Regaña gobernador de Veracruz a reporteros por difundir declaraciones de narco

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, regañó a los reporteros por darle valor moral a los dichos de Raúl Lucio Hernández, El Lucky, jefe de Los Zetas en la región, quien fue capturado el pasado 12 de diciembre de 2011 en la ciudad de Córdoba

(XALAPA, Ver. (apro).-"El señor es un delincuente que mató, torturó a muchas personas. (…) Es una persona sin ninguna moral que hizo mucho daño a la sociedad veracruzana", puntualizó.

Añadió:

"Yo les pregunto a todos ustedes: ¿Cuántos de sus compañeros no han sido amenazados, levantados, tableados por no acceder a sus pretensiones?".

Entrevistado antes de arrancar un encuentro de empresarios en el World Trade Center de Boca del Río, Duarte provocó a los representantes de la prensa cuando dijo: "¿Y ahora no me preguntan nada difícil? Yo que venía preparado. Pregúntenme, a ver, quién se anima. Yo pensé que me iban a preguntar de El Lucky".

Luego recriminó:

"Me llama mucho la atención de que a una persona con estas características se le dé una autoridad moral cuando es un delincuente que agravió, lastimó a la sociedad veracruzana. Hay que poner las cosas en su justa dimensión. Hay que dar el valor a lo que una persona así diga o deje de decir".

Cuando uno de los reporteros le preguntó si metería las manos al fuego por el líder estatal del PRI, Erick Lagos Hernández, luego de que, en una entrevista privada con oficiales de la Armada, El Lucky señaló como uno de sus enlaces con el gobierno de Veracruz a un funcionario al que sólo identificó con el apellido de Lagos, respondió:

"Yo no meto las manos al fuego por nadie. Estoy dando datos duros, estoy dando datos que son irrefutables, que son claros y ciertos. El señor está detenido".

El pasado lunes 21, el secretario de Gobierno veracruzano, Gerardo Buganza, señaló que las autoridades federales deberán investigar los dichos de Raúl Lucio Hernández, que vinculan a funcionarios y policías de Veracruz con Los Zetas.

El tema, dijo Buganza, no está en la agenda del gobierno de Javier Duarte.

"Lo que quisiera dejar clarísimo es que es un asunto del orden federal, de la Procuraduría General de la República (PGR), no es un asunto estatal, no hay absolutamente nada que ver en la agenda del estado", puntualizó.

La declaración del secretario de Gobierno se dio luego de que el domingo 20 el periódico Reforma reveló los testimonios de El Lucky, quien señaló que Los Zetas pagan una nómina de 30 millones de pesos al mes a policías ministeriales y municipales de Veracruz y, además, recluta a empleados de Petróleos Mexicanos (Pemex) para robar hidrocarburos.

El diario dio a conocer que en su testimonio, rendido ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el 13 de diciembre pasado, El Lucky refiere que Los Zetas reclutan a empleados de las propias instalaciones de Pemex para robar hidrocarburos, pues conocen a detalle la infraestructura de la empresa, horarios y ubicación de los ductos menos vigilados.

Según Hernández, en Veracruz su banda tiene un grupo denominado Los Guachicoleros, que se encarga de ordeñar los ductos, además de investigar a otras personas que roban combustible para cobrarles "derecho de piso".

"El puerto de Veracruz (es) el municipio donde más droga se estaba vendiendo hasta que sucedió lo de 'Los Zetas' que aparecieron muertos en el puerto, hasta ese entonces se calentó la plaza y dejamos de vender por orden mía, ya que les dije a la gente que se saliera de allí, que dejaran de vender hasta que terminara el operativo de Marina y los militares.

"La venta disminuyó debido al operativo implementado por las autoridades, además de que entra el cártel de Jalisco Nueva Generación-'Matazetas', lo que nos impidió trabajar, ya que hubo muchas ejecuciones", relató El Lucky en una entrevista que sostuvo con infantes de la Armada, previo a que lo entregaran a la SIEDO.

