Eduardo Olmos Castro, candidato de los Moreira Valdés y el PRI, a la alcaldía de Torreón

Farsa consumada

*Lleva 12 años conspirando contra la ciudad

Juan Monrreal López
Agosto 13 del 2009
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Torreón, Coahuila.- A las 13 horas del 13 de agosto, la burla a los priistas de Torreón se consumó; Eduardo Olmos Castro, “Lalito”, para sus íntimos, quedó formalmente registrado como aspirante del PRI a la presidencia de Torreón. Ningún otro priista se inscribió. Las amenazas lanzadas desde el pasado 10 de julio, por Rubén “El Zerevro” Moreira, durante la Consejo estatal del PRI de que, “toda disidencia será tomada como traición”, cerraron cualquier intento de jugar a la democracia al interior del tricolor.

Este día, alrededor de las 9 y 15 de la mañana, “Lalito” Olmos, acompañado por un puñado de dirigentes sumisos, entregó su papelería a la Comisión de procesos internos que preside Gabriel Calvillo Ceniceros. No hubo impedimento alguno. La orden desde Saltillo, está dada desde hace meses.

Eduardo Olmos Castro, renunció a la Secretaría de Desarrollo Regional de la Laguna (SDRL), para inscribirse como precandidato, sin embargo, es actualmente diputado local con licencia. Olmos ha botado los puestos de representación popular que ha tenido. También ha abandonado una y otra vez la propia SDRL y retornado a placer, bajo la complacencia de Humberto “El Chic” Moreira.

Desde la SDRL, Eduardo Olmos, ha estructurado una red de promotores del voto, manipulando cemento, focos, pintura, sopas leche, blocks de construcción, plásticos de prepago conocidas como “Tarjetas de la Gente”, pero nunca cumplió los compromisos adquiridos con los habitantes de la ciudad.

Hasta la fecha, los moradores de la Colonia Zaragoza Sur, siguen esperando los programas de dignificación de su sector, que incluía introducir servicios básicos, pero también la regularización de tierras; promesas inconclusas pese a que pasaron casi 20 meses que anunció este proyecto de la mano de Humberto Moreira.

Demócrata Norte de México, entrevistó a varios representantes priistas, - purgados y perseguidos en el anterior proceso municipal por Lalo Olmos -, acerca de la sumisión que mantienen con lo dispuesto por Rubén “El Zerevro” Moreira. Sólo respondieron como hace 30 o 40 años; “ la lucha contra el candidato panista, Jesús de León Tello, es por el orgullo del PRI”.

De acuerdo a las leyes estatales electorales, Eduardo Olmos Castro, podrá iniciar su precampaña a partir del 16 de agosto.

Sin un proyecto de ciudad, habrá que esperar lo peor para el municipio torreonés si “Lalito” obtiene la mayoría de los votos el próximo 18 de octubre.

Olmos Castro, viene por los más de 1 mil 500 millones de pesos de presupuesto, no a proponer caminos de desarrollo para Torreón.

