domingo, 10 de agosto de 2008

La ejecución

De nada sirvió la batalla legal y diplomática que entabló el gobierno de México para detener la ejecución de José Ernesto Medellín --sentenciado a la pena capital por el asesinato de dos adolescentes en 1993--, ni la orden de la Corte Internacional de Justicia para revisar el caso: el gobierno de Texas aplicó la sentencia de muerte. Fue un acto rápido en el que no hubo expresiones de odio ni de dolor. Presente en la sala de testigos, la enviada de Proceso ofrece detalles de la ejecució

HUNTSVILLE, TEXAS/
AGOSTO 9, APRO

"Okay, estoy listo", dijo José Ernesto Medellín al guardia. Respiró profundamente y fijó la vista en el techo. Tendido sobre la camilla de ejecución, empezó a cerrar lentamente los ojos cuando la primera sustancia --tiopental sódico-- se instiló en su cuerpo para hacerlo dormir. Luego emitió un sonido gutural, semejante a un ronquido prolongado, cuando la segunda sustancia --bromuro pancuronio-- le empezó a paralizar el diafragma y los pulmones. Finalmente una tercera sustancia --cloruro de potasio-- le colapsó el corazón.

"Hora de muerte: 9:57 pm", decretó el médico del penal de Huntsville después de revisar si mostraba signos vitales.

Se cumplió así la sentencia de pena capital contra este mexicano de 33 años, oriundo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, acusado de violar y asesinar en 1993 a Jennifer Ertman, de 14 años, y Elizabeth Peña, de 16, en Houston, Texas.

De igual forma, finalizó una larga batalla legal del gobierno de México, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para suspender la ejecución. Hasta el último momento argumentaron que las autoridades judiciales violaron el derecho de Medellín al no notificar su arresto al consulado de México en Texas.

La ejecución estaba programada para las 6:00 de la tarde del martes 5, pero se retrasó por tres horas 47 minutos debido a que en Washington los magistrados de la Corte Suprema Justicia debatían si otorgaban una suspensión de la sentencia que abriera la posibilidad de revisar el caso.
Aproximadamente a las 21:35 horas, las autoridades del centro penitenciario de Huntsville --también llamado Unidad de Las Paredes-- recibieron la notificación del fallo de la Corte Suprema de Justicia: se ratificaba la sentencia. El último recurso legal se había agotado.

Unos minutos después, un guardia llegó a la celda de Medellín. "Ya es hora", le dijo. Afuera lo esperaban otros guardias, que lo escoltaron durante los 26 pasos que hay entre la celda y la "cámara de la muerte".

Al mismo tiempo, los testigos ingresaron a dos pequeñas salas contiguas a la cámara, separadas de ésta por un grueso cristal transparente. En una de las salas se acomodaron seis familiares y amigos de las víctimas; en la otra, las tres personas que el propio Medellín designó para que lo acompañaran en los últimos momentos. Cinco representantes de medios de comunicación --entre ellos APRO-- fueron distribuidos en ambas salas.

--Medellín estaba tendido boca arriba en la camilla de ejecución. Respiraba profundamente. Parpadeaba. Su rostro y su cuerpo, sin embargo, estaban relajados. En la cabecera, Charles O´Reilly, uno de los jefes de custodios del penal, permanecía parado, en actitud solemne. Cerca de los pies del reo, el "consejero espiritual" Thomas Coll miraba hacia las paredes de ladrillo pintadas de verde.

El reo, en uniforme blanco, estaba cubierto hasta el pecho por una sábana y sujeto a la camilla por bandas de color amarillo.

--¿Desea usted ofrecer sus últimas palabras? --le preguntó el guardia.

--Sí --respondió Medellín con voz tenue, e hizo un leve énfasis con la cabeza.

De inmediato dirigió la mirada al cristal detrás del que se encontraban Randy Ertman y Adolfo y Melissa Peña, padres de las adolescentes que tanto él como cinco miembros de su pandilla violaron y asesinaron hace 15 años.

"Siento mucho que mis acciones causaran dolor. Espero que esto traiga el cierre emocional que están buscando. No odien ni guarden rencor", dijo Medellín en inglés, en voz baja pero segura.

