miércoles, 7 de marzo de 2018

Unidad Campesina Popular, denuncia: Rigoberto Becerra Martín se apodera de tierras, agua y proyectos gubernamentales en La Laguna de Durango


Rigo Becerra “es preferido del gobernador” Rosas Aispuro: Juan Jaques Beltrán

Juan Monrreal López
Enero 8 de 2018

Gómez Palacio, Durango. – Los dirigentes de la Unidad Campesina Popular de la Laguna (UCPLAC) denunciaron a la familia de Rigoberto Becerra Martín y Teresa Becerra Pinedo, por apoderarse ilegalmente de predios rurales, simular avencindaje en ejidos, acaparar derechos de agua ilegítimamente, además de usar a su hija la sub secretaria de Finanzas y Administración del gobierno de Durango en La Laguna,- por cierto un puesto ilegal inventado ex profeso, ya que no existe en el organigrama del gobierno-, Teresa Becerra, así como a su yerno Ulises Campero, sub secretario de la secretaría de Desarrollo Rural en La Laguna (SAGDR), como instrumentos gubernamentales para  asignarse proyectos productivos, usar información privilegiada para su beneficio y por supuesto, para colocarse en estos tiempos electorales a la cabeza de las precandidaturas plurinominales de la alianza Con México al Frente, conformada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en la era del gobierno de la alternancia que dirige José Rosas Aispuro Torres “El Güero”.
La voracidad económica de Rigoberto Becerra Martín y familia es conocida tanto por los laguneros de Durango, como de Coahuila, al igual que su militancia en el PAN de Gómez Palacio, señalan los dirigentes de la UCPLAC, encabezados por Juan Jaques Beltrán, quienes apuntan un número elevado de ilegalidades cometidas por Becerra Martín, apoyado por autoridades federales, estatales municipales y ejidales, surgidas de distintos partidos políticos, pero “más ahora, que apoyaron a Rosas Aispuro, a quien dicen ayudaron fuertemente con dinero para la campaña política a gobernador”, de tal manera que la familia de Rigoberto Becerra Martín, “puede hasta resucitar a los muertos para que les vendan tierras y derechos de agua”,sin impedimento de ley o autoridad que los pare en seco.
Entrevistados en su modesto local arrendado en la confluencia de las calles Vergel y Centenario, los dirigentes de la UCPLAC narran con desesperación la infinidad de ocasiones en que el “gobernador de la alternancia” les ha prometido apoyarlos en todo, pero “no hemos avanzado en nada”, mientras a las familias Becerra Martín y Becerra Pinedo, no sólo les entregó un par de sub Secretarías, también inventaron el puesto de Teresa Becerra Pinedo, y por supuesto, les han entregado un sin número de “proyectos productivos, por varios millones de pesos”, mientras las organizaciones campesinas, apenas han recibido “migajas” de los pocos apoyos destinados a la producción agropecuaria.

Rigoberto Becerra Martín y familia Becerra Pinedo, largo historial de despojos en el mundo rural y urbano lagunero

