Astillero

Julio Hernández López


El fantasma represor de Atenco

Córdoba, Veracruz

Córdoba, Televisa (y Dante)

Fuentes, la ignorancia y EPN


Tanto se esmeró Enrique Peña Nieto un viernes reciente en la Universidad Iberoamericana en reivindicar el espíritu represivo mostrado por su gobierno en San Salvador Atenco que ahora ese fantasma golpeador le acompaña en algunos de sus actos entrañables de campaña.

Al día siguiente de su accidentada excursión por el territorio educativo de los jesuitas en Santa Fe, viajó a Saltillo, capital del estado administrado por sus solidarios hermanos Moreira, y allí algunos de quienes protestaban contra el candidato presidencial de tres colores fueron golpeados por dirigentes priístas amablemente observados por policías municipales ( http://bit.ly/JE9OaZ ).

Ayer, en otra demarcación entregada a él en términos presupuestales y ejecutivos, en el Veracruz de Javier Duarte, el de las maletas millonarias voladoras, el neofranquismo marinado y el periodismo crítico amenazado y asesinado, otros opositores a Peña Nieto fueron castigados físicamente, esta vez en Córdoba.

(Los organizadores de esta protesta se esmeraron en advertir el carácter pacífico y no partidista de su movilización, como puede comprobarse en http://bit.ly/Mhjs5Y, pero aún así hubo amenazas previas y acción represiva puntual, como si se quisiera mandar un mensaje amenazante a quienes organicen otras manifestaciones contra Peña Nieto e insistan en recordarle el asunto de Atenco. Ese riesgo de la provocación montada, y del manejo tramposo de los medios de comunicación para enjaretar a los opositores la culpa de actos violentos generados desde el poder, es una de las consideraciones que deben tomar en cuenta quienes de buena voluntad exploran la posibilidad de asistir a una manifestación anti EPN en el Zócalo capitalino que tiene josefinistas promotores, no tiene nada que ver con el lopezobradorismo y puede ser usada en contra, sobre todo si hay violencia sembrada, de la candidatura de izquierda a la que pretenden endilgarle una campaña de odio contra el aspirante priísta).

No es casual que las agresiones a disidentes se produzcan en entidades gobernadas por personajes entregados a la causa peñanietista: los Moreira y Duarte se juegan hasta su libertad personal en estos lances electorales, pues el dinero público y el ejercicio de gobierno han sido puestos al servicio de la causa priísta con un descaro que en ejercicio recto de la justicia les significaría sanciones penales. Tampoco es casual que sean los golpes y la provocación los elementos escogidos para enfrentar la creciente oposición a EPN, pues él mismo se esmeró en la Ibero en desatar los demonios de la celebración diazordacista de la violencia como método para enfrentar protestas sociales, en fomentar insidiosas acusaciones macartistas contra jóvenes en protesta y en reivindicar para sí el oprobioso papel de comandante en jefe de la Operación Garrote que de Atenco ahora promete, con firma ante notario público o sin ella, cumplir en el país entero.

Otro efecto derivado de las enzarzadas andanzas de Peña Nieto ha sido la arremetida de Televisa, mediante un personero manejado a través de cable, contra la destacada periodista Carmen Aristegui. A pesar de que la entrevista realizada por ella al aspirante priísta fue opacada por los más llamativos sucesos de la Universidad Iberoamericana, la empresa que tiene a Emilio Azcárraga Jean como principal accionista reaccionó con una mezcla de enojo, celo y despecho ante el enfoque de Aristegui que preguntó al cliente frecuente y destacadísimo de Televisa, EPN, sobre su relación y dependencia respecto a ese poder de pantalla y, además, respecto al proyecto de telecomunicaciones y competencia en este sector que desarrollaría en caso de llegar a Los Pinos.
Obligado por las circunstancias, Peña Nieto dijo que nada debía a Televisa y pronunció palabras que a los oídos de su principal casa promotora pudieron haber sonado discordantes. Para criticar ese manejo periodístico, y acusarla de ser un instrumento al servicio de Carlos Slim, Televisa recurrió a uno de sus aliados menores, Alejandro Puente Córdoba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) y directivo de Efecto TV.

