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domingo, 12 de julio de 2009

Después de las elecciones. El bloque en el poder

Arnaldo Córdova

Es un hecho que en los comicios del 5 de julio ganaron los que siempre ganan –independientemente de a qué siglas partidistas se asignan los votos–, desde hace por lo menos 20 años. Son los poseedores de la riqueza y del poderío ideológico, mediático, religioso y cultural del país, que forman el bloque en el poder. Son los herederos de los 300 de Legorreta, que en 1987 fueron definidos por este banquero como las fuerzas motoras de la vida nacional. Como dije en una entrega reciente, para este efecto es irrelevante saber si el ganador fue el PRI o el PAN, los partidos a través de los cuales ejerce el poder ese bloque, con algunos agregados de ocasión como el PVEM.
Lo verdaderamente crucial en este momento es, por tanto, saber en qué se vio afectada la dominación sobre la sociedad mexicana de ese bloque en el poder y es un dato que estamos obligados a registrar. En los últimos 10 años, todo mundo lo ha podido ver, ese bloque ejerció el poder político a través del PAN y sus grupos gobernantes. Ese partido ha fallado ostensiblemente en su tarea y es hora de que esa dominación pase a ejercerse por el otro partido, el PRI que, más que cambiar como tal, como organización política, se ha visto fortalecido por el mal gobierno del PAN y ahora toma la estafeta. Se trata, en sí, de un cambio muy importante, porque está probado que ambos partidos desarrollan funciones peculiares a cada uno.
Lejos está de mi ánimo, empero, afirmar que las elecciones fueron una farsa insustancial y sin importancia. Las elecciones son siempre competencias en las que se opera una redistribución del poder político y una particular hegemonía partidista. El PRI se levantó con una victoria de verdad espectacular, aunque ya esperada y pronosticada. Pocos pensaron, sin embargo, que, si bien en alianza con el PVEM en 50 distritos, se llevaría una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Ese partido feudalizado en los cotos de poder de sus gobernadores, en los aparatos corporativos (ahora auténticos negocios empresariales) y en sus grupos de poder nacional que sólo cumplen funciones de coordinación entre los primeros, supo actuar unido y con su poderío territorial arrolló a todos sus contendientes, arrebatándoles bastiones que parecían inconquistables. En las elecciones de 2000 los priístas, traumatizados por la pérdida de la Presidencia de la República, se dieron cuenta de que su último refugio eran sus gubernaturas y ese poder territorial que ellas representaban. Si en esa ocasión hubieran perdido una buena mayoría de los estados, su desaparición habría sido inevitable.
La pugna por la transferencia de cada vez mayores recursos federales, fiscales y petroleros y de obra pública, por ejemplo, en lo que los gobiernos panistas, ya aliados históricos de los priístas, fueron extremadamente obsequiosos, fortalecieron desmedidamente a los gobernadores priístas, en ciertos casos, más que a los mismos panistas. Con ello el Revolucionario Institucional preparó su nuevo despegue, que ahora se ha consumado. Ya es muy difícil saberlo con exactitud, pero el peso del dinero en los comicios recientes fue abrumador y por todos lados se ha podido ver. Los gobernantes, hay que decirlo, no obedecieron a sus intereses partidarios, sino a sus compromisos históricos con el gran aliado priísta. Era la hora del PRI.
Lo que impresiona en el actual escenario es la capacidad de relevo pacífica, sin roces dañinos y sin aristas, de los dos grandes partidos del bloque dominante. No creo que alguien les diga qué es lo que deben hacer. Más bien actúan hasta ganar la última batalla en cada caso y, por instinto, me atrevería a decir, ceden el turno al contrincante cuando se saben perdedores. Los casos de Nuevo León y Sonora lo ilustran palmariamente. En Nuevo León, evidentemente, los poderes locales pertenecientes al bloque, los que mandan, entre otros los herederos del viejo Grupo Monterrey, dejaron que los contendientes dirimieran la contienda según sus fuerzas reales. Los priístas ganaron.
En Sonora, el diablo metió la cola, dando a los panistas una oportunidad de oro para vencer al PRI, con el siniestro incidente de los 48 niños intoxicados e incinerados en una bodega habilitada como guardería infantil. Ese crimen incalificable fue tolerado increíblemente por el gobierno federal panista y protegido por la abyecta acción del procurador general. El jefe del bloque económica y políticamente dominante, el gobernador priísta, no pudo responder a la ola inaudita de indignación que recorriendo la República y el mundo. El candidato panista, se dice que apoyado por Manlio Fabio Beltrones, en riña con Eduardo Bours, ganó la gubernatura. Todo se resolvió en un litigio de familia, dentro del mismo bloque.
Los gobernadores priístas en todo el país apabullaron a los contrincantes con manejos ilegales de dinero y de influencias políticas. De ellos será la mayoría de los diputados federales electos. A la dirección nacional, acompañada por los viejos organismos corporativos sindicales y de masas, se les deja una buena mayoría de los diputados de elección proporcional. No es difícil saber quién va a marcar la ruta en el próximo trienio. Tal vez Beatriz Paredes sea la próxima lideresa de la bancada priísta en la Cámara. Ha hecho bien su papel de coordinadora y de árbitra de los intereses feudales de su partido, aunque aceptando siempre lo que se le impone de todos lados.
El PAN ha cosechado una derrota de tal calibre que será difícil que recomponga sus filas y recobre el ánimo de lucha. La idiotez autoritaria de su dirigencia nacional (encabezada por el propio presidente) deshilachó al partido y lo sumió en confusiones y divisiones como no se habían visto antes. La principal tarea de su próximo dirigente será darle una real autonomía al PAN, también muy feudalizado y regionalizado y, a través de ella, recomponer el tejido interno de la organización partidaria y un reacomodo de los intereses locales y de grupo.
Los poderosos miembros del bloque dominante deben estar felices. Sus dos partidos les han funcionado de maravilla para sus intereses y, además, saben comportarse. Los dueños de las televisoras, por si fuera poco, se han hecho de un nuevo instrumento, el PVEM, cuyo éxito es innegable y puede servir para futuras tareas sucias que les interesen. De cómo le vaya por el resto del sexenio a Felipe Calderón no parece importarles, pues de todas maneras el poder del Estado sigue en sus manos. Ya se verá cómo sobrellevar su ineptitud y sus costosos errores. De la izquierda ni se preocupan. Fue derrotada en toda la línea. Por lo menos, eso creen. Lo trataré en mi próxima entrega.