Rigoberto Becerra Martín, no tiene pruritos morales para los negocios. La larga ristra de despojos a ciudadanos del medio urbano rural, lo certifican.
Dedicado al agio, desde siempre, se fue apropiando sin problema alguno de parcelas, pequeñas propiedades, pozos de agua, derechos de agua rodada, así como de proyectos productivos agropecuarios sostenidos con fondos gubernamentales en toda La Laguna.
Becerra Martín, entendió pronto que con dinero, puede resucitar muertos para comprarles derechos de agua y tierras; que, con monedas, los funcionarios de SAGARPA, CONAGUA, SAGDR,  burócratas municipales, comisariados ejidales, adquieren poderes prodigiosos que les permiten convocar a difuntos para que firmen papeles oficiales donde se plasman ventas de tierras y agua, ranchos, fincas y parcelas en favor de los panistas que apoyaron con todo,-eso dice la familia Becerra Pinedo-, al auto llamado gobernador de la alternancia en Durango, José Rosas Aispuro Torres.
Además, sabiéndose intocable por algún funcionario, Rigo Becerra, ha perforado pozos de agua sin permisos además de extraer el vital líquido sin medidores volumétricos.
También, convirtió en ejidatarios a toda su parentela en la comunidad campesina Nuevo Centro de Población, General Lorenzo Ávalos, del municipio de Gómez Palacio, para allegarse apoyos como comunero, sin reunir los requisitos que marca la Ley Agraria, según consta en documentación de la Procuraduría Agraria en poder de Demócrata Norte de México.
De esta manera, colocó como ejidatarios a sus hijos, Alfredo, Esther, Raquel, Teresa, todos de apellido Becerra Pinedo, además de registrar a parientes tales como Martha Alicia, Rosa Elena Gallegos Becerra, junto con Oscar Octavio García Gallegos y María del Carmen Pinedo Sandoval, entre otros.
Por si fuera poco, como pequeños propietarios reciben igualmente apoyos agropecuarios que como ya se anotó líneas arriba, son por varios millones de pesos.

Apoyos en proyectos productivos de la familia de Rigoberto Becerra, “conflicto de intereses”: UCPLAC

El presidente de la UCPLAC Juan Jaques Beltrán, dice sin dudarlo, “los apoyos que recibe Rigoberto Becerra Martín, familia Becerra Pinedo y otros familiares, están llenos de conflicto de interés”, puesto que el sub secretario de la SAGDR-L Ulises Campero, es yerno de Becerra Martín, por ello, “simplemente estarían impedidos de entregarle subsidios gubernamentales a esas familias, que por el contrario, fueron los primeros paquetes económicos que se aprobaron cuando existen campesinos, comuneros y personas con mayor necesidad en el campo de La Laguna”, apunta Jaques Beltrán, quien siente que a 16 meses que José Rosas Aispuro Torres asumió la gubernatura, no ha cumplido con la palabra empeñada con las promesas hechas en campaña.
En esta dinámica, el comité directivo de la UCPLAC decidió denunciar las prácticas ilegales de Ulises Campero, castigadas por la Ley de Funcionarios Públicos, entre otros códigos legales.
Primero intentaron hablar con el sub secretario, sin lograrlo. Luego, en entrevista forzada, hablaron con Rosas Aispuro en la inauguración del Puente del Fraccionamiento Altozano, prometiéndoles una audiencia. De esto “ya pasaron más de 30 días”, dicen incomodos los dirigentes de la UCPLAC.
Desde ese entonces y antes, recibieron amenazas de la sub secretaria de Finanzas y Administración del gobierno de Durango en La Laguna, Teresa Becerra Pinedo, quien retadora se apareció a las puertas de las oficinas de la organización, para exigir que descolgaran una manta donde denuncian el conflicto de intereses que existe en la entrega preferencial de recursos públicos “por el simple hecho de haber apoyado la campaña del gobernador Rosas Aispuro”, mientras el hambre avanza feroz en los ejidos y comunidades de La Laguna de Durango, y los más de 800 agremiados a la UCPLAC esperan que José Rosas Aispuro los reciba e instruya en desatorar los apoyos de los proyectos productivos de esta organización social.

El nepotismo de Ulises Campero y Teresa Becerra Pinedo, como en los tiempos del PRI

El nepotismo practicado por Ulises Campero es peor que en épocas que gobernaba el PRI, “ya que ahora se privilegia a familiares panistas y priistas”, pero no “al campesino, al jodido, pues”, remarca Juan Jaques, al tiempo que denuncia los pocos recursos que se destinan al campo en este llamado gobierno de la alternancia.
Y mientras la UCPLAC y demás organizaciones sociales mendigan entre escritorios de la SAGDR-Laguna solicitando información acerca de sus proyectos; la familia de Rigoberto Becerra Martín, ya se apresta a recibir al menos un puesto de diputada plurinominal a nivel local o federal, en la persona de Teresa Becerra Pinedo, pese a que vive en Torreón, Coahuila, “por seguridad, comodidad y desarrollo”.
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Presidente, Leticia Herrera Ale, presunto fraude por 14 millones de pesos contra Gómez Palacio

