Genaro García Luna: vengativo, impune…
Cuando el ex comisionado de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, acusó a Genaro García Luna ante Felipe Calderón de corrupción y narcotráfico selló su destino. Rápidamente, y mediante testigos protegidos, la PGR armó un caso contra el jefe policiaco para procesarlo por delincuencia organizada y tráfico de drogas
domingo, 06 de mayo de 2012
RICARDO RAVELO
MÉXICO, DF (Apro).- Después de ratificar sus declaraciones ministeriales en las que acusa al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, de actos de corrupción, tráfico de influencias y de mantener vínculos con el narcotráfico, Javier Herrera Valles, ex comisionado de la Policía Federal Preventiva, fue torturado en el penal El Rincón de Tepic, Nayarit, por un grupo de agentes federales que ingresaron a la prisión la madrugada del pasado 13 de febrero.
Así lo afirma David Herrera Valles, hermano de Javier, quien responsabiliza del hecho al general Mario Antonio Bonifaz Guillén. Agrega que desde 1997 este militar tiene antecedentes por actos de tortura —recomendación 118/1997— y actualmente es uno de los hombres de confianza de Genaro García Luna en el área penitenciaria de la SSP.
Aunque los presuntos actos de tortura fueron denunciados por David Herrera ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a finales de febrero pasado, hasta ahora no se ha castigado a nadie.
El 23 diciembre de 2011 Javier Herrera Valles fue sentenciado a 10 años de prisión por los delitos de tráfico de drogas y delincuencia organizada, cargos que él negó. Aseguró que fueron fabricados por García Luna.
El fallo judicial en contra de Herrera Valles se basa en imputaciones que le hacen testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes en sus testimonios dan cuenta de la corrupción que priva en la SSP y de los vínculos de altos funcionarios de esa dependencia con el narcotráfico.
Sergio Barragán Villarreal, "El Grande" y Víctor Manuel Martínez Rocha, "El Pitufo", acusan a Herrera Valles de servir a los intereses del Cártel de Sinaloa, en particular al jefe de esta organización, Joaquín El Chapo Guzmán, con quien, según ellos, se vinculó cuando fungía como comisionado de la Policía Federal Preventiva en Acapulco, Guerrero.
Al respecto, David Herrera Valles afirma:
"Todo esto es una farsa; es una fabricación ordenada por García Luna porque mi hermano lo acusó de tráfico de influencias, corrupción y narcotráfico".
—¿La acusación en contra de su hermano es una venganza política de García Luna?
—No tengo ninguna duda de eso. No soportaron los cuestionamientos de mi hermano, en el sentido de que la guerra contra el narcotráfico fue una farsa.
En realidad la policía protegía al narcotráfico, al Cártel de Sinaloa, y para cumplir esos objetivos García Luna removió a los policías de carrera y metió a sus amigos.
"Después de que mi hermano denunció toda la corrupción ante el presidente Felipe Calderón ordenaron a la PGR armarle un expediente a mi hermano en el que declararon en su contra puros testigos protegidos manipulados por la PGR. Así se orquestó la venganza que lo tiene en prisión y en mal estado de salud porque ha sido golpeado por órdenes de García Luna".
MAQUINACIONES
En el expediente 25/2009 integrado en contra de Javier Herrera Valles aparecen declaraciones rendidas por capos de diversos cárteles que ahora son testigos protegidos estelares de la PGR, entre otros Sergio Villarreal Barragán, "El Grande"; Víctor Manuel Martínez Rocha, "El Pitufo" y Jennifer. Este último es un ex militar a quien se le vinculó con el Cártel del Golfo.
En sus declaraciones no sólo acusan a Herrera Valles de recibir dinero del Cártel de Sinaloa y de proteger el tráfico de drogas, sino que lo señalan como el principal reclutador de delincuentes habilitados como policías federales con credenciales falsas para servir a los intereses del narcotráfico.
También revelan que al inicio de la guerra contra el crimen organizado, en 2006, la Policía Federal Preventiva brindaba protección al narcotráfico y que estas actividades eran del conocimiento de los altos mandos de la SSP, pues hasta en vehículos oficiales se transportaba droga, dinero y se cumplían comisiones especiales para darle facilidades al Cártel de Sinaloa y al Chapo Guzmán.
Según el testimonio de "El Pitufo", Herrera Valles tenía vínculos con Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa. También dijo que esas relaciones se amarraron en Acapulco, Guerrero, a donde llegaban los cargamentos de cocaína que entraban desde Centroamérica por el estado de Chiapas. El testigo mencionó que los agentes federales asignados a los retenes no detenían los cargamentos porque la señal para dejarlos pasar era prender tres veces las luces altas de los autos que transportaban la droga.
"El Pitufo" fue agente federal y luego se ligó con el Cártel del Golfo y otros grupos criminales. En su declaración del 18 de octubre de 2008 dijo:
"Decidí dedicarme al trasiego de narcóticos y de dinero en efectivo, y en una de estas ocasiones en las que me comisionaron para trasladar dinero en efectivo de la ciudad de Acapulco al Distrito Federal, en un restaurante Vips hice contacto con una persona a la cual le apodaban "La Barbie". Me presentó a Javier Herrera Valles, quien fue comisionado de la Policía Federal Preventiva en Acapulco, Guerrero, y quien me comisionó para que entregara un maletín a una persona a la cual no conocí."
CUANTIOSOS PAGOS
"El Pitufo" también relató que él trabajaba con una persona a quien se refiere como Román o "El Patrón" y que tenía un alto cargo en la Policía Federal. Asegura que este sujeto le pagaba 50 mil pesos por transportar dinero y drogas en vehículos oficiales, y que siempre le llamaba del número celular 0445526602487.
Añadió que en una ocasión conoció a Joaquín "El Chapo" Guzmán y narró los detalles de este encuentro con el jefe del Cártel de Sinaloa:
"Encontrándome en la ciudad de Guadalajara fui invitado al parecer al rancho de (El Chapo). Me pusieron un pasamontañas y me agacharon en el piso del vehículo, y luego de haber transitado por espacio 40 minutos (llegamos) a lo que parecía un rancho en el que se encontraba "El Chapo" Guzmán. Él me encomendó el traslado de 700 kilos de cocaína de la ciudad de Guadalajara a Acapulco, Guerrero, y fue "El Chapo" el que por mi lealtad me bautizó como "El niño de oro".
"En septiembre de 2008, en el puerto de Acapulco, Guerrero, se efectuó una reunión en un hotel cuyo nombre no recuerdo a donde acudieron los jefes de los diferentes cárteles, entre ellos el del Golfo, el Pacífico y la Gente Nueva, que son de Michoacán, y Zetas, para ponerse de acuerdo y unirse porque el gobierno les estaba partiendo la madre.
"En esa reunión estuvo presente ‘El Chapo’ Guzmán y por instrucciones de Javier Herrera Valles y del Patrón y/o Román, yo me encargaría de reunir a un grupo de 40 personas destinadas para formar un grupo especial antisecuestros. Esto era aparentemente, ya que en realidad se les iba a utilizar para el traslado de droga pero estarían protegidos con credenciales de la Policía Federal. A las personas las recluté en Acapulco; busqué taxistas, amigos y conocidos que quisieran entrarle al narcotráfico apoyados por la Policía Federal."
ALTO MANDO DE LA PF
Aunque el testigo protegido no reveló el nombre de su jefe —El Patrón y/o Román—, aseguró que se trataba de un alto mando de la Policía Federal "muy bien conectado allá arriba" y dueño de dos yates —Splendor y Dreams— atracados en el puerto de Acapulco "que están a mi nombre". También mencionó que su jefe y otros funcionarios de la SSP han utilizado el yate de "La Barbie" que también se encuentra en Acapulco.
Víctor Hugo Martínez Rocha, otro de los testigos del caso Herrera Valles, no aceptó incriminarlo y por esa razón fue torturado por agentes del Ministerio Público. Así lo manifestó en su declaración ministerial.
En su testimonio mencionó que altos mandos de la SSP, subalternos de García Luna, lo obligaron a firmar papeles cuyo contenido desconocía y hasta que los vio publicados en los medios de comunicación se dio cuenta de que se trataba de incriminaciones por delincuencia organizada en contra de Herrera Valles.
"Después de seis horas que me dijeron que estaba detenido por el delito de fraude, bajo tortura psicológica y física me hicieron firmar con amenazas cuatro hojas que no supe su contenido, pero luego me enteré que estaba relacionado con Javier Herrera Valles, a quien no conozco ni nunca antes lo había visto.
"Quiero informar que nunca fui asistido por algún abogado o persona de mi confianza. Quiero señalar que fui torturado por los MPS que me detuvieron en la Siedo y a quienes puedo reconocer sin temor alguno y a uno en especial que fue quien informó que ya tenían para chingar a Herrera Valles para que dejara de fregar al patrón ‘GL’ y fue quien me dijo que firmara porque tenían a mi hija y a mi esposa y que las iban a matar y por eso lo hice, pero aclaro que no conozco a Javier Herrera Valles y nunca lo he visto."
SIMULACIÓN
Poco después de que el presidente Felipe Calderón declarara la guerra al narcotráfico, en 2006, Javier Herrera Valles inició una campaña de cuestionamientos al titular de la SSP, Genaro García Luna, a quien acusó de corrupción y de utilizar a la Policía Federal para proteger los intereses del Cártel de Sinaloa.
En dos cartas enviadas al presidente Felipe Calderón —una el 15 de febrero y otra el 8 de mayo de 2008—, Herrera Valles señaló que no se estaba combatiendo al narcotráfico y que los operativos en realidad eran de risa, pues no se perseguía a nadie y siempre que solicitaban apoyo con helicópteros para detener a los delincuentes éstos llegaban a destiempo.
También se refirió a la corrupción que prevalecía dentro de la SSP en la compra de aeronaves sin licitación, y en el ingreso de policías inexpertos que obtenían rápidos ascensos y salarios estratosféricos sin tener méritos ni la capacitación adecuada para ocupar altos cargos. Según sus denuncias, García Luna diseñó un modelo policiaco "para simular" una batalla contra el narcotráfico".
De todas estas irregularidades, así como de protección al narcotráfico, Herrera Valles acusó a García Luna y a sus subalternos Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas. Identifica a estos jefes policiacos como los principales orquestadores de la acusación que lo mantiene preso en el penal El Rincón de Tepic, Nayarit.
Un alto funcionario de la PGR le advirtió a Herrera Valles que era muy peligroso meterse con García Luna porque era el funcionario "consentido y protegido del presidente".
Pese a los avisos, Herrera Valles no cejó en sus señalamientos contra García Luna por lo que fue cesado como comisionado de la Policía Federal. Ese fue el primer golpe. Luego comenzó la persecución. Según David Herrera, García Luna ordenó intervenirlo todos sus teléfonos, recibía amenazas de muerte y comenzó el hostigamiento permanente en contra de Herrera Valles y sus familiares.
La ofensiva prosiguió: el 17 de noviembre de 2008, la PGR solicitó la detención de Herrera Valles por los delitos de fomento al narcotráfico y crimen organizado. Al momento de su aprehensión, efectuada en la Ciudad de México, Herrera Valles fue golpeado y le fracturaron una costilla. Luego fue enviado al penal de Tepic, Nayarit, donde actualmente permanece.
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domingo, 6 de mayo de 2012
lunes, 11 de julio de 2011
UNA FALACIA LA MODERNIZACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL
.Engaña García Luna a Calderón
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, no sólo maneja el mayor presupuesto asignado por el gobierno calderonista y buena parte de los fondos de la Iniciativa Mérida para modernizar la Policía Federal; también ha montado un simulacro desde 2009 para justificar la capacitación de los nuevos agentes. El abogado Ricardo del Río Trejo, uno de los seleccionados inicialmente por el secretario y sus colaboradores para formar parte de la supuesta nueva estructura de la PF, documenta las pifias del programa y las amenazas que, afirma, recibió del propio García Luna
Domingo, 10 de Julio de 2011
VERÓNICA ESPINOSA
QUERÉTARO, QRO.- "Miente Genaro García Luna", sostiene el abogado Ricardo del Río Trejo, uno de los candidatos para dirigir las 32 coordinaciones estatales de la Policía Federal (PF) con recursos de la Iniciativa Mérida.
Se dice burlado porque, dice, aun cuando García Luna habla de un nuevo modelo de agentes, nunca ha tenido la intención de renovar a la corporación. Los mandos son los mismos de siempre. E insiste: en realidad, el funcionario está engañando al presidente Felipe Calderón para conservar el control en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
"El tema de la seguridad pública no puede ser exclusivo de una élite, no es un coto de poder", comenta el abogado, quien actualmente está al frente de un corporativo policiaco en esta entidad.
Militante del PAN desde 1994 —incluso fue regidor y secretario del ayuntamiento queretano—, Del Río Trejo relata que hace dos años lo llamó por teléfono José Antonio Polo Oteyza, coordinador de asesores del titular de la SSP federal. Recuerda que le dijo que el perfil de los nuevos agentes exigía un alto nivel académico y una renovación total de los mandos de la corporación.
Y él le creyó a Polo Oteyza. "Soy un convencido de la política en materia de seguridad y combate al crimen organizado del sexenio de Felipe Calderón", afirma.
En esa época, él era contralor del gobierno del panista Francisco Garrido. Renunció al cargo y se integró de inmediato al grupo de 62 aspirantes "elegidos" por García Luna para participar en un curso de alta dirección para coordinadores estatales de la PF. El propósito era seleccionar a los 32 nuevos coordinadores de la corporación, uno por entidad. Se les explicó que, una vez en funciones, percibirían un salario libre superior a 100 mil pesos cada mes.
TRABAJO RIESGOSO
"Se nos advirtió claramente que el trabajo era algo riesgoso, que nos podían matar; también nos expusieron que el país requería personas con un perfil como el nuestro. Luego nos pidieron anotarnos en las listas y someternos a los exámenes de control de confianza, y recibimos capacitación de tres meses aquí y en el extranjero."
