los aspectos del ejercicio de la libertad de prensa en México, incluidas las condiciones laborales de los profesionales del periodismo, en especial de las mujeres y de los free lance, que padecen la misma condición de riesgo para ejercer su trabajo.
El informe inicia de manera contundente: “México es uno de los países más peligrosos para periodistas en las Américas. En los últimos ochos años, por lo menos 24 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados, ocho más permanecen desaparecidos y decenas han sido amenazados, intimidados o agredidos en razón de su oficio. La mayoría de las agresiones contra periodistas se encuentra en total impunidad, lo que provoca un estado generalizado de autocensura”.
Dividido en tres “ejes de trabajo” –“seguridad y protección”, “autocensura” e “impunidad–, el informe de la Misión Internacional de Documentación sobre Ataques en contra de Periodistas y Medios de Comunicación alude a la decisión de Calderón de usar miles de soldados contra el narcotráfico: “La militarización ha provocado un incremento en la violencia. Desde 2007, por lo menos 4 mil asesinatos relacionados con el crimen organizado han ocurrido en México”.
Y al repasar la situación actual en los medios, el informe alude a los “seis años oscuros del periodismo”, como definió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al período de Vicente Fox. “La situación no parece mejorar bajo el nuevo gobierno de Felipe Calderón. Desde enero de 2007, al menos ocho periodistas y trabajadores de los medios han caído. En el mismo período cuatro informadores han desaparecido, cifra que se suma a los cuatro reporteros de quienes desde el 2000 se desconoce su paradero”.
Aunque la misión internacional identifica al crimen organizado como la “amenaza más grave y extendida” para el periodismo, no es el único fenómeno que atenta contra el ejercicio del periodismo, sino “también la impunidad, las agresiones directas por parte de representantes del Estado y la estigmatización que ha comenzado a manifestar el gobierno hacia la prensa, actitud que se acentúa con las radios comunitarias”.
En el informe se cita una declaración al respecto de Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos: “La realidad del país es la realidad de la prensa. Con respecto a la libertad de expresión, no veo una luz al final del túnel”.
Si bien en el informe no se alude a las presiones que el gobierno de Calderón aplicó para la salida de Incalcaterra de México, el 23 de mayo, puntualiza que organizaciones no gubernamentales cuestionaron la “poca transparencia” de la remoción.
El informe recoge la inquietud de varios periodistas sobre el clima de terror que genera el crimen organizado, y que a menudo amordaza, pero también por las agresiones del Ejército y las policías.
“La estrategia militar y policiaca de combate al crimen organizado que desarrolla el gobierno federal arroja ya ataques directos a comunicadores. Agentes de esas instituciones han amenazado, agredido y detenido a periodistas locales injustamente.”
Y advierte: “La actuación de las mafias y el método diseñado por las autoridades para enfrentarlas ha puesto en el escenario un nuevo riesgo para el trabajo informativo: la estigmatización oficial a la prensa”.
Un ejemplo de este fenómeno, cita el informe, fue la exigencia que Calderón hizo a los medios, el 13 de mayo, de divulgar las acciones contra la delincuencia en vez de “compartir con los criminales la estrategia de sembrar terror”, pero la estigmatización más grave se dirige contra las radios comunitarias, como el caso de Radio Bemba, de Sonora, sometida a presiones policiacas.
“Dicha estigmatización de los medios de comunicación y de las personas que trabajan para fomentar la libertad de expresión tuvo repercusión directa sobre el trabajo de la misión internacional: el 21 de abril de 2008, en la reunión que sostenían con Juan de Dios Castro, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, el funcionario calificó de ‘enemiga del Estado’ a Aleida Calleja, periodista mexicana y vicepresidenta internacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). Calleja le había preguntado a Castro sobre el caso de las indígenas triquis Teresa Bautista y Felícitas Martínez, periodistas de la emisora comunitaria La voz que rompe el silencio de Oaxaca, asesinadas el pasado 7 de abril. Momentos antes, Castro había declarado ante la misión que el rol de los periodistas es ‘fundamental en la protección de una democracia’.”
Llama la atención que, aun cuando en los anexos se reproduce la carta que las organizaciones enviaron a Calderón para solicitarle una explicación sobre el comportamiento de Castro, el informe no aclara si ésta se produjo ni se informa si se ofreció la disculpa solicitada (Proceso 1647).
