SME inicia resistencia y exige liberar cuotas

Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas afines a Martín Esparza acordaron iniciar una etapa de resistencia legal y pacífica hasta que se le otorgue la toma de nota a la dirigencia de esa organización

Julián Sánchez El Universal Viernes 09 de octubre de 2009 julian.sanchez@eluniversal.com.mx

Miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas afines a Martín Esparza acordaron iniciar una etapa de resistencia legal y pacífica hasta que se le otorgue la toma de nota a la dirigencia de esa organización.
Emplazaron al gobierno federal a que a más tardar el próximo lunes les resuelva esta y otras demandas, entre ellas la liberación de las cuotas sindicales y el descongelamiento de las cuentas bancarias.
Esparza anunció que acudirán a las oficinas de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) para exigirle al director, Jorge Gutiérrez Vera, que cumpla con lo anterior, además de diseñar una estrategia de inversión y operación para evitar la quiebra técnica de la paraestatal.
Tras una marcha de electricistas y de otras organizaciones sindicales que concluyó con saldo blanco, Esparza festejó lo que dijo: “Logramos la apertura de la puerta de Los Pinos”.
Anoche, en un comunicado, la Presidencia informó sobre la reunión entre Luis Felipe Bravo Mena y una comisión del SME encabezada por el líder referido, a quien tres veces citaron como “el señor Esparza”.
El movimiento político que lidera Andrés Manuel López Obrador acusó una “embestida” oficial para concretar la privatización eléctrica.

Atando cabos

Denise Maerker

9 de octubre de 2009

Ni un peso más III

Definitivamente no debemos aceptar que nos cobren más impuestos. A sólo dos semanas de que se tome la decisión, se nos exige otra vez una mayor contribución sin ofrecer a cambio gastar menos y mejor. Sobran las evidencias de que no hay control ni transparencia en el manejo de miles de millones de pesos, y abundan los casos de pequeños y grandes excesos.
Y no es que no haya buenas razones para aumentar los impuestos. Los especialistas llevan semanas explicándonos que el problema es real y serio, que las finanzas públicas están en problemas y que cada año, conforme disminuyan los ingresos petroleros, será más difícil. Las cifras no mienten: en Brasil la gente paga 20% de IVA y en Chile el IVA es de 19%.
Nadie puede estar tampoco en contra de que se aumente el presupuesto de Oportunidades para mitigar el impacto que tendrán sobre las familias más pobres la crisis económica y el aumento del precio de los alimentos. Y sí, todos tenemos la obligación de pagar impuestos y de participar en el esfuerzo colectivo aunque no lo notemos en la esquina de nuestras casas. En un país con la pobreza y la desigualdad del nuestro, los impuestos se tienen que notar en Chiapas, en Oaxaca, en la Tarahumara y en puertos y carreteras. La discusión no esta ahí.
El problema es que si hoy aceptamos pagar más impuestos sabemos que éstos van a acabar en manos de una clase política que está acostumbrada a los excesos y a la opacidad. Unos datos: entre 2001 y 2007 aumentó 68% el dinero que se gastaron los municipios en burocracia. Los estados recibieron entre 2006 y 2008, gracias a los excedentes petroleros, 14% más de lo que tenían presupuestado, y no sólo se lo gastaron todo sino que además se endeudaron. Estos son los grandes datos. Pero todos los días nos enteramos de excesos inadmisibles.
La respuesta del gobierno y de la clase política a la exigencia de austeridad ha sido muy tímida: una que otra declaración sin consecuencias, uno que otro gesto individual, algunas propuestas sin concretarse y un rechazo escandaloso por parte de los gobernadores y de los legisladores que los obedecen para que se plantee siquiera el que los estados rindan cuentas de las millonarias transferencias que reciben. El tema no les gusta, el dinero es poder.
Además, la política en nuestro país ha sido vista siempre como un medio de ascenso social y una estrategia para acumular riquezas. Por eso, y mientras tanto, ni un peso más.

Publicidad oficial: criterios arbitrarios

GRACIELA RODRÍGUEZ MANZO Y LUIS MIGUEL CANO LÓPEZ *

¿Puede el gobierno determinar a discreción en cuáles medios de comunicación difunde su publicidad oficial? Si así lo hace, ¿ese proceder contraviene derechos fundamentales? Las respuestas a estos interrogantes suponen tener en mente algunas ideas esenciales:
De entrada, observar que los medios de comunicación y, más importante aún, las personas dedicadas a este ramo ven respaldadas sus actividades en el ejercicio de dos derechos humanos determinantes en los regímenes democráticos serios y consolidados: la libertad de expresión y el derecho a informar, los cuales no sólo tienen un alcance individual, sino en igual medida, una vertiente social, en tanto que contribuyen a que la sociedad forme sus convicciones sobre temas de interés público y participe en ellos.
De igual manera, precisar los alcances de la libertad de expresión y el derecho a transmitir y recibir información, de tal modo que quede claro que su respeto no se limita a que el gobierno no impida abiertamente que las personas y los medios puedan difundir entre el público todo tipo de puntos de vista, opiniones e ideas, por un lado, y hechos, por el otro, sino que la obligación de respetar ambos derechos fundamentales abarca también que el gobierno los proteja frente a ataques externos, los promueva e incentive.
En contrapartida, importa considerar tres aspectos: uno, si el gobierno posee derecho alguno para elegir, entre las diversas opciones que ofrecen los medios de comunicación, en cuál de ellas habrá de hacer llegar a la población su publicidad oficial; dos, de contar con esa prerrogativa, si resultan necesarias reglas que condicionen esa decisión, por ejemplo, en lo concerniente a la idoneidad del medio y el impacto de la publicidad, y tres, si en todo ello tiene algún peso el respeto a los derechos humanos mencionados.
Una primera respuesta basada en una óptica oficialista y apegada a una especie de realismo político fácilmente podría sostener que ningún gobierno tiene la obligación de pagarle a los medios de comunicación para que lo critiquen; o en otras palabras, otorgarle recursos públicos por vía de la contratación de la transmisión de publicidad oficial. Por el contrario, como cualquiera, el gobierno puede hacer con “su” dinero lo que mejor le convenga, como apoyar a los medios de comunicación que lo respalden.
Una segunda respuesta, que comparta una visión formalista y liberalista de los derechos, bien podría añadir que nunca un gobierno está obligado, por respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información, a invertir recursos del erario para hacer realidad el disfrute efectivo de tales derechos, pues en todo caso será el mercado quien premie o castigue a los medios de comunicación y permita su subsistencia, lo que se confirmaría porque los artículos sexto y séptimo constitucionales nada dicen al respecto.
Sin embargo, esas respuestas ignorarían normas provenientes del derecho internacional de los derechos humanos que, como tales, son parte integrante de nuestro orden jurídico supremo. Por un lado, que el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe que se restrinjan la libertad de expresión y el derecho a informar por vías indirectas encaminadas a impedir la comunicación y la circulación de ideas, opiniones y hechos, como podría resultar la asignación arbitraria de publicidad oficial.
O más claro aún, que el principio 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión afirma tajante que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”. Que “los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente”, así como que “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”. Con lo cual resulta por demás manifiesto que el respeto a esos derechos humanos debe guiar la asignación de publicidad oficial.
Con todo lo anterior en mente, y dejando para otro momento las experiencias en otros países o incluso algún precedente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se determinó una violación a la libertad de expresión por parte de un gobierno que presionó a empresas privadas para no transmitir en un medio de comunicación, la respuesta definitiva a los interrogantes formulados es que en un Estado democrático, por respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información, el gobierno no puede decidir arbitrariamente a qué medios les asigna publicidad oficial, sino que debe hacerlo con criterios certeros, guiado por el principio de igualdad y fomentando la pluralidad.
* Especialistas en litigio de interés público en defensa de derechos humanos.