Dijo en su primer Informe, haber comprado camiones de basura, cuando son de particulares

Juan Monrreal López
Diciembre 18 de 2017

Gómez Palacio, Durango. –Un presunto fraude por 14 millones de pesos, realizado con la  compra de los camiones recolectores de basura habría sido cometido por la presidente municipal priista, Juana Leticia Herrera Ale, un desfalco inscrito en el primer Informe de gobierno municipal presentado por la alcaldesa, donde reveló que el ayuntamiento adquirió 8 vehículos recolectores-compactadores de desechos, esgrimiendo que , “ Eficientamos el sistema de recolección de basura con la adquisición de nuevos camiones compactadores, que, con la reestructuración de las rutas de recolección, Gómez Palacio, se encamina a ser un municipio limpio, con una inversión de 44 millones de pesos se ha logrado la modernización del sistema de recolección de basura en el área urbana y rural 8 unidades nuevas, 17 rutas, cobertura 100% (Leticia Herrera, Dixit)”, cuando el servicio de limpieza se encuentra concesionado a la empresa, Circulo Recolector S.A. de C.V. en cuyo contrato con el Municipio de Gómez Palacio, dice que la compañía adquirió, entre otros compromisos, proporcionar 8 vehículos de limpieza “arrendados” al ayuntamiento por 2 millones 320 mil pesos mensuales, es decir 290 mil pesos por cada camión de basura.
De esta manera, el dinero público empleado en la presumida compra de los camiones informada por Herrera Ale habría sido un desembolso que no correspondía al municipio, puesto que la sociedad anónima Círculo Recolector S.A. de C.V. asumió la obligación comprar, y no el ayuntamiento de Gómez Palacio.
Con todo, la adquisición de los vehículos fue anunciada con bombo y platillo por la priista Leticia Herrera y el gobernador panista José Rosas Aispuro Torres; tanto que el pasado 24 de marzo en la populosa Colonia Fidel Velázquez, más conocida como Chapala, los camiones de basura fueron mostrados como propiedad del ayuntamiento e incluso la presidente fanfarroneó junto con el gobernador montando uno de los vehículos cargadores de desechos.
Después se supo que los automotores pertenecían supuestamente a dueños particulares, – muy cercanos al Oficial Mayor, Francisco “Paco” Bardán Ruelas, que fueron traídos ex profeso de la ciudad de Durango- Julio César Cruz Ibarra, un reciclador de desperdicios en pequeño, que adquiere la basura en el tiradero municipal de Durango, y Javier Alfonso Montañez Torres, un jefecillo del departamento de limpieza, – en la época que Esteban Villegas Villarreal fue alcalde-, que concretamente se enfocaba a recoger los perros muertos en la vía pública, y son quienes aparecen como propietarios de la empresa mercantil, Círculo Recolector S.A. de C.V.

