Campus minado

NADIE QUIERE A LA POLICÍA FEDERAL...

 

 

Lo que empezó como una gresca entre estudiantes y trabajadores de vigilancia del CCH Naucalpan en febrero pasado y derivó en la expulsión de cinco alumnos de ese plantel, escaló a un problema mayor, plagado de riesgos. El viernes 19 un grupo de jóvenes tomó violentamente la Rectoría de la UNAM. Las autoridades universitarias dieron aviso a la PGR, que podría ordenar la intervención de la fuerza pública en la máxima casa de estudios. Esta sola posibilidad enardeció a toda la comunidad. Algunos apoyan a los ocupantes del inmueble universitario, algunos los repudian...

                      

Como medida de protección a los paristas un grupo de estudiantes se apostó en los alrededores de la Rectoría, colocando casas de campaña.

domingo, 28 de abril de 2013

MÉXICO, DF (Apro).- La toma de la Rectoría de la UNAM por jóvenes encapuchados la noche del viernes 19 ha llevado a la máxima casa de estudios a un punto de tensión que podría derivar en un estallido mayor, por la posible intervención de la fuerza pública y la confrontación entre grupos de la comunidad estudiantil.El origen del conflicto se remonta a febrero en el CCH Naucalpan. Según declaraciones ministeriales de trabajadores del plantel, la noche del 1 de febrero un vigilante impidió la entrada al alumno José Luis Ramírez Alcántara, que presuntamente estaba ebrio.
La noche terminó en el Ministerio Público de Naucalpan con siete empleados del CCH levantando actas por lesiones contra un grupo de jóvenes encabezados por Ramírez Alcántara, quien habría golpeado al vigilante.
El 5 de febrero los presuntos agresores fueron notificados de sus expulsiones temporales del CCH, por lo que, según denuncias, organizaron una revuelta en la que arrojaron bombas molotov contra la dirección escolar. De lo ocurrido hay videos en el portal de Internet Youtube. Todo fue caos. Pasadas las ocho de la noche intervino un operativo de más de 200 policías municipales y 50 granaderos. Detuvieron a 10 presuntos responsables y la UNAM interpuso una denuncia penal contra los jóvenes.
MARCHA ESTUDIANTIL
El 6 de febrero el conflicto se llevó por vez primera a Ciudad Universitaria. A las cinco de la tarde salió un contingente de 250 personas del Parque de la Bombilla rumbo a la Rectoría.
Exigían la liberación de los detenidos el día anterior en Naucalpan y la cancelación de la reforma al plan de estudios de los Colegios de Ciencias y Humanidades. Cerca de 50 manifestantes, cubiertos los rostros, desviaron sus pasos a la Dirección de los CCH, a un costado de la Rectoría. Con palos, piedras y sus cuerpos como armas rompieron los vidrios de la fachada y se adueñaron del inmueble.
Plasmaron sus demandas en un pliego petitorio al que sumaron la reinstalación de los expulsados por los hechos violentos del 1 de febrero, la no sanción en su contra y la destitución del director de su plantel.
Catorce días permanecieron en la Dirección General de los CCH, hasta que su titular, Lucía Laura Muñoz Corona, se comprometió por escrito a no sancionarlos y atender sus demandas. No hubo más sanciones y la discusión sobre la actualización del plan y los programas de estudio se pospuso para el 30 de noviembre.
EMPIEZA LA TOMA
A golpes de tubos, mazos, palos y piedras, unos 20 jóvenes vulneraron el 19 de abril la entrada a la Rectoría. La veintena de jóvenes –de un grupo de 80 que marchó del Parque Hundido a Ciudad Universitaria– tomó esa decisión sin el respaldo de la mayor parte del contingente.
Un día después el abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, les notificó a los manifestantes que se les había interpuesto una denuncia penal ante la PGR por la toma violenta de la Rectoría. Los jóvenes, que dentro del edificio ya sumaban aproximadamente 30 atrincherados con muebles y macetas, replicaron que sólo con la solución a sus demandas, incluido un espacio de diálogo con el rector José Narro, liberarían el edificio.
Pidieron reinstalar a los cinco alumnos expulsados del CCH Naucalpan acusados de agredir a trabajadores del plantel; cancelar los procesos penales contra activistas; que la UNAM se desistiera de modificar el plan de estudios de los Colegios de Ciencias y Humanidades; mantener el sentido crítico, científico y humanista del alumnado; la no privatización de la educación pública en el país; la cancelación de videocámaras de vigilancia en los planteles de la UNAM, y garantizar que no habría represalias ni hostigamiento en contra suya.
Al mediodía del lunes 22, en conferencia de prensa improvisada desde el Museo de las Ciencias, Narro respondió: "Tenemos identificados a algunos de los expulsados y gente ajena que no actúa desde la protesta, sino con acciones al margen de la ley, dañando personas y el patrimonio de la Universidad".
DEBEN ‘RESPONDER’
Narro advirtió que en esta ocasión los responsables tendrían que "responder" frente a la comunidad universitaria, a las autoridades judiciales y "tristemente también a la historia". Y ahí, cuestionado por los medios, habló de la posibilidad de que las fuerzas federales entren a la UNAM.
"La demanda está radicada en la PGR y hemos dicho que se trata de un delito federal. Le tocará a la PGR valorar los hechos. (…) Desearía que desalojen a estas personas de la Torre de la Rectoría. Voy a agotar todos los medios que tenga a mi alcance, pero al mismo tiempo a agotar el fortalecimiento de la denuncia correspondiente."
A partir de esa conferencia, quienes mantienen tomada la Rectoría han disminuido sus demandas a tres y acusan a Narro de cerrazón para no resolver el conflicto: Sostienen la reinstalación de los expulsados del CCH Naucalpan, el desistimiento de la denuncia penal en su contra y de cualquier represalia por defender la educación pública y gratuita, así como la instalación de un diálogo público con las autoridades universitarias.
El miércoles 24 las autoridades de la UNAM mandaron dos mensajes: La ratificación de las expulsiones de José Luis Ramírez Alcántara, Irene Pérez Villegas, Brenda Vaca Aparicio, Luis Hugo Arratia Zárate y Jorge Mario González García, por parte del Tribunal Universitario –del último se ha confirmado que está preso en el Reclusorio Norte por el robo a una tienda Walmart–, y la ratificación de la denuncia ante la PGR, completando el procedimiento para una posible intervención de la Policía Federal.
COMUNIDAD DIVIDIDA
En la explanada de la Rectoría ha habido confrontaciones verbales en apoyo de cada uno de los lados. Unos descalifican a otros como "porros" que perjudican a la institución; los otros los rechazan por ser "grupos de choque" manipulados por Narro.
Desde las redes sociales y a través de volanteo dentro de las facultades se promovió una convocatoria para desalojar a los encapuchados que tienen tomada la Rectoría. De no liberarla a más tardar el viernes 26, la cita era para las 11 de la mañana del sábado 27.
En asambleas improvisadas en la explanada de la Rectoría y en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras, alumnos, maestros y trabajadores de la universidad discutieron si respaldarían o no a los paristas.
No hubo consenso para apoyar la toma del edificio, pero la mayoría rechazó la posible entrada de la Policía Federal, lo que consideraron sería una violación a la autonomía universitaria. El jueves 25 decidieron hacer un cordón de protección a los paristas, organizaron marchas en el circuito universitario para sumar adeptos y establecieron un plantón en la explanada, que no suma más de cuatro casas de campaña. Pero a la entrada de la policía, de ocurrir, quedó claro que exigirían la renuncia del rector e intentarían "cerrar" escuelas y facultades.
GOLPEAN A FOTÓGRAFO
Esa misma noche se citó a una nueva asamblea para el lunes 29. En repudio al trato que les da la prensa, exigieron a los medios que se alejaran mientras sesionaban en la explanada. El fotógrafo de Proceso Eduardo Miranda fue pateado en las rodillas para obligarlo a retroceder y, ya en el suelo, golpeado en el rostro mientras sostenía su cámara.
Un estudiante de la UNAM, acreditado como tal y que no está de acuerdo con la toma de la Rectoría, habló con Proceso de los escenarios que vislumbran. El entrevistado, quien pide que lo llamemos Juan, habla del movimiento que se ha generado en las distintas facultades:
"Ingeniería y Derecho van a ser una carta que va a mover el rector. Antes de meter a la policía, Narro va a explotar todas las cartas que tiene, es decir movilización de universitarios, y yo creo que incluso es capaz de llegar al enfrentamiento. No olvidemos que cuando Juan Ramón de la Fuente sube a la Rectoría pone a Narro como a uno de sus principales colaboradores y él opera, junto con la Secretaría de Gobernación, el plebiscito del año 2000 y la táctica que utilizan es empezar a movilizar a las facultades a sesión universitaria para recuperar las instalaciones.
"Pero Narro no es una persona a la que le guste que el Estado intervenga en la universidad. Es autoritario pero no es una persona que le gusta resolver los conflictos con la bota. Va a agotar otras instancias antes. Y la última carta va a ser la fuerza pública. La evaluación que estamos haciendo es que no va a pasar del sábado o domingo."
SANTIAGO IGARTÚA

