Cuerpos sin alma

Napoléon Gómez Urrutia

Como todo el mundo lo supo, en Perú se consiguió el reciente 11 de abril el rescate de nueve trabajadores atrapados una semana antes en un derrumbe en la mina Cabeza de Negro, en la región de Ica, con la participación plena del gobierno de ese país, en un esfuerzo encabezado por el propio presidente Ollanta Humala, seguido por sus compañeros de trabajo, así como por el gremio y la población minera.

En mi colaboración del 12 de abril de 2012 expresé: “Rescate en Perú, otra vergüenza para el gobierno de México. No cabe duda que cuando la voluntad y el sentido de responsabilidad existen, se pueden alcanzar los objetivos. Este esfuerzo exitoso en Perú, al igual que el de San José de Copiapó en Chile, exhiben en toda su crudeza la miseria humana de Grupo México en Pasta de Conchos, que abandonó a 65 de sus trabajadores en ese ‘homicidio industrial’ con el que siempre serán señalados Germán Larrea, Vicente Fox, Francisco Javier Salazar, Felipe Calderón, Javier Lozano Alarcón, Fernando Gómez Mont y los demás colaboradores, cómplices, directivos y accionistas de esa empresa sin calidad ética y sin respeto a la vida humana”.

A dos semanas de distancia, ratifico lo que dije, y lo amplío aún más. Las personas responsables señaladas no sólo actuaron sin calidad moral ni ética alguna, sino que evidenciaron que la vida humana les importa muy poco, incluso tratándose de los trabajadores que hacen posible con su trabajo, esfuerzo y sacrificio el enriquecimiento de esos empresarios, al principal de los cuales, Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, los mineros de México y los trabajadores del mundo califican justamente como “asesino impune de mineros”. El cual cuenta y sigue contando con la complicidad indigna de los funcionarios, también señalados anteriormente, de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y de estos mismos, para ocultar las verdaderas causas de esa tragedia, que según todas las evidencias se radican en la negligencia e irresponsabilidad criminal del Grupo México, al no instalar adecuadas condiciones de seguridad industrial, salud e higiene en el trabajo y protección a la integridad y la vida de los mineros.

Este es un asunto que no se puede dejar en el olvido ni pasar inadvertido en la impunidad. Sobre todo porque Grupo México no sólo los dejó morir al cerrar la mina sólo cinco días después del derrumbe en Pasta de Conchos, sino porque posteriormente ha ofrecido indemnizaciones verdaderamente mezquinas a los familiares y deudos de los 65 mineros que perdieron la vida ese 19 de febrero de 2006, y más aún porque ha perseguido judicialmente, con fuerzas represoras tanto estatales como federales, como si se tratara de delincuentes, a las viudas y familiares que exigen se respeten sus derechos y se les devuelvan los cuerpos de sus esposos, hermanos o hijos muertos, para darles digna sepultura.
La que han cometido Grupo México de Larrea y los gobiernos de Fox y de Calderón es una historia de horror, deshonor y vileza. No basta señalar que el segundo de esos gobernantes ya se va del poder presidencial cuya legitimidad ha sido cuestionada en este sexenio, ni que Fox ya lo haya dejado. Al quedar impunes todos esos culpables, entre los que se cuentan de manera muy notoria Francisco Javier Salazar y Javier Lozano Alarcón, titulares de la Secretaría del Trabajo en los respectivos gobiernos indicados, queda en la sociedad mexicana la herida lacerante de esta injusticia mayor, que debe ser castigada penalmente y con total ejemplaridad.

Nunca jamás se debe permitir que la negligencia criminal de las empresas de cualquier tipo, sean mineras o no lo sean, se vuelva a reproducir en México. Por eso he planteado que se debe legislar para penalizar a los culpables de estos “asesinatos corporativos”, como también se les denomina en el mundo entero, y llevar a la cárcel a sus responsables. No es aceptable que los culpables de estas tragedias anden por el mundo sueltos y alegremente, mientras el luto se ha adueñado de las familias de los mineros muertos, las cuales perdieron el sostén principal de la casa y a las que, por añadidura, se ha reprimido y tratado como delincuentes.

