Ilegalidades y mentiras de la extinción de LFC

Claudia Sheinbaum Pardo

Las razones que el gobierno de facto ha dado para extinguir el organismo Luz y Fuerza del Centro (LFC) son fundamentalmente las siguientes: que el organismo se creó por un decreto presidencial y por tanto puede extinguirse con el mismo instrumento; que cada año hay cuantiosas transferencias presupuestales a LFC y que, por tanto, los costos del organismo son mayores que los ingresos, y que los trabajadores cuentan con privilegios inaceptables. Vale la pena resaltar y fortalecer diversos argumentos que se han puesto sobre la mesa, para desmentir estas afirmaciones.
1. El decreto de extinción es ilegal. Después de una larga historia que se inicia con la nacionalización de las empresas extranjeras de energía eléctrica y que llevó a mantener por décadas empresas públicas en liquidación, se creó Luz y Fuerza del Centro como organismo público descentralizado encargado del servicio público de energía eléctrica en la región centro del país. LFC fue creada por decreto presidencial en 1994, a solicitud del Congreso. En efecto, en 1989, se modifica el cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para que el Ejecutivo federal disponga la constitución, estructura y funcionamiento del servicio que venía proporcionando la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en liquidación y sus asociadas. Por si esto fuera poco, el artículo 73 de la Constitución establece las facultades del Congreso, que en su numeral X claramente menciona a la energía eléctrica.
En pocas palabras, al señor Calderón y a sus asesores se les olvidó que el organismo público que quieren extinguir presta un servicio fundamental, que es la energía eléctrica, el cual está regulado por la Constitución y por la ley en la materia. Es decir, la extinción del organismo no se puede hacer por decreto presidencial, debe pasar por el Congreso.
2. Los altos costos de LFC son producto de las transferencias a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los sistemas eléctricos constan, al menos, de cuatro áreas: generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Debido a que el sistema eléctrico nacional está interconectado y que a LFC se le han venido negando recursos para construir nuevas plantas generadoras (en los últimos dos años se le dieron recursos para instalar algunas plantas de turbogás porque el sistema tiene problemas de estabilidad) este organismo compra a CFE energía eléctrica, que después transmite, distribuye y comercializa. De enero de 2000 a la fecha (con algunos ajustes en 2008) el precio de venta de CFE a LFC se determina por las tarifas para el servicio público de alta tensión. La mayor parte de la energía se entrega en 400 kilovoltios, y en términos generales se aplica por tanto la tarifa conocida como HTL (tarifa horaria para servicio general en alta tensión, nivel transmisión para larga utilización). En 2008, CFE vendió a LFC 46 mil 419 millones de kilovatios-hora, a un costo de entre 1.1 y 1.3 pesos por kilovatio-hora. Es decir, en 2008, LFC tuvo que entregar a CFE al menos 51 mil millones de pesos. Mientras, en el tercer Informe de gobierno se establece que en 2008 las transferencias presupuestales a LFC fueron de 44 mil 639 millones de pesos.
Es decir, LFC genera menos de 10 por ciento de la energía que transmite, distribuye y comercializa, y por ello debe comprar kilovatios-hora a CFE. Pero CFE se la vende a la misma tarifa que a cualquier industrial, inclusive con penalizaciones horarias. Por esta razón, LFC tiene déficit. Si CFE entra a operar la región centro, entonces el supuesto déficit será de CFE.
3. Los privilegios. Con una campaña racista y clasista se ha dicho que LFC tiene altos costos, producto de los “privilegios” de los trabajadores. Se escandalizan cuando encuentran que un trabajador (nunca dicen las labores de alto riesgo que muchos de ellos realizan y la capacitación técnica que requieren) tiene salarios de 10 mil pesos mensuales. Sin embargo, la indignación no llega cuando se habla de los ingresos y prestaciones de los altos funcionarios públicos. De acuerdo con las consideraciones de la propuesta de ley de austeridad republicana del gobierno legítimo que se presentó hace unos días en la Cámara de Diputados, el ahorro que se alcanzaría al reducir a la mitad los salarios y prestaciones de los funcionarios públicos (nivel de director de área para arriba) de todo el gobierno federal asciende a la misma cantidad que las transferencias a LFC, 42 mil millones de pesos.
4. LFC requiere recursos. La antigüedad de los equipos, así como la carencia de sistemas de automatización del organismo, la hace ineficiente. Por ello, se requiere de financiamiento (como lo tiene CFE) para la modernización y ampliación de sus instalaciones. Es evidente que los trabajadores deben ser considerados en la modernización y restructura del organismo. Los vicios que pudieran encontrarse en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) deben señalarse y corregirse; sin embargo, es evidente que no son, ni de lejos, el elemento central de la situación económica de LFC.
5. La verdadera razón de la extinción de LFC. El SME ha sido un obstáculo para la creciente privatización del servicio de energía eléctrica, y más recientemente de la concesión a privados del uso y aprovechamiento de la fibra óptica de CFE y de LFC (instalación que tienen la propiedad de transmitir tres tipos de información al mismo tiempo, por ejemplo, telefonía, Internet y televisión, y que recientemente se anunció que se quiere concesionar). Eliminar del escenario al SME les permite avanzar en su afán privatizador. Pero eso está por verse.

