lunes, 25 de agosto de 2008

El fracaso, convertido en “show”

Daniel Lizárraga y Ricardo Ravelo

Durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia, realizada el jueves 21, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer un estudio, basado en datos y estadísticas, que contradice el discurso triunfalista del presidente Felipe Calderón en materia de combate contra el crimen organizado. El reporte sostiene que las bandas delincuenciales han sentado sus reales en México y que el mayor de los problemas radica en la impunidad.

Luego de 20 meses de lucha contra el crimen organizado, el diagnóstico en materia de inseguridad revela que el gobierno de Felipe Calderón no ha logrado frenar el avance de la delincuencia. Desde que asumió el poder, en diciembre de 2006, se comprometió a rescatar los espacios públicos y a devolver la paz a la sociedad. Para ello, sacó al Ejército a las calles…

Hasta ahora, sin embargo, el presidente no ha cumplido ninguna de sus promesas, y en lo que va de su mandato son evidentes las fallas y desatinos del gobierno federal. Los datos oficiales muestran que los gobernadores, e incluso el jefe de gobierno de la Ciudad de México, han fracasado tanto en sus intentos por coordinar sus esfuerzos como en la aplicación de estrategias contra el incremento de los hechos delictivos.

Durante la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia, realizada el jueves 21, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio a conocer estadísticas según las cuales los secuestros se incrementaron desde que Calderón asumió la Presidencia. De 727 plagios que hubo en 2006, el número se elevó a 785 en 2007; según la SSP, esta última es la cifra récord de los últimos seis años.

Pese a la contundencia de estos datos que el gobierno mantenía en reserva, el discurso presidencial es triunfalista cuando sostiene que el gobierno ha salido avante en su lucha contra la delincuencia organizada. Esta actitud no ha cambiado a pesar de que la violencia desencadenada por el narco ha cobrado casi 3 mil 500 vidas en lo que va del sexenio.

El 13 de mayo de 2007, Calderón recibió al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para suscribir el Plan Mérida. Ante el mandatario estadunidense, Calderón aseguró que su gobierno ya había hecho la parte que le correspondía en materia de seguridad, al recuperar las calles y las plazas de las garras del crimen.

Y añadió: “Mientras no se reduzca la demanda de drogas en su territorio será muy difícil reducir el suministro en el nuestro”.

En las estadísticas de la SSP consta que durante 2007 las bandas de delincuentes tejieron a su alrededor “una importante base social”.

“Los mecanismos que multiplican sus bases –sostiene el informe de la dependencia federal– están vinculados a ventajas directas e indirectas de la capacidad económica que generan sus estructuras, y con ello obtienen la afinidad social. Además, se ha creado una contracultura donde la delincuencia es sinónimo de éxito.”

De acuerdo con datos proporcionados por la Procuraduría General de la República, muchos secuestros fueron perpetrados por bandas relacionadas con el narcotráfico. Ello demuestra que amplias redes de los cárteles de la droga diversificaron sus operaciones al extender su abanico criminal al tráfico de personas, la piratería, la extorsión y los asaltos, como una forma de financiar sus actividades.

El pasado 21 de febrero, durante una gira de trabajo en Monterrey, Nuevo León, el presidente se atrevió a decir: “Ya le metimos muchos goles al hampa”.

Y agregó: “Si hay tantos enfrentamientos y bajas en el Ejército y las policías es precisamente porque el gobierno los está enfrentando como quizá no los habían enfrentado en mucho tiempo”.
La visión triunfalista de Calderón contrasta con los datos duros del informe de la SSP, que muestran al desnudo el deterioro institucional: “Un número importante de las instancias responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia han padecido un rezago estructural y operativo, circunstancia que ha buscado aprovechar la delincuencia para infiltrar y corromper”.

La guerra

El viernes 22, el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, realizó una visita a Chihua-hua, uno de los estados en donde el crimen y la narcopolítica parecen imbatibles. Ahí, el funcionario se refirió a la amenaza contra la seguridad pública: “Como pocas veces en nuestra historia contemporánea, la sociedad y el Estado mexicanos enfrentan una situación crítica por el embate de las organizaciones criminales y el lastre que representan la impunidad y la corrupción”.

Y reconoció lo que antes negaba: “Las bandas de narcotraficantes nacionales e internacionales se habían apoderado de ciertos lugares del territorio nacional, en los que habían impuesto su ley, incluso poniendo a su servicio tramos completos de instituciones públicas”.