Proceso
25/05/2012

El éxodo del miedo

AUTORIDADES LOS DEJARON MORIR

El clima ya se hizo irrespirable para algunos reporteros de varios medios de información veracruzanos que viven aterrados, y desamparados por las autoridades y por sus empleadores: Unos abandonaron el estado o el país. Otros optaron por dedicarse a otra actividad. A unos más los han asesinado

domingo, 13 de mayo de 2012


JORGE CARRASCO ARAIZAGA



MÉXICO, DF (Apro).- Estaban sentenciados y las autoridades los dejaron morir. El mismo gobierno de Felipe Calderón lo sabía y advirtió sólo a Televisa, que sacó de Veracruz a su corresponsal Hugo Gallardo San Gabriel, aunque luego lo despidió. No fue el caso de los tres fotorreporteros secuestrados y encontrados muertos el jueves 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Esas muertes desataron de nuevo los temores entre periodistas de Veracruz que, escépticos ante el anuncio del gobernador Javier Duarte de Ochoa de crear “un organismo para su protección”, comenzaron de nuevo a salir del estado o a retirarse de la actividad.

Con la muerte de ochos periodistas a cuestas en menos de un año, la administración de Duarte está en la mira internacional por la vulnerabilidad de los periodistas en el estado, en particular en el puerto de Veracruz, uno de los principales escenarios de la disputa entre los grupos de delincuencia organizada y donde trabajaba la mayoría de los periodistas asesinados.

Las advertencias contra éstos eran conocidas por la Presidencia de la República y por el gobierno de Duarte, según el testimonio del ex corresponsal de Televisa. Amnistía Internacional (AI) coincide y asegura que los asesinatos de Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez “no ocurrieron sin previo aviso”.

Según la oficina de ese organismo en México, “información recibida por Amnistía Internacional (indica que) los nombres de estos periodistas, junto con otros, aparecieron en una lista circulada el año pasado con una amenaza en su contra.

“A pesar de estar informadas de esta situación, las autoridades estatales no tomaron medidas para asegurar la protección de los periodistas en riesgo, varios de los cuales se vieron obligados a salir del estado por motivos de seguridad”, asegura el organismo con sede en Londres, aunque el gobierno de Duarte niega que existiera esa lista.

AI señala que desde finales de 2010 ocho periodistas han sido asesinados en el estado de Veracruz. La fecha marca el inicio de la administración de Javier Duarte. Ninguno ha sido esclarecido.

A diferencia de lo ocurrido con los cuatro primeros, el gobierno estatal anunció que pediría a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso de los tres fotógrafos por considerar que en esos crímenes intervino la delincuencia organizada. Una semana después de los hechos no lo había formalizado.

LA HUiDA

Después del asesinato de los reporteros gráficos, de nueva cuenta varios periodistas y editorialistas han salido del estado, han declinado seguir publicando o de plano han renunciado a la profesión.

El miércoles 9 la página de internet Plumas Libres, que se elabora en Xalapa, informó que algunos periodistas “no esperaron ni 24 horas para dejar el estado” después del asesinato de los tres fotorreporteros, mientras que muchos trabajan con miedo.

Con el texto “Periodistas comienzan nuevo exilio en Veracruz” da cuenta del temor que prevalece entre los comunicadores del estado y cuestiona que hasta ahora Duarte se haya limitado “a cuidar a los dueños de los medios y a sus negocios”. El gobernador, en efecto, ordenó vigilancia policial para los periódicos porteños Notiver, El Dictamen y AZ, donde trabajaba la mayoría de los comunicadores asesinados.

“De qué sirven las patrullas y policías afuera de los periódicos. Sólo cuidan instalaciones. Los dueños nunca salen a demandar el esclarecimiento de la muerte de un periodista. Siempre se quedan en silencio”, cita a un periodista que por razones obvias no identifica.

La cita dice también: “No sé de ningún reportero bajo vigilancia oficial en Veracruz. Seguimos solos pese a las promesas en el gobierno del estado. Salgo de mi casa con miedo. Llego al trabajo con miedo. Como con miedo. Sólo me siento seguro por unos momentos en el diario, donde están los policías; pero después... la zozobra de nueva cuenta”.

ADELANTA SU RETIRO

Otro periodista que durante más de 30 años cubrió la fuente policiaca adelanta su retiro ante la violencia contra la prensa en el estado: “No pensaba salirme de la reporteada. Tras el asesinado de Miguel Ángel López Velasco y su familia comencé a analizarlo. Con la muerte de Yolanda Ordaz me decidí. No quiero saber nada del periodismo. Menos de la nota roja. Estoy valorando mi vida. Mis historias y vivencias en la fuente se quedarán guardadas un buen tiempo”.

