Jesús Cantú
La reacción del gobernador de Chihuahua, César Duarte, frente al asesinato de la activista Marisela Escobedo el pasado 16 de diciembre de 2010, es una muestra más de cómo los gobernantes mexicanos pretenden ocultar su insensibilidad, irresponsabilidad e ineficacia con acciones mediáticas, aunque éstas violenten el mismo estado de derecho que ellos afirman defender.
La madre de Rubí Frayre –menor asesinada el 29 de agosto de 2008, presuntamente por Sergio Rafael Barraza, con quien procreó una hija– suplió muchas de las funciones y responsabilidades de la policía y el Ministerio Público de Chihuahua para lograr sentar frente a un tribunal de justicia oral al inculpado. Y tras de que éste fue liberado, el 29 de abril de 2010, por los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudid, porque "...los fiscales no supieron ni pudieron aportar evidencias lícitas y suficientes para condenar a un imputado de un delito grave…", tocó todas las puertas para denunciar los hechos y exigir justicia.
Entre las puertas que tocó están las del hoy exgobernador José Reyes Baeza; la del actual gobernador César Duarte; la de la PGR y la Secretaría de Gobernación, y la del presidente de la República Felipe Calderón. Éste no la escuchó personalmente, y Duarte únicamente lo hizo en el marco de otros eventos, pero ambos recibieron su mensaje. Y hasta el 17 de diciembre, un día después del asesinato de la activista, ninguno de ellos movió un dedo (al menos sus acciones no se reflejaron en resultados tangibles: aprehensión del homicida, inicio de un procedimiento administrativo o penal en contra de los jueces, protección de la activista, etcétera) ni hizo ninguna declaración de censura de la sentencia que ocho meses antes habían dictado los jueces.
La activista, junto con un grupo de familiares de otros adolescentes asesinados, realizó una caravana que salió de Ciudad Juárez el 5 de junio de 2010 y recorrió seis estados del país antes de llegar al Distrito Federal, donde instalaron un campamento en el Hemiciclo a Juárez. Según información difundida en el portal de CIMAC, el 28 de julio se apersonaron en Los Pinos para solicitar una entrevista con Calderón, quien no los recibió, y el 30 de julio fueron recibidas por el jefe de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Arturo Matus Espino. En la misma información se deja constancia de que Marisela, junto con otras madres y representantes de organizaciones de derechos humanos, se entrevistó con funcionarios de la PGR para enterarlos de su caso y exigir justicia.
En diciembre pasado, el periódico Reforma difundió una entrevista con Luz Estela Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y abogada de Marisela, quien señaló que el 17 de noviembre de 2010 la activista se entrevistó con Francisco Robles, director de Planeación, Vinculación e Igualdad de Género de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, ante quien denunció que había recibido amenazas de muerte.
Por su parte, Duarte asumió la gubernatura de Chihuahua el 4 de octubre del 2010, y el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, atendió a Marisela, aunque no dictó ninguna medida para protegerla. Por ello, la activista se presentó el 8 de diciembre, en un acto conmemorativo del aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y protestó con una manta, donde se leía: "La justicia, privilegio de gobernantes". Ante la respuesta del gobernador, esa misma noche montó el campamento frente al Palacio de Gobierno, precisamente el lugar donde la asesinaron ocho días después.
Tanto Duarte, quien sólo inició acciones en contra de los jueces después del asesinato de Marisela, como Calderón, quien también ha utilizado el caso para fustigar a los jueces, pudieron haber tomado las medidas pertinentes para evitar el asesinato de la activista. Sin embargo, no lo hicieron, y para intentar esquivar el repudio popular que generó el hecho ahora pretenden desviar toda esa furia contra los jueces.
Calderón –quien un día antes del asesinato participó en la entrega del Premio Nacional de los Derechos Humanos a Isabel Miranda de Wallace– retomó el asunto el pasado 12 de enero, en la primera jornada de los Diálogos por la Seguridad, al señalar su desacuerdo con el hecho de que "el esfuerzo que se hace por la sociedad y gobierno por combatir la criminalidad se debilite, finalmente, en la última etapa" por el excesivo formalismo de los jueces.
Duarte, a su vez, reaccionó al día siguiente del asesinato de la activista, fustigó a los jueces en todos los medios de comunicación en los que participó y anunció que solicitaría su suspensión, la cual se concretó casi de inmediato, pues ese mismo día el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Chihuahua señaló que los tres habían sido suspendidos sin goce de sueldo y justificó: "La suspensión se da en razón de que existe un proceso administrativo en su contra, para determinar si incurrieron en una falta oficial, en una responsabilidad que está contemplada en la ley orgánica del Poder Judicial, y proceder a la sanción de acuerdo a la gravedad del caso", según publica el diario regiomontano El Norte en su edición del sábado 18.
Pero su estrategia mediática no se detuvo allí, pues el 23 de diciembre declaró que "la transformación de las instituciones tiene que ver con la responsabilidad que tengamos en el cumplimiento de la ley, por lo que podrían buscarse incluso responsabilidades penales en contra de éstos y de todos los servidores públicos encargados de aplicar justicia", según publicó el diario regiomontano en su edición del día siguiente.
