Amenaza el EPR con reanudar acciones hostiles

Pedro Matías

OAXACA, Oax., 27 de agosto (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) acusó al presidente Felipe Calderón de pretender legalizar "una dictadura militar con un rostro civil en el Ejecutivo" para "poner orden en el país", y amenazó con romper la "tregua" decretada por petición de la Comisión de Mediación ante la falta de respuesta para dar con el paradero de dos de sus compañeros desaparecidos desde hace dos años.

En sendos comunicados emitidos este viernes, el EPR, a través del "Partido Democrático Popular Revolucionario" dio a conocer su postura sobre la situación que vive el país y sobre el caso de los eperristas desaparecidos en mayo de 2008, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El grupo rebelde solicitó a la Comisión de Mediación que informe sobre la situación que guarda el caso de sus dos compañeros, ya que de los avances que haya depende la continuación o rompimiento de la "tregua", con lo cual reiniciaría sus acciones bélicas contra el gobierno y las instituciones.

Asimismo, responsabilizó al "gobierno ilegítimo" de Felipe Calderón y a sus instituciones del rompimiento de la tregua, ya que de él depende la solución a su demanda de presentar con vida a Reyes Amaya y a Cruz Sánchez.

El grupo guerrillero que irrumpió en el país en junio de 1996, insistió "que ante el ensanchamiento de facto del fuero militar propiciado por la ilegitimidad de Calderón y la ambición de la cúpula castrense, el Ejército federal exige a su ilegítimo protector legalizar todo lo que ha estado haciendo y se avale jurídicamente todo cuanto se propone desde la cúpula militar, como es el hecho de pretender supeditar las leyes constitucionales y penales a las leyes castrenses".

"Y mientras el gobierno ilegítimo trata de hacer creer al pueblo mexicano que algo está haciendo a nombre la seguridad nacional, nosotros de la mano del pueblo organizado no olvidamos, no olvidaremos y continuamos firmemente buscando a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que con otros luchadores sociales son víctimas de la detención-desaparición forzada por motivos políticos (…)" como producto de una política de limpieza social" agregó el EPR.

Recalcó que "en México se vive un terrorismo de Estado que poca diferencia tiene con las dictaduras que existieron en Sudamérica".

Proceso
28/08/2010

Imputa al EPR una ONG ciudadana de seguridad desaparición de Diego

Señaló que a cambio de la libertad de Fernández de Cevallos, el grupo pide que se presente con vida a dos de sus integrantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

La Jornada en línea
Publicado: 04/06/2010 13:38

México, DF. El presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez, imputó al Ejército Popular Revolucionario (EPR) la desaparición de Diego Fernández de Cevallos.

Indicó que de acuerdo con todo lo que se ha presentado alrededor del caso, es evidente que fue dicho grupo quien mantiene “retenido” al Jefe Diego.

Ortega Sánchez afirmó en conferencia de prensa que el caso tiene grandes similitudes con el que ocurriera en 1994 del banquero Alfredo Harp Helú, cometido por el grupo.

Señaló que a cambio de la libertad de Fernández de Cevallos, el grupo “guerrillero” pide que se presente con vida a dos de sus integrantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, líderes del EPR que supuestamente fueron retenidos por agentes del Estado, o en todo caso que les entreguen sus restos, si están muertos, y castigo a quienes cometieron el hecho, así como una indemnización “millonaria”.

Además, José Antonio Ortega sostuvo que el atentado que recientemente sufriera el general Mario Arturo Acosta Chaparro está relacionado con este caso, pues estaba investigando el hecho.

“Sí, tengo certeza de que el general Acosta Chaparro estaba investigando el secuestro del Jefe Diego desde el sábado al medio día porque hablé con él. Hablé con él más de 12 ocasiones. Primero, porque lo comenté con autoridades del gobierno federal, con el procurador y él me confirmó la información; segundo, la negociación en lo oscurito -me refiero a las negociaciones que han tenido el Estado mexicano con diversos ex presidentes, con (Ernesto) Zedillo, (Carlos) Salinas, Vicente (Fox) y el presidente (Felipe) Calderón con estos grupos terroristas”, dijo.