Las 13 organizaciones que elaboraron el informe identifican la autocensura como medida de autoprotección ante la violencia, pero consideran alarmante que sea el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, el que la considere una “buena estrategia”, como lo declaró el julio del año pasado.
El informe subraya: “Resulta alarmante que un funcionario de alto nivel del gobierno promueva una política tan nociva para el ejercicio de la libertad de prensa, como un paliativo contra la ineficacia del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos”.
Añade: “La autocensura ha sido aceptada por funcionarios del gobierno federal y de los estados como consecuencia de la impunidad con la que se mueven los criminales, por una justicia que no condena y la incapacidad del Estado por dar garantías de seguridad al trabajo informativo. La CNDH sostiene que ‘la impunidad está institucionalizada’ y la autocensura ‘es su consecuencia’”.
El informe recoge información de periodistas y directivos de medios sobre los “funcionarios del gobierno federal que hacen sutiles indicaciones” para que no se publique información sobre abusos que cometen militares y policías contra la ciudadanía y los informadores.
Pero el informe documenta la forma en que se usa la publicidad gubernamental para lograr la autocensura en los medios, como detalló un periodista no identificado de Sonora, cuyo gobernador, el priista Eduardo Bours, controla la información sobre el narcotráfico en el estado con el presupuesto publicitario:
“Estamos en medio de una guerra entre cárteles. Pero el gobernador amenaza con cortar la publicidad si se sigue informando sobre guerra entre cárteles, y los medios dejan de informar sobre inseguridad para no perder la relación comercial.”

La publicidad como mordaza

Y es que el informe se ocupa del manejo faccioso de los presupuestos gubernamentales en materia publicitaria:
“En México persiste la vieja práctica del control de la pauta publicitaria por parte de los gobiernos federal y estatales, lo que estimula y genera otra forma de autocensura. La misión internacional entrevistó a directivos de medios, quienes detallaron cómo pierden importantes ingresos las empresas periodísticas cuando las autoridades manipulan los recursos destinados a la publicidad oficial y, de forma arbitraria, retiran sus anuncios si catalogan al medio como crítico a la gestión gubernamental. Ante las dificultades financieras que esto genera a los medios de comunicación, muchos optan por la autocensura sobre los temas que molestan a los funcionarios.”
El documento menciona casos concretos de uso faccioso de la publicidad gubernamental en los tres niveles de gobierno: Martín Olguín, editor de El Expreso de Hermosillo, Sonora, relató cómo funcionarios del Congreso del estado condicionaron la entrega de publicidad a cambio de información favorable.
“Juan Angulo, director del periódico El Sur, de la ciudad de Acapulco, Guerrero, afirmó que el gobernador del estado (el perredista Zerefino Torreblanca) le retiró la publicidad después de que el diario denunció irregularidades en la asignación de los recursos del gobierno estatal.
La impunidad es el sello de los crímenes contra periodistas. Inclusive, la fiscalía especial de la PGR no ha sido eficaz en la investigación: de los 136 casos que ha tenido bajo su jurisdicción desde que se creó, en 2006, sólo tres han sido consignados ante un juez.
“La misión internacional corroboró la percepción generalizada entre las víctimas y sus familiares de que sus casos jamás serán resueltos por las autoridades.”
En sus observaciones y conclusiones, la misión internacional hace un llamado para adoptar medidas positivas, claras y contundentes para poner alto a las amenazas, hostigamiento, secuestros y ataques físicos provenientes de distintos actores, estatales y no estatales, que buscan censurar a quienes ejercen, promueven, y defienden el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Entre otras muchas recomendaciones, también apura a fortalecer la fiscalía especial sobre agresiones a periodistas y a instrumentar investigaciones ágiles, transparentes y efectivas de los casos de asesinatos y desapariciones, así como las amenazas de muerte de las que son objeto periodistas y sus familiares.
La misión internacional da la “bienvenida” a la promesa de Calderón de impulsar una reforma para que los ataques, asesinatos y desapariciones de periodistas sean investigados a nivel federal.
Además, exige “detener toda práctica por parte de los gobiernos federal y locales que restrinja las libertades de expresión y prensa, especialmente cuando éstas buscan la independencia editorial de los medios de comunicación a través del uso inapropiado y discrecional de los fondos destinados para la contratación de espacios publicitarios”.
Proceso11/08/2008