MARCO APPEL
BRUSELAS (apro).- A pesar de que el Senado de la República ha exhortado a la Presidencia a no firmar el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) por los efectos nocivos que tendría sobre los derechos civiles y la libertad en Internet, el gobierno de Felipe Calderón continúa transmitiendo su confianza en que será firmado lo antes posible.
Tras un debate sobre el tema celebrado en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo este 24 de enero, el director adjunto de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Comisión Europea y negociador del ACTA, Pedro Velasco Martins, confirmó a esta agencia que sus informaciones indican que "México continúa con el proceso interno de aprobación" del acuerdo.
El funcionario europeo comentó que las autoridades mexicanas no han expresado, hasta ahora, ningún inconveniente que obstaculice la firma del polémico acuerdo: "No veo por qué no lo firmaría –objetó Velasco–; México es parte del ACTA porque su gobierno decidió participar en las negociaciones".
Las negociaciones de ACTA –promovidas por Japón y Estados Unidos– comenzaron oficialmente en junio de 2008 en total sigilo. Sólo las intensas presiones de la opinión pública de algunos países desarrollados consiguieron que se divulgara el contenido del acuerdo, que terminó de negociarse en octubre de 2010. La fase de adhesiones se abrió el pasado 1 de mayo y cerrará el 1 de mayo de 2013.
El 1 de octubre pasado, representantes gubernamentales de Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Australia, Japón, Nueva Zelanda, Marruecos y Singapur firmaron el acuerdo en una ceremonia que tuvo lugar en Tokio, donde se estableció que a partir de la sexta ratificación, el ACTA entrará en vigor.
México, Suiza y la Unión Europea (UE) enviaron funcionarios a la capital japonesa, pero no firmaron el documento "por asuntos internos", según reportó ese mismo día la agencia de noticias japonesa Kyodo.
Sin embargo, en el comunicado conjunto de las partes negociadoras, el gobierno mexicano reiteró "su apoyo continuo y los preparativos para firmar el documento tan pronto como sea posible".
El 5 de octubre de 2010 el Senado de la República instó al gobierno federal a que se retirara temporalmente de las negociaciones del ACTA mientras un grupo multidisciplinario de expertos estudiaba los términos del acuerdo.
El 22 de junio pasado, la Comisión Permanente del Congreso "exhortó" al presidente Felipe Calderón para que, "en el marco de sus atribuciones, instruya a las secretarías y dependencias involucradas en las negociaciones del ACTA, a no firmar dicho acuerdo".
Entre otras preocupaciones, el Congreso enfatizó que "resulta peligroso que en dicho acuerdo se considere delito la transmisión por Internet de documentos, fragmentos de libros o de canciones", con lo que "se estaría criminalizando a los usuarios de la red, para muchos de los cuales es un medio de intercambio, recreación y de aprendizaje".
El 6 de septiembre, el pleno del Senado mexicano reiteró su negativa a que el país se adhiera al acuerdo antipiratería; y aprobó las conclusiones del Grupo Plural de Trabajo para dar Seguimiento al Proceso de Negociaciones del ACTA, que alertó sobre las amenazas que implica dicho tratado a los derechos humanos y las garantías individuales, así como al libre acceso a la información en Internet.
No obstante, el 16 de enero pasado –cuando la atención internacional se enfocaba en el proyecto de ley SOPA en Estados Unidos–, el Instituto Mexicano de Protección Intelectual (IMPI) –la dependencia de la Secretaría de Economía que negocia el ACTA– entregó al mencionado grupo de seguimiento en el Senado un documento con medidas alineadas al acuerdo y cuya instrumentación, señala el IMPI, le permitiría al mencionado grupo "atender su compromiso de actualizar y mejorar la legislación mexicana para la debida protección de los derechos de propiedad intelectual".
De acuerdo con una nota de la cadena CNN publicada el 1 de octubre del año pasado, el presidente Felipe Calderón podría estar facultado para suscribir el ACTA si el Poder Judicial determina que, de acuerdo con la Ley de Celebración de Tratados de 1992, se trata de un acuerdo interinstitucional; en caso de sujetarse a otra definición, la de un tratado internacional, éste tendría obligatoriamente que ser sometido a la ratificación del Poder Legislativo.
Proceso
26/01/2012
jueves, 26 de enero de 2012
miércoles, 25 de enero de 2012
La violencia cesará en 4 años, estima Rubén Moreira
Agencias
25/01/2012 - 02:19 PM
SDPnoticias/ México.- Transcurrirán cerca de 4 años para que la violencia en Coahuila cese, aseguró el gobernador del estado Rubén Moreira.
"Yo creo que lo que diga se va a prestar un poquito a polémica, yo he dicho que en el horizonte, estimo que las cosas vuelvan a la tranquilidad en tres, cuatro años, eso espero. Por eso tenemos que trabajar en varias vías”, dijo en rueda de prensa.
"Y yo creo que (es necesario) el retiro de las fuerzas armadas, que su misión es otra, y que se les pone tareas difíciles, pero que son necesarias porque la capacidad del fuego de los delincuentes es muchísimas y necesariamente requiere una capacidad de fuerza superior, pero su misión es otra... Yo espero que las cosas mejores en cuatro años", abundó.
Para el mandatario estatal, los elementos del Ejército y de la Policía Federal deberán prepararse para salir de Coahuila, no obstante eso ocurrirá en unos años más.
Dijo que en los siguientes días se anunciará la reestructuración de la Unidad de Antisecuestros de La Laguna, la cual recibió capacitación tanto de la Secretaría de Seguridad Pública federal, como del FBI.
"Hemos tenido el auxilio del FBI, hemos tenido el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública Federal", indicó.
25/01/2012 - 02:19 PM
SDPnoticias/ México.- Transcurrirán cerca de 4 años para que la violencia en Coahuila cese, aseguró el gobernador del estado Rubén Moreira.
"Yo creo que lo que diga se va a prestar un poquito a polémica, yo he dicho que en el horizonte, estimo que las cosas vuelvan a la tranquilidad en tres, cuatro años, eso espero. Por eso tenemos que trabajar en varias vías”, dijo en rueda de prensa.
"Y yo creo que (es necesario) el retiro de las fuerzas armadas, que su misión es otra, y que se les pone tareas difíciles, pero que son necesarias porque la capacidad del fuego de los delincuentes es muchísimas y necesariamente requiere una capacidad de fuerza superior, pero su misión es otra... Yo espero que las cosas mejores en cuatro años", abundó.
Para el mandatario estatal, los elementos del Ejército y de la Policía Federal deberán prepararse para salir de Coahuila, no obstante eso ocurrirá en unos años más.
Dijo que en los siguientes días se anunciará la reestructuración de la Unidad de Antisecuestros de La Laguna, la cual recibió capacitación tanto de la Secretaría de Seguridad Pública federal, como del FBI.
"Hemos tenido el auxilio del FBI, hemos tenido el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública Federal", indicó.
Busca Coahuila a sus mil 678 desaparecidos: Rubén Moreira
La Jornada
25 Enero 2012
En Coahuila, dice el gobernador Rubén Moreira Valdez, no sólo se tipificará como delito la desaparición forzada de personas, sino que se creará un comité especializado para encargarse de buscarlos
Saltillo, Coahuila. Cuando en el país se haga una revisión de la lucha contra el crimen organizado del actual periodo presidencial, el gran tema serán los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de ser contundente contra la delincuencia, pero también proteger a los ciudadanos: es "injusto" decir que todos los "desaparecidos" o los muertos estaban coludidos con criminales.