Un reportero más relata la ansiedad bajo la que vive por su cobertura periodística: “No se puede... Con el paso de las horas la misma información te aplasta. Ver cadáveres regados a cada momento te sume en tribulaciones. Entiendes que la autoridad ya no es quien resuelve el crimen. Se han vuelto recolectores de cadáveres y el reportero es cronista de la muerte”.

Gallardo San Gabriel cuenta que en julio de 2011, después del asesinato de la reportera de Notiver, Yolanda Ordaz, él tuvo que salir del estado contra su voluntad y por órdenes de sus jefes, tanto en el estado como en la Ciudad de México.

No fue el único. En un relato que publicó apenas el martes 1 de mayo en su portal electrónico MI revista con el título “¡Estoy vivo!”, asegura que tras los primeros asesinatos, propietarios y directores de medios de comunicación veracruzanos salieron de la ciudad o cuando menos enviaron a sus hijos al extranjero.

“Reporteros de la sección policiaca, como Andrés Salomón, de XEU de Veracruz, abandonó la ciudad. Le siguieron Enrique Bautista y Arturo González, de El Dictamen; Gabriel Huge, de Notiver, y otro más del periódico Imagen. Trascendió que periodistas de otros puntos del estado también lo hicieron”.

ESTABA EN LA LISTA

En su caso, confirmado por el propio Gallardo a Proceso, cuenta que su jefe inmediato, Rogerio Pano Rebolledo, le dijo que su vida estaba en peligro, que tenía que salir del estado junto con su familia. Irse a otro estado o incluso al extranjero porque había una lista de reporteros que iban a ejecutar.

Gallardo, que alega no haber recibido nunca ninguna amenaza, refiere que la información la había entregado la propia Presidencia de la República a sus jefes. Ignacio Reyna Carrera, director general de la televisora en el estado, le dijo también que tenía que salir. “Que sólo sería por dos o tres meses en lo que se calmaban las cosas, con la promesa de que regresaría a mi trabajo cotidiano”.

Cuenta que el 26 de julio del año pasado, dos días después de que apareciera el cuerpo de Yolanda Ordaz, salió de Veracruz en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, escoltado por personal de la Marina. El aparato formaba parte del equipo desplegado para una visita que realizaba Felipe Calderón.

Junto con su familia, el reportero aterrizó en el hangar presidencial, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde lo recibió personal del Estado Mayor Presidencial.

Refiere que en agosto siguiente su jefe en México, Miguel Ángel García Briseño, director de Televisa Regional, lo buscó preocupado porque su familia se había regresado a Veracruz.

LO LIQUIDARON

“El 21 de diciembre fui convocado a una sorpresiva reunión con Ignacio Reyna Carrera, director de Televisa Veracruz. El encuentro fue en instalaciones de Televisa Santa Fe, en el Distrito Federal… La entrevista fue en la oficina de Raquel Bernal, gerente administrativa de la Dirección de Televisa Regional, a cargo de Miguel Ángel García Briseño, alguna vez director de Telever”.

Reyna le dijo que Televisa México no le podía seguir pagando su estadía en la Ciudad de México y que Televisa Veracruz no lo podía seguir manteniendo sin trabajar; pero “como según él aún no había condiciones para que yo regresara a la ciudad, optaba por liquidarme de la empresa”, después de 14 años de trabajar para el monopolio.

Más todavía, dice en su testimonio, “me pidió que no volviera a Veracruz y mucho menos que trabajara en algún otro medio de comunicación” porque según el directivo “soy una caja de resonancia, que algo malo me podía suceder y que rebotaría en la imagen de Televisa”.

Asegura que en la búsqueda de empleo en medios veracruzanos “me he enterado... (de) que hay una especie de acuerdo con dueños y directores de los medios más importantes, al parecer coordinados por una mano oficial poderosa, que sugieren que no sea yo contratado porque me han ‘etiquetado’ como un periodista de riesgo”.

ESCALADA SIN PRECEDENTE

La representación en México de la organización no gubernamental Artículo 19, promotora de la defensa de la libertad de expresión e información en el mundo, ha documentado la desastrosa situación para la prensa en el gobierno de Duarte:

“Durante el segundo semestre de 2011 el estado de Veracruz vivió una escalada de violencia sin precedente, similar a la que hundió a Tamaulipas. En el lapso de unas cuantas semanas cuatro periodistas fueron asesinados, 13 escaparon del estado por amenazas y uno más desapareció sin que hasta ahora se sepa nada de su paradero.”

