Jesús Jiménez
01 septiembre 2012
Emite serias declaraciones Mauricio Kuri Curiel, director de Relaciones Gubernamentales de General Motors de México
RAMOS ARIZPE.- “Le falta certidumbre a la política industrial del estado”, afirmó ayer Mauricio Kuri Curiel, director de Relaciones Gubernamentales de General Motors de México, al ser cuestionado sobre por qué no acudieron autoridades federales y estatal a la presentación oficial del Sonic, el nuevo vehículo que produce GM Ramos Arizpe.
“La verdad es que es positiva la relación con las autoridades. La verdad, a nivel federal es muy buena, y a nivel estatal seguramente vamos a mejorar, porque tienen una serie de retos importantes por delante, y nuestro mayor gusto, nos hubiera gustado que estuvieran aquí”, dijo el ejecutivo de GM a los periodistas que acudieron a la rueda de prensa posterior a la presentación.
V. ¿Se les invitó?
MKC. “Saben que teníamos evento el día de hoy”.
V. ¿Existe algún compromiso que no se haya cumplido? ¿Algún pendiente por parte del Estado?
MKC . “Creo que lo que falta es certidumbre”.
V.- ¿Han tratado el tema con las autoridades estatales?
MKC. “Sí, lo hemos platicado, no con la frecuencia que nos gustaría, pero estamos seguros que se van a ir abriendo los espacios, en cuanto se vayan superando esos retos”.
V. ¿Certidumbre en qué?, ¿hay algún tipo de apoyo que se ha prometido y no se haya cumplido?
MKC. “Certidumbre, vamos a dejarlo así, en certidumbre”.
V. Entonces, ¿es mala la relación?
MKC. “La relación es buena, lo que falta es certidumbre, y tú sabes que cuando empieza un periodo, una nueva administración, vamos atacando ciertos temas, y ahorita hay una gran certidumbre en el manejo de los horarios de alcohol en los restaurantes, pero quizá falta un poco más de certidumbre en la política industrial”.
V. Y en el plano nacional, ¿qué perspectiva tiene GM?
MKC. “La relación con el gobierno entrante esperamos que sea magnífica. Tuvimos una excelente coordinación con el licenciado Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, época en la cual se logró rescatar el Complejo Toluca, gracias a apoyos muy claros, muy enfocados y muy contundentes de su gestión, y el anuncio en enero del 2011, de la nueva Planta Motores en esa entidad, fue en gran medida al apoyo que de él recibimos; es un gobernante que conoce y valora la importancia de la industria automotriz”.
sábado, 1 de septiembre de 2012
Defiende mujer a ilegales, es originaria de Torreón, Coahuila
Ap
01 septiembre 2012
A bordo del Undocubus, recorre ciudades de Estados Unidos manifestándose contra las leyes migratorias alexander terreros
HOUSTON, TX.- Salió de su ciudad natal, Torreón, Coahuila, junto con su madre y sus dos hermanos menores hacia Estados Unidos para reunirse con su padre, que había emigrado a Phoenix, Arizona, en busca de un futuro mejor. Fueron más de 14 horas en camión y cerca de mil 540 kilómetros para llegar a su destino.
De eso ya han pasado 18 años. Ahora, Leticia Ramírez emprendió el segundo viaje largo de su vida: un recorrido de siete mil 555 kilómetros a través de diez estados desde Phoenix, Arizona, hasta Charlotte, Carolina del Norte, donde a partir del 3 de septiembre sesionará la convención nacional del Partido Demócrata.
Desde el 31 de julio, 30 inmigrantes en situación irregular recorren en el Undocubus los estados en donde más se han endurecido o se han intentado endurecer las leyes de inmigración, como parte de un proyecto elaborado por organizaciones no gubernamentales bajo el lema “No papers, No Fear” (Sin Papeles, Sin Miedo) para mostrar, al decir de Leticia, que no son criminales por el hecho de no tener papeles.
En el autobús, pintado de color turquesa y con mariposas amarillas y que por un lado lleva un cartel inmenso con la leyenda “No Papers, No Fear, a Journey for Justice” y por el otro su traducción al español “Sin Papeles, Sin Miedo, un viaje por la Justicia” viajan indocumentados de diferentes perfiles y edades.
Desde personas mayores de 50 años como Juan José Magandi, pasando por madres como María Jiménez de Phoenix, cuyos hijos son “dreamers”, hasta personas como Leticia, que, por no haber terminado la escuela secundaria, no es beneficiaria de la medida que cobija a los “dreamers”, además de artistas, teatreros, pintores, estudiantes, todos ellos sin papeles. El único en el camión que cuenta con “papeles” es el conductor, lo que le da derecho a tener una licencia de conducción.
Según Tanya Anzueta, quien forma parte de Immigrant Youth Justice League, una de las organizaciones promotoras basada en Chicago, a todas las personas que abordaron el vehículo “se les advirtieron los riesgos y se les dejó claro lo que les podía pasar”.
“Sabemos del riesgo, pero para nosotros es más importante informar a la comunidad indocumentada en estos estados sobre sus derechos, ir a educarlos, para que no sientan miedo”, dice Leticia, quien fue recientemente arrestada, junto con otros tres activistas, frente a la Corte de Arizona donde se le sigue el juicio a Joe Arpaio, el polémico sheriff del condado de Maricopa que ha llevado a cabo una abierta batalla contra la población indocumentada y quien es acusado ante las autoridades de discriminación racial.
Pero aunque estén unidos bajo el proyecto del Undocubus y cuenten con el respaldo de organizaciones cívicas, así como de oficinas de abogados prestos a actuar ante cualquier situación contraria, el riesgo de ser detenidos es latente durante el recorrido que les falta por Georgia, Misisipi y Carolina del Norte.
En varias de las paradas que hace el autobús, el grupo desarrolla protestas frente a oficinas de alguaciles, jefaturas de policía o cortes de inmigración, y aunque no hay nada definido y por ahora es sólo un deseo, uno de los objetivos que tienen los tripulantes, es que el propio presidente Obama los escuche durante la convención demócrata que se cumplirá entre el 3 y el 6 de septiembre en Charlotte, Carolina del Norte.
“Es muy difícil, que por carecer de documentos, no tengamos derecho a estar en la convención”, dice Anzueta, quien asegura que a pesar de ello, el Undocubus y sus tripulantes van a estar allí para entonces y que muy seguramente el Partido Demócrata y el Presidente, “que dicen que apoyan una solución al tema de inmigración, van a tener que tomar una decisión frente a nosotros”.
Sueños que varían según la persona, pero que en el fondo tienen el mismo objetivo de vencer el temor que han sentido por años y de paso poder cumplir los deseos de sus seres queridos, como en el caso de Leticia, quien espera complacer a sus tres pequeños hijos Beatriz, Andrés Jr. y Ángel —todos ciudadanos estadounidenses— de llevarlos sin temor a conocer el parque Disney en Orlando, Florida.
Porque como ella misma reconoce, hoy en día en Phoenix “la gente tiene miedo, uno ve los parques y los centros comerciales desocupados, la gente no quiere salir a la calle” y agrega que ello se debe a leyes como la 287g, la de comunidades seguras y ahora la SB1070 en Arizona, que permite a las autoridades locales indagar y reportar a las autoridades de inmigración sobre el estatus de las personas detenidas en cualquier centro de reclusión.
“Lo más triste es que esas leyes se han multiplicado o se piensan copiar en los estados que estamos visitando, por eso estamos diciendo que a pesar de no tener papeles, no queremos más sentir miedo, es que la gente no se imagina lo difícil, lo duro y lo triste que es vivir en este país como indocumentado”, finaliza la activista coahuilense Leticia Ramírez.
Informar
Sabemos del riesgo, pero para nosotros es más importante informar a la comunidad indocumentada sobre sus derechos, ir a educarlos, para que no sientan miedo”.
Leticia Ramírez, activista coahuilense.
01 septiembre 2012
A bordo del Undocubus, recorre ciudades de Estados Unidos manifestándose contra las leyes migratorias alexander terreros
HOUSTON, TX.- Salió de su ciudad natal, Torreón, Coahuila, junto con su madre y sus dos hermanos menores hacia Estados Unidos para reunirse con su padre, que había emigrado a Phoenix, Arizona, en busca de un futuro mejor. Fueron más de 14 horas en camión y cerca de mil 540 kilómetros para llegar a su destino.
De eso ya han pasado 18 años. Ahora, Leticia Ramírez emprendió el segundo viaje largo de su vida: un recorrido de siete mil 555 kilómetros a través de diez estados desde Phoenix, Arizona, hasta Charlotte, Carolina del Norte, donde a partir del 3 de septiembre sesionará la convención nacional del Partido Demócrata.
Desde el 31 de julio, 30 inmigrantes en situación irregular recorren en el Undocubus los estados en donde más se han endurecido o se han intentado endurecer las leyes de inmigración, como parte de un proyecto elaborado por organizaciones no gubernamentales bajo el lema “No papers, No Fear” (Sin Papeles, Sin Miedo) para mostrar, al decir de Leticia, que no son criminales por el hecho de no tener papeles.
En el autobús, pintado de color turquesa y con mariposas amarillas y que por un lado lleva un cartel inmenso con la leyenda “No Papers, No Fear, a Journey for Justice” y por el otro su traducción al español “Sin Papeles, Sin Miedo, un viaje por la Justicia” viajan indocumentados de diferentes perfiles y edades.