Incluso, dice, firmaron un contrato temporal en el que se indicaba que mientras recibían la capacitación, su sueldo sería sólo de 50 mil pesos mensuales. Proceso tiene copia del recibo de nómina.
Ricardo del Río quedó asignado como inspector de la Coordinación del Instituto de Formación, según la credencial expedida el 7 de octubre de 2009 por la dependencia federal y firmada por Facundo Rosas Rosas, a quien el gobierno federal designó comisionado general de la PF el 15 de junio de ese año.
Relata que desde su primer encuentro con Polo Oteyza y durante la preparación, él oyó que los recursos de la Iniciativa Mérida —entregados por el gobierno de Estados Unidos a México— eran para la capacitación de elementos "que no tuvieran nada que ver con la actual policía".
Según Del Río, durante el periodo de capacitación en las instalaciones de la SSP federal, de la PF y en las de la Policía Nacional de Colombia, se dio cuenta de que sólo algunos de los convocados tenían el perfil académico adecuado.
La mayoría, dice, "eran los mismos de siempre": policías de larga carrera en la corporación, otros eran militares en retiro y unos más eran cercanos a García Luna cuando estuvo en la extinta Policía Federal de Caminos.
Estos últimos, cuenta el entrevistado, se esmeraban en sobajar a los académicos por su falta de experiencia o conocimiento sobre la PF: "Cuando nos presentamos nos dimos cuenta quiénes eran policías de carrera o estaban ya en la institución. Ellos presionaron a los académicos; nos decían que no sabían qué hacíamos ahí, que si la PF estaba reclutando maestros…".
Refiere que él viajó a Colombia con el grupo para tomar un diplomado en gerencia del servicio policial en las instalaciones de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de ese país. El curso duró 120 horas y se impartió del 13 de septiembre al 4 de octubre de 2009. Fue certificado en una constancia firmada por el general Édgar Orlando Vale Mosquera, director nacional de escuelas de la policía colombiana.
LA AMENAZA DEL SECRETARIO
A su regreso, el 13 de octubre siguiente, el grupo se reunió con García Luna en el auditorio de la SSP. Del Río le expresó su opinión sobre la pretendida renovación de la PF:
"Cuando fuimos con el funcionario, varios integrantes del grupo ya habían sido cambiados, mientras que tres académicos invitados a ese encuentro no pudieron entrar. No los volví a ver.
"Adentro, el secretario García Luna nos dijo: hay personas que ya no continúan porque no acreditaron el examen del FBI. Me pareció un contrasentido jurídico. No es posible calificar la actuación de un policía nacional por el resultado de una agencia externa; a lo sumo puede ser una opinión, no una causa."
Luego de presumirles las instalaciones, los recursos y la tecnología adquirida, el secretario pidió su opinión a los invitados. "Yo le manifesté que las instalaciones y la tecnología son insuficientes; lo que vale es la voluntad de las personas para erradicar la corrupción y combatir al crimen, prevenirlo fundamentalmente, cosa que veo que no se hace", sostiene Del Río.
En la entrevista, acota que durante el curso pudo percatarse de que la PF cuenta con tecnología financiada con recursos de la Iniciativa Mérida para observar, vía satélite, todas las carreteras del país; también, asegura, dispone de equipo aéreo artillado (helicópteros) para interceptar cualquier convoy. Por ello se pregunta: entonces, ¿por qué siguen circulando de manera impune convoyes armados de narcotraficantes por nuestras carreteras?
Y continúa: en el encuentro de octubre de 2009 con García Luna, "hubo mucha insistencia y presión del secretario de que mejor nos saliéramos, que desistiéramos del proyecto. De lo contrario –dijo–, todo iba a ser más difícil para nosotros. Nos pidió que recordáramos que (en la SSP) tienen todos nuestros datos; que si no nos salíamos, después nos iban a perseguir con toda la fuerza del Estado".
"Nos reiteró que no sabíamos a lo que íbamos a entrar, yo lo percibí como una amenaza. No aclaró quiénes nos podían matar, pero eso lo dijo él".
Al día siguiente, el curso continuó, esta vez en la Universidad Justo Sierra, en la Ciudad de México. En ese momento se hablaba ya de un "programa de desarrollo de directivos policiales". Los instructores eran de la embajada de Estados Unidos.
Del Río cuenta que comenzó a tramitar una visa especial para viajar al país vecino, donde se impartiría un nuevo curso en las instalaciones del FBI en Quantico, Virginia. Pero su participación se truncó dos días después de la reunión con García Luna.
"Un día antes de partir, ya con boleto de avión para Quantico, me mandó llamar el director del Sistema Integral de Desarrollo Policial, Ricardo Vargas Debasterra". Dice que estuvo retenido contra su voluntad en una oficina de la Torre Pedregal de la PF.
Ahí le informaron que lo habían dado de baja, aun cuando aprobó los exámenes de control y confianza, que incluyeron dos aplicaciones del polígrafo: una en la PF al inicio del curso y otra más en el hotel Sheraton de la Ciudad de México, ante agentes del FBI; e incluso obtuvo altas calificaciones en manejo de armas.
"Pregunté la causa, pero Vargas Debasterra me dijo que no sabía; que la PF se reservaba las causas de mi baja. Me pareció una arbitrariedad. En mi expediente no había ningún inconveniente", afirma.
Además, sostiene, Vargas lo obligó a elegir entre terminar el contrato de tres meses que firmó al iniciar el proceso u optar por una renuncia definitiva. Del Río se inclinó por la segunda opción y abandonó las instalaciones para volver a Querétaro. Cuando intentó conocer quiénes seguían en el grupo final, la información le fue negada.
UN PRESIDENTE ENGAÑADO
Días después del agravio, Del Río puso una queja por irregularidades en el reclutamiento de altos mandos de la PF ante la Secretaría de la Función Pública federal (SFP), la Oficina del presidente, la Secretaría Particular y ante la Dirección de la Contraloría Social.
Dirigido al titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, el documento fue turnado al Órgano de Control Interno de la PF, según el oficio firmado por Fernando Alonso López Castillo, funcionario de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad con fecha 4 de noviembre de 2009.
Cinco días después, Del Río recibió un mensaje de Órgano Interno de la PF por medio de un correo electrónico en el que su titular, Rubén Francisco Pérez Sánchez, le notificó que se dio entrada a su queja y se inició el expediente QU/441/2009 "por presuntas irregularidades, posiblemente atribuibles a elementos no determinados de la Policía Federal".
No obstante, Del Río insistió en que la querella fuera turnada al Órgano de Control Interno de la SSP porque, arguyó, "yo voy contra los titulares de esa dependencia: Genaro García Luna y sus colaboradores, quienes son funcionarios de la SSP; la PF es sólo un órgano desconcentrado y existe el riesgo de que la desechen".
El 15 de diciembre, dice, recibió una notificación del referido Órgano de Control de la SSP con la firma del titular del Área de Quejas, Benjamín Albores Manzo, sobre la apertura del expediente administrativo número DE-075/2009 para atender su solicitud.
Casi un año después, el 1 de octubre de 2010, Albores Manzo le envió a Del Río el oficio OIC/SSP/Q/DE/1013/2010 en el que le informaba que el Órgano de Control Interno de la SSP no tenía competencia para revisar su caso… que debía ser atendido en la misma instancia, pero de la PF. De entonces a la fecha, no sabe nada sobre el caso; ni siquiera tiene acceso al expediente.
"Lo que yo puedo colegir es que hay una simulación y un engaño en el nuevo modelo policial mexicano por varias circunstancias", que, dice, describe en su queja: "Primero, para poder erogar los recursos de la Iniciativa Mérida hay varios requisitos que no se cumplen. Se simula la capacitación con la renuncia coaccionada, forzada". Resultado: una PF "reciclada".
Expone a la reportera: "Son los mismos mandos de hace años. Sólo hubo un simulacro de concurso abierto para reclutar a gente con el perfil adecuado. La realidad es que sólo seleccionan a los coordinadores. La decisión la toma el secretario, Genaro García Luna".
Reitera que aun cuando simpatiza con "la causa del presidente Calderón" para combatir al crimen organizado, le decepcionan los actuales mandos de la SSP, dependencia que ha recibido mayor número de recursos del erario federal y de la propia Iniciativa Mérida, pese a lo cual tiene un subejercicio.
El programa para modernizar a la PF echa mano de recursos internacionales, lo que conlleva la obligación moral y legal de manejarlos con transparencia y darles un seguimiento, pero esto, dice, es parte del engaño de García Luna. Él "no tiene la recta intención de renovar los mandos de la PF ni hacer una policía digna", acota Del Río.
—Si tuviera enfrente al presidente, ¿qué le diría?
—Si por denunciar la verdad tengo algún riesgo de mi vida, pues no tengo ningún temor, porque estoy hablando con la verdad. La política pública sobre seguridad está muy bien. Lo que falta es renovar a los encargados de ejercerla, porque no están hablando con la verdad ni están siendo transparentes en la rendición de cuentas ni en la entrega de resultados, comenzando por Genaro García Luna. (APRO)
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, no sólo maneja el mayor presupuesto asignado por el gobierno calderonista y buena parte de los fondos de la Iniciativa Mérida para modernizar la Policía Federal; también ha montado un simulacro desde 2009 para justificar la capacitación de los nuevos agentes. El abogado Ricardo del Río Trejo, uno de los seleccionados inicialmente por el secretario y sus colaboradores para formar parte de la supuesta nueva estructura de la PF, documenta las pifias del programa y las amenazas que, afirma, recibió del propio García Luna
Domingo, 10 de Julio de 2011
VERÓNICA ESPINOSA
QUERÉTARO, QRO.- "Miente Genaro García Luna", sostiene el abogado Ricardo del Río Trejo, uno de los candidatos para dirigir las 32 coordinaciones estatales de la Policía Federal (PF) con recursos de la Iniciativa Mérida.
Se dice burlado porque, dice, aun cuando García Luna habla de un nuevo modelo de agentes, nunca ha tenido la intención de renovar a la corporación. Los mandos son los mismos de siempre. E insiste: en realidad, el funcionario está engañando al presidente Felipe Calderón para conservar el control en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
"El tema de la seguridad pública no puede ser exclusivo de una élite, no es un coto de poder", comenta el abogado, quien actualmente está al frente de un corporativo policiaco en esta entidad.
Militante del PAN desde 1994 —incluso fue regidor y secretario del ayuntamiento queretano—, Del Río Trejo relata que hace dos años lo llamó por teléfono José Antonio Polo Oteyza, coordinador de asesores del titular de la SSP federal. Recuerda que le dijo que el perfil de los nuevos agentes exigía un alto nivel académico y una renovación total de los mandos de la corporación.
Y él le creyó a Polo Oteyza. "Soy un convencido de la política en materia de seguridad y combate al crimen organizado del sexenio de Felipe Calderón", afirma.
En esa época, él era contralor del gobierno del panista Francisco Garrido. Renunció al cargo y se integró de inmediato al grupo de 62 aspirantes "elegidos" por García Luna para participar en un curso de alta dirección para coordinadores estatales de la PF. El propósito era seleccionar a los 32 nuevos coordinadores de la corporación, uno por entidad. Se les explicó que, una vez en funciones, percibirían un salario libre superior a 100 mil pesos cada mes.
TRABAJO RIESGOSO
"Se nos advirtió claramente que el trabajo era algo riesgoso, que nos podían matar; también nos expusieron que el país requería personas con un perfil como el nuestro. Luego nos pidieron anotarnos en las listas y someternos a los exámenes de control de confianza, y recibimos capacitación de tres meses aquí y en el extranjero."
Incluso, dice, firmaron un contrato temporal en el que se indicaba que mientras recibían la capacitación, su sueldo sería sólo de 50 mil pesos mensuales. Proceso tiene copia del recibo de nómina.
Ricardo del Río quedó asignado como inspector de la Coordinación del Instituto de Formación, según la credencial expedida el 7 de octubre de 2009 por la dependencia federal y firmada por Facundo Rosas Rosas, a quien el gobierno federal designó comisionado general de la PF el 15 de junio de ese año.
Relata que desde su primer encuentro con Polo Oteyza y durante la preparación, él oyó que los recursos de la Iniciativa Mérida —entregados por el gobierno de Estados Unidos a México— eran para la capacitación de elementos "que no tuvieran nada que ver con la actual policía".
Según Del Río, durante el periodo de capacitación en las instalaciones de la SSP federal, de la PF y en las de la Policía Nacional de Colombia, se dio cuenta de que sólo algunos de los convocados tenían el perfil académico adecuado.
La mayoría, dice, "eran los mismos de siempre": policías de larga carrera en la corporación, otros eran militares en retiro y unos más eran cercanos a García Luna cuando estuvo en la extinta Policía Federal de Caminos.
Estos últimos, cuenta el entrevistado, se esmeraban en sobajar a los académicos por su falta de experiencia o conocimiento sobre la PF: "Cuando nos presentamos nos dimos cuenta quiénes eran policías de carrera o estaban ya en la institución. Ellos presionaron a los académicos; nos decían que no sabían qué hacíamos ahí, que si la PF estaba reclutando maestros…".
Refiere que él viajó a Colombia con el grupo para tomar un diplomado en gerencia del servicio policial en las instalaciones de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de ese país. El curso duró 120 horas y se impartió del 13 de septiembre al 4 de octubre de 2009. Fue certificado en una constancia firmada por el general Édgar Orlando Vale Mosquera, director nacional de escuelas de la policía colombiana.
LA AMENAZA DEL SECRETARIO
A su regreso, el 13 de octubre siguiente, el grupo se reunió con García Luna en el auditorio de la SSP. Del Río le expresó su opinión sobre la pretendida renovación de la PF:
"Cuando fuimos con el funcionario, varios integrantes del grupo ya habían sido cambiados, mientras que tres académicos invitados a ese encuentro no pudieron entrar. No los volví a ver.