“Mi papá me enseñó a no tomar un cinco del pueblo”: Juana Leticia Herrera Ale

En octubre de 2016, funcionarios priistas de la presidencia, comentaron a Demócrata Norte de México, la intención de Leticia Herrera Ale y Francisco Bardán de “privatizar” el servicio de limpieza, “ya que siempre ha sido un negocio del alcalde en turno”, e incluso señalaron directamente el interés exacerbado que el Oficial Mayor, Bardán Ruelas, para que la concesión se entregara a “empresarios de la ciudad de Durango”.
Al avanzar la administración, fue la presidente priista Leticia Herrera Ale, quien empezó a tocar en los medios de difusión que “dignificaría” el servicio de recolección de basura con unidades más modernas.
Fue así como se llegó a la firma del contrato ilegal que autorizaba el arrendamiento de los 8 vehículos recolectores-compactadores con la empresa Circulo Recolector, una empresa formada al vapor el 8 de diciembre de 2016, con  un capital de 50 mil pesos y cuyos dueños, jamás presentaron una acta protocolaria en la que se registrara una ampliación de capital en su acta constitutiva, como tampoco acreditaron otras propiedades que hubieran servido como aval a la adquisición de los camiones con valor de 14 millones de pesos, según investigó Demócrata Norte de México, en el Registro Público de la propiedad en Gómez Palacio, Lerdo y la Ciudad de Durango.
Es más, Demócrata Norte de México, constató que Javier Alfonso Montañez Torres, quien cuenta con el 75 por ciento de las acciones, no tiene propiedad alguna, según arrojaron las búsquedas en el Registro Público de la Propiedad (RPP).
Por su parte, Julio César Cruz Ibarra, posee una vivienda de interés social en el fraccionamiento popular Colinas del Sol, propiedad que no vale más de 300 mil pesos, es decir, 500 por ciento menor en términos de precio que un solo camión recolector de basura.
El asunto es entonces, que no existen rastros económicos financieros que indiquen de donde salieron los 14 millones de pesos para comprar los 8 automotores de la basura, renta del predio donde guardan los automotores en la zona industrial, a excepción de la declaración tácita de la presidente Juana Leticia Herrera, “Eficientamos el sistema de recolección de basura con la adquisición de nuevos camiones compactadores”, asentada en el Primer Informe de gobierno de la alcaldesa, por lo que se deduce que habrían tomado 14 millones de pesos del dinero público y no de los “empresarios traídos ex profeso de la ciudad de Durango, por el Oficial Mayor, Francisco Bardán Ruelas”, para presentarlos como los nuevos concesionarios de los 8 camiones  arrendados.
De manera que, “Mi papá me enseñó a no tomar un cinco del pueblo (Leticia Herrera, Dixit)”, sería otra mascarada más de la priista presidente gómezpalatina.

Circulo Recolector S.A. de C.V. negocio turbio

La sombra de la sospecha que cae sobre la creación de la empresa Circulo Recolector S.A. de C.V. no es sólo porque se otorgó la concesión de recoger la basura a una empresa de nueva creación, sin concurso, a la que se pagan 2 millones 320 mil pesos mensuales por el arrendamiento de los vehículos, es decir, 290 mil pesos mensuales por unidad; también porque el contrato que se firmó es ilegal, ya que uno de los firmantes del documento fue Francisco Bardán Ruelas, quien legalmente no puede hacerlo pues carece de representación jurídica del ayuntamiento.
Pero la turbiedad del negocio de los vehículos de la basura no para allí.
Antes de firmar el documento con el Ayuntamiento, “los empresarios duranguenses” Javier Alfonso Montañez Torres y Julio César Cruz Ibarra, ya habían adquirido los carros recolectores pues el negocio ya estaba amarrado con Bardán Ruelas y la alcaldesa, Juana Leticia Herrera Ale, por eso, como señal de garantía contractual presentaron los números de serie de los automotores el pasado 6 de marzo de 2017, como consta en el convenio firmado 18 días antes de Juana Leticia, se montara en los camiones en la Colonia Chapala; el día que declaró que los furgones eran propiedad municipal, postura que reiteró en diversos videos colgados en YouTube, en la página oficial de la alcaldesa, pero además, impreso en el Primer Informe de Gobierno.
Todas estas irregularidades, más la suspicacia acerca del origen del dinero con los que se formó Circulo Recolector S.A. de C.V. con dueños que carecen de propiedades y no gozan de trabajos de magnates o industriales, hace presumir que Javier Alfonso Montañez Torres y Julio César Cruz Ibarra, son prestanombres o han tomado dinero de procedencia oscura e ilegal, o que en  realidad el dinero salió de la presidencia municipal, tal como lo anunció Leticia Herrera, para formar un negocio particular, que presta servicios al ayuntamiento, promovido y auspiciado por el Oficial Mayor Francisco “Paco” Bardán Ruelas, un auténtico negocio redondo, especialidad de Bardán Ruelas y la presidente Leticia Herrera.

