El infierno de ser testigo protegido

NARRA SU DECEPCIÓN Y SU TEMOR...

‘Mario’ fue policía ministerial en un enclave del cártel de Sinaloa y después guardaespaldas del capo Sergio Villarreal Barragán, alias ‘El Grande’, pero su ‘peor infierno’ lo pasó cuando formó parte del programa de testigos protegidos de la PGR

Domingo, 29 de Mayo de 2011


RICARDO RAVELO


MÉXICO, DF.- Después de trabajar como policía ministerial en Durango, uno de los enclaves del cártel de Sinaloa, Carlos Iván Meraz Medina se vinculó a la organización criminal encabezada por Sergio Villarreal Barragán, "El Grande", actualmente preso por delincuencia organizada.

Del infierno que vivió en el narcotráfico, Meraz afirma que pasó a otro peor: el programa de testigos protegidos, donde fue sometido a presiones, amenazas y, pese a traer escoltas, objeto de un atentado en Durango. "Sospecho que los mismos agentes que me cuidaban me quisieron matar", señala.

Además, el ex policía de menos de 40 años teme ser asesinado por las organizaciones y los capos que incriminó ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), cuyos funcionarios, dice, ya no me contestan las llamadas.

A principios de 2000, Meraz Medina se incorporó a la Policía Ministerial de Durango. En 2003 su jefe, el comandante regional Antonio García Artea, le dijo: "Te voy a comisionar con un importante empresario para que lo cuides". Se trataba de Villarreal Barragán, quien se hacía pasar por empresario y era una pieza importante del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en la Comarca Lagunera.

Así conoció los entramados que cobijan el negocio de las drogas y algo más: "Vi cómo policías, agentes del Ministerio Público y altos funcionarios están a las órdenes del narcotráfico", dice Meraz Medina, quien durante casi cuatro años fungió como testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR), pero renunció a ese programa en noviembre pasado.

En entrevista con Proceso detalla que de 2003 a 2007 trabajó para la organización de Villarreal Barragán, primero como escolta de su esposa y de sus hijas y luego como uno de sus guardaespaldas personales.

"Con él viajé a todas partes. Íbamos a Morelos, Sinaloa y al Distrito Federal para entrevistarnos con Arturo Beltrán Leyva, quien era el jefe de Sergio Villarreal, pues en ese entonces mi jefe a su vez tenía a su cargo los estados de Durango y Chiapas y le reportaba a Arturo todo lo que ocurría en esos territorios".

EJECUTAN A SU FAMILIA

Pero el 14 de enero de 2007 fueron ejecutados el padre y la madre de Carlos, el activista Jaime Meraz Martínez y María de Jesús Medina; su hermano Jaime Meraz Medina y Jorge Vázquez Serrato, chofer de la familia. Todos fueron torturados y acribillados.

Según el entrevistado, el homicidio múltiple fue ordenado por Sergio Villarreal Barragán a petición de Francisco León, quien se disputaba con Jaime Meraz la candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al Senado por el estado de Durango.

"Pancho León y mi padre eran enemigos políticos, y me enteré de que Pancho era apoyado por Sergio Villarreal y le pidió apoyo para que ejecutaran a mi familia", dice. Afirma que en la campaña de Pancho León había dinero del narco y que altos líderes del PRD, que entonces le daban su respaldo, sabían quiénes lo financiaban.

Tras la muerte de sus familiares —que sigue sin esclarecerse pese a que en la PGR le prometieron investigar el caso—, Meraz Medina abandonó la organización de Villarreal y se puso en contacto con el entonces gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, amigo de su padre.

Según Meraz, Hernández Deras le preguntó quiénes eran los presuntos responsables del crimen de sus familiares, y él respondió que eran Francisco León y Sergio Villarreal. El mandatario lo puso en contacto con altos funcionarios de la SIEDO para que aportara información sobre el crimen.

"Llegué a la Ciudad de México el 17 de enero de 2007. Vine como enviado del gobernador y viajé en su propio avión. Los funcionarios de la SIEDO me recibieron en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, y me llevaron al área de delitos contra la salud, donde me entrevisté con Mario Arzave, encargado de los testigos.