Tan sólo en el estado de Coahuila hay mil 658 "desaparecidos" –mil 113 hombres y 545 mujeres– que la administración de Rubén Moreira buscará como parte de una política de Estado. El fenómeno de las desapariciones se detonó a la par del narcotráfico. Antes, lo que había eran secuestros (con su consiguiente demanda de rescate económico).
Miembros de fuerzas policiacas, ciudadanos que confundieron o que estuvieron en el lugar equivocado, niños, familias completas, personas involucradas con la delincuencia y otras detenidas por alguna autoridad y entregadas al crimen forman parte de esos mil 658 que no se han encontrado que empezará a buscar el Programa Estatal de Personas Desaparecidas.
Con esas premisas, en Coahuila, dice el gobernador Rubén Moreira Valdez, no sólo se tipificará como delito la desaparición forzada de personas, sino que se creará un comité especializado para encargarse de buscarlos; se instalará un laboratorio de genética forense y una base de datos disponible en Internet con fotografías y datos de cadáveres no identificados, así como de personas desaparecidas (con la autorización de los familiares).
La autoridad, apunta el mandatario estatal, parte de que no todas las personas serán encontradas con vida –deberá buscar entre los muertos–, pero está convencida de que toda familia tiene derecho a conocer la suerte de sus seres queridos y, en caso de sólo encontrar restos, a darles sepultura digna y vivir el duelo.
En Coahuila se encontraron, en meses recientes, siete fosas clandestinas con restos humanos. Debido a la descomposición de los cuerpos sometidos al fuego, ha sido imposible identificarlos. También hay restos susceptibles de ser cotejados por ADN, pero el estado no cuenta con un laboratorio para ese fin.
La idea de esta administración –que empezó el pasado primero de diciembre– es documentar el perfil genético de todas las personas censadas como desaparecidas en la entidad para hacer las comparaciones necesarias.
Anteriormente, comenta Moreira, la desaparición de personas estaba ligada sobre todo a la disputa entre padres por un hijo; sin embargo, desde 2006 el fenómeno se relaciona principalmente con el crimen organizado.
El año pasado, relató, en la región de Cinco Manantiales, en el norte del estado, se dio el caso de una comunidad en la que el crimen organizado se llevó familias completas y quemó unas 30 viviendas.
Pero también hay policías desaparecidos, así como ciudadanos que nada tenían que ver con la delincuencia y a los que se debe buscar. Todos deben ser buscados, afirma: no importa que se presuma que tuviesen alguna liga con el narcotráfico, porque si nada se hace por encontrarlos el mensaje de impunidad es muy grande.
Una autoridad, explica, no puede decir simplemente que tales personas murieron en un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado o desaparecieron en ese mismo contexto, porque "corremos el riesgo de inculpar a inocentes. Si decimos que estaban coludidos, debemos demostrarlo, y no dar carpetazo a un hecho sólo porque se tiene la suposición de que actuó el crimen organizado".
Las circunstancias en las que una persona desaparece son diversas. De muchos casos no hay denuncia; por ello existe una "cifra negra" que entraña dificultades para la autoridad.
El Programa Estatal de Personas Desaparecidas se encargará de la búsqueda a partir de una subprocuraduría. Y será la encargada, también, de coordinarse con otras entidades para "empujar la búsqueda". Es muy importante la coordinación con la Federación y con otras entidades, porque muchas desapariciones se dan en las fronteras de los estados.
“Y la colaboración con la Federación es necesaria porque muchas están en la esfera de la lucha contra el crimen organizado. Parece una tarea titánica, pero tenemos que emprenderla. Los derechos humanos serán el tema en la revisión de la lucha contra el narco. El Estado tiene que ser contundente, porque está costando vidas, pero tiene que ser en el marco de los derechos humanos.”
Además, tiene que invertir en prisiones de alta seguridad para no mezclar primodelincuentes con integrantes de bandas del crimen organizado; en tecnología para la investigación, y también en políticas públicas encaminadas al desarrollo social, al empleo, al esparcimiento y al fortalecimiento de la familia… cualquier tipo de familia.
¿Cómo llegamos a esto? ¿A la situación por la que atraviesa el país? El gobernador dice que es un problema muy complejo, relacionado hasta con el desarrollo urbano, la falta de guarderías, con los horarios escolares de tan sólo cuatro horas así como la inserción de las mujeres en la vida laboral, sin que se tomaran medidas institucionales para apoyar a las familias.
Y ofrece un ejemplo. "Si vives en una unidad habitacional del Infonavit, en Torreón, donde el techo está a dos metros con 15 centímetros y la temperatura es de 40 grados, la única manera de estar es en la calle. Si los padres trabajan, lo más seguro es que niños y jóvenes vaguen sin ninguna vigilancia. No se trata de valores, sino de redes sociales e institucionales que fortalezcan a la familia y, por tanto, el tejido social."
Los casinos son, de plano, dice, "una maldición", sobre todo para los estados industrializados. Además de fomentar la ludopatía, son centros de atracción para la delincuencia. Texas, apunta, tiene siete veces la población de Coahuila y sólo hay un casino, mientras "acá abrieron, en la pasada administración federal, más de 25".
Para echar a andar el programa de personas desaparecidas, el gobierno de Coahuila ha solicitado el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la materia, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las organizaciones no gubernamentales que llevan ya varios años buscando, integradas básicamente por familiares.
25 Enero 2012
En Coahuila, dice el gobernador Rubén Moreira Valdez, no sólo se tipificará como delito la desaparición forzada de personas, sino que se creará un comité especializado para encargarse de buscarlos
Saltillo, Coahuila. Cuando en el país se haga una revisión de la lucha contra el crimen organizado del actual periodo presidencial, el gran tema serán los derechos humanos. El Estado tiene la obligación de ser contundente contra la delincuencia, pero también proteger a los ciudadanos: es "injusto" decir que todos los "desaparecidos" o los muertos estaban coludidos con criminales.
Tan sólo en el estado de Coahuila hay mil 658 "desaparecidos" –mil 113 hombres y 545 mujeres– que la administración de Rubén Moreira buscará como parte de una política de Estado. El fenómeno de las desapariciones se detonó a la par del narcotráfico. Antes, lo que había eran secuestros (con su consiguiente demanda de rescate económico).
Miembros de fuerzas policiacas, ciudadanos que confundieron o que estuvieron en el lugar equivocado, niños, familias completas, personas involucradas con la delincuencia y otras detenidas por alguna autoridad y entregadas al crimen forman parte de esos mil 658 que no se han encontrado que empezará a buscar el Programa Estatal de Personas Desaparecidas.
Con esas premisas, en Coahuila, dice el gobernador Rubén Moreira Valdez, no sólo se tipificará como delito la desaparición forzada de personas, sino que se creará un comité especializado para encargarse de buscarlos; se instalará un laboratorio de genética forense y una base de datos disponible en Internet con fotografías y datos de cadáveres no identificados, así como de personas desaparecidas (con la autorización de los familiares).