Círculo Recolector S.A. de C.V. actividad sucia

El servicio de limpieza del municipio cuesta más de 44 millones de pesos. El arrendamiento de los vehículos de basura 27 millones 840 mil pesos; es decir, las rentas de los 8 vehículos se llevan el 63 por ciento del presupuesto total, un servicio malo y caro.
Cabe señalar, que la cantidad pagada a Circulo Recolector S.A. de C.V. sólo implica el chofer y un operario, el resto de los trabajadores del departamento de limpieza se pagan con dinero municipal.
Que los “dueños” de los camiones Javier Alfonso Montañez Torres y Julio César Cruz Ibarra, no puedan justificar de dónde sacaron el dinero para pagar los automotores, son causa de denuncias en la Fiscalía del estado o en su caso en la PGR, tanto como denunciar a Leticia Herrera Ale y quien resulte como desviadores de recursos públicos ante las autoridades judiciales mexicanas como en el Congreso de Durango y la secretaría de la Función Pública.
Además, las partidas presupuestales arrojan desvíos de dinero de distintos programas federales, por lo es una auténtica estafa a los bienes públicos, mientras la diputada panista Gina Campuzano González, ya exoneró de cualquier responsabilidad a la administración, declarando que Gómez Palacio, Durango, “no tiene problema alguno con sus Cuentas Públicas (Gina Campuzano, dixit), lo que evidencia lo chabacana y superficial manera de analizar el ejercicio presupuestal por los diputados locales de Durango.

No tengo, “necesidad de robar dinero público” Leticia Herrera Ale

Reiteradamente Juana Leticia Herrera Ale ha declarado el no tener “necesidad de robar dinero público”, sin embargo, el asunto de los vehículos de basura, todo parece indicar que dispuso de al menos 14 millones de pesos de dinero público para formar una empresa privada, al margen de la concesión ilegal entregada a Círculo Recolector S.A. de C.V. donde ni siquiera el contrato entra en el marco de legalidad.
Que Francisco Bardán Ruelas haya firmado el documento de arrendamiento, es ilegal, tan mentiroso como la no “necesidad de robar dinero público”, repetido una y otra vez por la presidente Herrera Ale; puede que sea así, pero todos los documentos y declaraciones en poder de Demócrata Norte de México, apunta a que ha cometido un presunto fraude de por lo menos 14 millones de pesos.
Que se aplique la ley.
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Contralora de Durango, María del Rosario Castro Lozano, 15 meses de demagogia y simulación



