De dónde saldrá el dinero que se anunció para Cananea, preguntan legisladores

Censuran que la ayuda se destine a doblegar a los trabajadores y apoyar a empresarios


Patricia Muñoz, Andrea Becerril y Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 10 de junio de 2010, p. 17

La comisión especial para dar seguimiento al conflicto minero de la Cámara de Diputados solicitará la comparecencia del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, para que explique de dónde saldrán los 113 mil millones de pesos que anunció el gobierno federal para reactivar Cananea, porque esos recursos no están contemplados en el Presupuesto de Egresos. Para dar una idea de lo desproporcionado de la cifra basta señalar que la partida anual de la UNAM es de 27 mil millones de pesos.

En el pleno de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se informó ayer del punto de acuerdo que se impulsa para que el gobierno federal explique “¿de dónde sacará tantos miles de millones de pesos para favorecer a una sola empresa: Grupo México?”, porque serían recursos públicos destinados a apoyar un consorcio, para que reactive su multimillonaria producción minera y “doblegue a los trabajadores”.

Jornada nacional de apoyo

Los sindicatos que integran esta central obrera acordaron, entre otras acciones, iniciar una jornada nacional en apoyo al sindicato minero, presentar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) su rechazo a la agresión cometida por el gobierno de Felipe Calderón contra los mineros de Cananea y otras medidas, como el bloqueo de casas de los empresarios de Grupo México.

A su vez, en las cámaras de Diputados y Senadores, legisladores de PRI y PRD exigieron el retiro inmediato de las fuerzas policiacas de Cananea y una solución negociada al conflicto. El presidente de la comisión especial de seguimiento a los conflictos mineros, de San Lázaro, Miguel Pompa Corella, demandó pedir cuentas al secretario del Trabajo, Javier Lozano.

El diputado priísta advirtió que el funcionario debe explicar el origen de los 113 mil millones de pesos que, según anunció, se destinarán a la reconstrucción de Cananea, ya que no están incluidos en el presupuesto de este año. Lozano Alarcón planteó “sólo espejismos” para justificar el uso de la fuerza pública contra los mineros.

Pompa Corella se reunió ayer, antes de la sesión de la Comisión Permanente, con diputados y senadores del PRI, quienes respaldaron la propuesta de que se solicite el retiro de las fuerzas federales de Cananea y la instalación de una mesa de diálogo. Los diputados perredistas Agustín Guerrero y Ramón Jiménez advirtieron que en lugar de optar por las vías de la negociación, el gobierno federal y el secretario del Trabajo optaron por la represión, pero “tanto los funcionarios responsables como el señor Germán Larrea deben saber que el país no es de su propiedad, que sus arbitrariedades contra los mineros han llegado al límite, y que los legisladores no podemos hacernos cómplices de semejante atropello”.

Por su parte, el diputado Francisco Hernández Juárez informó en la UNT que la comisión especial para ver el asunto minero se reunió ayer para definir las acciones de apoyo a Cananea. Las propuestas son: presentar un punto de acuerdo para que comparezca el secretario de Hacienda, integrar una mesa de diálogo para que salgan las fuerzas policiales de la mina, enviar una caravana con miembros de todos los sindicatos hacia Cananea, así como diversos actos de movilización.

A su vez, el sindicato nacional de trabajadores mineros señaló que las liquidaciones ofrecidas a los trabajadores de Cananea son un engaño, ya que la mayoría de los trabajadores tienen una antigüedad de 10 a 15 años y les piden que renuncien a toda una vida de trabajo y vuelvan a“empezar de cero”. Además van a perder tres años de salarios caídos y diversas prestaciones económicas de su contrato colectivo de trabajo, e incluso los quieren obligar a firmar con un sindicato “blanco”. Ello significa que Grupo México quiere “liquidar barato” y el secretario del Trabajo intenta hacer creer de nuevo que se trata de grandes finiquitos, cuando como en el caso del SME, se trata de “lo mínimo”.