La autoridad, apunta el mandatario estatal, parte de que no todas las personas serán encontradas con vida –deberá buscar entre los muertos–, pero está convencida de que toda familia tiene derecho a conocer la suerte de sus seres queridos y, en caso de sólo encontrar restos, a darles sepultura digna y vivir el duelo.
En Coahuila se encontraron, en meses recientes, siete fosas clandestinas con restos humanos. Debido a la descomposición de los cuerpos sometidos al fuego, ha sido imposible identificarlos. También hay restos susceptibles de ser cotejados por ADN, pero el estado no cuenta con un laboratorio para ese fin.
La idea de esta administración –que empezó el pasado primero de diciembre– es documentar el perfil genético de todas las personas censadas como desaparecidas en la entidad para hacer las comparaciones necesarias.
Anteriormente, comenta Moreira, la desaparición de personas estaba ligada sobre todo a la disputa entre padres por un hijo; sin embargo, desde 2006 el fenómeno se relaciona principalmente con el crimen organizado.
El año pasado, relató, en la región de Cinco Manantiales, en el norte del estado, se dio el caso de una comunidad en la que el crimen organizado se llevó familias completas y quemó unas 30 viviendas.
Pero también hay policías desaparecidos, así como ciudadanos que nada tenían que ver con la delincuencia y a los que se debe buscar. Todos deben ser buscados, afirma: no importa que se presuma que tuviesen alguna liga con el narcotráfico, porque si nada se hace por encontrarlos el mensaje de impunidad es muy grande.
Una autoridad, explica, no puede decir simplemente que tales personas murieron en un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado o desaparecieron en ese mismo contexto, porque "corremos el riesgo de inculpar a inocentes. Si decimos que estaban coludidos, debemos demostrarlo, y no dar carpetazo a un hecho sólo porque se tiene la suposición de que actuó el crimen organizado".
Las circunstancias en las que una persona desaparece son diversas. De muchos casos no hay denuncia; por ello existe una "cifra negra" que entraña dificultades para la autoridad.
El Programa Estatal de Personas Desaparecidas se encargará de la búsqueda a partir de una subprocuraduría. Y será la encargada, también, de coordinarse con otras entidades para "empujar la búsqueda". Es muy importante la coordinación con la Federación y con otras entidades, porque muchas desapariciones se dan en las fronteras de los estados.
“Y la colaboración con la Federación es necesaria porque muchas están en la esfera de la lucha contra el crimen organizado. Parece una tarea titánica, pero tenemos que emprenderla. Los derechos humanos serán el tema en la revisión de la lucha contra el narco. El Estado tiene que ser contundente, porque está costando vidas, pero tiene que ser en el marco de los derechos humanos.”
Además, tiene que invertir en prisiones de alta seguridad para no mezclar primodelincuentes con integrantes de bandas del crimen organizado; en tecnología para la investigación, y también en políticas públicas encaminadas al desarrollo social, al empleo, al esparcimiento y al fortalecimiento de la familia… cualquier tipo de familia.
¿Cómo llegamos a esto? ¿A la situación por la que atraviesa el país? El gobernador dice que es un problema muy complejo, relacionado hasta con el desarrollo urbano, la falta de guarderías, con los horarios escolares de tan sólo cuatro horas así como la inserción de las mujeres en la vida laboral, sin que se tomaran medidas institucionales para apoyar a las familias.
Y ofrece un ejemplo. "Si vives en una unidad habitacional del Infonavit, en Torreón, donde el techo está a dos metros con 15 centímetros y la temperatura es de 40 grados, la única manera de estar es en la calle. Si los padres trabajan, lo más seguro es que niños y jóvenes vaguen sin ninguna vigilancia. No se trata de valores, sino de redes sociales e institucionales que fortalezcan a la familia y, por tanto, el tejido social."
Los casinos son, de plano, dice, "una maldición", sobre todo para los estados industrializados. Además de fomentar la ludopatía, son centros de atracción para la delincuencia. Texas, apunta, tiene siete veces la población de Coahuila y sólo hay un casino, mientras "acá abrieron, en la pasada administración federal, más de 25".
Para echar a andar el programa de personas desaparecidas, el gobierno de Coahuila ha solicitado el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la materia, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las organizaciones no gubernamentales que llevan ya varios años buscando, integradas básicamente por familiares.
Entra en vigor Ley Viggiano
Vanguardia
25 Enero 2012
Con la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto por el que se expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, entra en vigor la legislación creada e impulsada por la diputada federal Alma Carolina Viggiano de Moreira.
Saltillo.- Tras su publicación, realizada por el presidente Calderón, dicha Ley se convierte en obligatoria y deberá ser reconocida y cumplida luegode su publicación.
En un comunicado, la legisladora “enfatizó que esta ley servirá para la planeación, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus competencias”.
Detalló que la nueva ley permitirá dar a la prevención social de la delincuencia un enfoque multidisciplinario e interinstitucional, además de no crear más burocracia, sino que retoma la infraestructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública, e integra a todas las dependencias y entidades que desempeñan funciones de coadyuvancia en la Prevención de la Delincuencia.
25 Enero 2012
Con la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto por el que se expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, entra en vigor la legislación creada e impulsada por la diputada federal Alma Carolina Viggiano de Moreira.
Saltillo.- Tras su publicación, realizada por el presidente Calderón, dicha Ley se convierte en obligatoria y deberá ser reconocida y cumplida luegode su publicación.
En un comunicado, la legisladora “enfatizó que esta ley servirá para la planeación, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus competencias”.
Detalló que la nueva ley permitirá dar a la prevención social de la delincuencia un enfoque multidisciplinario e interinstitucional, además de no crear más burocracia, sino que retoma la infraestructura del Sistema Nacional de Seguridad Pública, e integra a todas las dependencias y entidades que desempeñan funciones de coadyuvancia en la Prevención de la Delincuencia.
Crean fondo de 34 MMDP para paliar sequía
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Felipe Calderón aseguró que habrá recursos disponibles para ayudar a la gente afectada con la peor sequía de los últimos 70 años, y advirtió que no tolerará que el dinero se empleé con deshonestidad o sesgo partidista.
"No toleraremos ninguna desviación y ningún acto de corrupción, y, en el caso de que lo haya, será especialmente perseguido y castigado, porque no se puede lucrar, precisamente, con estas situaciones de emergencia que padece tanta gente", advirtió.
En el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, acompañado por los gobernadores de los estados más golpeados por la sequía–Chihuahua, San Luis Potosí, Coahuila, Durango y Zacatecas–, Calderón reclamó el "compromiso político" de todos los actores involucrados en la atención de la coyuntura relacionada con la sequía.
"Hay una clara exigencia de la sociedad, comprensible, para asegurar el abasto de agua potable y la distribución de los alimentos que requiere la población afectada. Y, en particular, para distribuirlos indiscriminadamente sin ningún sesgo partidista o de cualquier otro interés.
"Es por eso muy importante que haya el compromiso político, explícito, tanto del presidente de la República, los secretarios de Estado y de los gobernadores, para que el dinero se emplee con absoluta honestidad y sin sesgos ni discriminaciones para nadie", manifestó.
