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sábado, 26 de mayo de 2012

Condena internacional de la matanza en Homs

Decenas de muertos por la represión del Ejército a una protesta en la provincia de Homs

El Ministro de Exteriores francés califica de “masacre” la muerte de decenas de sirios

Al menos hay 25 niños muertos

Ban Ki-moon afirma que la situación es muy seria y denuncia la existencia de grupos terroristas

Ana Garralda Jerusalén 26 MAY 2012 - 16:57 CET122

Las condenas internacionales a la violencia en Siria se suceden desde el exterior tras la matanza el viernes de decenas de sirios en la provincia de Homs. El último en sumarse ha sido el titular de Exteriores francés, Laurent Fabius, que incluso ha propuesto una nueva cita del grupo Amigos de Siria en París, tras conocerse que decenas de personas perdieron ayer la vida en una nueva envestida del régimen de Bachar Al Asad.

Los civiles de la región de Hula, en la provincia de Homs, eran masacrados este viernes, víctimas de un bombardeo, cuando se manifestaban contra la élite gobernante en el poder. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede Londres, cifraba el número de muertos en 90, entre ellos 25 niños, y se hace eco de la huida masiva de los habitantes de esta ciudad, cercana a otra ya fantasma y desierta que ostenta el mismo nombre de la provincia. Por su parte, el Ejército Sirio Libre, integrado por desertores de las fuerzas regulares en el terreno, reducía la cifra de víctimas a 75, incluyendo entre ellas también a soldados sirios.

Las imágenes de los cadáveres eran inmediatamente colgadas en Internet y difundidas por la televisión oficial del régimen, señalando a “bandas terroristas” como autoras de la sangría. La oposición, en cambio acusa directamente a los soldados del ejército regular. Informaciones contradictorias imposibles de contrastar desde hace meses ante la imposibilidad de libre entrada en el país de la prensa internacional.



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Según fuentes de la oposición, se trata del ataque más letal desde que se acordara el alto el fuego (auspiciado por la ONU y la Liga Árabe) entre el régimen y las fuerzas rebeldes, firmado a mediados del pasado mes de abril. Sin embargo, la violencia no ha cesado por ninguno de los dos bandos “y la situación continúa siendo extremadamente seria”. Así lo aseguraba este viernes el Secretario General de Naciones Unidas , Ban Ki-moon, en una carta enviada al Consejo de Seguridad, difundida en la misma jornada en la que se conocían las muertes. En el texto, Ban también remarca la sofisticación en el armamento utilizado en los últimos ataques, lo que sugiere que hay “grupos terroristas establecidos”. “Aquellos que contemplen apoyar a cualquiera de las partes con armas, entrenamiento militar o cualquier otro tipo de ayuda, deben reconsiderar estas opciones para permitir un cese de la violencia sostenible”, rezaba el documento enviado por el Secretario General.

Durante meses, esa ha sido la tesis utilizada por el régimen sirio, que los ataques son perpetrados por grupos terroristas financiados desde el exterior, en acusación directa las monarquías suníes del golfo Pérsico de las que los asesores del presidente sirio sospechan que puedan estar financiando a la mayoría suní de las fuerzas opositoras. También se ha tenido conocimiento de la presencia de oficiales iraníes en suelo sirio, que estarían ayudando al régimen de los Asad.

La realidad es que las armas entran por todas partes al país, especialmente por el vecino Líbano, que ya está sufriendo en propias carnes un conflicto sectario que no le es ajeno y que afecta ya a sus nacionales.

Nada se sabe aún de la decena de libaneses secuestrados esta semana en el norte de Siria cuando regresaban, a través de Turquía, de una peregrinación por los lugares de Irán sagrados para los chiíes. Los mensajes de su pronta liberación han sido constantes en los últimos días, el último el viernes por parte de primer ministro Libanés, Nayib Mikati, sin que hasta ahora haya tenido lugar. Nuevamente se espera su llegada en la noche de hoy al aeropuerto de Beirut, en un vuelo procedente de Turquía, a donde habrían sido trasladados desde Siria.

