Bonilla no soportó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le rebotara la llamada “Ley Bonilla”.
Ricardo Ravelo
Enero 22 de 2021
La guerra política entre el Alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, y el Gobernador Jaime Bonilla se recrudece, irreconciliable el conflicto, la lucha de poder en su plenitud no tiene límites.
Este conflicto no es nuevo, lleva varios meses en ebullición, y se empezó a recrudecer a raíz de que González Cruz hizo pública sus intenciones legítimas de competir por la gubernatura de Baja California. Desde entonces los odios se caldearon aún más. Bonilla no soportó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le rebotara la llamada “Ley Bonilla” -promovida por él presuntamente con dinero de la corrupción de las aduanas para corromper a los diputados que la votaron –y que González Cruz se erigiera como el abanderado de MORENA. Así se empezó a gestar la guerra.
De ser amigos y de apoyarse mutuamente en 2018 para ganar la gubernatura y la presidencia municipal de Tijuana –como ocurrió –Bonilla y González Cruz terminaron separados por las rencillas políticas. El conflicto ha escalado tan alto que hoy el asunto es irreconciliable. González Cruz no resultó ser el candidato de MORENA y, pese a ello, el odio sigue carcomiendo al Gobernador Jaime Bonilla, quien ahora pretende bloquear la posibilidad de que el edil de Tijuana busque la reelección en la presidencia municipal de Tijuana.
El motivo del conflicto ya no es la gubernatura de Baja California, que MORENA entregó a Marina del Pilar Ávila, exalcaldesa de la ciudad de Mexicali.
Ahora el tema es el crimen de Mariano Rafael Soto Cortez, un pseudoperiodista que en varias ocasiones fue acusado de extorsión y que manejaba una cuenta en Facebook dedicada a la difusión de temas de inseguridad. De historia oscura, este personaje cumplía en libertad una condena por extorsión: en varias ocasiones fue señalado de extorsionar a empresarios y de intimidar a funcionarios de las aduanas, exportadores e importadores, a quienes les exigía dinero a cambio de no difundir datos sobre su vida privada. La extorsión era su modus operandis.
Mariano Soto, según la historia que se empezó a tejer desde mediados de septiembre de 2020, tuvo conocimiento de un presunto decomiso de 600 kilos de cocaína que realizó la policía tijuanense adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a cargo de Alberto Ayón Monsalve.
Según trascendió, la droga habría sido comercializada en el mercado negro con el presunto objetivo de obtener recursos supuestamente para financiar el proyecto político de Arturo González Cruz rumbo a la gubernatura de Baja California. La información, sin embargo, nunca fue corroborada.
Por esas fechas, el munícipe de Tijuana fue citado en la Secretaría de Gobernación. El entonces subsecretario de esa dependencia, Ricardo Peralta –promotor de la Ley Bonilla con recursos de la corrupción en aduanas –le recriminó al Alcalde tijuanense sobre el decomiso de coca y éste dijo desconocer el tema y públicamente denunció las presiones que Peralta había ejercido en su contra. Aquí el conflicto empezaba escalar.
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Poco después del presunto decomiso de droga, incautado a una célula del cártel de Sinaloa que opera en Tijuana, el bloguero Mariano Soto denunció el hecho; expuso que la droga no fue entregada a las autoridades federales, que había sido vendida y, posteriormente, denunció que el responsable de la seguridad en Tijuana –Alberto Ayón Monsalve –y Arturo González Cruz lo habían amenazado de muerte y que pretendían asesinarlo por denunciar los hechos.
El pseusoperiodista insistió a través de videos y grabaciones respecto de las amenazas de muerte y no dejó de responsabilizar a los funcionarios municipales de lo que le pudiera suceder. Cabe señalar que el entorno de Mariano Soto estaba plagado de problemas, pues es fama pública en Tijuana que se dedicaba a la extorsión de funcionarios, lo que generó muchos agravios en personajes de la vida política y empresarial por las amenazas y las presiones que ejercía para extorsionarlos. La mayoría de sus víctimas terminaban pagándole sumas estratosféricas de dinero para que los dejara de molestar. Pero luego de algún tiempo, volvía a la carga. Por esa razón tenía muchos enemigos. Había sembrado demasiados odios.