Desde personas mayores de 50 años como Juan José Magandi, pasando por madres como María Jiménez de Phoenix, cuyos hijos son “dreamers”, hasta personas como Leticia, que, por no haber terminado la escuela secundaria, no es beneficiaria de la medida que cobija a los “dreamers”, además de artistas, teatreros, pintores, estudiantes, todos ellos sin papeles. El único en el camión que cuenta con “papeles” es el conductor, lo que le da derecho a tener una licencia de conducción.
Según Tanya Anzueta, quien forma parte de Immigrant Youth Justice League, una de las organizaciones promotoras basada en Chicago, a todas las personas que abordaron el vehículo “se les advirtieron los riesgos y se les dejó claro lo que les podía pasar”.
“Sabemos del riesgo, pero para nosotros es más importante informar a la comunidad indocumentada en estos estados sobre sus derechos, ir a educarlos, para que no sientan miedo”, dice Leticia, quien fue recientemente arrestada, junto con otros tres activistas, frente a la Corte de Arizona donde se le sigue el juicio a Joe Arpaio, el polémico sheriff del condado de Maricopa que ha llevado a cabo una abierta batalla contra la población indocumentada y quien es acusado ante las autoridades de discriminación racial.
Pero aunque estén unidos bajo el proyecto del Undocubus y cuenten con el respaldo de organizaciones cívicas, así como de oficinas de abogados prestos a actuar ante cualquier situación contraria, el riesgo de ser detenidos es latente durante el recorrido que les falta por Georgia, Misisipi y Carolina del Norte.
En varias de las paradas que hace el autobús, el grupo desarrolla protestas frente a oficinas de alguaciles, jefaturas de policía o cortes de inmigración, y aunque no hay nada definido y por ahora es sólo un deseo, uno de los objetivos que tienen los tripulantes, es que el propio presidente Obama los escuche durante la convención demócrata que se cumplirá entre el 3 y el 6 de septiembre en Charlotte, Carolina del Norte.
“Es muy difícil, que por carecer de documentos, no tengamos derecho a estar en la convención”, dice Anzueta, quien asegura que a pesar de ello, el Undocubus y sus tripulantes van a estar allí para entonces y que muy seguramente el Partido Demócrata y el Presidente, “que dicen que apoyan una solución al tema de inmigración, van a tener que tomar una decisión frente a nosotros”.
Sueños que varían según la persona, pero que en el fondo tienen el mismo objetivo de vencer el temor que han sentido por años y de paso poder cumplir los deseos de sus seres queridos, como en el caso de Leticia, quien espera complacer a sus tres pequeños hijos Beatriz, Andrés Jr. y Ángel —todos ciudadanos estadounidenses— de llevarlos sin temor a conocer el parque Disney en Orlando, Florida.
Porque como ella misma reconoce, hoy en día en Phoenix “la gente tiene miedo, uno ve los parques y los centros comerciales desocupados, la gente no quiere salir a la calle” y agrega que ello se debe a leyes como la 287g, la de comunidades seguras y ahora la SB1070 en Arizona, que permite a las autoridades locales indagar y reportar a las autoridades de inmigración sobre el estatus de las personas detenidas en cualquier centro de reclusión.
“Lo más triste es que esas leyes se han multiplicado o se piensan copiar en los estados que estamos visitando, por eso estamos diciendo que a pesar de no tener papeles, no queremos más sentir miedo, es que la gente no se imagina lo difícil, lo duro y lo triste que es vivir en este país como indocumentado”, finaliza la activista coahuilense Leticia Ramírez.
Informar
Sabemos del riesgo, pero para nosotros es más importante informar a la comunidad indocumentada sobre sus derechos, ir a educarlos, para que no sientan miedo”.
Leticia Ramírez, activista coahuilense.
Desaparecidos : A todos nos hacen falta
César Gaytán
01 septiembre 2012
En cada hogar de estas familias hay un lugar vacío
Saltillo, Coahuila.- El que está en la mesa a la hora de la comida, el de no verlos regresar cada noche ni amanecer cada mañana, y también ese que se aloja en el corazón y no permite despejar la mente de la única pregunta que importa: ¿dónde están?
Un día después del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, unas 30 familias de Fuerzas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila se han reunido en la Plaza de Armas de Saltillo para gritar que los están buscando, que si vivos se los llevaron, así los quieren de regreso, para exigirle “a los gobiernos de Calderón y de Moreira” que hagan lo que tienen que hacer: ¡encontrarlos!
Han colgado fotografías con sus nombres —porque todos los tienen; no son estadísticas o expedientes que se pueden archivar—, y en el suelo unos zapatos que nadie volverá a usar: los de Brandon Acosta, Alejandro Rada, José Lara, Julio González, Rogelio Elizondo, Antonio Verástegui. Apenas pocos de las 252 personas que buscan —la mayoría hombres que no pasan de 35 años—.
A las 16:30, con el cielo despejado pero un suelo llovido, emprendieron una marcha para que el mundo sepa que no los han olvidado, para que la impunidad no impere, para alejar el miedo, para demostrar que la esperanza son ellos.
Vociferaban sus nombres mientras exigían justicia. “Si lo devuelves, me devuelves la vida”, señalaba una pancarta de una mujer en manos. Apenas a su lado, otro manta exponía: “Arráncame este dolor, ¡regrésame a mi hijo!”.
Los transeúntes los miraban como extrañados, con la mirada de quien no comprende cuál es la lucha.
La caminata llegó hasta la Alameda, y de ahí regresó por Juan Aldama, pero algunos poco les importaba como a unos jóvenes en motocicleta que se abrieron paso entre la marcha o los camioneros con sus motores resonantes apresuraban el paso.
Al final hubo palabras de aliento, testimonios, una oración: entonces el cielo se dejó vencer y también lloró.
01 septiembre 2012
En cada hogar de estas familias hay un lugar vacío
Saltillo, Coahuila.- El que está en la mesa a la hora de la comida, el de no verlos regresar cada noche ni amanecer cada mañana, y también ese que se aloja en el corazón y no permite despejar la mente de la única pregunta que importa: ¿dónde están?
Un día después del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, unas 30 familias de Fuerzas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila se han reunido en la Plaza de Armas de Saltillo para gritar que los están buscando, que si vivos se los llevaron, así los quieren de regreso, para exigirle “a los gobiernos de Calderón y de Moreira” que hagan lo que tienen que hacer: ¡encontrarlos!
Han colgado fotografías con sus nombres —porque todos los tienen; no son estadísticas o expedientes que se pueden archivar—, y en el suelo unos zapatos que nadie volverá a usar: los de Brandon Acosta, Alejandro Rada, José Lara, Julio González, Rogelio Elizondo, Antonio Verástegui. Apenas pocos de las 252 personas que buscan —la mayoría hombres que no pasan de 35 años—.
A las 16:30, con el cielo despejado pero un suelo llovido, emprendieron una marcha para que el mundo sepa que no los han olvidado, para que la impunidad no impere, para alejar el miedo, para demostrar que la esperanza son ellos.
Vociferaban sus nombres mientras exigían justicia. “Si lo devuelves, me devuelves la vida”, señalaba una pancarta de una mujer en manos. Apenas a su lado, otro manta exponía: “Arráncame este dolor, ¡regrésame a mi hijo!”.
Los transeúntes los miraban como extrañados, con la mirada de quien no comprende cuál es la lucha.
La caminata llegó hasta la Alameda, y de ahí regresó por Juan Aldama, pero algunos poco les importaba como a unos jóvenes en motocicleta que se abrieron paso entre la marcha o los camioneros con sus motores resonantes apresuraban el paso.
Al final hubo palabras de aliento, testimonios, una oración: entonces el cielo se dejó vencer y también lloró.
Celebra Obispo Vera misa ante familiares de desaparecidos
Carlos Oswaldo Orta
01 septiembre 2012
Pidiendo fortaleza y refrendando el apoyo total de la Diócesis de Saltillo, el Obispo Raúl Vera López ofició una misa en honor de los desaparecidos de Coahuila
Saltillo, Coahuila.- Miembros de FUNDECC acudieron a la ceremonia religiosa luego de realizar una marcha para pedir a las autoridades la pronta localización.
Previo a la ceremonia el padre Pedro Pantoja realizó una oración en la que unió a todos los presentes y les pidió confiar en Dios para lograr el pronto regreso de sus familiares.
Vera López acompañado por el padre Pantoja, oficio la misa en la que reconoció la labor de los familiares como un orgullo para todos, resaltando que el apoyo nunca les será negado por parte de ellos pues hacerlo sería el peor error.
“El día que los dejemos solos a ustedes, ese día se pierde el sentido de nuestra vida”, dijo Vera López durante la homilía.
El Obispo de la Diócesis de Saltillo llamó a quienes buscan a sus desaparecidos una bendición para el país, y reiteró que las puertas de la Iglesia siempre estarán abiertas para ellos.
Llamó a las autoridades a responderle a quienes han perdido a alguien y recordó a quienes escuchaban su homilía que en caso de que sus desaparecidos llegaran a la presencia de Dios antes que ellos serían quienes señalarían a los responsables por su pérdida.
Por su parte el padre Pantoja, les pidió que olvidaran que la gente no se les uniera durante la marcha o la ceremonia religiosa y les refrendó que entre ellos y la Iglesia debería existir un compromiso y alianza.
01 septiembre 2012
Pidiendo fortaleza y refrendando el apoyo total de la Diócesis de Saltillo, el Obispo Raúl Vera López ofició una misa en honor de los desaparecidos de Coahuila
Saltillo, Coahuila.- Miembros de FUNDECC acudieron a la ceremonia religiosa luego de realizar una marcha para pedir a las autoridades la pronta localización.
