Julio Hernández López
El fantasma represor de Atenco
Córdoba, Veracruz
Córdoba, Televisa (y Dante)
Fuentes, la ignorancia y EPN
Tanto se esmeró Enrique Peña Nieto un viernes reciente en la Universidad Iberoamericana en reivindicar el espíritu represivo mostrado por su gobierno en San Salvador Atenco que ahora ese fantasma golpeador le acompaña en algunos de sus actos entrañables de campaña.
Al día siguiente de su accidentada excursión por el territorio educativo de los jesuitas en Santa Fe, viajó a Saltillo, capital del estado administrado por sus solidarios hermanos Moreira, y allí algunos de quienes protestaban contra el candidato presidencial de tres colores fueron golpeados por dirigentes priístas amablemente observados por policías municipales ( http://bit.ly/JE9OaZ ).
Ayer, en otra demarcación entregada a él en términos presupuestales y ejecutivos, en el Veracruz de Javier Duarte, el de las maletas millonarias voladoras, el neofranquismo marinado y el periodismo crítico amenazado y asesinado, otros opositores a Peña Nieto fueron castigados físicamente, esta vez en Córdoba.
(Los organizadores de esta protesta se esmeraron en advertir el carácter pacífico y no partidista de su movilización, como puede comprobarse en http://bit.ly/Mhjs5Y, pero aún así hubo amenazas previas y acción represiva puntual, como si se quisiera mandar un mensaje amenazante a quienes organicen otras manifestaciones contra Peña Nieto e insistan en recordarle el asunto de Atenco. Ese riesgo de la provocación montada, y del manejo tramposo de los medios de comunicación para enjaretar a los opositores la culpa de actos violentos generados desde el poder, es una de las consideraciones que deben tomar en cuenta quienes de buena voluntad exploran la posibilidad de asistir a una manifestación anti EPN en el Zócalo capitalino que tiene josefinistas promotores, no tiene nada que ver con el lopezobradorismo y puede ser usada en contra, sobre todo si hay violencia sembrada, de la candidatura de izquierda a la que pretenden endilgarle una campaña de odio contra el aspirante priísta).
No es casual que las agresiones a disidentes se produzcan en entidades gobernadas por personajes entregados a la causa peñanietista: los Moreira y Duarte se juegan hasta su libertad personal en estos lances electorales, pues el dinero público y el ejercicio de gobierno han sido puestos al servicio de la causa priísta con un descaro que en ejercicio recto de la justicia les significaría sanciones penales. Tampoco es casual que sean los golpes y la provocación los elementos escogidos para enfrentar la creciente oposición a EPN, pues él mismo se esmeró en la Ibero en desatar los demonios de la celebración diazordacista de la violencia como método para enfrentar protestas sociales, en fomentar insidiosas acusaciones macartistas contra jóvenes en protesta y en reivindicar para sí el oprobioso papel de comandante en jefe de la Operación Garrote que de Atenco ahora promete, con firma ante notario público o sin ella, cumplir en el país entero.
Otro efecto derivado de las enzarzadas andanzas de Peña Nieto ha sido la arremetida de Televisa, mediante un personero manejado a través de cable, contra la destacada periodista Carmen Aristegui. A pesar de que la entrevista realizada por ella al aspirante priísta fue opacada por los más llamativos sucesos de la Universidad Iberoamericana, la empresa que tiene a Emilio Azcárraga Jean como principal accionista reaccionó con una mezcla de enojo, celo y despecho ante el enfoque de Aristegui que preguntó al cliente frecuente y destacadísimo de Televisa, EPN, sobre su relación y dependencia respecto a ese poder de pantalla y, además, respecto al proyecto de telecomunicaciones y competencia en este sector que desarrollaría en caso de llegar a Los Pinos.
Obligado por las circunstancias, Peña Nieto dijo que nada debía a Televisa y pronunció palabras que a los oídos de su principal casa promotora pudieron haber sonado discordantes. Para criticar ese manejo periodístico, y acusarla de ser un instrumento al servicio de Carlos Slim, Televisa recurrió a uno de sus aliados menores, Alejandro Puente Córdoba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) y directivo de Efecto TV.
Puente Córdoba, por cierto, va en lugar privilegiado en la lista de candidatos al Senado por la vía plurinominal presentada por el Movimiento Progresista pero, en realidad, como concesión o negociación específica de Dante Delgado, el habilidoso dueño de lo que antes se llamaba Partido Convergencia y ahora con oportunismo es el Movimiento Ciudadano. Así como en otros partidos se ha abierto la puerta a representantes de Televisa y Televisión Azteca para que formen lo que se ha dado en llamar la telebancada legislativa y desde las cámaras defiendan el interés de esas empresas, el comerciante Delgado desplazó de las propuestas de izquierda a Porfirio Muñoz Ledo para tratar de garantizarle seis años de fuero y poder a Puente Córdoba, un títere de Televisa enviado a agredir a Aristegui con estupideces, según la propia periodista dijo ayer al aire (en http://bit.ly/JBBQEf puede leerse sobre el tema).
Peña Nieto está enturbiando el proceso electoral con su reivindicación de la fuerza para preservar el orden y la paz, con las réplicas violentas contra opositores a cargo de grupos de choque solapados por las autoridades locales alineadas con el candidato priísta y con el aliento a posturas de intolerancia y golpeteo como las manejadas a través de un personaje manipulable por Televisa (al que Dante Delgado ha promovido para que sea senador de izquierda) contra Carmen Aristegui y las también expresadas en el programa de radio que ella conduce contra Jenaro Villamil, otro periodista con suficientes datos y evidencias del juego pervertido de mutuos apoyos entre la principal televisora mexicana y su vacuo producto presidencial de temporada.
Y, mientras la muerte del gran escritor Carlos Fuentes ayuda a recordar su grave advertencia de que Peña Nieto no tiene derecho a querer ser presidente de México a partir de la ignorancia, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
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miércoles, 16 de mayo de 2012
domingo, 13 de mayo de 2012
El éxodo del miedo
AUTORIDADES LOS DEJARON MORIR
El clima ya se hizo irrespirable para algunos reporteros de varios medios de información veracruzanos que viven aterrados, y desamparados por las autoridades y por sus empleadores: Unos abandonaron el estado o el país. Otros optaron por dedicarse a otra actividad. A unos más los han asesinado
domingo, 13 de mayo de 2012
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, DF (Apro).- Estaban sentenciados y las autoridades los dejaron morir. El mismo gobierno de Felipe Calderón lo sabía y advirtió sólo a Televisa, que sacó de Veracruz a su corresponsal Hugo Gallardo San Gabriel, aunque luego lo despidió. No fue el caso de los tres fotorreporteros secuestrados y encontrados muertos el jueves 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Esas muertes desataron de nuevo los temores entre periodistas de Veracruz que, escépticos ante el anuncio del gobernador Javier Duarte de Ochoa de crear “un organismo para su protección”, comenzaron de nuevo a salir del estado o a retirarse de la actividad.
Con la muerte de ochos periodistas a cuestas en menos de un año, la administración de Duarte está en la mira internacional por la vulnerabilidad de los periodistas en el estado, en particular en el puerto de Veracruz, uno de los principales escenarios de la disputa entre los grupos de delincuencia organizada y donde trabajaba la mayoría de los periodistas asesinados.
Las advertencias contra éstos eran conocidas por la Presidencia de la República y por el gobierno de Duarte, según el testimonio del ex corresponsal de Televisa. Amnistía Internacional (AI) coincide y asegura que los asesinatos de Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez “no ocurrieron sin previo aviso”.
Según la oficina de ese organismo en México, “información recibida por Amnistía Internacional (indica que) los nombres de estos periodistas, junto con otros, aparecieron en una lista circulada el año pasado con una amenaza en su contra.
“A pesar de estar informadas de esta situación, las autoridades estatales no tomaron medidas para asegurar la protección de los periodistas en riesgo, varios de los cuales se vieron obligados a salir del estado por motivos de seguridad”, asegura el organismo con sede en Londres, aunque el gobierno de Duarte niega que existiera esa lista.
AI señala que desde finales de 2010 ocho periodistas han sido asesinados en el estado de Veracruz. La fecha marca el inicio de la administración de Javier Duarte. Ninguno ha sido esclarecido.
A diferencia de lo ocurrido con los cuatro primeros, el gobierno estatal anunció que pediría a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso de los tres fotógrafos por considerar que en esos crímenes intervino la delincuencia organizada. Una semana después de los hechos no lo había formalizado.
LA HUiDA
Después del asesinato de los reporteros gráficos, de nueva cuenta varios periodistas y editorialistas han salido del estado, han declinado seguir publicando o de plano han renunciado a la profesión.
El miércoles 9 la página de internet Plumas Libres, que se elabora en Xalapa, informó que algunos periodistas “no esperaron ni 24 horas para dejar el estado” después del asesinato de los tres fotorreporteros, mientras que muchos trabajan con miedo.
Con el texto “Periodistas comienzan nuevo exilio en Veracruz” da cuenta del temor que prevalece entre los comunicadores del estado y cuestiona que hasta ahora Duarte se haya limitado “a cuidar a los dueños de los medios y a sus negocios”. El gobernador, en efecto, ordenó vigilancia policial para los periódicos porteños Notiver, El Dictamen y AZ, donde trabajaba la mayoría de los comunicadores asesinados.
“De qué sirven las patrullas y policías afuera de los periódicos. Sólo cuidan instalaciones. Los dueños nunca salen a demandar el esclarecimiento de la muerte de un periodista. Siempre se quedan en silencio”, cita a un periodista que por razones obvias no identifica.
La cita dice también: “No sé de ningún reportero bajo vigilancia oficial en Veracruz. Seguimos solos pese a las promesas en el gobierno del estado. Salgo de mi casa con miedo. Llego al trabajo con miedo. Como con miedo. Sólo me siento seguro por unos momentos en el diario, donde están los policías; pero después... la zozobra de nueva cuenta”.