Quiebra por consigna

MEXICANA DE AVIACIÓN

 

 

El empresario Iván Barona entregó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, un documento en el que se describe cómo las autoridades federales involucradas en el conflicto de Mexicana de Aviación siguen un plan elaborado hace cinco años para declarar la quiebra de la empresa y beneficiar a otros jugadores de la industria aérea. En entrevista, Barona resume: las autoridades se apegan a la consigna de quebrar Mexicana y por eso rechazan a los inversionistas

                      

domingo, 28 de abril de 2013

MÉXICO, DF (Apro).- Veintiséis días después de que se frustró la aplicación del Plan emergente. Acciones del personal de Mexicana de Aviación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, elaborado en marzo pasado por el gobierno federal para contener probables protestas por la posible declaración de la quiebra de Mexicana de Aviación el pasado 1 de abril, la juez del concurso mercantil dio tres días al administrador, José Gerardo Badín Cherit, para establecer un convenio concursal y poner a volar a la aerolínea.
Este plazo es apenas como un "suspiro" para los eventuales inversionistas, de los cuales sólo se conoce al grupo de Iván Barona. De acuerdo con la hoja de datos para los interesados, la empresa de Barona, BF International Mining Traders, S.A. de C.V., fue creada el 10 de abril de 2010, cuatro meses antes de que Mexicana de Aviación dejara de volar por una supuesta insolvencia económica.
En entrevista, Barona asegura que la cercanía de las fechas fue "mera coincidencia", porque no sabía que la aerolínea iba a colapsar. Además, dice, su empresa no está solamente destinada a la aviación y forma parte de un plan elaborado desde 2007 para buscar oportunidades de inversión en el país.
Entre los integrantes de la compañía llama la atención el nombre de Francisco Javier Christlieb Morales, su director jurídico, quien participó en las negociaciones para la reestructuración de Mexicana de Aviación en 1995, cuando Cintra la vendió al Grupo Posadas.
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Christlieb Morales también representó a la industria aérea mexicana en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) durante el sexenio salinista y fue él quien hizo la solicitud de concurso mercantil como administrador de la Compañía Mexicana de Aviación (CMA), en la que no incluyó los "activos valiosos" en Estados Unidos en 2010, cuando Mexicana de Aviación suspendió sus vuelos.
Christlieb fue administrador jurídico de la CMA y secretario de los consejos de administración de esta aerolínea y de Click Mexicana, Alas de América y de SEAT, y prosecretario de la empresa Turborreactores. Su labor consistió en tratar de negociar la reestructuración de los adeudos de la aerolínea en 185 días, lo que no consiguió.
Barona comenta que la inclusión de Christlieb Morales es una estrategia empresarial porque, al tener experiencia de más de 30 años, conoce el manejo interno y externo de Mexicana de Aviación.
Además, confirma que en el Nuevo Grupo Aeronáutico no se incluyeron las acciones de sus cuatro principales activos: la Compañía Mexicana de Aviación, Aerovías Caribe Click, Mexicana Inter, Link y MRO, la base de mantenimiento de los aviones. Agrega que las acciones de MRO están pignoradas en Banorte por el préstamo que dicho banco hizo al Grupo Posadas, no sólo al empresario Gastón Azcárraga, que lo encabezaba entonces.
OBSTACULIZAN INVERSIONES
A decir de Barona, desde hace tiempo las autoridades, algunos medios de comunicación y organizaciones de pilotos, sobrecargos y trabajadores en tierra han anunciado la quiebra de la aerolínea o denunciado a los encargados del concurso mercantil por obstaculizar las inversiones, porque la consigna es que no vuelva a volar.
"Para ello funcionarios federales se han valido de Jorge Isaac Gastélum Miranda, quien compró en la cantidad simbólica de mil pesos las acciones de Mexicana a Gastón Azcárraga. Según se escucha en las grabaciones difundidas en la edición 1849 de Proceso, Gastélum exige cada día más dinero por esas acciones", dice el entrevistado.
El grupo de Iván Barona también denunció el 9 de noviembre de 2011 el trato "grosero y prepotente" que le daba el entonces titular de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Sánchez Henkel.
En dicha queja –que sería entregada al secretario Gerardo Ruiz Esparza "para su conocimiento" durante las mesas de negociación instaladas desde el jueves 25– se afirma que se han hecho llamadas anónimas a eventuales inversionistas, como los de Med Atlantic, para advertirles que no depositen dinero para comprar las acciones de Mexicana de Aviación, porque nunca los dejarán volar.
No son nuevos los señalamientos sobre el plan para reestructurar la aerolínea y someterla a concurso mercantil a fin de quebrarla, lo que beneficiaría a Aerovías del Caribe, a Click y a Link.
FUERZAN ATERRIZAJE
El proyecto se elaboró el 31 de agosto de 2006, en el tramo final del sexenio de Vicente Fox, y lo realizó el difunto exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y abogado de Grupo Salinas, Salvador Rocha Díaz, el 23 de octubre de 2007. Preveía que la CMA cediera al Grupo Mexicana los derechos y obligaciones derivados del convenio de reestructura y reconocimiento de adeudo que tenía. En ese mismo año se había creado Aerovías del Caribe, es decir, Click.