Luego dirigió su mirada al cristal contiguo, tras el cual se encontraban sus abogados Sandra Babcock y Donald Donovan, quienes lucharon por su vida en los tribunales estadounidenses e incluso ante la CIJ. También estaba presente su amiga Sandra Crisp. Medellín le dijo a ella: "Te amo". Y le sonrió. Sus padres Venancio Medellín y María Rojas no asistieron a la ejecución. El mismo les pidió que no lo hicieran.

Medellín le indicó al guardia que estaba listo. Respiró profundamente y otra vez fijó la vista en el techo.

El guardia volteó a la parte trasera de la cámara, donde se encuentran los interruptores de la inyección letal, y dio la indicación con un ligero movimiento de cabeza. Las sustancias letales empezaron a fluir a través de dos sondas con catéteres insertados en ambos brazos de Medellín.

En una de las salas de testigos, Randy Ertman, Adolfo Peña y su esposa Melissa, padres de las jóvenes asesinadas, observaron de pie y en silencio la ejecución. Sus rostros no mostraron dolor ni odio. Se mantuvieron imperturbables. Tres amigos de la familia Peña que se encontraban en la sala veían, también impasibles, cómo se cumplía la sentencia.

Batalla legal

Unas horas antes, los padres de José Ernesto lo habían visitado en la Unidad de las Paredes de Huntsville para despedirse. Dos días antes --el domingo 3-- también habían acudido a verlo, en compañía de su hija Deneida.

Tenían siete años de no verse, ya que en 2001 las autoridades penitenciarias prohibieron las visitas debido a que descubrieron que planeaban la fuga del reo, según contó a APRO Michelle Lyons, directora de Relaciones Públicas del Departamento de Justicia Penal de Texas.

En esta ocasión los familiares "recibieron un permiso especial para estar con él en sus últimos momentos", dijo Lyons, quien mencionó que José Ernesto habló por teléfono con su hermano menor, Venancio, quien purga una condena de 40 años por haber participado en el mismo crimen.

"Medellín no era solamente el hombre acusado de cometer un crimen. Era también el hijo amado, querido por su hija de 16 años, por sus amigos", dijo la abogada Babcock después de la ejecución.
Acusó también al gobierno de Estados Unidos de violar de manera irreparable la Convención Internacional de Viena, suscrita por Washington en 1963, y de no acatar la orden de la CIJ para que suspendiera la ejecución. La mencionada convención obliga a los países firmantes a notificar a los ciudadanos extranjeros detenidos que tienen derecho a contactar a los consulados de sus países de origen.

Junto con el gobierno de México, la abogada llevó el caso a la CIJ en 2003. Un año después, el tribunal internacional emitió el llamado "fallo Avena", que pidió la suspensión de la condena de muerte para Medellín y otros 50 mexicanos sentenciados a la pena capital en Estados Unidos. Pidió además la revisión de todos esos casos.

El fallo fue acatado por la mayoría de los estados de la Unión Americana que contemplan la pena capital en sus leyes. Sin embargo el gobernador de Texas, Rick Perry, advirtió que su estado no aceptaría influencias del exterior. Ello arreció la batalla jurídica y diplomática entre el gobierno de México --quien insistió en que debía cumplirse la orden de la CIJ-- y el de Estados Unidos, quien argumentó que no podía obligar a Texas a acatar el fallo del tribunal internacional.

En febrero de 2005, el presidente Bush envió una carta al estado de Texas en la que pidió la revisión de los casos de los mexicanos nombrados en el fallo Avena. El gobierno de Texas respondió con una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, y ésta decidió en marzo pasado que el presidente se excedió en sus facultades al tratar de obligar a un estado a cumplir compromisos internacionales.

Sin embargo, la Corte Suprema pidió al Congreso federal que legislara en la materia para que los tribunales estatales pudieran cumplir con el fallo Avena y garantizar que en adelante exista el derecho a la notificación consular por parte de ciudadanos extranjeros detenidos en Estados Unidos.

El pasado 14 de julio, legisladores de California propusieron en la Cámara de Representantes la iniciativa HR 6481 "Acto de Implementación del caso Avena 2008".

No fue suficiente para las autoridades de Texas. Anunciaron que no suspenderían la ejecución de Medellín, por lo cual los abogados defensores realizaron una serie de apelaciones. Intentaban retrasar la ejecución para dar tiempo a que el Congreso aprobara el proyecto de ley en esta materia.