2 de octubre sí se olvida... oficialmente

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Los rastros sobre el número de víctimas de la represión en la Plaza de las Tres Culturas se pierden en un laberinto de rumores, ineficiencias, ocultamientos y desmemoria. La última pista –los archivos de las autopsias realizadas los días subsecuentes– desapareció y ninguna instancia gubernamental parece interesada en conocer su destino.
El “genocidio sin genocidas” con el que la justicia federal cerró el caso del 2 de octubre de 1968 y las deficiencias de la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) tuvieron el mismo efecto que los contradictorios reportes oficiales de la época: el ocultamiento del número de víctimas de la masacre.A pesar de que acusó a los responsables de la seguridad nacional de entonces, encabezada por el principal sobreviviente, Luis Echeverría Álvarez, de haber cometido “genocidio” porque pretendían “el exterminio” del grupo nacional identificado como “los estudiantes”, el titular de la Femospp, Ignacio Carrillo, sólo acreditó ante la justicia la muerte de 11 de ellos durante la represión en Tlatelolco.
En su Informe general histórico a la sociedad mexicana, Carrillo aseguró que también “acreditó debidamente” la muerte de un profesor y nueve personas ajenas al movimiento estudiantil. En total, 21 personas.El número de muertos, al menos por las autopsias hechas, difícilmente se podrá conocer con certeza. De acuerdo con exfuncionarios del Servicio Médico Forense (Semefo), están perdidos los registros de las necropsias practicadas en el Distrito Federal entre 1911 y 1974.
En las declaraciones que hizo ante la Femospp, el entonces director del Semefo, José Ramón Fernández Cáceres, consideró que los archivos de las autopsias realizadas el 3 de octubre a los cadáveres de las víctimas de Tlatelolco también pudieron haber sido recogidos por la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS).
El testimonio ministerial, contenido en el toca penal 344/2006, indica que esos expedientes los conservó durante algunos meses en un archivo confidencial el entonces director del Semefo, Miguel Gilbon Maitret. En febrero de 1985, el director Mario Alva Rodríguez remitió al archivo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF, del que depende el Semefo) todos los expedientes de las necropsias de aquel periodo.
Sin embargo, al comparecer ante la fiscalía el 31 de octubre de 2002, Fernández Cáceres aseguró que en el archivo judicial tampoco están los expedientes. Explicó: “Al solicitarnos (el fiscal) Ignacio Carrillo estos expedientes (…) los solicitamos al citado archivo judicial”. La repuesta oficial fue que “no existen constancias ni del ingreso ni mucho menos de (su) egreso, ignorando hasta el momento el destino que tuvieron”.
Fernández hizo entonces una pesquisa en el interior del Semefo, centrándose en quien fue jefa del archivo del forense en 1985, María de Lourdes Hermosillo Aspeitia: “Nos indicó que le constaba la entrega de dichos expedientes al archivo judicial, en lo que fue la antigua casona del sindicato” del TSJDF, ubicado en la calle Doctor Lavista, pero que “por descuido involuntario, no recabó la firma en el acuse de recibo, pero que si era necesario así lo declararía ante la autoridad”. Lo mismo haría el exdirector Alva Rodríguez.
La exdirectora del archivo refirió que la casona fue derrumbada para construir los juzgados familiares del TSJDF y que, al parecer, los expedientes fueron enviados a las bodegas del Reclusorio Sur.
El remate de la historia que cuenta el exdirector del Semefo es todavía peor: la directora del archivo judicial en 2002 quiso hablar sobre el particular con quien fue la directora del mismo archivo en 1985, “y, según me platicó, su pesquisa fue negativa, puesto que al parecer esa persona actualmente se encuentra trastornada de sus facultades mentales”, por lo que no existen constancias de que los expedientes hayan estado ni en el archivo del TSJDF ni en el Reclusorio Sur.
Aún más, dice que “por el año 1969 o 1970, corrió la versión de que la DFS recogió en todas las dependencias involucradas los archivos referentes y resultantes (de) los hechos del 2 de octubre”. Entre ellos, supone, estaban los del Semefo del Distrito Federal, pero declaró no recordar los nombres de las personas que generaron ese rumor “ni dónde lo escuché”.
En su informe, que apenas y circuló hacia finales del sexenio pasado, la Femospp nada dice sobre la intención del fiscal de dar con esos archivos. Sólo da por hecho que hubo 21 muertos, pero no precisa la manera en que llegó a esa “acreditación plena”.
Para mayor confusión, el reporte publicado a finales de 2006 maneja diferentes cifras. Por ejemplo, en el capítulo IV de los anexos, presenta una lista de 85 muertos relacionados con el movimiento estudiantil: nueve, en hechos anteriores al 2 de octubre; 70 ese día, incluidos dos militares; uno “por hechos posteriores” a esa fecha, y cinco “por otros momentos del movimiento estudiantil”.
Los informes oficiales de entonces, elaborados por la DFS y la también extinta Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS), mencionan incluso cifras de decesos mayores que las que “acreditó debidamente” el fiscal y por las que consignó a Echeverría y a otros ocho exfuncionarios civiles y militares del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.
Sólo rumores
Una revisión que hizo Proceso de las actas de defunción en el Registro Civil del Distrito Federal indica que, tan sólo por hechos ocurridos “en la vía pública” el 2 de octubre de 1968, se inscribieron 29 decesos con características similares: traumatismo craneoencefálico o toráxico, heridas por proyectil de arma de fuego, congestión visceral generalizada, heridas punzocortantes o conjunto de lesiones. Entre el 3 y el 5 de octubre se registró la muerte de otras 14 personas por motivos parecidos.
Las víctimas mencionadas por la fiscalía forman parte de esos registros y coinciden en su mayoría con los nombres grabados en la estela levantada en Tlatelolco con la leyenda “1968-1993 CNH Adelante!! A los compañeros caídos en esta plaza”, erigida por la exdirigencia del Consejo Nacional de Huelga (CNH).
La cifra es apenas un acercamiento a lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas. En su comparecencia ante la fiscalía, José Ramón Fernández Cáceres señaló que recibieron por lo menos una treintena de cadáveres de niños, adolescentes y adultos, tanto de hombres como de mujeres. Precisó que los cuerpos en general presentaban heridas por disparo de arma de fuego y por instrumentos punzocortantes, predominando en la cabeza y el tórax.
Lázaro Hernández Bernal, entonces mecanógrafo del Semefo, declaró a la fiscalía que transcribió los protocolos de las necropsias de los cadáveres que llegaron de la Cruz Roja, los hospitales de urgencias Rubén Leñero, Traumatología de Balbuena, Xoco y La Villa.
Sin embargo, Fernández Cáceres declaró –“sin que me conste”– que en esos mismos hospitales “estas autopsias se realizaban y realizan en los cadáveres de personas lesionadas que en esta calidad ingresaban o ingresan a cada uno de esos hospitales y que en el transcurso de su evolución fallecían en ellos, por lo que desconozco si en octubre de 1968 ingresaron lesionadas a esos hospitales personas procedentes de Tlatelolco y, por consiguiente, que hayan fallecido ahí y hayan sido autopsiados”.
También mencionó el rumor “de que llegó el Ejército al hospital Rubén Leñero y sacó a los lesionados y se los llevó”.En el Semefo, narró, había militares y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, aunque no pudo asegurar que el Ejército hubiera tomado las instalaciones. También refirió la vigilancia por parte de agentes policiales.
El exsubdirector del Semefo, Gilberto Ibarra Mora, quien en esa época era estudiante de medicina y al día siguiente de la matanza acudió al lugar para acompañar a su padre, que era perito médico, declaró a la Femospp en noviembre de 2002 que, además de escribir dos o tres autopsias dictadas por su padre, “vio a un militar de rango (y) un camión militar con lona estacionado atrás del Semefo por donde entraban y salían los cuerpos”.