El 4 de octubre de 2020, Mariano Soto –dueño de la página electrónica “Tijuana sin Censura” –fue ejecutado a tiros. Desde entonces, el Gobernador Jaime Bonilla no tomó descanso en ejercer señalamientos y descalificaciones en contra de González Cruz, Ayón Monsalve, y otros funcionarios municipales. Prácticamente –y para sus fines políticos –abanderó el caso de Mariano Soto para arremeter contra González Cruz.
En Baja California han ocurrido cientos de crímenes que siguen impunes y el Gobernador no ha responsabilizado a nadie por esas muertes. Tampoco ha expresado palabra alguna por la ola de ejecuciones que él como Gobernador no ha podido frenar. Pero el crimen de Soto le vino como anillo al dedo para construir una campaña de golpes y difamaciones contra González Cruz, su enemigo político.
El 1 de diciembre de este año, después de exhibir en su conferencia habitual las grabaciones que dejó Mariano Soto, el mandatario de Baja California anunció que la Fiscalía General del Estado le confirmó que el Alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, había sido citado a declarar sobre el caso.
González Cruz acudió a la autoridad ministerial. Sólo le preguntaron si conoció a Mariano Soto. Respondió que no. Y se fue. Pero ahora la Fiscalía le ha girado un nuevo citatorio en el que solicita a González Cruz acudir de nuevo a declarar sobre el crimen de Soto; en el citatorio ahora se incluye a Alberto Ayón Monsalve, exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, así como al secretario de Desarrollo Económico, Arturo Pérez Behr -quien presuntamente fue extorsionado por Mariano Soto- así como a Geibel Bolaños Guzmán, otro funcionario municipal presuntamente implicado en estos hechos.
A ellos se le cita por la presunta comisión del delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía en grado de ejecución en tentativa y abuso de autoridad, ambos delitos agravados por pandillerismo, así como por el diverso delito de intimidación agravada por ser miembro de corporación policial instruida en contra de Jorge Alberto Ayón Monsalve dentro del número de caso 0024-2020-35234.
En un video difundido, el Alcalde de Tijuana Arturo González Cruz acusó al Gobernador Jaime Bonilla de atentar contra sus libertades y de utilizar la justicia de manera facciosa para sus intereses políticos.
Dijo González Cruz: “El Gobernador aprovecha cada oportunidad para mentir y difamarme. Ahora, en un acto arbitrario, pretende privarme de mi libertad tratando de culparme por un caso en el que no tuve ni tengo nada que ver. Esto como amenaza directa para que no participe en el siguiente proceso electoral”.
“Gobernador, este es un juego sucio y perverso. Los tijuanenses no merecemos esto, mis derechos siguen a salvo y haré todo lo posible para lograr la candidatura para Tijuana. Las Cosas así no se hacen. Ya basta de usar los recursos públicos para intimidarme y afectar a Tijuana, todo por tu ganancia política y tu beneficio personal. Y a todos los tijuanenses le digo: no tengo nada que ver en este asunto y tú, Gobernador, sabes perfectamente eso”.
CIENFUEGOS: LA IMPUNIDAD
Ha transcurrido poco más de una semana de que la Fiscalía General de la República decidió no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda, supuestamente, porque el expediente remitido a México por la DEA carece de pruebas. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció, además, que la DEA fabricó pruebas en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, pero no adujo las razones que pudieron haber llevado a la agencia norteamericana a semejante osadía.
Lo cierto es que la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, no realizó ninguna investigación contra Cienfuegos. En ningún momento integraron una carpeta de investigación para realizar una indagación a fondo con base en la información que les remitió la DEA. Simplemente desecharon el expediente, lo descalificaron bajo el argumento de que estaba plagado de inconsistencias.
Esto derivó en fuerte conflicto, más aún, cuando el Congreso reformó la Ley de Seguridad Nacional que limita las acciones de la DEA en territorio mexicano, algo que ya se había hecho en 1992, pero que no se había cumplido.
Gertz Manero dijo que la FGR llevará el caso a un juicio internacional para castigar a los responsables de haber fabricado las pruebas en contra del general Cienfuegos. Su tono no fue el de un fiscal: fue el de un abogado dispuesto a pelear en favor de su cliente –Salvador Cienfuegos –acusado en Estados Unidos de proteger al cártel H-2, de lavado de dinero y tráfico de drogas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, por su parte, expuso ante este peloteo de argumentos que se reserva el derecho de reabrir el caso Cienfuegos y llevarlo a juicio.
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