Agencias
26 mayo 2012
En el texto se advierte al presidente mexicano sobre vínculos de narcotraficantes y extorsionadores con altos mandos militares y policiales. Se indica que la cabeza pertenece a uno de esos delincuentes.
Una cabeza humana fue abandonada este viernes sobre el techo de un automóvil en la ciudad de Cuernavaca y en su interior aparentemente el resto del cuerpo, informó la fiscalía estatal.
La policía recibió un aviso anónimo que alertaba de que en una céntrica calle de Cuernavaca -capital del estado de Morelos, ubicada 90 km al sur de Ciudad de México- había un automóvil cubierto por una gran manta con un mensaje escrito, indicó la fiscalía estatal a la prensa en un comunicado.
Las autoridades encontraron en el interior del vehículo "una bolsa negra, al parecer, con el cuerpo del hombre cuya cabeza apareció sobre el auto", agregó el reporte.
Más de 50.000 personas han muerto desde diciembre de 2006, cuando se inició un operativo antidroga en gran parte de México, la mayoría de ellas, según el gobierno, producto de pugnas entre narcotraficantes.
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sábado, 26 de mayo de 2012
sábado, 7 de enero de 2012
Reclama expresidente Zedillo inmunidad en EU por hechos de Acteal
Notimex
06 Enero 2012
El expresidente de México, Ernesto Zedillo, reclamó hoy inmunidad legal a una corte estadunidense, en respuesta a una demanda en la que es acusado de crímenes contra la humanidad por la matanza en la comunidad indígena de Acteal en 1997.
México, DF. En la moción, Zedillo argumentó inmunidad por su posición de expresidente de México y negó tener responsabilidad por los hechos registrados en dicha comunidad del sudoriental estado mexicano de Chiapas.
Zedillo, quien gobernó México de diciembre de 1994 a noviembre de 2000, interpuso a través de sus abogados la moción solicitando se deseche la acusación en su contra presentada en la Corte Federal en Hartford, Connecticut, el pasado 19 de septiembre.
El exmandatario mexicano fue acusado por una decena de sobrevivientes de la denominada matanza de Acteal, en la que murieron 45 personas, incluyendo mujeres y niños.
Según la acusación, la masacre ocurrió a raíz de la supuesta aplicación por parte del gobierno mexicano de "El Plan de Campaña Chiapas 94", una presunta estrategia secreta para aplastar el movimiento insurgente zapatista que emergió públicamente el 1 de enero de 1994.
La demanda fue interpuesta por el despacho "Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess", con sede en Miami (Florida) a nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas cuyos nombres se mantienen bajo reserva.
Roger Kobert, uno de los abogados que representa a los demandantes, dijo a Notimex que la argumentación de Zedillo es "inapropiada" al solicitar a la corte que lo exima de toda responsabilidad.
"No es apropiado solicitar inmunidad", insistió el abogado al sostener que todas las evidencias presentadas en la demanda están respaldadas.
Kobert rechazó hacer más comentarios por no haber leído aún las 122 páginas en las que los abogados del expresidente responden a la demanda.
El recurso fue radicado ante la corte en Connecticut por ser la entidad de residencia del exgobernante mexicano, que se desempeña actualmente como profesor en la prestigiosa Universidad de Yale en New Haven.
En la demanda se acusa al expresidente Zedillo de conspirar junto con el entonces procurador general mexicano Jorge Madrazo Cuéllar para ocultar el papel desplegado por el ejecutivo federal antes y después de la masacre.
De acuerdo con la acusación, como parte del encubrimiento unas 128 personas de la zona cercana a la aldea de Acteal fueron detenidas y arrestadas.
En octubre de 2007, unos 34 de los detenidos fueron declarados culpables de varios crímenes, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, y algunos fueron sentenciados a penas de hasta 26 años de cárcel.
Sin embargo, en agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de México revocó 20 de las sentencias y ordenó liberar a 11 de los detenidos, por actos ilícitos de la fiscalía, incluyendo fabricación de pruebas y otras violaciones a las leyes.