ADELANTA SU RETIRO
Otro periodista que durante más de 30 años cubrió la fuente policiaca adelanta su retiro ante la violencia contra la prensa en el estado: “No pensaba salirme de la reporteada. Tras el asesinado de Miguel Ángel López Velasco y su familia comencé a analizarlo. Con la muerte de Yolanda Ordaz me decidí. No quiero saber nada del periodismo. Menos de la nota roja. Estoy valorando mi vida. Mis historias y vivencias en la fuente se quedarán guardadas un buen tiempo”.
Un reportero más relata la ansiedad bajo la que vive por su cobertura periodística: “No se puede... Con el paso de las horas la misma información te aplasta. Ver cadáveres regados a cada momento te sume en tribulaciones. Entiendes que la autoridad ya no es quien resuelve el crimen. Se han vuelto recolectores de cadáveres y el reportero es cronista de la muerte”.
Gallardo San Gabriel cuenta que en julio de 2011, después del asesinato de la reportera de Notiver, Yolanda Ordaz, él tuvo que salir del estado contra su voluntad y por órdenes de sus jefes, tanto en el estado como en la Ciudad de México.
No fue el único. En un relato que publicó apenas el martes 1 de mayo en su portal electrónico MI revista con el título “¡Estoy vivo!”, asegura que tras los primeros asesinatos, propietarios y directores de medios de comunicación veracruzanos salieron de la ciudad o cuando menos enviaron a sus hijos al extranjero.
“Reporteros de la sección policiaca, como Andrés Salomón, de XEU de Veracruz, abandonó la ciudad. Le siguieron Enrique Bautista y Arturo González, de El Dictamen; Gabriel Huge, de Notiver, y otro más del periódico Imagen. Trascendió que periodistas de otros puntos del estado también lo hicieron”.
ESTABA EN LA LISTA
En su caso, confirmado por el propio Gallardo a Proceso, cuenta que su jefe inmediato, Rogerio Pano Rebolledo, le dijo que su vida estaba en peligro, que tenía que salir del estado junto con su familia. Irse a otro estado o incluso al extranjero porque había una lista de reporteros que iban a ejecutar.
Gallardo, que alega no haber recibido nunca ninguna amenaza, refiere que la información la había entregado la propia Presidencia de la República a sus jefes. Ignacio Reyna Carrera, director general de la televisora en el estado, le dijo también que tenía que salir. “Que sólo sería por dos o tres meses en lo que se calmaban las cosas, con la promesa de que regresaría a mi trabajo cotidiano”.
Cuenta que el 26 de julio del año pasado, dos días después de que apareciera el cuerpo de Yolanda Ordaz, salió de Veracruz en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, escoltado por personal de la Marina. El aparato formaba parte del equipo desplegado para una visita que realizaba Felipe Calderón.
Junto con su familia, el reportero aterrizó en el hangar presidencial, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde lo recibió personal del Estado Mayor Presidencial.
Refiere que en agosto siguiente su jefe en México, Miguel Ángel García Briseño, director de Televisa Regional, lo buscó preocupado porque su familia se había regresado a Veracruz.
LO LIQUIDARON
“El 21 de diciembre fui convocado a una sorpresiva reunión con Ignacio Reyna Carrera, director de Televisa Veracruz. El encuentro fue en instalaciones de Televisa Santa Fe, en el Distrito Federal… La entrevista fue en la oficina de Raquel Bernal, gerente administrativa de la Dirección de Televisa Regional, a cargo de Miguel Ángel García Briseño, alguna vez director de Telever”.
Reyna le dijo que Televisa México no le podía seguir pagando su estadía en la Ciudad de México y que Televisa Veracruz no lo podía seguir manteniendo sin trabajar; pero “como según él aún no había condiciones para que yo regresara a la ciudad, optaba por liquidarme de la empresa”, después de 14 años de trabajar para el monopolio.
Más todavía, dice en su testimonio, “me pidió que no volviera a Veracruz y mucho menos que trabajara en algún otro medio de comunicación” porque según el directivo “soy una caja de resonancia, que algo malo me podía suceder y que rebotaría en la imagen de Televisa”.
Asegura que en la búsqueda de empleo en medios veracruzanos “me he enterado... (de) que hay una especie de acuerdo con dueños y directores de los medios más importantes, al parecer coordinados por una mano oficial poderosa, que sugieren que no sea yo contratado porque me han ‘etiquetado’ como un periodista de riesgo”.
ESCALADA SIN PRECEDENTE
La representación en México de la organización no gubernamental Artículo 19, promotora de la defensa de la libertad de expresión e información en el mundo, ha documentado la desastrosa situación para la prensa en el gobierno de Duarte:
“Durante el segundo semestre de 2011 el estado de Veracruz vivió una escalada de violencia sin precedente, similar a la que hundió a Tamaulipas. En el lapso de unas cuantas semanas cuatro periodistas fueron asesinados, 13 escaparon del estado por amenazas y uno más desapareció sin que hasta ahora se sepa nada de su paradero.”
En un escrito dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes del secuestro y asesinato de los tres reporteros gráficos, la organización registró en ese lapso 66 agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión. Los más graves: Cuatro asesinatos de periodistas o trabajadores de medios de comunicación, un ataque violento y un desaparecido. Afirma que en 33 casos, quienes cometieron las agresiones fueron agentes estatales.
Refiere que poco antes de que terminara el año, un grupo armado atacó un diario en el municipio de Córdoba, a 170 kilómetros de Xalapa, la capital del estado. Los atacantes prendieron fuego a la redacción y a las áreas de diseño y publicidad.
Rebasado por la violencia contra la prensa, Duarte de Ochoa anunció el viernes 4 la creación de “un organismo para la protección de los profesionales de los medios de comunicación y otro para atender a las víctimas de los grupos delincuenciales”.
La creación del organismo para la prensa está lejos de concretarse, pues según dijo ese día el gobernante habrá de esperar las propuestas de los directivos y dueños de los medios del estado. Después de ese anuncio comenzó la vigilancia policial afuera de las instalaciones de Notiver, El Dictamen y AZ.
El clima ya se hizo irrespirable para algunos reporteros de varios medios de información veracruzanos que viven aterrados, y desamparados por las autoridades y por sus empleadores: Unos abandonaron el estado o el país. Otros optaron por dedicarse a otra actividad. A unos más los han asesinado
domingo, 13 de mayo de 2012
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, DF (Apro).- Estaban sentenciados y las autoridades los dejaron morir. El mismo gobierno de Felipe Calderón lo sabía y advirtió sólo a Televisa, que sacó de Veracruz a su corresponsal Hugo Gallardo San Gabriel, aunque luego lo despidió. No fue el caso de los tres fotorreporteros secuestrados y encontrados muertos el jueves 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Esas muertes desataron de nuevo los temores entre periodistas de Veracruz que, escépticos ante el anuncio del gobernador Javier Duarte de Ochoa de crear “un organismo para su protección”, comenzaron de nuevo a salir del estado o a retirarse de la actividad.
Con la muerte de ochos periodistas a cuestas en menos de un año, la administración de Duarte está en la mira internacional por la vulnerabilidad de los periodistas en el estado, en particular en el puerto de Veracruz, uno de los principales escenarios de la disputa entre los grupos de delincuencia organizada y donde trabajaba la mayoría de los periodistas asesinados.
Las advertencias contra éstos eran conocidas por la Presidencia de la República y por el gobierno de Duarte, según el testimonio del ex corresponsal de Televisa. Amnistía Internacional (AI) coincide y asegura que los asesinatos de Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez “no ocurrieron sin previo aviso”.
Según la oficina de ese organismo en México, “información recibida por Amnistía Internacional (indica que) los nombres de estos periodistas, junto con otros, aparecieron en una lista circulada el año pasado con una amenaza en su contra.
“A pesar de estar informadas de esta situación, las autoridades estatales no tomaron medidas para asegurar la protección de los periodistas en riesgo, varios de los cuales se vieron obligados a salir del estado por motivos de seguridad”, asegura el organismo con sede en Londres, aunque el gobierno de Duarte niega que existiera esa lista.
AI señala que desde finales de 2010 ocho periodistas han sido asesinados en el estado de Veracruz. La fecha marca el inicio de la administración de Javier Duarte. Ninguno ha sido esclarecido.
A diferencia de lo ocurrido con los cuatro primeros, el gobierno estatal anunció que pediría a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso de los tres fotógrafos por considerar que en esos crímenes intervino la delincuencia organizada. Una semana después de los hechos no lo había formalizado.
LA HUiDA
Después del asesinato de los reporteros gráficos, de nueva cuenta varios periodistas y editorialistas han salido del estado, han declinado seguir publicando o de plano han renunciado a la profesión.
El miércoles 9 la página de internet Plumas Libres, que se elabora en Xalapa, informó que algunos periodistas “no esperaron ni 24 horas para dejar el estado” después del asesinato de los tres fotorreporteros, mientras que muchos trabajan con miedo.
Con el texto “Periodistas comienzan nuevo exilio en Veracruz” da cuenta del temor que prevalece entre los comunicadores del estado y cuestiona que hasta ahora Duarte se haya limitado “a cuidar a los dueños de los medios y a sus negocios”. El gobernador, en efecto, ordenó vigilancia policial para los periódicos porteños Notiver, El Dictamen y AZ, donde trabajaba la mayoría de los comunicadores asesinados.
“De qué sirven las patrullas y policías afuera de los periódicos. Sólo cuidan instalaciones. Los dueños nunca salen a demandar el esclarecimiento de la muerte de un periodista. Siempre se quedan en silencio”, cita a un periodista que por razones obvias no identifica.
La cita dice también: “No sé de ningún reportero bajo vigilancia oficial en Veracruz. Seguimos solos pese a las promesas en el gobierno del estado. Salgo de mi casa con miedo. Llego al trabajo con miedo. Como con miedo. Sólo me siento seguro por unos momentos en el diario, donde están los policías; pero después... la zozobra de nueva cuenta”.