En un escrito dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes del secuestro y asesinato de los tres reporteros gráficos, la organización registró en ese lapso 66 agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión. Los más graves: Cuatro asesinatos de periodistas o trabajadores de medios de comunicación, un ataque violento y un desaparecido. Afirma que en 33 casos, quienes cometieron las agresiones fueron agentes estatales.

Refiere que poco antes de que terminara el año, un grupo armado atacó un diario en el municipio de Córdoba, a 170 kilómetros de Xalapa, la capital del estado. Los atacantes prendieron fuego a la redacción y a las áreas de diseño y publicidad.

Rebasado por la violencia contra la prensa, Duarte de Ochoa anunció el viernes 4 la creación de “un organismo para la protección de los profesionales de los medios de comunicación y otro para atender a las víctimas de los grupos delincuenciales”.

La creación del organismo para la prensa está lejos de concretarse, pues según dijo ese día el gobernante habrá de esperar las propuestas de los directivos y dueños de los medios del estado. Después de ese anuncio comenzó la vigilancia policial afuera de las instalaciones de Notiver, El Dictamen y AZ.

Crimen y ¿castigo?

En tiempos de Felipe Calderón el periodismo se ha convertido en un oficio de muerte. No para todos. Hay quienes intercambian silencio o complicidad por seguridad. Otros, muchos, optan por no tomar riesgos. Regina Martínez, asesinada atrozmente la madrugada del sábado 28 en su casa de Xalapa, Veracruz, formaba en las filas de los periodistas que incomodan al poder. A nuestra querida compañera la mataron, en conjunción, la mente asesina que urdió el crimen y la mano presta que lo ejecutó. Pero la privó de la vida también la descomposición que invade como cáncer el organismo nacional y, en este caso particular, el estado de Veracruz, donde crímenes semejantes se repiten en medio de la impunidad. A Regina la mató de igual forma el clima de hostilidad manifiesta en el que desempeñaba su trabajo como corresponsal de Proceso. Lastimados e indignados, el domingo 29 acudimos a la sede del Poder Ejecutivo de Veracruz y fuimos recibidos por el gobernador y sus colaboradores. Pocos minutos duró el encuentro. Julio Scherer García atajó la retórica vacua de Javier Duarte: Es inútil, señor gobernador, no le creemos…

domingo, 06 de mayo de 2012


JORGE CARRASCO ARAIZAGA



XALAPA, Ver. (Apro).- Ante la tragedia, el derroche, la ostentación del poder. La retórica por delante del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública y el espacioso aparato tipo Bell en que él mismo se traslada, camionetas Van blindadas, una sala de juntas en el hotel Crown Plaza local…, todo a disposición de Proceso.

Hacia el mediodía del domingo 29 de abril, en la Casa de Gobierno de esta ciudad el ambiente era abrumador. Más que dar confianza, apantallaba con el peso del aparato gubernamental y el uso de los recursos públicos. En la mesa de la sala de recepción, desplegada en forma ostensible, la reciente edición especial de Proceso dedicada a "Los Zetas".

Ese día, a la residencia oficial que Duarte amplió el año pasado, comprando casas vecinas, había llegado un nutrido grupo de funcionarios de seguridad y justicia encabezado por el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa. Estaba también un fiscal que lo mismo atiende delitos electorales que "denuncias contra periodistas y/o comunicadores".

Duarte los sentó a su izquierda en una larga mesa de juntas. A su derecha, el fundador de Proceso, Julio Scherer García, el director Rafael Rodríguez Castañeda, el subdirector Salvador Corro, el fotógrafo Germán Canseco y este reportero.

Erguido, cuidadoso de que no se le arrugara su guayabera blanca, el gobernador comenzó a "lamentar el doloroso asesinato" de Regina Martínez Pérez, la corresponsal de la revista en Veracruz, muerta por estrangulamiento la madrugada del día anterior.

Consabidas las frases: "Tengan ustedes la seguridad de que llegaremos hasta las últimas consecuencias", "destacada periodista", "prestigiado medio que usted dirige"…

Sólo dio una información: la solicitud que hizo a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que junto con Proceso coadyuvaran en la investigación. Una "comisión interinstitucional" la llama, y promete transparencia.