Y la ruta se empezó a concretar el martes 11 de enero, cuando el Congreso del Estado de Chihuahua dio luz verde a la solicitud de juicio político en contra de los tres jueces interpuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El 21 de enero el líder de la bancada priista en el Congreso del Estado, Enrique Serrano, declaró que llamarán a comparecer a los jueces; y el día 28 los jueces interpusieron un amparo en contra de la intención del Congreso de hacerles juicio político. Este es el segundo amparo que interponen, pues el primero fue desde el 13 de enero contra la decisión del tribunal de suspenderlos de sus funciones.
Sin prejuzgar sobre la actuación de los jueces, la vía para acreditar su responsabilidad y, eventualmente, imponerles su sanción, es el procedimiento administrativo ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y si pudiera sospecharse que existen responsabilidades penales, la procuraduría estatal tendría que integrar el expediente y, en su caso, solicitar el juicio de procedencia ante el Congreso del Estado, tal como alegan los mismos jueces, ya que existe una tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que "las consideraciones jurídicas de una resolución emitida por un órgano jurisdiccional de los poderes judiciales estatales" no pueden constituir materia de un procedimiento de juicio político. Y esto es precisamente lo que se está haciendo.
Pero para ilustrarlo mejor: hacerles juicio político a los jueces por las consideraciones jurídicas que hacen al dictar una sentencia es como iniciar juicio político a los legisladores que aprueban una legislación que posteriormente es calificada de inconstitucional por la Corte. Si esto fuese válido, se debería haber instaurado juicio político a los diputados y senadores que aprobaron la famosa Ley Televisa, que posteriormente fue declarada inconstitucional por la Corte.
Esta sola posibilidad violenta el estado de derecho y la división de poderes consagrada en la Constitución, y es una cortina de humo que el gobernador Duarte tiende para eludir su responsabilidad. Por supuesto que el caso debe investigarse y, en su momento, aplicar severamente el peso de la ley a todos los servidores públicos que incurrieron en responsabilidades, pero esto incluye a jueces, agentes del Ministerios Público, policías y hasta el gobernador y demás funcionarios de los poderes Ejecutivos, estatal y federal, que nada hicieron para impartir justicia y/o proteger la vida de Marisela Escobedo. Y todo esto debe realizarse por las vías jurídicas apropiadas y no montar un espectáculo mediático que no tiene viabilidad jurídica para concluir con una sanción a los impartidores de justicia.
Proceso
07/02/2011
La reacción del gobernador de Chihuahua, César Duarte, frente al asesinato de la activista Marisela Escobedo el pasado 16 de diciembre de 2010, es una muestra más de cómo los gobernantes mexicanos pretenden ocultar su insensibilidad, irresponsabilidad e ineficacia con acciones mediáticas, aunque éstas violenten el mismo estado de derecho que ellos afirman defender.
La madre de Rubí Frayre –menor asesinada el 29 de agosto de 2008, presuntamente por Sergio Rafael Barraza, con quien procreó una hija– suplió muchas de las funciones y responsabilidades de la policía y el Ministerio Público de Chihuahua para lograr sentar frente a un tribunal de justicia oral al inculpado. Y tras de que éste fue liberado, el 29 de abril de 2010, por los jueces Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudid, porque "...los fiscales no supieron ni pudieron aportar evidencias lícitas y suficientes para condenar a un imputado de un delito grave…", tocó todas las puertas para denunciar los hechos y exigir justicia.
Entre las puertas que tocó están las del hoy exgobernador José Reyes Baeza; la del actual gobernador César Duarte; la de la PGR y la Secretaría de Gobernación, y la del presidente de la República Felipe Calderón. Éste no la escuchó personalmente, y Duarte únicamente lo hizo en el marco de otros eventos, pero ambos recibieron su mensaje. Y hasta el 17 de diciembre, un día después del asesinato de la activista, ninguno de ellos movió un dedo (al menos sus acciones no se reflejaron en resultados tangibles: aprehensión del homicida, inicio de un procedimiento administrativo o penal en contra de los jueces, protección de la activista, etcétera) ni hizo ninguna declaración de censura de la sentencia que ocho meses antes habían dictado los jueces.
La activista, junto con un grupo de familiares de otros adolescentes asesinados, realizó una caravana que salió de Ciudad Juárez el 5 de junio de 2010 y recorrió seis estados del país antes de llegar al Distrito Federal, donde instalaron un campamento en el Hemiciclo a Juárez. Según información difundida en el portal de CIMAC, el 28 de julio se apersonaron en Los Pinos para solicitar una entrevista con Calderón, quien no los recibió, y el 30 de julio fueron recibidas por el jefe de la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, Arturo Matus Espino. En la misma información se deja constancia de que Marisela, junto con otras madres y representantes de organizaciones de derechos humanos, se entrevistó con funcionarios de la PGR para enterarlos de su caso y exigir justicia.