ADELANTA SU RETIRO
Otro periodista que durante más de 30 años cubrió la fuente policiaca adelanta su retiro ante la violencia contra la prensa en el estado: “No pensaba salirme de la reporteada. Tras el asesinado de Miguel Ángel López Velasco y su familia comencé a analizarlo. Con la muerte de Yolanda Ordaz me decidí. No quiero saber nada del periodismo. Menos de la nota roja. Estoy valorando mi vida. Mis historias y vivencias en la fuente se quedarán guardadas un buen tiempo”.
Un reportero más relata la ansiedad bajo la que vive por su cobertura periodística: “No se puede... Con el paso de las horas la misma información te aplasta. Ver cadáveres regados a cada momento te sume en tribulaciones. Entiendes que la autoridad ya no es quien resuelve el crimen. Se han vuelto recolectores de cadáveres y el reportero es cronista de la muerte”.
Gallardo San Gabriel cuenta que en julio de 2011, después del asesinato de la reportera de Notiver, Yolanda Ordaz, él tuvo que salir del estado contra su voluntad y por órdenes de sus jefes, tanto en el estado como en la Ciudad de México.
No fue el único. En un relato que publicó apenas el martes 1 de mayo en su portal electrónico MI revista con el título “¡Estoy vivo!”, asegura que tras los primeros asesinatos, propietarios y directores de medios de comunicación veracruzanos salieron de la ciudad o cuando menos enviaron a sus hijos al extranjero.
“Reporteros de la sección policiaca, como Andrés Salomón, de XEU de Veracruz, abandonó la ciudad. Le siguieron Enrique Bautista y Arturo González, de El Dictamen; Gabriel Huge, de Notiver, y otro más del periódico Imagen. Trascendió que periodistas de otros puntos del estado también lo hicieron”.
ESTABA EN LA LISTA
En su caso, confirmado por el propio Gallardo a Proceso, cuenta que su jefe inmediato, Rogerio Pano Rebolledo, le dijo que su vida estaba en peligro, que tenía que salir del estado junto con su familia. Irse a otro estado o incluso al extranjero porque había una lista de reporteros que iban a ejecutar.
Gallardo, que alega no haber recibido nunca ninguna amenaza, refiere que la información la había entregado la propia Presidencia de la República a sus jefes. Ignacio Reyna Carrera, director general de la televisora en el estado, le dijo también que tenía que salir. “Que sólo sería por dos o tres meses en lo que se calmaban las cosas, con la promesa de que regresaría a mi trabajo cotidiano”.
Cuenta que el 26 de julio del año pasado, dos días después de que apareciera el cuerpo de Yolanda Ordaz, salió de Veracruz en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, escoltado por personal de la Marina. El aparato formaba parte del equipo desplegado para una visita que realizaba Felipe Calderón.
Junto con su familia, el reportero aterrizó en el hangar presidencial, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde lo recibió personal del Estado Mayor Presidencial.
Refiere que en agosto siguiente su jefe en México, Miguel Ángel García Briseño, director de Televisa Regional, lo buscó preocupado porque su familia se había regresado a Veracruz.
LO LIQUIDARON
“El 21 de diciembre fui convocado a una sorpresiva reunión con Ignacio Reyna Carrera, director de Televisa Veracruz. El encuentro fue en instalaciones de Televisa Santa Fe, en el Distrito Federal… La entrevista fue en la oficina de Raquel Bernal, gerente administrativa de la Dirección de Televisa Regional, a cargo de Miguel Ángel García Briseño, alguna vez director de Telever”.
Reyna le dijo que Televisa México no le podía seguir pagando su estadía en la Ciudad de México y que Televisa Veracruz no lo podía seguir manteniendo sin trabajar; pero “como según él aún no había condiciones para que yo regresara a la ciudad, optaba por liquidarme de la empresa”, después de 14 años de trabajar para el monopolio.
Más todavía, dice en su testimonio, “me pidió que no volviera a Veracruz y mucho menos que trabajara en algún otro medio de comunicación” porque según el directivo “soy una caja de resonancia, que algo malo me podía suceder y que rebotaría en la imagen de Televisa”.
Asegura que en la búsqueda de empleo en medios veracruzanos “me he enterado... (de) que hay una especie de acuerdo con dueños y directores de los medios más importantes, al parecer coordinados por una mano oficial poderosa, que sugieren que no sea yo contratado porque me han ‘etiquetado’ como un periodista de riesgo”.
ESCALADA SIN PRECEDENTE
La representación en México de la organización no gubernamental Artículo 19, promotora de la defensa de la libertad de expresión e información en el mundo, ha documentado la desastrosa situación para la prensa en el gobierno de Duarte:
“Durante el segundo semestre de 2011 el estado de Veracruz vivió una escalada de violencia sin precedente, similar a la que hundió a Tamaulipas. En el lapso de unas cuantas semanas cuatro periodistas fueron asesinados, 13 escaparon del estado por amenazas y uno más desapareció sin que hasta ahora se sepa nada de su paradero.”
En un escrito dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes del secuestro y asesinato de los tres reporteros gráficos, la organización registró en ese lapso 66 agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión. Los más graves: Cuatro asesinatos de periodistas o trabajadores de medios de comunicación, un ataque violento y un desaparecido. Afirma que en 33 casos, quienes cometieron las agresiones fueron agentes estatales.
Refiere que poco antes de que terminara el año, un grupo armado atacó un diario en el municipio de Córdoba, a 170 kilómetros de Xalapa, la capital del estado. Los atacantes prendieron fuego a la redacción y a las áreas de diseño y publicidad.
Rebasado por la violencia contra la prensa, Duarte de Ochoa anunció el viernes 4 la creación de “un organismo para la protección de los profesionales de los medios de comunicación y otro para atender a las víctimas de los grupos delincuenciales”.
La creación del organismo para la prensa está lejos de concretarse, pues según dijo ese día el gobernante habrá de esperar las propuestas de los directivos y dueños de los medios del estado. Después de ese anuncio comenzó la vigilancia policial afuera de las instalaciones de Notiver, El Dictamen y AZ.
domingo, 6 de mayo de 2012
Crimen y ¿castigo?
En tiempos de Felipe Calderón el periodismo se ha convertido en un oficio de muerte. No para todos. Hay quienes intercambian silencio o complicidad por seguridad. Otros, muchos, optan por no tomar riesgos. Regina Martínez, asesinada atrozmente la madrugada del sábado 28 en su casa de Xalapa, Veracruz, formaba en las filas de los periodistas que incomodan al poder. A nuestra querida compañera la mataron, en conjunción, la mente asesina que urdió el crimen y la mano presta que lo ejecutó. Pero la privó de la vida también la descomposición que invade como cáncer el organismo nacional y, en este caso particular, el estado de Veracruz, donde crímenes semejantes se repiten en medio de la impunidad. A Regina la mató de igual forma el clima de hostilidad manifiesta en el que desempeñaba su trabajo como corresponsal de Proceso. Lastimados e indignados, el domingo 29 acudimos a la sede del Poder Ejecutivo de Veracruz y fuimos recibidos por el gobernador y sus colaboradores. Pocos minutos duró el encuentro. Julio Scherer García atajó la retórica vacua de Javier Duarte: Es inútil, señor gobernador, no le creemos…
domingo, 06 de mayo de 2012
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
XALAPA, Ver. (Apro).- Ante la tragedia, el derroche, la ostentación del poder. La retórica por delante del gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública y el espacioso aparato tipo Bell en que él mismo se traslada, camionetas Van blindadas, una sala de juntas en el hotel Crown Plaza local…, todo a disposición de Proceso.
Hacia el mediodía del domingo 29 de abril, en la Casa de Gobierno de esta ciudad el ambiente era abrumador. Más que dar confianza, apantallaba con el peso del aparato gubernamental y el uso de los recursos públicos. En la mesa de la sala de recepción, desplegada en forma ostensible, la reciente edición especial de Proceso dedicada a "Los Zetas".
Ese día, a la residencia oficial que Duarte amplió el año pasado, comprando casas vecinas, había llegado un nutrido grupo de funcionarios de seguridad y justicia encabezado por el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa. Estaba también un fiscal que lo mismo atiende delitos electorales que "denuncias contra periodistas y/o comunicadores".
Duarte los sentó a su izquierda en una larga mesa de juntas. A su derecha, el fundador de Proceso, Julio Scherer García, el director Rafael Rodríguez Castañeda, el subdirector Salvador Corro, el fotógrafo Germán Canseco y este reportero.
Erguido, cuidadoso de que no se le arrugara su guayabera blanca, el gobernador comenzó a "lamentar el doloroso asesinato" de Regina Martínez Pérez, la corresponsal de la revista en Veracruz, muerta por estrangulamiento la madrugada del día anterior.
Consabidas las frases: "Tengan ustedes la seguridad de que llegaremos hasta las últimas consecuencias", "destacada periodista", "prestigiado medio que usted dirige"…
Sólo dio una información: la solicitud que hizo a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que junto con Proceso coadyuvaran en la investigación. Una "comisión interinstitucional" la llama, y promete transparencia.
Luego pide a sus funcionarios convocados que enlisten sus actuaciones desde que se conoció el asesinato, la tarde del sábado 28 de abril. Después de las explicaciones técnicas, Duarte vuelve a hablar.
‘NO LE CREEMOS’
Lo interrumpe Julio Scherer. Sus palabras, le dice, son "retórica ritual". "Lo que usted nos está diciendo y lo que acabamos de escuchar no es más que la superficie. No hay explicación alguna de las aguas profundas en las que ocurrió el asesinato de nuestra reportera".
Un silencio espeso en la sala de juntas. Quizás, la respiración entrecortada del gobernador.
Continúa el también presidente del Consejo de Administración de la revista:
"La muerte de Regina Martínez es producto de la descomposición del estado y del país. Queremos saber qué es lo que hay debajo de esa superficie. Aunque en suma, señor gobernador, no les creemos".
