domingo, 19 de diciembre de 2021

Migración, el negocio

 


Luis Hernández Navarro

Diciembre 14 de 2021

En Tres veces mojado, Los Tigres del Norte, esos cronistas imprescindibles del sentir y las peripecias migrantes, se canta y se cuenta la historia y sacrificios de un salvadoreño en la búsqueda del sueño americano. La canción, compuesta por el migrante Enrico Franco Aguilar, dice: Son tres fronteras las que tuve que cruzar, / por tres países anduve indocumentado, / tres veces tuve yo la vida que arriesgar, / por eso dicen que soy tres veces mojado (https://bit.ly/3oOVAyC).

La pieza, prácticamente un himno para quienes ejercen su derecho de fuga desde Centroamérica, narra los enormes sufrimientos que hay que hacer para traspasar fronteras sin papeles. En Guatemala y México, cuando crucé, / dos veces me salvé me hicieran prisionero; / el mismo idioma y el color, reflexioné, / cómo es posible que me llamen extranjero, dice el corrido.

El drama de los migrantes centroamericanos, como ejemplifica la canción, es más grave que el de los mexicanos en Estados Unidos. Antes de llegar a su destino final deben recorrer México, sufrir penurias extremas, hostilidad y extorsión de las policías y exponerse a asaltos y secuestros, y –las mujeres– a violaciones.

Vergonzosamente, se generalizan en el país las opiniones de que los migrantes dañan a la comunidad, que son delincuentes y criminales. Culpan a hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, y ahora a haitianos, de la inseguridad que se vive . Se comportan con ellos de la misma manera en que actúan muchos estadunidenses con los paisanos que cruzan la frontera.

Migrar es una experiencia ambivalente. Quien toma la decisión de ir a hacer su vida fuera de las fronteras nacionales deja atrás violencia, inseguridad, pobreza, penurias y opresión y busca hacer realidad sus fantasías. La pobreza no es lo único que obliga a emigrar. El emigrante quiere vivir. Sin embargo, a menudo, sus deseos se transforman en pesadillas. El trágico accidente en Chiapa de Corzo, Chiapas, en el que fallecieron al menos 55 migrantes, que viajaban hacinados en un tráiler al servicio de una mafia de traficantes de personas, es la demostración de cómo esa huida hacia una vida mejor termina en ocasiones en desgracia.

Como lo ha narrado Alberto Pradilla, los accidentados tuvieron que pagar a los polleros 11 mil dólares por adulto y 4 mil por un menor, para ser trasladados de la frontera a Houston, Texas (https://bit.ly/3IJlZG3).

Matteo Dean, joven investigador sobre el mundo laboral, trágicamente fallecido, explicaba en La Jornada las limitaciones semánticas del término migrante y el cómo estos límites del idioma, expresan la incapacidad para abordar esta papa caliente. “Al escribir la palabra migrante –advirtió–, la mayoría de los programas de edición de texto de los ordenadores marcan error. El corrector explica que existe la palabra inmigrado o emigrante. Esta ausencia de la palabra migrante del cuadro semántico no es una casualidad. ¿Límites de un idioma? Quizás, o tan sólo límites de un lenguaje que aún no es capaz o no quiere ser capaz de explicar –y reconocer– un fenómeno real: el del migrante”.

La migración es tanto una herencia colonial como una criatura del neoliberalismo. Su acción ha modificado las fronteras humanas. La geografía del capital no es una geografía con confines claros entre centro y periferia. Cada vez hay más periferia en el centro y centro en la periferia. Un seguimiento del flujo migratorio actual no puede detenerse en una espacialidad norte-sur, porque ya no es posible trazar confines precisos, absolutos. Hay una redefinición geográfica continua. Las fronteras de la explotación se reproducen en el espacio trasnacional. A través de territorio mexicano buscan llegar subrepticiamente a Estados Unidos, ciudadanos de las más diversas naciones y regiones

del planeta: además de centroamericanos, brasileños, haitanos, chinos y coreanos, de Congo, Camerún y Sierra Leona.