"Adentro, el secretario García Luna nos dijo: hay personas que ya no continúan porque no acreditaron el examen del FBI. Me pareció un contrasentido jurídico. No es posible calificar la actuación de un policía nacional por el resultado de una agencia externa; a lo sumo puede ser una opinión, no una causa."
Luego de presumirles las instalaciones, los recursos y la tecnología adquirida, el secretario pidió su opinión a los invitados. "Yo le manifesté que las instalaciones y la tecnología son insuficientes; lo que vale es la voluntad de las personas para erradicar la corrupción y combatir al crimen, prevenirlo fundamentalmente, cosa que veo que no se hace", sostiene Del Río.
En la entrevista, acota que durante el curso pudo percatarse de que la PF cuenta con tecnología financiada con recursos de la Iniciativa Mérida para observar, vía satélite, todas las carreteras del país; también, asegura, dispone de equipo aéreo artillado (helicópteros) para interceptar cualquier convoy. Por ello se pregunta: entonces, ¿por qué siguen circulando de manera impune convoyes armados de narcotraficantes por nuestras carreteras?
Y continúa: en el encuentro de octubre de 2009 con García Luna, "hubo mucha insistencia y presión del secretario de que mejor nos saliéramos, que desistiéramos del proyecto. De lo contrario –dijo–, todo iba a ser más difícil para nosotros. Nos pidió que recordáramos que (en la SSP) tienen todos nuestros datos; que si no nos salíamos, después nos iban a perseguir con toda la fuerza del Estado".
"Nos reiteró que no sabíamos a lo que íbamos a entrar, yo lo percibí como una amenaza. No aclaró quiénes nos podían matar, pero eso lo dijo él".
Al día siguiente, el curso continuó, esta vez en la Universidad Justo Sierra, en la Ciudad de México. En ese momento se hablaba ya de un "programa de desarrollo de directivos policiales". Los instructores eran de la embajada de Estados Unidos.
Del Río cuenta que comenzó a tramitar una visa especial para viajar al país vecino, donde se impartiría un nuevo curso en las instalaciones del FBI en Quantico, Virginia. Pero su participación se truncó dos días después de la reunión con García Luna.
"Un día antes de partir, ya con boleto de avión para Quantico, me mandó llamar el director del Sistema Integral de Desarrollo Policial, Ricardo Vargas Debasterra". Dice que estuvo retenido contra su voluntad en una oficina de la Torre Pedregal de la PF.
Ahí le informaron que lo habían dado de baja, aun cuando aprobó los exámenes de control y confianza, que incluyeron dos aplicaciones del polígrafo: una en la PF al inicio del curso y otra más en el hotel Sheraton de la Ciudad de México, ante agentes del FBI; e incluso obtuvo altas calificaciones en manejo de armas.
"Pregunté la causa, pero Vargas Debasterra me dijo que no sabía; que la PF se reservaba las causas de mi baja. Me pareció una arbitrariedad. En mi expediente no había ningún inconveniente", afirma.
Además, sostiene, Vargas lo obligó a elegir entre terminar el contrato de tres meses que firmó al iniciar el proceso u optar por una renuncia definitiva. Del Río se inclinó por la segunda opción y abandonó las instalaciones para volver a Querétaro. Cuando intentó conocer quiénes seguían en el grupo final, la información le fue negada.
UN PRESIDENTE ENGAÑADO
Días después del agravio, Del Río puso una queja por irregularidades en el reclutamiento de altos mandos de la PF ante la Secretaría de la Función Pública federal (SFP), la Oficina del presidente, la Secretaría Particular y ante la Dirección de la Contraloría Social.
Dirigido al titular de la SFP, Salvador Vega Casillas, el documento fue turnado al Órgano de Control Interno de la PF, según el oficio firmado por Fernando Alonso López Castillo, funcionario de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad con fecha 4 de noviembre de 2009.
Cinco días después, Del Río recibió un mensaje de Órgano Interno de la PF por medio de un correo electrónico en el que su titular, Rubén Francisco Pérez Sánchez, le notificó que se dio entrada a su queja y se inició el expediente QU/441/2009 "por presuntas irregularidades, posiblemente atribuibles a elementos no determinados de la Policía Federal".
No obstante, Del Río insistió en que la querella fuera turnada al Órgano de Control Interno de la SSP porque, arguyó, "yo voy contra los titulares de esa dependencia: Genaro García Luna y sus colaboradores, quienes son funcionarios de la SSP; la PF es sólo un órgano desconcentrado y existe el riesgo de que la desechen".
El 15 de diciembre, dice, recibió una notificación del referido Órgano de Control de la SSP con la firma del titular del Área de Quejas, Benjamín Albores Manzo, sobre la apertura del expediente administrativo número DE-075/2009 para atender su solicitud.
Casi un año después, el 1 de octubre de 2010, Albores Manzo le envió a Del Río el oficio OIC/SSP/Q/DE/1013/2010 en el que le informaba que el Órgano de Control Interno de la SSP no tenía competencia para revisar su caso… que debía ser atendido en la misma instancia, pero de la PF. De entonces a la fecha, no sabe nada sobre el caso; ni siquiera tiene acceso al expediente.
"Lo que yo puedo colegir es que hay una simulación y un engaño en el nuevo modelo policial mexicano por varias circunstancias", que, dice, describe en su queja: "Primero, para poder erogar los recursos de la Iniciativa Mérida hay varios requisitos que no se cumplen. Se simula la capacitación con la renuncia coaccionada, forzada". Resultado: una PF "reciclada".
Expone a la reportera: "Son los mismos mandos de hace años. Sólo hubo un simulacro de concurso abierto para reclutar a gente con el perfil adecuado. La realidad es que sólo seleccionan a los coordinadores. La decisión la toma el secretario, Genaro García Luna".
Reitera que aun cuando simpatiza con "la causa del presidente Calderón" para combatir al crimen organizado, le decepcionan los actuales mandos de la SSP, dependencia que ha recibido mayor número de recursos del erario federal y de la propia Iniciativa Mérida, pese a lo cual tiene un subejercicio.
El programa para modernizar a la PF echa mano de recursos internacionales, lo que conlleva la obligación moral y legal de manejarlos con transparencia y darles un seguimiento, pero esto, dice, es parte del engaño de García Luna. Él "no tiene la recta intención de renovar los mandos de la PF ni hacer una policía digna", acota Del Río.
—Si tuviera enfrente al presidente, ¿qué le diría?
—Si por denunciar la verdad tengo algún riesgo de mi vida, pues no tengo ningún temor, porque estoy hablando con la verdad. La política pública sobre seguridad está muy bien. Lo que falta es renovar a los encargados de ejercerla, porque no están hablando con la verdad ni están siendo transparentes en la rendición de cuentas ni en la entrega de resultados, comenzando por Genaro García Luna. (APRO)
domingo, 12 de diciembre de 2010
García Luna, sospechoso
EN ESTADOS UNIDOS
Tras el reacomodo de fuerzas que habrá en enero en el Congreso estadounidense, los legisladores republicanos buscarán revisar los mecanismos de apoyo y cooperación con México en materia de lucha contra el crimen organizado para volverla más eficaz. Los dos puntos clave de su estrategia serán el combate a la corrupción en el seno del gobierno de Felipe Calderón –en especial la que, según reportes que afirman tener en su poder, se atribuye al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna– y el intercambio de información de inteligencia militar
Domingo, 12 de Diciembre de 2010
J. Jesús Esquivel
WASHINGTON DC.- Para derrotar al narcotráfico en México es necesario investigar a fondo las acusaciones en el sentido de que en su gobierno prevalecen actos de corrupción, en especial los que se atribuyen al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y fortalecer el intercambio de información de inteligencia militar entre Estados Unidos y el país vecino, afirman congresistas republicanos.
A los legisladores del Partido Republicano les preocupa que en algunas causas judiciales sobre presuntos actos de corrupción entre efectivos de la Agencia Federal de Investigación –iniciadas hace cinco años– se mencione el nombre de García Luna.
En enero habrá un reacomodo político en Washington: los republicanos tendrán el control del Congreso y la cooperación en la lucha de México contra el narcotráfico será sometida a varios ajustes y exigencias.
"Mantenemos un sólido respaldo a la Iniciativa Mérida pero estamos particularmente entusiasmados por la cooperación entre el personal militar de Estados Unidos y el de la Marina de México. Queremos que haya más cooperación entre ellos, pero de manera especial en materia de inteligencia", dice a Proceso Carl Meacham, asesor para Asuntos Latinoamericanos de Richard Lugar, senador republicano integrante del Comité de Relaciones Exteriores.
"Otra área donde pensamos que se necesita más atención es en el tema de la corrupción… especialmente y tomando en cuenta las acusaciones que han surgido contra Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de México", enfatiza Meacham durante la entrevista con Proceso.
Desde hace varios meses y por iniciativa del senador Lugar, los republicanos en el Capitolio –que a partir del próximo enero serán mayoría en la Cámara de Representantes y controlarán las decisiones en la de Senadores– han elaborado varios proyectos de ley para revisar amplia y detalladamente la cooperación con el gobierno de Calderón en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Lugar –uno de los legisladores más influyentes en el Capitolio en materia de política exterior, así como asesor del presidente Barack Obama– busca ampliar la ayuda antinarcóticos, para lo cual los republicanos quieren que se investigue la corrupción del narcotráfico en los más altos niveles del gobierno federal y plantean una mayor participación de la inteligencia del Pentágono en los operativos de la Secretaría de Marina (Semar) y, en segundo término, en los del Ejército.
"Tomando en cuenta que el objetivo de la Iniciativa Mérida es fortalecer la habilidad del Estado mexicano para combatir al crimen trasnacional, la eliminación de la corrupción gubernamental debe ser una de las prioridades más altas", destaca el asesor de Lugar.
En el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que preside el senador demócrata John Kerry, preocupa que "la corrupción en México sea un problema recurrente", según Meacham.
Inquietan, por ejemplo, reportes a los que tuvo acceso ese comité en los que se mencionan los problemas de corrupción por narcotráfico en el más alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México. Ahora, con la fuerza política que tendrán los republicanos en el Congreso, el senador Lugar buscará más apoyo para el gobierno de Calderón en la lucha contra el narcotráfico y, por ende, en el combate a la corrupción gubernamental.
La oficina del senador Lugar se negó a dar a conocer el contenido de los reportes que dice tener en resguardo sobre acusaciones de corrupción en torno a García Luna, pero explicó que éstos han sido y seguirán siendo compartidos con el gobierno de Calderón para que les dé respuesta en su momento como parte de las negociaciones para el financiamiento de la Iniciativa Mérida.
LA PREGUNTA INCÓMODA
Los rumores y acusaciones respecto de los citados actos de corrupción en la SSP han preocupado a Washington desde hace años. En entrevista con Proceso Tony Plácido, jefe de Operaciones de Inteligencia de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), también resaltó este aspecto como un punto fundamental para desmantelar a los cárteles del narcotráfico.
"Nos preocupa, por ejemplo, que de manera constante se mencione que varios de los colaboradores más cercanos del secretario Genaro García Luna podrían estar implicados con grupos criminales como el de los Beltrán Leyva", dijo Plácido.
Malcolm Beith, en su libro The Last Narco –una biografía de El Chapo Guzmán– alude a las constantes menciones de García Luna como uno de los funcionarios al servicio del narco. "Un testigo federal declaró ante la PGR que García Luna y otros han recibido regalos –yates y casas– de parte de El Chapo a cambio de información. Nada de esto se ha probado", anota Beith en su libro.
El 30 de enero de 2008, durante una visita de García Luna a Washington, Proceso le preguntó su opinión acerca de la averiguación previa PGRSIEDO/UEIDCS/106/2005, iniciada en el sexenio de Vicente Fox por supuestos nexos de efectivos de la AFI con los Beltrán Leyva y donde el nombre del secretario de Seguridad Pública se mencionaba repetidamente.
"Es mentira, es mentira", respondió García Luna.
"Es muy fácil difamar, argumentar cosas. Si eso existe yo pido, como ciudadano mexicano, que se aclare el tema. Es mentira, ya; y no voy a discutir sobre un tema que es como hablar con un borracho; o sea, es una mentira y no puedo discutir sobre algo que es mentira", remachó el titular de la SSP evidentemente molesto.
COMISIÓN INDEPENDIENTE
Meacham adelantó que será en algún momento del próximo año cuando en el Capitolio se aprueben los 175 millones de dólares que están pendientes de entregar en el marco de la Iniciativa Mérida.
Este dinero forma parte del presupuesto adicional o suplementario del Pentágono, y en el caso de la lucha contra el narcotráfico en México sólo 11 millones de dólares de los 175 están dedicados al intercambio de información de inteligencia.
"Es muy poco dinero, pero se va a tener que revisar porque todos en el Capitolio han visto que gracias al intercambio de información de inteligencia con el Pentágono, la Marina de México y las demás fuerzas armadas han logrado asestar golpes fuertes al narcotráfico", explica Meacham.
Para adelantarse a los procesos de revisión de la cooperación en la materia que se ventilan en los pasillos del Capitolio, el miércoles 8 Lugar y sus colegas demócratas Patrick Leahy y Robert Menendez presentaron un proyecto de ley para crear la Comisión Independiente de Política Antidrogas en el Hemisferio Occidental.
"Esta legislación bipartidista ordenará la creación de una Comisión Independiente para evaluar las políticas y programas de Estados Unidos enfocadas a reducir la producción y demanda de drogas, y recomendará una estrategia multianual para enfrentar la creciente crisis de seguridad en el hemisferio generada por el comercio ilícito de narcóticos", destacan los autores del proyecto.
La comisión estaría integrada por dos funcionarios designados por la Casa Blanca, legisladores demócratas y republicanos, así como por académicos y analistas políticos reconocidos por su conocimiento sobre el problema en México y América Latina.