El 31 de julio --siete días antes de la fecha de ejecución--, la Corte de Apelaciones de Texas rechazó el recurso de habeas corpus. La juez Cathy Cochran argumentó que nada indicaba que la "violación inadvertida" contra la Convención de Viena "hubiese perjudicado la defensa de Medellín durante su juicio inicial".

Aseveró que "fue realmente un crimen indescriptible cometido por jóvenes brutales, que eran extremadamente peligrosos para cualquiera que se encontrara cerca de ellos", y agregó que, sin importar por cuánto tiempo las cortes del estado, de la nación o de cualquier otro país, revisaran los hechos del crimen, el resultado sería el mismo: la culpabilidad de José Ernesto y de los otros miembros de su pandilla.

A finales de julio, los abogados de Medellín interpusieron ante la Junta de Perdones de Texas un recurso de "clemencia". Pedían que la junta recomendara al gobernador Rick Perry que aplazara por 240 días la ejecución. El lunes 4, los siete miembros de la Junta de Perdones rechazaron la petición por unanimidad.

Al día siguiente la Corte Suprema de Justicia también determinó que no se suspendiera la ejecución. Se pronunció casi a las 10 de la noche, cuando el cumplimiento de la sentencia se había fijado para las 6 de la tarde.

El crimen

"Quiero agradecer al gobernador de Texas por haber hecho justicia", dijo el padre de Jennifer, Randy Ertman, ya fuera de la Unidad de las Paredes, minutos después de presenciar la ejecución de José Ernesto Medellín.

Por su parte, Adolfo Peña, el padre de Elizabeth, declaró que su familia espera "la hora en que Texas ejecute al último de los cómplices" del asesinato de su hija. Se refirió así a Peter Cantú, ciudadano estadounidense de origen mexicano que participó en el crimen y a quien hasta el momento no se le ha asignado fecha de ejecución.

Por el mismo doble homicidio, en junio de 2006 la justicia de Texas ejecutó al afroestadounidense Derrick O´Brian, quien antes de morir pidió perdón reiteradamente a las familias de las víctimas.

Además de Medellín, O´Brian y Cantú, participaron en los asesinatos Raúl Villarreal, Efraín Pérez y Venancio Medellín, el hermano de José Ernesto. Por ser menores de edad, los tribunales texanos condenaron a los dos primeros a cadena perpetua, y al tercero "que entonces tenía 14 años" a 40 años de prisión.

Los cinco eran miembros de la pandilla Black and White. El 23 de junio de 1993 realizaban la ceremonia de iniciación de uno de ellos, Raúl Villarreal, en el parque Tcjester, ubicado en uno de los suburbios de Houston. Cerca de ahí pasaban Jennifer y Elizabeth, que volvían a sus casas después de visitar a una amiga. Para acortar el camino, decidieron atravesar las vías del tren aledañas al parque donde estaba la pandilla.

Al darse cuenta de que iban a ser atacadas, las jóvenes corrieron. Reportes policiacos señalan que Medellín alcanzó a Elizabeth y la derribó en las vías del tren. Jennifer había logrado escapar, pero regresó al escuchar los gritos de su amiga y los otros jóvenes la sometieron.

De acuerdo con los testimonios de los acusados, durante una hora las violaron y golpearon hasta dejarlas casi inconscientes. Después las llevaron a una área boscosa, donde las mataron. Jennifer fue ahorcada con un cinturón. Los pandilleros lo jalaron con tal fuerza que se reventó. Entonces utilizaron las agujetas de los zapatos de sus víctimas para ahorcarlas.

A partir de este doble homicidio el Departamento Correccional de Texas cambió el procedimiento de la pena de muerte: desde entonces ofrece a las familias de las víctimas la posibilidad de presenciar la ejecución de los asesinos.

Los padres de las menores presenciaron en 2006 la ejecución de O´Brian y el pasado martes 5 la de Medellín.

Al concluir este último procedimiento, Adolfo Peña "con el rostro imperturbable" miró fijamente el cuerpo sin vida en la camilla. Luego, con el nudillo de su mano izquierda golpeó ligeramente el cristal de la cámara de la muerte y se dio la vuelta para salir. Fue movimiento rápido como para marcar el fin de una inquietud.

Al salir de la Unidad de las Paredes declaró a los reporteros: "Esta noche se hizo justicia".