Las autoridades se tardaron tres años en concretar el plan. El 10 de agosto de 2010 forzaron el aterrizaje de Mexicana de Aviación. Durante ese lapso, el entonces propietario de la aerolínea, Gastón Azcárraga, convenció a pilotos, sobrecargos y trabajadores en tierra que cedieran gran parte de su contrato colectivo de trabajo para ayudar a disminuir la deuda de la empresa.
Los únicos que no aceptaron del todo fueron los afiliados a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA). Ese mismo año la compañía les interpuso una demanda de conflicto de naturaleza económica por el supuesto "alto costo" de su contrato colectivo de trabajo.
Un año después, por decisión de la SCJN se los redujeron en 70%. Es la misma ruta que siguió el 16 de abril de 2013 Aerovías de México (Aeroméxico) al interponer una denuncia similar contra los sobrecargos.
QUIEBRA PLANIFICADA
En marzo pasado la SCT y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) elaboraron un plan para evitar que personal inconforme de Mexicana de Aviación impidiera la operación de otras aerolíneas y afectara los servicios, ante la posibilidad de que el 1 de abril se emitiera la declaración de quiebra (Proceso 1900).
Ante esos hechos, el empresario minero Iván Barona, cabeza de International Mining Traders, S.A. de C.V., denunció que el gobierno federal no desea la reestructuración de la aerolínea, por lo que ha boicoteado su intención de fondearla.
Barona informó de ello al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en un documento –del que Proceso tiene copia– que detalla cómo en 2008 se echó a andar un plan para quebrar la aerolínea.
Los planes del gobierno panista y del empresario Gastón Azcárraga, de Grupo Posadas –antiguo concesionario de Mexicana de Aviación–, se frustraron cuando la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos degradó a México a categoría 2 por la inseguridad de las operaciones aéreas, lo que obligó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a mejorar la aplicación de los estándares internacionales.
En el informe que presentó el grupo de Barona a Osorio Chong se relata cómo las autoridades de la pasada administración y de la actual echaron por la borda los intentos de 35 grupos de inversionistas por comprar la compañía.
EX SECRETARIOS IMPLICADOS
En las acciones denunciadas aparecen implicados los ex secretarios del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, actual senador, y de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas. Según el documento mencionado, ambos funcionarios panistas pretendieron beneficiarse con la compra de la aerolínea con Tenedora K (que supuestamente concentra los activos de la empresa, pero no existe registro alguno sobre su constitución) y PC Capital, una de las interesadas en comprarla y la que más apoyo recibió de Lozano Alarcón. Los problemas de Barona empezaron desde que presentó su oferta por la aerolínea: la juez rectora del concurso mercantil, Edith Encarnación Alarcón, aceptó que era el único postor con un proyecto viable, pero después rechazó éste por "extemporáneo". Barona se amparó el pasado 21 de marzo.
Según él, BF International Mining Traders exhibió en el Juzgado Undécimo de Distrito documentos con los folios 15004, 15956 y 16381 que acreditan su capacidad financiera para la compra de la aerolínea, pero la juez no quiso comprobar la veracidad del origen de los 100 millones de dólares que el grupo consiguió para capitalizar a Mexicana de Aviación.
De acuerdo con la misma información, la juez Edith Encarnación le pidió 1 millón de dólares para garantizar la seriedad del inversionista en el proceso de compraventa, para lo cual se abrió una cuenta bancaria destinada al "pago a acreedores" y denominada CM Mexicana, S.A. de C.V., a nombre de la juez y del secretario de acuerdos Alan Velásquez Contreras.
AEROTROPICAL
El 30 de octubre de 2012 se le comunicó a Barona que dicha cuenta de HSBC era una opción para depositar también los 100 millones de dólares. Los documentos presentados a Osorio Chong demuestran la existencia de la cuenta, pero ningún representante del banco ni de BF International Mining Traders firmó como testigo para realizar la transferencia.
Sobre los recursos para capitalizar a la aerolínea, Barona presentó ante la juez un documento traducido por la perito traductora número 106, Wendy Dalia Gómez Togo, con sede en Morelos, para certificar la entrega de la garantía para la compañía depositaria Allison-McCloskey por 150 millones de dólares, el 7 de marzo pasado. Afirma que el escrow deposit o cuenta de depósito condicionada en garantía se realizó ante el Union Bank de San Diego, California.
En la carta de certificación, donde Iván Barona manifestó su capacidad de inversión para reactivar Mexicana de Aviación, llamó la atención que se destinarían 5 millones de dólares a la empresa BF Enterprises Services, S.A. de C.V., "para gastos, inversión directa en Aerotropical, S.A. de C.V., e inversiones diversas en proyectos productivos sustentables".
En una rápida búsqueda por Internet sobre Aerotropical destaca que la aerolínea se fundó en 1996 y cerró operaciones en 1999. Su base de operación estaba en Angola.
ROSALÍA VERGARA