Ya se verá.
jmonrreall@yahoo.com

Narco amenaza de muerte a Calderón

LA REDACCIÓN

México D.F., 12 de agosto (apro).- Un "narcomensaje" dirigido al presidente Felipe Calderón fue localizado la mañana de este miércoles en la entrada principal del diario "El Debate" de Culiacán, Sinaloa.
Según consigna la nota que los directivos de dicho diario subieron a su portal electrónico, el "narcomensaje" dirigido a Calderón se encontraba pegado en la pared y fue descubierto alrededor de las 7:15 horas, tiempo local.
Escrito en una cartulina verde fluorescente, con faltas de ortografía, dice el texto cuya autoría proviene de Joaquín, "El Chapo", Guzmán, según presumen las autoridades locales.
"Sr. Presidente una pregunta si tardaste un año para dar con el Dimas calculas que te alcanse la vida para dar con toda mi gente cuidate ya tenemos la consigna y prometemos al pueblo sera cumplida" (sic).
La cartulina fue retirada por elementos del Ejército adscritos a la Novena Zona Militar aproximadamente a las 08:20 horas.
La aparición del "narcomensaje" ocurre curiosamente a dos días de la detención de Dimas Díaz Ramos, El Dimas, presunto operador financiero del Cártel del Pacífico, y quien, a decir de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), tenía la encomienda de asesinar al presidente Calderón.
Por cierto, "El Debate" dedica una nota a dicho personaje y dice que familiares del operador de "El Chapo" negaron categóricamente que éste planeara un atentado en contra del mandatario federal.
Incluso afirmaron que las armas y la droga con que presuntamente fue arrestado junto con otros cuatro individuos, fueron 'sembradas' por las autoridades, y que los cargos de los que se les acusan son falsos.
Es más, ya interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por supuestos atropellos cometidos por los agentes de la Policía Federal durante la detención de Díaz Ramos y el resto del grupo.
De acuerdo con la declaración de los familiares, el arresto ocurrió el domingo pasado en un salón de fiestas ubicado por el bulevar José Limón, en la colonia Juntas de Humaya.
Al menos 70 federales sitiaron el inmueble donde festejaban el bautizo de dos infantes.
Eran las 00:30 horas y los rifles y luces infrarrojas apuntaban a los invitados.
Un familiar mencionó que los policías llegaron soltando gritos de amenazas.
Se fueron directo a los baños, a las oficinas, a la pista, quitaron celulares y cámaras, y en medio de la trifulca preguntaban por el padrino de la fiesta.
"Dimas Díaz era quien apadrinaba a los dos niños. Estábamos en un convivio familiar, cómo iban a traer armas", dijo un pariente del detenido.
Según la versión de los familiares, los federales agarraron parejo, sin importarles que hubiera menores y ancianos; además, cuentan que los tuvieron encerrados más de cinco horas en el salón de eventos.
Dimas Díaz Ramos fue detenido en Culiacán junto con otras cuatro personas en una operación directa de la Policía Federal en la que no intervino la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
De acuerdo con la página de la Presidencia de la República Díaz Ramos y sus cuatro cómplices presuntamente integran la célula de operación financiera de Ismael El Mayo Zambada, uno de los cuatro capos del cártel de Sinaloa.

Proceso13/08/2009

Eduardo Olmos Castro, bazofia sobre Torreón

La conspiración contra Torreón por odios de los hermanos Moreira Valdés

*Humberto y Rubén Moreira, “de porros a gente Chic”

Juan Monrreal López
Agosto 11 de 2009
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Torreón, Coahuila.- Antes de que salga la convocatoria priista para que los aspirantes a la presidencia municipal se registren, el PRI ya tiene candidato: se llama Eduardo Olmos Castro, un tipo que ha caricaturizado el voto ciudadano, al abandonar los puestos de representación popular por los que mendigó los sufragios, también , forma parte de la pandilla priista que quiere dominar Torreón, a cualquier precio; la razón; servir a los capos de la mafia política coahuilense que dirigen los hermanos Moreira Valdés; Humberto y Rubén; derrotados electoralmente en La Laguna en el año 2005, un vapuleo electivo que es el origen de sus venganzas contra Torreón.

Proyectado a las candidaturas priistas por Raúl Sifuentes Guerrero, ex secretario de Gobierno en la época que Enrique Martínez y Martínez, saqueó Coahuila; Olmos Castro, debutó perdiendo la diputación local.

Luego, uncido al presupuesto estatal, consiguió hacerse de la diputación federal en el año 2003, una curul que le salió cara al entonces alcalde de Matamoros, Coahuila, Felipe Medina Cervantes, quien fue a parar al CERESO de Torreón por desvíos de los dineros de ese ayuntamiento.

En plena debacle del grupo de Sifuentes Guerrero, conocido como “La Burbuja”; Olmos Castro, giró hacia el moreirismo, “ofreciendo votos y dinero”, para la campaña de Humberto Moreira. Desde entonces, los favores entre estos antiguos enemigos políticos, van y vienen sin discreción.

Enrolado en recuperar rápidamente “las inversiones” que hizo en la campaña de Humberto Moreira; Olmos Castro pidió que lo hicieran candidato del PRI a la alcaldía en la contienda municipal del 2005. En aquellos días, como ahora, Moreira Valdés, adecuó todo a modo para que Olmos no tuviera rival. Operaron la maquinaria priista para purgar a la oposición. Prometieron espacios administrativos. Amenazaron. Persiguieron, y no pararon hasta imponerlo como aspirante. Luego perdió con el panista José Ángel Pérez Hernández.