En diciembre pasado, el periódico Reforma difundió una entrevista con Luz Estela Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y abogada de Marisela, quien señaló que el 17 de noviembre de 2010 la activista se entrevistó con Francisco Robles, director de Planeación, Vinculación e Igualdad de Género de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, ante quien denunció que había recibido amenazas de muerte.
Por su parte, Duarte asumió la gubernatura de Chihuahua el 4 de octubre del 2010, y el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, atendió a Marisela, aunque no dictó ninguna medida para protegerla. Por ello, la activista se presentó el 8 de diciembre, en un acto conmemorativo del aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y protestó con una manta, donde se leía: "La justicia, privilegio de gobernantes". Ante la respuesta del gobernador, esa misma noche montó el campamento frente al Palacio de Gobierno, precisamente el lugar donde la asesinaron ocho días después.
Tanto Duarte, quien sólo inició acciones en contra de los jueces después del asesinato de Marisela, como Calderón, quien también ha utilizado el caso para fustigar a los jueces, pudieron haber tomado las medidas pertinentes para evitar el asesinato de la activista. Sin embargo, no lo hicieron, y para intentar esquivar el repudio popular que generó el hecho ahora pretenden desviar toda esa furia contra los jueces.
Calderón –quien un día antes del asesinato participó en la entrega del Premio Nacional de los Derechos Humanos a Isabel Miranda de Wallace– retomó el asunto el pasado 12 de enero, en la primera jornada de los Diálogos por la Seguridad, al señalar su desacuerdo con el hecho de que "el esfuerzo que se hace por la sociedad y gobierno por combatir la criminalidad se debilite, finalmente, en la última etapa" por el excesivo formalismo de los jueces.
Duarte, a su vez, reaccionó al día siguiente del asesinato de la activista, fustigó a los jueces en todos los medios de comunicación en los que participó y anunció que solicitaría su suspensión, la cual se concretó casi de inmediato, pues ese mismo día el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Chihuahua señaló que los tres habían sido suspendidos sin goce de sueldo y justificó: "La suspensión se da en razón de que existe un proceso administrativo en su contra, para determinar si incurrieron en una falta oficial, en una responsabilidad que está contemplada en la ley orgánica del Poder Judicial, y proceder a la sanción de acuerdo a la gravedad del caso", según publica el diario regiomontano El Norte en su edición del sábado 18.
Pero su estrategia mediática no se detuvo allí, pues el 23 de diciembre declaró que "la transformación de las instituciones tiene que ver con la responsabilidad que tengamos en el cumplimiento de la ley, por lo que podrían buscarse incluso responsabilidades penales en contra de éstos y de todos los servidores públicos encargados de aplicar justicia", según publicó el diario regiomontano en su edición del día siguiente.
Y la ruta se empezó a concretar el martes 11 de enero, cuando el Congreso del Estado de Chihuahua dio luz verde a la solicitud de juicio político en contra de los tres jueces interpuesta por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El 21 de enero el líder de la bancada priista en el Congreso del Estado, Enrique Serrano, declaró que llamarán a comparecer a los jueces; y el día 28 los jueces interpusieron un amparo en contra de la intención del Congreso de hacerles juicio político. Este es el segundo amparo que interponen, pues el primero fue desde el 13 de enero contra la decisión del tribunal de suspenderlos de sus funciones.
Sin prejuzgar sobre la actuación de los jueces, la vía para acreditar su responsabilidad y, eventualmente, imponerles su sanción, es el procedimiento administrativo ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y si pudiera sospecharse que existen responsabilidades penales, la procuraduría estatal tendría que integrar el expediente y, en su caso, solicitar el juicio de procedencia ante el Congreso del Estado, tal como alegan los mismos jueces, ya que existe una tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala que "las consideraciones jurídicas de una resolución emitida por un órgano jurisdiccional de los poderes judiciales estatales" no pueden constituir materia de un procedimiento de juicio político. Y esto es precisamente lo que se está haciendo.
Pero para ilustrarlo mejor: hacerles juicio político a los jueces por las consideraciones jurídicas que hacen al dictar una sentencia es como iniciar juicio político a los legisladores que aprueban una legislación que posteriormente es calificada de inconstitucional por la Corte. Si esto fuese válido, se debería haber instaurado juicio político a los diputados y senadores que aprobaron la famosa Ley Televisa, que posteriormente fue declarada inconstitucional por la Corte.
Esta sola posibilidad violenta el estado de derecho y la división de poderes consagrada en la Constitución, y es una cortina de humo que el gobernador Duarte tiende para eludir su responsabilidad. Por supuesto que el caso debe investigarse y, en su momento, aplicar severamente el peso de la ley a todos los servidores públicos que incurrieron en responsabilidades, pero esto incluye a jueces, agentes del Ministerios Público, policías y hasta el gobernador y demás funcionarios de los poderes Ejecutivos, estatal y federal, que nada hicieron para impartir justicia y/o proteger la vida de Marisela Escobedo. Y todo esto debe realizarse por las vías jurídicas apropiadas y no montar un espectáculo mediático que no tiene viabilidad jurídica para concluir con una sanción a los impartidores de justicia.
Proceso
07/02/2011