Previo a la ceremonia el padre Pedro Pantoja realizó una oración en la que unió a todos los presentes y les pidió confiar en Dios para lograr el pronto regreso de sus familiares.
Vera López acompañado por el padre Pantoja, oficio la misa en la que reconoció la labor de los familiares como un orgullo para todos, resaltando que el apoyo nunca les será negado por parte de ellos pues hacerlo sería el peor error.
“El día que los dejemos solos a ustedes, ese día se pierde el sentido de nuestra vida”, dijo Vera López durante la homilía.
El Obispo de la Diócesis de Saltillo llamó a quienes buscan a sus desaparecidos una bendición para el país, y reiteró que las puertas de la Iglesia siempre estarán abiertas para ellos.
Llamó a las autoridades a responderle a quienes han perdido a alguien y recordó a quienes escuchaban su homilía que en caso de que sus desaparecidos llegaran a la presencia de Dios antes que ellos serían quienes señalarían a los responsables por su pérdida.
Por su parte el padre Pantoja, les pidió que olvidaran que la gente no se les uniera durante la marcha o la ceremonia religiosa y les refrendó que entre ellos y la Iglesia debería existir un compromiso y alianza.
El Sntssa frente a Peña Nieto-Levy y el Seguro Popular
Gustavo Leal F.*
Con más de 100 secciones sindicales y una membresía de casi 300 mil trabajadores (más de 70 mil de ellos precarios), sobre el Sntssa reposa la operación del Seguro Popular.
Frente al reto del primer gobierno de “cambio” para activar una real agenda alternativa, ese seguro foxista (aprobado en 2004) apenas ofreció una estrategia de “financiamiento” para un sector que sobrevivía clamando por un ajuste profundo. El diseño de Frenk pasaba tecnocráticamente por encima de sus rezagos, recursos, servicios y prestaciones insuficientes, infinidad de pendientes clínicos, deficitaria e incoherente oferta de profesiones, entre otros, sin miramiento alguno.
Inscrito en un arco de “reformas” que cubría 22 años (1982-2004) y como ya sucediera con la descentralización soberonista de los 80 y la “reforma” Zedillo al IMSS (1995), el seguro se perfiló como el último eslabón de parches impuestos sobre la realidad sectorial. Ciertamente, la “reforma”-Issste de Calderón le robó el poco honroso lugar de último eslabón del ciclo de “reformas” fallidas.
Calderón agregó una cereza al amasijo. En 2007 forzó a que IMSS-Issste asumieran la operación del Seguro Médico para una Nueva Generación: remedo petit del Seguro Popular.
Por sus problemas de diseño –todos oportunamente señalados–, el seguro no mejoró el panorama sanitario. Agravados, culminaron en una operación programática crecientemente comprometida.
Centralismo. El seguro se presentó como un subsidio a la atención “médica” de las familias (luego de la persona), cuando apenas ofreció un paquete racionado de intervenciones (diseñado e impuesto desde el centro a los estados) que no atiende la morbi-mortalidad efectiva. Los servicios son prestados por los estados con fondos transferidos por la Ssa mediante un mecanismo complejo basado en cuatro componentes: por familia (luego adecuado a la persona); ajuste de necesidades; esfuerzo estatal y componente de desempeño.
Son administraciones paralelas con contrataciones que pesan sobre la nómina de los estados. La Ssa “compra” servicios a cada uno de ellos a cambio de pagos por capitación. Por su parte, los sistemas estatales de salud (Sesas) transfieren esos recursos a sus unidades por servicio prestado o por presupuesto, todo lo cual complica la administración. El Seguro Popular dispone de 32 oficinas estatales para inscripción, seguimiento y administración.
Los trabajadores son remunerados por honorarios, pero deberán incorporarse a la nómina. Los costos administrativos subirán. Además, las plazas que se contraten son responsabilidad de los Sesas, de acuerdo con profesiogramas laborales establecidos por la Federación. Esa responsabilidad incluye: seguridad social de las contrataciones, servicio médico, seguros institucionales, aportaciones a pensiones, jubilaciones y vivienda. El esquema de contratación estará sujeto a primeros nombramientos eventuales; segundos nombramientos por evaluación del desempeño y, finalmente, contratación anual, dependiendo de la certificación del consejo correspondiente. Todo lo anterior, en función de la disponibilidad presupuestal de la Federación.
Un paquete básico (Causes) sin capacidad resolutiva y ciudadanos estigmatizados. El Catálogo Universal de Servicios Esenciales (Causes) se atiende en centros de salud y hospitales de los Sesas. Esto plantea un problema conceptual y jurídico, pues legalmente el ciudadano tiene ese derecho aun sin pagar cuota de recuperación o prepago. Además, el seguro no sólo no cubre todas las enfermedades y riesgos: en rigor no atiende la patología frecuente que enferma y mata a los mexicanos. La estructura de los servicios sí lo hace, pero no lo materializa por falta de recursos. Así, ahora hay ciudadanos del Seguro Popular y no del Seguro Popular. Es decir, que la población ya está estigmatizada.
El sector privado y la falta de resolutividad médico-clínica del Sistema Nacional de Salud (SNS). Además, las intervenciones del Causes, así como las “catastróficas”, podrían ser subsidiadas al sector privado, lo que incrementaría el serio problema de resolutividad que enfrenta el SNS en su conjunto, toda vez que el sector privado no está listo para atender adecuadamente esa demanda. Como señalara la propia Ssa en 2001: “las unidades privadas con menos de 20 camas frecuentemente carecen de los recursos para ofrecer una atención de calidad”.
El “derecho” a la salud: todos a pagar por los mismos servicios que antes eran gratuitos. Una vez alcanzada la cobertura “universal”, resultaría que toda la población dispondría de un subsidio, aunque antes ya contaba con “derecho” constitucional a la salud. ¿Cuál sería la diferencia? Que ahora, exactamente los mismos servicios de salud recibidos son ofrecidos en peores condiciones pero pagando por ellos. La diferencia se llama prepago.
No hubo ampliación integral de las intervenciones. Tampoco mejora en la resolutividad médico-clínica. La calidad de la atención ha empeorado y las remuneraciones del equipo de salud no reflejan el extraordinario incremento en los fondos para el Seguro Popular.
Frente al dolor y la muerte: “justicia” en el financiamiento. El Seguro Popular no fue diseñado para curar. Aspira a “alinear precios”; “brindar protección financiera” o financiar “con justicia”. Pero, ¿a qué paciente le importa cómo se financió el programa que debería atenderlo cuando padece la enfermedad que lo sitúa en el sufrimiento y el dolor?
Emilio Gamboa, coordinador de la fracción parlamentaria priísta en el Senado, ha ofrecido “revisar” el Seguro Popular. ¿Cuál será la posición del Sntssa frente al mini combo de Peña-Levy que ofrece cuatro derechos “exigibles”: acceso “real” a la salud, seguro de desempleo temporal, pensión para el retiro y seguro de invalidez a cambio de elevar impuestos (IVA) y reducir prestaciones?
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Con más de 100 secciones sindicales y una membresía de casi 300 mil trabajadores (más de 70 mil de ellos precarios), sobre el Sntssa reposa la operación del Seguro Popular.
Frente al reto del primer gobierno de “cambio” para activar una real agenda alternativa, ese seguro foxista (aprobado en 2004) apenas ofreció una estrategia de “financiamiento” para un sector que sobrevivía clamando por un ajuste profundo. El diseño de Frenk pasaba tecnocráticamente por encima de sus rezagos, recursos, servicios y prestaciones insuficientes, infinidad de pendientes clínicos, deficitaria e incoherente oferta de profesiones, entre otros, sin miramiento alguno.
Inscrito en un arco de “reformas” que cubría 22 años (1982-2004) y como ya sucediera con la descentralización soberonista de los 80 y la “reforma” Zedillo al IMSS (1995), el seguro se perfiló como el último eslabón de parches impuestos sobre la realidad sectorial. Ciertamente, la “reforma”-Issste de Calderón le robó el poco honroso lugar de último eslabón del ciclo de “reformas” fallidas.
Calderón agregó una cereza al amasijo. En 2007 forzó a que IMSS-Issste asumieran la operación del Seguro Médico para una Nueva Generación: remedo petit del Seguro Popular.
Por sus problemas de diseño –todos oportunamente señalados–, el seguro no mejoró el panorama sanitario. Agravados, culminaron en una operación programática crecientemente comprometida.
Centralismo. El seguro se presentó como un subsidio a la atención “médica” de las familias (luego de la persona), cuando apenas ofreció un paquete racionado de intervenciones (diseñado e impuesto desde el centro a los estados) que no atiende la morbi-mortalidad efectiva. Los servicios son prestados por los estados con fondos transferidos por la Ssa mediante un mecanismo complejo basado en cuatro componentes: por familia (luego adecuado a la persona); ajuste de necesidades; esfuerzo estatal y componente de desempeño.
Son administraciones paralelas con contrataciones que pesan sobre la nómina de los estados. La Ssa “compra” servicios a cada uno de ellos a cambio de pagos por capitación. Por su parte, los sistemas estatales de salud (Sesas) transfieren esos recursos a sus unidades por servicio prestado o por presupuesto, todo lo cual complica la administración. El Seguro Popular dispone de 32 oficinas estatales para inscripción, seguimiento y administración.
