Leonardo Boix
El australiano Julian Assange enfrenta un juicio de extradición en Londres a petición del gobierno sueco, que lo acusa de abuso sexual contra dos colaboradoras. Sin embargo, alrededor de este juicio se desarrolla un jaloneo político de dimensiones mayores, ya que el gobierno de Estados Unidos sigue apretando el cerco financiero y legal contra WikiLeaks y su fundador, que osó divulgar sus secretos militares y diplomáticos. Este martes 14, la decisión de un juez puede determinar el cese o el recrudecimiento de la guerra cibernética internacional que desataron los simpatizantes de Assange.
LONDRES.- Julian Assange, el fundador del sitio WikiLeaks, quien fue arrestado el martes 7 en Londres a petición de la policía sueca, se convirtió de la noche a la mañana en un referente internacional de la libertad de prensa.
Su polémica detención en la capital británica a partir de una solicitud de extradición de Suecia provocó que cientos de grupos de hackers lanzaran una guerra informática –una guerra que, advierten, apenas comienza– contra empresas multinacionales, como Mastercard, Visa, Paypal, Amazon y Twitter, que boicotearon a WikiLeaks tras supuestas presiones de Estados Unidos, cuyo gobierno fue golpeado por las filtraciones de miles de documentos secretos del Departamento de Estado.
El mismo día, el periodista de investigación británico John Pilger sostuvo en la corte de primera instancia de Westminster que Assange es un "héroe de la libertad de prensa", y junto con otras celebridades británicas, entre ellas el director Ken Loach y la millonaria Jemima Khan, ofreció pagar hasta 20 mil libras esterlinas por la liberación del detenido.
Pilger agregó que Assange "hizo un servicio enorme a la humanidad y al periodismo" al difundir los cables secretos de la diplomacia estadunidense: "Lo de WikiLeaks es el mejor periodismo: es decir la verdad, hacer investigaciones, descubrir cómo están las cosas".
Pilger, quien fue enviado especial del periódico Daily Mirror y es autor del documental Year zero: the silent death of Cambodia (Año cero: la silenciosa muerte de Camboya, de 1970), agregó que "todas las acciones –difusión de la información clasificada del Departamento de Estado– deberían ser celebradas, no terminar en un aula de tribunal en Londres (…) Seguiré apoyándolo. La injusticia no fue cometida por esta corte, que está haciendo su trabajo. La injusticia está en Suecia, de donde viene el ataque disfrazado con acusaciones absurdas".
Lo cierto es que los simpatizantes de Assange han lanzado una guerra en internet para "vengar" a quien consideran su "héroe" por difundir los entresijos de la diplomacia estadunidense y sus vínculos oscuros con los gobiernos de otros países.
La detención del australiano en la prisión de Wandsworth, en el suroeste de Londres, intensificó la llamada ciberguerra. El portal de la empresa de tarjetas de crédito Visa, que el martes 7 suspendió la cuenta de WikiLeaks y anunció que investigaría la legalidad de los pagos al sitio, dos días después fue objeto de un ataque de grupos no identificados, supuestamente simpatizantes de Assange.
Ese miércoles Mastercard, Paypal, Amazon y Facebook sufrieron ataques realizados por hackers que los justificaron como "venganza" por el boicot de dichas firmas al sitio de Assange. Así lo confirmó un miembro del grupo Anonymous, uno de los responsables de los ataques informáticos, quien el jueves 9 declaró a la Radio 4 de la BBC que la campaña de represalias "no ha terminado". Al contrario, aseguró, "está tomando fuerza".
El activista de 22 años, que se hizo llamar Coldblood (Sangrefría) y quien estudia ingeniería informática, como se supo después, dijo que "más y más personas están descargando de forma voluntaria la herramienta botnet (que facilita los ciberataques)… Ya somos miles los que nos hemos sumado a la guerra de información. Nosotros tratamos de mantener la internet abierta y libre, pero en los últimos años los gobiernos han tratado de limitar la libertad que tenemos en internet".
Los blancos de la llamada Operación Payback son las firmas que decidieron retirarle servicios y financiamiento a WikiLeaks, algunas de las cuales admitieron que lo hicieron bajo presión del gobierno de Estados Unidos. Es el caso de Paypal, cuyo vicepresidente, Osama Bedier, ofreció una conferencia de prensa en París el miércoles 8 y reveló que la empresa de pagos por internet decidió cerrar la cuenta de WikiLeaks "como resultado" de una carta oficial:
"El Departamento de Estado nos dijo que esas eran actividades ilegales. Fue un mensaje directo… En principio cumplimos con las regulaciones en todo el mundo para garantizar la protección de nuestra empresa".