Ante la ofensiva del gobierno calderonista, la delincuencia organizada respondió con el aumento de las ejecuciones, la colocación de decapitados en sitios públicos y el envío de amenazas de muerte mediante pancartas en puentes peatonales, entre otras acciones intimidantes.

Debido a que la violencia y la inseguridad se han enseñoreado en el país, el presidente se empeña en mantener al Ejército en las calles como punta de lanza para controlar a las bandas de criminales y, en especial, a los narcotraficantes.

En todos los lugares que Calderón visitó durante 2007 repitió de manera insistente que, ante la violencia del crimen organizado, su gobierno respondería aun con mayor poderío.

A un año de iniciada la cruzada nacional contra el narcotráfico, el 21 de diciembre de 2007, Calderón rindió homenaje a los soldados y policías caídos en la línea del deber. Durante un desayuno organizado en la Secretaría de Marina advirtió que no habría tregua ni cedería un solo espacio contra la delincuencia organizada.

Y enfatizó: “Los enemigos de México buscan mantener su poder mediante la violencia y la intimidación, pero a mayor violencia, más dura será la respuesta del Estado mexicano para castigarlos”.

El diagnóstico de la SSP va a contracorriente del discurso calderonista y asegura que la impunidad es uno de los mayores problemas de México. “La impunidad –precisa el informe– ha sido un incentivo para la delincuencia, los beneficios por delinquir son mayores que los riesgos y esto hace rentable vivir al margen de la ley”.

Aunque los datos en que se basa el informe de la dependencia corresponden a 2007, la SSP mantuvo bajo resguardo esas cifras que revelan la cara del otro México.

La violencia exacerbada motivó que arreciara la presión mediática –el asesinato de Fernando Martí, el informe de la ONU sobre seguridad y las fuertes protestas de las organizaciones no gubernamentales fueron los detonantes– y en este marco la SSP hizo público su estudio.

Desde hace tiempo, los datos de ese reporte estaban en poder del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien es uno de los integrantes del gabinete más cercanos al presidente. En la sesión del jueves estuvo sentado a la derecha de Calderón, y ambos mantuvieron un constante diálogo sobre cómo sortear el clima de tensión e indignación social. Al procurador Medina Mora lo relegaron a un rincón del pánel.

Formado en los sótanos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), García Luna siempre ha trabajado en el combate a la delincuencia. Durante el sexenio de Vicente Fox fue el creador y primer director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y esta es la primera vez que asume una responsabilidad como secretario de Estado.

Durante su gestión al frente de la AFI, García Luna ganó reconocimiento por haber creado el grupo antisecuestros Yaqui. Uno de sus mayores logros fue la liberación del entrenador de futbol Rubén Omar Romano en septiembre de 2005. Cuando llegó a la SSP, García Luna se trajo a ese equipo, pero tiempo después dijo que no daba resultados.

Hasta 2005, cuando estaba al frente de la AFI, logró bajar el número de secuestros hasta 472 por año. Sin embargo, como titular de la SSP este delito se disparó en 2007, pues pasó de 600 que se registraron en 2006, a 785 casos por año, sin contar la llamada cifra negra, es decir, los casos que no se denuncian.

Pugnas

El gabinete de seguridad, conformado por los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa, Marina y la PGR, entre otros, no ha estado exento de jaloneos y confrontaciones.

En una reunión efectuada a comienzos de mes en Los Pinos, el procurador Medina Mora y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García, se enfrentaron en una discusión ante el incremento de los secuestros en el país (Proceso 1657).

Ese choque puso en evidencia que en materia de seguridad no sólo priva la descoordinación, sino el antagonismo entre los responsables del combate al crimen. Días después, Medina Mora llevó a cabo una purga en la PGR. El titular de Asuntos Jurídicos e Internacionales de esa dependencia, José Luis Santiago Vasconcelos, quien llevaba cerca de 20 años en la institución, presentó su renuncia. Así mismo, el procurador despidió a Noé Ramírez Mandujano, responsable de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). La razón: la falta de resultados.