Puente Córdoba, por cierto, va en lugar privilegiado en la lista de candidatos al Senado por la vía plurinominal presentada por el Movimiento Progresista pero, en realidad, como concesión o negociación específica de Dante Delgado, el habilidoso dueño de lo que antes se llamaba Partido Convergencia y ahora con oportunismo es el Movimiento Ciudadano. Así como en otros partidos se ha abierto la puerta a representantes de Televisa y Televisión Azteca para que formen lo que se ha dado en llamar la telebancada legislativa y desde las cámaras defiendan el interés de esas empresas, el comerciante Delgado desplazó de las propuestas de izquierda a Porfirio Muñoz Ledo para tratar de garantizarle seis años de fuero y poder a Puente Córdoba, un títere de Televisa enviado a agredir a Aristegui con estupideces, según la propia periodista dijo ayer al aire (en http://bit.ly/JBBQEf puede leerse sobre el tema).

Peña Nieto está enturbiando el proceso electoral con su reivindicación de la fuerza para preservar el orden y la paz, con las réplicas violentas contra opositores a cargo de grupos de choque solapados por las autoridades locales alineadas con el candidato priísta y con el aliento a posturas de intolerancia y golpeteo como las manejadas a través de un personaje manipulable por Televisa (al que Dante Delgado ha promovido para que sea senador de izquierda) contra Carmen Aristegui y las también expresadas en el programa de radio que ella conduce contra Jenaro Villamil, otro periodista con suficientes datos y evidencias del juego pervertido de mutuos apoyos entre la principal televisora mexicana y su vacuo producto presidencial de temporada.

Y, mientras la muerte del gran escritor Carlos Fuentes ayuda a recordar su grave advertencia de que Peña Nieto no tiene derecho a querer ser presidente de México a partir de la ignorancia, ¡hasta mañana!

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Vivir en la incertidumbre

ROMPEN ‘PACTO’ CON GRUPO CRIMINAL

En Veracruz nada detiene la violencia. Lejos de mantener la ‘relativa paz’ que se vivía en la entidad, el gobierno de Javier Duarte ha sido incapaz de frenar a la delincuencia organizada y a los sicarios que se disputan la plaza, menos aún los secuestros y asesinatos, que en los últimos días volvieron a desgarrar al gremio periodístico

domingo, 06 de mayo de 2012


JOSÉ GIL OLMOS


MÉXICO, DF (Apro).- La tarde del 14 de agosto de 2011 los equipos Águila de Veracruz y Tigres de Quintana Roo se disputaban la final de la liga mexicana de beisbol de la zona sur en el puerto jarocho. El gobernador anfitrión, Javier Duarte, disfrutaba el juego, e incluso propuso a su homólogo caribeño Roberto Borge hacer una apuesta.

En eso estaba Duarte cuando en el bulevar Manuel Ávila Camacho, cercano al estadio de beisbol, unos sicarios lanzaron desde un auto una granada contra el acuario y huyeron, perdiéndose entre las calles de la vieja ciudad colonial, convertida en una de las plazas que se disputan "Los Zetas" y el Cártel del Golfo.

Al recibir la noticia, Duarte dejó de celebrar las jugadas. Abandonó el estadio, pero a esa hora ya los cuerpos malheridos de la señora Magdalena Bonilla y sus dos hijos, de seis y cinco años, respectivamente, estaban tendidos en el malecón.

El 2011 fue un año violento para Veracruz. El 14 de enero, cuando sólo tenía un mes al frente del gobierno, Duarte se vio inmerso en una ola de violencia que no ha sabido controlar. Ese día, sicarios de las referidas bandas criminales se enfrentaron entre sí y con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en varios lugares de Xalapa.

El resultado: 12 sicarios y dos militares muertos. Las refriegas causaron sicosis en la ciudad, lo que obligó a sus habitantes a encerrarse en sus casas; las escuelas optaron por suspender clases, y gran parte de los negocios cerraron durante varios días.

A partir de entonces se iniciaron las ejecuciones, secuestros, desapariciones, amenazas a medios de comunicación y los asesinatos a reporteros.