"Después de plantearle mi situación me preguntó si quería acogerme al programa de testigos protegidos. Dijo que me iban a apoyar con protección y que se investigaría a fondo el crimen de mis familiares… Ahora me arrepiento."

—¿Por qué?

—Todo esto es una mierda.

Con un rosario de ofrecimientos de la SIEDO, Carlos Iván Meraz ingresó al programa de testigos protegidos el mismo día en que llegó a la capital. Lo primero que hizo fue denunciar a la organización de Sergio Villarreal Barragán, "El Grande", aportando información sobre su estructura operativa y de lavado de dinero, que se extendía en toda la Comarca Lagunera. Dio también pormenores sobre la ubicación de tienditas y testaferros —entre ellos algunos políticos— protegidos desde altas esferas políticas.

"En ese tiempo —recuerda— se realizaron cateos en propiedades de varios miembros de la organización, pero también me di cuenta de la corrupción que había en la SIEDO por el apoyo que se le otorgaba a Sergio Villarreal, ya que sus propiedades no se aseguraron y los vehículos que le llegaban a incautar se le devolvían tiempo después. Todo esto me decepcionó y quise renunciar al programa de testigos al darme cuenta de que no se aplicaba la justicia como debería de ser".

A LAS ÓRDENES DE EL JEFE...

Recuerda que cuando se realizaban investigaciones por parte de la SIEDO y los agentes viajaban a Torreón o a Durango, se ponían a las órdenes de Sergio Villarreal:

"En dos ocasiones yo presencié cuando los policías le mostraban a Sergio los oficios de las investigaciones y él, a cambio de la protección, les daba dinero y los llevaba al table dance conocido como ‘El Búnker’; ahí se ponían de acuerdo sobre cómo rendir sus informes.

"En varias ocasiones trajimos dinero para los funcionarios de la SIEDO. Sergio se reunía con ellos en el hotel Meliá y, aunque nunca supe las cantidades, vi que era mucho dinero en dólares y me di cuenta de todo el apoyo que se le daba a su organización".

—¿Quién protegía a Villarreal Barragán en la PGR?

—Lo protegieron las comandantas Claudia García Castillo y Blanca Margarita Castrejón, entre otros funcionarios. También había agentes federales con los que me topaba en la SIEDO.

Posteriormente descubrió otra muestra de corrupción. Según Meraz Medina, Jesús Meraz Guevara era un pistolero de Villarreal Barragán que vivía en la colonia Filadelfia de Gómez Palacio, Durango, y que fue detenido por agentes federales. En un hotel de Torreón, Coahuila, donde fue interrogado, el sicario declaró que en su casa tenía una camioneta Cheyenne donde tenía armas largas y cortas, y que estaba equipada con aditamentos policiacos para emitir sonidos. El entrevistado dice que el vehículo era utilizado por la organización de Villarreal "para realizar labores de halcón".

Cuando los agentes de la AFI acudieron al domicilio del sicario para asegurar la camioneta, ya no la encontraron y, extrañamente —dice el ex testigo—, dejaron así las cosas. "Al día siguiente me comentó el agente del Ministerio Público federal Ignacio Muñiz Chávez que teníamos que viajar a Durango capital para que les indicara la ubicación del rancho de Sergio Villarreal. Para llegar a esa propiedad hay que pasar a fuerzas por las oficinas de la delegación de la PGR.

"Al pasar por la delegación nos percatamos de que en el estacionamiento se encontraba la camioneta que antes traía el sicario de Sergio. Yo le dije al agente del Ministerio Público que la camioneta era la que pertenecía a la organización criminal y no me creyó. Nos detuvimos y le di detalles sobre lo que tenía en su interior el vehículo. Luego salieron unos agentes y la abordaron, entonces los siguieron y les exigieron que se identificaran. Eran policías federales adscritos a la delegación de la PGR en Durango".