Los trabajadores son remunerados por honorarios, pero deberán incorporarse a la nómina. Los costos administrativos subirán. Además, las plazas que se contraten son responsabilidad de los Sesas, de acuerdo con profesiogramas laborales establecidos por la Federación. Esa responsabilidad incluye: seguridad social de las contrataciones, servicio médico, seguros institucionales, aportaciones a pensiones, jubilaciones y vivienda. El esquema de contratación estará sujeto a primeros nombramientos eventuales; segundos nombramientos por evaluación del desempeño y, finalmente, contratación anual, dependiendo de la certificación del consejo correspondiente. Todo lo anterior, en función de la disponibilidad presupuestal de la Federación.
Un paquete básico (Causes) sin capacidad resolutiva y ciudadanos estigmatizados. El Catálogo Universal de Servicios Esenciales (Causes) se atiende en centros de salud y hospitales de los Sesas. Esto plantea un problema conceptual y jurídico, pues legalmente el ciudadano tiene ese derecho aun sin pagar cuota de recuperación o prepago. Además, el seguro no sólo no cubre todas las enfermedades y riesgos: en rigor no atiende la patología frecuente que enferma y mata a los mexicanos. La estructura de los servicios sí lo hace, pero no lo materializa por falta de recursos. Así, ahora hay ciudadanos del Seguro Popular y no del Seguro Popular. Es decir, que la población ya está estigmatizada.
El sector privado y la falta de resolutividad médico-clínica del Sistema Nacional de Salud (SNS). Además, las intervenciones del Causes, así como las “catastróficas”, podrían ser subsidiadas al sector privado, lo que incrementaría el serio problema de resolutividad que enfrenta el SNS en su conjunto, toda vez que el sector privado no está listo para atender adecuadamente esa demanda. Como señalara la propia Ssa en 2001: “las unidades privadas con menos de 20 camas frecuentemente carecen de los recursos para ofrecer una atención de calidad”.
El “derecho” a la salud: todos a pagar por los mismos servicios que antes eran gratuitos. Una vez alcanzada la cobertura “universal”, resultaría que toda la población dispondría de un subsidio, aunque antes ya contaba con “derecho” constitucional a la salud. ¿Cuál sería la diferencia? Que ahora, exactamente los mismos servicios de salud recibidos son ofrecidos en peores condiciones pero pagando por ellos. La diferencia se llama prepago.
No hubo ampliación integral de las intervenciones. Tampoco mejora en la resolutividad médico-clínica. La calidad de la atención ha empeorado y las remuneraciones del equipo de salud no reflejan el extraordinario incremento en los fondos para el Seguro Popular.
Frente al dolor y la muerte: “justicia” en el financiamiento. El Seguro Popular no fue diseñado para curar. Aspira a “alinear precios”; “brindar protección financiera” o financiar “con justicia”. Pero, ¿a qué paciente le importa cómo se financió el programa que debería atenderlo cuando padece la enfermedad que lo sitúa en el sufrimiento y el dolor?
Emilio Gamboa, coordinador de la fracción parlamentaria priísta en el Senado, ha ofrecido “revisar” el Seguro Popular. ¿Cuál será la posición del Sntssa frente al mini combo de Peña-Levy que ofrece cuatro derechos “exigibles”: acceso “real” a la salud, seguro de desempleo temporal, pensión para el retiro y seguro de invalidez a cambio de elevar impuestos (IVA) y reducir prestaciones?
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
La desobediencia civil, honroso deber: López Obrador; llama a reunión en el Zócalo, el día 9
“No voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de violaciones graves a las leyes”
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 1º de septiembre de 2012, p. 7
En mensaje al pueblo de México, Andrés Manuel López Obrador anunció su negativa a aceptar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que validó la elección presidencial, y señaló que a pesar de los inminentes señalamientos de mal perdedor, loco, mesiánico, necio y enfermo de poder, “no voy a reconocer a un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a las leyes”.
Por la mañana en su casa de campaña, decenas de reporteros respondieron a la convocatoria para conocer el contenido de la respuesta a la determinación del órgano electoral. Desde las 7:30 horas éstos comenzaron a llegar.
En punto de las ocho, inmutable, serio, López Obrador dio lectura a un texto de cuartilla y media en poco menos de cinco minutos. Anunció que la desobediencia civil, cuando se aplica contra “los ladrones de la esperanza y la felicidad del pueblo”, es honrosa. Por tanto, convocó a los demócratas e integrantes de su movimiento a concentrarse en el Zócalo el domingo 9 de septiembre a las 11 horas.
A continuación se reproduce el texto íntegro del mensaje:
Al pueblo de México:
Informo que no puedo aceptar el fallo del tribunal electoral, que ha declarado válida la elección presidencial. Las elecciones no fueron ni limpias ni libres ni auténticas.
En consecuencia, no voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a las leyes.
Actuar de otra manera implicaría traicionar a millones de mexicanos que luchan contra la simulación y la farsa, y a favor de un cambio verdadero.
Es cierto que debemos respetar a las instituciones, pero en buena medida el problema de México radica en que las instituciones están secuestradas por la delincuencia de cuello blanco. Y un Estado que no procura la justicia ni la democracia, no es más que un instrumento de poder al servicio de un grupo de intereses creados.
“No claudicaremos”, advirtió Andrés Manuel López ObradorFoto Francisco Olvera
Ya sabemos que a los sostenedores de este Estado mafioso (traficantes de influencia, políticos corruptos, dueños y voceros de los llamados medios de comunicación y a otros integrantes del régimen) no les parecerá nuestra postura.
Ellos quisieran que aceptáramos el fraude electoral y que rápido entráramos en el juego de las negociaciones políticas que, en las actuales circunstancias, sólo pueden significar arreglos cupulares o componendas en contra del bienestar del pueblo y de la nación.
Ojalá se entienda que así como ellos defienden por todos los medios al régimen de corrupción, nosotros estamos sinceramente empeñados en abolirlo. Y, como es lógico, en este propósito no daremos ninguna tregua ni concederemos la mínima ventaja.
Por eso, aunque nos sigan atacando, acusándonos de malos perdedores, de locos, mesiánicos, necios, enfermos de poder y otras lindezas, preferimos esos insultos a convalidar o formar parte de un régimen injusto, corrupto y de complicidades que está destruyendo a México.
La desobediencia civil es un honroso deber cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza y de la felicidad del pueblo.
Convoco a todos los partidarios de la democracia y de nuestro movimiento a que nos congreguemos en el Zócalo de la ciudad de México el domingo 9 de septiembre a las 11 de la mañana.
Ahí definiremos lo que sigue.
Adelanto que continuaremos defendiendo los derechos individuales y sociales de todos los ciudadanos, usando, para ello, nuestra autoridad política y moral.
Asimismo, informo que seguiremos actuando con responsabilidad y por la vía pacífica, sin dar motivo para que los violentos nos acusen de violentos.
No claudicaremos. El destino de México no tiene precio.
Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Sábado 1º de septiembre de 2012, p. 7
En mensaje al pueblo de México, Andrés Manuel López Obrador anunció su negativa a aceptar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que validó la elección presidencial, y señaló que a pesar de los inminentes señalamientos de mal perdedor, loco, mesiánico, necio y enfermo de poder, “no voy a reconocer a un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a las leyes”.
Por la mañana en su casa de campaña, decenas de reporteros respondieron a la convocatoria para conocer el contenido de la respuesta a la determinación del órgano electoral. Desde las 7:30 horas éstos comenzaron a llegar.
En punto de las ocho, inmutable, serio, López Obrador dio lectura a un texto de cuartilla y media en poco menos de cinco minutos. Anunció que la desobediencia civil, cuando se aplica contra “los ladrones de la esperanza y la felicidad del pueblo”, es honrosa. Por tanto, convocó a los demócratas e integrantes de su movimiento a concentrarse en el Zócalo el domingo 9 de septiembre a las 11 horas.
A continuación se reproduce el texto íntegro del mensaje:
Al pueblo de México:
Informo que no puedo aceptar el fallo del tribunal electoral, que ha declarado válida la elección presidencial. Las elecciones no fueron ni limpias ni libres ni auténticas.
En consecuencia, no voy a reconocer un poder ilegítimo surgido de la compra del voto y de otras violaciones graves a la Constitución y a las leyes.
Actuar de otra manera implicaría traicionar a millones de mexicanos que luchan contra la simulación y la farsa, y a favor de un cambio verdadero.
Es cierto que debemos respetar a las instituciones, pero en buena medida el problema de México radica en que las instituciones están secuestradas por la delincuencia de cuello blanco. Y un Estado que no procura la justicia ni la democracia, no es más que un instrumento de poder al servicio de un grupo de intereses creados.
“No claudicaremos”, advirtió Andrés Manuel López ObradorFoto Francisco Olvera
Ya sabemos que a los sostenedores de este Estado mafioso (traficantes de influencia, políticos corruptos, dueños y voceros de los llamados medios de comunicación y a otros integrantes del régimen) no les parecerá nuestra postura.
Ellos quisieran que aceptáramos el fraude electoral y que rápido entráramos en el juego de las negociaciones políticas que, en las actuales circunstancias, sólo pueden significar arreglos cupulares o componendas en contra del bienestar del pueblo y de la nación.
Ojalá se entienda que así como ellos defienden por todos los medios al régimen de corrupción, nosotros estamos sinceramente empeñados en abolirlo. Y, como es lógico, en este propósito no daremos ninguna tregua ni concederemos la mínima ventaja.
Por eso, aunque nos sigan atacando, acusándonos de malos perdedores, de locos, mesiánicos, necios, enfermos de poder y otras lindezas, preferimos esos insultos a convalidar o formar parte de un régimen injusto, corrupto y de complicidades que está destruyendo a México.
