Chiapas: culpan a minera canadiense del asesinato de dirigente opositor

Personal de la compañía lo hostigó varias veces y amagó de muerte, asegura un hijo de la víctima

*ONG, activistas y académicos demandan proteger a la familia de Mariano Abarca Roblero
E. Henríquez y Á. Mariscal

Corresponsales
Periódico La JornadaDomingo 29 de noviembre de 2009, p. 29

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 28 de noviembre. La empresa canadiense Black Fire está detrás del asesinato de Mariano Abarca Roblero, ocurrido la noche del viernes en Chicomuselo, donde encabezaba un movimiento contra la explotación minera que realiza esa compañía, acusaron hoy un hijo de la víctima y organizaciones sociales, activistas y académicos, quienes exigieron a las autoridades proteger a la familia del dirigente y a Orlando Velázquez, quien resultó herido en el ataque.
Mariano Abarca, hijo, señaló que recientemente su padre había recibido amenazas de muerte de trabajadores de la compañía que explota dos minas de barita en los ejidos Grecia y Nuevo Morelia, municipio de Chicomuselo, situado a más de 200 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas y cerca de la frontera con Guatemala.
Por teléfono comentó que la semana pasada uno de los empleados de la transnacional llegó a Nuevo Morelia y amenazó de muerte al comisario, cuyo nombre no reveló, y a Abarca Roblero, de 50 años, para que ya no se metieran con la empresa.
El hijo del líder asesinado informó que habitantes de Chicomuselo vieron salir de la zona el viernes por la noche una decena de vehículos de la Black Fire y la casa que tiene rentada en la cabecera estaba cerrada hoy, por lo que se presume que la compañía suspendió sus actividades.
“Hacemos responsable de los hechos a la empresa canadiense, pues mi padre exigió por mucho tiempo su salida de la zona porque sólo trae destrucción y muerte en las comunidades”, aseveró.
En julio pasado, Luis Antonio Flores Villatoro, gerente de relaciones públicas de Black Fire, interpuso una demanda contra el líder asesinado, por asociación delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías de comunicación, daños al patrimonio de la empresa y ataques contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado.
Mariano Abarca encabezó la resistencia ciudadana en Chicomuselo contra la empresa; había participado en un plantón frente a la embajada de Canadá en la ciudad de México, y “dada su intensa actividad fue hostigado varias veces y detenido el 17 de agosto; luego de permanecer 10 días en la cárcel fue liberado” por falta de elementos para seguirle proceso judicial, recordó hoy la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP).
Días antes de su asesinato, Abarca Roblero presentó a su vez una demanda penal por el delito de amenazas contra Flores Villatoro, debido a que la empresa, que cuenta con 10 permisos de extracción en Chiapas, lo había acusado –también penalmente– de daños a la minera de barita de Chicomuselo.
La denuncia de Abarca Roblero señala que funcionarios de la compañía “ya lo habían ido a buscar para quebrarle la madre a plomazos, para que dejara de inconformarse con lo de la mina en Chicomuselo, y el suscrito y otras personas ya estaban en la lista de los empresarios dueños y del encargado de la mina”.
En cartas enviadas hoy a la familia de Abarca Roblero, la AMAP, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, además de Sergio Vives y Alejandro Villamar, académicos de Huehuetenango, Guatemala; Elisa Cruz Rueda, abogada y antropóloga de las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana Iztapalapa, entre otros, expresaron su repudio a la agresión.
Los firmantes exigieron al gobierno de Juan Sabines, investigar quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de este crimen y castigarlos con todo el rigor de la ley.

Unos 600 campesinos denuncian despojo para beneficiar a mineras de Canadá

Los afectados de San José del Progreso, Oaxaca, enfrentan represión y hostigamiento

Aseguran que autoridades entregaron 54 mil hectáreas a las empresas trasnacionales

Patricia Muñoz Ríos

Con el propósito de beneficiar a las empresas mineras canadienses Fortuna Silver y Continuum Resources Ltd, las cuales operan mediante la subsidiaria mexicana Compañía Minera Cuzcatlán, se ha despojado y afectado a más de 600 campesinos de San José del Progreso, en Ocotlán, Oaxaca.

A los empresarios extranjeros de esta minera se les autorizaron concesiones para explotar cerca de 54 mil hectáreas en el pueblo de San Jerónimo Taviche, en Ocotlán, por lo que la comunidad se movilizó y ahora es hostigada y reprimida.

Según denunció el Movimiento de Resistencia contra la Empresa Minera Cuzcatlán, inclusive mandaron camiones con militares y camionetas de la policía estatal para desmovilizar a los campesinos afectados, a los cuales no se les informó ni se consultó sobre el otorgamiento de la concesión.

Sostuvo que el gobierno entrega decenas de concesiones mineras a iniciativas trasnacionales; incluso brindó más de 80 de estos títulos para que empresas privadas, en su mayoría de capital extranjero, exploten en el estado de Oaxaca más de 600 mil hectáreas.

Dos de las más importantes concesionarios son Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, que operan mediante su subsidiaria mexicana Compañía Minera Cuzcatlán, la cual abarca una extensión cercana a las 54 mil hectáreas.

Ante ello, el 14 de marzo de este año, se llevó a cabo una reunión comunitaria en San José del Progreso, donde más de 600 personas afectadas por la empresa solicitaron el apoyo de sus representantes para salvaguardar sus territorios, a lo cual se negó el presidente municipal, por lo que decidieron desconocerlo.

En esa misma reunión determinaron que el 16 de marzo cerrarían de forma pacífica la instalaciones de la mina, para exigir que funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Economía, replantearan los permisos otorgados para el proyecto de exploración de 150 de los afectados bloquearon los accesos de la mina.

Sin embargo, “a partir del 20 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía estatal comenzaron un operativo policiaco-militar y se instaló un campamento con un camión de la Secretaría de la Defensa Nacional aproximadamente a 100 metros de los accesos de la mina y una camioneta de la policía estatal en la entrada de la población, acciones que aún se mantienen”, con el argumento de que el operativo es para sacar de la mina 17 toneladas de explosivos que se encuentran adentro.

Este movimiento de resistencia exige que el Estado mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policiacos como vía de resolución de conflictos y garantice que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo. Asimismo demanda que se respeten los derechos de las comunidades. Y, sobre todo, se demanda que se suspenda la concesión otorgada para este proyecto y “cese la criminalización” de los pueblos que defienden sus derechos sociales.