Para contraste, en la mina de carbón Upper Big Branch de Virginia Occidental, Estados Unidos, que se siniestró el 5 de abril de 2010, el mismo presidente Barack Obama se presentó dos veces en el lugar de los hechos para estar con los familiares de los 29 trabajadores fallecidos. A partir de esas visitas, Obama encabezó el esfuerzo por legislar en contra de la irresponsabilidad en su país, para que esas tragedias jamás vuelvan a ocurrir. Con el agregado de que esa presión sirvió para que las familias de los fallecidos recibieran una indemnización de 3 millones de dólares cada una, y no los miserables 7 mil dólares que Grupo México, con la complacencia gubernamental, les pretendió otorgar a cada familia de Pasta de Conchos.

La lección de la mina Cabeza de Negro en Ica, Perú, que es la última ocurrida, es una muestra de la desvergüenza de Grupo México de Germán Larrea, que ha continuado sus inmorales ataques contra los trabajadores y contra su sindicato en cuanta ocasión se le ha presentado, como lo muestra la explotación con esquiroles en la mina de Cananea, Sonora, convirtiéndola en un verdadero campo de concentración, y que pretende hacer también en Sombrerete, Zacatecas, y en Taxco, Guerrero, todas ellas en huelga heroica. La sociedad mexicana no puede ya permitir que siga el atropello a la vida de los trabajadores por parte de estos empresarios arrogantes e ignorantes, sin ninguna responsabilidad social ni sensibilidad humana, y que pasan por la vida como lo que en esencia son, “cuerpos sin alma”.

Empresas sin ética

Napoleón Gómez Urrutia

No sólo es lamentable, sino vergonzoso y desdeñable, que las empresas que en México actúan sin ninguna responsabilidad social, inscritas entre las menos éticas del mundo, ahora resulta que se proclaman como las compañías ejemplares que más se ajustan a los cánones legales y morales. En verdaderos atentados a la información real que existe en México y el mundo sobre su irresponsabilidad social, que sólo el actual gobierno conservador no advierte, sino que incluso premia, estas empresas han estado difundiendo autoelogios que confirman su evidente falta de ética, como es el mismo hecho de presumir algo que no se tiene.

Esas empresas son Grupo México, de Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, y Grupo Villacero, de los hermanos Julio, Sergio y Pablo Villarreal Guajardo, originarios de Matamoros, Tamaulipas, las cuales han estado difundiendo en espacios pagados de la prensa y en otros medios, que recibieron sendos premios, uno de la Concamin (Confederación de Cámaras Industriales), el 28 de febrero, y otro de una agrupación de Londres, el 29 de febrero. El de la Concamin se llama nada menos que “Ética y valores en la industria”.

Lo más grave es que en el caso de Grupo México, el propio presidente Felipe Calderón viajó presurosamente hasta Guadalajara a entregarle el premio de la Concamin a dicha corporación, poniendo en claro, una vez más, la indebida asociación cómplice que entre ambos existe.

Al respecto, el Grupo Covalence, empresa consultora independiente de Ginebra, Suiza, que analiza los índices de ética de las empresas, en su reporte del pasado 26 de enero situó a Grupo México entre las firmas menos éticas del mundo; o sea, ocupó el sitio 573 de un total de 586 corporaciones evaluadas. Y dentro del sector “recursos naturales”, esta empresa se ubicó sólo en el lugar 31 de las 32 calificadas por la consultora independiente.

El Grupo México, de Larrea Mota Velasco, se ha destacado por los insultantes márgenes de ganancia obtenidos en años recientes, debidos, entre otras causas, a la feroz represión contra las justas demandas laborales de sus asalariados, así como por su insensibilidad criminal hacia la vida y la seguridad de los propios trabajadores, como lo demostró el “homicidio industrial” de Pasta de Conchos, Coahuila, el 19 de febrero de 2006, donde aún yacen abandonados 63 de los 65 cuerpos de mineros muertos. Una verdadera vergüenza nacional por la cual sus responsables no han recibido el castigo penal que merecen, esto es, el dueño, los socios y los directivos de esa corporación. Las viudas y familiares no han recibido de Larrea sino menosprecio y persecuciones, en una muestra elocuente de la “ética” que Larrea aplica en sus negocios. Pero por todo eso, Larrea ya es el segundo hombre más rico de México, según Forbes.