El informe de la Femospp tampoco aclara si las autopsias a las víctimas se hicieron sólo en el Semefo y mucho menos dejó testimonio de que haya investigado el levantamiento de heridos por parte del Ejército.Por lo que hace a los cuerpos que llegaron al Semefo, Fernández le dijo a la fiscalía que, de acuerdo con la averiguación previa que acompañaba la orden de cada autopsia, los cadáveres habían sido recogidos en la Plaza de las Tres Culturas y trasladados a la Agencia del Ministerio Público.
Mencionó que en total practicaron “alrededor de 30 o 34” autopsias y que la mayoría de los cuerpos ingresaron identificados. Explicó que, en su condición de aprendiz, los médicos le explicaron las causas de algunas de las muertes: “Fíjate muy bien en estas lesiones, ya que en la vida civil difícilmente las vas a volver a ver… son típicas de la vida militar”.
Añadió: “me indicaron que, por la fuerza del choque y las grandes lesiones que presentaban algunos cadáveres en la cabeza, pudiera tratarse de lesiones estando las víctimas tiradas en el piso y por arma punzocortante”.
Recordó que otros cadáveres tenían heridas por proyectil de arma de fuego, pero casi todas esas heridas contaban con un amplio orificio de salida. Si se extrajeron proyectiles, fueron muy pocos.
Refiere el caso de una estudiante que era su compañera en el primer año de medicina, a la cual no identifica: “El perito médico –creo que fue el doctor Pablo Ibarra Gutiérrez– le dijo: ‘Fíjate bien: en la parrilla costal derecha se aprecia en su porción baja una herida por instrumento punzocortante, que puede ser herida de bayoneta, y de ahí se ve un movimiento ascendente de corte que secciona toda la parrilla costal de ese lado, así como los órganos, específicamente el pulmón derecho y en la porción alta del tórax.
“Donde termina el corte se observa un amplio orificio de entrada de un proyectil de arma de fuego que, por su aspecto y su tamaño, puede tratarse de un proyectil expansivo, y alrededor de este orificio se aprecia tatuaje (incrustaciones de granos de pólvora), quemadura y ahumamiento. Todo esto nos sugiere que el primero vino de un ataque de bayoneta, la sección ascendente de las costillas, y a continuación el disparo.”
Mencionó también el caso de un adolescente de entre 12 y 14 años que, a decir del perito, presentaba tres heridas punzocortantes, también presumiblemente hechas con bayoneta, y que por su número y posición, y por haber producido apertura del cráneo, muy probablemente fueron realizadas en forma casi simultánea estando la cabeza del menor apoyada en el piso.
Algunos casos
Las actas de defunción consultadas en el Registro Civil indican que en el Semefo hubo por lo menos 43 muertos por causas parecidas entre el 2 y el 5 de octubre. De ellas, 29 tienen como fecha de defunción el mismo 2 de octubre, ocurrida en “la vía pública” a una “hora desconocida”.
La fiscalía, sin embargo, sólo acreditó 21. Once eran estudiantes, tres de ellos menores de edad:
–Rosalío Marín Villanueva. Estudiante del DF, de 13 años. Vivía en Peralvillo. Murió de traumatismo craneoencefálico. Su padre, Romeo Marín, profesor de 30 años, fue quien compareció ante el Registro Civil.
–Juan Rojas Luna. Estudiante del DF, 15 años. Vivía en Vallejo y murió por herida de arma de fuego e instrumento punzocortante en el tórax. Su padre, Andrés Rojas, empleado de 40 años, acudió al Registro Civil.
–Guillermo Rivera Torres, 15 años, del DF. Era estudiante y vivía en la colonia Michoacana. Fue reconocido por su madre, Elia Torres; su padre, Guillermo Rivera, aparece como finado en el acta de defunción.
–David Miguel Baranda Salas, del DF. Estudiante, 18 años. Vivía en la colonia Independencia. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de tórax.
–Jaime Pintado Gil, del DF. Estudiante, 18 años. Residente del edificio Guanajuato, Tlatelolco. Muerte por herida de proyectil de arma de fuego doble penetrante de tórax y abdomen.
–Ana María Regina Teuscher Kruger, estudiante del DF, 19 años. Vivía en la colonia Escandón. Murió de anemia aguda por hemorragia externa a causa de herida de proyectil de arma de fuego que seccionó el paquete vasculonervioso del cuello. Su defunción fue certificada por su hermano Pablo, de 21 años.
–Rosa María Maximiana Mendoza, estudiante del DF, de 19 años. Tuvo su casa en la colonia Verónica Anzures. Su padre, Aristeo Mendoza, de 40 años, constató en el acta que murió de heridas punzocortantes doble penetrantes de tórax y abdomen.
–Cuitláhuac Gallegos Bañuelos. Estudiante de 19 años, muerto por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de tórax. Vivía en la colonia Reforma Iztaccíhuatl. Compareció ante el registro civil su padre, Aureliano Gallegos, de 45 años.
–Fernando Hernández Chantre, de Atlix co, Puebla. Estudiante de 20 años. Vivía en la colonia Guerrero. Su acta de defunción reporta alteraciones viscerales por heridas por instrumento cortante y cortocontundente penetrante de cráneo. Lo reconoció su hermano David Hernández, de 26 años.
–Jaime Armado Reyes Haro. Estudiante del DF, de 20 años. Vivía en Peralvillo. Murió de herida de proyectil de arma de fuego penetrante de tórax. Sus padres, Armando Reyes, jubilado de 69 años, y Refugio Haro, de 52, testificaron ante el Registro Civil.
–Gilberto Reynoso Ortiz, de Salvatierra, Guanajuato. Estudiante de 24 años que vivió en la colonia Anáhuac. Muerto por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo.
–Leonardo Pérez González, de Huetlaltoyucan, Puebla. Profesor, 29 años. Vivía en Santa María La Rivera. Murió por proyectil de arma de fuego penetrante de tórax. Su defunción la certificó Regina Salgado, profesora de 32 años.
–Carlos Beltrán Maciel, de Culiacán, Sinaloa, era un ingeniero químico, de 29 años. Vivió en Coyoacán. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de tórax.
–Cornelio Benigno Caballero Garduño, de Chapa de Mota, estado de México. Machetero, de 18 años. Vivía en la colonia Michoacana. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de tórax y vientre.
–Luis Gómez Ortega, del DF, radiotécnico, de 23 años. Vivió en Ixtacalco. Herida por proyectil de arma de fuego con sección medular. Acudió al Registro Civil su padre Roberto Gómez, pintor, de 46 años.
–Cecilio de León Torres, de Durango. Radiotécnico de 24 años, vecino de Tlatelolco. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo. Al Registro Civil acudieron Pablo de León, de 59 años, y Francisco de León, de 29 años. Ambos albañiles.
–José Ignacio Caballero González, del DF. Fue empleado particular. Murió a los 36 años por proyectil de arma de fuego penetrante de tórax. Vivía en Tlatelolco.
–Antonio Solórzano Gaona, de Querétaro. Tenía 42 años y era empleado, vivía en la colonia El Rastro. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo.
–Jorge Ramírez Gómez, de San Juan del Río, Querétaro, de 59 años. También vecino de Tlatelolco. Murió por herida de proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo.
–Agustina Matus Contreras, de 60 años, originaria de Mérida, Yucatán. Murió por herida de proyectil de arma de fuego. Vivía en la colonia Reforma Iztaccíhuatl.
–Reynaldo Monsalvo Soto, de Huexo tla, Estado de México. Era un corredor de bienes, de 68 años. Vivía en Texcoco. Su muerte fue por conjunto de lesiones.
En las mismas fechas –del 2 al 5 de octubre– hay actas en el Registro Civil que dan cuenta de muertes similares y que la fiscalía soslayó. En su mayoría se trata de trabajadores. Fueron los casos de Salvador Nájera Villafuerte, estibador de 35 años, originario del DF, y de Carmen Juárez Pérez, también del DF, y que a sus 22 años era recamarera.
También los de José Cruz Bonilla Vallarta, mesero de 36 años, de Pachuca, Hidalgo; Gloria Valencia Lara, del DF, comerciante de 38 años; Manuel Nájera Oviedo, del DF, empleado de 24 años; Ramón Horta Ortiz, del DF, barnizador de 21 años, y Petra Martínez García, de 15 años, trabajadora doméstica que vivía en Tlatelolco y cuya muerte fue reconocida en el Registro Civil por Saturnino Martínez, un campesino de 35 años. Caso similar fue el de Berta Cardona Tafoya, de Jungapeo, Michoacán, trabajadora doméstica de 19 años.
La fiscalía tampoco reconoció la muerte de Alejandro Felipe Carvajal Galán, estudiante del DF, de 15 años y vecino de Tlatelolco; Marcelino Campos Flores, estudiante de 12 años; Antonio Flores Tovar, de Pachuca, Hidalgo, empleado federal de 52 años; Adolfo Pablo Delgado, carpintero de 60 años, originario de Silao, Guanajuato, ni la de Alfonso Avilés Balbuena, pensionado ferrocarrilero de 68 años, originario de Temalcatepec, Estado de México.
Proceso 04/10/2009