La ex Comed

Carlos Montemayor

Los integrantes de la ex Comisión de Mediación (Comed) entre el PDPR-EPR y el gobierno federal nos hemos reunido varias veces con el propósito de ponderar los llamados de las partes a retomar la mediación. Tuvimos una sesión el 7 de julio de 2009, fecha en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reunida en San José, Costa Rica, juzgaba al gobierno de México por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, dirigente regional del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, detenido en un retén militar el 25 de agosto de 1974.

Es la primera vez que se somete al Estado mexicano a juicio en un tribunal internacional por este delito de lesa humanidad. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acudió a la audiencia en representación del gobierno mexicano y argumentó que el tiempo transcurrido eximía al Estado de la responsabilidad de esa desaparición forzada. Pasó por alto que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, lo cual significa que son sancionables sin importar el tiempo que transcurra entre su comisión y el castigo a los culpables, y sin importar la fecha en que México haya suscrito el tratado que reconoce la competencia de la CIDH. En consecuencia, se puede juzgar al Ejército y al gobierno mexicanos por un crimen iniciado hace 35 años, pero que como delito continuo se sigue cometiendo hasta en tanto no se presente al desaparecido.

Hace unas semanas concluí un peritaje historiográfico para la CIDH en el que se aclaran los procedimientos usuales de las aprehensiones colectivas que tanto el Ejército como las corporaciones policiacas han efectuado en México en zonas urbanas y rurales.

En los años 70 se aplicó el mecanismo ilegal y violento de los retenes militares. Sin órdenes giradas por jueces ni autoridad legal para ejercer funciones policiales de vigilancia en caminos federales y estatales, el Ejército actuó como poder único y de excepción durante muchos años en poblados y carreteras del estado de Guerrero. Autoridades civiles federales, estatales y municipales se plegaron a esas órdenes, que implicaron violaciones, detenciones, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas bajo la responsabilidad de los mandos militares. Los retenes operaban como extensas redes de captura selectiva.

En uno de esos retenes, cerca de Atoyac, entre los poblados de Cacalutla y Alcholoa, fue detenido Rosendo Radilla Pacheco, cuando viajaba hacia la ciudad de Chilpancingo en un autobús de pasajeros en compañía de su hijo menor, quien fue testigo del secuestro.

El delito de lesa humanidad denominado “desaparición forzada de persona” tiene signos de renuevo en los primeros años del siglo XXI con los 28 trabajadores petroleros secuestrados y desaparecidos en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2007; la desaparición temporal y posterior asesinato, en febrero de 2009, de los líderes mixtecos guerrerenses Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, y la desaparición de Miguel Alejandro Gama Habif, Israel Ayala Ramírez y Aarón Rojas de la Fuente, en Nuevo Laredo, el 17 de marzo de este año.

El 13 de febrero de 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 7/2009 relativa al caso de la desaparición forzada de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. En esa recomendación se afirma que, ante la comunidad internacional, México se encuentra

“… dentro de los países que registran un mayor número de casos de desaparición forzada de personas pendientes por aclarar; tan es así, que de los 532 casos de personas que fueron víctimas de desaparición forzada durante la década de los 70 y principios de los años 80 del siglo XX, respecto de los cuales esta Comisión Nacional se pronunció en su Recomendación 26/2001, 179 de ellos se encuentran incluidos en los 208 casos que en total reclama el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas al gobierno mexicano.”

Quienes fuimos parte de la Comed hemos expresado que no somos insensibles a las peticiones de las partes ni mucho menos a las de los familiares de las víctimas directas del ilícito. Pero los hechos de la parte gubernamental no arrojan un indicio de que haya cambiado la actitud que dio lugar a la disolución de la Comed. Somos conscientes de la importancia de la mediación, pero no queremos contribuir a generar falsas expectativas ni a avalar actitudes displicentes, por decir lo menos, de quienes tienen el deber de respetar los derechos humanos en nuestro país.

El pasado 13 de julio acordamos, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia, solicitar por conducto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública la información que la Sedena, el Cisen y la PGR tengan sobre la desaparición forzada de los militantes del EPR y que sea relevante y de urgente conocimiento para familiares de las víctimas y la sociedad toda.

Decidimos enviar copia del expediente de la ex Comed a la CIDH, como elemento para sus deliberaciones sobre el caso Rosendo Radilla, y lo mismo al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. El comunicado que preparamos puede consultarse en: www.serapaz.org.mx