Según la demanda, el encubrimiento de los hechos continuó por años después de que Zedillo dejó la Presidencia en el año 2000.
La firma de abogados que representa a los demandantes sostiene que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de México permitió a sobrevivientes y familiares de las víctimas, conocer tales hechos al hacerse pública la verdad sobre el encubrimiento.
Las leyes estadunidenses permiten a ciudadanos extranjeros el buscar justicia en Estados Unidos en contra de exfuncionarios como Zedillo, porque éste reside y trabaja en el país, aun cuando los hechos de los que se le acusan hayan ocurrido en otra nación.
La ley de Protección a Víctimas de Tortura y la Ley de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros, permite a ciudadanos de otros países el derecho de ejercer acciones legales en las cortes de Estados Unidos.
06 Enero 2012
El expresidente de México, Ernesto Zedillo, reclamó hoy inmunidad legal a una corte estadunidense, en respuesta a una demanda en la que es acusado de crímenes contra la humanidad por la matanza en la comunidad indígena de Acteal en 1997.
México, DF. En la moción, Zedillo argumentó inmunidad por su posición de expresidente de México y negó tener responsabilidad por los hechos registrados en dicha comunidad del sudoriental estado mexicano de Chiapas.
Zedillo, quien gobernó México de diciembre de 1994 a noviembre de 2000, interpuso a través de sus abogados la moción solicitando se deseche la acusación en su contra presentada en la Corte Federal en Hartford, Connecticut, el pasado 19 de septiembre.
El exmandatario mexicano fue acusado por una decena de sobrevivientes de la denominada matanza de Acteal, en la que murieron 45 personas, incluyendo mujeres y niños.
Según la acusación, la masacre ocurrió a raíz de la supuesta aplicación por parte del gobierno mexicano de "El Plan de Campaña Chiapas 94", una presunta estrategia secreta para aplastar el movimiento insurgente zapatista que emergió públicamente el 1 de enero de 1994.
La demanda fue interpuesta por el despacho "Rafferty Kobert Tenenholtz Bounds & Hess", con sede en Miami (Florida) a nombre de seis hombres y cuatro mujeres sobrevivientes de los hechos y viudas e hijos de las víctimas cuyos nombres se mantienen bajo reserva.
Roger Kobert, uno de los abogados que representa a los demandantes, dijo a Notimex que la argumentación de Zedillo es "inapropiada" al solicitar a la corte que lo exima de toda responsabilidad.
"No es apropiado solicitar inmunidad", insistió el abogado al sostener que todas las evidencias presentadas en la demanda están respaldadas.
Kobert rechazó hacer más comentarios por no haber leído aún las 122 páginas en las que los abogados del expresidente responden a la demanda.
El recurso fue radicado ante la corte en Connecticut por ser la entidad de residencia del exgobernante mexicano, que se desempeña actualmente como profesor en la prestigiosa Universidad de Yale en New Haven.
En la demanda se acusa al expresidente Zedillo de conspirar junto con el entonces procurador general mexicano Jorge Madrazo Cuéllar para ocultar el papel desplegado por el ejecutivo federal antes y después de la masacre.
De acuerdo con la acusación, como parte del encubrimiento unas 128 personas de la zona cercana a la aldea de Acteal fueron detenidas y arrestadas.
En octubre de 2007, unos 34 de los detenidos fueron declarados culpables de varios crímenes, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, y algunos fueron sentenciados a penas de hasta 26 años de cárcel.
Sin embargo, en agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de México revocó 20 de las sentencias y ordenó liberar a 11 de los detenidos, por actos ilícitos de la fiscalía, incluyendo fabricación de pruebas y otras violaciones a las leyes.
Según la demanda, el encubrimiento de los hechos continuó por años después de que Zedillo dejó la Presidencia en el año 2000.
La firma de abogados que representa a los demandantes sostiene que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de México permitió a sobrevivientes y familiares de las víctimas, conocer tales hechos al hacerse pública la verdad sobre el encubrimiento.