sábado, 11 de julio de 2009

Anulación: a construir algo

JESUSA CERVANTES

El voto nulo “fue un éxito”, exclamó Sergio Aguayo, analista que abraza la campaña que llamó a expresar así el descontento ciudadano con todos los partidos políticos. Y es que la controvertida propuesta, pese a las severas descalificaciones que recibió, no sólo rebasó el pronóstico de sus propios promotores, sino que obtuvo más respaldo que la mitad de los partidos que compitieron en las elecciones intermedias de este domingo.
Las implicaciones de esta nueva expresión serán definidas por sus promotores y adherentes el 18 de julio próximo en la ciudad de Guadalajara para hacerla llegar a la Cámara de Diputados en septiembre próximo, aunque Aguayo adelanta que, de arranque, su agenda plantea fijar mecanismos para la participación ciudadana, reducir el número de partidos con registro y permitir las candidaturas independientes.
La pregunta ahora, considera Sergio Aguayo, es cómo va a reaccionar la clase política frente a este conglomerado de ciudadanos inconformes.
El reto para los anulistas, dice, es que les alcance para construir un movimiento nacional para reformar la ley electoral y que impacte en la forma en que se conduzca la elección presidencial en 2012.
Aguayo no especula en el vacío. El voto nulo superó al PT, Convergencia, Nueva Alianza y PSD, y no quedó tan lejos del PVEM. El PRD apenas atrajo poco más del doble de sufragios. Además, la elevada participación del voto nulo tiene una gran reserva de potenciales adherentes entre los abstencionistas, que en estas elecciones se acercaron a la cifra de 2003.
“Es evidente que tenemos una democracia de pésima calidad en la cual los poderes fácticos tienen más capacidad de representación que la ciudadana, lo que permite que partidos como el PVEM tengan ‘éxito’ mediante una campaña de mentiras tolerada por la autoridad electoral”, dice Aguayo.
“La cantidad de reformas que se tienen que hacer son muchas y, si queremos que la democracia funcione, este incipiente movimiento ciudadano debe cohesionarse y armar una agenda viable. La tarea es muy clara y al mismo tiempo muy compleja. Se trata de refundar la democracia sobre bases que tomen en cuenta los intereses de las mayorías y no sólo de los partidos y los poderes fácticos”, subraya.
Proceso07/07/2009

