Astillero

Cuentos de hadas

Dividir a la izquierda

Ruptura ahumada

FC: película de horror

Julio Hernández López


De haber sido un divorcio verdadero, habría sido muy civilizado. Bastaría asomarse al historial de la profesora Gordillo y, en especial, recordar su anterior separación de un escenario priísta (jurando impedir a como diera lugar que Roberto Madrazo saliera adelante), para advertir que en esta ocasión las presuntas desavenencias fueron procesadas con un espíritu pacifista, casi amoroso (ahora que está de moda explicar con argumentos románticos algunas crudas decisiones políticas), sin pólvora en los cañones ni monstruos embravecidos clamando venganza y buscando escupir sobre la tumba política del infiel.

Por el contrario, voceros autorizados de ambas partes se han esmerado en difundir la especie de que la dueña del Partido Nueva Alianza y el precandidato presidencial único del PRI continuarán queriéndose y apoyándose. En todo caso, los súbditos de Elbeja Reina deslizan su inconformidad galopante contra miembros de una especie de viejo PRI (como si el de Peña Nieto fuera muy nuevo) que habría forzado al príncipe de Atlacomulco a regatear e incumplir los convenios ya establecidos: duendes como Mario Marín, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida y José Murat, que han impedido al buen Quique cumplir los tratados con el Panal, que así se declararía emplazado a luchar por el rescate del noble gaviotón casi secuestrado, en una historia de amores en riesgo cuyo final feliz consistiría en la llegada al poder del encopetado de oro y la reanudación de relaciones presupuestales con el panalismo épico que así acabaría triunfando. ¡Oh, cuán bonito cuento del príncipe Quique y su hada madrina!

Pero he ahí que el lindo relato de cuna ha comenzado a mostrar colmillos y garras. Resulta que, desprovista de candidato presidencial, la panalería ha anunciado que explora la posibilidad de postular a una mujer. Luis Castro, que es uno de los seudónimos que usa la profesora Gordillo para hacerse presente en el mando del partido sindical, declaró ayer en radio a Óscar Mario Beteta que se tiene en mente a una mujer universitaria y comprometida con las causas progresistas del país, con la equidad de género, la reforma educativa y la educación laica y gratuita. Aun cuando la hoja de pedido podría ser surtida con Alejandra Barrales, la perredista hasta ahora reticente a aceptar abiertamente la imposición del ex procurador Mancera como candidato a jefaturar la barandilla política del Distrito Federal, el nombre que desde ayer se maneja en diversos ámbitos como especulación es el de Rosario Robles, la universitaria cuya trayectoria política resultó ahumada en algunos de los peores episodios de la izquierda mexicana y que ahora está siendo considerada por los cónyuges que simulan una sana distancia, Quique y la Profesora, para prestar especiales servicios de esquirolaje que dividan a esa izquierda electoral, insólitamente unida a estas fechas, y frenen el avance que está mostrando la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

Es decir, en lugar de sumar mapaches y recursos magisteriales a quien desde ahora los tiene en copetona abundancia, mejor se serviría a los propósitos peñanietistas si se fabrica una falsa ruptura y se construye una cuarta candidatura presidencial que sirva para restar votos a quien hasta ahora aparece como segundo lugar en las encuestas concertadas y, al mismo tiempo, para habilitar como presunta cuña del mismo palo a una izquierdista ansiosa por confrontar a López Obrador y así evitar que los futuros debates se centren en las palabras duras del tabasqueño y las demostradas capacidades políticas diferentes del mexiquense.

Robles ha estado desde años atrás a la orden de quien fue gobernador del estado de México. Tal como fue publicado a fines de noviembre en esta columna, ella dijo a una periodista sonorense que estaba analizando la posibilidad de ser candidata a una senaduría por el Distrito Federal, a invitación de Peña Nieto, y en reciente entrevista con Sabina Berman en un canal de Televisión Azteca precisó que no es colaboradora en general del ahora precandidato único, pero sí le ha asesorado en asuntos de género. La conexión Robles, de darse la mencionada candidatura panalista, confirmaría que la ruptura del Panal y el PRI fue simplemente un tongo, una mala pelea de desenlace arreglado, en busca de ayudarle a Peña Nieto con una resurrección ahumada que divida y engañe.

El temible escritor sexenal, Felipe Calderón, se enoja porque sus relatorías de color rosa no son entendidas como tales, sino como impactantes películas de horror. Ganador a nivel internacional de diversos premios otorgados por especialistas, con su famosa creación, La guerra contra el narco, el guionista sangriento se molesta porque no le es adjudicada una clasificación A (apta para público desinformado) sino D, por su violencia extrema. En la reciente presentación de su informe mundial, Human Rights Watch casi le otorga un remedo de Óscar a la obra más sangrienta (horror y caos, son las palabras claves de los críticos pertenecientes a HRW), destacando el papel central que juegan con impunidad absoluta los soldados, marinos y policías federales, pero Felipe se molesta con esos análisis y protesta, asegurando que en México resplandecen las leyes y los derechos humanos.