Después del ataque con granada del 14 agosto el mandatario veracruzano visitó a la familia Bonilla e intentó justificarse: "No es que la inseguridad haya aumentado. Lo que ha aumentado y seguirá aumentando son los operativos y el combate frontal a los delincuentes. No es que éstos hayan llegado, ya estaban. La diferencia es que ahora se les combate con toda la fuerza que nos da el imperio de la ley".

MINIMIZAN HECHOS

Los hechos lo desmintieron. Entre el 20 de septiembre y el 8 de octubre de 2011 hubo 100 ejecuciones violentas, pese a que las autoridades estatales intentaron ocultarlas, entre ellas las de los 35 presuntos sicarios cuyos cuerpos abandonaron los matazetas en una camioneta en Boca del Río la víspera del encuentro nacional de procuradores del 20 de septiembre en ese municipio veracruzano.

El gobierno de Duarte también intentó ocultar las 14 muertes ocurridas al día siguiente en distintas partes del puerto de Veracruz, así como otros 32 crímenes en territorio porteño, en Xalapa y en Coatzacoalcos.

La violencia también tocó al equipo del gobernador. El 11 de septiembre, a las 18:30 en un restaurante de Boca del Río, municipio convertido por las bandas criminales en la principal plaza de pelea, un grupo de hombres armados ejecutaron al comandante de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), Othón Guerra Sanoja, y a su hermano.

Y una semana después, el contingente de la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que lidera el poeta Javier Sicilia fue amagado por un grupo armado en las afueras de Coatzacoalcos. Hasta entonces, en ningún estado, ni siquiera en los del norte del país, que son los más peligrosos, la caravana había enfrentado un incidente tan grave como el de Veracruz. El 19 de septiembre, la marcha de organizaciones civiles en Xalapa fue la más concurrida, pues congregó a más de 15 mil personas que salieron a las calles a exigir paz y tranquilidad.

El día 22 de ese mismo mes el senador del PRI Manlio Fabio Beltrones criticó a su correligionario Duarte por ocultar el número de muertos en Veracruz e intentar minimizar la situación, sobre todo el de los 35 cuerpos abandonados en Boca del Río, al decir que eran criminales cuando apenas se iniciaban las investigaciones.

LA CRÍTICA DE CALDERÓN

Las críticas contra Duarte arreciaron al mes siguiente, cuando el 14 de octubre el presidente Felipe Calderón aludió a la creciente ola criminal en Veracruz durante el encuentro con los integrantes del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad en el castillo de Chapultepec:

"Sí —dijo—, es un tema de apoderamiento de los criminales. Veracruz, que yo creo que se dejó en manos de ‘Los Zetas’… No sé si involuntariamente o probablemente, quiero suponer, ¿no?…

"Los reportes que tenemos de seguridad pública —lo recordarán otros compañeros de la sociedad civil— nos decían que en Veracruz reportaban cero secuestros. Y hace poco oí al ex gobernador (Fidel Herrera) decir que él mismo pagó el rescate de como 16 personas. Muy loable de su parte, pero como que no checa con los datos que teníamos. Yo no creo que no había antes víctimas en Veracruz. Yo creo que las desaparecían".

Y concluyó: "Ahora estamos viendo el problema de Veracruz, en el cual este pleito entre zetas y (sicarios de los cárteles del) Golfo y Pacífico está convirtiendo a la ciudad en una plaza encarnizadamente disputada, como lo es el caso de Guerrero".

Por esas fechas marinos, soldados y policías federales se habían desplazado a Veracruz como parte del operativo conjunto Veracruz Seguro. El gobernador Duarte tuvo incluso que sacrificar a su procurador Reynaldo Escobar para atemperar los ánimos de los veracruzanos que reclamaban resultados.

NINGUNEO

Asimismo, Duarte intentó coartar a los medios para minimizar lo que ocurría en Veracruz. En sus excesos, ninguneó los asesinatos de cuatro reporteros en 2011, el atentado con bomba al diario El Buen Tono de Córdoba en noviembre último y acusó de terroristas a varios tuiteros que difundían la información que los medios ocultaban e incluso los envió a la cárcel.