Eduardo Olmos, asaltante del poder municipal

Lalo Olmos, busca asaltar Torreón

Hace 4 años, Lalo Olmos pactó con Leonel Chaúl Chamut, conformar una planilla de unidad, para intentar ganar la presidencia municipal de Torreón. Olmos Castro, traicionó su palabra. Después, Chaúl Chamut, desnudó las formas del engaño al que fue sometido, acusando al grupo de Olmos Castro, de “marranos embozados”. En aquellos días, los acompañantes de Olmos, fueron tipificados como “gavilla, no como planilla”, descripción nada alejada de la realidad presente. Lalo Olmos, tiene como asesores principales a gente formada en el mundo policiaco, espacio donde dejaron negros antecedentes. Jorge Luis Morán Delgado, un porro estudiantil, que fungió como sub secretario de Readaptación social bajo el mando de Raúl Sifuentes Guerrero, en el periodo de gobierno de Enrique Martínez y Martínez, quien permitió que la droga y los autogobiernos de los CERESOS coahuilenses existiesen sin control alguno. Recibió incluso recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, sin que nada sucediera. Pablo Villalobos, un policía de la estatal que fue castigado en la época de Rogelio Montemayor por sus excesos, pero además con expedientes penales pendientes. Además, a Olmos, lo acompaña Lucrecia Martínez Dam, - designada Síndica municipal -, conocida como “La Quecha Santibañez”, esposa de Ricardo Santibañez, dueño de la empresa constructora RICASA, señalados por diversos constructores laguneros como preferidos de los gobiernos priistas, para facilitarles la especulación inmobiliaria. También se encuentra, en ese círculo interno del candidato priista, Miguel “Triquiñuela” Riquelme, diputado federal que dispuso de los recursos de la secretaría de Desarrollo regional de La Laguna (SDRL), como si fueran propios, pero sobre todo, que los puso al servicio de las distintos candidatos priistas en sus respectivas campañas. Por el momento, Riquelme Solís, “se encarga de conseguir el dinero de donde sea para la campaña de Lalo”, como confiaron a Demócrata Norte de México, distintos dirigentes priistas. En esta “gavilla”, no podría faltar José Luis Dovalina, antiguo director del Registro público de la propiedad de Torreón, de donde fue separado para protegerlo, cuando se comprobó que numerosas escrituras públicas habían sido alteradas. Sin cerrar el círculo, se encuentra Reyes Blanco Guerra, líder charro de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, quien lejos de apoyar los intereses obreros, ha sido señalado reiteradamente por los trabajadores como “traidor a la clase obrera”. Esto es sólo algo somero de lo que oferta Lalo Olmos con su planilla; un buen equipo para saquear Torreón. De las páginas hackeadas de Demócrata Norte de México, rescatamos este texto que fue publicado en el año 2005, y que sin duda tiene plena vigencia.

Octubre 4 de 2009

En vez de planilla una gavilla

Juan Monrreal López
Septiembre 6 de 2005

Torreón, Coahuila.- Eduardo Olmos Castro, es la cabeza visible de un grupo de asaltantes del poder municipal, apunta sin dudar Leonel Chaúl Chamut, militante priísta por más de 43 años, quien fue convencido de conformar una planilla de unidad junto con el diputado federal con licencia, Eduardo Olmos.

A 23 días de las elecciones de este Ayuntamiento, que se llevarán a cabo el próximo 25 de septiembre, y harto de los “dimes y diretes” que circulan en los corrillos de las facciones del tricolor municipal, Chaúl Chamut, desnuda la manera en que el delegado del CEN priísta, el diputado federal por Chihuahua, César Duarte, lo comprometió a deponer a favor de Olmos Castro.

-“César Duarte me pidió que Lalo Olmos fuera a la cabeza de la planilla porque así se lo exigió el candidato a la gubernatura Humberto Moreira, pues existen compromisos adquiridos. No sé por qué, no sé en qué consisten esos compromisos, no quise preguntar más. Son cosas que no me interesan. Total acepté, después de que me expusieron un supuesto proyecto para la ciudad”, dice.

