lunes, 25 de agosto de 2008

112 años y medio de prisión

Miguel Ángel Granados Chapa

Ignacio del Valle está condenado a 112 años de prisión por delitos que de ninguna manera se pueden cohonestar, pero también por delitos que no cometió, simplemente porque estaba detenido cuando sucedieron los hechos

Preso desde mayo de 2006, Ignacio del Valle saldrá en libertad en octubre de 2110, cuando cumpla las sentencias que por un total de 112 años y medio le ha asestado la justicia mexiquense. En cada uno de dos procesos resueltos en primera instancia en mayo del año pasado, se le había condenado a 33 años y medio de prisión, y el jueves 21 una tercera sentencia dispuso que pase 45 años encarcelado.


Al haberse dictado este fallo el mismo día en que con pompa y circunstancia se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y teniendo en cuenta que el delito que se castiga de modo tan severo es el de secuestro, tendría que provocar una sensación de alivio en la población, harta de que actos de privación ilegal de la libertad queden impunes. Pero es imposible que las sentencias mencionadas generen satisfacción social porque son aberrantes, ya que no penan con más de un siglo de cárcel a un mercenario que retuviera a sus víctimas por días, semanas, meses hasta obtener sumas cuantiosas, sino que recaen sobre un dirigente social que en dos de los casos juzgados retuvo a funcionarios como parte de una protesta y los dejó en libertad espontáneamente sin por supuesto demandar ni obtener pago alguno por su libertad. En el colmo de la aberración, el tercer proceso se siguió a Ignacio del Valle por hechos en que manifiestamente no participó, pues había sido detenido horas antes de que ocurrieran. De esa manera puede sostenerse que se trata de fallos judiciales animados por la política sectaria que priva en el estado de México, una política facciosa que castiga con exceso a un dirigente conspicuo, y para con ese ejemplo inhibir la protesta social en Atenco y en toda esa entidad.


Del Valle dirigió el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la agrupación que con sus movilizaciones, peculiares por blandir machetes que no se usaron nunca para agredir a nadie, frenó la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en la zona de Texcoco. Puesto que la decisión de no establecer allí la terminal aérea fue asumida por el gobierno federal ante la imposibilidad de emprender una obra de esa magnitud ante amagos de resistencia violenta, las causas penales a que dio lugar la movilización se diluyeron de distintos modos. A partir de entonces, el Frente apareció en toda suerte de protestas, en su comarca y fuera de ella, armados sus miembros siempre de machetes que no lesionaron a nadie. Para el gobierno mexiquense, el de Montiel y el de Peña Nieto, sin embargo, el Frente con Del Valle a la cabeza se convirtió en una presencia incómoda, pues presionaba con fuerza para obtener respuesta a demandas populares, particularmente cuando la gestión normal fracasaba.


El 8 de febrero de 2006, el Frente dialogaría en su comunidad con el secretario de Educación del gobierno estatal, Isidro Muñoz, quien faltó a su compromiso, ausencia que los atenquenses vivieron como un acto de irresponsabilidad desdeñosa. En una reacción ciertamente contraria a la ley, y que no se puede cohonestar de ninguna manera, retuvieron a funcionarios de la administración, incluido un director de gobierno. Pretendieron presionar de ese modo al funcionario a cumplir sus responsabilidades, sin lograrlo. Por esos hechos, y otros semejantes ocurridos el 6 de abril siguiente, se libraron contra Del Valle y otros dirigentes del Frente órdenes de aprehensión por el delito de secuestro equiparado, es decir por algo que se parece a un secuestro, que se le equipara, pero que no es un secuestro según lo entiende todo el mundo.


El 3 de mayo siguiente, el Frente atenquense se movilizó de nuevo en apoyo a una protesta de floristas en Texcoco, reprimida por la fuerza pública municipal y estatal. El brote de violencia evolucionaría en las horas siguientes hasta convertirse en un terrible episodio de represión, cometido por la Policía Federal Preventiva y los cuerpos de seguridad del estado de México. El atentado inmisericorde contra decenas de personas que el 4 de mayo fueron lesionadas, vejadas y aprehendidas ha ameritado una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una investigación constitucional de la Suprema Corte de Justicia, que está en curso. Una de las conclusiones que pueden extraerse de esas indagaciones es que mientras la justicia local se ceba contra los infractores civiles de la ley, ha practicado una lenidad indignante respecto de los uniformados que infringieron las normas que deben acatar, aunque se ha hecho claro que en vez de desobedecer normas de contención de su violencia la ejercieron por órdenes superiores. Ni los de arriba ni los de abajo han recibido sanción alguna por su brutalidad.


Del Valle fue detenido en Texcoco en la mañana del 3 de mayo, de modo que estaba en resguardo policial mientras ese día se suscitaron violentos enfrentamientos entre manifestantes y gendarmes, y permanecía en esa situación durante la noche y la madrugada del día 4. En esas horas, para rescatar a agentes de la autoridad retenidos y maltratados por los pobladores en la cabecera municipal, entraron a saco, en una verdadera blitzkrieg inhumana, las policías federal y local que hasta ahora disfrutan de impunidad. Sobra decir que esta apretada descripción no pretende minimizar la gravedad de la violencia de los manifestantes, que como la de los policías, debe ser castigada. Pero no del modo ilegal en que se hace con Del Valle, acusado de delitos que no cometió.


Reforma25/08/2008