La frontera es un sistema de exclusas que se llena o vacía dependiendo de las necesidades de la fuerza de trabajo y de las presiones para bajar su costo. La llave que cierra a muchos la entrada a la tierra de la gran promesa la abre a otros. En Estados Unidos la clase trabajadora no sólo tiene dos sexos, sino muchas nacionalidades. Dispuestos a trabajar más horas por menos salario y sin seguridad social, los trabajadores sin papeles hacen posible que los grandes señores del imperio prosperen, y que se realicen labores que otros no quieren efectuar. Los trabajadores emigrantes en las metrópolis, afirma John Berger, son inmortales: son siempre intercambiables. Tienen una sola función: trabajar.

Guatemala es una gran bodega en la que se almacenan drogas, armas, piratería, autos robados y seres humanos, negocio de bandas criminales con redes de complicidad entre autoridades chapinas y mexicanas. Están integradas verticalmente. Sus mercancías entran a México por una porosa frontera de 965 kilómetros. En los 20 municipios chiapanecos enclavados en ese territorio cuentan con infraestructura, organización y relaciones para mover impunemente los productos hasta su destino.

En México, rutas y fronteras militarizadas obligan a indocumentados a caer en manos de polleros y crimen organizado. Según el Instituto Nacional de Migración, este año fueron detenidas 225 mil personas, 35 mil en operativos contra tráileres. Muchas más cruzaron hacia acá.

En la frontera sur se vive una crisis humanitaria. No es resultado de alguna conspiración. Es producto de haber convertido a la Guardia Nacional en una especie de Border Patrol subrogada, internalizando la política migratoria de Estados Unidos.

Twitter: @lhan55

Talibanes piden ayuda a la comunidad internacional ante su crisis humanitaria


Funcionarios acusan que la congelación de fondos ordenada por EU afecta a la población civil

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▲ De manera unilateral, Rusia ha respondido al llamado de ayuda de afganos. En la imagen difundida por el Ministerio de Defensa ruso en el aeropuerto de Kabul, donde entregó suministros humanitarios, se muestra la evacuación de niños, estudiantes y de 200 de sus connacionales.Foto vía Ap
 
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2021, p. 19

Kabul. Funcionarios talibanes de alto rango pidieron ayer ayuda a la comunidad internacional para combatir una crisis económica cada vez más profunda que ha generado temores de otro éxodo de refugiados desde Afganistán. En tanto, más de 60 mil intérpretes afganos que solicitan asilo en Estados Unidos siguen atrapados en Afganistán, cuatro meses después de que los talibanes completaran su conquista del país, informaron fuentes del Departamento de Estado al The Wall Street Journal.

El viceministro de Relaciones Exteriores del movimiento, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, aseguró que es responsabilidad de gobiernos como Washington, que han bloqueado miles de millones de dólares en reservas del Banco Central, ayudar a Afganistán a recuperarse después de décadas de guerra.

El impacto de los fondos congelados afecta a gente común y no a las autoridades, explicó en una conferencia de Organización de Naciones Unidas (ONU), a la que asistieron representantes de la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado para los Refugiados.

Los organismos de la ONU estiman que, si no se da asistencia urgente, millones de afganos podrían pasar hambre durante el invierno, pero la liberación de fondos se ha visto obstaculizada por la falta de voluntad internacional para comprometerse directamente con los talibanes, debido a la preocupación por los derechos de las mujeres y la inclusión política.

Millones de personas están sin trabajo y el sistema bancario funciona parcialmente. Si la situación política y económica no cambia, habrá más migración, sentenció Stanikzai.

Estados Unidos emitió una guía que permite las remesas personales en efectivo a Afganistán, pero no cede en su negativa a liberar los 9 mil millones de dólares en reservas del Banco Central o levantar las sanciones a líderes talibanes.

The Wall Street Journal informó que 60 mil intérpretes que colaboraron con los estadunidenses antes de la salida de las tropas en agosto pasado siguen en Kabul e intentan salir. De ellos, 33 mil afganos, incluidos los solicitantes principales y sus familias, ya han pasado por la investigación que se les exige y podrían ser evacuados de inmediato.

Los 29 mil solicitantes de visa restantes se encuentran en las primeras etapas del proceso; es decir, en medio de un protocolo de verificación que tiene el doble objetivo de la comprobación de sus antecedentes laborales y las posibles conexiones con grupos terroristas.