Tanto la candidatura de Leonel Chaúl y la de Eduardo Olmos, fueron las únicas aceptadas por el Comité municipal de procesos internos del PRI para contender por la nominación de este partido a la alcaldía.
La aspiración del periodista Manuel Torres fue rechazada por no llenar los requisitos de la convocatoria.
A partir de ese momento, las negociaciones entre estos grupos empezaron. La misma noche del 15 de julio, cuando se cerraron los registros, ambos precandidatos convergieron en la casa de campaña del aspirante priísta a la gubernatura, Humberto Moreira Valdés. Las partes salieron de la casa de la avenida Juárez, sin llegar a ningún acuerdo.
Alejandro Froto, en ese entonces, el operador político de Moreira Valdés en La Laguna, fue incapaz de hacer pactar a los contendientes.
Luego de forcejear por varios días, Leonel Chaúl Chamut, dio a conocer que retiraba su registro en aras de una planilla de bloque priista. Dijo que el martes 19 de julio, se daría a conocer la planilla de unidad, asunto que no pasó, pero Lalo Olmos afirmó en rueda de prensa, que Leonel Chaúl “sin duda conformará la planilla de mi partido”.
Ahora, a 43 días de la “traición”, Chaúl Chamut dice desde la silla de su oficina que, “a diferencia del proceso interno pasado en donde tuvieron que lavarle la cara al marrano, por el estercolero orquestado por el ex secretario de gobierno Raúl Sifuentes, para imponer la candidatura de Laura Reyes Retana, en este momento, no sólo le lavaron la cara, también lo embozaron”.
-“No, mi retiro de la precandidatura, no estuvo basada a los ofrecimientos que me hicieron Olmos Castro y el delegado César Duarte; el representante del comité ejecutivo nacional de mi partido me expuso un proyecto y me gustó. Luego para darle mayor seriedad, César Duarte habló con Roberto Madrazo Pintado, quien validó nuestra postura”.
Prosigue. “En esa misma reunión, Olmos Castro y el comisionado nacional, me ofrecieron la primera y tercera regidurías del Ayuntamiento, además de una dirección, ya sea la del Sistema municipal de agua y saneamiento (SIMAS) o la de Desarrollo social, como una forma de afirmar el pacto”.
Como se sabe, tanto Eduardo Olmos, como el delgado César Duarte, no cumplieron el compromiso.
-“Oye, dice levantando la voz, es grave que te inviten para conformarte, en lugar de darle mayor importancia al proyecto de la ciudad. Yo no cedí en la candidatura de unidad a favor de Eduardo Olmos Castro, para que me ofrecieran un botín. Condescendí por un propósito para Torreón. Y sin duda, la gavilla de Olmos, porque no son una planilla, están pretendiendo hacerse de la presidencia municipal como un botín, son unos asaltantes del poder; son individuos de baja calaña, quieren el poder por el poder, son una gavilla, eso son”, reafirma, al momento que da vueltas al habano entre sus dedos.
Suspende un momento la entrevista para contestar una llamada enfocada a cotizar algunos materiales para su constructora, y arremete nuevamente.
-“Mire, el espíritu de Lalo Olmos es de importamadrismo total. Llegan al poder por el poder; aunque esta actitud también existe entre los otros candidatos, incluido el candidato del PAN, José Ángel Pérez Hernández, quien representa intereses del PRI y del PAN. Los dos sólo quieren el poder. Los problemas de la ciudad, ni siquiera los ven”.
Continúa. “Para empezar falta infraestructura médica. Nos falta una planta tratadora de agua eficiente y suficiente acorde a las necesidades del municipio. La que existe ya es obsoleta. La cuestión de la basura y el deficiente servicio de limpieza tienen sumido en la inmundicia a la ciudad y el servicio que pagamos a PASA de 87 millones anuales es un crimen. Tenemos problemas graves de seguridad porque tenemos policías que apenas ganan 3 mil 600 pesos mensuales, mientras otros individuos ganan un mundo de billetes por no hacer nada”.
-“Como es posible que tengamos 22 ejidos susceptibles de reactivarse económicamente y ni siquiera volteemos a ver a los campesinos. Lo peor es que como dijo Lalo Olmos, los campesinos ya no existen. Pérame, Torreón, no es sólo la ciudad, tenemos 64 mil campesinos en el campo; los mantenemos famélicos y en esa situación, los obligamos a rentar sus parcelas y su agua en lugar de provocar la reactivación económica; si esto no es importamadrismo, ¿entonces qué es?” Se pregunta.
Luego se extiende. “Los panistas han convertido al DIF en oficina de mendicidad y pagadora de nómina a sus cuadros políticos, en lugar de construir más albergues. Por ejemplo, el director gana 56 mil pesos mensuales, el subdirector 36 mil mensuales y eso no se puede tolerar”.
A continuación describe el horizonte que viviría el Ayuntamiento si ganara Olmos Castro.
-“Sería un panorama más negro que el actual que administra el panista Guillermo “Memo” Anaya. Los programas de la ciudad son proyectos para gente seria, de gente que no vaya a asaltar el poder, que no vaya a medrar. ¿Sabes cuál era el primer obstáculo de Olmos yendo yo de primer regidor? Que mi firma tendría que ir en todo, y como yo no voy a asaltar el poder, ni voy a robar, entonces Lalo tendría una situación muy difícil”
-Eduardo Olmos, asevera que no vas en la planilla, porque no representas nada.
Sin mediar segundos, Chaúl Chamut, responde haciendo balance de las otras ocasiones que fue desplazado en las contiendas intestinas del PRI, por las puras animadversiones del ex secretario de gobierno Raúl Sifuentes.
-“Que le pregunte a Laura Reyes Retana, actual diputada federal- ella dijo que como quería ganar con puro proletario, pregúntenle porque no ganó” dice refiriéndose a la derrota por la alcaldía que sufriera la dilecta de Raúl Sifuentes en el año 2002, ante los votos panistas.
“Pero tú sabes que no fue la única ocasión en que nos menospreciaron. Así pasó también en la contienda por las diputaciones federales en 2003. Se burlaron de nosotros y volvieron a perder”. Chaúl Chamut, prosigue, “clasista y racista, Laura Reyes nos dijo, ¿con esto proletarios quieres ganar? Con estos proletarios se gana respondí. Nos cayó la maquinaria del gobierno del estado y del partido encima, pero en los proletarios se encuentra el espíritu del partido, son la gente que lucha, la gente que quiere sacar adelante los programas de la Revolución mexicana. Ahora nos traen de moda la tercera vía socialdemócrata de Blair, pero los programas sociales nosotros los arrebatamos con la revolución hace 72 años”.
-¿Crees que podrías ser expulsado del PRI?
-¿Cuál es mi temor? Después de servirle por 43 años abiertamente al PRI ¿Me van a expulsar? Bueno es un divorcio que me va a doler, pero ojala me expulsaran por eso y no por ratero, o por cobarde o por falto de palabra.
“Tengo 64 años, Lalo Olmos ha dicho que por mi edad tampoco funcionaría, pero, lo que a mí se me olvidó, Lalo Olmos todavía no lo aprende, así de fácil”, afirma tajante.
Concluye. “En la perspectiva electoral sí Lalo Olmos, a quien considero un individuo de baja calaña, puede ganar, me rindo, el PRI no necesita expulsarme, yo me retiro. Aunque de ganar el PAN, con la candidatura de José Ángel Pérez Hernández, el futuro de Torreón, tampoco es halagüeño”, expresa convencido que esta batalla la ganará otra vez porque Eduardo Olmos Castro ha conformado una gavilla, en lugar de una planilla.
Y tiene razón, basta ver quienes componen la plana que el PRI municipal registró camino a la contienda electoral del 25 de septiembre. Allí encontramos gente fraudulenta, a personas que llegaron con el apoyo de “papi”, quienes amarraron compromisos con Raúl Sifuentes, desde la Procuraduría general de justicia del estado y la Cámara de diputados local.

jmonrreall@yahoo.com

Spencer Tunick, contra el cambio climático

Desnudo en la Borgoña

La prensa mexicana, en un "calvario"