Esta corporación también se ha distinguido por su falta de ética e inhumana negativa a resolver, por los caminos legales, las tres huelgas lícitas de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, que al día de hoy acumulan cerca de cinco años de duración, a lo cual se sumó que con la complicidad del gobierno de Felipe Calderón y con más de 4 mil elementos de la fuerza pública federal y estatal, invadieron Cananea el 6 de junio de 2010, después de la grosera simulación jurídica fuera de la ley de declarar terminadas las relaciones de trabajo en esa mina, pero donde han reanudado tareas de rehabilitación, violando la norma jurídica de que en estado de huelga legal, como ocurre en ese yacimiento, no está permitido contratar nuevos trabajadores ni reanudar cualquier tipo de actividad productiva.
En este caso, Grupo México ha contratado a varios miles de “terceros” o esquiroles, desde esa invasión por la fuerza pública, sin haberles proporcionado ninguna capacitación, a los que tiene sometidos a condiciones de inhumana esclavitud, laborando en virtuales campos de concentración, amenazados y humillados todos los días por los elementos armados que vigilan sus entradas, salidas y movimientos. En esa mina ha habido más de 20 muertos y más de 100 heridos por negligencia de la empresa, que ésta siempre oculta. Los “terceros” viven como esclavos, con la complicidad de la CTM local, bajo el mando de un líder charro, Javier Villarreal.

Otro grave caso de asesinato por los paramilitares de Grupo México ocurrió en Nacozari, Sonora, el 11 de agosto de 2007, donde fue ultimado a balazos por esos guardias el trabajador Reynaldo Hernández González, y donde 20 de sus compañeros fueron torturados; ellos acudían para ser reinstalados en su trabajo después de conseguir un laudo a favor. Sus asesinos intelectuales y materiales se mantienen en la impunidad, con toda la ética de que son capaces Larrea y socios, por la que Calderón y la Concamin los premian.

En cuanto a Grupo Villacero, de los hermanos Villarreal Guajardo, fue esta empresa la instigadora de la represión con fuerzas federales y estatales, ejecu- ta da el 20 de abril de 2006, para aplastar la huelga legal que protagonizaban los trabajadores del puerto industrial Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la cual fueron asesinados cobardemente Mario Alberto Castillo y Héctor Álvarez Gómez, y más de 100 trabajadores fueron gravemente lesionados. Es públicamente conocido que los hermanos Villarreal Guajardo se significaron antes como los principales causantes de la quiebra de Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, ocurrida el l0 de mayo de 1986.

Estos son los dos casos de empresarios, Larrea Mota Velasco y los hermanos Villarreal Guajardo, que a cualquier precio y en desesperación están comprando pedigrí, del cual carecen absolutamente, para poder alardear que son los más éticos y socialmente responsables. Y Calderón les da a todos ellos un reconocimiento que no merecen, ignorando la condena internacional, en vez de hacerlos que paguen por sus vergonzosos delitos

Ordena corte de EU a Grupo México devolver 6 mil mdd a minera Asarco

Creyeron que en aquel país sus ilícitos quedarían impunes, afirma líder del SNTMMSRM

*Adquirió la minera de cobre en 1999; prevaleció la justicia, dice directivo de esta última
Reuters y Patricia Muñoz Ríos

Nueva York, 2 de abril. Una corte federal en Estados Unidos ordenó el miércoles a Grupo México devolver unos 6 mil millones de dólares en acciones y dividendos a la quebrada minera de cobre estadunidense Asarco LLC, lo que hundió los títulos de la firma mexicana.

Las acciones de Grupo México cayeron 15 por ciento este jueves a 9.30 pesos en la bolsa mexicana antes de suspender su cotización.

El juez Andrew Hanen, del distrito sur de Texas, emitió su fallo el miércoles asegurando que la transferencia de acciones de Asarco a una filial de Grupo México en Estados Unidos en 2003 fue fraudulenta y debe deshacerse.

“La justicia ha prevalecido”, dijo el presidente ejecutivo de Asarco, Joseph Lapinsky, en un comunicado.

“Esto será para el beneficio de los acreedores de Asarco en el proceso de bancarrota y debería ayudar a la empresa en sus esfuerzos de emerger exitosamente de la quiebra en los próximos meses”, agregó.

Mineros critican gestión

Asarco presentó la demanda contra Americas Mining Corp, subsidiaria de Grupo México, a la que la acusó de transferirse fraudulentamente desde Asarco lo que en ese momento era 54.18 por ciento del paquete accionario de Southern Copper.

Grupo México dijo en un comunicado que estudia el fallo y que dará su opinión más adelante.