Elecciones: alto costo y poco beneficio

LOURDES MORALES CANALES *

MÉXICO, D.F., 5 de julio (apro).- El proceso electoral de este domingo tuvo varias características que resultan novedosas en el contexto actual del país. En primer lugar, se puso a prueba un nuevo marco jurídico, la reforma electoral del 2007, la cual fue producto de ajustes indispensables, aunque finalmente insuficientes que resultaron tras la crisis poselectoral del 2006.
En segundo lugar, fue una elección marcada por el "voto nulo", el abstencionismo y el hastío ciudadano por las propuestas partidistas existentes.
En tercer lugar, fue una elección que se desarrolló en un ambiente de crisis económica, violencia e inseguridad ciudadana.
Todo lo anterior atrajo la atención de 410 visitantes extranjeros y 17 mil observadores nacionales, una cifra bastante alta si consideramos que en la última elección intermedia (2003) sólo se registraron 12 mil 728 observadores.
Frente a este contexto, sobresale también un déja vu, a saber, la existencia de viejas prácticas políticas que 11 años de pluralidad partidista en el Congreso y nueve años de alternancia en la presidencia no han logrado arrancar de la cultura política mexicana, sino que se han enraizado aún más: el clientelismo político-electoral.
A lo largo de esta elección, la organización ciudadana Alianza Cívica realizó un ejercicio de monitoreo en 10 estados del país y en 23 distritos electorales federales.
La hipótesis de partida fue que tras la reforma electoral del 2007, los partidos políticos vieron reducido 70% de su financiamiento para transmisión de propaganda electoral en medios de comunicación electrónica.
A pesar de esto, recibieron para el financiamiento de sus actividades ordinarias, actividades específicas y de campaña electoral la cantidad de 3,633 millones de pesos del erario, con lo cual, lograron un aumento de recursos de entre tres y cuatro veces para realizar actividades de proselitismo.
El estudio de Alianza Cívica demostró que con estos recursos, los partidos políticos incrementaron acciones de compra y coacción del voto reforzando el clientelismo electoral entre la ciudadanía.
Desde marzo de este año, se realizaron 115 entrevistas a profundidad a actores clave y grupos focales en 23 distritos electorales federales y, dos semanas previas a la jornada electoral, brigadas ciudadanas levantaron 2,700 encuestas a ciudadanos para identificar este tipo de prácticas.
Los primeros resultados muestran que 25% de los encuestados manifestó que el voto no es secreto y 5% dijo no saber si era o no secreto, principalmente en las zonas más marginadas. Esto nos parece alarmante puesto que muestra la vulnerabilidad de un porcentaje importante de la población frente a posibles presiones políticas.
De igual forma, 12% dijo que por recibir un programa social se sentía obligado a votar por un partido político y 37% de los entrevistados aseguró creer que los apoyos y programas sociales se otorgan principalmente a simpatizantes de los partidos, dentro de los cuales se identificaron a todas las fuerzas políticas, pero en particular a aquéllas que se encuentran en los tres niveles de gobierno, a saber, el PRI, PAN y PRD.
El día de la jornada electoral, los resultados del estudio se confirmaron con las 1,156 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y con los reportes de observadores de Alianza Cívica en los estados, los cuales registraron actos de acarreo, compra de votos y reparto de despensa.
Este proceso electoral muestra, entonces, el alto costo que tuvo en términos económicos, pero también en términos políticos, ya que con el aumento del clientelismo electoral nos encontramos frente a partidos políticos que no representan y que no rinden cuentas frente a una ciudadanía poco informada y por lo tanto, poco interesada en participar en los asuntos públicos. Sin duda, un muy alto costo, para tan escaso beneficio.
Proceso07/07/2009

miércoles, 27 de mayo de 2009

Los pecados electorales

Bernardo Barranco V.