Si bien los legisladores no se proponen eliminar o reemplazar la Iniciativa Mérida con otro plan o mecanismo multilateral, sí prevén la formulación de enfoques más concentrados en una mayor participación del Pentágono, en profundizar la lucha contra la corrupción y en una mayor intervención de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
"Estoy especialmente interesado en los esfuerzos para robustecer el papel que juegan las fuerzas militares y las agencias de inteligencia de Estados Unidos en el combate a los cárteles que tienen su sede en México, y que tienen alcances en Centroamérica y otros países en la región, como Venezuela", afirmó Lugar al presentar ante sus colegas el proyecto de ley.
Al Comité de Relaciones Exteriores del Senado le preocupa que programas como el de la Iniciativa Mérida –financiada por Washington con poco más de mil 300 millones de dólares– cuenten con recursos muy limitados para ampliar el rol del Pentágono y de las agencias de inteligencia como la CIA.
"Esto va a tener que cambiar", acotó Meacham, quien destaca que Hillary Clinton, la secretaria de Estado del gobierno de Obama, comparte la convicción de que la Iniciativa Mérida en su formato actual no está dando los resultados esperados, y respalda la idea de hacer mayores demandas al gobierno de Calderón y de otros países latinoamericanos en cuanto a limpia de funcionarios corruptos. (APRO)
Tras el reacomodo de fuerzas que habrá en enero en el Congreso estadounidense, los legisladores republicanos buscarán revisar los mecanismos de apoyo y cooperación con México en materia de lucha contra el crimen organizado para volverla más eficaz. Los dos puntos clave de su estrategia serán el combate a la corrupción en el seno del gobierno de Felipe Calderón –en especial la que, según reportes que afirman tener en su poder, se atribuye al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna– y el intercambio de información de inteligencia militar
Domingo, 12 de Diciembre de 2010
J. Jesús Esquivel
WASHINGTON DC.- Para derrotar al narcotráfico en México es necesario investigar a fondo las acusaciones en el sentido de que en su gobierno prevalecen actos de corrupción, en especial los que se atribuyen al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y fortalecer el intercambio de información de inteligencia militar entre Estados Unidos y el país vecino, afirman congresistas republicanos.
A los legisladores del Partido Republicano les preocupa que en algunas causas judiciales sobre presuntos actos de corrupción entre efectivos de la Agencia Federal de Investigación –iniciadas hace cinco años– se mencione el nombre de García Luna.
En enero habrá un reacomodo político en Washington: los republicanos tendrán el control del Congreso y la cooperación en la lucha de México contra el narcotráfico será sometida a varios ajustes y exigencias.
"Mantenemos un sólido respaldo a la Iniciativa Mérida pero estamos particularmente entusiasmados por la cooperación entre el personal militar de Estados Unidos y el de la Marina de México. Queremos que haya más cooperación entre ellos, pero de manera especial en materia de inteligencia", dice a Proceso Carl Meacham, asesor para Asuntos Latinoamericanos de Richard Lugar, senador republicano integrante del Comité de Relaciones Exteriores.
"Otra área donde pensamos que se necesita más atención es en el tema de la corrupción… especialmente y tomando en cuenta las acusaciones que han surgido contra Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de México", enfatiza Meacham durante la entrevista con Proceso.
Desde hace varios meses y por iniciativa del senador Lugar, los republicanos en el Capitolio –que a partir del próximo enero serán mayoría en la Cámara de Representantes y controlarán las decisiones en la de Senadores– han elaborado varios proyectos de ley para revisar amplia y detalladamente la cooperación con el gobierno de Calderón en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Lugar –uno de los legisladores más influyentes en el Capitolio en materia de política exterior, así como asesor del presidente Barack Obama– busca ampliar la ayuda antinarcóticos, para lo cual los republicanos quieren que se investigue la corrupción del narcotráfico en los más altos niveles del gobierno federal y plantean una mayor participación de la inteligencia del Pentágono en los operativos de la Secretaría de Marina (Semar) y, en segundo término, en los del Ejército.
"Tomando en cuenta que el objetivo de la Iniciativa Mérida es fortalecer la habilidad del Estado mexicano para combatir al crimen trasnacional, la eliminación de la corrupción gubernamental debe ser una de las prioridades más altas", destaca el asesor de Lugar.
En el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que preside el senador demócrata John Kerry, preocupa que "la corrupción en México sea un problema recurrente", según Meacham.
Inquietan, por ejemplo, reportes a los que tuvo acceso ese comité en los que se mencionan los problemas de corrupción por narcotráfico en el más alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México. Ahora, con la fuerza política que tendrán los republicanos en el Congreso, el senador Lugar buscará más apoyo para el gobierno de Calderón en la lucha contra el narcotráfico y, por ende, en el combate a la corrupción gubernamental.
La oficina del senador Lugar se negó a dar a conocer el contenido de los reportes que dice tener en resguardo sobre acusaciones de corrupción en torno a García Luna, pero explicó que éstos han sido y seguirán siendo compartidos con el gobierno de Calderón para que les dé respuesta en su momento como parte de las negociaciones para el financiamiento de la Iniciativa Mérida.
LA PREGUNTA INCÓMODA
Los rumores y acusaciones respecto de los citados actos de corrupción en la SSP han preocupado a Washington desde hace años. En entrevista con Proceso Tony Plácido, jefe de Operaciones de Inteligencia de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), también resaltó este aspecto como un punto fundamental para desmantelar a los cárteles del narcotráfico.
"Nos preocupa, por ejemplo, que de manera constante se mencione que varios de los colaboradores más cercanos del secretario Genaro García Luna podrían estar implicados con grupos criminales como el de los Beltrán Leyva", dijo Plácido.
Malcolm Beith, en su libro The Last Narco –una biografía de El Chapo Guzmán– alude a las constantes menciones de García Luna como uno de los funcionarios al servicio del narco. "Un testigo federal declaró ante la PGR que García Luna y otros han recibido regalos –yates y casas– de parte de El Chapo a cambio de información. Nada de esto se ha probado", anota Beith en su libro.
El 30 de enero de 2008, durante una visita de García Luna a Washington, Proceso le preguntó su opinión acerca de la averiguación previa PGRSIEDO/UEIDCS/106/2005, iniciada en el sexenio de Vicente Fox por supuestos nexos de efectivos de la AFI con los Beltrán Leyva y donde el nombre del secretario de Seguridad Pública se mencionaba repetidamente.
"Es mentira, es mentira", respondió García Luna.
"Es muy fácil difamar, argumentar cosas. Si eso existe yo pido, como ciudadano mexicano, que se aclare el tema. Es mentira, ya; y no voy a discutir sobre un tema que es como hablar con un borracho; o sea, es una mentira y no puedo discutir sobre algo que es mentira", remachó el titular de la SSP evidentemente molesto.
COMISIÓN INDEPENDIENTE
Meacham adelantó que será en algún momento del próximo año cuando en el Capitolio se aprueben los 175 millones de dólares que están pendientes de entregar en el marco de la Iniciativa Mérida.
Este dinero forma parte del presupuesto adicional o suplementario del Pentágono, y en el caso de la lucha contra el narcotráfico en México sólo 11 millones de dólares de los 175 están dedicados al intercambio de información de inteligencia.
"Es muy poco dinero, pero se va a tener que revisar porque todos en el Capitolio han visto que gracias al intercambio de información de inteligencia con el Pentágono, la Marina de México y las demás fuerzas armadas han logrado asestar golpes fuertes al narcotráfico", explica Meacham.
Para adelantarse a los procesos de revisión de la cooperación en la materia que se ventilan en los pasillos del Capitolio, el miércoles 8 Lugar y sus colegas demócratas Patrick Leahy y Robert Menendez presentaron un proyecto de ley para crear la Comisión Independiente de Política Antidrogas en el Hemisferio Occidental.
"Esta legislación bipartidista ordenará la creación de una Comisión Independiente para evaluar las políticas y programas de Estados Unidos enfocadas a reducir la producción y demanda de drogas, y recomendará una estrategia multianual para enfrentar la creciente crisis de seguridad en el hemisferio generada por el comercio ilícito de narcóticos", destacan los autores del proyecto.
La comisión estaría integrada por dos funcionarios designados por la Casa Blanca, legisladores demócratas y republicanos, así como por académicos y analistas políticos reconocidos por su conocimiento sobre el problema en México y América Latina.
Si bien los legisladores no se proponen eliminar o reemplazar la Iniciativa Mérida con otro plan o mecanismo multilateral, sí prevén la formulación de enfoques más concentrados en una mayor participación del Pentágono, en profundizar la lucha contra la corrupción y en una mayor intervención de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
"Estoy especialmente interesado en los esfuerzos para robustecer el papel que juegan las fuerzas militares y las agencias de inteligencia de Estados Unidos en el combate a los cárteles que tienen su sede en México, y que tienen alcances en Centroamérica y otros países en la región, como Venezuela", afirmó Lugar al presentar ante sus colegas el proyecto de ley.
Al Comité de Relaciones Exteriores del Senado le preocupa que programas como el de la Iniciativa Mérida –financiada por Washington con poco más de mil 300 millones de dólares– cuenten con recursos muy limitados para ampliar el rol del Pentágono y de las agencias de inteligencia como la CIA.
"Esto va a tener que cambiar", acotó Meacham, quien destaca que Hillary Clinton, la secretaria de Estado del gobierno de Obama, comparte la convicción de que la Iniciativa Mérida en su formato actual no está dando los resultados esperados, y respalda la idea de hacer mayores demandas al gobierno de Calderón y de otros países latinoamericanos en cuanto a limpia de funcionarios corruptos. (APRO)
domingo, 15 de agosto de 2010
GENARO GARCÍA LUNA
Entre la ineficacia y la corrupción
Lleva más de tres años al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y, pese a su jactancia y apego al presidente Felipe Calderón, los resultados que ha presentado García Luna simplemente no convencen. Es la suya una visión en blanco y negro, sin matices...
Domingo, 15 de Agosto de 2010
MÉXICO, DF.- Infiltrada por el narcotráfico, con programas de capacitación deficientes, operativos improvisados y una creciente corrupción, la Policía Federal (PF), brazo operativo del Gobierno Federal para combatir a la delincuencia, está sumida en la descomposición, pese a que el gobierno calderonista le destina cada vez más presupuesto para reforzar las tareas de seguridad pública en el país.
La detención de cuatro altos mandos de ese cuerpo policiaco en Ciudad Juárez, Chihuahua, el sábado 7, implicados en extorsiones, detenciones arbitrarias y presuntas ligas con el narco, colocó una vez más al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, en el centro del escándalo.
A García Luna, quien encabeza la dependencia con mayor presupuesto después de la Secretaría de la Defensa Nacional –la SSP ejerce poco más de 30 mil millones de pesos–, se le critica por la falta de resultados de sus agentes federales y por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
El martes 10, tras varias semanas de silencio, García Luna saltó a la palestra luego de que, dos días antes, el ex presidente Vicente Fox se manifestó a favor de la legalización de las drogas en México. Esa es la única forma de golpear y romper la estructura económica de los cárteles, dijo el guanajuatense.
Durante el encuentro del Ejecutivo federal con líderes partidistas en los diálogos por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento, García Luna recriminó a su antiguo patrón por la falta de eficacia en el combate al narcotráfico cuando estuvo en Los Pinos: "Sólo basta decir que la Policía Federal, en la pasada administración (la que encabezó Vicente Fox) en registros oficiales no tiene ninguna detención de narcotraficantes ni secuestradores", manifestó.
Luego habló de los logros y bondades del gobierno de Felipe Calderón: "En esta administración –expuso– van mil 300 (detenidos), sólo secuestradores".
Pero García Luna embozadamente hacía una crítica… de sí mismo. En el sexenio foxista García Luna ocupó la dirección de la Agencia Federal de Investigación (AFI), organismo que él creó y que durante su gestión fue severamente criticado por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Además, al arrancar el llamado "sexenio del cambio", el 1 de diciembre de 2000, quedó en evidencia la falta de control en el sistema de seguridad del país: aún no trascurrían dos meses de gobierno cuando, el 19 de enero de 2001, el capo Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Ninguna autoridad federal se percató del plan de fuga.
LAS PRIMERAS IMPUTACIONES
Los señalamientos de que García Luna presuntamente está coludido con el cártel de Sinaloa datan de 2005, cuando era director de la AFI. Pero el funcionario no ha sido investigado, aun cuando se le menciona en varias investigaciones de la propia PGR.
La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, por ejemplo, contiene revelaciones que señalan al actual titular de la SSP como presunto protector de la célula criminal de los hermanos Beltrán Leyva, conocida también como La Federación, cuyo ámbito de operaciones se extiende a una veintena de entidades.
La averiguación incluye transcripciones de llamadas telefónicas y correos electrónicos de personas que se identificaron como miembros del cártel del Golfo, según los cuales García Luna recibía pagos millonarios de los hermanos Beltrán Leyva –a quienes en algún tiempo se les conoció como Los tres caballeros– a cambio de protección y de mantenerlos informados sobre operativos en su contra.
En 2005 los Beltrán Leyva mantenían una sólida sociedad con el cártel de Sinaloa y controlaban el trasiego de estupefacientes en el estado de Guerrero, aunque enfrentaban ya a "Los Zetas" en Acapulco y Zihuanatejo.
El expediente también contiene la trascripción de una llamada telefónica recibida en la PGR el 15 de mayo de ese año:
En el micro 0696 que corresponde a las oficinas de la visitaduría general, en el periodo de guardia nocturna, se recibió al teléfono 5228618399 llamado anónimo de una persona que se dijo integrante del cártel del Golfo, para denunciar a los elementos de la Agencia Federal de Investigación de las plazas de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, que el día de ayer, catorce de mayo, en la tarde detuvieron a cinco zetas (y) que en lugar de ponerlos a disposición del Ministerio Público y les trasladaran a la cárcel, los entregaron al cártel de Arturo Beltrán Leyva, que no estaba bien que los elementos de la AFI le jugaran al narcopolicía.
Otro reporte de esa misma averiguación menciona un dato contundente: que García Luna recibía dinero del cártel de Sinaloa a cambio de protección desde el sexenio foxista.