Washington ya no tiene presencia diplomática en Afganistán, factor que se suma a la dificultad para tramitar los casos pero el mes pasado firmó un acuerdo con Qatar en el que estableció a la nación del Golfo como la potencia protectora de Estados Unidos en Afganistán. Los qataríes convinieron en establecer una sección de intereses estadunidenses dentro de su embajada para brindar servicios consulares a quienes trabajaron para Estados Unidos y desean salir de Afganistán.

El director general del Departamento de Pasaportes, Alam Gul Haqqani, aseguró que hoy se reanudará la emisión de pasaportes que se suspendió hace un mes por fallas técnicas.

EU: generales alertan de intentona de golpe en las elecciones de 2024

 La democracia estadunidense, bajo amenaza de fuerzas derecha: analistas


Investigación del Congreso sobre el ataque al Capitolio revela lo cerca que estuvo la toma militarizada del poder político

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▲ El 6 de enero pasado, partidarios de Donald Trump, chocaron con la policía y las fuerzas de seguridad mientras asaltaban el Capitolio, para invalidar el triunfo del Partido Demócrata.Foto Afp
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2021, p. 18

Nueva York. Tres generales en retiro del ejército de Estados Unidos alertaron de la posibilidad de otro intento de golpe de Estado, esta vez con mayor participación de militares, en torno a las elecciones presidenciales de 2024, mientras otros analistas políticos expresan alarma sobre una posible guerra civil en el país, y la investigación legislativa por el asalto del 6 de enero al Capitolio revela más detalles sobre qué tan cerca estuvo el país de sufrir un golpe de Estado.

Los tres ex generales con sendas carreras militares advierten: estamos congelados hasta los huesos al pensar que un golpe podría tener éxito la próxima vez.

El general mayor del Ejército Paul Eaton, el general mayor Antonio Taguba, con 34 años de carrera, y el brigadier Steven Anderson, con 31 años de trayectoria militar, advirtieron en un artículo de opinión en The Washington Post publicado el viernes, que “el potencial de un colapso total de la cadena de mando por líneas partidistas –desde arriba al nivel de escuadrón– es significante si ocurre otra insurrección. La idea de unidades (militares) desleales organizándose para apoyar al comandante en jefe ‘legítimo’ no puede ser descartado”.

Piden que se tome en cuenta qué sucedería si hay dos comandantes en jefe emitiendo órdenes después de la próxima elección, donde en una contienda disputada algunos podrían obedecer órdenes del comandante en jefe legítimo, mientras otros podrían seguir al perdedor tipo Trump.

Lo anterior, dicen, no sólo tiene implicaciones políticas, sino de seguridad nacional al dejar al país vulnerable a enemigos. Y apuntan que la falta de preparación militar para las secuelas de la elección de 2020 es preocupante, incluyendo reportes de que durante la disputa de los comicios presidenciales el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor, tuvo que maniobrar rápidamente para asegurar que las cadenas de defensa nuclear de la nación estuvieran protegidas ante posibles órdenes ilegales.

Con el país tan dividido como nunca, tenemos que tomar pasos que aseguren que estamos preparados para lo peor, recomiendan. Primero, hacer todo para evitar una nueva insurrección, indicando que ni un sólo líder que inspiró los actos del 6 de enero ha tenido que rendir cuentas. A la vez, los militares no pueden esperar a que actúen los políticos electos y el Pentágono debería ordenar de inmediato un repaso de educación cívica para todos sus integrantes, sobre la Constitución y la integridad electoral, como también sobre cómo identificar y manejar órdenes ilegales.

Además, sugieren una investigación de inteligencia en todas las instalaciones militares para identificar posibles amotinados y propagandistas que usan la desinformación entre las filas militares, y, finalmente, que el Pentágono realice prácticas de guerra de potenciales insurrecciones e intentos de golpe poselectorales para identificar debilidades e implementar medidas con el fin de evitar rupturas en la cadena militar.

No es la primera vez que líderes militares han expresado alarma de intentos para usar las fuerzas armadas en batallas políticas entre civiles.