Se investigará a fondo el asesinato de fotógrafo de Vanguardia: Rubén Moreira

              

El gobernador de Coahuila señaló que fue una exigencia que le hicieron los directivos del diario Vanguardia, además de la delicadeza que representa el hecho.
 

Torreón, Coah.- El asesinato de Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, fotógrafo del periódico Vanguardia, será investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) hasta esclarecerlo. Sin embargo, el gobernador Rubén Moreira Valdez señaló que junto al cuerpo del joven de 22 años fue encontrada una cartulina en la cual se le acusa de pertenecer a una banda delictiva.

En gira de trabajo por Torreón, lamentó el hallazgo del cuerpo sin vida del fotoperiodista de 22 años, encontrado junto con el cadáver del estudiante Julián Alejandro Zamora García, de 23 años, la madrugada del miércoles pasado en la colonia Miravalle, en la capital de Coahuila.

“Es un caso tristísimo, ayer pedí la información, me dicen que tenía dos meses trabajando con ustedes (en Vanguardia), que era fotógrafo de Sociales. A él le dejaron un cartelón”, dijo. “Vamos a hacer la investigación. Creo que es un hecho lamentable”, añadió.

Moreira Valdez refirió que su administración trabaja para garantizar la protección de los trabajadores de los distintos medios de comunicación con presencia en la entidad. Y aunque especificó que en el caso de Martínez Bazaldúa no cuenta con toda la información, el viernes próximo se realizará una conferencia de prensa en Saltillo para ahondar en el tema.



Asesinato

Apenas el día de ayer por la madrugada, se dio a conocer la noticia de que fueron encontrados dos cuerpos, de dos hombres, desmembrados, esto en las las calles Arco Suizo y Alejandrina, colonia Miravalle.

Horas después, se dio a conocer la información, por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado, que dichos cadáveres correspondían a Julián Alejandro Zamora Gracia, de 23 años, y a Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años.

Este último era fotógrafo en el área de Sociales de VANGUARDIA. Sólo tenía un mes de haberse incorporado a esta casa editorial.

La PGJE, sin pruebas o averiguaciones, señaló a ambos como miembros del crimen organizado.

Ante esto, VANGUARDIA exige a las autoridades militares, federales, estatales y municipales, una investigación a fondo. De la misma, se deberá desprender si estos crímenes están vinculados con el ejercicio periodístico.                       

Fotógrafo y estudiante “ligados” a la delincuencia: PGJE

Difieren compañeros

Su muerte no está ligada a la libertad de expresión; afirma procurador que hay pruebas

jueves, 25 de abril de 2013

Saltillo, Coah. 25 de abril.- El Procurador de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria, sostuvo que tanto el fotógrafo del periódico Vanguardia y el estudiante de la UANE que fueron encontrados son vida la madrugada del pasado miércoles al sur de la ciudad, si pertenecían a un grupo de la delincuencia organizada, además destacó que la muerte del fotógrafo no está relacionada de ninguna forma con el ejercicio periodístico, ni con la línea editorial de ese medio de comunicación o de otros.
Sostuvo que la PGJE se basó además de los carteles encontrados junto a los restos de ambas personas, en indagatorias directas con los familiares de ambas personas, lo que confirmarían su participación dentro de las filas de la delincuencia organizada, además el fotógrafo de nombre Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, habría participado en el robo de un vehículo como acompañante, mientras que el estudiante de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) Julián Alejandro Zamora García, dio positivo al exámenes toxicológicos.
"Las declaraciones que obran en el expediente ministerial y las investigaciones relacionadas a los hechos sí dan dos factores importantes, primero que sí tenían relación de alguna manera con éste grupo delictivo en alguna actividad y da positivo toxicológico uno de ellos", aseguró Ramos Gloria en rueda de prensa.
Tras la especulación que se generó al darse a conocer que uno de los fallecidos era empleado de un medio de comunicación, Ramos Gloria reveló el contenido de los mensajes a los medios y aseguró que la actividad del periodismo está garantizada para todos aquellos que se dedican a esta profesión.
El Procurador de Justicia en Coahuila destacó que en caso de ser necesario y a petición de cualquier representante de los medios de comunicación, se pondría a disposición los servicios del Estado para garantizar el libre ejercicio de la profesión.

No existen indicios

Contrario a la política que maneja en la última semana la Procuraduría General de Justicia del Estado con respecto a la difusión de información, dieron a conocer el supuesto contenido de los mensajes que portaban dos cadáveres encontrados la madrugada del miércoles.
En un comunicado, la dependencia estatal señaló que Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años, se incorporó hace un mes a VANGUARDIA como fotógrafo en el área de Sociales. Con sus restos estaban también los de Julián Alejandro Zamora Gracia, de 23 años.
En el comunicado se menciona que Daniel anteriormente organizaba viajes especiales de turismo.
Asimismo, señala el informe oficial que por versión de sus familiares, Julián Alejandro Zamora Gracia estudiaba ingeniería plástica en la Universidad Autónoma del Noreste, UANE, y realizaba prácticas profesionales en una empresa de Ramos Arizpe.
Aunque en los dos mensajes que aparecieron sobre los cadáveres no se menciona la identidad o se hace alusión directa a las víctimas, en el comunicado se señala: "Junto a los cuerpos había dos mensajes que hacen alusión directa a que ambas personas habían pertenecido y desertado a una organización criminal".
Daniel Alejandro era estudiante en la Universidad Interamericana de Desarrollo, UNID.
Tenía el antecedente de que en el 2011 fue internado por transportación de objetos robados y se le siguió proceso en el juzgado primero de lo penal.
De acuerdo con amigos de ambas víctimas, jamás andaban presumiendo dinero ni ostentándose y jamás detectaron en ellos actitudes sospechosas que los llevaran a pensar que pudieran estar vinculados a grupos delictivos.