Las leyes estadunidenses permiten a ciudadanos extranjeros el buscar justicia en Estados Unidos en contra de exfuncionarios como Zedillo, porque éste reside y trabaja en el país, aun cuando los hechos de los que se le acusan hayan ocurrido en otra nación.
La ley de Protección a Víctimas de Tortura y la Ley de Protección y de Reclamos por Agravios a Extranjeros, permite a ciudadanos de otros países el derecho de ejercer acciones legales en las cortes de Estados Unidos.
lunes, 3 de octubre de 2011
Revela Wikileaks muerte de Batista
Vanguardia
03 Octubre 2011
Señalan cables que el entonces cónsul de EU en Monterrey fue informado por funcionarios de coahuila del crimen del ciudadano estadounidense
Saltillo.- -Félix Batista, experto antisecuestros raptado en Saltillo desde el 10 de diciembre de 2008, fue asesinado días después de su desaparición y sus restos fueron “cocidos” para no dejar huella, informaron autoridades del Gobierno de Coahuila al Consulado de Estados Unidos en Monterrey, según el cable de WikiLeaks 09MONTERREY251.
En esa comunicación de Bruce Williamson, cónsul de EU en Monterrey, con la Secretaría de Estado de Estados Unidos, se establece que personal estadounidense se entrevistó con el entonces gobernador Humberto Moreira Valdés y Jesús Torres Charles, fiscal del Estado, el 23 de junio de 2009.
La reunión era para conocer de primera mano los cambios en el aparato de seguridad que había adelantado Moreira Valdés 15 días antes.
Además se intercambió información sobre tráfico de armas, entrenamiento y cuestiones de respuesta de emergencia.
Tras ello, se efectuó otra reunión para informarles los avances que se tenía en la investigación por la desaparición de Batista.
A esa reunión asistió Moreira, Torres Charles y funcionarios de Estados Unidos.
“Por información de inteligencia habían descubierto que el señor Batista fue asesinado pocos días después de su secuestro, su cuerpo fue ‘cocido’ para deshacerse de sus restos”, dice el cable 09MONTERREY251.
En el mismo documento, fechado el 26 de junio de 2009, se establece que no existía una versión contundente sobre la razón para secuestrar a Batista, aunque se especula que fue porque luego de raptarlo sus captores no supieron qué hacer con él.
En el cable se establece que el autor intelectual del secuestro fue Germán Torres Jiménez, “El Tatanka”, líder de un grupo de la delincuencia organizada detenido en abril de 2009 en Poza Rica, Veracruz.
El rapto
El caso de Félix Batista se menciona en otros dos cables, el 08MONTERREY565, fechado el 19 de diciembre del 2008, y el 09MONTERREY18, del 14 de enero del 2009.
En el primero de ellos se informa a la Secretaría de Estado sobre el secuestro de Batista.
Menciona que Batista viajó a Saltillo por un asunto personal, pues en la ciudad conoció a Fausto Destanave, en ese entonces secretario de Seguridad Estatal, a través de una hermana de éste.
El 10 de diciembre de 2008, Batista se encontraba apoyando las negociaciones para la liberación de un señor de apellido Valdés, amigo del experto antisecuestros estadounidense, y ex jefe de seguridad de importantes empresarios locales, que había sido privado de su libertad.
Cuando Batista comía en un restaurante al norte de la ciudad con el hijo de Valdés, recibió una llamada a su teléfono celular.
Antes de salir del establecimiento, Batista dijo a sus acompañantes que si no regresaba marcaran a un número telefónico. En el lugar dejó su tarjeta de crédito, documentos y computadora portátil, después subió a un vehículo cuyo modelo no se especifica, y donde lo esperaban cuatro hombres. Jamás lo volvieron a ver. A las pocas horas Valdés fue liberado.
Nueve días después del rapto, el Consulado de Monterrey le daba pocas probabilidades de vida, según consta en el cable filtrado por WikiLeaks.