En el conflicto poselectoral más reciente, los 10 ex secretarios de Defensa vivientes firmaron un artículo de opinión colectivo publicado el 3 de enero expresando que esfuerzos para involucrar a las fuerzas armadas de Estados Unidos en resolver disputas electorales nos llevarían a territorio peligroso, ilegal e inconstitucional.

Circuló plan para anular el triunfo de Biden

Mientras tanto, la investigación del Comité Selecto de la Cámara baja sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero, sigue revelando evidencias de que en los niveles más altos del gobierno de Trump junto con sus aliados en el Congreso y sus cómplices se estaba considerando anular la democracia constitucional de Estados Unidos –o sea, un golpe de Estado. De hecho, el jefe de gabinete, Mark Meadows, había hecho circular una presentación en Power Point de 38 cuartillas que era en esencia el proyecto del golpe para anular la eleccion presidencial de 2020.

El Comité Selecto ha interrogado a más de 250 personas y acumulado un archivo masivo de evidencia durante sus más de cinco meses de investigación sobre el asalto del 6 de enero al Capitolio.

Las autoridades han arrestado a más de 700 personas por su participación en la irrupción a la sede legislativa. Por lo menos 81 de ellos tienen vínculos con las fuerzas armadas –la mayoría son veteranos militares–, reportó CBS News.

Desde la elección de Donald Trump hasta la fecha, una lista de expertos cada vez más larga coinciden en que la democracia estadunidense está bajo amenaza por fuerzas derechistas, algunas de las cuales son consideradas oficialmente como el principal riesgo interno a la seguridad nacional por agencias de inteligencia, nutridas por el magnate ex mandatario y su Partido Republicano.

Estamos más cerca de una guerra civil de lo que muchos de nosotros queremos creer, afirma Barbara Walter, profesora de ciencias políticas en la Universidad de California, experta en conflictos y deterioro de estabilidad en el mundo e integrante de un panel de asesores de la CIA que evalúa cuáles países están al borde de una crisis de violencia y deterioro, en un libro que será publicado en enero, según relata Dana Milbank en el Post.

El estilo Trump no se rinde

“Si uno fuera un analista en un país extranjero observando eventos en Estados Unidos… evaluando cada una de las condiciones que hace más probable una guerra civil… encontraría que esa democracia fundada hace más de dos siglos ha ingresado en estadio muy peligroso”, concluye.

No sólo hay más amenazas de uso de violencia por agrupaciones de derecha, e incluso por legisladores federales ultraconservadores contra sus propios colegas en el Congreso, sino que a nivel estatal, republicanos continúan impulsando leyes para suprimir el voto de minorías (por lo menos 30 nuevas leyes han sido promulgadas en 18 estados), redistribuyendo distritos electorales a fin de garantizar su dominio, promoviendo medidas para controlar el mecanismo electoral mismo (por los menos 216 proyectos de ley de este tipo se han registrado en 41 estados).

Pero todo eso no ha silenciado a Trump y sus aliados ni disminuido su arrogancia: entre los últimos correos electrónicos enviados por el ex presidente había uno cuyo título era: Yo tenía la razón en todo.

El asunto real es si la democracia puede fortalecerse contra los impulsos fascistas desatados por Trump, resumió el demócrata Jamie Raskin, integrante del Comité Selecto de investigación y uno de los principales fiscales en el segundo impeachment del ex presidente, en comentarios al New Yorker.

Ante la imposibilidad de pagarla, españoles deciden apagar la luz

 Con velas y estufas esperan el invierno


En menos de un año, el precio se elevó casi 500 por ciento // El modelo ibérico es un fracaso sin paliativos, advierte economista // El gobierno conservador de Aznar consumó la privatización del sector en 1997, sólo dejó 5% al Estado

Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2021, p. 16

Madrid. En pleno invierno, cuando las temperaturas nocturnas suelen estar por debajo de los cero grados en más de la mitad del país, la solución que han encontrado centenares de miles de ciudadanos asfixiados por el desorbitado precio de la electricidad es hacer acopio de velas, linternas de pila, estufas de gas y colchas. Es la única forma de resistir ante el costo de la luz, que sólo en esta semana registró tres máximos históricos consecutivos y por encima de los 300 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone un incremento de más de 460 por ciento en menos de un año y que ha convertido a 2021 en el año más caro de la historia para las familias en gasto eléctrico y en particular a este mes en el más costoso de todos los tiempos.