La denuncia que llegó a la PGR y forma parte de la AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005 dice: De antemano sabemos que el director de la AFI, Genaro (García) Luna está coludido con la organización de Arturo Beltrán Leyva, quien ha recibido grandes cantidades de dinero por medio de un director de nombre Domingo González.
Asimismo, Domingo González aparece mencionado como enlace de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, para recibir un millón de dólares a cambio de que no molestaran a su jefe Arturo Beltrán, quien se encontraba prófugo de la justicia…
LOS ALTOS MANDOS
Desde que Genaro García Luna llegó a la SSP, varios de sus altos mandos han sido señalados por sus presuntos vínculos con los capos de la droga; algunos incluso fueron ejecutados.
A Mario Arturo Velarde Martínez, quien fue secretario particular de García Luna durante su gestión en la AFI en la administración foxista y llegó a la División Antidrogas de la PF en este sexenio, se le achacan tratos con los hermanos Beltrán Leyva. Sin embargo nunca se le investigó.
Diferente fue el caso de Édgar Enrique Bayardo del Villar, inspector de la sección de operaciones de la PFP, quien fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, en particular con la célula que encabeza Ismael Zambada García, "El Mayo".
Bayardo era uno de los hombres de confianza de García Luna en la SSP. Luego de su aprehensión, decidió acogerse al programa de testigos protegidos y se convirtió en una pieza importante en la Operación Limpieza, un programa que pretendía sanear a la PGR de funcionarios coludidos con el narcotráfico.
Él conocía como nadie las correrías del Mayo: sus actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como sus nexos con militares, policías y funcionarios de la PGR que protegen sus operaciones.
El caso de Bayardo es singular. La mañana del 1 de diciembre de 2009 fue llamado por un alto funcionario de la PGR para platicar sobre las investigaciones en torno al cártel de Sinaloa. La cita fue en el local del café Starbucks de avenida Pilares, en la colonia Del Valle. El testigo acudió sin escolta. Cuando charlaba con el funcionario fue ejecutado a tiros.
Meses antes, el 8 de mayo de 2008, otro funcionario cercano a García Luna fue ejecutado cuando se dirigía a su casa. Era Édgar Millán Gómez, Comisionado Nacional de la PFP. Por esas fechas estaba candente la confrontación entre la célula de los hermanos Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa. Cuando Millán Gómez ingresó al patio de su vivienda, un sicario le disparó en varias ocasiones. Su muerte aún sigue impune.
CORRUPCIÓN Y PRIVILEGIOS
En los casi cuatro años de la administración calderonista Genaro García Luna ha estado inmerso en escándalos. Se le ha criticado por la corrupción que priva el seno de la PF y por los privilegios de que gozan algunos mandos de menor antigüedad y preparación.
Javier Herrera Valles, quien fue comisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), incluso envió cartas al presidente Felipe Calderón y al Congreso de la Unión en las que criticó las fallas en los operativos contra el narcotráfico. Su argumento: que las acciones eran improvisadas y que a los agentes se les enviaba a los estados críticos sin armamento y sin información.
La primera carta de Herrera Valles al presidente Calderón está fechada el 18 de febrero de 2008. En su escrito expone que García Luna protege intereses del crimen organizado y explica la razón por la cual, arguye, están fracasando los operativos conjuntos y destaca las fallas en el interior de la SSP. Sin embargo, la carta fue interceptada por García Luna, quien se enteró del contenido antes que el presidente, según contó el propio Herrera Valles en una entrevista con este semanario.
Herrera Valles exhibió textos y memorandos oficiales para documentar varios casos de corrupción en la SSP, en particular los relativos a la compra de aeronaves y sistemas tecnológicos para el combate a la delincuencia. Uno de los principales fue la adquisición de un helicóptero Sikorsky, modelo A70A Black Hawk, cuyo costo fue de 43 millones 68 mil pesos.
Herrera Valles comentó que García Luna ordenó al Comité de Adquisiciones y Servicios de la PFP la compra de la aeronave en octubre de 2007, según el contrato SSP/PFP/009/2007 sin la licitación correspondiente.
Sobre las fallas en los operativos de la SSP contra el narco, Herrera Valles relató: "En Guerrero no sabíamos qué hacer. Andábamos desorientados. El área de Inteligencia de la SSP no nos proporcionaba ninguna información sobre las células del narco en ese estado. Todo era un caos. Las órdenes eran así: ‘Váyanse para allá, ahora para acá’. Más tarde nos dijeron: ‘Coloquen retenes y hagan presencia en las calles’, pero todo aquello era la total descoordinación.
"Y mientras policías, marinos y soldados éramos como un hormiguero disperso, el crimen organizado atacó con toda su fuerza: varios sujetos vestidos con boinas negras arremetieron contra las bases de la Policía Investigadora Ministerial de Acapulco. En una de las instalaciones los delincuentes entraron y asesinaron a siete personas, entre ellas a una mujer embarazada…"
Herrera Valles fue detenido el 18 de noviembre de 2008 por sus denuncias contra García Luna. Ese día iba a participar en el programa Punto de partida, en las instalaciones de Televisa Chapultepec. Poco antes de llegar a su destino un comando interceptó su vehículo.
Estuvo arraigado durante 90 días, periodo en el cual un supuesto testigo protegido conocido como El Pitufo lo acusó de recibir dinero del narcotráfico. Su defensora fue Silvia Raquenel Villanueva, quien nueve meses después de asumir el caso fue ejecutada en Monterrey, Nuevo León.
AHORA SÍ, A INVESTIGAR
Durante su gestión al frente de la SSP, García Luna ha fracasado en el intento por frenar a la delincuencia y hacer que los militares vuelvan a sus cuarteles. Su estrategia policiaca ha sido errática. Primero dijo que se requería un mando único, por lo que fusionó la AFI y la PFP y creó la PF, antes incluso de que el Congreso aprobara el proyecto.
García Luna declaró que se trataba de una corporación moderna, mejor capacitada, con capacidad de respuesta y preparada en diversas disciplinas. Y en el ejercicio 2009-2010 la SSP recibió el espaldarazo presidencial, pues se le otorgaron 30 mil millones de pesos de presupuesto, con lo que la dependencia se convirtió en la segunda dependencia mejor fortalecida, después de la Sedena.
Sin embargo, hasta ahora los agentes de García Luna se han destacado más por sus operativos para contener manifestaciones sociales que en frenar a la delincuencia. Un ejemplo: cuando estalló la huelga en la mina de Cananea, la SSP envió a cerca de 3 mil elementos para disuadir las manifestaciones obreras; lo mismo ocurrió con las protestas del Sindicato Mexicano de Electricistas durante la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro cuando el gobierno expidió un decreto en el que anunciaba la extinción de esa dependencia. (APRO)
Por Ricardo Ravelo
Lleva más de tres años al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y, pese a su jactancia y apego al presidente Felipe Calderón, los resultados que ha presentado García Luna simplemente no convencen. Es la suya una visión en blanco y negro, sin matices...
Domingo, 15 de Agosto de 2010
MÉXICO, DF.- Infiltrada por el narcotráfico, con programas de capacitación deficientes, operativos improvisados y una creciente corrupción, la Policía Federal (PF), brazo operativo del Gobierno Federal para combatir a la delincuencia, está sumida en la descomposición, pese a que el gobierno calderonista le destina cada vez más presupuesto para reforzar las tareas de seguridad pública en el país.
La detención de cuatro altos mandos de ese cuerpo policiaco en Ciudad Juárez, Chihuahua, el sábado 7, implicados en extorsiones, detenciones arbitrarias y presuntas ligas con el narco, colocó una vez más al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, en el centro del escándalo.
A García Luna, quien encabeza la dependencia con mayor presupuesto después de la Secretaría de la Defensa Nacional –la SSP ejerce poco más de 30 mil millones de pesos–, se le critica por la falta de resultados de sus agentes federales y por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
El martes 10, tras varias semanas de silencio, García Luna saltó a la palestra luego de que, dos días antes, el ex presidente Vicente Fox se manifestó a favor de la legalización de las drogas en México. Esa es la única forma de golpear y romper la estructura económica de los cárteles, dijo el guanajuatense.
Durante el encuentro del Ejecutivo federal con líderes partidistas en los diálogos por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento, García Luna recriminó a su antiguo patrón por la falta de eficacia en el combate al narcotráfico cuando estuvo en Los Pinos: "Sólo basta decir que la Policía Federal, en la pasada administración (la que encabezó Vicente Fox) en registros oficiales no tiene ninguna detención de narcotraficantes ni secuestradores", manifestó.
Luego habló de los logros y bondades del gobierno de Felipe Calderón: "En esta administración –expuso– van mil 300 (detenidos), sólo secuestradores".
Pero García Luna embozadamente hacía una crítica… de sí mismo. En el sexenio foxista García Luna ocupó la dirección de la Agencia Federal de Investigación (AFI), organismo que él creó y que durante su gestión fue severamente criticado por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Además, al arrancar el llamado "sexenio del cambio", el 1 de diciembre de 2000, quedó en evidencia la falta de control en el sistema de seguridad del país: aún no trascurrían dos meses de gobierno cuando, el 19 de enero de 2001, el capo Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Ninguna autoridad federal se percató del plan de fuga.
LAS PRIMERAS IMPUTACIONES
Los señalamientos de que García Luna presuntamente está coludido con el cártel de Sinaloa datan de 2005, cuando era director de la AFI. Pero el funcionario no ha sido investigado, aun cuando se le menciona en varias investigaciones de la propia PGR.
La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, por ejemplo, contiene revelaciones que señalan al actual titular de la SSP como presunto protector de la célula criminal de los hermanos Beltrán Leyva, conocida también como La Federación, cuyo ámbito de operaciones se extiende a una veintena de entidades.
La averiguación incluye transcripciones de llamadas telefónicas y correos electrónicos de personas que se identificaron como miembros del cártel del Golfo, según los cuales García Luna recibía pagos millonarios de los hermanos Beltrán Leyva –a quienes en algún tiempo se les conoció como Los tres caballeros– a cambio de protección y de mantenerlos informados sobre operativos en su contra.
En 2005 los Beltrán Leyva mantenían una sólida sociedad con el cártel de Sinaloa y controlaban el trasiego de estupefacientes en el estado de Guerrero, aunque enfrentaban ya a "Los Zetas" en Acapulco y Zihuanatejo.
El expediente también contiene la trascripción de una llamada telefónica recibida en la PGR el 15 de mayo de ese año:
En el micro 0696 que corresponde a las oficinas de la visitaduría general, en el periodo de guardia nocturna, se recibió al teléfono 5228618399 llamado anónimo de una persona que se dijo integrante del cártel del Golfo, para denunciar a los elementos de la Agencia Federal de Investigación de las plazas de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, que el día de ayer, catorce de mayo, en la tarde detuvieron a cinco zetas (y) que en lugar de ponerlos a disposición del Ministerio Público y les trasladaran a la cárcel, los entregaron al cártel de Arturo Beltrán Leyva, que no estaba bien que los elementos de la AFI le jugaran al narcopolicía.
Otro reporte de esa misma averiguación menciona un dato contundente: que García Luna recibía dinero del cártel de Sinaloa a cambio de protección desde el sexenio foxista.
La denuncia que llegó a la PGR y forma parte de la AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005 dice: De antemano sabemos que el director de la AFI, Genaro (García) Luna está coludido con la organización de Arturo Beltrán Leyva, quien ha recibido grandes cantidades de dinero por medio de un director de nombre Domingo González.
Asimismo, Domingo González aparece mencionado como enlace de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, para recibir un millón de dólares a cambio de que no molestaran a su jefe Arturo Beltrán, quien se encontraba prófugo de la justicia…
LOS ALTOS MANDOS
Desde que Genaro García Luna llegó a la SSP, varios de sus altos mandos han sido señalados por sus presuntos vínculos con los capos de la droga; algunos incluso fueron ejecutados.
A Mario Arturo Velarde Martínez, quien fue secretario particular de García Luna durante su gestión en la AFI en la administración foxista y llegó a la División Antidrogas de la PF en este sexenio, se le achacan tratos con los hermanos Beltrán Leyva. Sin embargo nunca se le investigó.
Diferente fue el caso de Édgar Enrique Bayardo del Villar, inspector de la sección de operaciones de la PFP, quien fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, en particular con la célula que encabeza Ismael Zambada García, "El Mayo".
Bayardo era uno de los hombres de confianza de García Luna en la SSP. Luego de su aprehensión, decidió acogerse al programa de testigos protegidos y se convirtió en una pieza importante en la Operación Limpieza, un programa que pretendía sanear a la PGR de funcionarios coludidos con el narcotráfico.
Él conocía como nadie las correrías del Mayo: sus actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como sus nexos con militares, policías y funcionarios de la PGR que protegen sus operaciones.
El caso de Bayardo es singular. La mañana del 1 de diciembre de 2009 fue llamado por un alto funcionario de la PGR para platicar sobre las investigaciones en torno al cártel de Sinaloa. La cita fue en el local del café Starbucks de avenida Pilares, en la colonia Del Valle. El testigo acudió sin escolta. Cuando charlaba con el funcionario fue ejecutado a tiros.
Meses antes, el 8 de mayo de 2008, otro funcionario cercano a García Luna fue ejecutado cuando se dirigía a su casa. Era Édgar Millán Gómez, Comisionado Nacional de la PFP. Por esas fechas estaba candente la confrontación entre la célula de los hermanos Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa. Cuando Millán Gómez ingresó al patio de su vivienda, un sicario le disparó en varias ocasiones. Su muerte aún sigue impune.
CORRUPCIÓN Y PRIVILEGIOS
En los casi cuatro años de la administración calderonista Genaro García Luna ha estado inmerso en escándalos. Se le ha criticado por la corrupción que priva el seno de la PF y por los privilegios de que gozan algunos mandos de menor antigüedad y preparación.
Javier Herrera Valles, quien fue comisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), incluso envió cartas al presidente Felipe Calderón y al Congreso de la Unión en las que criticó las fallas en los operativos contra el narcotráfico. Su argumento: que las acciones eran improvisadas y que a los agentes se les enviaba a los estados críticos sin armamento y sin información.