Luego pide a sus funcionarios convocados que enlisten sus actuaciones desde que se conoció el asesinato, la tarde del sábado 28 de abril. Después de las explicaciones técnicas, Duarte vuelve a hablar.

‘NO LE CREEMOS’

Lo interrumpe Julio Scherer. Sus palabras, le dice, son "retórica ritual". "Lo que usted nos está diciendo y lo que acabamos de escuchar no es más que la superficie. No hay explicación alguna de las aguas profundas en las que ocurrió el asesinato de nuestra reportera".

Un silencio espeso en la sala de juntas. Quizás, la respiración entrecortada del gobernador.

Continúa el también presidente del Consejo de Administración de la revista:

"La muerte de Regina Martínez es producto de la descomposición del estado y del país. Queremos saber qué es lo que hay debajo de esa superficie. Aunque en suma, señor gobernador, no les creemos".

Por segundos nadie habló.

Ante el silencio del gobernador y sus colaboradores, Rodríguez Castañeda les dijo que en Veracruz ha existido un "ambiente de hostilidad" hacia la revista. Le mencionó la frecuente desaparición de ejemplares cuando contienen información sobre seguridad en el estado. La más reciente, apenas el 8 de abril pasado, cuando se publicó información sobre dos de los candidatos a diputados federales por el PRI bajo el título "Dos regresos peligrosos".

Duarte siguió sin decir nada. En el silencio quedó implícita también la incautación de los ejemplares de la edición 1821 en septiembre de 2011, cuando se daba cuenta del violento reacomodo de los grupos de delincuencia organizada desde su llegada al gobierno en diciembre de 2010 y cuya primera expresión fueron los 35 cuerpos arrojados a una vía rápida, al lado del Centro Comercial Plaza de las Américas, en Boca del Río.

También fue "desaparecida" la edición 1736, del 7 de febrero de 2010, sobre las actividades en el estado de la organización delictiva que se conoció como La Compañía durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, que acabó en diciembre de 2010.

EL NINGUNEO

A esa hostilidad también contribuyó el vacío informativo gubernamental que padecía Regina Martínez desde la administración anterior a Duarte. Un humillante ninguneo desde el poder, contrastante con los cuantiosos recursos que movilizó el gobierno el 29 de abril pasado para la reunión con Proceso.

"No les creemos y así se los hicimos saber", expresó la revista en un comunicado después del encuentro. La PGJ dio una conferencia de prensa para informar de la reunión y anunciar la incorporación de la revista a la "comisión especial".

En realidad, no es una instancia en la que se tomen decisiones conjuntas. Sólo es lo que en derecho corresponde a cualquier parte afectada en un delito, participar como coadyuvante en las investigaciones para evitar desviaciones en las indagatorias.

La CNDH tampoco les cree. Abrió de oficio una queja para hacer su propia indagatoria, al margen de la invitación que le había hecho el gobernador de sumarse al trabajo que dirige la PGJ. No es tampoco parte de ninguna "comisión especial".

"El propósito de la CNDH es verificar que la procuraduría del estado integre la averiguación previa como debe ser", explicó a Proceso el director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles del organismo, Javier Sepúlveda Amed, el mismo 29 de abril. Desde ese día peritos de la delegación de la CNDH en Xalapa y de las oficinas en la Ciudad de México siguen las acciones de la procuraduría estatal.

La incredulidad es lógica. De los cuatro asesinatos de periodistas que hasta ese día habían ocurrido en el estado desde que Duarte asumió el gobierno, ninguno ha sido aclarado. Ningún detenido, ninguna explicación pública incontrastable de las causas de la muerte y la saña contra los reporteros, fotógrafos y columnistas.

ROBAN EN SU CASA

El año y medio del gobierno de Duarte de Ochoa ha sido de pesadilla para los periodistas del estado asignados a la fuente de policía. Cinco días después del asesinato de Regina Martínez, en la conurbación del puerto de Veracruz-Boca del Río, fueron secuestrados y asesinados dos fotógrafos de la agencia fotográfica veracruznews, un exfotógrafo que trabajó para el periódico local AZ y TV Azteca Veracruz y una empleada administrativa del periódico El Dictamen.