En las llamadas colas del hambre, es decir, esas largas filas de personas hambrientas y desesperadas que se forman en barrios, colonias y municipios del país para recibir comida y enseres de los bancos de alimentos se entiende mejor el sufrimiento que está provocando el precio disparado de la luz. Esos bancos de alimentos se nutren sobre todo de donaciones de ciudadanos a las puertas de los supermercados, que hasta ahora se centraban sobre todo en arroz, legumbres, pañales, leche o jabón y últimamente, desde que se descontroló el precio del servicio eléctrico, también demanda velas, linternas y colchas para afrontar los largos días y noches de frío invernal.

En el barrio de Tetuán, a un costado del mercado municipal, una madre de dos hijos de seis y nueve años de edad que responde al nombre de Aurora, de 32 años, lleva más de media hora esperando ser atendida. Con paciencia aguarda a que avance la cola mientras sus hijos están en la escuela y su marido, un joven que trabaja en la construcción, salió muy temprano a la obra. En mi casa ya no nos podemos permitir el lujo de encender la calefacción ni cocinar con el horno ni poner la lavadora en hora punta. Estamos al límite y tenemos miedo de que de un día para otro nos corten la luz, explicó a La Jornada mientras esperaba paciente su turno.

Cuando finalmente llegó al mostrador y una joven, muy sonriente, le ofreció las bolsas con comida, productos higiénicos y de primera necesidad, Aurora preguntó un tanto nerviosa: ¿No tendrá también mantas (colchas) o linternas? Y la respuesta de la voluntaria del banco de alimentos fue inmediata: No, lo siento mucho, se nos han agotado, pero vamos a traer más la próxima semana o en estos días.

Aurora y su familia cambiaron sus hábitos de vida desde que el precio de la electricidad se disparó casi 500 por ciento en menos de un año, así como el costo del gas, de la gasolina, de la vida misma, a raíz de los altos porcentajes de inflación también derivados del incremento del precio de la energía. Ahora, ella, su marido y sus dos hijos utilizan de forma habitual las velas para iluminar su casa por la noche, las estufas de gas para calentar o cocinar sin utilizar demasiado la electricidad y para las gélidas noches de invierno en las que la temperatura baja de cero grados han ido acumulando colchas para cubrirse.

Muchos días nos acostamos cada uno en su cuarto y al final acabamos todos juntos en una misma cama, sobre todo cuando el frío aprieta más, explicó Aurora, que trabaja a tiempo parcial en una empresa de limpieza.

Una de las principales organizaciones que distribuyen los llamados alimentos solidarios es la Fundación Madrina, cuyo presidente, Conrado Giménez, reconoció que, a diferencia de otros años y otras épocas, ahora hay mucha más demanda de colchas o linternas. Parecía algo imposible pero la pobreza energética que se está padeciendo en las casas es terrible y ahora que el recibo de la luz ha cruzado la frontera de lo imaginable, es imposible que la gente más humilde pueda pagarlo, reconoció, al advertir además que se trata de una crisis estructural a la que también se suma la inflación acumulada y el incremento de más del 6 por ciento de la cesta de la compra (similar a la canasta básica) en menos de un año.

Loeny Suero es una mujer de 72 años que emigró hace más de cuatro décadas de República Dominicana y que vive de su pensión. También está en la cola del hambre, a la que acude desde hace sólo unos meses a pesar de que nunca lo pensó. Pero –reconoció– cuando me llegó el recibo de la luz casi me da un infarto. Es el más caro que he pagado, cuando normalmente pagaba 35 euros, como mucho 40, ahora me están pidiendo 78 euros. Un escándalo y nadie hace nada, afirmó antes de pedir a la joven voluntaria un paquete de velas, además de su bolsita de comida y productos de limpieza. Si tengo una pensión de 400 euros y debo pagar casi 80 de luz, ya me dirás cómo hago para comer, vestir y vivir el resto del mes. Sencillamente, es imposible, explicó.