Los agentes que traían la camioneta fueron llevados a la delegación y los encerraron, prosigue Meraz Medina; ahí los tuvieron desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche. En ese lapso "salió un agente y le comentó a otro de los que me cuidaban que habían descubierto que unos policías traían una camioneta de la organización de Sergio Villarreal y que desde las oficinas centrales de la SIEDO en la Ciudad de México habían girado la orden de que, para evitar que todos los policías de la delegación fueran detenidos, tenían que juntar entre 10 mil y 20 mil dólares cada uno".

—¿Quién pidió esa suma?

—Funcionarios de la SIEDO. Según supe, juntaron el dinero y lo sacaron en una maleta que llevaron hasta la Ciudad de México y la entregaron en la SIEDO. No sé cuánto dinero iba en ese maletín. (APRO)



A salto de mata

Después de ingresar al programa de testigos protegidos, el 17 de enero de 2007, a Carlos Iván Meraz Medina le fue asignada la clave Mario.

Dice que el agente del MP Ignacio Muñiz Chávez y el encargado de las investigaciones sobre delitos contra la salud, Mario Arzave, le ofrecieron una mensualidad de 8 mil pesos que fue subiendo conforme se comprobaban sus señalamientos incriminatorios, pero lo más que llegó a ganar fueron 20 mil pesos, y "los pagos, eso es uno de los vicios de la SIEDO, nunca son puntuales y yo tenía que andar sin dinero pese a que estaba colaborando".

También le ofrecieron una vivienda y apoyo para pagar los servicios, pero tenía que insistir en los cobros: "Yo me quedaba sin luz y sin agua y el portero de mi edificio me decía cómo colgarme de los cables del medidor".

– ¿Qué otras experiencias vivió como testigo protegido?

– Muchas veces me retrasaban la mensualidad. Cuando me asignaron la escolta, los agentes comenzaron a hostigar a mi esposa, le decían que querían andar con ella y eso me provocó problemas con los policías, con quienes estuve a punto de llegar a los golpes. Tampoco cumplieron la promesa de reservar mi identidad. En los juzgados me pedían una identificación de elector y me exhibían con mi nombre y apellidos.

Debido a irregularidades como esas, dice, se creó el Consejo de Testigos y el programa de los testigos protegidos pasó a ser regulado por el área técnica de la SIEDO, pero todo siguió igual.

"Por eso –relata– se nos obligó a firmar una carta compromiso y se nos dijo que quien no la firmara causaría baja del programa, siempre y cuando no tuviera averiguaciones previas abiertas. Yo me negué a firmar la carta porque no me generó confianza; por eso renuncié (en noviembre de 2010) y, como consecuencia, ni el licenciado Oscar González Marín (encargado de los testigos) ni José Guadalupe Rodríguez Morales (titular del área técnica de la SIEDO) me toman las llamadas. Yo los he buscado para pedirles que cumplan con los 500 mil pesos que me prometieron de finiquito y no me contestan".

Poco antes de renunciar al programa, Mario se reunió con sus jefes de la SIEDO, Guadalupe Rodríguez Morales y Oscar González. "Me dijeron que si les firmaba un documento me podía ir con mi familia a un lugar seguro; me dijeron que yo lo escogiera. Firmé el documento y no cumplieron.

Testigos protegidos: creerles a conveniencia…

EL PROGRAMA ARRASTRA VICIOS Y FALLAS

Mientras algunos testigos protegidos estelares de la PGR que han hecho delaciones relevantes son ejecutados, otros ven cómo matan a sus parientes tras acusar a altos funcionarios que tienen nexos con el narcotráfico. El programa correspondiente, junto con la Operación Limpieza, se dirigen al fracaso por tres razones: la mayoría de los declarantes mienten; cuando dicen la verdad no les brindan la debida protección y, por último, las mismas autoridades desestiman delaciones que afectan a ciertos personajes del gobierno que reciben trato de intocables…

Domingo, 28 de Noviembre de 2010


MÉXICO, DF.- Después de declarar lo que saben sobre el crimen organizado y sus jefes, algunos testigos protegidos han sido asesinados a tiros en lugares públicos; otros han visto cómo sus ex socios cobran venganza matando a familiares, y unos más deambulan por las calles sin dinero, sin protección y atenazados por el temor de ser levantados o ejecutados por los sicarios del narcotráfico.