"Mucho se ha dicho acerca de la opacidad o del ocultamiento de información por parte nuestra. Realmente esa es una tontería porque, primero que nada, cómo vamos a ocultar información si estamos actuando dos gobiernos conjuntamente: el federal y el del estado", declaró el mismo día que destituyó a Escobar.

Apenas hubo unos días de tregua. En noviembre eran 150 las muertes ocurridas en los tres meses recientes y, de acuerdo con los reportes militares, se habían registrado 53 enfrentamientos entre tropas de la Sedena y delincuentes en 22 municipios de Veracruz.

Semanas más tarde, en plena Navidad las autoridades localizaron en la comunidad de El Higo, al norte del estado, 10 cuerpos decapitados y con señales de tortura. Un día antes, en esa misma zona, un comando atacó tres autobuses; sus integrantes dieron muerte a siete pasajeros, y horas después a otros cuatro en ese ejido azucarero.

Ya en 2012, la violencia envolvió al gremio periodístico. En una sola semana fueron asesinados cuatro reporteros: Regina Martínez Pérez, corresponsal de este semanario en Veracruz, cuyo cuerpo fue encontrado el 28 de abril último en su domicilio. Tenía huellas de tortura y de estrangulamiento. A ella le siguieron, el jueves 3, los reporteros gráficos Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez; todos desmembrados.

LA CRISIS

Javier Duarte, de 39 años y amigo del candidato presidencial priísta Enrique Peña Nieto, tenía una semana en el cargo cuando decidió tomarse unas vacaciones. Pero en lugar de elegir alguno de los atractivos turísticos de Veracruz, tomó un avión y se fue a Nueva York a distraerse un poco por las avenidas de la gran manzana.

Con una deuda estimada en 40 mil millones de pesos, un aparato de seguridad y de justicia deplorable —"la herencia maldita" que le dejó su antecesor Fidel Herrera, además de imponerle a su gente en puestos clave de gobierno—, Duarte arrancó su gestión en medio de una crisis severa, pero sobre todo entrampado por la violencia del narco…

"Se entiende que hubo un pacto entre varios o muchos de estos grupos con el gobierno anterior y todo indica que el actual tuvo que romper estos pactos, no honrarlos, porque dependía para su sobrevivencia del apoyo del gobierno federal, sobre todo en lo económico", comenta a Proceso Alberto J. Olvera, adscrito al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana desde 1981 y fundador de la dirección nacional de la Alianza Cívica.

"En parte —añade— algunos analistas locales asumen que ésta es la razón por la cual comenzó a confrontarse con ‘Los Zetas’, con lo que se rompieron las reglas que prevalecieron hasta el gobierno de Fidel Herrera".

Olvera, que también es consultor de la Secretaría de Gobernación y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en temas relacionados con la sociedad civil, enumera tres elementos para definir la gestión del sucesor de Fidel Herrera Beltrán:

Dice que Duarte llegó al gobierno del estado en medio de una de las peores crisis fiscales de su historia, mientras que en lo político llegó comprometido con diversos grupos políticos priístas. Como tercer elemento, advierte, heredó de su antecesor Herrera Beltrán una expansión de los negocios del crimen organizado tanto en la modalidad de trata de personas, sobre todo de migrantes centroamericanos, que se convirtió en una industria.

CABEZAS DE PLAYA

"Lo cierto es que el crimen organizado estableció cabezas de playa virtualmente en toda la geografía veracruzana. El modelo de negocios del crimen organizado de Veracruz parece ser bastante descentralizado, una especie de sistema de franquicias; es decir, un modelo descentralizado que opera con una serie de pactos locales, lo cual hace más complejo el análisis y la operación.

"Esto explica cómo estos grupos locales del crimen organizado recurren a una serie de negocios para su sobrevivencia y sobrellevar los ciclos de altas y bajas en los negocios principales", sostiene el académico.