La desobediencia civil es un honroso deber cuando se aplica contra los ladrones de la esperanza y de la felicidad del pueblo.
Convoco a todos los partidarios de la democracia y de nuestro movimiento a que nos congreguemos en el Zócalo de la ciudad de México el domingo 9 de septiembre a las 11 de la mañana.
Ahí definiremos lo que sigue.
Adelanto que continuaremos defendiendo los derechos individuales y sociales de todos los ciudadanos, usando, para ello, nuestra autoridad política y moral.
Asimismo, informo que seguiremos actuando con responsabilidad y por la vía pacífica, sin dar motivo para que los violentos nos acusen de violentos.
No claudicaremos. El destino de México no tiene precio.
Peña, presidente electo; se votó sin sometimientos: magistrados
La calificación de los comicios fue “celebrada en estricto apego a derecho”, apuntan
De acuerdo con las cifras oficiales, el mexiquense obtuvo 19 millones 158 mil 592 sufragios
Alonso Urrutia y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 1º de septiembre de 2012, p. 5
El Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el cómputo final de los comicios, otorgó la validez constitucional y aprobó la declaración de presidente electo para Enrique Peña Nieto, quien según las cifras oficiales obtuvo 19 millones 158 mil 592 votos. Fue el colofón del proceso.
En la sesión de ayer los magistrados lanzaron advertencias sobre las secuelas políticas en torno a su determinación, la cual, dijeron, tomaron con estricto rigor jurídico. El presidente del tribunal, Alejandro Luna Ramos, lanzó una máxima de Cicerón: “no es posible someter el derecho al capricho personal ni infringirlo ni desnaturalizarlo con el poder”.
Fallo con elementos del expediente
Tras una larga exposición exaltadora de las virtudes del proceso, Manuel González Oropeza aseguró que “en el ámbito judicial no hay negociación posible ni presiones que valgan; los interesados se someten ante la autoridad de un tribunal con sus alegatos y pruebas y es él quien tiene que tomar su decisión exclusivamente con los elementos que obran en el expediente dentro del marco de la ley”.
Consecuencia lógica de la sesión que la víspera desechó todos los agravios argumentados por el Movimiento Progresista, el TEPJF aprobó el proyecto –de mil 300 cuartillas– de validez de la elección, en el que se dieron a conocer las cifras finales de las votaciones, en las que participaron 50 millones 143 mil 616 ciudadanos.
El cómputo final indica que el candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 15 millones 848 mil 827 votos; Josefina Vazquez Mota, candidata del PAN, 12 millones 732 mil 630, y Gabriel Quadri, de Nueva Alianza, un millón 146 mil 85.
Según el proyecto, se resolvieron 367 juicios promovidos contra las actas de cómputo de 296 distritos, así como el juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial.
Se declararon infundados los agravios denunciados por la coalición: financiamiento ilícito de la campaña de Peña Nieto mediante la triangulación de empresas con el banco Monex; compra y coacción del voto a partir del uso de diversas tarjetas; encuestas manipuladas con fines propagandísticos, y gastos excesivos en la campaña priísta, entre otros.
A diferencia de los argumentos del Movimiento Progresista, para los magistrados los comicios se realizaron acordes con los principios constitucionales.
Señalaron que partidos y coaliciones contaron de manera equitativa con los elementos para realizar sus campañas, “existiendo equidad en el financiamiento de los distintos institutos políticos”.
Luna Ramos: el nuevo presidente debe gobernar para todos
Luna Ramos consideró que la sociedad “debe estar cierta de que la calificación presidencial fue celebrada en estricto apego a derecho” y fueron analizados de manera exhaustiva y responsable todos los elementos probatorios, “por lo que a mi juicio procede declarar válida la elección y declarar a Enrique Peña Nieto presidente electo”.
Afirmó que es momento de que el ganador en las urnas no pierda de vista que deberá gobernar para todos, y que las oposiciones dimensionen “el importante papel que tienen de ser conciencia crítica, que representarán al someter al nuevo gobierno a un escrutinio continuo. Eso es su deber, no sólo como instituciones de orden público, sino su obligación patriótica”.
Agregó que la actuación del TEPJF “otorga certeza de la legitimidad de nuestros gobernantes y lo hace con la imparcialidad e independencia exigida”.
Sostuvo que la construcción del sistema electoral mexicano ha recorrido “un difícil pero esperanzador camino”.
González Oropeza, una postura sin concesiones
El ministro González Oropeza advirtió que la decisión del TEPJF no emana “de un laudo donde las partes conceden graciosamente al árbitro la facultad para dirimir los conflictos. Es la resolución final de un tribunal constitucional que no depende de las voluntades individuales de las partes para acatarla”.
Representantes de partidos políticos y de los tres poderes de la Unión acudieron a la sesión del tribunal electoralFoto Notimex
Los magistrados se dieron espacio para parafrasear a personajes ilustres. “Ha sido costumbre –decía Emilio Velasco en 1874– en nuestras prácticas políticas, que el candidato derrotado, alegando fraudes y nulidad de la elección, levante revoluciones y provoque trastornos. Cuán conveniente no hubiera sido, cuántos males no se hubieran evitado a la República, si el derrotado hubiera tenido acceso a los tribunales para que revisaran la elección”, dijo González Oropeza.
Sostuvo que México “ya no es un país de caudillos, sino de instituciones”. Después arremetió contra el Movimiento Progresista: “si este tribunal fuera más allá de los alegatos y las pruebas aportadas, como se quiso en los juicios de inconformidad, investigando por su cuenta toda clase de ilícitos que se denunciaban de manera vaga y genérica, citando a cualquier persona que le fuese sospechosa, el régimen de estado de derecho se trastocaría para convertirse en una dictadura judicial.”
Subrayó que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la Presidencia fue de 6.62 por ciento y hubo una repartición plural de cargos, por lo que se desprende que la sociedad mexicana ha optado por la pluralidad.
Galván: “equidad permanente”
Integrante de la comisión calificadora, Flavio Galván dijo que se pronunciaba por declarar la validez de la elección asumiendo “la responsabilidad plena ante la soberanía nacional y ante la historia”. Externó su certeza de que más de 50 millones de mexicanos votaron por voluntad propia y sin sometimiento alguno.
Primer orador en la sesión, retomó algunos de los argumentos planteados el jueves, al declarar infundados todos los agravios planteados por la coalición. La equidad fue permanente y la elección fue libre y auténtica, como marca la Constitución, afirmó.
Penagos: no hay sistema democrático sin reglas
El magistrado Pedro Esteban Penagos subrayó que no hay sistema democrático sin reglas y principios constitucionales.
“Las elecciones libres constituyen la piedra angular de la estabilidad constitucional, política y social”, sostuvo.
Agregó que procedía decretar la validez de la elección luego de que el TEPJF desahogó la fase contenciosa y resolvió todos los juicios de inconformidad, anuló 524 casillas, recontó mil 125 paquetes y depuró la votación.
Apuntó: “en la democracia, un voto hace la diferencia, y Peña Nieto obtuvo una ventaja de 3 millones 309 mil 765 sufragios en relación con el candidato que quedó en segundo lugar. Es obvio que procede declararlo ganador de la elección de presidente”.
Alanís: calificación estricta
Para María del Carmen Alanís, la valoración de los comicios presidenciales se realizó de forma “estrictamente jurisdiccional”, y estimó que el proceso fue construyendo su propia legitimidad a cada momento, “con la firmeza que el principio de definitividad (de cada etapa) otorga sucesiva y progresivamente a cada acto”.
Enunció 10 momentos clave en la consolidación de un proceso democrático, según dijo, basado, entre otros aspectos, en la capacidad reglamentaria del Instituto Federal Electoral y las resoluciones del TEPJF, que dotaron de certeza la competencia.
Destacó las dimensiones de la elección en cifras, aunque citó algunas equivocadas: 75.5 millones de ciudadanos en el listado nominal (son 79.5 millones), el décimo más elevado del mundo. Destacó que se transmitieron 44 millones 159 mil 520 espots desde el 18 de diciembre, y puso énfasis en la conquista de mayores espacios para las mujeres (representarán más de 30 por ciento en el Congreso) como marco de los comicios presidenciales.
De acuerdo con las cifras oficiales, el mexiquense obtuvo 19 millones 158 mil 592 sufragios
Alonso Urrutia y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Sábado 1º de septiembre de 2012, p. 5
El Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó el cómputo final de los comicios, otorgó la validez constitucional y aprobó la declaración de presidente electo para Enrique Peña Nieto, quien según las cifras oficiales obtuvo 19 millones 158 mil 592 votos. Fue el colofón del proceso.
En la sesión de ayer los magistrados lanzaron advertencias sobre las secuelas políticas en torno a su determinación, la cual, dijeron, tomaron con estricto rigor jurídico. El presidente del tribunal, Alejandro Luna Ramos, lanzó una máxima de Cicerón: “no es posible someter el derecho al capricho personal ni infringirlo ni desnaturalizarlo con el poder”.
Fallo con elementos del expediente
Tras una larga exposición exaltadora de las virtudes del proceso, Manuel González Oropeza aseguró que “en el ámbito judicial no hay negociación posible ni presiones que valgan; los interesados se someten ante la autoridad de un tribunal con sus alegatos y pruebas y es él quien tiene que tomar su decisión exclusivamente con los elementos que obran en el expediente dentro del marco de la ley”.
Consecuencia lógica de la sesión que la víspera desechó todos los agravios argumentados por el Movimiento Progresista, el TEPJF aprobó el proyecto –de mil 300 cuartillas– de validez de la elección, en el que se dieron a conocer las cifras finales de las votaciones, en las que participaron 50 millones 143 mil 616 ciudadanos.