Defender lo indefendible?

DENISE DRESSER

Veinticinco razones por las cuales la izquierda se equivoca al “solidarizarse” con Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas:

1) La izquierda debe defender derechos pero no privilegios, y la dirigencia del SME tiene más de la cuenta. Decir que todas las organizaciones tienen élites no constituye una defensa legítima de líderes sindicales cuestionables.
2) La izquierda no puede fustigar selectivamente la corrupción y tan sólo denunciarla en sindicatos que apoyan/financian a otros partidos y no al PRD o a Andrés Manuel López Obrador. Para ser creíble, el rasero necesita ser parejo.
3) No es posible justificar ante miles de agremiados que su dirigente sea dueño de un rancho con “caballos criollos”, mientras tantos apenas sobreviven con su sueldo.
4) La defensa del SME “aunque fuera charro”, como han reconocido algunos líderes del PRD, coloca a la izquierda en la incómoda posición de defender algo que es indefendible: la corrupción cuando beneficia a los de casa.
5) El argumento de que es preferible el statu quo a que la empresa sea entregada a extranjeros es tramposo por dos motivos. Dada la restricción constitucional, la empresa no se puede privatizar. Y al agitar la bandera de la xenofobia, sus proponentes están sugiriendo que es mejor la expoliación a los consumidores por parte de mexicanos, como si esa fuera una opción mejor, cuando no es así.
6) Al ignorar la evidencia sobre las irregularidades en la elección de Martín Esparza –incluyendo los 3 mil votos de más–, la izquierda corre el riesgo de avalar el fraude que en otras ocasiones ha denunciado con vehemencia.
7) Es cierto que en México hay otros saqueadores, pero eso no justifica la defensa –en términos comparativos– de quienes lo han sido “un poquito” menos.
8) AMLO tiene razón en criticar a “la mafia de la política, el poder y el dinero”, pero también le corresponde denunciarla cuando surge en el mundo sindical.
9) Al defender los privilegios del SME porque “están dentro de la ley”, a la izquierda se le olvida que el evidente conflicto de interés en que incurrió Juan Camilo Mouriño –tan criticado en su momento por López Obrador– también estaba “dentro de la ley”. No es congruente entonces denunciar una conducta mientras se solapa la otra con el mismo andamiaje legal. A la izquierda le urge criticar leyes que fueron creadas precisamente para proteger privilegios empresariales y sindicales.
10) Al fustigar a quienes han criticado la ineficiencia y la corrupción del SME, y sugerir que “le están haciendo el juego al gobierno usurpador en contra de los trabajadores”, a AMLO se le olvidan los millones de mexicanos que han sido víctimas del deplorable servicio de la Compañía de Luz y Fuerza. Hay muchos que condenan al SME, y no por apoyar a Felipe Calderón, sino para pararse del lado de los consumidores y los ciudadanos.
11) Cuando la izquierda argumenta que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo reconocen el derecho de sus trabajadores a organizar sindicatos que pugnen por mejorar sus condiciones laborales, queda claro que sus líderes no han leído el contrato colectivo que rige actualmente al SME. El documento contiene privilegios que van mucho más allá del espíritu de la ley, y que han incentivado la ineficiencia.
12) Al enarbolar de forma acrítica el argumento de la “autonomía sindical”, la izquierda acaba avalando la opacidad y la discrecionalidad que esta autonomía ha producido.