Por segundos nadie habló.
Ante el silencio del gobernador y sus colaboradores, Rodríguez Castañeda les dijo que en Veracruz ha existido un "ambiente de hostilidad" hacia la revista. Le mencionó la frecuente desaparición de ejemplares cuando contienen información sobre seguridad en el estado. La más reciente, apenas el 8 de abril pasado, cuando se publicó información sobre dos de los candidatos a diputados federales por el PRI bajo el título "Dos regresos peligrosos".
Duarte siguió sin decir nada. En el silencio quedó implícita también la incautación de los ejemplares de la edición 1821 en septiembre de 2011, cuando se daba cuenta del violento reacomodo de los grupos de delincuencia organizada desde su llegada al gobierno en diciembre de 2010 y cuya primera expresión fueron los 35 cuerpos arrojados a una vía rápida, al lado del Centro Comercial Plaza de las Américas, en Boca del Río.
También fue "desaparecida" la edición 1736, del 7 de febrero de 2010, sobre las actividades en el estado de la organización delictiva que se conoció como La Compañía durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, que acabó en diciembre de 2010.
EL NINGUNEO
A esa hostilidad también contribuyó el vacío informativo gubernamental que padecía Regina Martínez desde la administración anterior a Duarte. Un humillante ninguneo desde el poder, contrastante con los cuantiosos recursos que movilizó el gobierno el 29 de abril pasado para la reunión con Proceso.
"No les creemos y así se los hicimos saber", expresó la revista en un comunicado después del encuentro. La PGJ dio una conferencia de prensa para informar de la reunión y anunciar la incorporación de la revista a la "comisión especial".
En realidad, no es una instancia en la que se tomen decisiones conjuntas. Sólo es lo que en derecho corresponde a cualquier parte afectada en un delito, participar como coadyuvante en las investigaciones para evitar desviaciones en las indagatorias.
La CNDH tampoco les cree. Abrió de oficio una queja para hacer su propia indagatoria, al margen de la invitación que le había hecho el gobernador de sumarse al trabajo que dirige la PGJ. No es tampoco parte de ninguna "comisión especial".
"El propósito de la CNDH es verificar que la procuraduría del estado integre la averiguación previa como debe ser", explicó a Proceso el director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles del organismo, Javier Sepúlveda Amed, el mismo 29 de abril. Desde ese día peritos de la delegación de la CNDH en Xalapa y de las oficinas en la Ciudad de México siguen las acciones de la procuraduría estatal.
La incredulidad es lógica. De los cuatro asesinatos de periodistas que hasta ese día habían ocurrido en el estado desde que Duarte asumió el gobierno, ninguno ha sido aclarado. Ningún detenido, ninguna explicación pública incontrastable de las causas de la muerte y la saña contra los reporteros, fotógrafos y columnistas.
ROBAN EN SU CASA
El año y medio del gobierno de Duarte de Ochoa ha sido de pesadilla para los periodistas del estado asignados a la fuente de policía. Cinco días después del asesinato de Regina Martínez, en la conurbación del puerto de Veracruz-Boca del Río, fueron secuestrados y asesinados dos fotógrafos de la agencia fotográfica veracruznews, un exfotógrafo que trabajó para el periódico local AZ y TV Azteca Veracruz y una empleada administrativa del periódico El Dictamen.
Sus cuerpos, desmembrados, fueron arrojados en bolsas a un canal de aguas negras en la colonia de interés social Las Vegas II, rumbo al aeropuerto internacional de Veracruz.
La procuraduría del estado dejó el caso en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR por presumir una acción de la delincuencia organizada.
En la Ciudad de México, el 30 de abril Miguel Ontiveros, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la que depende la fiscalía, aceptó también la petición de Proceso para que en el caso del crimen de Regina Martínez la revista participe como coadyuvante en su investigación.
La PGR abrió una "averiguación previa alternativa, por iniciativa propia, más allá de la petición de coadyuvancia del gobierno estatal", dijo a Proceso Ontiveros, quien el mismo día 30 respondió a la petición de ayuda que le hizo por escrito el procurador estatal. Es "por la relevancia nacional" del caso, justificó el encargado de procurar justicia en Veracruz.
En las declaraciones ministeriales de la procuraduría estatal y en la PGR la revista dejó constancia de las condiciones adversas en las que trabajaba Regina Martínez: la incautación de su material de trabajo y el de otros reporteros de la revista, la falta de acceso a la información pública gubernamental por parte de la reportera y el robo de que había sido objeto en meses recientes, cuando entraron a su casa y se llevaron dinero y su computadora.
PORTÓN ABIERTO
Esta vez se llevaron también su computadora, dos teléfonos celulares y un televisor de pantalla plana. Pero el asesinato de la periodista está lejos de haber sido un robo. En su domicilio, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, de Xalapa, quedaron muchos bienes: una laptop nueva, una impresora, un reproductor de videos, grabadoras.
Estaban sus agendas de trabajo, sus libretas de apuntes, casetes de entrevistas. La procuraduría estatal no ha determinado si se llevaron algo que estuviera investigando. Pero tampoco puede asentar que el crimen esté desvinculado de su trabajo.
No se vaciaron los cajones de los muebles. Acaso algunos estaban medio revueltos. Sólo un cajón del buró estaba en el piso. Tampoco quedó registro de desorden por violencia en otras partes de la casa.
El portón de la entrada no estaba forzado, ni la chapa. No había cristales rotos. Tampoco la puerta de acceso a la vivienda estaba violada. Pero contrario a la costumbre de la periodista, el portón de herrería blanca llevaba varias horas abierto.
Así estuvo desde la noche del 27 de abril, cuando la vecina de la casa de junto lo advirtió y avisó por teléfono a la reportera. "Sí, gracias, ya voy a cerrar", le contestó Regina Martínez, cuyos hábitos de persona aislada y reservada eran conocidos por los vecinos de la calle y quienes le ayudaban en las cosas domésticas.
Al otro día la puerta principal del domicilio seguía abierta y no se notaba movimiento en la casa. La vecina llamó a la policía. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron hacia las seis de la tarde al número 208 de la privada Rodríguez Clara. Entraron y vieron el cuerpo de la periodista tirado entre el baño y la recámara.
Llamaron al Ministerio Público, pero también llegaron elementos del Ejército que tomaron video del lugar y se fueron. Los agentes ministeriales y los técnicos de los servicios periciales encontraron el cadáver entre la puerta y la tina del baño, a un costado del inodoro.
ESCENA DEL CRIMEN
Describieron un cuerpo menudo, de aproximadamente un metro con 43 centímetros, delgado, de tez morena, cabello corto, de 49 años de edad. Determinaron que murió a las cuatro de la mañana del sábado 28 de abril a causa de una "anoxia por estrangulamiento", es decir, falta total de oxígeno en la sangre o en los tejidos corporales, según se asentó en el certificado de defunción.
Vestía un pantalón de mezclilla, una blusa color naranja, un chaleco café y unas botas de uso rudo de ese mismo color. En el cuello tenía una jerga. Al retirarla, los peritos apreciaron moretones en el rostro, tanto en el pómulo como en el mentón. Presentaba laceraciones dentro de la boca. En el cuello tenía rasguños y moretones. Había rastros de sangre dentro de la taza del baño, en la pared de la caja de agua y en la jerga que tenía en el cuello.
El lunes 30 de abril, en la reconstrucción de los hechos "que permita una explicación plausible de las lesiones", dos técnicos del equipo criminalista de la procuraduría local simularon un sometimiento físico por la espalda, con un intento de defensa, que al momento de la agresión provocaron la rotura de un maxilar y de dos costillas.
Al día siguiente, la fiscal especial de la FEADLE, Laura Angelina Borbolla Moreno, estuvo en Xalapa para que la PGR hiciera su propia inspección ocular y levantamiento de indicios. Peritos de la procuraduría general tomaron muestras de sangre y de las huellas encontradas en las paredes del baño y en envases de cerveza. Uno había quedado en un mueble de la recámara, cerca del baño. Aseguraron instrumentos de trabajo de la periodista para analizar su trabajo y sus posibles consecuencias.
Tanto en la Averiguación Previa 034/FEADLE/2012 de la PGR como en la Averiguación Previa 19/2012/PC de la PGJ del estado, derivada de la investigación ministerial 363/2012/2ª/XAL-04, Proceso pidió revisar y analizar la cobertura periodística de Regina Martínez y de la revista en el caso de Veracruz y las posibles afectaciones a intereses específicos de grupo o de individuos.
Una segunda autopsia aún es posible, lo mismo que la valoración de la necrocirugía realizada por la procuraduría estatal.
jueves, 3 de mayo de 2012
Asesinan a un reportero y dos fotógrafos en Veracruz
Sin Embargo
03 mayo 2012
Los cuerpos de Gabriel Huge y Guillermo Luna, así como del otro comunicador no identificado aún, aparecieron en una zona pantanosa de la capital
México.- Los cuerpos de los reporteros gráficos Guillermo Luna y Gabriel Huge, quienes laboraban para el diario Notiver, entre otros medios veracruzanos, fueron encontrados esta mañana en el Canal de la Zamorana 1, situado en el Puerto de Veracruz. Extraoficialmente se comenta que en el mismo sitio fue hallado otro comunicador, quien aún no ha sido identificado, así como el cuerpo de una mujer, de quien tampoco se conocen sus datos.
Hasta el momento, el gobierno de la entidad no ha dado información oficial y son los medios locales y los corresponsales de medios nacionales quienes están informando sobre este hecho. Los cuatro cuerpos fueron localizados envueltos en bolsas de plástico negras.
La indignación por estos hechos ha generado miles de protestas en las redes sociales, particularmente contra el gobierno de Duarte. En Twitter, la etiqueta “Guillermo Luna y Javier Huge” se ha convertido en Trending Topic o tema del día.
Ambos periodistas había sido reportados como desaparecidos desde el pasado miércoles, de acuerdo con las denuncias de sus familiares, quienes acudieron a dar parte a las autoridades ministeriales de la capital del estado, así como directivos de Notiver.