El cómputo final indica que el candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 15 millones 848 mil 827 votos; Josefina Vazquez Mota, candidata del PAN, 12 millones 732 mil 630, y Gabriel Quadri, de Nueva Alianza, un millón 146 mil 85.
Según el proyecto, se resolvieron 367 juicios promovidos contra las actas de cómputo de 296 distritos, así como el juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial.
Se declararon infundados los agravios denunciados por la coalición: financiamiento ilícito de la campaña de Peña Nieto mediante la triangulación de empresas con el banco Monex; compra y coacción del voto a partir del uso de diversas tarjetas; encuestas manipuladas con fines propagandísticos, y gastos excesivos en la campaña priísta, entre otros.
A diferencia de los argumentos del Movimiento Progresista, para los magistrados los comicios se realizaron acordes con los principios constitucionales.
Señalaron que partidos y coaliciones contaron de manera equitativa con los elementos para realizar sus campañas, “existiendo equidad en el financiamiento de los distintos institutos políticos”.
Luna Ramos: el nuevo presidente debe gobernar para todos
Luna Ramos consideró que la sociedad “debe estar cierta de que la calificación presidencial fue celebrada en estricto apego a derecho” y fueron analizados de manera exhaustiva y responsable todos los elementos probatorios, “por lo que a mi juicio procede declarar válida la elección y declarar a Enrique Peña Nieto presidente electo”.
Afirmó que es momento de que el ganador en las urnas no pierda de vista que deberá gobernar para todos, y que las oposiciones dimensionen “el importante papel que tienen de ser conciencia crítica, que representarán al someter al nuevo gobierno a un escrutinio continuo. Eso es su deber, no sólo como instituciones de orden público, sino su obligación patriótica”.
Agregó que la actuación del TEPJF “otorga certeza de la legitimidad de nuestros gobernantes y lo hace con la imparcialidad e independencia exigida”.
Sostuvo que la construcción del sistema electoral mexicano ha recorrido “un difícil pero esperanzador camino”.
González Oropeza, una postura sin concesiones
El ministro González Oropeza advirtió que la decisión del TEPJF no emana “de un laudo donde las partes conceden graciosamente al árbitro la facultad para dirimir los conflictos. Es la resolución final de un tribunal constitucional que no depende de las voluntades individuales de las partes para acatarla”.
Representantes de partidos políticos y de los tres poderes de la Unión acudieron a la sesión del tribunal electoralFoto Notimex
Los magistrados se dieron espacio para parafrasear a personajes ilustres. “Ha sido costumbre –decía Emilio Velasco en 1874– en nuestras prácticas políticas, que el candidato derrotado, alegando fraudes y nulidad de la elección, levante revoluciones y provoque trastornos. Cuán conveniente no hubiera sido, cuántos males no se hubieran evitado a la República, si el derrotado hubiera tenido acceso a los tribunales para que revisaran la elección”, dijo González Oropeza.
Sostuvo que México “ya no es un país de caudillos, sino de instituciones”. Después arremetió contra el Movimiento Progresista: “si este tribunal fuera más allá de los alegatos y las pruebas aportadas, como se quiso en los juicios de inconformidad, investigando por su cuenta toda clase de ilícitos que se denunciaban de manera vaga y genérica, citando a cualquier persona que le fuese sospechosa, el régimen de estado de derecho se trastocaría para convertirse en una dictadura judicial.”
Subrayó que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la Presidencia fue de 6.62 por ciento y hubo una repartición plural de cargos, por lo que se desprende que la sociedad mexicana ha optado por la pluralidad.
Galván: “equidad permanente”
Integrante de la comisión calificadora, Flavio Galván dijo que se pronunciaba por declarar la validez de la elección asumiendo “la responsabilidad plena ante la soberanía nacional y ante la historia”. Externó su certeza de que más de 50 millones de mexicanos votaron por voluntad propia y sin sometimiento alguno.
Primer orador en la sesión, retomó algunos de los argumentos planteados el jueves, al declarar infundados todos los agravios planteados por la coalición. La equidad fue permanente y la elección fue libre y auténtica, como marca la Constitución, afirmó.
Penagos: no hay sistema democrático sin reglas
El magistrado Pedro Esteban Penagos subrayó que no hay sistema democrático sin reglas y principios constitucionales.
“Las elecciones libres constituyen la piedra angular de la estabilidad constitucional, política y social”, sostuvo.
Agregó que procedía decretar la validez de la elección luego de que el TEPJF desahogó la fase contenciosa y resolvió todos los juicios de inconformidad, anuló 524 casillas, recontó mil 125 paquetes y depuró la votación.
Apuntó: “en la democracia, un voto hace la diferencia, y Peña Nieto obtuvo una ventaja de 3 millones 309 mil 765 sufragios en relación con el candidato que quedó en segundo lugar. Es obvio que procede declararlo ganador de la elección de presidente”.
Alanís: calificación estricta
Para María del Carmen Alanís, la valoración de los comicios presidenciales se realizó de forma “estrictamente jurisdiccional”, y estimó que el proceso fue construyendo su propia legitimidad a cada momento, “con la firmeza que el principio de definitividad (de cada etapa) otorga sucesiva y progresivamente a cada acto”.
Enunció 10 momentos clave en la consolidación de un proceso democrático, según dijo, basado, entre otros aspectos, en la capacidad reglamentaria del Instituto Federal Electoral y las resoluciones del TEPJF, que dotaron de certeza la competencia.
Destacó las dimensiones de la elección en cifras, aunque citó algunas equivocadas: 75.5 millones de ciudadanos en el listado nominal (son 79.5 millones), el décimo más elevado del mundo. Destacó que se transmitieron 44 millones 159 mil 520 espots desde el 18 de diciembre, y puso énfasis en la conquista de mayores espacios para las mujeres (representarán más de 30 por ciento en el Congreso) como marco de los comicios presidenciales.
Acapulco: crisis de deuda mantiene sin salarios a 5 mil empleados municipales
El débito fue heredado por el ex edil priísta Manuel Añorve; asciende a $1,500 millones
Se les pagarán las dos quincenas; Aguirre Rivero debe autorizar un préstamo: alcaldesa Escobar
CorresponsalHéctor Briseño
Periódico La Jornada
Sábado 1º de septiembre de 2012, p. 39
Acapulco, Gro., 31 de agosto. La situación de crisis heredada por el ex presidente municipal priísta Manuel Añorve Baños, quien pidió licencia el 14 de marzo pasado para buscar una diputación federal por la vía plurinominal, mantiene sin salarios a poco más de 5 mil trabajadores del ayuntamiento de Acapulco, entre los que se encuentran empleados de confianza, de lista de raya –trabajadores eventuales sin prestaciones ni contrato–, así como supernumerarios, directores de área, titulares de secretaría, un grupo de sindicalizados y regidores, quienes no han recibido los emolumentos correspondientes a la segunda quincena de agosto.
Según fuentes de la administración entrante, es de mil 500 millones de pesos la deuda que heredará Añorve Baños (2009-2012) –quien pretende ser vicecoordinador de la bancada priísta en San Lázaro– a las fuerzas progresistas encabezadas por Luis Walton Aburto, que entrará en funciones el próximo primero de octubre.
No obstante los señalamientos de Añorve Baños contra el ex alcalde perredista Félix Salgado Macedonio (2005-2008) en cuanto a la deuda heredada por su gestión, lo cierto es que en esa administración no se generó nuevo débito, y se incrementó en 70 por ciento lo recaudado por impuesto predial, en licencias de construcción y de funcionamiento, así como en pagos por concepto de agua y otros servicios municipales –según las cifras dadas a conocer hace tres años–, en relación con administraciones pasadas.
La crítica que en su momento se le hizo a Salgado Macedonio fue que engrosó la nómina al autorizar unas 500 nuevas plazas sindicales.
Días de asueto para evitar protestas
Para evitar protestas y no pagar los salarios, y en reconocimiento a una “conquista sindical”, la presidenta municipal priísta, Verónica Escobar Romo, concedió este viernes asueto al personal de la administración, por ser Día del Burócrata, así como el próximo lunes. Con motivo del último Informe presidencial se hizo puente este fin de semana, por lo que los trabajadores probablemente podrían cobrar hasta el martes 4 de septiembre.
Según lo anunciado por la presidenta municipal, a los alrededor de mil 700 elementos policiacos de diversas corporaciones municipales se les comenzó a pagar el pasado jueves, así como a un grupo aproximado de 500 trabajadores sindicalizados y de lista de raya que reciben su pago en efectivo.
La presidenta municipal aseguró que juntaría dinero de diversos fondos para cumplir el compromiso y pagar en partes los salarios de los trabajadores, y subrayó que era necesario que el gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero autorizara un préstamo de 200 millones de pesos para salvar su gestión.
La primera quincena de agosto, cuando se dejó de pagar la nómina –lo que nunca había sucedido, según trabajadores veteranos–, provocó que 5 mil elementos de todas las áreas suspendieran labores entre el 14 y el 17 de agosto, como medida de presión.
A los policías pocas ganas les quedaron de protestar por la falta de pago, pues el pasado 16 de agosto, cuando se manifestaron bloqueando dos carriles de la avenida Cuauhtémoc frente al ayuntamiento, para exigir el pago de su salario, nueve fueron detenidos por sus propios compañeros de corporación, quienes se vieron obligados a pagar fianzas de 2, 4, 8 y 15 mil pesos para salir libres.