“Batista ha estado ausente durante más de una semana, y cada día que él está cautivo reduce las posibilidades de que sea liberado”, escribió Williamson a sus superiores en la Secretaría de Estado.
03 Octubre 2011
Señalan cables que el entonces cónsul de EU en Monterrey fue informado por funcionarios de coahuila del crimen del ciudadano estadounidense
Saltillo.- -Félix Batista, experto antisecuestros raptado en Saltillo desde el 10 de diciembre de 2008, fue asesinado días después de su desaparición y sus restos fueron “cocidos” para no dejar huella, informaron autoridades del Gobierno de Coahuila al Consulado de Estados Unidos en Monterrey, según el cable de WikiLeaks 09MONTERREY251.
En esa comunicación de Bruce Williamson, cónsul de EU en Monterrey, con la Secretaría de Estado de Estados Unidos, se establece que personal estadounidense se entrevistó con el entonces gobernador Humberto Moreira Valdés y Jesús Torres Charles, fiscal del Estado, el 23 de junio de 2009.
La reunión era para conocer de primera mano los cambios en el aparato de seguridad que había adelantado Moreira Valdés 15 días antes.
Además se intercambió información sobre tráfico de armas, entrenamiento y cuestiones de respuesta de emergencia.
Tras ello, se efectuó otra reunión para informarles los avances que se tenía en la investigación por la desaparición de Batista.
A esa reunión asistió Moreira, Torres Charles y funcionarios de Estados Unidos.
“Por información de inteligencia habían descubierto que el señor Batista fue asesinado pocos días después de su secuestro, su cuerpo fue ‘cocido’ para deshacerse de sus restos”, dice el cable 09MONTERREY251.
En el mismo documento, fechado el 26 de junio de 2009, se establece que no existía una versión contundente sobre la razón para secuestrar a Batista, aunque se especula que fue porque luego de raptarlo sus captores no supieron qué hacer con él.
En el cable se establece que el autor intelectual del secuestro fue Germán Torres Jiménez, “El Tatanka”, líder de un grupo de la delincuencia organizada detenido en abril de 2009 en Poza Rica, Veracruz.
El rapto
El caso de Félix Batista se menciona en otros dos cables, el 08MONTERREY565, fechado el 19 de diciembre del 2008, y el 09MONTERREY18, del 14 de enero del 2009.
En el primero de ellos se informa a la Secretaría de Estado sobre el secuestro de Batista.
Menciona que Batista viajó a Saltillo por un asunto personal, pues en la ciudad conoció a Fausto Destanave, en ese entonces secretario de Seguridad Estatal, a través de una hermana de éste.
El 10 de diciembre de 2008, Batista se encontraba apoyando las negociaciones para la liberación de un señor de apellido Valdés, amigo del experto antisecuestros estadounidense, y ex jefe de seguridad de importantes empresarios locales, que había sido privado de su libertad.
Cuando Batista comía en un restaurante al norte de la ciudad con el hijo de Valdés, recibió una llamada a su teléfono celular.
Antes de salir del establecimiento, Batista dijo a sus acompañantes que si no regresaba marcaran a un número telefónico. En el lugar dejó su tarjeta de crédito, documentos y computadora portátil, después subió a un vehículo cuyo modelo no se especifica, y donde lo esperaban cuatro hombres. Jamás lo volvieron a ver. A las pocas horas Valdés fue liberado.
Nueve días después del rapto, el Consulado de Monterrey le daba pocas probabilidades de vida, según consta en el cable filtrado por WikiLeaks.
“Batista ha estado ausente durante más de una semana, y cada día que él está cautivo reduce las posibilidades de que sea liberado”, escribió Williamson a sus superiores en la Secretaría de Estado.
lunes, 11 de julio de 2011
Van más policías muertos que narcos detenidos en lucha antinarco
.Leticia Robles de la Rosa (Excélsior)
11-Julio-2011
CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que va del sexenio, la estrategia anticrimen ha permitido la detención de dos mil 408 narcotraficantes. En esta lucha, no obstante, han muerto dos mil 886 militares, marinos, policías y hasta agentes del Cisen.
El secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, informó al Congreso que “las acciones de combate a la delincuencia generadas por el gobierno federal y por los gobiernos locales han provocado una afectación importante en las ganancias de las organizaciones criminales. Esta situación ha hecho que los grupos delictivos reaccionen violentamente contra las instituciones que los combaten”.
El informe, entregado a petición de la Comisión Permanente del Congreso, detalla que de los dos mil 886 policías asesinados, mil 296 (que equivalen a 45%) eran municipales, 963 (33%) eran agentes estatales, 627 (22%) eran soldados, marinos, policías ministeriales federales, custodios federales, policías aduanales, agentes del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), y de la Unidad Especializada de Inspección Fiscal y Aduanera.
Paralelamente, el texto detalla que se han asegurado 50 mil 121 indocumentados; siete mil 287 de ellos tan sólo en lo que va de este año.
Se pierde a un agente por cada narcoarresto
El secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, informó al Senado y a la Cámara de Diputados que, en el sexenio, la estrategia anticrimen permitió la detención de dos mil 408 narcotraficantes, de un total de 68 mil 163 detenidos en flagrancia; pero el crimen organizado mató a dos mil 886 militares, marinos, policías y hasta agentes del Cisen, por ejecución o en enfrentamientos.
De esa manera, en lo que va de la presente administración, la detención de cada narcotraficante costó la vida de 1.1 elementos policiacos.
García Luna envió al Congreso de la Unión un informe detallado de los resultados de la estrategia nacional anticrimen. Dicho documento comenzará a ser distribuido entre todos los legisladores la próxima semana.
El funcionario federal responde en el texto a una petición de los senadores perredistas Máximo García Zalvidea, Rosalinda López y Rubén Velázquez, respaldada por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la SSP detallen el número de víctimas inocentes del combate contra el crimen organizado.
Ejecuciones y aprehensiones
De esa manera, respondió este fin de semana con un informe de 132 hojas, en el cual destaca que “las acciones de combate a la delincuencia generadas por el gobierno federal y por los gobiernos locales han generado una afectación importante en las ganancias de las organizaciones criminales, así como en su operatividad, esta situación ha hecho que las organizaciones criminales reaccionen violentamente contra las instituciones que las combaten.
“Así, tenemos que de diciembre de 2006 a junio 2011 han fallecido dos mil 886 elementos de seguridad pertenecientes a los tres niveles de gobierno, por ejecución, enfrentamientos y agresiones contra la autoridad. Las corporaciones policiacas municipales son quienes reportan el mayor número de fallecidos, con 45 por ciento”, precisa.
Detalla el informe que de los dos mil 886 policías asesinados, mil 296 (que equivalen a 45 por ciento) son municipales y 627 (que es 22 por ciento) fueron policías federales (con 240 muertes), soldados, marinos, policías ministeriales federales, custodios federales, policías aduanales, agentes del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), y de la Unidad Especializada de Inspección Fiscal y Aduanera; en tanto, 963 (que representan 33 por ciento) son policías estatales.
En el rubro de detenciones, destaca que, en el sexenio, la Policía Federal detuvo a 68 mil 163 delincuentes en flagrancia; 18 mil 612, del 1 de enero al 30 de junio de este año; además, se aseguraron 50 mil 121 indocumentados; siete mil 287 tan sólo en lo que va de este año.
Del total de las 68 mil 163 personas detenidas, “dos mil 408 fueron aprehendidas por pertenecer a alguno de los cárteles de narcotráfico; destacan 169 por su nivel de mando en la estructura de las organizaciones a las que pertenecían o por su peligrosidad”.
Se han ofrecido casi 17 mil servicios médicos a víctimas
Durante este sexenio, en materia de la lucha contra la delincuencia organizada, 16 mil 904 personas que han padecido algún delito han requerido de servicio de paramédicos, mientras que se han brindado 22 mil 53 servicios de apoyo sicológico a las víctimas.