Estos asesinatos se confirman justo en el Día Mundial de la Libertad de Prensa y apenas cinco días después de que, en la ciudad de Xalapa, fuera asesinada la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez.
Con las muertes de Luna y Huge son ya ocho los periodistas los que han sido asesinados durante la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien tiene un año y cinco meses al frente del gobierno de Veracruz.
De acuerdo con los primeros reportes, difundidos por diarios locales y agencias de información internacionales, como la AP, los familiares de Gabriel Huge Córdova y Guillermo Luna Varela, quienes cubrían la fuente policiaca, reportaron que estaban incomunicados desde las tres de la tarde del miércoles pasado, cuando quisieron hablar con ellos, pero ya no recibieron respuesta.
Además, sus compañeros de la sección policiaca y editores de Notiver, también intentaron localizarlos, pues necesitaban cubrir un accidente vial en la ciudad. Al paso de las horas, la familia se angustió y finalmente dieron parte a las autoridades policiacas y del Ministerio Publico movilizando a personal de la Agencia Veracruzana de Investigaciones quienes ya realizan las respectivas diligencias.
Guillermo Luna Varela fungía como periodista policiaco y labora para la agencia de noticias Veracruznews, Voz del Sureste y El Diario de Cardel, mientras que Gabriel Huge era corresponsal de una estación de radio y enviaba información a un diario en Poza Rica, informa la Agencia Imagen del Golfo.
VERACRUZ, LA ENTIDAD CON MÁS PERIODISTAS ASESINADOS EN MÉXICO
El crimen de Regina Martínez, ocurrido el sábado pasado en Xalapa, se sumó a la lista de cinco asesinatos contra periodistas, ocurridos desde 2010, en el estado de Veracruz, según han reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos.
Son los casos de Miguel Angel López Velasco, columnista y subdirector editorial de Notiver, y el de su hijo Misael López, fotógrafo del mismo medio (20 junio de 2011); de Yolanda Ordaz de la Cruz, periodista de Notiver (25 de julio de 2011); del hallazgo del cuerpo de Noel López Olguín, reportero de Horizonte y La Verdad (1 de junio de 2011); y el de Evaristo Ortega Zárate, editor del semanario Espacio de Colipa, desaparecido desde abril de 2010.
Todos estos crímenes se mantienen impunes. Veracruz se ha convertido en una de las entidades de más alto riesgo para el ejercicio periodístico, a pesar de las reiteradas promesas y compromisos del gobierno estatal por esclarecer estos homicidios.
03 mayo 2012
Los cuerpos de Gabriel Huge y Guillermo Luna, así como del otro comunicador no identificado aún, aparecieron en una zona pantanosa de la capital
México.- Los cuerpos de los reporteros gráficos Guillermo Luna y Gabriel Huge, quienes laboraban para el diario Notiver, entre otros medios veracruzanos, fueron encontrados esta mañana en el Canal de la Zamorana 1, situado en el Puerto de Veracruz. Extraoficialmente se comenta que en el mismo sitio fue hallado otro comunicador, quien aún no ha sido identificado, así como el cuerpo de una mujer, de quien tampoco se conocen sus datos.
Hasta el momento, el gobierno de la entidad no ha dado información oficial y son los medios locales y los corresponsales de medios nacionales quienes están informando sobre este hecho. Los cuatro cuerpos fueron localizados envueltos en bolsas de plástico negras.
La indignación por estos hechos ha generado miles de protestas en las redes sociales, particularmente contra el gobierno de Duarte. En Twitter, la etiqueta “Guillermo Luna y Javier Huge” se ha convertido en Trending Topic o tema del día.
Ambos periodistas había sido reportados como desaparecidos desde el pasado miércoles, de acuerdo con las denuncias de sus familiares, quienes acudieron a dar parte a las autoridades ministeriales de la capital del estado, así como directivos de Notiver.
Estos asesinatos se confirman justo en el Día Mundial de la Libertad de Prensa y apenas cinco días después de que, en la ciudad de Xalapa, fuera asesinada la corresponsal de la revista Proceso, Regina Martínez.
Con las muertes de Luna y Huge son ya ocho los periodistas los que han sido asesinados durante la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien tiene un año y cinco meses al frente del gobierno de Veracruz.
De acuerdo con los primeros reportes, difundidos por diarios locales y agencias de información internacionales, como la AP, los familiares de Gabriel Huge Córdova y Guillermo Luna Varela, quienes cubrían la fuente policiaca, reportaron que estaban incomunicados desde las tres de la tarde del miércoles pasado, cuando quisieron hablar con ellos, pero ya no recibieron respuesta.
Además, sus compañeros de la sección policiaca y editores de Notiver, también intentaron localizarlos, pues necesitaban cubrir un accidente vial en la ciudad. Al paso de las horas, la familia se angustió y finalmente dieron parte a las autoridades policiacas y del Ministerio Publico movilizando a personal de la Agencia Veracruzana de Investigaciones quienes ya realizan las respectivas diligencias.
Guillermo Luna Varela fungía como periodista policiaco y labora para la agencia de noticias Veracruznews, Voz del Sureste y El Diario de Cardel, mientras que Gabriel Huge era corresponsal de una estación de radio y enviaba información a un diario en Poza Rica, informa la Agencia Imagen del Golfo.
VERACRUZ, LA ENTIDAD CON MÁS PERIODISTAS ASESINADOS EN MÉXICO
El crimen de Regina Martínez, ocurrido el sábado pasado en Xalapa, se sumó a la lista de cinco asesinatos contra periodistas, ocurridos desde 2010, en el estado de Veracruz, según han reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos.
Son los casos de Miguel Angel López Velasco, columnista y subdirector editorial de Notiver, y el de su hijo Misael López, fotógrafo del mismo medio (20 junio de 2011); de Yolanda Ordaz de la Cruz, periodista de Notiver (25 de julio de 2011); del hallazgo del cuerpo de Noel López Olguín, reportero de Horizonte y La Verdad (1 de junio de 2011); y el de Evaristo Ortega Zárate, editor del semanario Espacio de Colipa, desaparecido desde abril de 2010.
Todos estos crímenes se mantienen impunes. Veracruz se ha convertido en una de las entidades de más alto riesgo para el ejercicio periodístico, a pesar de las reiteradas promesas y compromisos del gobierno estatal por esclarecer estos homicidios.
Encuentran asesinados a dos fotorreporteros en Veracruz
Los restos de Gabriel Huge y Guillermo Luna, ambos compañeros de Miguel Ángel López, periodista de Notiver asesinado en 2011, fueron hallados este jueves en el canal de La Zamorana, informó la PGJE.
De la Redacción
Publicado: 03/05/2012 13:17
Veracruz, Ver. Los cuerpos sin vida de los reporteros gráficos Gabriel Huge y Guillermo Luna Valera fueron localizados la mañana de este viernes en un predio de la unidad habitacional Las Vegas II al norte de la ciudad de Veracruz, donde también se localizaron otros dos cadáveres. Todos desmembrados y con señales de tortura.
Ambos fotógrafos habían sido reportados como desaparecidos desde la tarde del jueves cuando compañeros de trabajo y familiares no pudieron comunicarse con ellos ni retornaron a sus domicilios.
En un comunicado emitido por la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, se confirmó que la Policía Naval localizó los restos de Luna Varela y Huge en el sitio donde se ubicó previamente cuatro cadáveres en el interior de bolsas de plástico color negro.
“Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense e iniciaron las primeras diligencias que llevaron a la identificación de Guillermo Luna y Gabriel Huge, quienes al medio día de hoy habían sido reportados por sus familiares como desaparecidos”.
La dependencia indicó que los cuerpos “estaban desmembrados y con señales de tortura y que por las características del crimen, se presume la participación de la delincuencia organizada en la comisión de estos homicidios, por lo cual se solicitará a la Procuraduría General de la República la atracción del caso”.
Luna Varela trabajaba como fotógrafo para la página web veracruznews.com.mx y Gabriel Huge se dedicaba a actividades particulares, precisa el comunicado. Los otros dos cuerpos todavía no han sido identificados.
Gabriel Huge recientemente acababa de llegar a Veracruz, luego de autoexiliarse tras el asesinato de la reportera del periódico Notiver, Yolanda Ordaz, ocurrido el pasado mes de julio y cuyos restos fueron arrojados en las afueras del rotativo Imagen del Golfo.
Los dos fotógrafos fueron compañeros de Miguel Ángel López Velasco, reportero y columnista de Notiver, y quien fuera asesinado junto con su hijo, Ismael López, reportero gráfico de este mismo medio y su esposa el pasado mes de junio.
Los homicidios contra personal de los medios de comunicación han despertado el repudio y reclamo de justicia a nivel nacional e internacional, sin que hasta el momento la fiscalía de Veracruz haya resuelto alguno de estos crímenes.
Apenas el domingo pasado en la capital del estado, Jalapa, cientos de personas del gremio periodístico, académico y de organizaciones sociales marcharon por las principales calles de esta ciudad para reclamar el esclarecimiento del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal en el estado de la revista Proceso, cuyo asesinato ocurrió el 28 de abril, y exigir un alto a las agresiones contra la libertad de expresión.
De la Redacción
Publicado: 03/05/2012 13:17
Veracruz, Ver. Los cuerpos sin vida de los reporteros gráficos Gabriel Huge y Guillermo Luna Valera fueron localizados la mañana de este viernes en un predio de la unidad habitacional Las Vegas II al norte de la ciudad de Veracruz, donde también se localizaron otros dos cadáveres. Todos desmembrados y con señales de tortura.
Ambos fotógrafos habían sido reportados como desaparecidos desde la tarde del jueves cuando compañeros de trabajo y familiares no pudieron comunicarse con ellos ni retornaron a sus domicilios.