ÚLTIMO ADIÓS AL ESTUDIANTE DE LA UANE...

SALTILLO, Coah., Abril 25 del 2013.- Familiares, amigos y compañeros de universidad, dieron el jueves el último adiós a Julián Alejandro Zamora Gracia quien la madrugada del pasado miércoles apareciera ejecutado junto con Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, en la zona que divide los fraccionamientos Miravalle y Los Arcos, al sur de Saltillo.
Las honras fúnebres se realizaron en la capilla ardiente que funerales Martínez tiene en la calle Miguel Hidalgo y bulevar Jesús Valdés Sánchez.
Desde temprana hora comenzaron a llegar los compañeros de estudios de Julián Alejandro y durante una charla con EL DIARIO de Coahuila, algunos de ellos coincidieron en señalar que "él era una persona dedicada al estudio, a su familia, muy alegre", y que siempre destacó en la materia de matemáticas.
INDIGNACIÓN Y CORAJE
Gabriela Lira Meza Adriana Saucedo Martínez, compañeras de salón de Zamora Gracia, mencionaron que "resulta muy preocupante que las autoridades encargadas de investigar los hechos estén basando sus teorías e hipótesis en unas simples cartulinas que aparecieron sobre los cadáveres de los dos jóvenes y donde supuestamente alguien los involucra con el crimen".
Indicaron que hoy más que nunca la sociedad exige un trabajo responsable, serio y comprometido, porque no se vale recurrir a la tarea facilona de criminalizar a las propias víctimas del crimen "para lavarse las manos y dejar de investigar".
"Nuestro compañero, al menos hasta donde lo conocimos, era una persona sana, sin vicios y entregada al estudio y a su familia", acotaron.
UNO DE LOS EXÁMENES TOXICOLÓGICOS DA POSITIVO PARA MARIGUANA
Por otra parte, voceros del Cuarto Grupo de homicidios de la Procuraduría General de Justicia, que pidió mantener su identidad en el anonimato, reveló a EL DIARIO de Coahuila que "de acuerdo a las pruebas toxicológicas practicadas a los restos, al menos uno de los dos cuerpos arrojó positivo para mariguana", aunque no se precisó si se trataba de las pruebas aplicadas a Julián Alejandro o a Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa.

Gobierno de Coahuila debe dar pruebas, reclaman Vanguardia y Artículo 19

Ricardo Mendoza, director del diario Vanguardia, dijo a Artículo 19, que lo único que le pidieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila es que “acompañaran su dicho (vertido en el comunicado) con elementos de prueba. Porque no es con interpretaciones de dos mensajes como se resuelven los crímenes”.

Ciudad de México.– La organización no gubernamental Artículo 19 condenó el asesinato del fotoperiodista del diario Vanguardia Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, cuyo cuerpo fuera encontrado en la víspera junto al de otro joven, Julián Alejandro Zamora Gracia.

Ricardo Mendoza, director del diario Vanguardia, dijo a Artículo 19, que lo único que le pidieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila es que “acompañaran su dicho (vertido en el comunicado) con elementos de prueba. Porque no es con interpretaciones de dos mensajes como se resuelven los crímenes”.

Este día, Vanguardia publicó que “sin investigación ni pruebas de por medio, ni siquiera con el levantamiento de testimonios”, funcionarios de la PGJE acusaron a Daniel Alejandro de tener vínculos con una organización criminal.

Artículo 19 dijo que con los señalamientos realizados por las autoridades de Coahuila, se vulnera un derecho de acceso a la justicia y los correlativos deberes del Estado de investigar, esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, así como garantizar la reparación del daño.

De esa manera, agregó, se revictimiza a los familiares del fotoperiodista y se vulnera su derecho a la honra y el buen nombre mediante afirmaciones dirigidas a poner en tela de duda su probidad. La organización señala que “las autoridades locales deberían preocuparse por garantizar la imparcialidad, independencia y efectividad de la investigación sobre los asesinatos, así como el acceso de los familiares de la víctima a los datos que arroje la indagatoria”.

Finalmente hizo un llamado a la PGJE para que investigue a fondo los asesinatos y sostenga con pruebas las acusaciones lanzadas en su comunicado. “No hacerlo violentaría un derecho fundamental que es la presunción de la inocencia de todo ciudadano”. Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años de edad, se incorporó hace un mes a Vanguardia como fotógrafo en el área de Sociales.

Junto a sus restos estaban también los del estudiante Julián Alejandro Zamora Gracia, de 23 años. De acuerdo con Vanguardia, en el documento difundido por por la PGJE, la dependencia interpreta irresponsablemente los cartelones afirmando que ambos jóvenes hacen una “alusión directa” a que las víctimas habían sido miembros, y desertaron, del crimen organizado”.

“Al solicitar algún elemento de prueba, el mínimo, cualquiera que sustente dicha interpretación que hace de los cartelones, la dependencia del Gobierno Estatal no ofreció respuesta alguna hasta el cierre de esta edición”, añadió el rotativo.


Activa Artículo 19 alerta por asesinato de fotógrafo de "Vanguardia"

Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, anunció el levantamiento de una alerta general, luego de la reacción que tuvo la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, de ligar con el crimen organizado, el asesinato de dos jóvenes que fueron hallados en el estado, la madrugada de este miércoles. Uno de los cuerpos pertenece a Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, fotógrafo del periódico Vanguardia.

Comentó que por el momento se encuentran dando asesoría al diario y a la familia, ya que evidentemente con estas declaraciones se está vulnerando el derecho al acceso a la justicia.