RAPHAËL MORÁN

PARÍS, 2 de octubre (apro).- Con 55 periodistas asesinados desde el año 2000, México confirma, por quinto año consecutivo, su lugar como el país más peligroso del continente americano para la libertad de prensa. Este inquietante balance lo hace Benoît Hervieu, responsable de la sección "Américas" en la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF), en un informe que redactó a raíz de una misión especial en México.
El domingo 12 de julio de 2009, Hervieu se encontraba en el centro de la ciudad de México, cuando de pronto escuchó un ruido fuerte en el asfalto. "Era un tanque con militares", recuerda todavía con inquietud el militante de la ONG internacional con sede en París.
En entrevista con Apro, Hervieu narra los detalles de una misión de ocho días en México, durante la cual recogió testimonios de periodistas, familias de reporteros asesinados o muertos, así como de magistrados y políticos, como Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, secretario de Gobernación.
Ver un tanque en el centro de la ciudad de México es sintomático de la realidad mexicana, según Hervieu. "La palabra 'militarización' volvió varias veces en las conversaciones que tuvimos con la gente que hemos encontrado durante nuestra misión", observa.
Junto con Jean-François Julliard, presidente de la ONG Reporteros sin Fronteras, y Balbina Flores, corresponsal de dicha organización en México, Hervieu fue a Guerrero, Michoacán y al DF con un objetivo: "Entender cómo México puede alcanzar un nivel de impunidad casi absoluto en materia de crímenes contra los periodistas".
Dos días antes de la publicación del informe titulado "Los entresijos de la impunidad: excesos de la seguridad pública y pesadez burocrática", otro asesinato se sumó a la lista ya larga de los crímenes contra los periodistas en México. Norberto Miranda, El Gallito, columnista del periódico digital Radiovisión Casas Grandes, fue asesinado el 26 de septiembre en su redacción, tras haber recibido varias amenazas de muerte. En su columna escribía sobre la violencia ligada al narcotráfico en su ciudad.
Asesinatos, desapariciones, maltratos o censura… La ONG Reporteros sin Fronteras no solo decidió enfocarse en la prensa mexicana por los delitos y crímenes que sufren los periodistas, sino también por la impunidad que caracteriza esta situación.
Hervieu subraya una paradoja: "México alcanza niveles de impunidad que ni siquiera se ven en Colombia, a pesar de la existencia de muchas instituciones oficiales de defensa de los periodistas".
Y cita la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), creada en 2006, "una entidad que no existe en ningún otro país del mundo".
Aunque en su informe sobre la libertad de prensa en México, RSF declara que "no desea abundar en la polémica" sobre la eficacia de la FEADP, las conclusiones de la ONG sobre el trabajo de dicha fiscalía son sin apelación: "la FEADP no ha sido de ninguna utilidad en una situación cada vez más alarmante para la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa en general".
Según cifras publicadas en la prensa mexicana, entre 2006 y 2008, sobre los 274 casos que fueron llevados a su conocimiento, la FEADP recuperó 88 casos y "sólo emprendió acciones penales para tres de ellos", reporta el informe de la ONG.
En julio pasado, Hervieu y otros miembros de la misión de RSF fueron recibidos por el fiscal especial de la FEADP, Octavio Orellana Wiarco. "Nos recibió con gran pompa y con todo el protocolo", recuerda Hervieu. "Pero el fiscal Wiarco no parecía al tanto de los casos de agresiones a periodistas, porque nos decía que a su entidad no le corresponde tratarlos", añade.
Sin embargo, según el informe de RSF, la FEADP tiene "excusas": "A la penuria de medios se añade una capacidad jurídica débil. Según los estatutos, la FEADP ya nos es competente para intervenir cuando un caso es del orden de crimen organizado, caso en el cual la SIEDO se encarga del expediente".
Los casos de José Antonio García Apac, director de la revista Ecos de la Cuenca, desaparecido en 2006, y el de Mauricio Estrada Zamora, encargado de la fuente policiaca y desaparecido en 2008, son ejemplares de la "burocracia" que denuncia Reporteros sin Fronteras.
Después de idas y vueltas entre diferentes entidades jurídicas, los casos de estos dos periodistas no han sido esclarecidos.
Sin embargo, la ONG recalca que "la pasividad, la negligencia o la neutralización de instituciones, de sobra dedicadas a la defensa de la libertad de prensa (…), no son las únicas causas de que el calvario de la prensa mexicana se perpetúe".
Reporteros sin Fronteras acusa a las autoridades mexicanas de ser "cómplices, e incluso responsables, de graves violaciones de los derechos humanos".
Según precisa Hervieu, "desde 2005, fecha de la ofensiva militar contra el narcotráfico, México rebasó a Colombia en términos de homicidios de periodistas". Así, México ha vuelto a ser, por quinto año consecutivo, el país más peligroso del continente para los periodistas.
"Esta ofensiva sirve de justificación para la censura, la violación de los derechos humanos y los maltratos de los periodistas", denuncia Hervieu.
Para entender la política del gobierno de Felipe Calderón, los miembros de RSF se entrevistaron con Fernando Gómez Mont, titular de la secretaría de Gobernación. A Hervieu lo sorprendió la certeza con la cual el número dos del gobierno mexicano "asume plenamente que México tiene los mismos métodos de tratamiento de la violencia que Colombia (…) Hasta me miró a los ojos y me dijo: 'si tenemos que pegar más fuerte, pegaremos mas fuerte', incluso sabiendo las consecuencias de esta política", relata el responsable de RSF.
De su misión en México, Hervieu conserva el recuerdo de Rosa Cruz Rosas, presentadora y gerente de Uékakua, una pequeña radio de Ocumicho –estado de Michoacán– donde vive una comunidad purépecha. En enero de 2009, una centena de agentes federales y militares realizaron un operativo para recuperar los equipamientos de la pequeña radio comunitaria que no había respetado las cláusulas de autorización para emitir.
"La radio solicitó su regularización desde 2002 y su potencia es de solo 5 vatios", precisa el informe de RSF.
"El 15 de mayo, Rosa Cruz Rosas fue convocada por cinco funcionarios federales para 'recuperar el material'", cuenta RSF en el informe. "En realidad, se trataba de una trampa para inculparla de violaciones a la Ley Federal sobre Bienes Nacionales". Hoy, Cruz espera la decisión de un juez federal sobre una posible orden de aprehensión, como la solicitó el Ministerio Público.
Aunque critique severamente a las autoridades mexicanas, Reporteros sin Fronteras acusa a otro responsable de la violencia desatada en el país: Estados Unidos, "de donde proviene 80% de armas en el territorio mexicano".
Desde su oficina en la sede de Reporteros sin Fronteras en Paris, Benoît Hervieu se alegró de ver que el 30 de septiembre, un día después de la publicación del informe de RSF, asociaciones mexicanas defensoras de la prensa entregaron una carta a Arturo Chávez Chávez, nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en el marco de una manifestación para que se ponga fin a la impunidad.
Estas asociaciones y sindicatos de prensa, como Reporteros sin Fronteras, llaman a una federalización de los juicios de los delitos contra periodistas, así como a una ampliación de poderes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas. "Ahora, hay que traducirlo en actos", concluye Benoît Hervieu.
Proceso04/10/2009

Gómez Palacio, propaganda para ocultar desvíos de recursos

Rebasan gasto programado en comunicación

DIANA GONZÁLEZ / EL SIGLO DE TORREÓN / GÓMEZ PALACIO, DGO.

Según el Estado de Ingresos y Egresos del cuarto bimestre, el último aprobado y que corresponde a los meses de julio y agosto, el Municipio gastó más en Comunicación Social que en otras dependencias municipales, incluyendo Desarrollo Social y el DIF, además de que Comunicación Social ya rebasó su presupuesto para este año.

Difusión. Se habían presupuestado 16 millones y medio de pesos pero a la fecha van más de 17 millones de pesos en Comunicación Social.