En un comunicado emitido por la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, se confirmó que la Policía Naval localizó los restos de Luna Varela y Huge en el sitio donde se ubicó previamente cuatro cadáveres en el interior de bolsas de plástico color negro.
“Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense e iniciaron las primeras diligencias que llevaron a la identificación de Guillermo Luna y Gabriel Huge, quienes al medio día de hoy habían sido reportados por sus familiares como desaparecidos”.
La dependencia indicó que los cuerpos “estaban desmembrados y con señales de tortura y que por las características del crimen, se presume la participación de la delincuencia organizada en la comisión de estos homicidios, por lo cual se solicitará a la Procuraduría General de la República la atracción del caso”.
Luna Varela trabajaba como fotógrafo para la página web veracruznews.com.mx y Gabriel Huge se dedicaba a actividades particulares, precisa el comunicado. Los otros dos cuerpos todavía no han sido identificados.
Gabriel Huge recientemente acababa de llegar a Veracruz, luego de autoexiliarse tras el asesinato de la reportera del periódico Notiver, Yolanda Ordaz, ocurrido el pasado mes de julio y cuyos restos fueron arrojados en las afueras del rotativo Imagen del Golfo.
Los dos fotógrafos fueron compañeros de Miguel Ángel López Velasco, reportero y columnista de Notiver, y quien fuera asesinado junto con su hijo, Ismael López, reportero gráfico de este mismo medio y su esposa el pasado mes de junio.
Los homicidios contra personal de los medios de comunicación han despertado el repudio y reclamo de justicia a nivel nacional e internacional, sin que hasta el momento la fiscalía de Veracruz haya resuelto alguno de estos crímenes.
Apenas el domingo pasado en la capital del estado, Jalapa, cientos de personas del gremio periodístico, académico y de organizaciones sociales marcharon por las principales calles de esta ciudad para reclamar el esclarecimiento del asesinato de la periodista Regina Martínez, corresponsal en el estado de la revista Proceso, cuyo asesinato ocurrió el 28 de abril, y exigir un alto a las agresiones contra la libertad de expresión.
domingo, 2 de octubre de 2011
La censura disfrazada
BOICOT NO QUIEBRA A PROCESO
Incapaz de quebrar al semanario Proceso con el boicot publicitario ilegal y de desacreditarlo mediante burdas maniobras policiacas —como exhibir ejemplares entre el armamento incautado a presuntos narcos—, el actual gobierno panista parece satisfecho con una estrategia que no es sino una censura disfrazada: personajes con cuantiosos recursos acaparan toda la dotación de revistas en algunas ciudades para impedir el acceso de los lectores a la información
El gobierno intenta deslindarse legalmente del virtual decomiso, sin tener en cuenta que por lo menos viola derechos por omisión… y que en última instancia está apoyando una acción que puede provenir de la delincuencia organizada.
Sunday, October 02, 2011
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, DF.- Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y lo que va de 2011, unos 53 mil ejemplares del semanario Proceso han sido incautados de hecho, aunque la operación se ha encubierto como compra masiva en ciudades de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Veracruz.
La última acción concertada para impedir que la revista llegue a sus lectores se registró el domingo 25 de septiembre. Prácticamente todos los ejemplares de la edición 1821 enviados al estado de Veracruz fueron adquiridos de la misma forma, tanto en locales cerrados como en puestos de periódicos: hombres jóvenes —algunos con apariencia de burócratas, según los expendedores— llegaron a preguntar amablemente por las dotaciones de Proceso que tenía cada establecimiento. Las compraron todas, con efectivo.
La portada del número en cuestión es una fotografía de los 35 cadáveres arrojados al pie del Monumento a los Voladores de Papantla en Boca del Río el 20 de septiembre. La cabeza principal: "Veracruz sangriento. Reacomodo del narco", que corresponde a un reportaje firmado por Jorge Carrasco y Regina Martínez.
"A las tres de la tarde del domingo recibimos información del distribuidor de la ciudad de Veracruz: que las revistas se habían agotado. En principio creíamos que se trataba sólo del puerto, pero el lunes nos enteramos de que personas con características distintas a los clientes habituales las habían comprado todas en todo el estado: 962 en Córdoba, 770 en Orizaba, mil 326 en Coatzacoalcos, mil 561 en Veracruz y 872 en Xalapa, es decir, 5 mil 491 ejemplares", explica Margarita Carreón, gerente de Ventas y Mercadotecnia de este semanario.
Una experiencia similar ocurrió con la edición 1819, con una fotografía del casinero Juan José Rojas Cardona y encabezada: "El zar del juego. Una historia siniestra". En Monterrey, Durango, León y Puebla, cerca de 7 mil ejemplares fueron vendidos a jóvenes con un perfil similar al de la operación más reciente. También pagaron en efectivo.
Como ejemplo, señala Carreón: "En Monterrey detectamos que en el operativo participaron mujeres que llegaban a los locales cerrados, preguntaban por la dotación de Proceso, pedían a los empleados que se las guardaran y más tarde llegaban hombres para llevarse las revistas".
FALTA DE GARANTÍAS
De acuerdo con los estudios del departamento de Mercadotecnia, cada ejemplar vendido es leído en promedio por cuatro personas. En consecuencia, se estima que en septiembre 12 mil revistas no llegaron a por lo menos 48 mil lectores.
Representado jurídicamente por Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de expresión, en diciembre de 2010 Proceso denunció ante instancias internacionales el recurrente acoso de los gobiernos panistas, que va desde la cancelación de convenios de publicidad de las dependencias federales, las demandas civiles por la publicación de información iniciadas por Marta Sahagún y su hijo Manuel Bribiesca; la exhibición de ediciones de la revista entre las armas incautadas a presuntos narcotraficantes por la Secretaría de Seguridad Pública —casos que el semanario también denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— y ahora la falta de garantías para distribuir sus productos en distintos estados de la República ante la creciente violencia del crimen organizado.
Antes de las incautaciones disfrazadas de compras masivas de los números 1819 y 1821, Proceso registró por lo menos diez de estas operaciones en Durango, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos e Hidalgo. En todos los casos los temas principales tienen que ver con los cárteles del narcotráfico y sus complicidades con el poder político y policiaco, así como la ineficacia de las autoridades para detener la violencia que padece el país.
En 2007 fueron así "decomisadas" en Tamaulipas las dotaciones de los números 1610, 1611 y 1612, en total 21 mil ejemplares. La primera de esas ediciones lleva como portada un escudo atribuido al Cártel del Golfo y el encabezado "Los imbatibles. Tamaulipas: narco hasta en la Procuraduría".
La situación se agravó cuando salió el número 1768, con una fotografía de Eduardo Costilla Sánchez, "El Coss", en la portada y la cabeza: "El señor de la guerra en Tamaulipas". Esa vez, quienes adquirieron 8 mil 728 ejemplares intimidaron a los distribuidores y porteadores para que no solicitaran una reposición de ese número. Un empleado fue obligado a guiar a los compradores a los locales cerrados donde había entregado algunas revistas y uno de los puntos de distribución fue "cateado".
A partir del número 1769, y por lo menos hasta el 1778, presuntos miembros de la delincuencia organizada "obligaron a los distribuidores a abrir los paquetes de revistas y mostrarles sus contenido", como detalla este semanario en el informe dirigido al secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.
En ese documento se le explica que la decisión de acudir a la instancia internacional se debe a la urgencia de "solicitar condiciones mínimas de trabajo, debido a que hemos sido víctimas de agresión contra la libertad de expresión".
ANTE LA INDEFENSIÓN
El caso de Proceso, se añade, "es un claro ejemplo de la vulnerabilidad, riesgo e indefensión que hoy padecen los trabajadores de los medios informativos ante el control que ejerce en algunas parte del territorio nacional el crimen organizado frente a la debilidad de las instituciones que por mandato de ley deberían proveer la seguridad ciudadana y sobre todo evitar que la libertad de expresión ponga en riesgo la vida de las personas".
De acuerdo con los criterios de la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos violados serían a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de expresión y a la propiedad privada. Proceso está en espera de la resolución final de la CIDH, toda vez que el Estado mexicano no ha dado respuesta a ese órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las medidas solicitadas.
LAVAMANOS OFICIAL
La acción concertada para impedir la libre distribución de los números 1819 y 1821 de Proceso indignó a representantes de las Naciones Unidas, de la OEA y de Artículo 19, que en una alerta internacional consideró la compra masiva como "una modalidad de censura previa y en consecuencia una violación al derecho de la sociedad de allegarse de información de interés público". Sin embargo, para el gobierno de Felipe Calderón "la compra masiva no es un delito".
El martes 27 de septiembre, durante la presentación del Diagnóstico sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en la Ciudad de México, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, calificó la maniobra como "un acto deliberado que viola el derecho a la libertad de información".
Agregó: "Cualquiera podría decir que qué pierde Proceso si de cualquier forma, empresarialmente, la revista gana. Pero el objetivo es clarísimo: que el contenido no se lea, lo que afecta a todos los posibles lectores".
En ello coincidió el relator especial de la CIDH para México, Rodrigo Escobar Gil, tras presentar su informe preliminar sobre la situación de derechos humanos en el país el pasado 30 de septiembre, al culminar su visita oficial de tres días.
En contraste con estas posturas, el gobierno calderonista sostiene que le corresponde a Proceso comprobar que se violentaron derechos fundamentales. El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal Ordóñez, aseguró:
"Comprar revistas no es un delito en nuestro derecho vigente. Ustedes tienen elementos (…) para presumir o suponer que alguien está violentando su debida circulación, entonces están ustedes en condición de aportar esos elementos al Ministerio Público para que pueda iniciar, en su caso, la averiguación correspondiente". (APRO)
Incapaz de quebrar al semanario Proceso con el boicot publicitario ilegal y de desacreditarlo mediante burdas maniobras policiacas —como exhibir ejemplares entre el armamento incautado a presuntos narcos—, el actual gobierno panista parece satisfecho con una estrategia que no es sino una censura disfrazada: personajes con cuantiosos recursos acaparan toda la dotación de revistas en algunas ciudades para impedir el acceso de los lectores a la información
El gobierno intenta deslindarse legalmente del virtual decomiso, sin tener en cuenta que por lo menos viola derechos por omisión… y que en última instancia está apoyando una acción que puede provenir de la delincuencia organizada.