El presidente de la Fundación Madrina advierte que el panorama es más que preocupante ante los precios de la energía, la vivienda, las rentas, la cesta de la compra y el transporte. Las familias vulnerables en las ciudades están atrapadas en una burbuja inmobiliaria y de deuda que podría explotar en breve. Las situaciones familiares son cada vez más de extrema pobreza y, hay que decirlo, la gente está pasando frío y por las noches se está alumbrando con linternas, como en los peores años de la posguerra.

Fracaso del modelo eléctrico español

El descontrol de los precios, la vulnerabilidad de la ciudadanía ante un sector que funciona como un oligopolio y la marginación del Estado en un área vital de cualquier país han provocado que muchos analistas expertos hayan llegado a la conclusión de que el modelo eléctrico español es un fracaso sin paliativos, como expone el economista Juan Laborda. Y que se empiece a mirar de otra manera una propuesta, incipiente aún, pero que está en la agenda del actual Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, de impulsar una empresa pública eléctrica que amortigüe o neutralice el afán especulativo y avaricioso de ese oligopolio, integrado actualmente sobre todo por cinco grandes corporaciones, la mayoría de capital extranjero, como son Endesa, Iberdrola, Repsol, Naturgy y EDP.

El modelo eléctrico español ha tenido una transformación paulatina, pero inexorable hacia una liberación total, en consonancia con la doctrina neoliberal que estuvo en boga hasta hace poco. El proceso se inició de forma incipiente en la década de los 80 del siglo pasado, con el gobierno del socialista Felipe González, que fue cuando se inició el proceso de privatización de las grandes empresas públicas eléctricas, sobre todo de Endesa, pero en la que el Estado todavía mantenía una fuerte presencia.

El primer gran saldo hacia la privatización se dio en abril de 1988, cuando el gobierno español sacó al sector privado el 20.35 por ciento de las acciones de la empresa pública, aunque se estableció que ese porcentaje podría llegar como máximo a 25 por ciento. El resto lo mantendría el Estado, con lo que el sector eléctrico todavía estaba bajo su control y amparo. En 1994 se dio un nuevo salto hacia la privatización, todavía bajo el mando de González, cuando se volvió a sacar a bolsa 8.7 por ciento de las acciones, con lo que el Estado redujo su participación en la empresa pública a 66.9 por ciento.

Pero sin duda el salto definitivo a la liberalización del sector fue bajo el gobierno del derechista José María Aznar, que decidió en 1997, tan sólo dos años después de asumir el poder, que el Estado se iba a deshacer de 35 por ciento de las acciones de la empresa pública, con lo que las acciones de Endesa ya fueron mayoritariamente privadas. Apenas un año después, Aznar sacó a la venta otro 30 por ciento de acciones y sólo dejó 5 por ciento para el Estado, con lo que se consumó definitivamente la privatización de un sector vital como el eléctrico y se redujo a la mínima expresión la presencia del Estado en su accionariado. Algo que no han hecho otros países del entorno europeo, como Francia, Italia o Alemania, donde el Estado mantiene una fuerte presencia en el sector precisamente para no dejar en manos privadas –en el caso español, además de privadas, extranjeras– un sector tan estratégico y vital como éste.

Y fue precisamente el proceso de privatización y las presiones del oligopolio, lo que también provocó que se reformulara la Ley del Sector Eléctrico, en relación con la fijación de los precios, en parte para cumplir con las exigencias de la Unión Europea (UE) para la integración monetaria en el euro, pero también para satisfacer los reclamos del sector para obtener más beneficios a costa del consumidor. Entonces se defendió la reforma porque supuestamente tenía el objetivo de minimizar el costo de la energía para todo tipo de usuarios, asegurar el suministro y mejorar el aire que respiramos. Hoy, el precio de la electricidad en el Estado español es el más elevado de la UE, y la propiedad pública sólo genera 5 por ciento de la energía eléctrica producida en el país.