La ONU calcula que desde que estalló la revuelta en este país en marzo de 2011, habrían muerto más de 10.000 personas. La agencia para los refugiados de este organismo, ACNUR, cifra en más de 70.000 los desplazados internos por los enfrentamientos.

sábado, 7 de enero de 2012

Reclama expresidente Zedillo inmunidad en EU por hechos de Acteal

Notimex
06 Enero 2012

El expresidente de México, Ernesto Zedillo, reclamó hoy inmunidad legal a una corte estadunidense, en respuesta a una demanda en la que es acusado de crímenes contra la humanidad por la matanza en la comunidad indígena de Acteal en 1997.

México, DF. En la moción, Zedillo argumentó inmunidad por su posición de expresidente de México y negó tener responsabilidad por los hechos registrados en dicha comunidad del sudoriental estado mexicano de Chiapas.

Zedillo, quien gobernó México de diciembre de 1994 a noviembre de 2000, interpuso a través de sus abogados la moción solicitando se deseche la acusación en su contra presentada en la Corte Federal en Hartford, Connecticut, el pasado 19 de septiembre.

El exmandatario mexicano fue acusado por una decena de sobrevivientes de la denominada matanza de Acteal, en la que murieron 45 personas, incluyendo mujeres y niños.

Según la acusación, la masacre ocurrió a raíz de la supuesta aplicación por parte del gobierno mexicano de "El Plan de Campaña Chiapas 94", una presunta estrategia secreta para aplastar el movimiento insurgente zapatista que emergió públicamente el 1 de enero de 1994.

La demanda fue interpuesta por el despacho "Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess", con sede en Miami (Florida) a nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas cuyos nombres se mantienen bajo reserva.

Roger Kobert, uno de los abogados que representa a los demandantes, dijo a Notimex que la argumentación de Zedillo es "inapropiada" al solicitar a la corte que lo exima de toda responsabilidad.

"No es apropiado solicitar inmunidad", insistió el abogado al sostener que todas las evidencias presentadas en la demanda están respaldadas.

Kobert rechazó hacer más comentarios por no haber leído aún las 122 páginas en las que los abogados del expresidente responden a la demanda.

El recurso fue radicado ante la corte en Connecticut por ser la entidad de residencia del exgobernante mexicano, que se desempeña actualmente como profesor en la prestigiosa Universidad de Yale en New Haven.

En la demanda se acusa al expresidente Zedillo de conspirar junto con el entonces procurador general mexicano Jorge Madrazo Cuéllar para ocultar el papel desplegado por el ejecutivo federal antes y después de la masacre.

De acuerdo con la acusación, como parte del encubrimiento unas 128 personas de la zona cercana a la aldea de Acteal fueron detenidas y arrestadas.

En octubre de 2007, unos 34 de los detenidos fueron declarados culpables de varios crímenes, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, y algunos fueron sentenciados a penas de hasta 26 años de cárcel.

Sin embargo, en agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de México revocó 20 de las sentencias y ordenó liberar a 11 de los detenidos, por actos ilícitos de la fiscalía, incluyendo fabricación de pruebas y otras violaciones a las leyes.

Según la demanda, el encubrimiento de los hechos continuó por años después de que Zedillo dejó la Presidencia en el año 2000.

La firma de abogados que representa a los demandantes sostiene que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de México permitió a sobrevivientes y familiares de las víctimas, conocer tales hechos al hacerse pública la verdad sobre el encubrimiento.

Las leyes estadunidenses permiten a ciudadanos extranjeros el buscar justicia en Estados Unidos en contra de exfuncionarios como Zedillo, porque éste reside y trabaja en el país, aun cuando los hechos de los que se le acusan hayan ocurrido en otra nación.

La ley de Protección a Víctimas de Tortura y la Ley de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros, permite a ciudadanos de otros países el derecho de ejercer acciones legales en las cortes de Estados Unidos.