13) La izquierda tiene razón al decir que el gobierno de Felipe Calderón no ha demostrado el mismo celo persecutorio con otros sindicatos públicos –como los de maestros y petroleros–, pero esa no es justificación suficiente para exigir que no se toque al SME. La izquierda debería exigir que se combatan los privilegios y las irregularidades en el SNTE y en el STPRM.
14) Sugerir que porque el gobierno no ha atacado a otras instituciones corruptas no debe hacerlo en el caso del SME vuelve a la izquierda comparsa de lo que en otros casos sí denuncia. Mimetiza la satanización selectiva que no acepta en el caso de Felipe Calderón.
15) Al arropar al SME, la izquierda pierde credibilidad cuando habla de “empresarios y funcionarios responsables del saqueo y la corrupción”. Ese saqueo y esa corrupción también se han dado dentro de los sindicatos públicos, y por simple consistencia democrática se vuelve imperativo reconocerlo.
16) Es cierto, los sindicatos no son los únicos responsables del desastre, pero sí con corresponsables –al igual que numerosas empresas privadas– de la falta de productividad que ha inhibido el crecimiento económico del país.
17) Si el gobierno de Felipe Calderón “no tiene la autoridad moral” para combatir al sindicalismo corrupto, entonces la izquierda debería asumir esa tarea en vez de rehuirla cuando –por motivos electorales– le conviene hacerlo.
18) Es cierto: El gobierno no ha mostrado la misma tirria vis a vis con otros sindicatos. Pues es hora de exigirle que lo haga, y con la determinación que le ha faltado hasta este momento.
19) Así como AMLO critica a los monopolios privados, debe reconocer los abusos que cometen los monopolios públicos.
20) Si la izquierda denuncia la complicidad de Felipe Calderón con Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, pero protege a Martín Esparza, habrá armado su propia forma de complicidad.
21) Al avalar los abusos de la Compañía de Luz y Fuerza, así como del SME, la izquierda se aleja de la ciudadanía cuyo voto debería cortejar, y estrecha aún más su base de apoyo electoral.
22) Si uno de los temas fundacionales de la izquierda en el mundo es la lucha por la equidad, no puede justificar la persistencia de cotos caracterizados por prebendas que el resto de la clase trabajadora de México no recibe.23) Al arropar a Martín Esparza como lo hace, la izquierda olvida temas fundamentales, como la falta de transparencia en el manejo de las cuotas, el uso discrecional de las aportaciones gubernamentales, y el destino misterioso de millones de pesos que el sindicato obtiene del gobierno y no se ve obligado a transparentar.
24) El costo elevado de la energía eléctrica –debido a la falta de productividad y al peso de un contrato colectivo, cada vez más oneroso– lo cargan los pobres. Según el presidente de la Comisión Federal de Competencia, los pobres pagan 40% más de lo que deberían en servicios básicos como la luz, por las ineficiencias que venimos arrastrando desde hace años.
25) Si el lema de la izquierda es “Por el bien de México, primero los pobres”, entonces no puede justificar las transferencias y los subsidios a una empresa quebrada, que recibe –de forma anual– el equivalente a dos veces el presupuesto del Programa Oportunidades. Al aceptar esta situación, la izquierda coloca la defensa de alianzas políticas por encima del combate a la pobreza. Su lema se vuelve “Por el bien de nosotros, primero los sindicatos que nos apoyan”. l
Proceso12/10/2009