En su reunión con los gobernadores, el Ejecutivo suscribió el Acuerdo por el que se instruyen Acciones para Mitigar los Efectos de la Sequía, mediante el cual se formaliza el ejercicio de casi 34 mil millones de pesos, previstos en el presupuesto para 2012 y aprobados de manera unánime en el Congreso.
Asimismo, garantizó que esta adversidad no privará de agua ni de alimentos a la gente que más lo necesita.
"Enfrentaremos y superaremos con creces esta sequía", afirmó Calderón, quien señaló que este fenómeno climático afecta a más de mil 200 municipios del país en 19 entidades, aunque se presenta con más intensidad en Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.
Destacó que con este acuerdo el gobierno federal responde con hechos a las demandas de las familias y los productores. "Se trata de decisiones de política pública que tienen ya un impacto inmediato, positivo en la calidad de vida de la población que está sufriendo más por esta situación climática", puntualizó.
Por su parte, los gobernadores demandaron apoyos extraordinarios ante lo que llamaron una tragedia silenciosa.
En representación de sus colegas, el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, dijo que México enfrenta las grandes consecuencias de la sequía más severa en 70 años y una de las expresiones más claras del cambio climático.
"Es una tragedia silenciosa que es más dañina que otros desastres naturales que están muy a la vista, a diferencia de la sequía que es silenciosa e invisible", afirmó.
Por separado, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, secundó al Ejecutivo al señalar que los casi 34 mil millones de pesos aprobados para mitigar los efectos de la sequía se aplicarán con absoluta transparencia y sin tintes electorales.
No hay margen para el protagonismo y merecen todo el repudio quienes busquen lucrar con estos apoyos, añadió.
Ante el reclamo de las organizaciones campesinas, en el sentido de que no podrá haber avance en tanto no les sean reestructurados o condonados los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, el funcionario dijo que este punto lo resolverá la paraestatal.
En conferencia de prensa, el funcionario federal manifestó que en relación con el programa de apoyo a comunidades indígenas, los recursos llegarán primero a quienes más lo necesitan.
Proceso
25/01/2012
"No toleraremos ninguna desviación y ningún acto de corrupción, y, en el caso de que lo haya, será especialmente perseguido y castigado, porque no se puede lucrar, precisamente, con estas situaciones de emergencia que padece tanta gente", advirtió.
En el salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, acompañado por los gobernadores de los estados más golpeados por la sequía–Chihuahua, San Luis Potosí, Coahuila, Durango y Zacatecas–, Calderón reclamó el "compromiso político" de todos los actores involucrados en la atención de la coyuntura relacionada con la sequía.
"Hay una clara exigencia de la sociedad, comprensible, para asegurar el abasto de agua potable y la distribución de los alimentos que requiere la población afectada. Y, en particular, para distribuirlos indiscriminadamente sin ningún sesgo partidista o de cualquier otro interés.
"Es por eso muy importante que haya el compromiso político, explícito, tanto del presidente de la República, los secretarios de Estado y de los gobernadores, para que el dinero se emplee con absoluta honestidad y sin sesgos ni discriminaciones para nadie", manifestó.
En su reunión con los gobernadores, el Ejecutivo suscribió el Acuerdo por el que se instruyen Acciones para Mitigar los Efectos de la Sequía, mediante el cual se formaliza el ejercicio de casi 34 mil millones de pesos, previstos en el presupuesto para 2012 y aprobados de manera unánime en el Congreso.
Asimismo, garantizó que esta adversidad no privará de agua ni de alimentos a la gente que más lo necesita.
"Enfrentaremos y superaremos con creces esta sequía", afirmó Calderón, quien señaló que este fenómeno climático afecta a más de mil 200 municipios del país en 19 entidades, aunque se presenta con más intensidad en Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.
Destacó que con este acuerdo el gobierno federal responde con hechos a las demandas de las familias y los productores. "Se trata de decisiones de política pública que tienen ya un impacto inmediato, positivo en la calidad de vida de la población que está sufriendo más por esta situación climática", puntualizó.
Por su parte, los gobernadores demandaron apoyos extraordinarios ante lo que llamaron una tragedia silenciosa.
En representación de sus colegas, el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, dijo que México enfrenta las grandes consecuencias de la sequía más severa en 70 años y una de las expresiones más claras del cambio climático.
"Es una tragedia silenciosa que es más dañina que otros desastres naturales que están muy a la vista, a diferencia de la sequía que es silenciosa e invisible", afirmó.
Por separado, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, secundó al Ejecutivo al señalar que los casi 34 mil millones de pesos aprobados para mitigar los efectos de la sequía se aplicarán con absoluta transparencia y sin tintes electorales.
No hay margen para el protagonismo y merecen todo el repudio quienes busquen lucrar con estos apoyos, añadió.
Ante el reclamo de las organizaciones campesinas, en el sentido de que no podrá haber avance en tanto no les sean reestructurados o condonados los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, el funcionario dijo que este punto lo resolverá la paraestatal.
En conferencia de prensa, el funcionario federal manifestó que en relación con el programa de apoyo a comunidades indígenas, los recursos llegarán primero a quienes más lo necesitan.
Proceso
25/01/2012
Tiroteos en Coahuila y Nuevo León dejan nueve muertos
MÉXICO, D. F., 24 de enero (apro).- En los estados de Coahuila y Nuevo León, nueve personas perdieron la vida.
Durante un tiroteo ocurrido la noche de ayer entre policías estatales y pistoleros en Saltillo, Coahuila, una mujer de 67 años de edad y un obrero fallecieron en el fuego cruzado.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el enfrentamiento se dio cuando los policías se toparon con una camioneta Ford Expedition blanca, donde viajaba un grupo de hombres armados, quienes al mediodía se habían enfrentado a tiros con elementos del Ejército Mexicano. El saldo fue de cuatro presuntos delincuentes muertos.
Tras el choque, los elementos policiacos persiguieron a los pistoleros por la avenida Universidad, el bulevar Isidro López y el periférico Luis Echeverría Álvarez, hasta que la camioneta desapareció, cerca del relleno sanitario municipal.
En el recorrido, los gatilleros dispararon ráfagas de metralleta en la fachada de los edificios del Servicio Médico Forense, del Cereso varonil y de los juzgados penales.
En tanto, en Monterrey, Nuevo León, autoridades policiales reportaron la muerte de tres hombres en dos hechos violentos ocurridos sobre la calle Miguel Nieto, entre Manuel M. de Llano y Espinosa, del primer cuadro de la ciudad. Un hombre de aproximadamente 25 años perdió la vida al recibir múltiples impactos de arma de fuego.
Más tarde, en el cruce de Félix Yáñez y Francisco Pérez Ríos, en la colonia Valle de Santa Lucía, corporaciones de auxilio y policiales recibieron el reporte de tres hombres heridos por armas de grueso calibre.
Al arribo de paramédicos de la Cruz Verde Monterrey, dos de los sujetos ya habían perdido la vida, mientras que Iván Coronado Coronado, de aproximadamente 25 años, presentaba herida en la espalda, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario.
Proceso
25/01/2012
Durante un tiroteo ocurrido la noche de ayer entre policías estatales y pistoleros en Saltillo, Coahuila, una mujer de 67 años de edad y un obrero fallecieron en el fuego cruzado.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el enfrentamiento se dio cuando los policías se toparon con una camioneta Ford Expedition blanca, donde viajaba un grupo de hombres armados, quienes al mediodía se habían enfrentado a tiros con elementos del Ejército Mexicano. El saldo fue de cuatro presuntos delincuentes muertos.