Y es que dentro del Programa de Testigos Protegidos de la PGR nada parece estar seguro. Aun en manos de la autoridad federal, los llamados "testigos colaboradores" sufren presiones económicas, malos tratos y frustración, pues algunos lamentan que sus declaraciones no se tomen en cuenta si éstas se refieren a funcionarios poderosos del gabinete federal.

Desde su creación en 1996, pero particularmente en los últimos cinco años, el Programa de Testigos Protegidos de la PGR arrastra vicios y fallas que, en vez de corregirse, se han ido agravando. Con frecuencia, los testigos protegidos se quejan de que en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) son obligados a declarar en contra de personas que no conocen, según consta en diversas denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), copias de las cuales están en poder de este semanario.

Pero lo peor es que varios de los testigos protegidos que han proporcionado datos importantes en investigaciones relevantes de la PGR han sido ejecutados presuntamente por los mismos barones de la droga a los que delataron en sus declaraciones ministeriales.

En dichos asesinatos han tenido que ver también los descuidos de la PGR y el exceso de confianza por parte de los testigos.

LOS DESCUIDOS

La Siedo descuidó, por ejemplo, la protección de Édgar Enrique Bayardo del Villar –ex subprocurador del estado de Tlaxcala y ex inspector de la División Antidrogas de la Policía Federal–, quien fue ejecutado el 1 de diciembre de 2009 en un café Starbucks de la colonia Del Valle del Distrito Federal.

Bayardo no era un personaje menor: había sido uno de los hombres de confianza del actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Tras ser detenido por sus nexos con el narcotráfico, en particular con el cártel de Sinaloa, Enrique Bayardo se convirtió en testigo protegido de la PGR y de inmediato comenzó a declarar lo que sabía sobre los nexos de algunos funcionarios con el crimen organizado.

Sus revelaciones robustecieron la indagación que la propia PGR denominó Operación Limpieza, la cual implicó a altos funcionarios de la Siedo, entre ellos a su entonces titular, Noé Ramírez Mandujano –preso ahora junto con otros colaboradores en un penal de Tepic, Nayarit–, a quienes presuntamente el cártel de los hermanos Beltrán Leyva les pagaba medio millón de dólares mensuales a cambio de protección e información sobre operativos y detenciones en contra de sus principales cabecillas.

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, Bayardo del Villar estaba relacionado con el capo Ismael "El Mayo" Zambada García. Éste, de acuerdo con la indagatoria, entregaba al agente federal "una cantidad millonaria" para que protegiera sus operaciones de narcotráfico.

De esta forma, las redes de "El Mayo" Zambada pudieron extenderse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde disponía de múltiples contactos que le ayudaban a salvaguardar los cargamentos de droga provenientes de Sudamérica.

Pero el rompecabezas armado por "El Mayo" Zambada se descuadró tras la detención de Bayardo del Villar, quien fue entregado a la PGR en octubre de 2008 por otro ex comisionado de la Policía Federal caído en desgracia: Gerardo Garay, también identificado como hombre de confianza de García Luna y quien, al igual que Bayardo, fue relacionado con el narcotráfico.

‘NECESITO VERTE’

Bayardo no dudó en acogerse al Programa de Testigos Protegidos y, como tal, se le asignó la clave Tigre. Meses después, cuando ya se había convertido en testigo estelar, recibió una llamada telefónica, supuestamente de un funcionario de la PGR al que le urgía verlo.

–Necesito verte, es urgente –le dijo el alto funcionario de la PGR--, según se asienta en la causa 36/2010 integrada tras el asesinato del colaborador.

Ese encuentro sería en el café Starbucks. Desde que asumió el papel de testigo protegido, era habitual que a Bayardo se le citara para precisar datos sobre la Operación Limpieza y los personajes implicados en las investigaciones.