El gobierno, desesperado

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, que se comprometió hace sólo unos meses a que el precio de la electricidad para las familias este año no sería superior al de 2018 (el más caro de la historia), decidió acudir en ayuda de la UE para atajar esta crisis histórica. Sus medidas, sobre todo bonificaciones fiscales y reducciones del IVA, han paliado parcialmente el drama, pero la gravedad de la situación social va en aumento y la llamada pobreza energética ha alcanzado cotas inimaginables. Y que actualmente ya va mucho más allá del cambio de hábitos a la hora de poner la lavadora, el lavavajillas y el horno; ahora, según denuncian los voceros de las asociaciones de consumidores y de los bancos de alimentos, la gente sencillamente está pasando frío y hambre.

Y mientras tanto, esta semana se registraron hasta tres récords históricos del precio de la luz, el último de 309 euros el MWh, todos los indicadores y los estudios prospectivos advierten que esta espiral de precios descontrolados, en gran parte provocados por las grandes operadoras de la energía, como Iberdrola, Repsol o Naturgy, se mantendrá al menos a lo largo de 2022. Y las previsiones más pesimistas alertan de que la situación no se estabilizará hasta 2024. El peor panorama para los 2 millones de hogares en España, que sufren a diario las penurias térmicas mientras claman por ayudas públicas eficientes y hasta un gesto de humanidad, que nunca llega, a las grandes corporaciones eléctricas.

miércoles, 8 de diciembre de 2021

COPARMEX aplaude aumento del salario mínimo

  JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2021


Se trata de un incremento en función a la inflación del 9 % en México

Torreón, Coahuila.- El presidente del Consejo Patronal de la República Mexicana en La Laguna (COPARMEX), Fernando Menéndez Cuellar, dijo que a nivel nacional aplaude el aumento al salario mínimo general, acordado por la Comisión Nacional de Salarios (Conasami) por el orden del 22 por ciento, pues dijo esto se da en función a la inflación y a un monto independiente de recuperación.

En un comunicado que se ha difundido este día a nivel nacional la Confederación Patronal celebró este incremento.

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De esta manera el salario mínimo general pasará de 141.70 pesos a 172.87 pesos para 2022 al combinarse dos factores: un incremento en función de la inflación de 9% y un Monto Independiente de Recuperación de 16.90 pesos. El monto acordado se encuentra dentro de la propuesta hecha por el sector patronal.

En el caso del salario mínimo para la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento será de 213.39 pesos a 260.34 pesos. Al igual que el salario mínimo general, se incrementará un 9 por ciento en función de la inflación y, en este caso, 25.45 pesos por el Monto Independiente de Recuperación, MIR.

Desde 2016 en COPARMEX propusimos una “Nueva Cultura Salarial”, cuyo primer logro fue desindexar el salario mínimo de los cargos de servicios, multas o créditos hipotecarios e introducir la herramienta del Monto Independiente de Recuperación (MIR), pues al tener un componente porcentual (inflación) y otro fijo en pesos (MIR) se reducen los posibles efectos inflacionarios del incremento.

Los incrementos al salario mínimo aprobados en los últimos años han permitido superar la línea de bienestar individual definida por el CONEVAL, es decir, alcanzan para la canasta alimentaria y no alimentaria de una persona. De hecho, con el incremento acordado para 2022, el salario mínimo general cubrirá en 51% esta línea de bienestar individual.

Pero la meta de COPARMEX es llegar a la línea de bienestar familiar. De acuerdo con el INEGI, en una familia promedio hay cerca de 4 personas y 2 de ellas trabajan. Queremos lograr que, con el salario mínimo de esas dos personas, toda la familia pueda tener acceso a la canasta alimentaria y no alimentaria. Ello permitirá que las familias puedan satisfacer sus necesidades de alimentos, pero también cuenten con condiciones básicas de transporte, vivienda, educación y vestido. Ese es nuestro objetivo para 2024.

El aumento acordado hoy por unanimidad en la Conasami, es una muestra de que el sector patronal está comprometido con nuestros colaboradores y con nuestro País. A pesar de las difíciles circunstancias y los desafíos que hemos tenido que sortear por la crisis sanitaria y económica, nuestra meta de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo general permanece.

Desde el sector empresarial siempre apostaremos al diálogo para encontrar en conjunto las soluciones que nos demandan México y los mexicanos.