Sus cuerpos, desmembrados, fueron arrojados en bolsas a un canal de aguas negras en la colonia de interés social Las Vegas II, rumbo al aeropuerto internacional de Veracruz.

La procuraduría del estado dejó el caso en manos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR por presumir una acción de la delincuencia organizada.

En la Ciudad de México, el 30 de abril Miguel Ontiveros, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la que depende la fiscalía, aceptó también la petición de Proceso para que en el caso del crimen de Regina Martínez la revista participe como coadyuvante en su investigación.

La PGR abrió una "averiguación previa alternativa, por iniciativa propia, más allá de la petición de coadyuvancia del gobierno estatal", dijo a Proceso Ontiveros, quien el mismo día 30 respondió a la petición de ayuda que le hizo por escrito el procurador estatal. Es "por la relevancia nacional" del caso, justificó el encargado de procurar justicia en Veracruz.

En las declaraciones ministeriales de la procuraduría estatal y en la PGR la revista dejó constancia de las condiciones adversas en las que trabajaba Regina Martínez: la incautación de su material de trabajo y el de otros reporteros de la revista, la falta de acceso a la información pública gubernamental por parte de la reportera y el robo de que había sido objeto en meses recientes, cuando entraron a su casa y se llevaron dinero y su computadora.

PORTÓN ABIERTO

Esta vez se llevaron también su computadora, dos teléfonos celulares y un televisor de pantalla plana. Pero el asesinato de la periodista está lejos de haber sido un robo. En su domicilio, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, de Xalapa, quedaron muchos bienes: una laptop nueva, una impresora, un reproductor de videos, grabadoras.

Estaban sus agendas de trabajo, sus libretas de apuntes, casetes de entrevistas. La procuraduría estatal no ha determinado si se llevaron algo que estuviera investigando. Pero tampoco puede asentar que el crimen esté desvinculado de su trabajo.

No se vaciaron los cajones de los muebles. Acaso algunos estaban medio revueltos. Sólo un cajón del buró estaba en el piso. Tampoco quedó registro de desorden por violencia en otras partes de la casa.

El portón de la entrada no estaba forzado, ni la chapa. No había cristales rotos. Tampoco la puerta de acceso a la vivienda estaba violada. Pero contrario a la costumbre de la periodista, el portón de herrería blanca llevaba varias horas abierto.

Así estuvo desde la noche del 27 de abril, cuando la vecina de la casa de junto lo advirtió y avisó por teléfono a la reportera. "Sí, gracias, ya voy a cerrar", le contestó Regina Martínez, cuyos hábitos de persona aislada y reservada eran conocidos por los vecinos de la calle y quienes le ayudaban en las cosas domésticas.

Al otro día la puerta principal del domicilio seguía abierta y no se notaba movimiento en la casa. La vecina llamó a la policía. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron hacia las seis de la tarde al número 208 de la privada Rodríguez Clara. Entraron y vieron el cuerpo de la periodista tirado entre el baño y la recámara.

Llamaron al Ministerio Público, pero también llegaron elementos del Ejército que tomaron video del lugar y se fueron. Los agentes ministeriales y los técnicos de los servicios periciales encontraron el cadáver entre la puerta y la tina del baño, a un costado del inodoro.

ESCENA DEL CRIMEN

Describieron un cuerpo menudo, de aproximadamente un metro con 43 centímetros, delgado, de tez morena, cabello corto, de 49 años de edad. Determinaron que murió a las cuatro de la mañana del sábado 28 de abril a causa de una "anoxia por estrangulamiento", es decir, falta total de oxígeno en la sangre o en los tejidos corporales, según se asentó en el certificado de defunción.

Vestía un pantalón de mezclilla, una blusa color naranja, un chaleco café y unas botas de uso rudo de ese mismo color. En el cuello tenía una jerga. Al retirarla, los peritos apreciaron moretones en el rostro, tanto en el pómulo como en el mentón. Presentaba laceraciones dentro de la boca. En el cuello tenía rasguños y moretones. Había rastros de sangre dentro de la taza del baño, en la pared de la caja de agua y en la jerga que tenía en el cuello.

El lunes 30 de abril, en la reconstrucción de los hechos "que permita una explicación plausible de las lesiones", dos técnicos del equipo criminalista de la procuraduría local simularon un sometimiento físico por la espalda, con un intento de defensa, que al momento de la agresión provocaron la rotura de un maxilar y de dos costillas.