La primera carta de Herrera Valles al presidente Calderón está fechada el 18 de febrero de 2008. En su escrito expone que García Luna protege intereses del crimen organizado y explica la razón por la cual, arguye, están fracasando los operativos conjuntos y destaca las fallas en el interior de la SSP. Sin embargo, la carta fue interceptada por García Luna, quien se enteró del contenido antes que el presidente, según contó el propio Herrera Valles en una entrevista con este semanario.
Herrera Valles exhibió textos y memorandos oficiales para documentar varios casos de corrupción en la SSP, en particular los relativos a la compra de aeronaves y sistemas tecnológicos para el combate a la delincuencia. Uno de los principales fue la adquisición de un helicóptero Sikorsky, modelo A70A Black Hawk, cuyo costo fue de 43 millones 68 mil pesos.
Herrera Valles comentó que García Luna ordenó al Comité de Adquisiciones y Servicios de la PFP la compra de la aeronave en octubre de 2007, según el contrato SSP/PFP/009/2007 sin la licitación correspondiente.
Sobre las fallas en los operativos de la SSP contra el narco, Herrera Valles relató: "En Guerrero no sabíamos qué hacer. Andábamos desorientados. El área de Inteligencia de la SSP no nos proporcionaba ninguna información sobre las células del narco en ese estado. Todo era un caos. Las órdenes eran así: ‘Váyanse para allá, ahora para acá’. Más tarde nos dijeron: ‘Coloquen retenes y hagan presencia en las calles’, pero todo aquello era la total descoordinación.
"Y mientras policías, marinos y soldados éramos como un hormiguero disperso, el crimen organizado atacó con toda su fuerza: varios sujetos vestidos con boinas negras arremetieron contra las bases de la Policía Investigadora Ministerial de Acapulco. En una de las instalaciones los delincuentes entraron y asesinaron a siete personas, entre ellas a una mujer embarazada…"
Herrera Valles fue detenido el 18 de noviembre de 2008 por sus denuncias contra García Luna. Ese día iba a participar en el programa Punto de partida, en las instalaciones de Televisa Chapultepec. Poco antes de llegar a su destino un comando interceptó su vehículo.
Estuvo arraigado durante 90 días, periodo en el cual un supuesto testigo protegido conocido como El Pitufo lo acusó de recibir dinero del narcotráfico. Su defensora fue Silvia Raquenel Villanueva, quien nueve meses después de asumir el caso fue ejecutada en Monterrey, Nuevo León.
AHORA SÍ, A INVESTIGAR
Durante su gestión al frente de la SSP, García Luna ha fracasado en el intento por frenar a la delincuencia y hacer que los militares vuelvan a sus cuarteles. Su estrategia policiaca ha sido errática. Primero dijo que se requería un mando único, por lo que fusionó la AFI y la PFP y creó la PF, antes incluso de que el Congreso aprobara el proyecto.
García Luna declaró que se trataba de una corporación moderna, mejor capacitada, con capacidad de respuesta y preparada en diversas disciplinas. Y en el ejercicio 2009-2010 la SSP recibió el espaldarazo presidencial, pues se le otorgaron 30 mil millones de pesos de presupuesto, con lo que la dependencia se convirtió en la segunda dependencia mejor fortalecida, después de la Sedena.
Sin embargo, hasta ahora los agentes de García Luna se han destacado más por sus operativos para contener manifestaciones sociales que en frenar a la delincuencia. Un ejemplo: cuando estalló la huelga en la mina de Cananea, la SSP envió a cerca de 3 mil elementos para disuadir las manifestaciones obreras; lo mismo ocurrió con las protestas del Sindicato Mexicano de Electricistas durante la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro cuando el gobierno expidió un decreto en el que anunciaba la extinción de esa dependencia. (APRO)
Por Ricardo Ravelo
miércoles, 30 de septiembre de 2009
... Y sus muchachos, enlodados
RICARDO RAVELO
A raíz de la captura de Jesús Zambada García, El Rey, en octubre de 2008, se puso al descubierto la infraestructura que controlaba el capo del cártel de Sinaloa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora se sabe, a partir de testimonios de los implicados en el caso y de testigos protegidos, que agentes y funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, algunos de ellos cercanos a Genaro García Luna, se beneficiaban del negocio.Agentes de la Policía Federal, en su mayoría exmiembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), crearon una red de protección en las dos terminales aéreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para facilitar la llegada y salida de cargamentos de cocaína y dinero que manejaba el cártel de Sinaloa a través de Jesús Zambada García, El Rey, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0350/08 y el acta circunstanciada PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/1016/2008.
Esa red, que comenzó a operar en este sexenio, contó con el respaldo policiaco y presuntamente con la complicidad de altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y de la Procuraduría General de la República (PGR), revelan las investigaciones.
El Rey disponía de aeronaves para transportar cocaína, así como de helicópteros para realizar sobrevuelos de vigilancia, una flotilla de pipas para abastecer de turbosina a las naves y de aviones chatarra. Así, el cártel de Sinaloa podía seguir los movimientos de droga de las organizaciones rivales.
Además, tenía a su servicio a buena parte de los policías fiscalizadores de equipaje, quienes en contubernio con agentes federales custodiaban las maletas con dinero que llegaban de Sudamérica o salían hacia allá para cubrir los pagos de sus abastecedores de droga. Las investigaciones señalan que el capo les retribuía sus servicios con dólares.
En este tejido de complicidades también participó el agente de la Interpol adscrito al AICM: Edwin Said González Isaías, según la declaración de varios testigos protegidos, entre ellos María Fernanda y El Tigre. Ambos aseguraron que él era enlace principal entre la célula criminal encabezada por los hermanos Ismael y Jesús Zambada García y altos mandos de la SSP y policías federales asignados a la terminal aérea de la Ciudad de México.
En su declaración del 28 de octubre de 2008, ocho días después de la captura de El Rey y su banda, María Fernanda afirmó que: su función era la de inteligencia, así como la de encontrar autoridades para sobornarlas a efecto de que nos brinden protección y nos proporcionen información de otros grupos delictivos… Y dentro de esa actividad conocí a un agente de la AFI, el cual se llama Edwin (el de la Interpol, según se refiere en las averiguaciones)… al cual le pagaba la cantidad de 10 mil dólares mensuales para que trabajara con nosotros, ya sea pasándonos información, brindándonos protección o también ayudándonos para sacar las maletas del aeropuerto que traían cocaína…
A ese grupo que servía a los Zambada García pertenece Édgar Enrique Bayardo del Villar (ahora identificado en los expedientes de la SIEDO como el testigo protegido con clave Tigre), quien fue inspector de Operaciones Especiales de la desaparecida PFP, así como subprocurador de Justicia de Tlaxcala.
Cuando trabajó en la SSP, Bayardo fue uno de los hombres de confianza de Genaro García Luna. Su jefe inmediato, Víctor Gerardo Garay Cadena, quien se desempeñó como comisionado interino de la PFP hasta el 31 de octubre de 2008, también está implicado con el narcotráfico, aunque trabajaba para los hermanos Beltrán Leyva.
A finales de octubre de 2008 surgieron los conflictos entre los colaboradores cercanos al titular de la SSP, la mayoría motivados por la infiltración del narco. La dupla de funcionarios comenzó a espiarse entre sí desde entonces. Y se desataron las traiciones.
A partir de las investigaciones de la SIEDO, asentadas en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/359/2008, se sabe que durante meses Garay Cadena espió a Bayardo. Incluso grabó un video cuando su subalterno salía de la residencia de El Rey, localizada en la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, donde el capo fue detenido el 20 de octubre de 2008 junto con su banda.
Sin embargo, el espionaje de Garay no resultó tan eficaz, pues un soplón de la Drug Enforcement Administration (DEA), para la que también trabajaba Bayardo, le avisó que su jefe en la SPP le seguía los pasos. Garay decidió cambiar la estrategia e invitó a su colaborador a un curso, donde agentes de la SIEDO lo aprehendieron. Lo acusaron de servir a la red de Ismael El Mayo Zambada.
En la indagatoria citada se asienta no sólo que Bayardo trabajaba para los hermanos Zambada García; también se le acusa de recibir entre 25 y 500 mil dólares por la captura de cada enemigo del clan sinaloense, así como por avisarles con anticipación cuando había un operativo en contra del grupo.
Garay Cadena cayó en desgracia luego de traicionar a su subalterno. Se le acusó de estar ligado a la célula de los hermanos Beltrán Leyva. El 31 de octubre de 2008 renunció a su cargo en la SSP y cuatro días después fue arraigado. El 11 de diciembre siguiente fue consignado por el delito de delincuencia organizada.
Testimonios
Bajo el cobijo de altos mandos de la AFI y de la PFP (hoy Policía Federal) los hermanos Zambada García operaban el tráfico de cocaína con diversas empresas instaladas en el AICM.
En una declaración ampliada el 29 de octubre de 2008, el testigo protegido con clave María Fernanda detalló la forma en que trabajaban los Zambada en las terminales aéreas:
(…) deseo manifestar que al lado de la terminal número 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin recordar el nombre y número de la calle, contamos con una compañía llamada “Aviones”, la cual se encuentra pegada al hangar (de) AESA, misma que tiene acceso directo al aeropuerto y que el nombre se puede ver desde afuera, que la fachada es de color blanco y el rótulo en color azul, que desde la calle se aprecian como oficinas, que son dos niveles, que en ellas trabajan aproximadamente 30 personas.
Para entrar al lugar hay una pluma que custodia un policía, que en el interior se encuentra un avión de carga color azul (el cual) nunca tuvimos oportunidad de mover, pero se compró con dinero ilícito. Dicho avión casi lo pintan cada mes, pero la última vez que lo vi estaba pintado de color azul, sin rótulos…
(…) En el mismo lugar contamos con dos helicópteros, uno de ellos lo rentamos al municipio de Ecatepec y el otro está en reparación porque se le averió una hélice, ambos helicópteros también los adquirimos con dinero ilícito, están pintados de azul con blanco y dicen Ecatepec, Estado de México. Dichos helicópteros también los ocupábamos para ubicar las posiciones de los enemigos y para paseos… En el mismo lugar existen tres pipas con gasolina, que nos pertenecen, dos pequeñas y una grande, de color blanco y tienen rotulado en las puertas el nombre de Aviafiel. También deseo manifestar que el prestanombres de la empresa Aviones S.A. de C.V. se llama Raúl Marín, sin recordar su otro apellido, y quien administra dicha empresa es un militar al que le decimos El Raz…
También declaró que varios agentes federales, tanto de la PGR como de la SSP, acudían a una residencia ubicada en la colonia Bosques de Las Lomas, al poniente de la Ciudad de México, “enfrente de la plaza Duraznos y de un Superama para planear las operaciones de trasiego de drogas en el aeropuerto:
(Dijo que en una ocasión) nos encontrábamos reunidos Jesús Zambada García, El Rey, otra persona de la cual me reservo su nombre y yo… Después de hablar con esa persona (un presunto alto mando de la SSP) se llegó al acuerdo de pagarle la cantidad de 75 mil dólares mensuales para que trabajara para la organización, mencionándonos este policía federal que 50 mil dólares eran para él y 25 para otro mando policiaco al que refirió como X-1, el cual es el segundo del regional, entregándole en ese momento personalmente dicha cantidad y que en otras ocasiones más desde febrero a la fecha mensualmente se le enviaba ese dinero a través de Edwin. Asimismo, quiero manifestar que esta persona participó en el operativo Lindavista, donde se detuvo a El Rey Zambada García.
De acuerdo con las investigaciones de la PGR y la indagatoria PGR/SIEDO/UEIORP/FAM/119/2007, el cártel de Sinaloa disponía de 13 aviones y tenía el control de varios aeropuertos del país gracias al apoyo de agentes federales.Asimismo, en sus declaraciones ante la SIEDO, un hijo de El Rey declaró en el hangar del AICM que se definían los envíos de drogas a Colombia y se utilizaban tres aviones. El responsable de vigilar el desembarque de la droga del cártel de Sinaloa, según las indagatorias, era Ricardo Flores Quintana, también conocido como Richard Arroyo Guízar, El Richard, a quien se le identifica como hijastro de El Rey.
Parte de la banda encabezada por El Rey fue capturada el 20 de octubre de 2008. Una llamada anónima alertó a la PGR sobre la presencia de un grupo de personas armadas en la calle Wilfredo Massieu 430, colonia San Bartolo Atepehuacan, en la delegación Gustavo A. Madero.
Al llegar al lugar, los agentes federales capturaron a José Martín Zarza Escamilla, Armando Javier Rojo Aguilar, Ignacio Moreno Aguilar, Alma Rosa Victal Linares y Jesús Ángel Valencia Callejas. Después supieron que los detenidos eran integrantes de la banda de Jesús e Ismael Zambada García.
Las divisiones
La guerra entre los Beltrán Leyva y los Zambada García no sólo dividió al grupo cercano a García Luna, también desató conflictos por el control del AICM. La célula encabezada por Arturo Beltrán, que recibía protección de los agentes federales adscritos a la terminal aérea, movía millones de dólares en maletas. Todas las operaciones eran protegidas por los propios policías de las desaparecidas AFI y PFP.
Para el transporte del dinero los capos utilizaban a personas que se hacían pasar como minusválidos y eran conducidos en sillas de ruedas. Este modus operandi era conocido por los mandos de la SSP, según el testimonio del testigo identificado con la clave Tigre y cuyo verdadero nombre es Édgar Enrique Bayardo del Villar.
Durante el interrogatorio al que fue sometido en la SIEDO, El Tigre aceptó conocer a Edwin (Said González Isaías), quien era el encargado de la AFI en el AICM, incluso afirmó que se lo presentó otro agente federal llamado David. “Él era de la Interpol”, dijo El Tigre.