Se niega Grupo México a cualquier conciliación

Nada qué tratar con los trabajadores, dice

Roberto Garduño

Periódico La JornadaSábado 24 de abril de 2010, p. 13

Para el consorcio Grupo México, propiedad de la familia Larrea, no hay nada que tratar con los trabajadores de la minera Cananea, y por lo tanto “no subiste problema alguno, sino tan sólo la debida aplicación de la ley”.
La empresa privada dominante en los procesos de explotación minera en el país, que usufructúa gran parte del territorio nacional para obtener pingües ganancias económicas, rechazó hace unas semanas la propuesta de la comisión especial de seguimiento de la problemática surgida por los conflictos mineros en el país, del Poder Legislativo federal, para buscar una solución a la grave condición en que se encuentran las relaciones entre concesionario y trabajadores.
El mes pasado Miguel Ernesto Pompa Corrella, presidente del órgano legislativo, envió una invitación a los funcionarios de Grupo México para reunirse con objeto de conocer su postura en torno al conflicto y que emitieran propuestas de solución.
La respuesta se circunscribió al rechazo firmado por Juan Rebolledo Gout –funcionario federal en el sexenio de Ernesto Zedillo, y personaje cercano al mandatario en cuya administración ocupó, entre otros cargos, el de subsecretario de Relaciones Exteriores–, quien ahora se desempeña como vicepresidente de relaciones internacionales de Grupo México.
El texto de la negativa de la minera a participar en la búsqueda de soluciones del conflicto en Cananea señala lo siguiente:
“He recibido, al igual que otros colegas de la empresa, su invitación para asistir a una sesión de trabajo de la comisión que usted preside. En dicha invitación me informa que los integrantes de la comisión abordarán las premisas y vías de solución a los conflictos mineros que atañen al Grupo México.
“Al respecto, respetuosamente le informo que el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito ha resuelto en definitiva el conflicto en la mina Cananea, según sentencia notificada el 5 de marzo pasado, y que por tanto no subsiste problema alguno sino tan sólo la debida aplicación de la ley, a la que todos estamos sujetos.
“Por esa razón, al estar colmado el objeto de la reunión por sentencia de los tribunales federales, no vemos propósito en la presencia de la empresa en la reunión convocada.”
El diputado Pompa Corella repuso que tras esa “grosera respuesta” la empresa minera, propiedad de la familia Larrea, rompió el contacto con el órgano legislativo.

Fallo de tribunal confirma el fin de la relación laboral en minera Cananea

Pierden trabajadores los salarios caídos de 31 meses de huelga, según la sentencia

*Latente, un nuevo enfrentamiento entre sindicalistas y fuerzas públicas, temen abogados