Al día siguiente, la fiscal especial de la FEADLE, Laura Angelina Borbolla Moreno, estuvo en Xalapa para que la PGR hiciera su propia inspección ocular y levantamiento de indicios. Peritos de la procuraduría general tomaron muestras de sangre y de las huellas encontradas en las paredes del baño y en envases de cerveza. Uno había quedado en un mueble de la recámara, cerca del baño. Aseguraron instrumentos de trabajo de la periodista para analizar su trabajo y sus posibles consecuencias.

Tanto en la Averiguación Previa 034/FEADLE/2012 de la PGR como en la Averiguación Previa 19/2012/PC de la PGJ del estado, derivada de la investigación ministerial 363/2012/2ª/XAL-04, Proceso pidió revisar y analizar la cobertura periodística de Regina Martínez y de la revista en el caso de Veracruz y las posibles afectaciones a intereses específicos de grupo o de individuos.

Una segunda autopsia aún es posible, lo mismo que la valoración de la necrocirugía realizada por la procuraduría estatal.

Astillero

Veracruz, capital

De periodistas asesinados

Goliza en el IFE

SG, alineada

Julio Hernández López

Hay una larga lista silenciosa de periodistas veracruzanos que han sido amenazados, agredidos u orillados a dejar su vida habitual. Son el eslabón más débil de la cadena de impunidad que se vive en la entidad que formalmente gobierna Javier Duarte de Ochoa pero que en la práctica dominan dos bandos contendientes, las fuerzas federales, particularmente la Marina, y los grupos de narcotraficantes, en especial uno de ellos, asentado casi institucionalmente desde que Fidel Herrera Beltrán era el gerente general del estado.

Duarte de Ochoa llegó como ostentosa imposición de Herrera pero, sin romper abiertamente con él, ha ido buscando sus propias vías de consolidación personal, cediendo buena parte del control de la entidad a las fuerzas marinas, asumiendo como realidad heredada y luego cultivada la fuerza de los bandos de crimen organizado y apostando cuanto le es posible a la candidatura de Enrique Peña Nieto.

Falto de experiencia política, confesamente identificado con un hombre de ideas muy firmes, Francisco Franco (//bit.ly/pFtq8k) y cada vez más rebasado por las circunstancias, Duarte de Ochoa ha permitido que continúe el esquema de dominio criminal proveniente de la fidelidad. En esa fuente de agravios sociales múltiples, el gremio periodístico ha tenido un papel doloroso pero no único. Policías locales y federales, mandos militares y marinos, presidentes municipales, funcionarios estatales y narcotraficantes de diversa adscripción y nivel suelen moverse a sus anchas en el laxo Veracruz, cumpliendo a bayoneta calada las instrucciones que reciben o las interpretaciones que sobre la marcha deciden realizar.

Así ha llegado Veracruz a la cifra histórica de cuatro periodistas asesinados en seis días. Una de ellos, Regina Martínez, sostuvo un ejercicio crítico que la llevó a denunciar e indagar, por ejemplo, nexos entre policías locales y narcotraficantes (lo que constituye una línea de investigación en su homicidio). Y ayer aparecieron cuatro muertos más: dos trabajaban como reporteros gráficos, otro lo había dejado de ser a finales del año pasado (pero, para la contabilidad macabra, debe ser considerado como periodista) y la novia de uno de ellos. En los detalles de las historias de este cuarteto asoma la realidad cotidiana que pocos publican y que muchos platican solamente en voz baja: los periodistas que deben dejar su estado o municipio por amenazas o que ya han sido secuestrados, torturados y perseguidos y que meses después de haberse ido de Veracruz regresan a otros medios, en otras circunstancias, tratando de eludir sentencias de muerte que finalmente los alcanzan. Desde luego, este panorama no es exclusivo de estas latitudes. En otras entidades se viven situaciones similares.