Y añadió: Aunado a lo anterior, tengo conocimiento que dicha persona manejaba la ruta del aeropuerto para la salida y entrada de dinero y maletas de droga, de acuerdo al testimonio de dos personas que fueron detenidas y puestas a disposición… de la SIEDO, derivado de la investigación del Box, presumiblemente operador financiero de Arturo Beltrán Leyva…
Esas personas manifestaron que uno de ellos era el que se encargaba de manejar la silla de ruedas en el aeropuerto y el otro se hacía pasar como una persona lisiada, este último manifestó ser amigo de infancia de Edwin, el encargado de la AFI en el aeropuerto, y también manifestó que lo iba a invitar a ganarse un dinero, para lo (cual) tenía que hacerse pasar por inválido, lo que aceptó y una vez hecho lo anterior fue llevado a un restaurante en el interior del aeropuerto, para entrevistarse con un individuo al que apodan El Grande (Sergio Villarreal Barragán, operador de Los Beltrán en la Comarca Lagunera) y con El Box, quienes le dijeron que tenía que seguir las indicaciones al pie de la letra y entregar el dinero en Venezuela.
Según El Tigre, la instrucción era que Edwin permaneciera un día en ese país. Por esa razón, agregó, lo “estábamos investigando”, pues era evidente que tenía vínculos con la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Por lo que atañe a la ficha criminal de El Tigre, Richard Arroyo Guízar, hijastro de Jesús Zambada García, capturado por elementos de la SIEDO en el operativo del 20 de octubre de 2008, declaró que ese día, durante el tiroteo, El Rey pensó que los atacaba una banda contraria, por lo que llamó por teléfono a Bayardo para que lo auxiliara. Y éste le respondió: “Ya voy, padrino, ya voy”, según Arroyo Guízar.
Asimismo, en su testimonio ministerial Arroyo Guízar aportó detalles de los vínculos de Bayardo y otros mandos de la PFP y de la SSP con el cártel de Sinaloa. Refirió, por ejemplo, que en una ocasión se entrevistó con él y otro policía conocido como El Pelón. “Nos saludamos –dijo– y Bayardo se puso a las órdenes de la organización”.
Desde entonces le íbamos dando dinero para que obtuviera puestos más altos dentro de la PGR y así (pudiera) sernos más útil. Quiero aclarar que la suma que en ese entonces se le proporcionaba era un aproximado de 100 mil dólares cada vez que nos decía que iba a ascender de puesto en la PGR, pues el dinero serviría de pago para las personas que lo estaban ayudando a obtener dichos puestos.
Por otra parte, a partir de noviembre del año pasado (se refiere a 2007) en que lo hicieron comisionado o inspector de la PFP, empezó a darnos seguridad, siendo ésta logística, ya que cuando sabía de un cateo o de información importante que se generaba en la PFP, inclusive en la DEA, relativa a la organización de mi padre, nos avisaba para que se tomaran las medidas necesarias.
Proceso 27/09/2009
domingo, 24 de mayo de 2009
En Cuernavaca, fue un golpe fallido, no era "El Borrado"
Genaro García Luna y sus muchachos cosechan pifias. Una más ocurrió el martes 5 en Cuernavaca, Morelos. Obsesionados por capturar a ‘El Borrado’ --un operador del cártel de los Beltrán Leyva--más de 200 agentes irrumpieron en una casa y se llevaron detenidos a varios de sus familiares, pero no al capo.
Ricardo Ravelo
MÉXICO, DF.- Poco antes de que finalizara el mes de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, tuvo conocimiento de que el capo Alberto Pineda Villa, "El Borrado" –pieza clave de la célula que encabezan los hermanos Beltrán Leyva– visitaría una de sus casas de Cuernavaca, Morelos, otrora feudo del cártel de Sinaloa, para convivir con sus padres y otros familiares cercanos.
A través de los órganos de inteligencia, que seguían los pasos de Pineda Villa, García Luna y sus subalternos Luis Cárdenas Palomino y Armando Espinoza de Benito –coordinador general de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) y comisionado de la División Antidrogas de la Agencia Federal de Investigación (AFI), respectivamente– pretendían detener al Borrado desde octubre de 2008, cuando el titular de la SSP fue interceptado cerca de Tepoztlán, Morelos, presuntamente por un grupo armado al servicio de Arturo Beltrán Leyva –jefe del mismo capo–, que maniató a su escolta y llevó al funcionario policiaco a una casa donde le reclamaron "si esta vez iba a cumplir los acuerdos pactados".
Pineda Villa no es una figura menor dentro del narcotráfico. En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008 –iniciada el año pasado, cuando el procurador Eduardo Medina Mora anunció la Operación Limpieza– se le menciona como enlace entre altos funcionarios de la SIEDO con los hermanos Beltrán Leyva, quienes recibían información sobre las investigaciones en su contra a cambio de pagos superiores a los 450 mil dólares mensuales.
Mediante sus enlaces dentro de la SIEDO, "El Borrado" "enganchó" a varios funcionarios de primer nivel, entre ellos al subprocurador Noé Ramírez Mandujano, quien está preso en un penal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, acusado de recibir sobornos del narcotráfico a cambio de información.
Como parte de la citada averiguación, el testigo protegido con nombre en clave Saúl declaró que el agente federal Javier Jiménez Sánchez, El Pinocho, era el contacto a través del cual Miguel Colorado, quien fuera coordinador de inteligencia de la SIEDO (actualmente preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, en espera de ser extraditado a Estados Unidos), le proporcionaba información en torno a las investigaciones que realizaba la PGR en contra de los Beltrán Leyva.
El grupo indio
Saúl también declaró que Jiménez Sánchez "se reportaba directamente con ‘El Borrado’", uno de los principales integrantes de dicha organización delictiva y que se encuentra en la misma categoría que El Grande (Sergio Villarreal Barragán), operador del cártel en la Comarca Lagunera y en el estado de Morelos.
Pineda Villa es perseguido desde que los Beltrán Leyva rompieron relaciones con Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, en enero de 2007, tras la aprehensión de Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo".
En los últimos días de abril pasado, García Luna ordenó que para atrapar a Pineda Villa se rentara una casa a pocos metros de donde viven sus padres, en la calle de Xochicalco esquina con Tlalchiltenango, en Cuernavaca. Muy cerca de ahí se localiza el Palacio de Gobierno de Morelos, donde trabajan funcionarios –incluido el gobernador panista Marco Antonio Adame– envueltos en sospechas de "narcopolítica" y corrupción.
Al inmueble arrendado se fueron a vivir agentes de la Policía Federal Preventiva integrantes del grupo Indio. Desde ese sitio se mantenían bajo observación todos los movimientos de los padres, hermanos, tíos, parientes y amigos de "El Borrado".
Todos los días Cárdenas Palomino y el comandante Armando Espinosa recibían reportes sobre lo que hacían los familiares de Pineda Villa, pero el famoso Borrado no aparecía.
Esto preocupó a los subalternos de García Luna, quienes decidieron mantener a los integrantes del grupo Indio por tiempo indefinido en la vivienda arrendada. La instrucción era precisa: "Queremos al Borrado".
El martes 5, los agentes del grupo Indio reportaron a Cárdenas Palomino que en la casa de los padres de Pineda Villa se estaba llevando a cabo una reunión familiar. El reporte policiaco, que también fue entregado a García Luna, detalló los pormenores de lo que parecía una fiesta:
"Solamente están los papás y otras personas adultas…Una persona que trajo un cerdo (y llegó) con dos ayudantes; al parecer son los encargados de preparar las carnitas… ¿Cuál es la indicación?", preguntaba el jefe policiaco al frente del grupo Indio.
De acuerdo con datos corroborados por Proceso a través de cuatro fuentes distintas, algunas de las cuales tuvieron conocimiento de la investigación con la que se integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/163/2009, entre las personas presentes en la fiesta no había gente armada "ni en actitud sospechosa". No sólo eso: el propio García Luna fue informado de que "en dicha casa no se encontraba "El Borrado"".
Interrumpen convivio
Pese a la ausencia del capo, Cárdenas Palomino y el comandante Armando Espinoza de Benito recibieron la orden de García Luna de realizar un operativo, sin dar aviso al Ejército, cuyos efectivos intervinieron después y sólo para custodiar la casa.
En pleno convivio, unos 200 agentes federales irrumpieron en la casa y arrestaron a 14 personas, entre éstas a dos señoras de la tercera edad, –Rosalba (madre de "El Borrado") y Humbertina Villa Ortuño. También fue aprehendido el padre del presunto capo, Salomón Pineda Bermúdez, de 73 años.
Las otras 11 personas detenidas son: Conrado González Moreno, Luis Javier Torres González, Rafael Segovia López, José Rentaría Morales, Quintín Diego Rogelio, Javier Hurtado Gómez, Alejandro Navarrete Gutiérrez, Edmundo Ledesma García, María Reina Osorio, Leonor Villa Ortuño y Salomón Pineda Villa.
Este último es el hermano menor de Alberto –enlace de los hermanos Beltrán–, quien hasta antes de su detención no contaba con antecedentes en ninguna averiguación previa de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Sin embargo, Salomón Pineda Villa fue presentado por los agentes de la PFP como si se tratara de Alberto, es decir, "El Borrado". Hasta la fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha confirmado que el capo se encuentra libre y que no estuvo presente en la fiesta familiar del 5 de mayo.
Después del cateo, que se efectuó sin orden judicial, la casa fue prácticamente vaciada por los agentes de la PFP: sacaron mesas de madera, platos, licuadoras y refrigeradores, así como enseres domésticos que los miembros del grupo Indio almacenaron en la casa que habían rentado para espiar a la familia del capo, la cual fue habilitada como bodega.
Durante y después del operativo, los policías federales, según confirmó una fuente consultada, incurrieron en excesos. Maltrataron a los detenidos, quienes fueron trasladados, sin excepción, al Centro de Mando de la PFP donde a las señoras de avanzada edad les recogieron sus agujas de tejer y se les sembró un imponente rifle de asalto AR-15. Hicieron lo mismo con los otros detenidos.
Posteriormente, la SIEDO integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/163/2009 y altos funcionarios de esa dependencia, entre ellos la subprocuradora Marisela Morales, giraron instrucciones a todos los fiscales especializados en delitos contra la salud para que fortalecieran la indagatoria. De esa manera, los padres de "El Borrado" y su hermano Salomón Pineda fueron acusados de fungir como operadores de la organización delictiva de los hermanos Beltrán Leyva.
Advertencias
El domingo 10, cinco días después del operativo, grupos de la delincuencia organizada como el cártel del Golfo, "La Familia Michoacana" y los Beltrán Leyva, entre otros, procedieron a colocar en 20 estados del país narcomantas dirigidas al presidente Felipe Calderón. En éstas se acusa a Genaro García Luna y sus subalternos Luis Cárdenas Palomino y Armando Espinoza de Benito (los que ordenaron el operativo en la casa de los padres de "El Borrado") de violar las reglas y de atropellar los derechos de sus familiares.
En Acapulco, Guerrero –uno de los feudos de los Beltrán Leyva, quienes están asociados con el cártel del Golfo– aparecieron dos narcomantas firmadas por integrantes de "La Familia" en la que se dirigen al presidente Calderón en estos términos:
"Estamos conscientes de nuestros actos, pero en total desacuerdo que involucren a padres, hermanos y demás familiares. Es una regla mundial que ha existido en todos los tiempos: la familia se respeta".
En otra manta los capos se dirigen al titular de la SSP, Genaro García Luna y a sus colaboradores. Dice el texto:
"Nosotros le preguntamos a Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinosa de Benito y (a) todos los que participan en abusos de autoridad y arbitrariedades que están haciendo en contra de la mayoría de los mexicanos, si sus familias son culpables de sus actos y si deben de pagar por éstos. Esperamos abran los ojos de la clase de gente que tiene en los cargos públicos, nosotros no rompemos los códigos. La familia se respeta".
Los narcomensajes causaron temor en el gabinete de seguridad del presidente Felipe Calderón, especialmente en la SSP y en la PGR. Tras la aparición de las narcomantas en los estados de México, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca, Aguascalientes, Guerrero, Chihuahua, Sonora, Puebla, Guanajuato, Morelos, Veracruz, entre otros estados que son asiento de los cárteles del Golfo, La Familia y de los Beltrán Leyva, se reforzó la seguridad personal de García Luna, Cárdenas Palominos y Armando Espinoza de Benito.
Las medidas de seguridad, tomadas porque temen un ataque del crimen organizado --por presuntas complicidades, abusos y atropellos contra familiares de narcotraficantes--, consisten en grupos de avanzada, en el caso de recorridos por tierra, así como mayor despliegue de agentes en torno a los domicilios de cada uno de sus familiares.
Morelos: la narcopolítica
La captura de los familiares del capo Alberto Pineda Villa puso al descubierto las presuntas complicidades del gobierno que encabeza el panista Marco Antonio Adame Castillo con el narcotráfico, en particular con la célula de Arturo Beltrán Leyva.
El nuevo escándalo de narcopolítica en Morelos estalló luego de que la PGR arraigó por 40 días a Luis Ángel Cabeza de Vaca (recomendado por el también panista Sergio Estrada Cajigal, quien durante su gobierno fue señalado de tener presuntos vínculos con el narcotráfico), quien fungía como secretario de Seguridad Pública, así como a Francisco Sánchez González, exdirector de tránsito municipal, por sus presuntos vínculos con los Beltrán Leyva.
La infiltración del narcotráfico en el gobierno de Adame Castillo parece aún más grave: El comandante ministerial, Salvador Pintado Vázquez, también es investigado por la Siedo: es señalado como enlace de los Beltrán Leyva con funcionarios del gobierno del estado.
La crisis política alcanzó el máximo de su ebullición el viernes 15, cuando el procurador Francisco Coronado renunció a su cargo; también se anunció que es investigado por presuntos nexos con el tráfico de drogas.
Investigan a policías
Además, unos cuarenta agentes estatales adscritos a Yautepec, Morelos, son investigados por la PGR, pues se les acusa de formar parte del grupo "Los Zafiros", a los que se les atribuyen crímenes y secuestros que presuntamente ordenaban los hermanos Beltrán Leyva y su operador, Alberto Pineda Villa, "El Borrado".