Uno de los quisquillosos críticos, sin embargo, se atreve a emplazar al comandante Calderón a que demuestre que los muertos durante su famosa Guerra fueron delincuentes, y entonces el guerrero de Los Pinos se enardece y ordena a su secretaría de Gobernación decir una gran verdad con la que esta columna servicial se alinea casi incondicionalmente: los datos de HRW no reflejan la realidad de México. ¡Verdad incontestable! La realidad de la masacre sexenal mexicana no está aún reflejada en ningún estudio o análisis. El horror institucionalizado apenas está en vías de ser cuantificado en su exacta dimensión, como una fosa de crímenes a la que apenas nos vamos asomando.

Y, mientras hoy la CFC decide si consolida el peligroso poder de las televisoras en México, abriendo el paso a un virtual monopolio, ¡hasta mañana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Las costumbres del poder

Carmen Aristegui F.

El grado de frustración, desencanto y disgusto que se produjo en México a raíz del pronunciamiento de la Suprema Corte sobre el paradigmático caso de la periodista y escritora Lydia Cacho, en noviembre de 2007, fue tan grande que terminó por impulsar a los cuatro ministros disidentes a publicar, en un hecho casi insólito, el libro cuyo sugerente título se reproduce en esta colaboración. Genaro David Góngora Pimentel, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y Juan Silva Meza decidieron entregar a la editorial Porrúa textos de revisión y crítica al proceso de investigación y votación que realizó la Corte sobre este caso, en el uso de la facultad que le otorga el artículo 97 de la Constitución para conocer la verdad de hechos que resulten violatorios de garantías individuales y/o derechos fundamentales de ciudadanos y cuyos probables responsables sean las mismas autoridades que deberían investigar.

Las costumbres del poder es un libro cuya mayor parte la ocupan apéndices y votos particulares de los cuatro autores. Contiene sus convicciones acerca de lo ocurrido en este caso que cimbró a la opinión pública y que puso a prueba el alcance y significado de esta facultad constitucional que, dicho sea de paso, se encuentra en riesgo de desaparecer según se reconoce en algún lado de estas páginas. Es más que claro que muchos políticos, y uno que otro ministro, quisieran que se esfumara el famoso artículo 97. No quieren que el máximo tribunal exhiba a políticos, gobernantes y autoridades que han abusado de sus cargos, cometido tropelías y usado a las instancias de justicia con propósitos deleznables como lo hizo Mario Marín en el caso Lydia Cacho.

El también llamado "Caso Puebla" es un retrato de cuerpo entero precisamente de esas costumbres del poder. Las del gobernador que fue capaz de usar -en la peor acepción del término- a la Procuraduría, al Tribunal Superior de Justicia, a los agentes de la ley y todo lo que fuera necesario para darle "un coscorrón a esa pinche vieja", y satisfacer con ello al poderoso empresario Kamel Nacif, protector, a su vez, del pederasta Jean Succar Kuri. Muchos creíamos en la contundencia de la información sobre los abusos en contra de la periodista; la cruda exposición sobre estas costumbres del poder encarnadas en varios personajes que siguen ahí, como si nada; la gravedad de los hechos que se pretendieron encubrir; lo perturbador del origen del caso que remitía al libro de Lydia sobre las redes de abuso infantil; la pornografía con menores y las redes que las protegen serían suficientes elementos para lograr un pronunciamiento firme, contundente e inequívoco de quienes están ahí para hacer valer el sentido de la justicia. Lo que se quería, lo que se pedía y lo que se exigía era que en el ejercicio de esa facultad, hoy en peligro de extinción, la Suprema Corte se alzara como una voz que a partir de este emblemático caso pudiera reconciliar, en alguna medida, a todo un país, con las nociones fundamentales de la justicia.

Por razones que no están al alcance de mi entendimiento, la mayoría de los ministros decidió, finalmente, que no quedaba demostrada la existencia de violaciones graves de garantías individuales de la periodista. Y a otra cosa. De las niñas y los niños abusados, de las redes que comercian con sus cuerpos, de los pederastas y sus organizaciones, de los políticos que los protegen. De eso ya ni hablar. En algún punto de las votaciones anteriores se determinó que tal cuestión "... no formaba parte del mandato emitido por el Tribunal del Pleno a la comisión investigadora". Y, también, a otra cosa. Aquello era, para una gran cantidad de personas que seguían el caso dentro y fuera del país, decepcionante, indignante e incomprensible.

¿Qué pudo haber llevado a los cuatro ministros disidentes de esa mayoría a publicar un libro como Las costumbres del poder sino un sentimiento compartido de frustración y, por supuesto, un ánimo de crítica frente a lo ocurrido? El ministro Gudiño se pronuncia sobre lo verdaderamente grave y trascendente del "Caso Puebla". Y se contesta: "... esta mala experiencia pone el dedo en la llaga... y debe dejar huella en la conciencia colectiva de la superlativa importancia que tiene la selección de quienes habrán de ser nuestros procuradores y nuestros jueces y el necesario control social, además del orgánico, que en este rubro es necesario ejercer de manera permanente".

Sobre el caso Atenco se reconoció una violación masiva de derechos humanos pero no hubo responsabilidades mayores. ¿Habrá libro sobre el caso? Viene ahora el caso Oaxaca. La comisión de Roberto Lara y Manuel Baraibar entregó el resultado de sus investigaciones con un escueto comentario: "No se adjudican responsabilidades, sino únicamente se identifican a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales". Se entiende que le tocaría a los ministros hacer los señalamientos. Aunque, después de Mario Marín y de Peña Nieto en el caso Atenco, ¿estará preocupado de algo Ulises Ruiz?
Reforma 27/03/2009