Sin embargo, Vasconcelos justificó su salida de la PGR: “Decidí hacerme a un lado para que llegue sangre nueva, para impulsar aires nuevos en la Procuraduría”

Poco después de efectuados los cambios se averiguó que varios funcionarios de la SIEDO, entre ellos algunos militares, se encontraban sujetos a proceso acusados de filtrar información a los cárteles de la droga, en particular al de Sinaloa.

Además del aumento de los secuestros y la violencia del narco, la espiral del crimen es todavía más preocupante para el país. Según la SSP el robo de vehículos pasó de 146 mil 808 en 2006 a 163 mil 129 en 2007, lo que representa un incremento de 11 puntos en un solo año.

Algo similar sucede con los asaltos. En el país todos los días se cometen mil 666 atracos; ello significa que durante 2007 se acumularon 606 mil 693 robos. No es todo: por cada 100 mil habitantes se registraron 573 robos, 77 delitos contra la salud, 27 homicidios y siete secuestros.

La SSP resalta que lo más grave es el alto poder de intimidación y corrupción del crimen organizado. El informe explica: “La fuerza de esos grupos está también en la cooptación y en la búsqueda del control social”.

Un ejemplo de lo anterior es el hecho de que México ya esté catalogado como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América, al registrarse 24 periodistas muertos en tres años, de acuerdo con el informe Libertad de prensa: la sombra de la impunidad y la violencia, publicado por una misión internacional que estuvo en México en abril último.

El informe establece: “Del total de denuncias por agresiones contra la libertad de expresión registradas en México, sólo 1% termina en sentencia judicial”. El documento señala que los principales obstáculos para ejercer el periodismo en México son el crimen organizado, que ha generado un clima de miedo; la corrupción, la impunidad y los ataques directos de la policía y de la fuerza militar.

Policías: pobreza y corrupción

Mientras que los narcotraficantes disponen de maletas repletas de dólares para corromper y “feudalizar” instituciones, más de la mitad de los policías estatales y municipales reciben salarios que apenas alcanzan 11 mil 946 pesos mensuales, como en el caso de Tamaulipas, donde opera el cártel del Golfo.

Pero existen otros, como los del estado de Veracruz –donde se asientan Los Zetas– que están en el peor nivel salarial del país: 3 mil 154 pesos mensuales. Otros estados críticos son Guerrero, territorio del cártel de Sinaloa, donde los policías ganan 3 mil 961 pesos al mes, y como consecuencia de ello, se afirma, están al servicio del narcotráfico.

En Yucatán, entidad dominada por el cártel de Juárez y Los Zetas, el salario de los agentes es de 3 mil 900 pesos, de acuerdo con las cifras que reveló García Luna y que están contenidas en el informe titulado Diagnóstico de la seguridad pública en México.

El déficit salarial de los policías es enorme. Tan sólo para cubrir sus necesidades básicas los gobiernos requerirán de mil 46 millones de pesos mensuales. Esta cantidad es similar a la inversión que se realizará en obras viales en el Estado de México para desahogar las rutas localizadas en los límites con el Distrito Federal.

De acuerdo con la tabla sobre déficit salarial de ingresos, la única entidad que ha cubierto las necesidades mínimas de sus 11 mil 953 policías es Baja California, al garantizarles un salario de 11 mil pesos mensuales. Este es el sueldo más alto que puede tener actualmente un policía estatal en México.

Las cifras son todavía más desalentadoras para la gente que decide denunciar un delito. Según el reporte de la SSP, en el país hay un agente del Ministerio Público por cada 6 mil 648 habitantes; mil 852 miembros del Ministerio Público Federal, y a cada uno de ellos les corresponde atender 74 delitos al año. En total, los funcionarios atienden 137 mil 289 casos.

Con todo, este aparato burocrático es insuficiente para atender a la gente que denuncia. Y el propio informe atribuye a este problema, así como a la corrupción policiaca, la evolución criminal. El informe expone: “La masa delictiva relacionada con delitos menores ha evolucionado a estructuras criminales de mayor impacto y violencia”.

Pese a este oscuro panorama, y luego de que el jueves 21 se presentó el diagnóstico sobre los 20 meses de fracaso gubernamental –seguido de la exigencia social de que los funcionarios se pongan a trabajar “o renuncien”–, el presidente Felipe Calderón retomó su discurso triunfalista al afirmar que el país estuvo en riesgo por el crimen, pero que el Ejército mexicano retomó el control territorial perdido frente al poder del narcotráfico.

Proceso25/08/2008