Manotazo eléctrico

Miguel Ángel Granados Chapa

La palabra final en la "Plaza pública" del viernes era "manotazo". Me referí así a una de las opciones que consideraba el gobierno para quitarse de encima el conflicto permanente con el Sindicato Mexicano de Electricistas, escondido tras el deterioro del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Ése fue el camino escogido; el sábado por la noche el gobierno dio un manotazo. Sus tropas asaltaron las instalaciones de LyF horas antes de que entrara en vigor el decreto que extingue a ese organismo, con lo que se acentúa el carácter autoritario de la medida, que genera la causa mayor que a su vez es causal de terminación de las relaciones laborales.
Aunque estrecha e indisolublemente relacionados, hay dos asuntos en la decisión presidencial de acabar con Luz y Fuerza, uno de carácter administrativo y otro de naturaleza laboral. El primero, de ser cierto el curso de que dan cuenta los considerandos del decreto respectivo, aparecido en el Diario Oficial inusualmente publicado en domingo, se realizó en sigilo. A partir de una reflexión de la Auditoría Superior de la Federación en torno de la cuenta pública de 2008, el 28 de septiembre la Secretaría de Energía habría propuesto la desincorporación por extinción de LyF, y el 5 de octubre la Comisión intersecretarial de gasto público, financiamiento y desincorporación habría emitido un dictamen aprobatorio, que se convirtió en el decreto firmado por Calderón el sábado y puesto en vigor antes de su publicación. No es, por supuesto, un tiquismiquis legaloide el considerar contraria a la ley la ocupación de las instalaciones de LyF. Si el SME como sindicato o sus integrantes a título individual emprenden una lucha jurídica contra esa disposición, podrán alegar en la demanda de amparo correspondiente esa invasión de sus recintos de trabajo por la Policía Federal y por miembros del Ejército. También podrán imputar al firmante del decreto y a los secretarios de Estado que lo refrendaron irresponsabilidad al nombrar liquidador al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y encargarlo de una operación para la cual carece de elementos de toda naturaleza. Encargar a la CFE esa operación resulta así de una triangulación de funciones en que la ley no queda bien servida, lo cual debe enrostrarse a quienes se llenan la boca con lemas sobre el Estado de Derecho.
En el ámbito laboral, el SME podrá argumentar en defensa de su contrato colectivo que la fuerza mayor alegada como causal de terminación de la relación de trabajo fue creada por el propio gobierno, y nadie ni el gobierno mismo puede ser beneficiario de acciones ilegales. El SME resistió ya la liquidación decretada en 1975 por el presidente Echeverría y anulada años después por el presidente Salinas, que se comprometió a ello por necesidades electorales. También son razones políticas, por cierto, las que explican ahora la liquidación, más que las de orden financiero alegadas.
Tanto el decreto como las declaraciones de los miembros del gabinete que ayer domingo encararon el asunto, insistieron en el respeto a los derechos de los trabajadores al punto de que no sólo se cumpliría la ley y el contrato colectivo para indemnizar a los despedidos sino que se les añadirían compensaciones de gran prodigalidad. Conforme a lo anunciado, los electricistas recibirían en promedio el equivalente a dos años y medio de sus salarios. Los 22 mil jubilados continuarán recibiendo, vitaliciamente, la paga a que tienen derecho, con cargo al gobierno federal, y con incrementos anuales acordes al movimiento del índice nacional de precios. Los electricistas tendrán que examinar con cuidado esa oferta, porque el modo de exponerla no explicó que pudiera estar condicionada a cláusulas escritas "con letra chiquita" que eventualmente signifiquen algo diferente a lo ofrecido.
De ser verdaderas las cifras aportadas por los funcionarios, quedan evidentes lagunas informativas que será preciso colmar. Se ha achacado buena parte de las dolencias financieras del organismo en liquidación al alto costo de la mano de obra, a su pasivo laboral. Pero ahora que se hacen las cuentas presumiblemente finales, se sabe que la liquidación a los trabajadores tendrá un costo de cuando más 20 mil millones de pesos. Al mismo tiempo se insiste en que el agujero financiero de LyF es de 42 mil millones de pesos. De esta cifra sólo una breve porción ha de corresponder a los pasivos laborales, puesto que se puede acabar con ellos con sólo la mitad del subsidio que debe entregar cada año la Federación.
El manotazo gubernamental fue cuidadosamente preparado. Se consumó horas después de que el equipo mexicano aseguró su presencia en el campeonato mundial de futbol el año próximo en Sudáfrica, meta que puso en buen punto el ánimo de un extenso segmento de la población. Previamente, la propaganda oficial logró que se creyera urgente acabar con una doble lacra, la operación deficitaria del organismo eléctrico y los abusos de su personal. La prédica del gobierno cayó en la buena tierra de una sociedad harta de la corrupción y de los privilegios, sobre todo cuando los reciben los asalariados, como si no hubiera prebendas mayores para la reducida minoría que concentra la riqueza. La liquidación de LyF será bienvenida en anchas porciones de la sociedad, y hasta algunos de sus componentes, los adictos al autoritarismo reprocharán al gobierno su "generosidad".
El conflicto por la extinción de LyF apenas comienza.
Cajón de Sastre