Para el investigador Javier Oliva, responsable del diplomado en seguridad nacional de la UNAM, es evidente que al llegar Duarte al gobierno de Veracruz hubo un reacomodo entre dos o tres bandas del crimen organizado que se disputan un mercado redituable:

"Es usual que el cambio de autoridades genere reacomodos, lo cual no significa que las nuevas autoridades estén coludidas. No, simplemente hay un recambio y se dan enfrentamientos como los que estamos viendo en Veracruz. Cuando hay un asentamiento notable del crimen organizado, cuando se dan estos cambios, también se modifican las reglas del juego".

Su colega Alberto J. Olvera matiza por separado: esta crisis de seguridad y procuración de justicia en Veracruz no alcanza los niveles de ingobernabilidad; ésta se resuelve cuando se atienden los focos de conflicto de las clases privilegiadas priístas mediante negociaciones ad hoc.

GRAN DEBILIDAD

"El problema es más bien una crisis de relación con el bajo mundo de los negocios que ha extendido el crimen organizado. No sabemos a ciencia cierta cuál es su grado de penetración en las economías regionales, pero sin duda hay una penetración muy fuerte derivada de su expansión en años anteriores. De manera que el tema de cómo se controla esta expansión es lo que ahora está en cuestión", señala Olvera.

Advierte que la crisis de seguridad se expresa en la debilidad de los aparatos e instituciones de justicia del gobierno veracruzano. La policía estatal y el cuerpo de ministerios públicos son pequeños; este último es nueve veces menor al del Distrito Federal y, para colmo, está en un proceso de renovación y de modernización que sólo lleva 30% del total.

"Es muy débil —dice el entrevistado—. No tiene capacidad para cubrir todo el territorio ni puede atender todas las emergencias. Las policías municipales tampoco se han reformado, de manera que tenemos una enorme debilidad en la fuerza pública policiaca propensa a ser infiltrada por la delincuencia".

Según Olvera, entre los veracruzanos hay un sentimiento de inseguridad que alcanzó su clímax en agosto y septiembre de 2011. Y aunque después del operativo Veracruz Seguro la población recuperó cierta confianza, la incertidumbre permanece.

Y remata: Es difícil saber si la "relativa paz" que se venía teniendo es sostenible o no; nadie lo sabe. Hoy, dice, con "los secuestros, que han pegado muy duro en ciudades medianas y pequeñas de Veracruz, la vida cotidiana es más bien de incertidumbre. No se sabe cuánto tiempo durará la paz".

Astillero

Dos zarpazos

Infausto, Vallejo

Duarte, reincidente

Periodistas protestan

¿Y las campañas?

Julio Hernández López


Un doble zarpazo surgido desde entidades bajo gobiernos del PRI pareció prefigurar lo que puede esperarse en caso de que la esencia y el estilo de los tres colores se reinstale en el poder absolutista. Tan apabullantes resultaron las escenas de la represión diazordacista a jóvenes en Morelia y de la inviabilidad civil institucional en Veracruz, que frente a ellas languidecieron tanto el arranque de las campañas de candidatos a la jefatura del gobierno de la ciudad de México como el inicio del segundo tercio de las correspondientes a aspirantes presidenciales.

Fue como si la película de la presunta viabilidad democrática se hubiese congelado e incluso retrocedido, con un Fausto Vallejo ensoberbecido en su papel de represor nostálgico, incapaz de tender y desarrollar estrategias políticas hábiles y tempranamente inscrito en la sucia lista de quienes creen que por tener a su disposición la fuerza pública están facultados para ejercerla con brutalidad, cuando sus presuntas habilidades de gobernante fallan o son desatendidas justamente por sus inconsistencias de origen.

El gobernador michoacano Vallejo, en una variante priísta de la ilegimitidad de origen que llevó a Calderón a declarar una guerra insensata (el tecleador se autocensuró, para no usar una letanía de calificativos crudos al hablar de esa guerra), encontró en la golpiza, la persecución, los desaparecidos, los tratos infamantes y la consignación de dos centenares de jóvenes el pretexto para buscar el beneplácito de los segmentos conservadores de su sociedad que desean mano dura contra infractores y presuntos infractores de una legalidad maltrecha, porque creen que así controlan o exterminan las causas de esos problemas para los que solamente se les ocurre la alternativa carcelaria (en esta aventura lamentable, las policías del infausto Vallejo fueron apoyadas por las federales, aunque el problema político no resuelto por la paz ha sido responsabilidad del gobernador estatal).