Hace 30 años el entonces arzobispo Ernesto Corripio Ahumada publicaba un exhorto durante la campaña electoral de 1979, en la que prohibía a su feligresía votar por el Partido Comunista Mexicano, que recién había logrado su registro condicionado. Desde entonces, los obispos con celo apostólico se sienten en la obligación de orientar e influir en la grey electoral, considerada menor de edad, susceptible de ser manipulada y manoseada. En realidad, es precisamente durante los procesos electorales, momentos de debilidad y redefinición de correlación de fuerzas del sistema político donde los obispos insertan sus demandas e intereses inmediatos y mundanos. Siempre han obtenido beneficios y reivindicaciones gracias a la oportuna intervención del alto clero que, ante el relevo de la clase política, logra sacar provecho de la circunstancia. Recordemos cómo en 1988 pactan con el entonces candidato Carlos Salinas de Gortari cambios constitucionales que se materializarían en 1991; ese año, durante el proceso electoral intermedio y crucial para Salinas, el episcopado surge a la opinión pública con su famosa proclama: Es pecado no votar”. Otro ejemplo encontramos en el famoso e incumplido “decálogo de Fox” en 2000. También se debe reconocer la complicidad de los candidatos y los partidos que se convierten en entusiastas participantes en el juego quimérico del llamado “voto católico”. Se abandona el kulturkampf para entrar en el terreno del pragmatismo y el intercambio de supuestas legitimidades. Históricamente, la Iglesia católica, como pocas instituciones, tiene la experiencia y la capacidad de adaptarse a diferentes formaciones sociales, políticas y culturales; su actuación no se juega ni se agota en coyunturas de corto plazo, sino por el contrario, mira y diseña con su compás de largo alcance.

Sin dejar de reconocer que la jerarquía católica es en sí un actor político social importante en el país, la irrupción política de algunos obispos en procesos electorales en el pasado reciente ha dejado secuelas de crispación y agrias polémicas que obligan permanentemente a preguntarnos sobre los términos de la participación; nos referimos a los márgenes y los límites que tienen las asociaciones religiosas para intervenir en política, en particular durante los procesos electorales, en el contexto de una sociedad moderna, plural y democrática. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como el código electoral federal, prohíben tajantemente a los ministros de culto ser candidatos a puestos de elección popular, pero también les impiden emitir expresiones en favor o en contra de algún partido político o candidato. Por la prensa se ha dado a conocer que existe una coordinación entre funcionarios de Gobernación y del Instituto Federal Electoral (IFE) con líderes religiosos, principalmente para que conozcan mejor y apliquen las disposiciones legales en la materia.

Hay, de hecho, una repolitización de lo religioso, manifiesta en los últimos 30 años; en interacción intensa con los factores del poder, los actores religiosos buscan introducir sus demandas y visiones. Sin embargo, a una parte del clero politizado le cuesta mucho trabajo relacionarse con otros sectores sociales, especialmente laicos ilustrados o secularizados que claman una distancia y separación de esferas, es decir, evitar la contaminación entre lo religioso y lo político. Es un hecho que a muchas dirigencias religiosas se les dificulta relacionarse con las organizaciones de la sociedad civil, con los partidos emergentes, los sindicatos, los medios, la academia, los intelectuales y especialmente los diversos grupos minoritarios, como homosexuales, grupos de mujeres, ecologistas, etcétera. De aquí se desprende que el verdadero reto que enfrentan las iglesias no es el conflicto tradicional con el Estado por encontrar nuevos equilibrios con el poder, sino el que proviene de las transformaciones de la sociedad que se moderniza y seculariza desde hace más de medio siglo.

La normatividad señala que los ministros de culto sí pueden ejercer su derecho al voto como cualquier ciudadano, pero limita una mayor participación de las Iglesias. Por ejemplo, subsiste la polémica entre el IFE y funcionarios de Gobernación que consideran que no violenta la ley que el clero promueva la participación ciudadana para que acudan a las urnas el próximo 5 de julio; sin embargo, rechazan rotundamente que emitan mensajes velados de propaganda electoral de cualquiera de los contendientes que observen sus normas y posiciones. En cambio, funcionarios del IFE miran con reservas esta iniciativa y no han perdido oportunidad de llamar a la prudencia a la clerecía. La irrupción eclesial en las elecciones muestra la intención de alcanzar un mayor protagonismo en torno a la defensa de la libertad religiosa. La línea de convergencia entre valores católicos y opciones electorales es uno de los componentes centrales en el proceso electoral que vivimos. Por lo menos, así se expresa en el espeso documento emitido por los obispos mexicanos, No hay democracia verdadera y estable sin participación ciudadana y justicia social. La orientación central es que los fieles no voten por aquellos partidos que muestran desapego moral a la normatividad católica, especialmente en materia sexual, moral y técnica. Éste es un nodo de polémica y provocación determinante para el Estado laico: ¿se politiza el evangelio o se evangeliza la política? ¿Dónde quedó la argumentación de Corripio, en su exhorto de 1979, para evitar la ideologización marxista del evangelio? En esta coyuntura el riesgo es la electoralización de los principios cristianos. Los obispos mexicanos deben situarse en la circunstancia actual, deben realizar un análisis fino de la transición y no equivocar su responsabilidad social de prudencia y mesura de cara a este 2009.