El decreto que define la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y las bases para su liquidación, expedidas por la Secretaría de Energía, no se refieren a la red de fibra óptica que posee ese organismo público, y que constituye parte de un patrimonio que mejor administrado por el gobierno hubiera debido impedir el deterioro de la antigua Compañía mexicana de luz y fuerza. Se trata de un tendido de más de mil kilómetros que permite a quien lo opere ofrecer el servicio de triple play, un negocio apetecible que hubiera podido ofrecer directamente la empresa y con su rendimiento subsanar sus deficiencias, en vez de lo cual se otorgó en concesión a la empresa WL Comunicaciones, cuyos principales accionistas fueron secretarios de Energía en el gobierno de Fox: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.
Reforma12/10/2009

Fuerza e ilegalidad

Editorial La Jornada

Mal andan las cosas en Los Pinos para que hayan decidido, al más viejo estilo priísta, escenificar un bochornoso sabadazo, asaltando con miles de agentes de la Policía Federal las principales estaciones y subestaciones de Luz y Fuerza del Centro. Con esa medida, el Ejecutivo federal da una muestra cabal de su talante dialogador y asume íntegramente la actitud ilegal y golpeadora del secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón.
Más de una hora después del asalto, la Secretaría de Gobernación anunció la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Así de sencillo.
Más allá de lo que pueda suceder en las próximas horas con el servicio que da Luz y Fuerza del Centro –los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fueron desalojados de sus puestos de operación–, el asalto de los federales que comanda el hombre fuerte del país, Genaro García Luna, culmina una semana de avalancha mediática que buscaba, precisamente, legitimar un acto ilegal a todas luces.
Se trataba de hacer ver ante la ciudadanía que los trabajadores del SME son una bola de corruptos y privilegiados que someten a la población a un mal servicio y a unos cobros desorbitados. Ciertamente el servicio no es lo bueno que debiera, pero eso obedece fundamentalmente a cuestiones que pasan por la decisión oficial de empobrecer Luz y Fuerza por la vía de dejar en ceros las inversiones. También es verdad que los recibos están, en la mayoría de los casos, fuera de la razón, pero ello no se debe a los electricistas, sino a quienes dirigen la paraestatal.
A la tarea se dedicaron con entusiasmo sin límites leedores de noticias, columnistas y, en general, casi todos los llamados líderes de opinión de prensa, radio-televisión y escrita, personas que en situaciones como ésta asumen una línea informativa sospechosamente coincidente.
Servida la mesa, Felipe Calderón decidió ampliar su guerra al narco abriendo un nuevo frente: los sindicatos rijosos, los que no se pliegan a las necesidades de Los Pinos serán sometidos por las heroicas tropas del general sin estrellas, García Luna.
El mensaje es claro: para los sindicatos cuyos líderes son ejemplo de corrupción sin límites, pero pactan lo mismo con el PRI que con el PAN, la mano tendida y generosa. Para las Gordillo y los Romero Deschamps, reconocimientos a granel por sus servicios a la patria: para los demás, plomo y cárcel.
El jueves pasado, en el contexto de una pacífica y multitudinaria manifestación en defensa de Luz y Fuerza y del SME, los líderes del sindicato fueron recibidos en Los Pinos por Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de Calderón. Se abrió ahí un compás de espera mutuamente acordado. Todo resultó ser una gran mentira: la decisión ya estaba tomada antes de que los dirigentes del SME entraran en Los Pinos.
Este sabadazo, que coincide además con el jolgorio popular por el pase del Tri al Mundial de Sudáfrica, despeja cualquier duda sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo con quienes enfrentan sus políticas. Si no es por la buenas, será por las malas. Tal es el mensaje que a partir de hoy locutores y plumíferos del oficialismo machacarán en sus espacios.
Este sábado 10 de octubre pasará a la historia como el día en el que un gobierno de derecha encabezado por Acción Nacional se brincó la autonomía sindical y, de ese modo, dijo al país entero que quien no comulga con sus ideas será combatido con la fuerza de su estado.