El pago de los salarios no es el único compromiso con los trabajadores que la administración municipal tiene pendiente, pues algunos dirigentes sindicales han señalado que la presidencia municial adeuda al menos 10 millones de pesos a empresas privadas de créditos al salario, monto que no obstante haber sido descontado del recibo del personal, no ha sido cubierto a firmas como Credimás, Financiera Libertad y Paguitos, por lo cual decenas de trabajadores, incluidos policías, han sido incluidos en el buró de crédito.
Deudas y más deudas
La administración municipal adeuda además compensaciones a 2 mil 700 trabajadores sindicalizados, como el bono del día del burócrata, equivalente a mil 900 pesos por persona, el de ayuda por inicio de clases, sin mencionar los 50 millones de pesos pendientes con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que mantiene sin posibilidad de jubilarse y solicitar préstamos a sus agremiados.
Añorve y su administración dejaron varios asuntos pendientes de aclarar; por qué no hay recursos, ya no se diga para pa- gar salarios, ni siquiera para sacar copias fotostáticas y papelería necesaria para las actividades cotidianas del munciipio; para hacer llamadas de teléfono; para comprar garrafones de agua, y pagar a proveedores.
Además, se desconoce el destino del contrato que se rescindió a la empresa jalisciense de recolección de basura Caabsa Eagle, que dejó sin trabajo a un centenar de personas; así como la fallida sustitución de 44 mil luminarias en las colonias populares, anunciado en noviembre de 2011 por Añorve Baños con inversión de 44 millones de pesos, de las cuales únicamente fueron colocadas unas 10 mil.
Se les pagarán las dos quincenas; Aguirre Rivero debe autorizar un préstamo: alcaldesa Escobar
CorresponsalHéctor Briseño
Periódico La Jornada
Sábado 1º de septiembre de 2012, p. 39
Acapulco, Gro., 31 de agosto. La situación de crisis heredada por el ex presidente municipal priísta Manuel Añorve Baños, quien pidió licencia el 14 de marzo pasado para buscar una diputación federal por la vía plurinominal, mantiene sin salarios a poco más de 5 mil trabajadores del ayuntamiento de Acapulco, entre los que se encuentran empleados de confianza, de lista de raya –trabajadores eventuales sin prestaciones ni contrato–, así como supernumerarios, directores de área, titulares de secretaría, un grupo de sindicalizados y regidores, quienes no han recibido los emolumentos correspondientes a la segunda quincena de agosto.
Según fuentes de la administración entrante, es de mil 500 millones de pesos la deuda que heredará Añorve Baños (2009-2012) –quien pretende ser vicecoordinador de la bancada priísta en San Lázaro– a las fuerzas progresistas encabezadas por Luis Walton Aburto, que entrará en funciones el próximo primero de octubre.
No obstante los señalamientos de Añorve Baños contra el ex alcalde perredista Félix Salgado Macedonio (2005-2008) en cuanto a la deuda heredada por su gestión, lo cierto es que en esa administración no se generó nuevo débito, y se incrementó en 70 por ciento lo recaudado por impuesto predial, en licencias de construcción y de funcionamiento, así como en pagos por concepto de agua y otros servicios municipales –según las cifras dadas a conocer hace tres años–, en relación con administraciones pasadas.
La crítica que en su momento se le hizo a Salgado Macedonio fue que engrosó la nómina al autorizar unas 500 nuevas plazas sindicales.
Días de asueto para evitar protestas
Para evitar protestas y no pagar los salarios, y en reconocimiento a una “conquista sindical”, la presidenta municipal priísta, Verónica Escobar Romo, concedió este viernes asueto al personal de la administración, por ser Día del Burócrata, así como el próximo lunes. Con motivo del último Informe presidencial se hizo puente este fin de semana, por lo que los trabajadores probablemente podrían cobrar hasta el martes 4 de septiembre.
Según lo anunciado por la presidenta municipal, a los alrededor de mil 700 elementos policiacos de diversas corporaciones municipales se les comenzó a pagar el pasado jueves, así como a un grupo aproximado de 500 trabajadores sindicalizados y de lista de raya que reciben su pago en efectivo.
La presidenta municipal aseguró que juntaría dinero de diversos fondos para cumplir el compromiso y pagar en partes los salarios de los trabajadores, y subrayó que era necesario que el gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero autorizara un préstamo de 200 millones de pesos para salvar su gestión.
La primera quincena de agosto, cuando se dejó de pagar la nómina –lo que nunca había sucedido, según trabajadores veteranos–, provocó que 5 mil elementos de todas las áreas suspendieran labores entre el 14 y el 17 de agosto, como medida de presión.
A los policías pocas ganas les quedaron de protestar por la falta de pago, pues el pasado 16 de agosto, cuando se manifestaron bloqueando dos carriles de la avenida Cuauhtémoc frente al ayuntamiento, para exigir el pago de su salario, nueve fueron detenidos por sus propios compañeros de corporación, quienes se vieron obligados a pagar fianzas de 2, 4, 8 y 15 mil pesos para salir libres.
El pago de los salarios no es el único compromiso con los trabajadores que la administración municipal tiene pendiente, pues algunos dirigentes sindicales han señalado que la presidencia municial adeuda al menos 10 millones de pesos a empresas privadas de créditos al salario, monto que no obstante haber sido descontado del recibo del personal, no ha sido cubierto a firmas como Credimás, Financiera Libertad y Paguitos, por lo cual decenas de trabajadores, incluidos policías, han sido incluidos en el buró de crédito.
Deudas y más deudas
La administración municipal adeuda además compensaciones a 2 mil 700 trabajadores sindicalizados, como el bono del día del burócrata, equivalente a mil 900 pesos por persona, el de ayuda por inicio de clases, sin mencionar los 50 millones de pesos pendientes con el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que mantiene sin posibilidad de jubilarse y solicitar préstamos a sus agremiados.
Añorve y su administración dejaron varios asuntos pendientes de aclarar; por qué no hay recursos, ya no se diga para pa- gar salarios, ni siquiera para sacar copias fotostáticas y papelería necesaria para las actividades cotidianas del munciipio; para hacer llamadas de teléfono; para comprar garrafones de agua, y pagar a proveedores.
Además, se desconoce el destino del contrato que se rescindió a la empresa jalisciense de recolección de basura Caabsa Eagle, que dejó sin trabajo a un centenar de personas; así como la fallida sustitución de 44 mil luminarias en las colonias populares, anunciado en noviembre de 2011 por Añorve Baños con inversión de 44 millones de pesos, de las cuales únicamente fueron colocadas unas 10 mil.
La Iglesia católica pide “a partidos” acatar el fallo del tribunal electoral
Quien no esté conforme, que impulse reformas: Hugo Valdemar
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Sábado 1º de septiembre de 2012, p. 18
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la arquidiócesis de México llamaron a los partidos políticos y a la ciudadanía a “acatar” el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el cual avaló la pasada elección presidencial.
Víctor René Rodríguez Gómez, secretario general de la CEM, reconoció el “arduo trabajo” de los magistrados y aseguró que ha “quedado a salvo la honorabilidad” de ellos, pues “no queda duda de que atendieron todas las quejas interpuestas por personas e instituciones”.
En conferencia aparte, Hugo Valdemar Romero, director de comunicación social de la arquidiócesis de México, señaló que, a fin de “continuar la vida normal del país sin mayores sobresaltos”, se debe aceptar el veredicto del tribunal, pero también subrayó que quienes no están conformes deben pugnar por que se concreten reformas a las leyes electorales que castiguen las “irregularidades” y aseguren que no haya sombra de duda entre los electores respecto de quién y cómo triunfó.
Rodríguez Gómez, también obispo auxiliar de Texcoco, llamó a los partidos a que “sus verdaderos intereses estén dirigidos a la actual coyuntura que vive México para beneficiar y propiciar un diálogo fructífero en que se pueda llegar a acuerdos y reformas que conduzcan a la paz, la justicia, la equidad, el bien común y la solidaridad”.
Valdemar señaló que el sentido del fallo del tribunal se veía venir, así como las protestas de los seguidores del candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador. “Eran de esperarse, porque ya decían que no iban a aceptar lo que ellos llaman imposición”. Insistió en que la arquidiócesis espera que todo vuelva a la normalidad “lo antes posible y que quienes votaron a López Obrador “acepten el veredicto”, para que el país camine hacia una senda de reconciliación.
Carolina Gómez Mena
Periódico La Jornada
Sábado 1º de septiembre de 2012, p. 18
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la arquidiócesis de México llamaron a los partidos políticos y a la ciudadanía a “acatar” el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el cual avaló la pasada elección presidencial.
Víctor René Rodríguez Gómez, secretario general de la CEM, reconoció el “arduo trabajo” de los magistrados y aseguró que ha “quedado a salvo la honorabilidad” de ellos, pues “no queda duda de que atendieron todas las quejas interpuestas por personas e instituciones”.
En conferencia aparte, Hugo Valdemar Romero, director de comunicación social de la arquidiócesis de México, señaló que, a fin de “continuar la vida normal del país sin mayores sobresaltos”, se debe aceptar el veredicto del tribunal, pero también subrayó que quienes no están conformes deben pugnar por que se concreten reformas a las leyes electorales que castiguen las “irregularidades” y aseguren que no haya sombra de duda entre los electores respecto de quién y cómo triunfó.
Rodríguez Gómez, también obispo auxiliar de Texcoco, llamó a los partidos a que “sus verdaderos intereses estén dirigidos a la actual coyuntura que vive México para beneficiar y propiciar un diálogo fructífero en que se pueda llegar a acuerdos y reformas que conduzcan a la paz, la justicia, la equidad, el bien común y la solidaridad”.