Esas cifras se desprenden de un informe que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal envió este fin de semana a los senadores y a los diputados, respecto de los resultados de la estrategia nacional anticrimen.
En la última semana de junio, la procuradora general de la República, Marisela Morales, respondió a los legisladores federales que “no hay base jurídica para concluir que existan víctimas, daños materiales y pérdidas económicas por la estrategia de seguridad pública de 2006 a 2011”, pero esta dependencia brindó servicios a 12 mil 431 víctimas y ofendidos del delito.
El titular de la SSP, Genaro García Luna, en el documento que envió, no se refiere expresamente al número de víctimas civiles por el combate al crimen organizado, que fue una de las peticiones de los legisladores federales, pero precisa que, desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de junio pasado, se brindaron 66 mil 892 servicios a víctimas del delito, a través de centros, módulos, unidades itinerantes y brigadas de atención en sitio.
Persiste opacidad en policías de las entidades y municipios
Solamente 15 por ciento de los cuerpos policiacos no federales han sido sometidos a exámenes de control de confianza, lo que significa que es mínimo el nivel de certeza que existe sobre esos agentes para combatir el crimen.
Lo anterior es parte del informe que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, envió al Senado y a los diputados sobre la estrategia nacional contra el crimen.
El 30 de junio pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que 86.83 por ciento de los elementos policiacos estatales, ministeriales y municipales del país no han sido evaluados, por lo que las corporaciones policiacas siguen siendo poco confiables para combatir al hampa.
Es decir sólo 13.17 por ciento de los elementos de seguridad contratados para combatir a la delincuencia son confiables al haber presentado sus exámenes que los acreditan como aptos para realizar sus funciones.
Durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la dependencia federal reveló que 342 mil 494 policías no han presentado su certificación, mientras que sólo 51 mil 906 elementos se han sometido a la realización de exámenes de confianza.
11-Julio-2011
CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que va del sexenio, la estrategia anticrimen ha permitido la detención de dos mil 408 narcotraficantes. En esta lucha, no obstante, han muerto dos mil 886 militares, marinos, policías y hasta agentes del Cisen.
El secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, informó al Congreso que “las acciones de combate a la delincuencia generadas por el gobierno federal y por los gobiernos locales han provocado una afectación importante en las ganancias de las organizaciones criminales. Esta situación ha hecho que los grupos delictivos reaccionen violentamente contra las instituciones que los combaten”.
El informe, entregado a petición de la Comisión Permanente del Congreso, detalla que de los dos mil 886 policías asesinados, mil 296 (que equivalen a 45%) eran municipales, 963 (33%) eran agentes estatales, 627 (22%) eran soldados, marinos, policías ministeriales federales, custodios federales, policías aduanales, agentes del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), y de la Unidad Especializada de Inspección Fiscal y Aduanera.
Paralelamente, el texto detalla que se han asegurado 50 mil 121 indocumentados; siete mil 287 de ellos tan sólo en lo que va de este año.
Se pierde a un agente por cada narcoarresto
El secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, informó al Senado y a la Cámara de Diputados que, en el sexenio, la estrategia anticrimen permitió la detención de dos mil 408 narcotraficantes, de un total de 68 mil 163 detenidos en flagrancia; pero el crimen organizado mató a dos mil 886 militares, marinos, policías y hasta agentes del Cisen, por ejecución o en enfrentamientos.
De esa manera, en lo que va de la presente administración, la detención de cada narcotraficante costó la vida de 1.1 elementos policiacos.
García Luna envió al Congreso de la Unión un informe detallado de los resultados de la estrategia nacional anticrimen. Dicho documento comenzará a ser distribuido entre todos los legisladores la próxima semana.
El funcionario federal responde en el texto a una petición de los senadores perredistas Máximo García Zalvidea, Rosalinda López y Rubén Velázquez, respaldada por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la SSP detallen el número de víctimas inocentes del combate contra el crimen organizado.