Sunday, October 02, 2011
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, DF.- Durante el gobierno de Felipe Calderón, entre 2007 y lo que va de 2011, unos 53 mil ejemplares del semanario Proceso han sido incautados de hecho, aunque la operación se ha encubierto como compra masiva en ciudades de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Hidalgo, Durango, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Veracruz.
La última acción concertada para impedir que la revista llegue a sus lectores se registró el domingo 25 de septiembre. Prácticamente todos los ejemplares de la edición 1821 enviados al estado de Veracruz fueron adquiridos de la misma forma, tanto en locales cerrados como en puestos de periódicos: hombres jóvenes —algunos con apariencia de burócratas, según los expendedores— llegaron a preguntar amablemente por las dotaciones de Proceso que tenía cada establecimiento. Las compraron todas, con efectivo.
La portada del número en cuestión es una fotografía de los 35 cadáveres arrojados al pie del Monumento a los Voladores de Papantla en Boca del Río el 20 de septiembre. La cabeza principal: "Veracruz sangriento. Reacomodo del narco", que corresponde a un reportaje firmado por Jorge Carrasco y Regina Martínez.
"A las tres de la tarde del domingo recibimos información del distribuidor de la ciudad de Veracruz: que las revistas se habían agotado. En principio creíamos que se trataba sólo del puerto, pero el lunes nos enteramos de que personas con características distintas a los clientes habituales las habían comprado todas en todo el estado: 962 en Córdoba, 770 en Orizaba, mil 326 en Coatzacoalcos, mil 561 en Veracruz y 872 en Xalapa, es decir, 5 mil 491 ejemplares", explica Margarita Carreón, gerente de Ventas y Mercadotecnia de este semanario.
Una experiencia similar ocurrió con la edición 1819, con una fotografía del casinero Juan José Rojas Cardona y encabezada: "El zar del juego. Una historia siniestra". En Monterrey, Durango, León y Puebla, cerca de 7 mil ejemplares fueron vendidos a jóvenes con un perfil similar al de la operación más reciente. También pagaron en efectivo.
Como ejemplo, señala Carreón: "En Monterrey detectamos que en el operativo participaron mujeres que llegaban a los locales cerrados, preguntaban por la dotación de Proceso, pedían a los empleados que se las guardaran y más tarde llegaban hombres para llevarse las revistas".
FALTA DE GARANTÍAS
De acuerdo con los estudios del departamento de Mercadotecnia, cada ejemplar vendido es leído en promedio por cuatro personas. En consecuencia, se estima que en septiembre 12 mil revistas no llegaron a por lo menos 48 mil lectores.
Representado jurídicamente por Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de expresión, en diciembre de 2010 Proceso denunció ante instancias internacionales el recurrente acoso de los gobiernos panistas, que va desde la cancelación de convenios de publicidad de las dependencias federales, las demandas civiles por la publicación de información iniciadas por Marta Sahagún y su hijo Manuel Bribiesca; la exhibición de ediciones de la revista entre las armas incautadas a presuntos narcotraficantes por la Secretaría de Seguridad Pública —casos que el semanario también denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— y ahora la falta de garantías para distribuir sus productos en distintos estados de la República ante la creciente violencia del crimen organizado.
Antes de las incautaciones disfrazadas de compras masivas de los números 1819 y 1821, Proceso registró por lo menos diez de estas operaciones en Durango, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos e Hidalgo. En todos los casos los temas principales tienen que ver con los cárteles del narcotráfico y sus complicidades con el poder político y policiaco, así como la ineficacia de las autoridades para detener la violencia que padece el país.
En 2007 fueron así "decomisadas" en Tamaulipas las dotaciones de los números 1610, 1611 y 1612, en total 21 mil ejemplares. La primera de esas ediciones lleva como portada un escudo atribuido al Cártel del Golfo y el encabezado "Los imbatibles. Tamaulipas: narco hasta en la Procuraduría".
La situación se agravó cuando salió el número 1768, con una fotografía de Eduardo Costilla Sánchez, "El Coss", en la portada y la cabeza: "El señor de la guerra en Tamaulipas". Esa vez, quienes adquirieron 8 mil 728 ejemplares intimidaron a los distribuidores y porteadores para que no solicitaran una reposición de ese número. Un empleado fue obligado a guiar a los compradores a los locales cerrados donde había entregado algunas revistas y uno de los puntos de distribución fue "cateado".
A partir del número 1769, y por lo menos hasta el 1778, presuntos miembros de la delincuencia organizada "obligaron a los distribuidores a abrir los paquetes de revistas y mostrarles sus contenido", como detalla este semanario en el informe dirigido al secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.
En ese documento se le explica que la decisión de acudir a la instancia internacional se debe a la urgencia de "solicitar condiciones mínimas de trabajo, debido a que hemos sido víctimas de agresión contra la libertad de expresión".
ANTE LA INDEFENSIÓN
El caso de Proceso, se añade, "es un claro ejemplo de la vulnerabilidad, riesgo e indefensión que hoy padecen los trabajadores de los medios informativos ante el control que ejerce en algunas parte del territorio nacional el crimen organizado frente a la debilidad de las instituciones que por mandato de ley deberían proveer la seguridad ciudadana y sobre todo evitar que la libertad de expresión ponga en riesgo la vida de las personas".
De acuerdo con los criterios de la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos violados serían a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de expresión y a la propiedad privada. Proceso está en espera de la resolución final de la CIDH, toda vez que el Estado mexicano no ha dado respuesta a ese órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las medidas solicitadas.
LAVAMANOS OFICIAL
La acción concertada para impedir la libre distribución de los números 1819 y 1821 de Proceso indignó a representantes de las Naciones Unidas, de la OEA y de Artículo 19, que en una alerta internacional consideró la compra masiva como "una modalidad de censura previa y en consecuencia una violación al derecho de la sociedad de allegarse de información de interés público". Sin embargo, para el gobierno de Felipe Calderón "la compra masiva no es un delito".
El martes 27 de septiembre, durante la presentación del Diagnóstico sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en la Ciudad de México, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, calificó la maniobra como "un acto deliberado que viola el derecho a la libertad de información".
Agregó: "Cualquiera podría decir que qué pierde Proceso si de cualquier forma, empresarialmente, la revista gana. Pero el objetivo es clarísimo: que el contenido no se lea, lo que afecta a todos los posibles lectores".
En ello coincidió el relator especial de la CIDH para México, Rodrigo Escobar Gil, tras presentar su informe preliminar sobre la situación de derechos humanos en el país el pasado 30 de septiembre, al culminar su visita oficial de tres días.
En contraste con estas posturas, el gobierno calderonista sostiene que le corresponde a Proceso comprobar que se violentaron derechos fundamentales. El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal Ordóñez, aseguró:
"Comprar revistas no es un delito en nuestro derecho vigente. Ustedes tienen elementos (…) para presumir o suponer que alguien está violentando su debida circulación, entonces están ustedes en condición de aportar esos elementos al Ministerio Público para que pueda iniciar, en su caso, la averiguación correspondiente". (APRO)
lunes, 23 de noviembre de 2009
Desastres del tamaño de la desidia oficial
Iván Restrepo
Esta vez, los damnificados por las lluvias y el viento en Veracruz y Tabasco no recibieron la visita del licenciado Calderón. Es que estaba inaugurando estadios, agasajando a quienes manejan el negocio del futbol a escala mundial y recibiendo malas noticias de los organismos internacionales y de los expertos sobre la marcha de la economía, la pobreza y la corrupción en México. En cambio, se ocupó de ellos, y mal, una panista consentida: Laura Gurza, quien en la Secretaría de Gobernación tiene a su cargo los asuntos relacionados con la protección civil y el apoyo a damnificados. Lo hizo de la mano del titular de Desarrollo Social, pero para cuestionar el número de víctimas anunciadas por los gobernadores de esas entidades. Que no son 200 mil en Tabasco, apenas 40 mil, dijo la funcionaria; que los municipios afectados son dos en cada estado, agregó. Que urge comida, clama el gobernador Granier. Ya dimos, responde Cordero en gira por Tabasco. El martes pasado eran 12 los municipios veracruzanos declarados en desastre. Y por lo menos cuatro en Tabasco. Y es que según el número de víctimas es el tamaño del apoyo público que recibirán. Bueno es recordar que en Veracruz y Tabasco el Revolucionario Institucional espera refrendar su hegemonía en los próximos comicios estatales.
Mientras en las alturas cuadran las cifras que más convengan políticamente, miles de familias de municipios tan importantes como Las Choapas y Agua Dulce, Huimanguillo y Cárdenas, Acayucan, Cunduacán, Comalcalco y Paraíso, Nanchital, Uxpanapa, Zaragoza y el corredor agroindustrial de Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque sufren desde principios de mes por la inundación de sus casas, la pérdida de sus bienes, de su trabajo, cosechas y animales, y por la afectación de las vías de comunicación y otras obras públicas. Así lo confirman los reporteros de los principales diarios y de los noticiarios de la televisión. Nuevamente las imágenes llevan a recordar tragedias anteriores y las promesas de los funcionarios de que se tomarían oportunamente las medidas más adecuadas para evitar que el agua cause otra vez destrozos por doquier.
Ahora de nueva cuenta la intensidad del viento puso al descubierto la desidia oficial. En Tabasco, por lo menos cinco kilómetros del litoral resultaron seriamente afectados por la fuerza de las olas marinas que arrasaron la arena para después dañar casas y obra pública y privada. Al desaparecer la arena de las playas quedaron al descubierto hasta los ductos de Petróleos Mexicanos. Los lugareños informan que el mar avanza tierra adentro. Es algo que también se observa en otras áreas del Golfo y el Caribe mexicanos, en la península de Yucatán. El caso más publicitado es el de Cancún y la Riviera Maya, en Quintana Roo, por ser el polo de atracción turístico internacional más importante del país. Hoteles y fraccionamientos situados cerca del mar se quedan sin playas y en su afán de conservarlas y evitar el embate del oleaje construyen, sin autorización oficial, entre otras obras, espigones, que no hacen sino agravar la erosión de las áreas vecinas. De todas formas el mar avanza incontenible tierra adentro.