Asarco dijo que una vez realizadas todas las operaciones que ordena el fallo pasará a tener aproximadamente 30 por ciento de las acciones de Southern Copper.

Asarco, que gestiona tres minas en Arizona, pidió la protección por bancarrota en 2005, luego de que fue demandada por mil millones de dólares en relación con una limpieza ambiental y reclamos por el uso de asbesto.
La empresa presentó el mes pasado un plan de reorganización en bancarrota conforme a un acuerdo de mil 700 millones de dólares con la empresa india Sterlite Industries.

Grupo México adquirió Asarco en compra apalancada en 1999, pero carece del control del directorio de la empresa por la bancarrota.

Grupo México ha operado fraudulentamente en sus empresas en Estados Unidos, según una corte de Texas, y sus directivos erraron al creer que sus ilícitos iban a quedar impunes como en México, aseveró por otra parte el secretario de asuntos políticos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares (SNTMMSRM) Carlos Pavón.

En entrevista sostuvo que la penalización que impondrán al consorcio propiedad de Germán Larrea quebrantará las finanzas de esta corporación y la pondría incluso en problemas económicos.

Los propietarios de este grupo ha optado por una pésima política administrativa que los ha llevado a perder millones de pesos y de dólares en sus operaciones. En México, por ejemplo, en lugar negociar y restituir mejores condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores de Cananea y así poder levantar la huelga, siguen empecinados en tener pérdidas, antes que llegar a acuerdos con los trabajadores.

Comentó que para el sindicato minero está claro que Grupo México ha actuado ilegalmente en forma recurrente y que al parecer esta es la tónica de su administración, ya que ha incurrido en “inumerables ilícitos” y lo mismo se ha amparado en triquiñuelas legaloides para no responder por la muerte de los 65 mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos; que ha financiado a personas para que intenten derrocar a su dirigente Napoleón Gómez Urrutia.

La mano de Grupo México, señaló el dirigente, ha estado también en diversas violaciones laborales y penales cometidas contra los trabajadores y su sindicato; sin embargo, en México ni se le cuestiona por las condiciones de inseguridad en que opera, ni por la falsificación de información, ni por nada. Pero en Estados Unidos no es lo mismo y la justicia le hará pagar.

Dijo que el sindicato tiene confianza en que aunque tarde, pero la justicia llegará a México. Comentó además que desde el principio de la operación de Grupo México con Asarco, se supo que se defraudó a socios y accionistas del consorcio.

El empresario Germán Larrea, a declarar por supuesto desfalco a fideicomiso minero

Advierte juez que si el dueño de Grupo México no acude será llevado por la fuerza pública

La PGR impugna el citatorio; considera que el testimonio del industrial es irrelevante

P. Muñoz y A. Méndez

El conflicto entre la dirigencia del sindicato minero y Grupo México tomó otro giro. Ahora el principal inversionista de ese consorcio, Germán Larrea, y Elías Morales, quien infructuosamente pretendió sustituir al dirigente Napoleón Gómez Urrutia, fueron apercibidos de arresto por un juez federal para que se presenten voluntariamente a declarar sobre el presunto desfalco por 55 millones de dólares al fideicomiso minero, o serán obligados por la fuerza pública.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) impugnó el citatorio emitido por el juzgado primero de distrito en materia de procesos penales federales, el cual ordenó hace un mes la comparecencia, como testigo, del presidente de Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco, dentro de un proceso penal abierto contra dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

Ese hecho es poco común en litigios de este tipo. Generalmente el Ministerio Público Federal no se opone a que un testigo comparezca ante un juez en un juicio.

Según fuentes gubernamentales, la dependencia argumentó que el testimonio de Larrea Mota Velasco es irrelevante para la resolución del caso. Sin embargo, esa actitud de la dependencia fue calificada de sospechosa por el penalista Marco Antonio del Toro, uno de los abogados de Gómez Urrutia y asesor jurídico del sindicato minero.

El litigante agregó que personal de Grupo México ha pretendido esconder a Germán Larrea, y así lo han acreditado en el juzgado federal. Por ello, abundó, se pidió que sea presentado por elementos de la Agencia Federal de Investigación.

Por otra parte, añadió que en audiencia judicial el delegado fiduciario de Scotiabank Inverlat declaró que el dinero del fideicomiso pertenece al sindicato y no a Elías Morales, además de que fue liquidado conforme a la ley.