"Buscaremos darle toda la asistencia a la familia, para poder hacer que el caso llegue a la justicia".

Y es que, la Procuraduría estatal simplemente hizo una alusión directa a que las víctimas eran miembros que desertaron del crimen organizado, por unos cartelones que encontraron junto a los cuerpos de los jóvenes.

En ese contexto, el director de Artículo 19, recordó el caso de la periodista Regina Martínez, e incluso, señaló que desde mitades del año 2000 a la fecha, éste sería el tercer periodista asesinado, un periodista desaparecido y 10 ataques contra instalaciones de medios de comunicación.

En tanto, en el año 2013, la región de Coahuila, fue la que más registros de agresiones contra la prensa hubo, aunque, en 2011 las instalaciones del periódico Vanguardia fueron atacadas.

Por último, respecto a las amenazas que recibió la organización a su cargo, Darío Ramírez, comentó que siguen en contingencia, pues ya tienen algunas medidas de protección por parte del Gobierno Federal y del Distrito Federal.

Pide CPJ investigar asesinato de reportero gráfico en Saltillo

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) pidió hoy una investigación “exhaustiva y efectiva” para dar con los asesinos de Daniel Martínez Balzaldúa, fotógrafo del diario Vanguardia.

Notimex/Nueva York, EU.

Carlos Lauría, coordinador del programa para América del CPJ, organismo con sede en Nueva York, solicitó “realizar una investigación profunda sobre este crimen, examinar todos los motivos posibles y enjuiciar a los responsables”.
Lauría criticó el hecho de que la Procuraduría del norteño estado de Coahuila difundiera un comunicado el miércoles por la noche en el que afirmó haber hallado dos notas en la escena del crimen que apuntaban a que el fotógrafo tenía vínculos con grupos criminales.
“Es irresponsable que las autoridades lleguen a conclusiones antes de haber conducido una investigación exhaustiva”, apuntó el representante del CPJ.
El cuerpo de Martínez fue hallado junto al de uno de sus amigos, Julián Zamora García, la mañana del miércoles en una calle de Saltillo, capital de Coahuila, según informó el propio diario Vanguardia.
El fotógrafo había sido visto por sus colegas por última vez en las oficinas del diario alrededor de las tres de la tarde, antes de salir a cubrir un evento al que nunca llegó.
Martínez, de 22 años, trabajaba para Vanguardia desde hace un mes y había sido asignado a cubrir la sección de Sociales del diario, una posición para aquellos que recién comienzan, según comentó Ricardo Mendoza, director editorial del periódico.
Fotógrafos que cubren la sección de Sociales en México han sido antes blanco de grupos del crimen organizado por tomar en forma inadvertida imágenes de integrantes de cárteles de la droga, según la investigación del CPJ.
El editor Mendoza señaló que la procuraduría distorsionó el significado de los mensajes encontrados en la escena del crimen para sugerir que Martínez había sido asesinado por traicionar al cártel.
Consideró asimismo que era demasiado prematuro saber por qué el fotógrafo había sido asesinado.

Rechaza PGJE criminalización en caso de fotógrafo ejecutado

tras interpretar cartelones

El Siglo de Torreón/Saltillo, Coah.

 

Luego de que un fotógrafo de un periódico y un estudiante fueran ejecutados, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), reveló que los hechos fueron consumados por un grupo de la delincuencia organizada, asimismo rechazó los señalamientos del medio de comunicación por actos de criminalización hacia víctimas.

 

De acuerdo a lo que expuso el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Homero Ramos Gloria, presuntos miembros de una organización criminal radicada en el estado, ejecutaron a al fotógrafo del diario "Vanguardia" de Saltillo, Daniel Alejandro Martínez, de 22 años de edad, y al estudiante de Ingeniería de una universidad privada, Julián Alejandro Zamora, de 23 años.
Ramos Gloria agregó que los hechos nada tuvieron que ver con ejercicio periodístico, no obstante reafirmó que los cartelones dejados en los cuerpos desembreados fueron parte crucial para relacionar en cierta medida a las victimas con el crimen organizado.
“En este caso en particular es el resguardo de la información con base a las personas, sin embargo las declaraciones que obran en el expediente ministerial y las indagaciones relacionadas a los hechos sí dan dos factores importantes, primero que sí tenían relación de alguna manera con este grupo en alguna actividad y dan positivo toxicológico uno de ellos”, indicó.

Exige 'Vanguardia' demostrar presunto nexo de fotógrafo asesinado con crimen organizado

 

“Sin investigación ni pruebas de por medio”, el gobierno de Coahuila ya señaló como miembro del crimen organizado al reportero gráfico y al joven hallado junto a él, acusó el diario.

De la Redacción
Publicado: 25/04/2013 11:29

México, DF. El diario Vanguardia de Saltillo lamentó el asesinato de Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, de 22 años, fotógrafo en el área informativa de Sociales, y emplazó a las autoridades a que de inmediato comprueben que estaba vinculado con el crimen organizado, como lo advirtió la Procuraduría General de Justicia el miércoles por la noche en un comunicado.
Martínez desapareció la tarde del martes 23 y su cadáver fue encontrado junto al de Julián Alejandro Zamora Gracia, de 23 años, alumno de ingeniería plástica en la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) y practicante en una empresa del municipio conurbado de Ramos Arizpe. Los cuerpos estaban mutilados.
La procuraduría dijo que el hallazgo de los cadáveres fue alrededor de las 2:00 horas del miércoles en la esquina de Arco Suizo y Alejandrina, en la colonia Miravalle, al sur de Saltillo, y advirtió que junto a los restos aparecieron carteles que involucran a los fallecidos con el crimen organizado.
“Junto a los cuerpos había dos mensajes que hacen alusión directa a que ambas personas habían pertenecido y desertado a una organización criminal”, dijo la procuraduría.
Al respecto, en su nota principal de este jueves, Vanguardia reprobó que “sin investigación ni pruebas de por medio”, el gobierno de Coahuila “ya los señaló desde anoche como miembros del crimen organizado”.
Dijo que “contrario al procedimiento que efectúa, incluso para el cual solicita el apoyo de los medios de comunicación, en el documento de anoche la PGJE interpreta irresponsablemente los cartelones afirmando que ambos hacen ‘alusión directa’ a que las víctimas habían sido miembros y desertaron del crimen organizado”.
Vanguardia exigió “a las autoridades militares, federales, estatales y municipales una investigación a fondo. De la misma, se deberá desprender si estos crímenes están vinculados con el ejercicio periodístico”, pues “nos parece triste y alarmante que Coahuila se convierta en un estado en el que la autoridad condene a personas asesinadas, convirtiéndolas en delincuentes, sin que para esto ofrezca el mínimo de pruebas o argumentos”.