Alfredo Méndez y Patricia Muñoz

Periódico La JornadaViernes 12 de febrero de 2010, p. 16

Por unanimidad (tres votos), los integrantes del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en el Distrito Federal negaron este jueves el amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), resolución con la que se confirma que quedaron concluidas las relaciones laborales entre Mexicana de Cananea, de Grupo México, y la organización gremial que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
Con este fallo judicial queda firme un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que el pasado 14 de abril respaldó la propuesta de Grupo México de liquidar a mil 100 sindicalizados y 100 empleados de confianza que laboraban en la mina de Cananea, la cual lleva 31 meses en huelga.
Como el año pasado otro tribunal colegiado determinó que debía persistir la huelga de Cananea en tanto estuviera vigente el juicio de impugnación al laudo del 14 de abril, lo más probable es que en las próximas horas o días la JFCA emita un acuerdo en el que exponga que en virtud de que se confirmó la conclusión de las relaciones laborales con la empresa, lo procedente es que la huelga también debe quedar sin efectos, explicó a La Jornada Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato minero.
Ante ello, está latente el riesgo de un nuevo enfrentamiento entre trabajadores y fuerzas públicas en esta mina, toda vez que la sección 65 de Cananea ratificó en asamblea que no van a dejar su fuente de trabajo, que “la van a defender con todo”, que “están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias”, según señaló el secretario del Trabajo de esta organización, Javier Zúñiga. Dijo que “si el gobierno quiere que en esta mina se vuelva a dar la chispa de una revolución, lo van a lograr, porque ellos no van a salir”.
Además, se prevé que de un momento a otro, la sección 271, de Lázaro Cárdenas, inicie una huelga “por solidaridad” con Cananea y además, paralice todo el puerto en protesta por “las violaciones al derecho de huelga”, según advirtió Martín Rodríguez Piedra, dirigente de la misma.
Mientras, es probable que Grupo México presione a la JFCA para que esta autorice pedir el uso de la fuerza pública para que la empresa recupere las instalaciones de Cananea. Incluso la junta ya emitió una orden para que pueda ingresar personal del Ejército Mexicano a Cananea, con el pretexto de “buscar explosivos”, según revelaron ayer los abogados del sindicato Néstor de Buen y Marco Antonio del Toro.
Minutos después de enterarse de que el colegiado optó por no conceder el amparo, cerca de las 13:45 horas, Del Toro, expuso a este diario que prepara una demanda por presunta denegación de la justicia que presentará este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante esa instancia internacional, dijo, se pedirán “medidas cautelares” para evitar que en las próximas horas elementos de la Policía Federal (PF) y efectivos militares intenten desalojar a los mineros que custodian las instalaciones del yacimiento, pues si esto ocurre “lo más probable es que se suscite un enfrentamiento de proporciones incalculables, porque los trabajadores han dicho que están dispuestos a defender con todo su centro de trabajo”.
De acuerdo con información de allegados a la empresa, ésta tiene la intención de recontratar –una vez que se desaloje a los mineros en huelga– al mayor número de personal posible, con un nuevo contrato colectivo y con otro sindicato, y para quienes prefieran su liquidación, ésta será depositada en la JFCA.
En su resolución de ayer, los magistrados federales María Edith Cervantes Ortiz, Elisa Jiménez Aguilar y Jorge Farrera Villalobos avalaron lo resuelto por la JFCA, en el sentido de que la empresa operadora de Cananea exhibió pruebas sobre los daños ocasionados en maquinaria, instalaciones y equipo, lo que imposibilita la reanudación de las labores en la planta.
En el laudo de la JFCA, ahora avalado por el Poder Judicial federal, se instruyó a la indemnización, consistente en tres meses de salario más el pago de 12 días de salario por cada año de servicios prestados por cada trabajador, por tanto los mineros perderían sus salarios caídos durante los casi dos años y medio de huelga.
Día negro para la justicia laboral
La resolución de ayer fue calificada como “burla” del Poder Judicial y “vergüenza histórica” para esta instancia, que asestó un golpe criminal al estado de derecho y a la legalidad, por el abogado laboralista Arturo Alcalde y dijo que “éste es un día negro” para la historia del movimiento laboral mexicano.
El fallo contra los trabajadores se da luego de una batalla legal del sindicato para sostener la huelga, que inició en agosto de 2007, por una demanda de violaciones al contrato colectivo. Posteriormente, la empresa presentó en tres ocasiones demandas ante la JFCA para que se declarará inexistente la huelga y esta instancia se lo concedió las tres veces. Fueron los tribunales colegiados los que declararon la legalidad del paro.
Incluso, en enero de 2008 fuerzas policiacas y militares buscaron romper la huelga y ocuparon la mina luego de un enfrentamiento en que resultaron heridos una decena de sindicalizados.

Exige el sindicato minero a la PFP respetar amparo y huelga

Entregan a García Luna, titular de la SSP, copia del documento

Gabriel León Zaragoza y Ulises Gutiérrez
Reportero y corresponsal/La Jornada

Los abogados del sindicato minero entregaron ayer a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal una copia certificada del amparo indirecto que concedió el juez segundo de distrito en materia de trabajo en el Distrito Federal al secretario general de la sección 65, Sergio Tolano Lizárraga.

