Narcolavado, otra guerra perdida por Calderón

Patricia Dávila

MÉXICO, D.F., 1 de mayo (Proceso).- El poder del narcotráfico no se agota en las armas y el ejercicio de la violencia ni en su capacidad corruptora. Con ganancias anuales estimadas en 40 mil millones de dólares, según el propio gobierno federal, su fortaleza está en los vastos recursos de que dispone para sus actividades criminales y que, hasta ahora, apenas han sido tocados por las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Y lo que es peor: los cárteles de la droga han recuperado legalmente buena parte de lo que se les incautó en la última década. Una investigación de Proceso revela la incapacidad gubernamental para llevar su guerra contra el narco fuera del ámbito militar y aplicar inteligencia financiera contra el lavado de dinero.

El combate contra el lavado de dinero producto del tráfico de drogas es otro flanco perdido en la guerra contra el narcotráfico: en una década, el gobierno federal ha intervenido tan sólo 55 empresas, pero ha tenido que devolver 24 a sus propietarios, según registros del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Sin embargo, de acuerdo con datos de diversas fuentes oficiales, los capos han logrado recuperar por lo menos otras nueve empresas más. Es decir, el narco le ha ganado al gobierno en 60% de los casos. La organización delictiva más beneficiada ha sido el cártel de Sinaloa.

En estos 10 años, el gobierno vendió 69 mil 870 bienes muebles e inmuebles asegurados al narco, por los que obtuvo cerca de 900 millones de pesos. La cifra no llega ni a 7.2% de la fortuna de mil millones de dólares atribuida a Joaquín El Chapo Guzmán Loera por la revista Forbes en marzo de 2009, cuando lo incluyó como uno de los hombres más ricos del mundo. Si se compara con las ganancias anuales de todos los cárteles de la droga que operan en México, calculadas en 40 mil millones de dólares por el propio gobierno federal, equivale apenas a 0.18%.

La información del SAE contrasta con la obtenida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que desde 2002 incluye en sus bases de datos a 116 empresas mexicanas sospechosas de mantener vínculos con cárteles y de realizar actividades de lavado de dinero. De éstas, el gobierno mexicano sólo ha asegurado ocho, pero ha devuelto siete a sus propietarios, aun cuando forman parte de esas organizaciones delictivas.

Transparencia obligada

Con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 30 de septiembre de 2009 Proceso solicitó al SAE una lista de los bienes muebles e inmuebles y empresas aseguradas o decomisadas al narcotráfico desde 2000.

Más específicamente, este semanario pidió que los datos se entregaran desglosados por año, con descripciones detalladas de cada uno de los bienes, el nombre de las personas a quienes se les incautaron, fecha y lugar de aseguramiento, cárteles implicados y valor real del bien.

En el caso de los que fueron vendidos, también se requirió al SAE el nombre del adquiriente, la fecha y el monto de la venta, así como la relación de los bienes que no han sido subastados y su estatus legal. Se pidió que se especificara cuáles fueron devueltos a sus propietarios, lugar y fecha de la restitución y el motivo de ésta. En el caso de las empresas, se solicitó además la razón social y el giro comercial.

Extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1748 de la revista Proceso, ya en circulación.

Proceso
02/05/2010

FMI: narco y terrorismo amenazas para México

J. JESÚS ESQUIVEL

WASHINGTON, 14 de enero (apro).- La violencia generada y provocada por los cárteles del narcotráfico, así como sus lazos con organizaciones extranjeras, consideradas en algunos casos como grupos terroristas, son una amenaza para la seguridad y la estabilidad nacional de México, advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El trafico de drogas y la escalada de violencia relacionada al narcotráfico es vista como una amenaza para la estabilidad y seguridad nacional de México", sentencia el FMI en un reporte titulado, "México: Reporte de Evaluación Detallada sobre Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo", fechado el 11 de septiembre de 2008 pero que fue difundido esta semana en Washington, D.C.

"Las organizaciones del tráfico de drogas han estado utilizando tácticas que incluyen la intimidación y asesinato de agentes de la aplicación de la ley, y de periodistas; y se cree que tienen lazos de operación con otros grupos criminales considerados por otros países como organizaciones terroristas, tal es el caso de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia)", enfatiza el reporte en el inciso numero 61 de los puntos clave definidos en la investigación descrita en 467 páginas.

Por su relación con grupos terroristas extranjeros como las FARC, los narcotraficantes, en algún momento, podrían "con sus actividades -criminales-- borrar las líneas entre los que se considera únicamente como actividad criminal y las actividades terroristas definidas bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Financiamiento del Terrosimo", destaca el reporte que forma para de los trabajos e investigaciones que lleva a cabo el FMI para la Observancia de Estándares y Códigos del Combate al Lavado de Dinero.

La organización multilateral de crédito con sede en la capital estadunidense, tradicionalmente se mantiene al margen de comentarios o conclusiones con implicaciones políticas para sus países miembros, como es el caso de México.El reporte inicia señalando que "México ahora enfrenta una amenaza sin precedentes a su estabilidad y seguridad nacional por el trafico de drogas y el crimen organizado", pero que con su expansión de poder y de operaciones en casi todos los puntos de la Republica Mexicana, los narcotraficantes "poseen también retos significativos para el gobierno" de Felipe Calderón.

La realidad del poderío que han alcanzado el narcotráfico y el crimen organizado en México, según el FMI se puede palpar "por el poder económico que tienen", que además les ayuda a "continuar operando y minimizando al buen gobierno y a las autoridades del Estado".

Contrario a lo que públicamente ha declaro el gobierno de Calderón, el amplísimo reporte o investigación del FMI añade que "las autoridades perciben que la amenaza del financiamiento del terrorismo en México se genera primeramente por los métodos terroristas respaldados por el crimen organizado, y por la proximidad y relación cercana con otros países que enfrentan amenazas terroristas".

Respecto al lavado de dinero, también el FMI es agudo en sus críticas a la labor que en este sentido realiza el gobierno de Calderón:

"Tomando en cuenta la expansión del tráfico de drogas y las actividades del crimen organizado, los delitos del lavado de dinero no han sido adecuadamente investigados, las autoridades solamente han obtenido 25 sentencias por lavado de dinero desde 1989, cuando se criminalizó a la actividad del lavado de dinero", puntualiza el reporte.

Entre las varias causas que contribuyen al fracaso del lavado de dinero por parte del gobierno de Calderón y que destaca el FMI, se identifica a la "insuficiencia de recursos" para las unidades de investigación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

"En este contexto, México es vulnerable al lavado de dinero asociado con la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas. La complejidad del lavado de dinero en México se ha incrementado conforme a la expansión de la influencia de las organizaciones criminales, y al desarrollo de nuevos métodos para lavar fondos ilícitos, incluido el que se ha realizado por medio de sus lazos con grupos criminales basados en otros países", añade.

Finalmente, el FMI le recomienda al gobierno de Calderon acudir y buscar ayuda internacional para combatir adecuadamente el lavado de dinero

Proceso15/01/2009