Tras el choque, los elementos policiacos persiguieron a los pistoleros por la avenida Universidad, el bulevar Isidro López y el periférico Luis Echeverría Álvarez, hasta que la camioneta desapareció, cerca del relleno sanitario municipal.
En el recorrido, los gatilleros dispararon ráfagas de metralleta en la fachada de los edificios del Servicio Médico Forense, del Cereso varonil y de los juzgados penales.
En tanto, en Monterrey, Nuevo León, autoridades policiales reportaron la muerte de tres hombres en dos hechos violentos ocurridos sobre la calle Miguel Nieto, entre Manuel M. de Llano y Espinosa, del primer cuadro de la ciudad. Un hombre de aproximadamente 25 años perdió la vida al recibir múltiples impactos de arma de fuego.
Más tarde, en el cruce de Félix Yáñez y Francisco Pérez Ríos, en la colonia Valle de Santa Lucía, corporaciones de auxilio y policiales recibieron el reporte de tres hombres heridos por armas de grueso calibre.
Al arribo de paramédicos de la Cruz Verde Monterrey, dos de los sujetos ya habían perdido la vida, mientras que Iván Coronado Coronado, de aproximadamente 25 años, presentaba herida en la espalda, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario.
Proceso
25/01/2012
Un nuevo gobierno no cambiará el plan antinarco, según Stratfor
Quien llegue al poder en diciembre poco podrá hacer por cambiar la estrategia de seguridad, estimó la agencia de inteligencia
Rodrigo Aguiar
(CNNMéxico) — La violencia derivada de la lucha entre los cárteles por el control de las rutas de la droga continuará durante el 2012 en los mismos niveles que el año anterior; aun cuando haya un cambio de partido en el poder, la estrategia de seguridad no cambiará mucho, estimó la firma de inteligencia estadounidense Stratfor.
"Debido a la situación que tenemos ahora mismo, aun si hay un cambio de partidos, cuando la nueva administración llegue al poder a fin de año, no podrán hacer mucho por cambiar la estrategia", dijo en entrevista telefónica con CNNMéxico Scott Stewart, vicepresidente de Inteligencia Táctica de Stratfor.
Según el análisis de la agencia, las formas mediante las cuales el gobierno puede reducir la violencia, es permitir que un cártel amplíe su dominio a todo el país, o bien "una tregua negociada por el gobierno entre Los Zetas y el Cártel de Sinaloa".
Una tregua entre el gobierno y grupos de criminales es un tema que tenderá a debatirse más durante este año, señaló Stewart, y puso como ejemplo "la forma en la que Estados Unidos negocia con el Talibán".
En el informe anual sobre la violencia en México, llamado Cartel Report 2012, la firma concluyó que los niveles de violencia solo podrían ser reducidos "a niveles aceptables" de tres formas: si un cártel logra dominar a otro, mediante un acuerdo entre los cárteles rivales, y mediante una tregua negociada por el gobierno.
La firma, con sede en Austin, Texas, señaló que las elecciones federales que se realizarán en julio próximo —en las que se votará presidente y se renovará el Congreso—, no vendrán acompañadas de un cambio sustancial en la estrategia gubernamental para enfrentar el problema de la violencia generada por el crimen organizado.
Según Stewart, la reducción de violencia registrada en ciudades como Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua, son el resultado de la incursión del cártel de Sinaloa, que incrementó su dominio en ambas plazas.
Dicho nivel de violencia es "políticamente inaceptable para el presidente mexicano Felipe Calderón y su partido Acción Nacional", se indicó en el informe anual sobre la violencia.
La violencia, sin embargo, no podría ser eliminada en su totalidad. "Mientras sigan existiendo plazas del narcotráfico, tendrás a personas peleando por el control", dijo Stewart.
Los cárteles "no quieren una situación como la que existe en Juárez, debido a que es malo para sus negocios. Una vez que obtienen el control de la plaza, vimos que la violencia bajó", abundó Stewart.
El Cártel de Sinaloa busca el control total de Tijuana —por años dominada por el de los Arellano Félix— y el de Ciudad Juárez —que estuvo controlado por la organización de Amado Carillo Fuentes— debido a que "quieren tener el control de los puntos de entrada" de las rutas de la droga a Estados Unidos.
Según el especialista, las autoridades no podrán derrotar en su totalidad a los cárteles, ya que mientras exista el negocio ilícito del tráfico de drogas, seguirán existiendo grupos que se disputen el control.
"No puedes derrotar a los cárteles, puedes derrotar a ciertas organizaciones", dijo Stewart, y puso de ejemplo al cártel de Guadalajara, que fue desarticulado y sus líderes aprehendidos luego del secuestro y asesinato en 1985 en Jalisco de Enrique Camarena Salazar, agente encubierto de la DEA.
Según el documento, producto del registro que realiza la agencia sobre la seguridad en México, son el cártel de Sinaloa y el de Los Zetas quienes provocan la mayor parte de la violencia, con tácticas distintas.
Mientras el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, prefiere corromper a los funcionarios, el de Los Zetas utiliza la violencia como forma de intimidación.
La forma violenta de Los Zetas les ha permitido expandirse a 17 estados del país, y ser el cártel con mayor influencia geográfica, superando al de Sinaloa, que opera en 16 estados, según la agencia, que citó información gubernamental.
Según el análisis de Stratfor, en el 2012 el despliegue de las fuerzas militares continuará, sin que se desarrollen operaciones importantes en áreas distintas a donde actualmente actúa el Ejército.
El Ejército seguirá enfrentándose al problema de la deserción, según el mismo documento, que citó información de la Secretaría de la Defensa Nacional dada a conocer en marzo pasado, en la cual se admitió que "se perdió la pista" de 1,680 elementos de las fuerzas especiales durante la última década.
Según la agencia, 45,000 tropas del Ejército están envueltas en el combate a los cárteles de la droga, un cuarto del total del personal militar. El resto no puede ser utilizado debido a que son reservas mal preparadas.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó hace unos días que hasta septiembre del año pasado han muerto 47,515 personas en hechos vinculados a la violencia en México, desde que el presidente Felipe Calderón lanzó la Estrategia Nacional de Seguridad tras tomar protesta en 2006.
El 70% de las muertes ocurrieron en ocho entidades: Chihuahua, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero y Veracruz.
CNN
25/01/2012
Rodrigo Aguiar
(CNNMéxico) — La violencia derivada de la lucha entre los cárteles por el control de las rutas de la droga continuará durante el 2012 en los mismos niveles que el año anterior; aun cuando haya un cambio de partido en el poder, la estrategia de seguridad no cambiará mucho, estimó la firma de inteligencia estadounidense Stratfor.
"Debido a la situación que tenemos ahora mismo, aun si hay un cambio de partidos, cuando la nueva administración llegue al poder a fin de año, no podrán hacer mucho por cambiar la estrategia", dijo en entrevista telefónica con CNNMéxico Scott Stewart, vicepresidente de Inteligencia Táctica de Stratfor.