Ejecuciones y aprehensiones
De esa manera, respondió este fin de semana con un informe de 132 hojas, en el cual destaca que “las acciones de combate a la delincuencia generadas por el gobierno federal y por los gobiernos locales han generado una afectación importante en las ganancias de las organizaciones criminales, así como en su operatividad, esta situación ha hecho que las organizaciones criminales reaccionen violentamente contra las instituciones que las combaten.
“Así, tenemos que de diciembre de 2006 a junio 2011 han fallecido dos mil 886 elementos de seguridad pertenecientes a los tres niveles de gobierno, por ejecución, enfrentamientos y agresiones contra la autoridad. Las corporaciones policiacas municipales son quienes reportan el mayor número de fallecidos, con 45 por ciento”, precisa.
Detalla el informe que de los dos mil 886 policías asesinados, mil 296 (que equivalen a 45 por ciento) son municipales y 627 (que es 22 por ciento) fueron policías federales (con 240 muertes), soldados, marinos, policías ministeriales federales, custodios federales, policías aduanales, agentes del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), y de la Unidad Especializada de Inspección Fiscal y Aduanera; en tanto, 963 (que representan 33 por ciento) son policías estatales.
En el rubro de detenciones, destaca que, en el sexenio, la Policía Federal detuvo a 68 mil 163 delincuentes en flagrancia; 18 mil 612, del 1 de enero al 30 de junio de este año; además, se aseguraron 50 mil 121 indocumentados; siete mil 287 tan sólo en lo que va de este año.
Del total de las 68 mil 163 personas detenidas, “dos mil 408 fueron aprehendidas por pertenecer a alguno de los cárteles de narcotráfico; destacan 169 por su nivel de mando en la estructura de las organizaciones a las que pertenecían o por su peligrosidad”.
Se han ofrecido casi 17 mil servicios médicos a víctimas
Durante este sexenio, en materia de la lucha contra la delincuencia organizada, 16 mil 904 personas que han padecido algún delito han requerido de servicio de paramédicos, mientras que se han brindado 22 mil 53 servicios de apoyo sicológico a las víctimas.
Esas cifras se desprenden de un informe que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal envió este fin de semana a los senadores y a los diputados, respecto de los resultados de la estrategia nacional anticrimen.
En la última semana de junio, la procuradora general de la República, Marisela Morales, respondió a los legisladores federales que “no hay base jurídica para concluir que existan víctimas, daños materiales y pérdidas económicas por la estrategia de seguridad pública de 2006 a 2011”, pero esta dependencia brindó servicios a 12 mil 431 víctimas y ofendidos del delito.
El titular de la SSP, Genaro García Luna, en el documento que envió, no se refiere expresamente al número de víctimas civiles por el combate al crimen organizado, que fue una de las peticiones de los legisladores federales, pero precisa que, desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de junio pasado, se brindaron 66 mil 892 servicios a víctimas del delito, a través de centros, módulos, unidades itinerantes y brigadas de atención en sitio.
Persiste opacidad en policías de las entidades y municipios
Solamente 15 por ciento de los cuerpos policiacos no federales han sido sometidos a exámenes de control de confianza, lo que significa que es mínimo el nivel de certeza que existe sobre esos agentes para combatir el crimen.
Lo anterior es parte del informe que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, envió al Senado y a los diputados sobre la estrategia nacional contra el crimen.
El 30 de junio pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reveló que 86.83 por ciento de los elementos policiacos estatales, ministeriales y municipales del país no han sido evaluados, por lo que las corporaciones policiacas siguen siendo poco confiables para combatir al hampa.
Es decir sólo 13.17 por ciento de los elementos de seguridad contratados para combatir a la delincuencia son confiables al haber presentado sus exámenes que los acreditan como aptos para realizar sus funciones.
Durante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la dependencia federal reveló que 342 mil 494 policías no han presentado su certificación, mientras que sólo 51 mil 906 elementos se han sometido a la realización de exámenes de confianza.
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