Gustavo Leal F.*
Mil 184 muertes sobre 72 mil 392 casos confirmados. Porque desde agosto de 2009 la Ssa instruyó que sólo se realizaran pruebas de laboratorio a 10 por ciento de los casos sospechosos presentados en las 560 unidades centinela dispuestas en el país.
Pero como desde el primer día de la emergencia (23 de abril, 2009), el doctor Córdova sigue culpando a los estados: “en México la actividad productiva nacional se suspendió sólo un día”, sostuvo ante el Senado (11.3.10), “aunque algunos gobiernos decidieron extender la medida”. Es el desplome final del largo y fracasado proceso de descentralización iniciado por Guillermo Soberón en 1982 y culminado por Julio Frenk en 2003.
La historia no es nueva. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó –en su informe sobre la Cuenta Pública 2008– que la Ssa (Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Censia) no tiene control de las vacunas que se aplican en el país, ni si los estados cumplieron con la meta de cobertura.
La ASF observó que el Censia carece de controles adecuados para evaluar y dar seguimiento al desarrollo e impacto nacional del Programa Enfermedades Prevenibles por Vacunación sobre la población objetivo. No supervisa ni evalúa la aplicación en las entidades federativas, jurisdicciones sanitarias, localidades, regiones, comunidades y unidades de salud las vacunas pentavalente (difteria, tétanos, tosferina, influenza tipo B y polio), rotavirus, RS (rubéola) y BGC (tuberculosis), tal como establece el Manual de Vacunación 2008-2009. Se trata de 15.1 millones de dosis –603 millones de pesos– entregadas a los estados.
En algunas entidades existe una amplia diferencia entre las vacunas entregadas por la Federación y las aplicadas por sus gobiernos. La vacuna contra la tuberculosis es la que tiene menor tasa de aplicación. En 12 estados no se presentó información sobre la aplicación de la pentavalente, rotavirus, RS y BGC. Otros ocho estados no proporcionaron completa la información requerida sobre el número de dosis aplicado por cada tipo de vacuna.
Por si no fuera suficiente, según la ASF, el Censia tampoco demostró el lugar donde se encuentran las referidas vacunas, lo que denota la “opacidad” en el cumplimiento de las metas y los objetivos del programa, así como la “carencia de coordinación” con las autoridades competentes en los estados.
Y aunque los costos de la emergencia suman 4 mil 500 millones de pesos –tomados enteramente del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del fraudulento Seguro Popular– , Córdova sigue sin aclarar la causa por la que no se concretaron los préstamos ofrecidos por organismos internacionales.
Claro que la Ssa presume haber aplicado 80 por ciento de las vacunas: 21.6 millones de dosis. Y para mayo “se habrán terminado los 30 millones adquiridos”; 95 por ciento de la compra tiene vigencia de más de un año. Así que “no se nos va a caducar”, puntualizó. Y frente a la mutación del virus de la influenza A/HINI, Córdova no puede más que llamar a “aprovechar” la vacuna.
El antígeno costó 2 mil 700 millones de pesos junto con los 30 tratamientos adicionales de peramivir a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Pero Córdova insiste en que se logró un ahorro de mil 700 millones de pesos porque se adquirió la dosis a 4.50 euros, cuando “otros” la compraron a 7.50.
Falta, además, el dinero para avanzar en la construcción de la planta (Sanofi-Aventis-Birmex) donde –a partir de 2012– se fabricará la vacuna contra la influenza estacional. La dependencia del exterior del mercado mexicano de vacunas se extenderá por varios años más, derivada de las “políticas” sexenales previas. Y Córdova ya estima, entusiasmado, que la vacuna contra el dengue (¿también de manufactura francesa?) estará “disponible” en cuatro años.
Pero a causa de la “crisis económica” la Ssa dejará de construir cuatro hospitales previstos por la administración calderonista (Chihuahua, Culiacán, Querétaro y Acapulco), con lo que los “afiliados” al Seguro Popular seguirán presionando sobre la oferta ya existente. Antes de que concluya 2012, la Ssa sólo culminará la construcción del hospital de alta especialidad de Ixtapaluca y, “en caso de justificarse”(¡!), también se edificaría un nosocomio similar en Ciudad Juárez.
Ambos se edificarán bajo el esquema de asociación público-privada denominado Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), severamente cuestionado por la ASF en su informe sobre la Cuenta Pública 2008, por representar erogaciones millonarias de largo plazo para el fisco que no se registran como deuda pública y presionan sobre el presupuesto federal.
Para la ASF, los recursos para garantizar el pago a la empresa que construye y obtiene una concesión de 25 años para operar el hospital son prioritarios en la programación del gasto, lo cual podría afectar otros programas esenciales de la Ssa. Sin embargo, Córdova descarta cualquier “riesgo”, toda vez que se trata de un “financiamiento” que permite “más justicia social para los más pobres”.
Mientras Córdova sigue insistiendo en que pronto se levantará la “alerta” sanitaria, Frenk aclaraba que gracias a su –invisible y rimbombante– Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza, “diseñado” en 2005, la “respuesta que se dio en el país fue ejemplar. Los gobiernos del mundo le deben mucho a México”.
Y Córdova todavía agregó: ante el riesgo de que el virus de influenza A/ H5N1 llegue a México, existe ya una “alerta prepandémica”.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