Según el análisis de la agencia, las formas mediante las cuales el gobierno puede reducir la violencia, es permitir que un cártel amplíe su dominio a todo el país, o bien "una tregua negociada por el gobierno entre Los Zetas y el Cártel de Sinaloa".
Una tregua entre el gobierno y grupos de criminales es un tema que tenderá a debatirse más durante este año, señaló Stewart, y puso como ejemplo "la forma en la que Estados Unidos negocia con el Talibán".
En el informe anual sobre la violencia en México, llamado Cartel Report 2012, la firma concluyó que los niveles de violencia solo podrían ser reducidos "a niveles aceptables" de tres formas: si un cártel logra dominar a otro, mediante un acuerdo entre los cárteles rivales, y mediante una tregua negociada por el gobierno.
La firma, con sede en Austin, Texas, señaló que las elecciones federales que se realizarán en julio próximo —en las que se votará presidente y se renovará el Congreso—, no vendrán acompañadas de un cambio sustancial en la estrategia gubernamental para enfrentar el problema de la violencia generada por el crimen organizado.
Según Stewart, la reducción de violencia registrada en ciudades como Tijuana, Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua, son el resultado de la incursión del cártel de Sinaloa, que incrementó su dominio en ambas plazas.
Dicho nivel de violencia es "políticamente inaceptable para el presidente mexicano Felipe Calderón y su partido Acción Nacional", se indicó en el informe anual sobre la violencia.
La violencia, sin embargo, no podría ser eliminada en su totalidad. "Mientras sigan existiendo plazas del narcotráfico, tendrás a personas peleando por el control", dijo Stewart.
Los cárteles "no quieren una situación como la que existe en Juárez, debido a que es malo para sus negocios. Una vez que obtienen el control de la plaza, vimos que la violencia bajó", abundó Stewart.
El Cártel de Sinaloa busca el control total de Tijuana —por años dominada por el de los Arellano Félix— y el de Ciudad Juárez —que estuvo controlado por la organización de Amado Carillo Fuentes— debido a que "quieren tener el control de los puntos de entrada" de las rutas de la droga a Estados Unidos.
Según el especialista, las autoridades no podrán derrotar en su totalidad a los cárteles, ya que mientras exista el negocio ilícito del tráfico de drogas, seguirán existiendo grupos que se disputen el control.
"No puedes derrotar a los cárteles, puedes derrotar a ciertas organizaciones", dijo Stewart, y puso de ejemplo al cártel de Guadalajara, que fue desarticulado y sus líderes aprehendidos luego del secuestro y asesinato en 1985 en Jalisco de Enrique Camarena Salazar, agente encubierto de la DEA.
Según el documento, producto del registro que realiza la agencia sobre la seguridad en México, son el cártel de Sinaloa y el de Los Zetas quienes provocan la mayor parte de la violencia, con tácticas distintas.
Mientras el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, prefiere corromper a los funcionarios, el de Los Zetas utiliza la violencia como forma de intimidación.
La forma violenta de Los Zetas les ha permitido expandirse a 17 estados del país, y ser el cártel con mayor influencia geográfica, superando al de Sinaloa, que opera en 16 estados, según la agencia, que citó información gubernamental.
Según el análisis de Stratfor, en el 2012 el despliegue de las fuerzas militares continuará, sin que se desarrollen operaciones importantes en áreas distintas a donde actualmente actúa el Ejército.
El Ejército seguirá enfrentándose al problema de la deserción, según el mismo documento, que citó información de la Secretaría de la Defensa Nacional dada a conocer en marzo pasado, en la cual se admitió que "se perdió la pista" de 1,680 elementos de las fuerzas especiales durante la última década.
Según la agencia, 45,000 tropas del Ejército están envueltas en el combate a los cárteles de la droga, un cuarto del total del personal militar. El resto no puede ser utilizado debido a que son reservas mal preparadas.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó hace unos días que hasta septiembre del año pasado han muerto 47,515 personas en hechos vinculados a la violencia en México, desde que el presidente Felipe Calderón lanzó la Estrategia Nacional de Seguridad tras tomar protesta en 2006.
El 70% de las muertes ocurrieron en ocho entidades: Chihuahua, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero y Veracruz.
CNN
25/01/2012
Sicarios de Saltillo ‘toman’ Zacatecas; ¡118 kilómetros de balazos!
Vanguardia
25 Enero 2012
Tienen enfrentamiento aquí, se llevan heridos a Concha del Oro y son perseguidos por militares. Roban ambulancia, sitian el pueblo, cierran escuelas y Alcaldía; muere un sicario
CONCEPCIÓN DEL ORO.- Al escapar de la balacera que se registró el lunes en la noche por las calles de Saltillo, Abraham López Valdez manejó 118 kilómetros por la Carretera 54, tomó como rehenes a paramédicos y enfermeras de la Clínica 2 del Seguro Social, apuntó con su fusil y exigió que atendieran a su compañero herido.
Concepción del Oro vivió atemorizada, sentimiento que se extendió por sus calles y negocios. Al amanecer las escuelas permanecieron cerradas.
“Es el procedimiento que utilizan, no llegan pidiendo favores, llegan exigiendo”, narró el general Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, “los médicos tienen que trabajar al servicio de estas personas”.
Aclaró que en el lugar no hubo civiles heridos, ni balazos. Ayer un helicóptero de la Policía Estatal voló por Concha del Oro, en sus calles patrullaron Policías Federales, Estatales de Zacatecas y Municipales.
La Carretera Federal 54 permaneció cerrada en ambos sentidos por más de media hora al aterrizar un helicóptero de la Policía Estatal.
Todo comenzó el lunes, a las 21: 44 horas, cuando en Saltillo hubo una persecución que terminó con la muerte de María Seferina Sandoval Ontiveros, de 67 años de edad, una señora que salía con su hija de un centro comercial y fue alcanzada por las balas.
Además, un camión de transporte de personal en el que viajaban 30 obreros, presentó varios balazos; ahí un hombre resultó herido en el hombro izquierdo.
Metros más adelante, la Fiscalía General del Estado fue atacada por los pistoleros, sus balas hicieron blanco en el brazo de un policía estatal.
En el kilómetro 32 de la carretera libre a Torreón, a la altura del ejido Plan de Ayala, los atacantes subieron a otro vehículo, dejando abandonada una Ford Explorer color blanco que, según declaraciones de Everardo Rosales Saucedo, Coordinador del Grupo de Homicidios, tiene reporte de robo. Presentó más de 15 balazos en el costado derecho, y manchas de sangre en su interior.
Fuentes cercanas a la investigación, detallaron que los pistoleros pudieron haber tomado el Libramiento Norponiente, que enlaza a la carretera Zacatecas.
Pinto Ortiz comentó que en Zacatecas recibieron el reporte de hombres armados que habían tomado el hospital de Concepción del Oro a las 02:30 horas.
Según versiones recabadas, Abraham López, el pistolero de 26 años de edad, también presentaba heridas, aunque no de gravedad, y exigió que los trasladaran a un hospital donde pudieran atenderlo, pero la ambulancia presentó fallas y relevaron el servicio en Villa de Coss.
Los sicarios fueron internados en el Hospital General de Zacatecas, donde policías ministeriales acordonaron la zona para evitar que sus compañeros intentaran un rescate.
El hombre que iba herido murió ayer, y el Servicio Médico Forense de Zacatecas reveló que no portaba identificaciones.