Hace un año habló del “daño incuantificable” del gobierno de Jorge Herrera; hoy está exonerado
Juan Monrreal López
Diciembre 5 de 2017
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Durango, Durango. – Quince meses después de que el llamado “gobierno de la alternancia” se instalara con la figura de José Rosas Aispuro Torres como gobernador, el fincamiento de responsabilidades a ex funcionarios del gobierno del estado que dirigió Jorge Herrera Caldera, por daños patrimoniales a Durango, poco a poco se van diluyendo envueltos en un mar de palabrería que semana tras semana ha vertido la contralora panista María del Rosario Castro Lozano, quien hace exactamente un año declaró,-en entrevista con la periodista Shaila Rosagel-, acerca de los daños presupuestales ocasionados por el ex gobernador Herrera Caldera por al menos 4 mil 500 millones de pesos de acuerdo con las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); pero, sólo son “la punta del iceberg” porque los daños son mayores e “incuantificables” dijo la contralora a la reportera; 430 días después, los castigos legales a quien “la hizo la paga, Aispuro Dixit”, siguen disolviéndose en el mar de las negociaciones políticas, y hasta ahora, sólo se mantiene en la cárcel a Rafael Herrera Piedra, primo del ex gobernador, pero a ningún ex funcionario público se ha tocado e incluso ya se exoneró de toda responsabilidad administrativa a Jorge Herrera Caldera.
Y es que la contralora del estado, María del Rosario Castro Lozano, tiene fama y antecedentes de ser perfecta simuladora, de pactar con quien le reditué mayores dividendos políticos y económicos, de manera que rendir buenas cuentas a la ciudadanía, poco importa.
De hecho, Rosario Castro, ha trabajado con mayores compromisos con fuerzas y grupos priistas que con los propios militantes del PAN, partido al que pertenece formalmente.
Un ejemplo, las pasadas elecciones locales en el año 2016.
La hoy contralora, realizó campaña diferenciada con loa candidatos a los puestos de gubernatura, presidencia municipal y diputaciones locales.
Así, mientras por un lado empujaba la candidatura del ahora gobernador José Rosas Aispuro, al mismo tiempo, promocionaba a la aspirante priista a la presidencia municipal, María Luisa González Achem, así como a la diputada local Jaqueline del Río López, por compromisos adquiridos con el entonces alcalde priista Roberto Carmona,-beneficiario actual de la obra pública lerdense-, boicoteando abiertamente las campañas de Salomé Elyd de Katsicas y Raúl Villegas Morales, candidatos de la coalición formada por los partidos PAN-PRD, Unidos por Ti.
De hecho, el sexenio de Jorge Herrera Caldera, fue un periodo de ensueño para María del Rosario Castro Lozano.
Amarrada la alianza con el ex gobernador, se dedicó a cultivar colaboraciones con los jefes de los poderes, entre éstos con el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Apolonio Betancourt y otros funcionarios señalados como saqueadores de los bienes del estado de Durango.
De manera que, difícilmente se llevará ante la ley, a quienes como pandilla asaltaron las arcas públicas.
“Daños incuantificables” al erario; Rosario Castro Lozano
“Hasta el momento la cifra es incuantificable; se irá precisando conforme se vayan desahogando las audiencias y conforme se den los resultados de la auditoría estatales. Las federales ya se tienen, hay que esperar las estatales”, dijo Castro Lozano, hace un año.
Sin embargo, han pasado 430 días y nada se ha hecho público de los avances de las auditorías estatales, aun cuando la Contralora declaró que la Federación detectó cuando menos “234 soluciones de responsabilidad administrativa de parte de la ASF y la Secretaría de la Función Pública”, nada se ha hecho por llevar ante los tribunales a los 14 ex funcionarios que asegura Rosario Castro Lozano, o los 26  burócratas que declaró el secretario General de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, participaron en el saqueo estatal.