Astillero

 

Violencia social reactiva
Hartazgo en Guerrero
Halcones, listos
Pilatos en la UNAM

Julio Hernández López

PROTESTAS EN CHILPANCINGO. Integrantes del Movimiento Popular Guerrerense realizó una protesta en Chilpancingo, Guerrero, en rechazo a la resolución del Congreso local sobre la reforma educativa en la entidadFoto Francisco Olvera

M

ientras las élites se reparten el país (en San Lázaro ya fue aprobada la reforma constitucional que permitirá a extranjeros ser dueños de inmuebles en playas, litorales y zonas fronterizas), en Guerrero ha estallado una violencia social reactiva cuyo origen y sentido verdaderos han sido sistemáticamente desdeñados desde el poder y sus medios de comunicación aliados, generando en cambio una campaña de satanización que pretende justificar represiones que ayuden a consolidar sin oposición el entreguismo y el saqueo nacionales.

Los políticos mexicanos en el país de las maravillas: los responsables de la crisis nacional demandan acciones gubernamentales en defensa del estado de derecho, pero específicamente lo que desean es que se frene a movimientos sociales disidentes que se han cansado de la demagogia, el burocratismo y la desatención. Nada hay de verdad contra los cárteles dominantes que actúan en todo el territorio nacional o contra la corrupción extrema que salta a la vista en los ámbitos de la procuración y la impartición de justicia, y mucho menos contra la clase política dominante que mediante pactos, chantajes, fintas y reacomodos daña cotidianamente el interés nacional popular. Pero sí se exige con temblorosa grandilocuencia que se ponga freno policiaco a protestas sociales que deberían ser atendidas con sensibilidad social, entendiendo que la dimensión de esos excesos ciudadanos corresponden a la dimensión de los agravios acumulados y a la incapacidad política de gobernantes, representantes populares y partidos políticos para impedir que el hartazgo social se desborde.
Los partidos políticos son, desde hace largo rato, entes sin sustento popular, dedicados al mercadeo electoral y al enriquecimiento de sus dirigentes. Y eso llamado sistema solamente funciona para perpetuar la injusticia. Todo ese aparato de simulación política es ampliamente repudiado por ciudadanos que no tienen vías adecuadas para hacerse escuchar y mucho menos para que sus aspiraciones reales sean tomadas en cuenta en el ejercicio de gobierno o en la confección y en la aplicación de las leyes.
En ese cuadro guerrerense está contenida toda la tragedia nacional: las insuficiencias, las traiciones y los excesos de un ejercicio político que hasta ahora no ha podido ser cambiado mediante elecciones (sino todo lo contrario) y el comportamiento esclerótico de un sistema que no ha tenido la sapiencia para cambiar gradual y pacíficamente, sino que se ha concentrado en satisfecer los apetitos de sus cúpulas igualmente decadentes. En Guerrero, Ángel Aguirre simboliza la incapacidad política que proviene de una falta de sustento popular verdadero, impuesto como fue mediante tretas oscuras de falso oposicionismo.
Peña Nieto y sus halcones observan a la distancia, en espera de que el incendio social sea tan intenso que puedan entrar las brigadas de recomposición a bayoneta calada, para dar paso a una etapa más del Pacto por México, la de la aprobación (exigencia, en realidad) de acciones represivas contra quienes han quedado fuera del coto institucional tripartidista. El propio Gustavo Madero confirmó de inmediato la condición meramente escenográfica y mercantil de la finta opositora contra Rosario Robles, pues ayer mismo volvió a sentarse a la mesa del PxM, pero considerando esa reunión como cerrada y no pública.

Jesús Zambrano hizo declaraciones para demostrar que los Chuchos se consideran plenamente instalados en el poder: el presidente del principal partido de izquierda (como él mismo lo define, con un presunto orgullo muy mellado por la realidad) convertido en director de comunicación social de una secretaría de gobernación diazordacista, exigiendo medidas policiacas para enfrentar un problema político, contribuyendo a la histeria derechista que demanda orden inmediato.
Llegado a este punto, el peñismo puede creer que están dadas todas las condiciones para sacar el guante de acero e implantar la mano dura ya conocida en Atenco y reivindicada abiertamente en la Ibero frente a estudiantes que luego formaron el 132. Salinas de Gortari presumía al mundo un México de primer nivel en el último año de su mandato cuando la realidad le brincó en la selva chiapaneca. Hoy, Peña Nieto recorre el sendero del salinismo, elogiado en medios internacionales por su reformismo pactista, aplaudido por someter a factores de poder correspondientes al sindicalismo magisterial oficial y las telecomunicaciones y por estar firmemente decidido a privatizar lo más que pueda de los energéticos. Pero abajo las cosas no han cambiado y en diversos puntos del país y en diversos ámbitos crece la insatisfacción social sin salida institucional. Mal haría el peñismo en ceder a la vocación represora que hierve en algunos de sus consejeros y funcionarios.
Algo parecido sucede en la UNAM, largamente tomada como botín laboral y plataforma política por grupos como el del difunto Jorge Carpizo (funcionario estelar que fue durante el primer salinismo, surtidor de cuadros para el sistema priísta), el de Juan Ramón de la Fuente (sobrevalorado zedillista luego perenne nominado para opciones electorales o propuestas de coalición) y el híbrido actual de José Narro, comensal político de la mesa peñanietista, ajonjolí de todos los moles declarativos, quien ahora pretende pasar de Infierno en la Torre (de rectoría) a Poncio Pilatos, abriendo de par en par el portón a la intervención policiaca, aunque dejando la decisión operativa final a la PGR, para enfrentar un problema que, por su talante y dimensión, debería ser atendido con prudencia y paciencia políticas hasta su disolución incruenta (ayer mismo, en muestra de lo seca que está la pradera, jóvenes encapuchados tomaron durante unas horas la rectoría de la UAM Iztapalapa).
Y, mientras César Camacho, presidente del PRI, ha escrito en Twitter una perla conceptual: Los derechos de nadie, no deben pasar por encima de los derechos de todos, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

UNAM: ¿quién se beneficia?