Arturo Nahle, procurador de Zacatecas, dijo que Abraham López quedó a disposición de la justicia, y espera que autoridades de Coahuila sigan las investigaciones.
25 Enero 2012
Tienen enfrentamiento aquí, se llevan heridos a Concha del Oro y son perseguidos por militares. Roban ambulancia, sitian el pueblo, cierran escuelas y Alcaldía; muere un sicario
CONCEPCIÓN DEL ORO.- Al escapar de la balacera que se registró el lunes en la noche por las calles de Saltillo, Abraham López Valdez manejó 118 kilómetros por la Carretera 54, tomó como rehenes a paramédicos y enfermeras de la Clínica 2 del Seguro Social, apuntó con su fusil y exigió que atendieran a su compañero herido.
Concepción del Oro vivió atemorizada, sentimiento que se extendió por sus calles y negocios. Al amanecer las escuelas permanecieron cerradas.
“Es el procedimiento que utilizan, no llegan pidiendo favores, llegan exigiendo”, narró el general Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, “los médicos tienen que trabajar al servicio de estas personas”.
Aclaró que en el lugar no hubo civiles heridos, ni balazos. Ayer un helicóptero de la Policía Estatal voló por Concha del Oro, en sus calles patrullaron Policías Federales, Estatales de Zacatecas y Municipales.
La Carretera Federal 54 permaneció cerrada en ambos sentidos por más de media hora al aterrizar un helicóptero de la Policía Estatal.
Todo comenzó el lunes, a las 21: 44 horas, cuando en Saltillo hubo una persecución que terminó con la muerte de María Seferina Sandoval Ontiveros, de 67 años de edad, una señora que salía con su hija de un centro comercial y fue alcanzada por las balas.
Además, un camión de transporte de personal en el que viajaban 30 obreros, presentó varios balazos; ahí un hombre resultó herido en el hombro izquierdo.
Metros más adelante, la Fiscalía General del Estado fue atacada por los pistoleros, sus balas hicieron blanco en el brazo de un policía estatal.
En el kilómetro 32 de la carretera libre a Torreón, a la altura del ejido Plan de Ayala, los atacantes subieron a otro vehículo, dejando abandonada una Ford Explorer color blanco que, según declaraciones de Everardo Rosales Saucedo, Coordinador del Grupo de Homicidios, tiene reporte de robo. Presentó más de 15 balazos en el costado derecho, y manchas de sangre en su interior.
Fuentes cercanas a la investigación, detallaron que los pistoleros pudieron haber tomado el Libramiento Norponiente, que enlaza a la carretera Zacatecas.
Pinto Ortiz comentó que en Zacatecas recibieron el reporte de hombres armados que habían tomado el hospital de Concepción del Oro a las 02:30 horas.
Según versiones recabadas, Abraham López, el pistolero de 26 años de edad, también presentaba heridas, aunque no de gravedad, y exigió que los trasladaran a un hospital donde pudieran atenderlo, pero la ambulancia presentó fallas y relevaron el servicio en Villa de Coss.
Los sicarios fueron internados en el Hospital General de Zacatecas, donde policías ministeriales acordonaron la zona para evitar que sus compañeros intentaran un rescate.
El hombre que iba herido murió ayer, y el Servicio Médico Forense de Zacatecas reveló que no portaba identificaciones.
Arturo Nahle, procurador de Zacatecas, dijo que Abraham López quedó a disposición de la justicia, y espera que autoridades de Coahuila sigan las investigaciones.
”Zetas”, adeptos de Santa Muerte
Agencia el Universal | El Universal – Hace 5 horas.. .
Doris Gómora
MÉXICO, D.F., enero 25 (EL UNIVERSAL).- “Los Zetas” estadounidenses que operan en México y Estados Unidos (EU) han sido entrenados en México y adoctrinados en los ritos de la Santa Muerte, por lo que tras los asesinatos de sus rivales dan como ofrenda la sangre de los muertos, según testimonios de presuntos sicarios en el juicio que enfrentan en Texas y de un agente de la Agencia Antidrogas de EU (DEA, en inglés).
El pasado viernes, durante la sesión del juicio que se le sigue a Gerardo Castillo, presunto líder de “Los Zetas” en Texas, el agente de la DEA Chris Díaz, testificó sobre la forma en que éstos brindaron a la Santa Muerte la sangre de un adolescente, asesinado junto con otra persona, presuntamente por ser parte del Cártel de Sinaloa.
En la guerra que tienen contra bandas rivales, tras asesinarlos han efectuado ritos que se vinculan con sacrificios humanos, afirmó Chris Díaz en su comparecencia.
Basado en parte de las grabaciones que realizó la Agencia Antidrogas de “Los Zetas” estadounidenses, el agente Díaz indicó que Alfonso Avilés, presunto miembro del Cártel de Sinaloa, fue detenido por sus enemigos.
“Ellos lo torturaron, y terminaron por mantener abierto su vientre, y pusieron la sangre en una copa, para hacer un brindis a la Santa Muerte”, explicó Díaz, quien agregó que el destino de Avilés y de otras personas fue descubierto a través de las intervenciones telefónicas que la DEA le hizo a “zetas” de EU.
Previo al testimonio del agente Díaz, otro ex zeta de nombre Raúl Jasso Jr., testificó que dos hombres de nombre Inés Abundo Villareal, de 15 años y Alfonso Avilés, de 19 años, que trabajaban para el cártel de Sinaloa, fueron detenidos en un retén cerca del puente internacional de Nuevo Laredo.
Jasso explicó que otro “zeta” de nombre Jesús González le pegó en la cabeza a Avilés y posteriormente junto con Villareal fueron llevados ante su supervisor que era Gabriel Cardona, quien actualmente purga una condena superior a los 80 años en Texas.
En su testimonio, Jasso explicó cómo Cardona torturó y mató a Alfonso Avilés y junto con Villareal, fueron arrojados en un “guisado” o “pozole”, los colocaron en un tambo y los quemaron con gasolina hasta que quedaron hechos cenizas.
El juicio contra Gerardo Castillo, de 25 años de edad, considerado el jefe de “Los Zetas” en Texas y especialmente cabeza de la célula conocida como “La Compañía”, continuará esta semana.
Castillo Chávez, identificado por las autoridades como “El Cachetes”, enfrenta acusaciones de crimen organizado y conspiración de tráfico de drogas cuando él estaba a cargo de la línea de suministro de esa organización en Dallas, Texas, y tráfico de armas; al igual que 33 miembros más de la organización delictiva acusados de operar en la frontera suroeste de Texas. Además, Castillo es acusado del homicidio de dos personas en la carretera de Laredo.
Doris Gómora
MÉXICO, D.F., enero 25 (EL UNIVERSAL).- “Los Zetas” estadounidenses que operan en México y Estados Unidos (EU) han sido entrenados en México y adoctrinados en los ritos de la Santa Muerte, por lo que tras los asesinatos de sus rivales dan como ofrenda la sangre de los muertos, según testimonios de presuntos sicarios en el juicio que enfrentan en Texas y de un agente de la Agencia Antidrogas de EU (DEA, en inglés).