Cuando se le preguntó si Paypal sufriría ataques cibernéticos por admitir presiones de Estados Unidos, Bedier respondió que "una de las señales de que uno es una compañía exitosa de pagos es que los hackers tratarán de atacarlo; este caso no es diferente de otros".
Los cargos
En una carta que publicó en línea el jueves 9, el grupo Anonymous negó que sean "vigilantes o terroristas". Destacó que "el objetivo es simple: ganar el derecho a mantener internet libre de cualquier control de entidad, corporación o gobierno alguno".
El mismo día, el periódico sueco Aftonbladet dio a conocer que el sitio web del gobierno de su país fue objeto de un breve ataque, aparentemente cometido por seguidores de Assange en represalia por la acusación de abuso sexual enderezada contra el fundador de WikiLeaks, muchos de cuyos simpatizantes consideran esos cargos como una trampa del servicio secreto estadunidense.
Está previsto que el australiano vuelva a comparecer el 14 de diciembre ante la corte de primera instancia de Westminster, en el centro de Londres, que hasta el momento ha denegado su liberación bajo fianza.
Por su parte, el abogado de Assange, el británico Mark Stephens, negó en un comunicado fechado el miércoles 8 que el fundador de WikiLeaks haya ordenado los ataques cibernéticos de los últimos días y los atribuyó a la "fuerza de lucha" que generó su trabajo.
Desde el 28 de octubre, Assange vivía alternamente en casas de amigos o seguidores en distintos lugares del suroeste de Inglaterra. Pasó las dos noches anteriores a su detención en el Frontline Club de Paddington, en el oeste de Londres, que suelen utilizar los periodistas para reuniones y entrevistas, o bien como albergue.
Sin embargo, acabó por entregarse a las autoridades británicas para escuchar, el martes 7 en la corte de Westminster, los cargos que Suecia le imputa y que se detallan en la causa de extradición A-S 7253.
El primero fue por coerción, otros dos por abusos sexuales y uno más por agresiones sexuales, supuestamente cometidos contra dos mujeres, de 35 y 25 años, identificadas solamente con las letras "A" y "W" (aunque después se supo que "A" es Anna Ardin, una sueca que vivió en Argentina en 2005 y admiraba al entonces presidente Néstor Kirchner). Las dos presuntas víctimas eran voluntarias de WikiLeaks.
"A" denunció que fue víctima de "coerción ilegal" la noche del 14 de agosto en Enköping, 78 kilómetros al oeste de Estocolmo, luego que Assange supuestamente la inmovilizó con el peso de su cuerpo para violarla. Assange conoció a Anna Ardin ese fin de semana en un seminario de WikiLeaks.
El segundo cargo consiste en "abusos sexuales" contra "A" por no utilizar condón al mantener relaciones sexuales con ella, pese a que –se dice en la causa de extradición– la denunciante "expresó el deseo contrario".
El tercer cargo indica que Assange "deliberadamente abusó" de "A" el 18 de agosto, "de una forma diseñada para violar su integridad sexual", en tanto que el cuarto se basa en que el acusado supuestamente mantuvo relaciones sexuales con una segunda mujer, "W", el 17 de agosto, igualente sin utilizar condón, mientras ella dormía en su vivienda de la zona residencial de Karlaplan, en el centro de Estocolmo.
"W" pertenece a la Asociación Sueca de Demócratas Sociales Cristianos, un grupo afiliado al Partido Socialdemócrata Sueco, que organizó un seminario y una conferencia de prensa de Assange el 14 y el 15 de agosto; era la portavoz del australiano en Suecia y lo había invitado a alojarse en su casa mientras tuviera actividades en Estocolmo.
Estos cargos presentados por Suecia se basan en una figura legal denominada sex by surprise (sexo por sorpresa), incluida en la norma sueca sobre violación simple, que alcanza a "cualquier acto de constricción vinculado al sexo". Los delitos así configurados habitualmente son extinguibles con una multa de 715 dólares, y sólo están tipificados en Suecia, no así en Gran Bretaña o Estados Unidos.