 

Adolfo Sánchez Rebolledo

No es la primera vez que una corriente radical, y lo pongo deliberadamente entre comillas, toma la rectoría de la UNAM para alcanzar sus fines. En 1966, por ejemplo, el grupo dirigente de la sociedad de alumnos de Derecho, encabezado por el hijo del gobernador Sánchez Celis de Sinaloa, se apoyó en un sector de la izquierda universitaria con el objetivo declarado de poner un alto al autoritarismo del doctor Ignacio Chávez, figura emblemática de la medicina mexicana e internacional que había caído de la gracia del poder presidencial. La inconformidad comenzó cuando dos líderes estudiantiles, el susodicho Leopoldo Sánchez Duarte y su colega Espiridión Payán, protestaron por la eventual relección de César Sepúlveda, director de la Facultad de Leyes. Exigían su renuncia y la derogación del artículo 82, que establece que la UNAM puede expulsar a cualquier indisciplinado (sic), relata Elena Poniatowska en su entrañable Homenaje a un gran hombre: Guillermo Haro, publicado aquí el 9 de diciembre de 2012. Pero el asunto no se detuvo en los primeros escarceos y la huelga iniciada en Derecho se extendió a otras escuelas bajo la bandera del pase automático y la derogación de diversas medidas adoptadas por el rector. El 26 de abril de 1966, continúa narrando Elena, los estudiantes anunciaron que tomarían la torre de rectoría. Chávez citó a los directores de escuelas, facultades e institutos. Trescientos jóvenes se apostaron en torno a la torre, cerraron los accesos con 25 camiones secuestrados y a las 2 de la tarde subieron al séptimo piso e insultaron al rector. En verdad, querían vejarlo, pero en el límite lo impidieron sus colaboradores, entre ellos Rosario Castellanos, Mario de la Cueva y el propio Guillermo Haro, que estaban presentes. Atropellada la dignidad humana del rector, la comunidad universitaria unió filas y rechazó la provocación. Pero el daño ya estaba hecho.

Tiempo después de esos lamentables episodios, durante una comida de los corresponsales extranjeros con el jefe de prensa de la Presidencia, un joven reportero brasileño le preguntó a Galindo Ochoa:
–Don Francisco, ¿podría explicarme por qué el gobierno del presidente Díaz Ordaz no acudió al llamado de auxilio del rector Chávez?
–¿Cuánto tiempo lleva en México? –replicó Galindo.
–Seis meses, señor.
–Bueno. Cuando lleve un año me vuelve a preguntar.
Las carcajadas en el salón hicieron sonrojar al brasileño por su ingenuidad.
Si en 1966 la fuerza de choque estuvo pagada por el gobernador de Sinaloa, en 1972 Miguel Castro Bustos y el pintor Mario Falcón tomaron la rectoría a la cabeza de un grupo de normalistas que exigían al rector Pablo González Casanova la inscripción en la UNAM, aun cuando la instancia académica correspondiente había declarado que no reunían las condiciones para ello. Vivimos luego un extraño episodio de locura y provocación, en el que menudearon los actos violentos y la irracionalidad. Pero entonces, como en 1966, la aparente radicalidad del movimiento ocultaba sus verdaderos objetivos: destruir a la universidad, desprestigiarla como ingobernable y, en definitiva, impedir que la izquierda proveniente del 68 se recuperara tras el diazordacismo. Al final se supo que el cacique guerrerense Rubén Figueroa era uno de los que alimentaban al pequeño grupo lumpenesco arropado por el izquierdismo que apareció como algo natural en el contexto de la fragmentación del movimiento estudiantil, condenado a vivir en el gueto universitario luego de años de dura represión.

Al parecer ese es el patrón de ciertos movimientos espontáneos para los cuales los fines son menos importantes que los métodos para alcanzarlos. Apoyados en un discurso sin luces pero victimista, pretendidamente revolucionario, su interés mayor interés está en conseguir que la protesta (generalmente minoritaria) escale sumando causas que les permitan negociar desde posiciones de fuerza. Se presentan como reacciones justificadas ante otros actos o situaciones objetivas (la pobreza, el desempleo juvenil, la brecha educativa), aunque aun para ellos resulte muy difícil explicar cómo se corresponden las necesidades y las aspiraciones de las masas con el despliegue no siempre simbólico de la violencia que los anuncia y acompaña (véase el expediente de los sancionados en Naucalpan).
En la mejor de las hipótesis esperan articular sus acciones con otras muestras de malestar popular sin pasar por la vía de la organización política, con el fin de impulsar un movimiento de masas ascendente que debe culminar cambiando la correlación de fuerzas a favor de las bases. Desde luego que siempre hay gente convencida o engañada que no aceptaría manipulación alguna, pero es evidente que esta idea de la revolución deseable fuera de la política y al margen de toda legalidad, esa vuelta a la bola como expresión del México bronco y profundo, es una versión de la vieja postura del todo o nada que por décadas ha destruido las oportunidades de los movimientos sociales para crecer y convertirse en fuerzas estables a favor de las mayorías.
Pero en el peor de los casos, como se vio en 1966 o en 1972, detrás del ruido de los estudiantes embozados tras el radicalismo justiciero hay también fuerzas interesadas en trastocar la posición institucional de la universidad en el juego de fuerzas del Estado. ¿Puede extrañarnos después de lo visto el primero de diciembre con el famoso grupo que actuó impunemente como una banda de provocadores? ¿Al servicio de quién? ¿Quién se beneficia creando una crisis en la UNAM?