Por ello acudió al café Starbucks de la calle Pilares --muy cerca de donde había afincado su segundo domicilio en 13 meses de colaboración con la PGR--, y escasos tres minutos después un sujeto vestido de negro abrió fuego contra él con una AR-15. Édgar Bayardo recibió varios impactos en presencia de su ayudante José Solís Castillo, quien nada pudo hacer ante aquella lluvia de balas.

A corta distancia de allí, en el departamento 401 de la calle Heriberto Frías 1515, donde vivía el testigo protegido, Francisco Gutiérrez Estrada, el agente federal que debía custodiarlo, descansaba y escuchaba música grabada en su celular.

De acuerdo con los datos contenidos en la causa penal 36/2010, los dos elementos que lo protegían –Francisco Gutiérrez y Juan Fabricio Ramírez– eran agentes "C", es decir, no tenían la suficiente preparación para desempeñar la tarea que se les encomendó. Ambos cuidaban a Bayardo en turnos de 48 por 48 horas. Se relevaban a las 9:00 horas de cada tercer día.

Con la endeble protección que le asignó la PGR, como si no se tratara de un testigo relevante y, por lo tanto, como si no pudiera ser blanco de un asesinato, el testigo Tigre llevaba una vida agitada e intranquila.

En el primer domicilio que le asignó la PGR en Santa Úrsula Xitle, a donde llegó el 22 de abril de 2009, tenía como resguardo a militares y marinos. Unos cuatro meses después, el 2 de septiembre, lo cambiaron al departamento de Heriberto Frías.

Según afirman testigos que lo conocieron, "salía a comer quesadillas a una cuadra del Metro Zapata". También se le veía en la panadería El Globo y en el Starbucks, donde fue acribillado.Su escolta Juan Fabricio Ramírez Espinoza refirió que un día, al verlo tan desesperado por el encierro, tomó la decisión de llevarlo al Starbucks, donde Bayardo compró dos cafés y unos cuernitos con jamón, pero de inmediato se regresaron al departamento.

En otra ocasión, Bayardo fue conducido de emergencia a las instalaciones de la Siedo, porque la Coordinación Técnica de la misma detectó a sujetos que rondaban el edificio de Heriberto Frías.

En la Siedo permaneció del 29 de octubre al 9 de noviembre, fecha en que regresó al mismo departamento.

Pese a dicha emergencia y los riesgos que entrañaba, la seguridad de Bayardo no fue reforzada y el 1 de diciembre fue ejecutado.

EXTRAÑA MUERTE

Un mes antes de la ejecución de Bayardo había muerto, presuntamente por ahorcamiento, Jesús Zambada Reyes, hijo de Jesús El Rey Zambada García y sobrino del capo Ismael "El Mayo" Zambada.

Zambada Reyes era testigo protegido de la PGR, por lo que tras su detención fue alojado en una casa ubicada en la delegación Tlalpan. Se le atribuye haber declarado en contra de su tío Ismael Zambada García, a raíz de lo cual agentes federales de la Siedo ubicaron un refugio de éste en Sinaloa, pero no pudieron detenerlo.

Después de ese operativo ocurrió la muerte del testigo Jesús Zambada Reyes. Según la PGR, se suicidó, ya que el cuerpo del llamado narcojunior fue hallado colgado de una cinta amarrada a su cuello en una casa de Santa Úrsula Xitle 87, donde estaba retenido.

Conforme a la necropsia que realizó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por tratarse de un hecho del fuero común, su cuerpo no presentaba lesiones ni signos de forcejeos. Aunque de acuerdo con la PGR había indicios de que el joven de 22 años ya había manifestado deseos de quitarse la vida, no se adoptaron las precauciones necesarias.

Zambada Reyes fue detenido junto con su padre, y otras 14 personas en Lindavista el 20 de octubre de 2008. Ambos eran testigos de cargo en la Operación Limpieza, pues acusaron a varios funcionarios de estar ligados al narcotráfico.