También con rapidez delatora han quedado alineados la mayoría de los consejeros del IFE y la Secretaría de Gobernación (SG). Goliza metieron en el instituto electoral a la pretensión ciudadana de que se exigiera a las televisoras retadoras que den cobertura de primer nivel a la de por sí rasurada confrontación de puntos de vista y proyectos de los cuatro aspirantes a presidir el país. Siete a dos fue el marcador a favor de Televisión Azteca, con Leonardo Valdés Zurita jugando de centro delantero y árbitro. Frente a los poderes electrónicos levantados, el IFE no fue capaz, siquiera por defensa propia, de enhebrar una respuesta política suficiente para prolongar por algunas semanas la ya desde antes desfalleciente ilusión de que los comicios venideros podrían estar un tanto a salvo del influjo determinante del dinero y las pantallas. Ahora queda todo apabullantemente claro. El IFE se guiará por el letrismo que le conviene (la letra de un artículo de la ley usada como tapaojos para abstenerse de molestar a las cámaras regentes) y estará presto para declarar como ganador de la elección presidencial a quien le presente constancias numéricas de votos a su favor, haiga sido como haiga sido que las haya obtenido, sin valorar las infracciones graves, sin ver mapachería ni ríos de dinero. Al estilo 2006: la elección podrá ser injusta, llena de elementos distorsionantes, con influencia abierta de poderes determinados, pero ni modo.
Parte de esa cerrazón que en consonancia también practicó la Secretaría de Gobernación, al anunciar su indisposición para pedir que conforme al artículo 62 de la Ley de Radio y Televisión se encadenaran las televisoras para difundir el debate, proviene del hecho de que el candidato de la izquierda electoral ha ido ganando presencia en segmentos que hasta hace poco parecían cerrados a escuchar sus propuestas pero que hoy se han abierto a escucharlo sin prejuicios, entre otras cosas porque cada vez más ciudadanos creen imposible encontrar una alternativa aceptable de gobierno futuro en la vacuidad de Peña Nieto o la debacle sostenida con alfileres de Vázquez Mota.

Así ha ido sucediendo en universidades privadas de diversas partes del país, entre jóvenes que por niveles socioeconómicos y por haber llegado a la edad votante entre pláticas adultas descalificatorias de Andrés Manuel López Obrador parecerían predestinados a reproducir esas campañas de difamación. Pero de manera muy sugerente han expresado su apoyo al tabasqueño en lugares como la Universidad Iberoamericana y ayer en la matriz del Tec de Monterrey, donde se ha escuchado el coro de ¡Presidente! que hasta hace poco parecía impensable en esos sitios de elite.

Y, mientras periodistas y ciudadanos protestan hoy a la una de la tarde en Marsella y Havre, donde está la representación del gobierno de Veracruz en el Distrito Federal, y de allí caminan a la Secretaría de Gobernación, ¡nos vemos aquí el próximo lunes, recordando a Eduardo Valle, El Búho, que ayer falleció!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Proceso ante el crimen de Regina Martínez

La Redacción
29 de abril de 2012


MÉXICO, D.F. (apro).- El asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, el sábado 28 de abril, es resultado de un país descompuesto, de una situación de violencia cotidiana en la que actos extremos no son la excepción sino la regla cotidiana. Esta situación la comparte Veracruz con la mayor parte del país.

Al crimen abonó el ambiente de hostilidad y aun de acoso en el que la prensa independiente se ve obligada a cumplir sus funciones.

En nuestro caso, son reiterados el secuestro y la compra masiva de ejemplares por parte de quienes se sienten afectados por lo que publicamos. En ocasiones, nos hemos visto en la necesidad de ocultar en el anonimato el nombre de nuestros reporteros, enviados especiales y corresponsales en sus trabajos sobre temas de seguridad.

Más allá de los detalles que podría arrojar la investigación policiaca, creemos que el asesinato de Regina Martínez sólo pudo darse en esa atmósfera de descomposición y hostilidad.

Respecto de esa investigación, que está a cargo del gobierno de Veracruz, Proceso es escéptico. En una reunión con el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, en la ciudad de Xalapa, a unas cuantas horas del asesinato de nuestra compañera, la directiva de Proceso lo expresó así ante la promesa retórica de que “se investigará hasta las últimas consecuencias”. No les creemos y se los hicimos saber.

El gobierno del estado solicitó la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República en las investigaciones. La revista participará en la misma calidad para evitar desviaciones en las indagatorias.

La agresión contra cualquiera de los integrantes de esta casa editorial es un atentado contra Proceso y en contra del derecho constitucional a informar.

No eludiremos ninguna acción hasta conseguir el esclarecimiento del crimen.