Con esta notificación la Policía Federal Preventiva (SSP) no puede realizar ninguna acción de desalojo, toda vez que queda sin efecto el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que daba por concluida la relación laboral entre Grupo México y los mil 200 trabajadores de Cananea, señalaron los representantes legales del gremio.

El sindicato exhortó al titular de la SSP, Genaro García Luna, a que respete la suspensión legal y el derecho de huelga en Cananea, y evite ordenar la intervención de la fuerza pública contra los trabajadores mineros, “so pena de incurrir en violación a la propia suspensión”.

En un comunicado, el sindicato minero calificó de “impreciso y falaz” el boletín emitido la víspera por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), donde se destaca que “no es cierto” que un juez federal haya otorgado un amparo directo al sindicato para dejar sin efectos la resolución de la JFCA.

Destacó que con el otorgamiento de la suspensión susbsiste la huelga que el pasado 14 de este mes fue determinada como legal y existente.

El sindicato manifestó su temor de que la PFP “pretenda violar la suspensión y agredir a nuestros compañeros”, debido a que los trabajadores en huelga han reportado que los elementos federales que se encuentran en Cananea, “se están reagrupando”.

El abogado de los mineros, Carlos de Buen, adelantó en entrevista que este sábado todos los mineros interpondrán amparos indirectos y el sindicato presentará su demanda directa el lunes ante un tribunal colegiado.

El litigante Marco del Toro puntualizó que los trabajadores ejercerán todas las acciones legales de defensa, en el país y el extranjero, lo que incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde “tenemos quejas en curso por la cantidad enorme de violaciones en que han incurrido contra los mineros”, y la Organización Internacional del Trabajo.

En Cananea, el líder sindical, Sergio Tolano Lizárraga entregó a reporteros copias de los documentos emitidos por el juez y negó tajantemente que hayan recibido instrucción de algún militar o ex militar para la instalación de las defensas de las puertas de acceso al socavón.

“Nos vamos a defender como podamos si nos agreden, pero nosotros no usamos ni armas ni nada: con lo que agarremos del piso nos vamos a defender. No somos personas que andemos planeando un ataque de guerra y nos vamos a defender de frente, caiga quien caiga; yo sé que son frases duras, pero la gente está decidida y por qué lo está, pues porque es el patrimonio nuestro y el de nuestras familias”, expuso.

“Javier Lozano Alarcón trabaja para los intereses de Grupo México, ahí queda demostrado que le gana el rencor contra nosotros, le gana de una manera muy visible y la verdad por eso hemos venido señalando todo el tiempo que Javier Lozano es un trabajador más de Grupo México”, dijo.

Protección para un solo minero

Por la noche, la STPS difundió declaraciones del subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, que fijan la posición sobre el amparo indirecto concedido a los mineros, donde considera que es “evidente” que la petición no tiene procedencia porque el acto fue consumado.

En su consideración, “el día 14, antes de la medianoche, la propia Junta declaró que se habían terminado las relaciones colectivas de trabajo y, por lo tanto, una vez que ya se da esta suspensión se queda sin materia, porque ya se dictó un laudo en el cual se reconoce que hay una suspensión provisional para el efecto de que a esta persona se le respeten sus derechos como trabajador en carácter individual.

“Nos estamos refiriendo que no se ejecute el laudo a la persona física. Hay un principio en la Ley de Amparo, por el cual hay un principio de la relatividad de la sentencia, que sólo se aplica a esta persona no a todos”, destacó.

Durante la mañana del viernes, un comandante de un agrupamiento de granaderos de la PFP, señaló que sus elementos están preparados para tomar la mina de Cananea si le llega la orden de un juez para hacerlo.