Todavía en noviembre 25 de 2016, la Contralora presumió que, “Nos están exigiendo (de la Federación) requerir a los ex funcionarios. Nosotros somos coadyuvantes, la Federación se reserva la facultadas de recuperar el dinero federal y la facultad para hacerlo punitivo. Nosotros tenemos que demostrar que sí se requirió y se llevó el procedimiento. Si cumplieron se les notifica, y si no, se pasa el expediente para el debido proceso”, explicó en ese entonces, pero a la fecha, los duranguenses siguen esperando que el llamado “gobierno del cambio”, presente ante las autoridades judiciales a quienes causaron “daños (patrimoniales)incuantificables” a las arcas del estado.
Jorge Herrera Caldera, incrementó la deuda 405 por ciento; está exonerado
El gobierno de Jorge Herrera Caldera fue de saqueo.
De 3 mil 697 millones de deuda oficial heredada del gobierno de Ismael Alfredo Hernández Deras,- “ El campesino nylon, encargado de la CNC”-, la elevó hasta 15 mil millones de pesos, sin obra pública que la justifique.
Aun así, el ex gobernador fue exonerado públicamente por el actual mandatario estatal José Rosas Aispuro Torres.
Es tal la carga de esta herencia deudora que los habitantes de Durango adeudan 13 mil 780 pesos per cápita, una cantidad más elevada que Chihuahua y Veracruz cuyos habitantes deben 11 mil 308 pesos y 5 mil 621 pesos respectivamente, cuando existen cuando menos 234 observaciones de responsabilidad administrativa, según aseveró la Contralora, señalamientos que no han servido para fincar responsabilidades a nadie de los jefes políticos, frente a un juez.
Es cierto que se mantiene en la cárcel a Rafael Herrera Piedra, pero él no fue funcionario público.
Ahora, los duranguenses verán como en Coahuila, la impunidad en todo su esplendor, mientras las finanzas públicas pujan hasta para cubrir las necesidades más ingentes, en tanto María del Rosario Castro Lozano, seguirá hablando a los medios acerca de la diferencia del previo “proceso de entrega-recepción (que) anteriormente se llevaban entregas formales, pero no legales; hoy con la alternancia se están llevando entregas formales y legales”, más los resultados son peores; la ciudadanía es engañada.
Rosario Castro Lozano; alianzas 2018, otra vez con el PRI
Con la enjundia de haber derrotado en las urnas al PRI el 5 de junio de 2016, los nuevos funcionarios no escatimaron en seguir prometiendo y prometiendo; uno de estos burócratas fue la Contralora del gobierno del estado de Durango. 
Habló y dijo que las irregularidades se detectaron porque el nuevo gobierno es de “alternancia” y está obligado acumplirle a los duranguenses.
Luego, exaltada en rueda de prensa, María del Rosario Castro Lozano, reveló el nombre de 3 ex secretarios a los que se les imputaron responsabilidades administrativas, sin que hasta la fecha el proceso prosiga.
Unos porque están amparados Eduardo Díaz Juárez, ex secretario de Salud con el expediente 1206/2016, así como César Guillermo Rodríguez, titular de Comunicaciones y Obras Públicas, con en el expediente 1164/2016; y otros porque se dieron a la fuga, como la ex jefa de Finanzas María Cristina Díaz Herrera.
El asunto es que, ningún funcionario público de la era de Jorge Herrera Caldera, – el exonerado-, se encuentra frente a tribunales, mucho menos en prisión.
En este contexto, Rosario Castro Lozano, ha declarado tener a 14 ex funcionarios en investigación, en tanto, el secretario General de Gobierno Adrián Alanís Quiñones, hizo público que 27 ex burócratas de Jorge Herrera se encuentran amparados para no ser reclusos.
Han pasado 15 meses desde que el gobierno de la alternancia encargó a Rosario Castro Lozano, llevar a cabo los procesos jurídicos para fincar responsabilidades a quienes saquearon el patrimonio de los duranguenses, en este tiempo a nadie ha encarcelado, salvo Rafael Herrera Piedra, primo del ex gobernador que nunca fungió como empleado público.
Eso sí, María del Rosario Castro, llenó la nómina con fieles seguidores que ya se encuentran haciendo amarres políticos para el próximo proceso electoral 2018 y no precisamente con el PAN, como siempre ha sido la escuela mafio partidista de la Contralora que ha fallado a Durango, desde su nombramiento mismo.
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Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, subsecretario de Educación; subejercicio presupuestal, hostigamiento laboral, misoginia y más en SEED-Laguna