De acuerdo con la SSP, Salvador Pintado dirigía el grupo y formaba parte de la organización encabezada por Pineda Villa. Por su parte, Jesús Ulises Abundes Valenzuela y Juan Carlos Rodríguez Paralta, ambos policías del Grupo de Reacción y Operación Táctica de la Policía Metropolitana de Cuernavaca, "plagiaban personas y protegían a los narcotraficantes".
El ex agente José Antonio Cereth Reyes tenía la tarea de vigilar los accesos de Cuernavaca y también fungía como sicario junto con Pablo Parra Bruno, otro policía morelense.
El 18 de mayo el gobernador Adame Castillo se desligó del escándalo que envuelve a los funcionarios de su gabinete, al afirmar que las investigaciones federales fueron coordinadas con su gobierno desde hace varios meses.
La infiltración del narcotráfico en el estado de Morelos y en la estructura de poder no es nueva: el ex gobernador Sergio Estrada Cajigal, antecesor de Adame Castillo, también fue relacionado con el tráfico de drogas y con el capo Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul", quien operaba con toda libertad al cobijo del gobierno estatal. (APRO)
miércoles, 8 de abril de 2009
La casa de García Luna
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Reforma
Por informar sobre su nueva residencia, que probablemente cuesta 20 millones de pesos, muy por encima de sus posibilidades formales, el secretario de Seguridad Pública amenaza a la reportera Anabel Hernández
El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, construye en un fraccionamiento de lujo en el sur de la Ciudad de México una casa cuyo costo no puede ser solventado con sus ingresos conocidos. Por exponerlo así en un reportaje la periodista Anabel Hernández ha sido atacada verbalmente por García Luna, lo que la hizo presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que el 2 de abril solicitó medidas cautelares de protección ¡a la propia Secretaría de Seguridad Pública! Su titular probablemente no ha cesado de reír ante la ridiculez del pedido y por ello no lo contestó dentro del término de tres días en que debía hacerlo. Sí logró, en cambio, que un residente en la calle donde construye su casa haya sido detenido, y arraigado a partir de lunes 6, acusado de varios delitos, aunque la periodista calcula que es una represalia causada por la creencia de que pudo ofrecerle información sobre la casa, y porque da la casualidad de que el vecino, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, critica en medios la actuación de García Luna.
El 27 de marzo, en la revista electrónica Reporte Índigo la reportera Hernández publicó amplia información sobre la nueva casa del secretario García Luna, que ya se había mudado en 2007 al mismo barrio en que ahora denota su prosperidad. Ésta cuesta casi tres veces más de la primera, que fue adquirida por siete y medio millones de pesos, cuyo pago se realizó de manera confusa, mal explicada. Él mismo, en su declaración patrimonial de 2008, reporta que en ese momento debía seis millones y medio por el crédito hipotecario otorgado por Banca Inbursa que le permitió comprarla. Pero su coordinadora de asesores, Lizeth Parra, dijo a Katia D'Artigues, columnista de El Universal, que el crédito montó 5.8 millones de pesos, que aun debe el secretario, y que el resto lo pagó García Luna en efectivo, lo cual remite a preguntar sobre ese millón 700 mil pesos que acaso tenía el funcionario en el colchón porque no aparece en sus declaraciones patrimoniales previas.
Tampoco aparece en ella otro guardadito de García Luna del que sin querer dio cuenta Parra a D'Artigues. Explicó que el terreno donde se construye la nueva residencia del secretario fue comprado gracias a la venta de la casa donde tiene su actual domicilio. La vendió en 9 millones: una muy buena plusvalía, pues en sólo un año pasó de siete y medio a 9 millones de pesos. De esta última cantidad le fue cubierta la tercera parte, 3 millones. Con ellos "y parte del dinero que tiene ahorrado" pagó el predio de la casa en cuestión.
El propio García Luna no tiene clara la información sobre sus cuentas y el monto de su patrimonio. Entrevistado por Joaquín López-Dóriga (dentro de una ronda de salidas al aire para contrarrestar la información de Reporte Índigo) dijo que en 2007 tuvo ingresos por 5 millones 127 mil pesos , de los cuales 2 millones eran de su sueldo, 2 millones 772 de la liquidación de su seguro de separación individualizado (que en realidad recibió el año anterior, 2006, cuando dejó de ser director general de la AFI) y 350 mil pesos de una cuenta de ahorro, que también debe haber sido liquidada, pues sólo una inmensa fortuna daría réditos por esa cantidad en una cuenta de ahorros... y nadie con dos dedos de frente llega a reunir esa cifra en una forma de depósito que paga menos que el índice de inflación.
Por otra parte, el crédito que García Luna recibió de Banca Inbursa debió ser hecho en condiciones extraordinarias, porque está vigente y sin embargo el secretario pudo vender la propiedad, no obstante que el sentido de las hipotecas es que los acreditados no puedan ejercer actos de dominio sobre el bien gravado.
Al mismo tiempo que intentaba en varias entrevistas precisar los términos en que adquirió el terreno y el costo de la nueva casa, García Luna buscó desprestigiar a la periodista Hernández. Dijo que se cometió una infamia al difundir el domicilio donde vivirá, con merma de su seguridad y la de su familia, y hasta implicó que los señalamientos en su contra forman parte de una "campaña del crimen organizado". Anunció que demandará civilmente -por daño moral- a la reportera, autora del libro Los cómplices del Presidente, aparecido en noviembre anterior (días antes de la muerte de uno de sus protagonistas), donde se acumula vasta información sobre Juan Camilo Mouriño y García Luna, dos colaboradores favoritos del Presidente.
Dos reporteros de TVC (el canal de información de los cableros) y el taxista que los transportaba, enviados a realizar un reportaje sobre la nueva casa, fueron detenidos e implicados por unas horas en un presunto atentado contra el secretario. Igualmente fue detenido el viernes 3 el abogado Roberto Vidal, que fue secretario de Seguridad con Roberto Madrazo en Tabasco, ahora es profesor en la UNAM y vive en la calle de esa nueva residencia. Fue capturado por agentes federales cuando salía de un programa de radio (a semejanza de la detención de otro crítico de García Luna, el comandante Javier Herrera Valles, que fue detenido al dirigirse a un programa de televisión y hoy está sometido a proceso). Anteayer se notificó que Vidal quedó arraigado por 40 días, mientras se le pueden fincar cargos por delitos contra la salud, lavado de dinero y delincuencia organizada. En busca de cómo incriminarlo, en el interrogatorio inicial se le preguntó por su presunta implicación en el atentado contra el general Francisco Fernández Solís.
Cajón de Sastre
Murió el maestro Agustín Alvero Pérez Carrillo, que en dos periodos, de 1981 a 1988, y de 1989 a 1993, fue abogado general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Antes y después fue profesor en el Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco de la propia UAM. Escribió La justicia constitucional de la Suprema Corte 1995-2004. Un grupo de sus alumnos, hablando por sí y "seguramente (por) muchos miles más que tuvimos la oportunidad de conocer y disfrutar a nuestro maestro", lo evocaron ayer así: "Distinguido docente e investigador, maestro de muchas generaciones que apreciamos los grandes valores que lo caracterizaron, como el amor por el conocimiento, la disciplina, el estricto cumplimiento del deber, su honradez y calidad humana, que le permitieron ser no sólo maestro en lo académico, sino también maestro de vida".
domingo, 5 de abril de 2009
García Luna, el perseguidor amenaza con demandar a reportera.
Enfurecido por la publicación de un reportaje en la revista electrónica Reporte Índigo en el que la periodista Anabel Hernández informó sobre la construcción de una residencia suya con un valor estimado en 20 millones de pesos, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ordenó arrestar a cuatro personas
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, DF.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le pidió al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tomar medidas de protección a favor de la reportera Anabel Hernández, a quien el propio funcionario pretende llevar ante la justicia civil por considerar que su trabajo periodístico ataca su privacidad y pone en riesgo la vida de sus familiares.
La petición de la CNDH es una consecuencia más del reportaje publicado por Anabel Hernández sobre la construcción de una residencia de García Luna estimada en 20 millones de pesos. En menos de una semana dos periodistas de la televisión por cable TVC y un vecino de García Luna, el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM Roberto Vidal Méndez, fueron detenidos por hechos relacionados con este asunto.
En lo que Anabel Hernández considera "una cacería de brujas" y "una agresión en escalada" por parte del funcionario federal, Vidal Méndez fue detenido la mañana del jueves 2 por elementos de la Policía Federal Preventiva, dependiente de García Luna. De acuerdo con el profesor, los agentes le sembraron un arma de fuego y 25 mil pesos.
Vidal Méndez fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Roberto Madrazo y uno de los críticos de García Luna. Es además testigo de la construcción de la residencia del funcionario federal pues vive justo enfrente de la obra, en la colonia Jardines de la Montaña, al sur de la Ciudad de México.
TRABAJOS DE ESPIONAJE
García Luna aludió a la serie de publicaciones de la periodista sobre él desde que trabajaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como de la época en que laboró en la Agencia Federal de Investigación (AFI) y su gestión en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La periodista también ha incursionado en los antecedentes de colaboradores de García Luna, como el coordinador general de Inteligencia Policial para la Prevención del Delito de la SSP, Luis Cárdenas Palomino, quien en 1987 participó en un homicidio de un taxista en la Ciudad de México.
En noviembre pasado, Anabel Hernández publicó su libro Los cómplices del presidente en el que señala que durante la campaña presidencial de 2006 García Luna realizó trabajos de espionaje a favor del entonces candidato del PAN, Felipe Calderón.
En sus declaraciones a García Soto, el titular de la SSP aseguró que al colocar su domicilio en internet, el reportaje de Anabel Hernández no sólo vulneró su seguridad personal y la de su familia, sino que implica un riesgo por "el combate frontal que tenemos contra el crimen".
INTERPONE QUEJA
Ante el anuncio de la demanda, el mismo día de esas declaraciones la periodista interpuso una queja ante la Quinta Visitaduría de la CNDH, responsable del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. La respuesta la obtuvo la noche del jueves 2, cuando el organismo informó sobre la solicitud al propio García Luna para que tome medidas cautelares no sólo a favor de la quejosa, sino también de su familia.
La CNDH le dio al funcionario de la SSP un plazo de tres días calendario para que responda si acepta o no la petición, aunque de acuerdo con funcionarios de la comisión podría llevarse más tiempo. De aceptarlas, deberá explicar en qué consisten.
En un comunicado de la CNDH, la Quinta Visitaduría explicó que la adopción de las medidas solicitadas obedece al "temor fundado de la periodista de ser víctima de hechos contra la seguridad, la integridad física y la libertad de expresión de ella y sus familiares".
Precisó: La periodista considera que está en riesgo su vida, la de su familia, la integridad de su hija y de manera particular su estado de gravidez como consecuencia de haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, por lo que solicitó las medidas cautelares. Lo que se busca, dijo, "es evitar la consumación de hechos violentos de difícil o imposible reparación".
INTIMIDACIONES
A cargo de Mauricio Farah Guebara, la visitaduría añadió que de acuerdo con la quejosa, las declaraciones de García Luna en algunos noticiarios refieren que sus escritos "forman parte de una campaña orquestada por el crimen organizado", además de dejar en claro su pretensión de demandarla por ataques a su vida privada y por poner en riesgo la vida de sus familiares.
En entrevista la periodista explica que las medidas consisten en pedirle a García Luna que "se abstenga de violar mis derechos y de hacer pronunciamientos que puedan incitar a que incluso terceros puedan tomar represalias en mi contra. Lo que le piden es que no viole mis derechos humanos y no coarte mi libre ejercicio periodístico".
Autora también de publicaciones sobre los abusos de poder en el sexenio de Vicente Fox, dice que le asiste el derecho de tener protección de la PGR, pero "por razones obvias no es algo que piense". La periodista cuenta con seguridad proporcionada por su empresa.
Asegura que tras la publicación del reportaje, García Luna "se inventó el rumor del supuesto atentado contra su familia y que por haber hecho públicas sus direcciones puede ser víctima de un delito".
Sobre la denuncia, que de acuerdo con la periodista también ha sido anunciada por su coordinadora de asesores, Lissete Parra, asegura que no existe ninguna justificación. "No sé bajo qué concepto la pondría".
Hasta la noche del viernes 3 ni la periodista ni la CNDH habían sido notificadas sobre la anunciada demanda.
DETENCIÓN ABSURDA
Y agrega: "Quizá el secretario piense o supone que este vecino fue el que dio la información; lo cual me parece absurdo porque tendría que detener a todos los vecinos de Jardines de la Montaña, o a los barrenderos y a la policía particular que vigila la colonia. Es una arbitrariedad y creo que es una escalada de la agresión que inició con la detención de los periodistas".
Anabel Hernández considera que la agresión puede escalar aún más, pues el mensaje es que "todos aquellos que investiguen mis propiedades, a la cárcel. Eso es muy grave para los periodistas, máxime cuando se trata del secretario de Seguridad Pública, quien tiene el poder sobre la policía federal. Es como si el trabajo de rendición de cuentas estuviera prohibido".
A lo largo de una semana, en vez de explicar los recursos con que está construyendo su residencia, lo que García Luna ha hecho es perseguir a quienes, según él, están queriendo sacar a la luz pública los bienes que no puede justificar, asegura Anabel Hernández.
Añade: "Es muy grave que la rendición de cuentas se tope con rumores sobre supuestos atentados". Peor todavía, que se anuncien medidas judiciales, aunque "a mí no preocupa la demanda. ¿De qué me va a demandar? En Reporte Índigo tenemos los documentos que avalan la investigación que hicimos. Lo que me preocupa son las detenciones arbitrarias".
Insiste: La demanda no se justifica. "Si esa fuera la norma, no se habrían conocido casos de corrupción en el mundo como el de Watergate, el Irán-contras o Montesinos (en Perú)". (APRO)
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