Los abogados de Assange indicaron en la corte que éste consumó relaciones sexuales consentidas, aunque no protegidas, con las dos mujeres, y que en los días sucesivos hubo nuevos "contactos amistosos y buscados" por ambas, que "decidieron denunciarlo al descubrir la existencia una de la otra".
Los periódicos británicos Daily Mail y The Guardian –este último uno de los medios asociados con WikiLeaks para la filtración de documentos secretos estadunidenses– indicaron el día del arresto de Assange que con "A" el activista australiano no utilizó preservativo y que con "W" se le rompió. Según esta versión, la posterior negativa de Assange a someterse a un control llevó a ambas mujeres a denunciarlo.
Pese a los intentos oficiales para mantener en secreto los datos de las denunciantes, se dio a conocer que Ardin fue seguidora del fallecido político argentino Néstor Kirchner y que visitó Cuba, donde participó en diálogos con grupos disidentes, como las Damas de Blanco.
La conexión Suecia-EU
El 20 de agosto, cuando Assange aún estaba en Suecia, se cursó una orden de detención contra él por los cargos mencionados pero se retiró en menos de 24 horas porque la fiscal Eva Finné, que llevaba el caso, consideró que las acusaciones no se sostenían. "No creo que exista razón para sospechar que él cometió violación", asentó en su dictamen.
Por eso el activista abandonó el país sin problemas. Casi dos meses después, el 18 de noviembre, la fiscal especializada en delitos sexuales Marianne Ny, de Gotemburgo, emitió una segunda orden de detención y giró una orden de búsqueda y captura internacional, que provocó el arresto del australiano y desembocó en el proceso de su eventual extradición.
El 20 de noviembre la policía de Suecia emitió un pedido de arresto internacional contra Assange a través de la Interpol, y en Europa a través del Schengen Information System. Sin embargo, Scotland Yard, que conocía el paradero del activista e incluso estaba en comunicación diaria con sus abogados, no pudo detenerlo porque el documento tenía un error burocrático y solicitó a la autoridad sueca una segunda petición, que llegó a Londres el lunes 6.
Poco antes, el vocero de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, afirmó en un comunicado a través del sitio Twitter que la detención de Assange es un "ataque a la libertad de prensa", y confirmó que el sitio web seguirá operando normalmente.
El arresto generó especulaciones sobre un eventual pedido de extradición a Estados Unidos por supuesto delito de espionaje. Así lo informó el miércoles 8 el periódico inglés The Independent que, con base en fuentes diplomáticas "bien ubicadas", afirmó: "Han comenzado discusiones informales entre funcionarios de Estados Unidos y Suecia sobre la posibilidad de que Julian Assange sea entregado a la custodia estadunidense".
"El Departamento de Justicia estadunidense está considerando acusar al señor Assange por delitos de espionaje debido a la filtración sin precedente por parte de su sitio web de cables diplomáticos estadunidenses clasificados", especificó el diario británico.
Lo mismo difundió la cadena de noticias Sky News en su noticiario del miércoles 8: "Cuanto más tiempo (Assange) permanezca en Gran Bretaña, mayor será la posibilidad de que Estados Unidos encuentre una ley que permita acusarlo de forma razonable y lograr una condena" contra él.
Sin embargo, no se ha definido el periodo durante el que Assange permanecerá en Inglaterra. Existe la posibilidad de que el martes 14 el juez distrital Riddle se convenza de que el australiano es buscado en efecto por los delitos sexuales mencionados y que, por lo tanto, su extradición a Suecia no viola sus derechos humanos. En ese caso la corte ordenaría su extradición, y si la defensa no presenta apelación, Assange sería extraditado en un plazo de 10 días.
Pero el australiano ya confirmó que apelará una decisión como esa, para lo cual la ley británica le concede un límite de siete días. El proceso correspondiente en el Alto Tribunal de Londres comenzaría dentro de los 40 días a partir de la presentación del recurso, aunque la corte puede extender ese plazo "en el interés de la justicia".
Si esa corte apoya la extradición, el equipo legal de Assange puede apelar nuevamente, esta vez en la recientemente formada Corte Suprema de Gran Bretaña, pero los magistrados sólo aceptarán el pedido si se justifica que es de interés público.
El dictamen de la Corte Suprema será el final del proceso legal de Assange en Gran Bretaña, aunque podría ser el principio de otro mucho más polémico y controvertido en caso de que el nuevo héroe de los hackers y de muchos periodistas independientes sea solicitado por el gobierno de Estados Unidos bajo cargos de espionaje.
Proceso
13/12/2010