Vallejo es un gobernador falto de legitimidad, acusado por su igualmente embarrada opositora panista (Cocoa, convertida en vocería fraternal de los despechados Pinos) de haber alcanzado aritméticamente el poder gracias a la influencia y los recursos de algunos de los bandos de narcotráfico que constituyen los verdaderos poderes de la entidad. Además, Fausto Vallejo se alzó con una victoria oscura sobre los despojos de una élite perredista-cardenista doblegada por sus propios y graves errores, con Leonel Godoy como ejecutante virtuoso, y por la campaña sistemática de erosión armada que FCH desplegó durante años contra las estructuras estatal y municipales de la izquierda.

En tales circunstancias, y alentado por los aires de triunfalismo en que se mueve la expectativa presidencial de Peña Nieto, a Vallejo le pareció fácil enderezar fórmulas de abierta represión (menos fuertes que en Atenco, es cierto, pero con un tufo de pasado copetón que quiere volverse futuro) contra jóvenes que así hubiesen cometido los peores delitos deberían ser sometidos sin exceso de fuerza ni prácticas humillantes a un correcto proceso legal y no, como sucedió, a castigos físicos y exhibición ejemplar en busca de conceder al debilitado poderoso en turno presuntos bonos ciudadanos por su valeroso proceder. Mal haría la sociedad mexicana, en sus vertientes regional y nacional, si permite que Fausto Vallejo explore impunemente los límites hasta los que un gobierno priísta puede llegar sin que suceda nada. De Michoacán bien podría Peña Nieto tomar refuerzos actualizados para la visión del ejercicio violento del poder que ya aplicó en el estado de México y ahora cree estar en condiciones de instaurar en el país entero.
En Jalapa no fue un hecho masivo ni existe aún claridad para determinar si se trata de un hecho delictivo con móviles personales o profesionales. Pero el asesinato de un periodista más en esa tierra de filofranquismo marino no puede estar desvinculado del contexto reincidente de agresiones sistemáticas al periodismo, de impunidad de quienes agreden a los practicantes de ese oficio, de improvisada y amenazante legalidad silenciadora contra el tuiteo, de abdicación del ejercicio civil de la política en favor del mando marino y la mano dura y de control implacable de la mayoría de los medios de comunicación.

(Ayer, en algunos de esos medios, no fue noticia de primera plana o, siéndolo, mereció una referencia secundaria, menor, un asesinato que en cambio sí tuvo resonancia en los principales medios internacionales; en cambio, muy destacadas fueron las actividades del gobernador imperioso y del DIF estatal. Una tarea gubernamental relevante fue la asistencia del gobernador Javier Duarte, acompañado obviamente por el comandante de la Marina, a una misa en la que oró, con las palmas de las manos hacia arriba, y comulgó, para encomendar al Altísimo el buen destino de la entidad.)

En tal cuadro de descomposición institucional fue asesinada Regina Martínez, una periodista que fue corresponsal de La Jornada y de Proceso y que en sus reportes cotidianos tocó con crítico profesionalismo varios de los asuntos delicados del entramado veracruzano. A diferencia de otros casos a lo largo del país, en los que la violencia mortal contra periodistas es tramposamente adjudicada a relaciones peligrosas, sin más pruebas que la versión convenientemente filtrada desde el poder, en el caso de Regina no hubo titubeo entre sus colegas para advertir que el golpe dado lo era a un periodismo crítico, implacable, insobornable y genuino.

Ello permitió que en la madrugada del domingo, con menos de doce horas de anticipación, se convocara a una protesta en las oficinas de la representación del gobierno de Duarte en la ciudad de México. Allí hablaron María Scherer, Jenaro Villamil, Pedro Miguel, Rogelio Hernández López y un tecleador trasnochado, frente a más de un centenar de periodistas y ciudadanos en exigencia de justicia y de que no haya más periodistas ejecutados.

¿Y las campañas? Ah, cierto. Bueno, de eso se hablará aquí... ¡hasta mañana!

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