LAS PESADILLAS

La PGR se hace cargo de otros testigos que se consideran presionados, como es el caso de Odilón, quien el 28 de agosto de 2005 renunció a continuar en calidad de testigo protegido con las siguientes palabras, que dirigió a la PGR en una carta manuscrita:

Renuncio al plan de testigo protegido, a lo cual ustedes me obligaron. Ustedes saben que fui secuestrado y torturado por siete días. Las personas que me secuestraron me hicieron creer que tenían a mi hija y amenzaban con hacerle daño si no obedecía.

Cuando ustedes me encontraron tirado y atado de pies y manos, con los ojos vendados, y encontraron ese video en el que me obligaron a decir puras mentiras, pensé que la pesadilla había terminado porque estaba en manos de las autoridades, pero no fue así. La pesadilla continuó cuando les pedí una llamada para saber de mi hija y mi familia, y ustedes me dijeron (se refiere a los funcionarios de la Siedo) que no era necesario, y me amenazaron con consignarme inmediatamente si no aceptaba ser testigo.

También le prohibieron a mi esposa dar información a las dependencias a donde había denunciado mi caso y levantado actas. Me voy porque tengo miedo de que ustedes me hagan daño…

En agosto de 2008 otro testigo protegido, Noé, fue ejecutado junto con los agentes que lo escoltaban, luego de haber delatado la relación de La Familia michoacana con José Manzur Ocaña, quien fue delegado de la PGR en el Estado de México.

El 5 de julio de 1997 había sido igualmente asesinado Tomás Colsa McGregor, conocido en el mundo del narcotráfico como El Joyero. Formaba parte del cártel de Juárez y fue un testigo clave en el llamado Maxiproceso, integrado en contra de la organización de Carrillo Fuentes.

Alguien que corrió la misma suerte fue Jaime Olvera Olvera, quien formó parte del cártel de Juárez. En su papel de testigo protegido había declarado en contra del entonces secretario particular del presidente Ernesto Zedillo, Liébano Sáenz, a quien vinculó con el cártel de Juárez, pero la PGR desestimó los señalamientos de Olvera al declararlo clínicamente como "mitómano y manipulador".



EL CASO RUFINO



Rufino es la clave de un testigo protegido que en el mundo del hampa fue conocido como Paquito y se desempeñó como asistente personal de Osiel Cárdenas. Tras ser detenido, declaró ante la PGR todo lo que sabía sobre el otrora poderoso jefe del cártel del Golfo, actualmente preso en Estados Unidos.

El testigo pagó caro su arrojo de hablar ante la PGR, pues tan pronto declaró sobre los refugios de Osiel y dio a conocer la lista de cómplices, varios de sus familiares –sus hijos y hermanos– fueron asesinados. El cártel del Golfo cobró venganza y quemó las propiedades de otros parientes suyos que a la fecha permanecen en calidad de desaparecidos.

La PGR, sin embargo, nada hizo para investigar estos hechos, a pesar de que Rufino fue una pieza importante para que elementos del Ejército Mexicano detuvieran a Osiel Cárdenas, en 2003. El testigo aportó datos relevantes, como el teléfono celular de Celia Marlén Cárdenas, hija de Osiel, el cual fue intervenido y gracias a las escuchas telefónicas se pudo localizar el escondite del capo Cárdenas Guillén.

Actualmente, el testigo protegido estelar de la PGR, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, es el principal acusador de altos funcionarios tanto federales como estatales relacionados con el cártel de los Beltrán Leya. Se le identifica con la clave de Mateo.

Pese a los crímenes mencionados, el Programa de Testigos Protegidos de la PGR sigue operando sin una ley reglamentaria. Las fallas del sistema son tan costosas como los descalabros que sufre la PGR en los tribunales, en virtud de que la mayoría de los testimonios de los testigos protegidos carecen de veracidad, lo que ya puso en riesgo la Operación Limpieza, una de las investigaciones más importantes encaminadas a sanear la PGR. (APRO)

RICARDO RAVELO