El pasado viernes, durante la sesión del juicio que se le sigue a Gerardo Castillo, presunto líder de “Los Zetas” en Texas, el agente de la DEA Chris Díaz, testificó sobre la forma en que éstos brindaron a la Santa Muerte la sangre de un adolescente, asesinado junto con otra persona, presuntamente por ser parte del Cártel de Sinaloa.
En la guerra que tienen contra bandas rivales, tras asesinarlos han efectuado ritos que se vinculan con sacrificios humanos, afirmó Chris Díaz en su comparecencia.
Basado en parte de las grabaciones que realizó la Agencia Antidrogas de “Los Zetas” estadounidenses, el agente Díaz indicó que Alfonso Avilés, presunto miembro del Cártel de Sinaloa, fue detenido por sus enemigos.
“Ellos lo torturaron, y terminaron por mantener abierto su vientre, y pusieron la sangre en una copa, para hacer un brindis a la Santa Muerte”, explicó Díaz, quien agregó que el destino de Avilés y de otras personas fue descubierto a través de las intervenciones telefónicas que la DEA le hizo a “zetas” de EU.
Previo al testimonio del agente Díaz, otro ex zeta de nombre Raúl Jasso Jr., testificó que dos hombres de nombre Inés Abundo Villareal, de 15 años y Alfonso Avilés, de 19 años, que trabajaban para el cártel de Sinaloa, fueron detenidos en un retén cerca del puente internacional de Nuevo Laredo.
Jasso explicó que otro “zeta” de nombre Jesús González le pegó en la cabeza a Avilés y posteriormente junto con Villareal fueron llevados ante su supervisor que era Gabriel Cardona, quien actualmente purga una condena superior a los 80 años en Texas.
En su testimonio, Jasso explicó cómo Cardona torturó y mató a Alfonso Avilés y junto con Villareal, fueron arrojados en un “guisado” o “pozole”, los colocaron en un tambo y los quemaron con gasolina hasta que quedaron hechos cenizas.
El juicio contra Gerardo Castillo, de 25 años de edad, considerado el jefe de “Los Zetas” en Texas y especialmente cabeza de la célula conocida como “La Compañía”, continuará esta semana.
Castillo Chávez, identificado por las autoridades como “El Cachetes”, enfrenta acusaciones de crimen organizado y conspiración de tráfico de drogas cuando él estaba a cargo de la línea de suministro de esa organización en Dallas, Texas, y tráfico de armas; al igual que 33 miembros más de la organización delictiva acusados de operar en la frontera suroeste de Texas. Además, Castillo es acusado del homicidio de dos personas en la carretera de Laredo.
martes, 24 de enero de 2012
No nos dejaron tirada la Gran Plaza: Olmos
YOLANDA RÍOS / EL SIGLO DE TORREÓN / TORREÓN
NEGOCIAN 'INTERCAMBIO'; GOBIERNO ESTATAL EQUIPARÁ PRESIDENCIA MUNICIPAL
El alcalde Eduardo Olmos confirmó que el Ayuntamiento construirá la explanada de la Gran Plaza pero negó que el Gobierno de Coahuila haya dejado "tirada" la obra.
Comentó que la explanada "será a manera de canje con el Gobierno del Estado porque éste asumirá el equipamiento de la nueva Presidencia Municipal, que esperamos tenerla lista para finales de año".
El presidente municipal aclaró que "de ninguna manera nos dejaron tirada la obra como se dijo" y explicó que es una negociación con el fin de "adelantar trabajos".
En la obra se invertirán alrededor de 44 millones de pesos, ya con IVA, informó el edil. No obstante, no se ajustará al proyecto original, ya que se le suprimirán, de entrada, las dos fuentes de "espejo de agua" y sólo se colocará el astabandera que tendrá una altura de 60 metros.
La síndica de vigilancia, Natalia Virgil, presidente de la Comisión de Obras Públicas del Cabildo, dijo que se pondrá especial atención en que se realice licitación pública y no una ampliación de contrato como se pretende para beneficiar a la empresa Corela, propiedad de Ignacio Chong, según declaraciones el director de Obras Públicas, Miguel Algara.
Además, Virgil aseguró que: "yo tengo el proyecto original tanto de la nueva presidencia como el concepto del estacionamiento y de la explanada. Esta última fue presupuestada en 40 millones (de pesos) incluyendo fuentes, alrededor de 50 bancas, banca perimetral en torno (sic) a las fuentes, áreas jardinadas y concreto estampado hasta las calles Galeana y Ramón Corona".
Tan sólo las dos fuentes cuestan 12 millones. Dijo que si todo eso costaba 40 millones de pesos, "no veo razón para que ahora hagan una obra rabona o una plancha de concreto".
Proyecto original
Explanada de la Gran Plaza.
⇒ Presupuesto: 40 millones de pesos.
⇒ Dos fuentes de "espejo de agua" de 60 metros de largo e iluminación, con un costo de 12 millones de pesos.
⇒ 50 bancas perimetrales en zona arbolada.
⇒ 38 mil metros cuadrados de concreto estampado que alcanzaba Galeana y Ramón Corona.
NEGOCIAN 'INTERCAMBIO'; GOBIERNO ESTATAL EQUIPARÁ PRESIDENCIA MUNICIPAL
El alcalde Eduardo Olmos confirmó que el Ayuntamiento construirá la explanada de la Gran Plaza pero negó que el Gobierno de Coahuila haya dejado "tirada" la obra.
Comentó que la explanada "será a manera de canje con el Gobierno del Estado porque éste asumirá el equipamiento de la nueva Presidencia Municipal, que esperamos tenerla lista para finales de año".
El presidente municipal aclaró que "de ninguna manera nos dejaron tirada la obra como se dijo" y explicó que es una negociación con el fin de "adelantar trabajos".
En la obra se invertirán alrededor de 44 millones de pesos, ya con IVA, informó el edil. No obstante, no se ajustará al proyecto original, ya que se le suprimirán, de entrada, las dos fuentes de "espejo de agua" y sólo se colocará el astabandera que tendrá una altura de 60 metros.
La síndica de vigilancia, Natalia Virgil, presidente de la Comisión de Obras Públicas del Cabildo, dijo que se pondrá especial atención en que se realice licitación pública y no una ampliación de contrato como se pretende para beneficiar a la empresa Corela, propiedad de Ignacio Chong, según declaraciones el director de Obras Públicas, Miguel Algara.
Además, Virgil aseguró que: "yo tengo el proyecto original tanto de la nueva presidencia como el concepto del estacionamiento y de la explanada. Esta última fue presupuestada en 40 millones (de pesos) incluyendo fuentes, alrededor de 50 bancas, banca perimetral en torno (sic) a las fuentes, áreas jardinadas y concreto estampado hasta las calles Galeana y Ramón Corona".
Tan sólo las dos fuentes cuestan 12 millones. Dijo que si todo eso costaba 40 millones de pesos, "no veo razón para que ahora hagan una obra rabona o una plancha de concreto".
Proyecto original
Explanada de la Gran Plaza.
⇒ Presupuesto: 40 millones de pesos.
⇒ Dos fuentes de "espejo de agua" de 60 metros de largo e iluminación, con un costo de 12 millones de pesos.
⇒ 50 bancas perimetrales en zona arbolada.
⇒ 38 mil metros cuadrados de concreto estampado que alcanzaba Galeana y Ramón Corona.
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