En tanto se anuncia que proseguirá el relleno de las playas perdidas en la zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, proyecto muy cuestionado que costará mil millones de pesos, la parte de playa recuperada a principios de este mes ya se la llevó el agua. No porque estuviera mal hecho el trabajo, dicen los expertos de la Comisión Federal de Electricidad, sino por el oleaje producido por el reciente huracán, y eso que pasó muy lejos de Cancún. Ahora vendrá el viento y el oleaje de los “frentes fríos” que azotarán la región. Por otra parte, ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo ni las instancias oficiales locales acuerdan medidas para evitar que se siga construyendo virtualmente al pie del mar. Ignoran así las advertencias de los expertos mexicanos y del resto del mundo de que el cambio climático, la erosión, afectarán severamente la franja litoral del país. Y que resulta mejor, económica y socialmente, prevenir los desastres “naturales” que remediarlos.
En el discurso de los funcionarios es prioritario luchar contra el cambio climático. La realidad muestra lo contrario.
sábado, 13 de junio de 2009
Hace 70 años, Veracruz se erigió en “la puerta de la libertad”
El 13 de junio de 1939 el buque francés Sinaia trajo mil 681 exiliados españoles*Los porteños recibieron con bandas de guerra y fraternidad a los diezmados republicanos
*Para conmemorar la efeméride, la ciudad ha vuelto a ser una fiesta del arte y la cultura
Arturo Jiménez
Hace 70 años, el 13 de junio de 1939, el puerto de Veracruz, el “tres veces heroico”, el “puerto de entrada” de lo bueno y lo malo de la civilización occidental, la “puerta de la libertad”, concentraba su inagotable energía y capacidad bullanguera en el malecón.
Estaba por atracar un vapor: era el buque francés Sinaia, que sería historia, leyenda y símbolo del exilio español y de la solidaridad mexicana.
Bandas de guerra, comparsas, discursos, fiesta, libertad y fraternidad eran el aliento que los porteños daban a los diezmados republicanos españoles que ese día comenzaban su exilio en este país, la gran mayoría para siempre.
Era la generosidad de una diplomacia y un gobierno progresistas, encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas, nutrido de un pueblo que, con mil problemas, tenía más de tres razones para la esperanza, la principal: un proyecto de nación.
En el Sinaia, el primer barco de los 16 que llegaron entre 1939 y 1942, venían mil 681 refugiados, derrotados en lo inmediato y triunfadores a la larga de la cruenta Guerra Civil española (1936-1939).
Huían de la represión desatada tras la llegada al poder del general Francisco Franco, quien desde el corporativismo y el conservadurismo gobernaría España hasta su muerte, en 1975.
Xirau, Sánchez Vázquez, Gaos
Entre los que serían nuevos mexicanos ve-nían de distintas regiones de España figuras ya consolidadas o futuras como el niño Tomás Segovia, quien acababa de cumplir 12 años y después se convertiría en un importante poeta; el joven de 15 años Ramón Xirau, a la postre poeta y pensador; el poeta y filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, con apenas 23 años; el reconocido filósofo José Gaos, con 38 años; y el poeta Pedro Garfias, integrante de la generación del 27, también con 38 años.
Y con ellos venían fotógrafos, dibujantes, pintores, científicos, mineros, agricultores, ganaderos, albañiles, artesanos, empleados, comerciantes, médicos, abogados y profesores. Todos combatientes por la libertad y defensores del gobierno legal y democrático de la Segunda República Española. Aquí en México serían recibidos por personajes como Alfonso Reyes, Daniel Cosío Villegas, Isidro Fabela y Fernando Gamboa.
Cincuenta años después, en 1989, un Sánchez Vázquez de 73 años escribiría al recordarse como “pasajero común y corriente” de aquel barco: “En verdad, la del Sinaia fue la primera expedición colectiva de exiliados, a la que siguieron poco después las del Ipanema y Mexique. Las tres, a diferencia de la del grupo de eminentes intelectuales que las había precedido, no respondían a una rigurosa selectividad intelectual y reflejaban en su composición la diversidad social, ideológica, política y profesional del pueblo que había hecho la guerra. Fue pues, propiamente terminada la guerra, la llegada del Sinaia a Veracruz la que marcó el comienzo de la larga marcha del exilio en México.”
Y no era en realidad la primera camada de refugiados con motivo de la Guerra Givil, pues en 1937 ya había desembarcado desde la convulsa España el primer cargamento de nuevos mexicanos, en las personas de unos 500 niños que luego se les llamaría de Morelia y quienes, luego también, nutrirían uno de los capítulos esenciales de esta historiografía y leyenda –ambas importantes– del exilio y la solidaridad.
La fiesta porteña veracruzana no era tampoco la primera algarabía en la adversidad que experimentaban los pasajeros del Sinaia, pues durante 19 días a bordo, luego de partir de Francia, se realizaron decenas de actividades: recitales, tertulias, reflexiones grupales, conferencias, conciertos y hasta la edición de una revista, impulsada entre otros por Garfias, quien acababa de publicar Primavera en Eaton Heastings, en el que anotó:
“Escrito en Inglaterra, durante los meses de abril y mayo de 1939, a raíz de la pérdida de España”. Garfias además escribió un poema que comienza así: “España que perdimos, no nos pierdas”.
Sin embargo, aquel 13 de junio de 1939 el puerto de Veracruz era una gran fiesta callejera, pese al pesar por la derrota de la esperanza republicana. “Compañeros españoles, están ustedes en su casa”, les había dicho durante la bienvenida en los muelles el titular de la SEP, Ignacio García Téllez.
Apretujado, el gentío se concentraba en el malecón, al pie del Sinaia, y poco a poco se diseminó hacia la Plaza de Armas y las calles principales como Independencia y 5 de Mayo, en pleno centro comercial.
Los recién llegados habrían de pasar algunos meses en el puerto de Veracruz y luego la gran mayoría sería trasladada a la ciudad de México, donde se les buscó empleo y diversas maneras de llevar una vida digna en su nuevo país.
Por estos días, desde el martes 9 y hasta el 14 de junio, para recordar lo acontecido hace 70 años, el puerto de Veracruz ha vuelto a ser una fiesta, ahora de la reflexión, el arte y la cultura, con ciclos de cine, conferencias, mesas redondas, talleres de gastronomía, música y exposiciones relacionadas con todo lo que México y España se han aportado mutuamente. El programa no podía llamarse de mejor manera: Semana Cultural España-México: Veracruz, Puerta de la libertad.
viernes, 1 de mayo de 2009
UNAM niega origen de gripe A en Veracruz
El director del Instituto de Biotecnología, Carlos Arias Ortiz, rechaza que existan bases científicas para asegurar que la epidemia se haya originado en la sierra del estado veracruzano, como se ha especulado
EFE El Universal Perote, Veracruz
Viernes 01 de mayo de 2009 16:57
El director del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Arias Ortiz, rechazó hoy que existan bases científicas para asegurar que la epidemia de gripe A se originó en la sierra del estado mexicano de Veracruz, como se ha especulado.
Arias, considerado el mayor experto en virus de la UNAM, ofreció hoy una rueda de prensa en el municipio de Perote, donde se encuentra la comunidad de La Gloria.
Allí se cree que pudo comenzar el brote. En esa pequeña población vive Edgar Hernández, un menor de cuatro años, conocido como "el niño cero" en el mundo, por ser supuestamente el primero que contrajo el virus, aunque por alguna razón que se desconoce sobrevivió.
"No hay ninguna evidencia que el virus que se detectó en el niño de La Gloria haya sido el primer caso en México ni tampoco que haya sido quien lo transmitió", dijo Arias.
Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni el laboratorio más especializado del mundo tiene esa respuesta, agregó.
Desde diciembre de 2008 hasta marzo pasado, se produjo un brote de "enfermedades respiratorias agudas" que afectó a 500 de los cuatro mil habitantes de La Gloria, ubicada a 270 kilómetros al este de la capital del país.
Durante una reunión informativa del Consejo Estatal de Protección Civil, Salud y Seguridad, Arias explicó que se detectó que la influenza humana tiene ocho tipos de genes.
De ellos, seis han circulado en cepas de virus que se aislan desde 1998 en Estados Unidos, mientras que los otros dos corresponden a cepas cuyos parientes surgieron en cerdos de Europa y Asia.
Al respecto, el especialista aclaró que tampoco se puede confirmar que el virus AH1N1 iniciara en Asia, Europa o Estados Unidos, aunque los genes tengan ese origen.
Además, afirmó que no existen bases científicas para comprobar que la operación de granjas porcinas en la sierra de Veracruz haya provocado los brotes de enfermedades respiratorias y de influenza, como se había especulado.
Y es que a 10 kilómetros del poblado La Gloria se ubica una planta de la empresa Granjas Carroll de México, una de las principales productoras de cerdo del país.
Desde la instalación de la compañía, hace tres años, los habitantes del municipio han realizado diversas protestas públicas para exigir su retiro, al considerar que es un foco de contaminación y un riesgo para su salud.
En tanto, el Secretario de Protección Civil de Veracruz, Ranulfo Márquez Hernández, informó que se han detectado hasta el momento un total de 12 casos de influenza estacionaria y sólo uno del virus AH1N1 (el del niño Edgar Hernández), de 106 casos sospechosos.
Las autoridades mexicanas aumentaron hoy de 12 a 15 la cifra de muertos confirmados por la gripe A en el país y de 300 a 343 los casos comprobados de pacientes contagiados.
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