Según el presupuesto de Egresos de 2009, en el rubro de “Servicios de Difusión e Información” que a su vez se desglosa en prensa, radio, televisión, impresos, grabaciones y diseños, y difusión gráfica, se había proyectado gastar 27 millones 700 mil pesos pero fue modificado y quedó en 16 millones 550 mil pesos para el presente año.

No obstante, según los informes financieros de los últimos 4 bimestres, ya se rebasaron los 16 millones y medio presupuestados.

Al bimestre de julio-agosto se han erogado 17 millones 788 mil 562 pesos y aún falta sumar la revisión del presente bimestre que corresponde a septiembre-octubre.

En julio y agosto la Dirección de Comunicación Social recibió 3 veces más recurso que la Dirección de Desarrollo Social al igual que la de Cultura y Deportes, casi 4 veces más recurso que Protección Civil, 10 veces más que direcciones como Desarrollo Rural, el Instituto Municipal de la Vivienda, Ecología, Prevención Social, 9 veces más que la Dirección de Salud y el doble del subsidio otorgado por el Municipio al DIF.

Este gasto fue aprobado por mayoría del Cabildo el pasado jueves. No obstante en la última sesión de la Comisión de Hacienda este tema fue abordado por sus integrantes, quienes revisan previamente estos gastos y se acordó que la Tesorería Municipal haría una evaluación de los gastos realizados no sólo en esta área sino en otros rubros con la finalidad de hacer más eficiente la distribución del gasto en otras direcciones.

Golpe de Calderón contra las revistas

SUSPENDEN PUBLICIDAD OFICIAL

Ya no es sólo Proceso. Según directores de revistas de circulación nacional y funcionarios de comunicación social, la orden de la Presidencia es que ya no se pague publicidad en estos medios impresos a partir de este mes. Así, además de la crisis financiera, la prensa deberá afrontar esa decisión de Felipe Calderón de retirarle recursos públicos a voluntad, como si se tratara de dinero privado

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF.- Sin justificación alguna, como un simple acto de autoridad, el gobierno de Felipe Calderón emitió la orden de suspender los anuncios oficiales en las revistas de circulación nacional, como Proceso, a partir de octubre.

La decisión no ha sido comunicada oficialmente, y difícilmente lo será, debido a la discrecionalidad del Ejecutivo para disponer de los recursos federales en esta materia, pero directores de Comunicación Social del Gobierno Federal y de grupos editoriales lo dan como un hecho.

Una revisión de los números de varias revistas correspondientes a este mes muestra ya una sensible disminución de publicidad oficial respecto de septiembre, con lo que el bloqueo publicitario –del que este semanario es objeto desde el sexenio foxista– se convierte en una política de comunicación del gobierno de Calderón.

La revista Etcétera, dedicada al análisis de medios, dio a conocer esa medida el 30 de septiembre. En una nota publicada en su portal de internet, su director, Marco Levario, aseguró que la decisión fue tomada en Los Pinos:

"En octubre, el gobierno federal suspenderá el gasto en publicidad en todas las revistas del país. Y así, en esos términos y hasta nuevo aviso, fue la instrucción que recibieron los funcionarios de las dependencias desde la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República".

Levario lo confirmó con los encargados de comunicación social de ocho secretarías de Estado. Este semanario hizo lo mismo con otros responsables de esas áreas y con directores de grupos editoriales que, a condición del anonimato, confirmaron que conocen esa decisión presidencial. También consultados, representantes del Grupo Editorial Expansión –que edita entre otras la revista Expansión, Quién y Chilango– prefirieron no hacer comentarios.

SIN REGLAS CLARAS

En su texto, Levario dice que los funcionarios a los que hizo preguntas al respecto le pidieron asimismo omitir su nombre. "Y nosotros –escribió– creemos que su solicitud es justificada. Por eso nos hacemos responsables de esta información que al mismo tiempo es una denuncia".

Asegura que "la Oficina de la Presidencia de la República" evitó dar sus razones o justificaciones, simplemente ordenó que no se contratara publicidad en las revistas y, en cambio, "continuar con la promoción de las tareas del gobierno en los medios electrónicos y, en menor medida, en los periódicos".

Debido a la falta de reglas claras para asignar la publicidad oficial, a pesar de que en el Senado y en la Cámara de Diputados se han presentado iniciativas de ley en la materia desde hace años, sólo en la Presidencia se sabe qué originó esta orden.

De mantenerse, el bloqueo amenaza la permanencia de algunos medios impresos cuya pauta publicitaria depende principalmente de los anuncios oficiales. Esta "decisión política tomada en sigilo, porque carece de bases intelectuales y éticas (...) representa el riesgo de la desaparición de proyectos editoriales de diversa índole que hay en el país. Entre éstos se encuentra, claro está, etcétera", admitió Levario.

Lo constató con la falta de anuncios para el número de octubre. En sus ediciones de agosto y septiembre, esa revista aún tuvo anuncios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

GOLPE A MEDIOS IMPRESOS

La publicidad gubernamental también es una importante fuente de ingresos para Nexos y Letras Libres. En su número de septiembre, la primera facturó publicidad de Conaculta, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Diconsa (de la Secretaría de Desarrollo Social), Fondo de Cultura Económica (FCE), Secretaría de Gobernación (Segob), Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En su edición de octubre, la revista dirigida por Héctor Aguilar Camín sólo tiene anuncios del Instituto Mexicano de la Radio (Imer, de la SEP) y el FCE.

Por su parte, Letras Libres, dirigida por Enrique Krauze, tuvo en su edición de septiembre publicidad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Luz y Fuerza del Centro (LFC, de la Secretaría de Energía), Conaculta, Conacyt, FCE, Inmujeres, Pemex, Diconsa, Secretaría de Turismo (Sectur), Segob y el IPN. De aplicársele la orden de Los Pinos, en su edición de octubre –que está por circular– la revista sufrirá una significativa merma en sus ingresos.

Un caso similar es el de la revista aregional.com, de la consultoría del mismo nombre que tuvo entre sus fundadores al senador Manlio Fabio Beltrones. En su número de agosto tuvo anuncios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); en septiembre, nada.

También resultará afectada Líderes, que en sus números de agosto y septiembre publicó anuncios de Sectur, IPN (SEP), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la SEP, Segob y Conaculta.

EDITORIAL TELEVISA

Para revistas como Poder y Negocios, que se edita en Miami pero se publica en México mediante un convenio con Editorial Televisa, los ingresos por publicidad federal son mucho menores, aunque en su edición del 20 de septiembre ya no tiene ningún anuncio oficial.

Editorial Televisa ha sido, con todo, la mayor beneficiada por el gobierno de Calderón con publicidad. De acuerdo con información oficial obtenida por Etcétera a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la división editorial de la empresa de Emilio Azcárraga Jean recibió 31.5 millones de pesos entre el 2007 y marzo de este año por ese concepto.

Esos recursos se distribuyeron en revistas de Televisa como Cosmopolitan, Vanidades, TV y Novelas, Caras, MenŽs Health, Maxim y Marie Claire.

En ese mismo periodo, quedó en segundo lugar de ingresos por publicidad oficial el Grupo Expansión, cuyas publicaciones (Chilango, Balance, Elle, Expansión, Quién y Quo, entre otras) facturaron 14.5 millones de pesos.

Le siguió Editorial Notmusa, con 13 millones de pesos para sus revistas TV Notas, Veintitantos, Mujer Nueva y H para Hombres. Después, con 10 millones, la revista Milenio Semanal.