Juan Monrreal López
Noviembre 26 de 2017
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Gómez Palacio, Durango. – Con grandes carencias materiales en los centros escolares y en la propia sede de la sub Secretaría de Educación Pública en La Laguna de Durango (SEED-Laguna) a cargo de Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, existen fondos federalizados que el funcionario mantiene en un subejercicio presupuestal que alcanza 3 millones 378 mil 682 pesos 22 centavos, – que habrán de ejercerse antes de que finalice el año o se perderán-, según lo asienta la cuenta de BANCOMER de la dependencia en el corte bancario realizado el pasado 16 de noviembre, lo que da un ejemplo de la apatía con la que maneja la dependencia, al margen de los casos de nepotismo, contratación de personal pensionado por incapacidad total y permanente por la SEED y ocupados por la misma oficina gubernamental, además de casos de hostigamiento laboral, misoginia y discriminación por sólo mencionar algunos casos; situación de la que tienen conocimiento el gobernador del estado, José Rosas Aispuro, su esposa Elvira Barrantes; Rubén Calderón Luján, secretario de Educación; el secretario General de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones; la secretaria de la Contraloría, María del Rosario Castro Lozano, entre otros funcionarios.
Sin experiencia en el área docente, ni en la administración educativa, Cuitláhuac Valdés, fue ubicado como subsecretario de la SEED-Laguna, por el llamado gobierno de la alternancia el pasado 21 de octubre del 2016; cuando aún la mayoría de los laguneros creían que la administración pública estatal y sus dependencias en la Laguna de Durango, mejoraría, esperanza que cada día va desvaneciéndose conforme los ciudadanos observan cómo operan las distintas oficinas gubernamentales, “estábamos mejor, cuando estábamos peor”, repiten los profesores y administrativos.
Es tal la dejadez para ejercer las partidas presupuestales federalizadas que lejos de disminuir los montos a ejercer, éstos se incrementan día tras día, conforme se aproxima el fin de año y por tanto el cierre del año fiscal.
Así al revisar la cuenta Bancomer, donde le depositan los fondos federalizados de la institución, se encuentra que el día 2 de octubre existían 2 millones 393 mil 814 pesos y 94 centavos, para cerrar hasta el 16 de noviembre con 3 millones 378 mil 682 pesos 22 centavos, un aumento de 984 mil 867 pesos y 30 centavos, y se sabe que falta un depósito de aproximadamente 800 mil pesos, lo que exhibe aún más la falta de estrategia de inversión en los centros escolares, muchos de éstos, con condiciones deplorables.
Eso sí, entre una de las primeras determinaciones tomadas por el subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, fue auto asignarse un aumento del 100% al pasar de 45 mil pesos mensuales a cobrar 90 mil pesos mes tras mes.
El sub secretario, Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, “pagó por adelantado a proveedores”
Valdés Gutiérrez, es de los funcionarios que todo proveedor del gobierno sueña, “paga por adelantado”, aun cuando no se entreguen los productos, dicen a Demócrata Norte de México, funcionarios de la SEED.
Uno de estos casos, entre varios, es el asunto de la compra de 220 mil pesos de pintura, “allá por el mes de mayo”, a un vendedor de la ciudad de Durango.
Desde ese mes, el colorido líquido, no ha llegado a la subsecretaría, de manera que “no se ha pintado ninguna escuela, ni tampoco existe una lista que registre los centros escolares que están en planes de ser remozados”.
Y es que dentro de la SEED-Laguna, el secretario Particular de Cuitláhuac Valdés Gutiérrez; Carlos Alberto Fuentes Puentes, -un trabajador pensionado por incapacidad total y permanente-, “es quien decide y lleva la oficina, ejerciendo funciones que no le corresponden”, mientras Valdés Gutiérrez, “se desentiende de tareas primordiales de la dependencia” acusaron trabajadores de la subsecretaría.
De acuerdo con la normatividad de ejercicio presupuestal, Valdés Gutiérrez está incurriendo en desvío de recursospúblicos, además de obstaculizar los apoyos a los servicios educativos del sistema y las escuelas, como consecuencia de la negligencia con la que maneja el presupuesto.
Hostigamiento laboral y misoginia en SEED-Laguna
No son pocas las mujeres que acusan a Cuitláhuac Valdés Gutiérrez, Carlos Fuentes Puentes y cercanos, por hostigamiento laboral y misoginia.
Se sabe que una de las mujeres hostigadas denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, la situación laboral que considera insostenible, por el acoso que sufre en la oficina gubernamental.
Por lo pronto, el gobernador, José Rosas Aispuro, su esposa Elvira Barrantes; Rubén Calderón Luján, secretario de Educación; Adrián Alanís Quiñones, secretario General de Gobierno; la secretaria de la Contraloría, María del Rosario Castro Lozano, conocen del caso, sólo faltan que tomen las medidas que corresponden.
Y cuando se pensaba que la Educación en La Laguna de Durango, mejoraría con el llamado gobierno de la alternancia, todo parece estar peor que en tiempos del PRI que hizo de la SEED-Laguna una cueva de negocios y neo millonarios; ahora todo indica que la situación es pésima.
La reversa, también es cambio.
jmonrreall@yahoo.com
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