Valdemar señaló que el sentido del fallo del tribunal se veía venir, así como las protestas de los seguidores del candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador. “Eran de esperarse, porque ya decían que no iban a aceptar lo que ellos llaman imposición”. Insistió en que la arquidiócesis espera que todo vuelva a la normalidad “lo antes posible y que quienes votaron a López Obrador “acepten el veredicto”, para que el país camine hacia una senda de reconciliación.
Calderón terminó por sepultar el ritual del día del presidente en San Lázaro
Adoptó Palacio Nacional como recinto alterno para rendir su Informe de gobierno
“Entregas y te vas”, labor del titular de Gobernación; cinco secretarios en seis años, un récord
José Antonio Román
Periódico La Jornada
Sábado 1º de septiembre de 2012, p. 20
Con la entrega de su sexto Informe de gobierno por conducto de su secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el presidente Felipe Calderón concluirá su mandato sin haber pisado nunca la tribuna de la Cámara de Diputados para dirigir un mensaje a la nación. Palacio Nacional se convirtió, en este sexenio, en el sitio alterno para informar sobre el estado general que guarda la administración pública del país, en una ceremonia que se ha convertido, poco a poco, más en una “fiesta particular” que en un acto republicano.
Con una legitimidad cuestionada desde su arribo a la Presidencia, Calderón pasó del “entregas y te vas”, en su primer informe –que duró apenas ocho minutos–, a instruir a su secretario de Gobernación en turno a cumplir la encomienda constitucional.
Así fue en los últimos cuatro años, con Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont y Francisco Blake, enviados al salón de protocolos de la Cámara de Diputados para entregar el informe de su jefe. A este grupo, se sumará este sábado Alejandro Poiré. Aquí, no se cuenta a Francisco Ramírez Acuña, quien estuvo en el cargo 14 meses, pero no le tocó la función de mensajero. En total, cinco secretarios de Gobernación en seis años: un récord.
En sexenios pasados se dieron golpes mortales al ritual que durante décadas representó el Informe presidencial, identificado como el día del presidente, pero ha sido el gobierno calderonista, el que terminó por sepultarlo.
Semanas, días y horas de incertidumbre fueron precedente de aquel primero de septiembre de 2007. Todavía en medio de la ilegitimidad endilgada al gobierno de Calderón, las bancadas de PAN y PRD se enfrascaron en negociaciones para permitir el primer Informe de Gobierno. El PRI, en franca minoría, se hizo a un lado.
El acuerdo, finalmente, permitió a Calderón hacer la entrega por escrito a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Aunque portaba la banda presidencial y subió a la tribuna con el Informe en mano, no hubo atril con el águila y la serpiente. No hubo himno nacional ni honores a su investidura. Se le dio un micrófono inalámbrico, que sujetó con la mano izquierda, y recetó unas cuantas frases de protocolo. Apenas cuatro minutos duró el acto de entrega-recepción del Informe en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. El recinto semivacío: solo panistas y priístas atestiguaron el acto. Los senadores y diputados de izquierda abandonaron el sitio previamente. Esa, es la última vez que Calderón visitó San Lázaro.
“Dejamos claro que no lo reconocemos, (Calderón) es ilegítimo. ¿Se dieron cuenta de que no hubo honores, de que no hubo tribuna y no hubo atril? Es ilegítimo”, diría en ese entonces Javier González Garza, coordinador de la bancada perredista.
A cambio –a excepción de 2008, año en que no hubo acto e incluso borró de su Informe escrito el mensaje político al Congreso–, Calderón “adoptó” el Palacio Nacional como recinto alterno”para rendir su Informe, regularmente un día después –este año será el lunes 3–, siempre en cadena nacional.
Los legisladores han minimizado este acto; Manlio Fabio Beltrones incluso lo ha descrito como una “fiesta muy particular” del Presidente, pues el Informe lo presenta oficialmente al Congreso.
De esta forma, han cambiado recinto, fecha y anfitriones. También han cambiado, por diferentes circunstancias, los emisarios del Presidente. En ningún de los casos, hasta ahora, el acto de entrega-recepción, ha rebasado los ocho minutos.
A los encuentros en Palacio Nacional han asistido funcionarios, gobernadores, legisladores y representantes de diversos poderes, así como dirigentes de cúpulas empresariales y del sindicalismo oficial.
Cuenta regresiva: 90 días
En estos años, en los mensajes que nunca ha podido pronunciar desde la tribuna del Congreso, el Presidente ha exhortado a los actores políticos a transformar el país mediante el diálogo y voluntad política. Ha dicho que el país está en marcha y avanza en el camino correcto, y que se actuó de manera oportuna ante la emergencia económica, además de constantes llamados al Legislativo para concretar las llamadas “reformas estructurales”.
En todos los informes, la lucha contra el narcotráfico ha sido la constante mención y varias veces ha señalado que esta batalla va ganándose.
Así, este sábado se concretará la entrega del último Informe. Para el lunes, en Palacio Nacional, una especie de “fiesta particular” marcará la cuenta regresiva de los últimos 90 días de una Presidencia cuestionada.
“Entregas y te vas”, labor del titular de Gobernación; cinco secretarios en seis años, un récord
José Antonio Román
Periódico La Jornada
Sábado 1º de septiembre de 2012, p. 20
Con la entrega de su sexto Informe de gobierno por conducto de su secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el presidente Felipe Calderón concluirá su mandato sin haber pisado nunca la tribuna de la Cámara de Diputados para dirigir un mensaje a la nación. Palacio Nacional se convirtió, en este sexenio, en el sitio alterno para informar sobre el estado general que guarda la administración pública del país, en una ceremonia que se ha convertido, poco a poco, más en una “fiesta particular” que en un acto republicano.
Con una legitimidad cuestionada desde su arribo a la Presidencia, Calderón pasó del “entregas y te vas”, en su primer informe –que duró apenas ocho minutos–, a instruir a su secretario de Gobernación en turno a cumplir la encomienda constitucional.
Así fue en los últimos cuatro años, con Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont y Francisco Blake, enviados al salón de protocolos de la Cámara de Diputados para entregar el informe de su jefe. A este grupo, se sumará este sábado Alejandro Poiré. Aquí, no se cuenta a Francisco Ramírez Acuña, quien estuvo en el cargo 14 meses, pero no le tocó la función de mensajero. En total, cinco secretarios de Gobernación en seis años: un récord.
En sexenios pasados se dieron golpes mortales al ritual que durante décadas representó el Informe presidencial, identificado como el día del presidente, pero ha sido el gobierno calderonista, el que terminó por sepultarlo.
Semanas, días y horas de incertidumbre fueron precedente de aquel primero de septiembre de 2007. Todavía en medio de la ilegitimidad endilgada al gobierno de Calderón, las bancadas de PAN y PRD se enfrascaron en negociaciones para permitir el primer Informe de Gobierno. El PRI, en franca minoría, se hizo a un lado.
El acuerdo, finalmente, permitió a Calderón hacer la entrega por escrito a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Aunque portaba la banda presidencial y subió a la tribuna con el Informe en mano, no hubo atril con el águila y la serpiente. No hubo himno nacional ni honores a su investidura. Se le dio un micrófono inalámbrico, que sujetó con la mano izquierda, y recetó unas cuantas frases de protocolo. Apenas cuatro minutos duró el acto de entrega-recepción del Informe en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. El recinto semivacío: solo panistas y priístas atestiguaron el acto. Los senadores y diputados de izquierda abandonaron el sitio previamente. Esa, es la última vez que Calderón visitó San Lázaro.
“Dejamos claro que no lo reconocemos, (Calderón) es ilegítimo. ¿Se dieron cuenta de que no hubo honores, de que no hubo tribuna y no hubo atril? Es ilegítimo”, diría en ese entonces Javier González Garza, coordinador de la bancada perredista.
A cambio –a excepción de 2008, año en que no hubo acto e incluso borró de su Informe escrito el mensaje político al Congreso–, Calderón “adoptó” el Palacio Nacional como recinto alterno”para rendir su Informe, regularmente un día después –este año será el lunes 3–, siempre en cadena nacional.
Los legisladores han minimizado este acto; Manlio Fabio Beltrones incluso lo ha descrito como una “fiesta muy particular” del Presidente, pues el Informe lo presenta oficialmente al Congreso.
De esta forma, han cambiado recinto, fecha y anfitriones. También han cambiado, por diferentes circunstancias, los emisarios del Presidente. En ningún de los casos, hasta ahora, el acto de entrega-recepción, ha rebasado los ocho minutos.
A los encuentros en Palacio Nacional han asistido funcionarios, gobernadores, legisladores y representantes de diversos poderes, así como dirigentes de cúpulas empresariales y del sindicalismo oficial.
Cuenta regresiva: 90 días
En estos años, en los mensajes que nunca ha podido pronunciar desde la tribuna del Congreso, el Presidente ha exhortado a los actores políticos a transformar el país mediante el diálogo y voluntad política. Ha dicho que el país está en marcha y avanza en el camino correcto, y que se actuó de manera oportuna ante la emergencia económica, además de constantes llamados al Legislativo para concretar las llamadas “reformas estructurales”.
En todos los informes, la lucha contra el narcotráfico ha sido la constante mención y varias veces ha señalado que esta batalla va ganándose.
Así, este sábado se concretará la entrega del último Informe. Para el lunes, en Palacio Nacional, una especie de “fiesta particular” marcará la cuenta regresiva de los últimos 90 días de una Presidencia cuestionada.
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