OTRAS REVISTAS

Enseguida: Letras Libres, con 8.6 millones; Vértigo, de TV Azteca, 8.1 millones; Día Siete, 7.4 millones; Nexos, 4.8 millones; Este País, 3.8 millones; Etcétera 3.6 millones; Emeequis, 2.6 millones; Proceso, 1.2 millones; Zócalo, 938 mil pesos; Cuartoscuro, 420 mil pesos, y Revista Mexicana de Comunicación, 243 mil pesos.

Estas cantidades son mucho menores que las destinadas por el gobierno federal a los medios electrónicos. De acuerdo con los cálculos de Etcétera, las revistas sólo han recibido el 2.4% de la publicidad del gobierno en lo que va del sexenio de Calderón. La mayor tajada, 23.16% de ese gasto (que se tradujo en 2 mil 34 millones de pesos) fue para la televisión, principalmente Televisa y TV Azteca.

Un caso aparte es el de la revista bimestral Armas, dedicada a las actividades oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y, en menor medida, de la Secretaría de Marina. En su edición de septiembre y octubre tiene anuncios del Banco del Ejército (Banjercito), Conaculta y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Además, dedicó más de cien páginas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De aplicarse la disposición de Calderón, esa publicación sólo se quedaría con los anuncios de los proveedores de las Fuerzas Armadas.

En su texto del 30 de septiembre, Levario comparó también el 2.4% del gasto en revistas mexicanas con el 16.67% del monto total destinado este año por Calderón –equivalente a 3 mil 704 millones de pesos– para anunciarse en medios impresos y electrónicos internacionales.

Recomendaciones

En el caso de Proceso, el boicot publicitario comenzó en 2005, durante el gobierno de Vicente Fox, en represalia a la publicación de un reportaje de la periodista Olga Wornat sobre la nulidad del matrimonio religioso de Marta Sahagún, quien además emprendió una demanda civil por daño moral contra la revista y la escritora.

Los anuncios se redujeron paulatinamente, pero cuando Calderón llegó a la Presidencia, la publicidad oficial prácticamente desapareció de la revista, por lo que en abril pasado este medio interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al considerar que con el castigo publicitario, el gobierno federal viola los derechos fundamentales de los periodistas que integran este semanario.

En la queja, señaló que la asignación discriminatoria de la publicidad "puede tener la intención de limitar o afectar el derecho a la libertad de expresión, además de que puede ser considerada como un medio indirecto de presión o censura" por la línea editorial crítica de la revista.

Como ejemplo, mencionó que durante 2008 esta revista sólo difundió 5.16 páginas de anuncios del gobierno federal, mientras que Vértigo obtuvo 166.4 páginas, Milenio Semanal 111.83 y Ememequis 75.5. Esto significa que el gobierno federal se anunció 32 veces más en la revista de TV Azteca que en Proceso, a pesar de que aquella tiene una circulación pagada de 4 mil 900 ejemplares, mientras que la de este semanario es de 74 mil 792.

De acuerdo con las cifras del padrón de medios de la Secretaría de Gobernación, Emeequis reporta una circulación de 11 mil 885 ejemplares y Milenio Semanal 36 mil 382.

Fue en mayo cuando la CNDH admitió la queja de Proceso, por lo que el gobierno de Calderón está obligado a argumentar el trato discriminatorio contra este medio. Una vez cancelada la publicidad para todas las revistas, puede señalar que se trata de una medida general y por lo tanto no va dirigida contra un medio en específico.

Pero no es el único caso de discrecionalidad por el que ha tenido que intervenir la CNDH. El pasado 4 de septiembre emitió la recomendación 57/2009 al director de Pemex, Juan José Suárez Coppel, y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJ), Celso Rodríguez González, por actos violatorios de la libertad de expresión en agravio de la revista Contralínea, de su director, Miguel Badillo, y de la reportera Ana Lilia Pérez Mendoza.

La recomendación a la paraestatal se debió a la suspensión discrecional de la publicidad a la mencionada revista como consecuencia de la publicación de un reportaje sobre los contratos del fallecido Juan Camilo Mouriño con Pemex, y de una entrevista con el empresario del gas Jesús Zaragoza, quien declaró que financió la campaña presidencial de Calderón. En el caso del STJ, la CNDH pidió que se investigara a los responsables del acoso judicial contra los periodistas.

Además, el 29 de septiembre la CNDH estableció que el gobierno de Guanajuato, también panista, vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos al suprimir y reducir de manera discrecional la publicidad oficial a los periódicos A.M. y Al Día de León.

En su recomendación 60/2009, dirigida al gobernador Juan Manuel Oliva, la CNDH le pidió que las dependencias a su cargo establezcan criterios claros y no discriminatorios para distribuir la publicidad oficial.

Ex soldados narran su experiencia sobre el 2 de octubre

Alfredo Valadez, corresponsal

Zacatecas, Zac., 3 de octubre. Cinco ex militares que pertenecieron al batallón de fusileros paracaidistas plasmaron en el libro Testimonios del 68 su experiencia sobre los sucesos del 2 de octubre, donde describen fragmentos de aquel pasaje histórico y cuestionan el papel de las fuerzas armadas contra los estudiantes y la población en general.
La edición –de sólo mil ejemplares–, en tinta café y bajo el sello de la editorial Tres Torres, se hizo con aportaciones de los municipios Villa de Cos, Vetagrande y Morelos, gobernados por el Partido del Trabajo, además de la Universidad Autónoma de Zacatecas y una empresa refaccionaria.
En 89 páginas narran momentos de cuando entraron a la Plaza de las Tres Culturas “a bayoneta calada” para desalojar a los estudiantes, hechos de los que ahora se dicen “arrepentidos”.
En la introducción, Salvador Pintor Rodríguez, Gustavo Román, Tomás Acuña Martínez, Rigoberto Domínguez y Víctor M. describen cómo, a principios de 1968, la Fuerza Aérea Mexicana reclutó a 150 adolescentes que realizaban su servicio militar en el estado, quienes “tenían ideales patrióticos y sueños personales; se les mostró un mundo donde el Ejército era la mejor opción”.
Sin embargo –señalan–, “la vida militar les mostró la realidad empapada de abuso de poder y violencia. Al final comprobaron que la autoridad manipula la justicia y abusa de los ciudadanos”.
Gustavo Román describe: “mi primera participación fue disolver una manifestación en la Normal de Maestros (...) el cuerpo de granaderos no pudo (...) por ello se requirió la acción de los paracaidistas”. Recuerda que intervino en “tomar el Casco de Santo Tomás”, donde “la resistencia de los estudiantes fue mayor e incluso se llegó a los golpes y los forcejeos. “El comandante nos dijo que esos jóvenes eran líderes cubanos comunistas que querían boicotear las Olimpiadas (…) a partir de ese momento se empezó a manejar el código Alerta Roja, el cual significaba que deberíamos estar listos las 24 horas para entrar en combate”.
Pintor Rodríguez reflexiona sobre posteriores sucesos, como el halconazo de 1971 y matanzas recientes, como las de Aguas Blancas y El Charco, en Guerrero, y Acteal, Chiapas. “Yo me pregunto: ¿para qué sirve el Ejército?”
Sobre Tlatelolco, Rigoberto Domínguez destaca que al finalizar el tiroteo recibieron la orden de subir a la parte superior del edificio Durango para desalojar a quienes desde ahí habían disparado “y habían causado bajas a militares y policías”, además de estudiantes y civiles. “Empezaron a bajar a muchos detenidos, que no tenían nada de estudiantes: eran personas como de 28 a 40 años y con armas que al ver las nuestras daban risa”.