Derrotado por 20 mil votos, Eduardo Olmos, fue incorporado al gobierno de Humberto Moreira, como secretario de Obras Públicas. Sin experiencia alguna, pero además, con el capo político coahuilense derrotado en La Laguna, a Moreira Valdés se le ocurrió establecer la secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna (SDRL), dependencia que se convirtió en la madriguera de los ex sifuentistas, pero también de una porción importante de moreiristas que “no reuníamos el perfil” para despachar en Saltillo, según declaró a Demócrata Norte de México, un miembro de la pandilla que Moreira comandó en el INEA.

Desde el edificio Coahuila, con un presupuesto de 310 millones 47 mil pesos, Eduardo Olmos, junto con el diputado federal electo, Miguel Riquelme Solís, no cejaron en conspirar contra esta ciudad que Olmos Castro pretende gobernar.

Apalancados siempre por el presidente del PRI estatal, Rubén Moreira, “El Zerevro”, maquinaron ataques contra la administración panista del inepto José Ángel Pérez Hernández, agresiones que se convirtieron en embates contra la comunidad.

El objetivo era, como sigue siendo hoy, desgastar la administración blanquiazul que está por entregar cuentas negras a los ciudadanos torreonitas.

Con la inseguridad extendida en la ciudad; secuestros al orden del día; las extorsiones como contribución obligatoria para trabajar; la policía coludida con los narcomenudistas; la opacidad en las cuentas públicas; servicios deficientes en todos los órdenes, - pese a ejercer alrededor de 1 mil 500 millones de pesos de presupuesto -, los ataques del priismo coordinado desde el Edificio Coahuila, sede de la SDRL, encontraron campo propicio para medrar la poca credibilidad de José Ángel Pérez Hernández, quien aparte, fue surtido con “el fuego amigo” del grupo del senador Guillermo Anaya Llamas.

Pero en esta conspiración, los artífices fueron los “hermanitos” Rubén y Humberto Moreira, - quienes de porros, ahora se presentan como gente “chic” (cualquier cosa que signifique eso)-, que no perdonan que el voto torreonense les haya dicho que no los quería en la elección del año 2005, cuando Jorge Zermeño Infante, consiguió 42 mil 545 votos más que Humberto Moreira, “El Chic”.

Esta es la verdadera raíz del odio de los Moreira en contra de la ciudad. Pero Eduardo Olmos Castro, también participa de este rencor. Por ello, se dedican a “manotear” a Torreón. A estorbar el desarrollo real, canjeándolo por “Tarjetas de la Gente” de 200 pesos, a las que por cierto, les rebajan sin más, 50 pesos que nadie sabe adónde van a parar. A que cuenta se depositan. Qué funcionario los retiene.

Es este Eduardo Olmos, el que ansía despachar desde el edificio de Matamoros y Galeana. El que apetece las cuentas públicas que ejercería al ganar la presidencia. Un trofeo que pretende conseguir con el contubernio total de los capos de la política coahuilense; que al igual que su padrino, Carlos Salinas de Gortari, guardan rencor a las decisiones tomadas por los laguneros.

Que Eduardo Olmos “quiere recuperarse rápido de la crisis económica y financiera del llamado Grupo Olmos” eso salta a la vista, dicen funcionarios priistas a Demócrata Norte de México. Tienen razón. Basta recorrer las gasolineras que fueron o son propiedad del llamado “Grupo Olmos”, para detectar la necesidad que tienen de capital fresco. De recibir los primeros grandes pagos por los servicios prestados al clan Moreira, que de porros se convirtieron en “Chic”, por obra y gracia de la impunidad que otorga ejercer el poder público.

A unos cuantos días de ser ungido como candidato único del PRI a la presidencia de Torreón, Eduardo Olmos Castro, quien sólo ha entregado bazofia de su ejercicio burocrático, sabe que “va en caballo de hacienda”, sobre todo con las amenazas totalitarias lanzadas en el Consejo estatal priista, por Rubén “El Zerevro” Moreira, de que “toda disidencia priista será considerada como traición (Rubén Moreira, dixit)”.

De ganar Olmos Castro, las malas administraciones de todos los priistas que han arrojado basura sobre Torreón, junto con los panistas, serán inocentadas.

Impunidad con uniforme

Miguel Ángel Granados Chapa

Por leve mayoría, de seis votos contra cinco, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el proyecto de sentencia cuya aprobación hubiera abierto la posibilidad de que los militares que cometan delitos contra la población sean juzgados en tribunales civiles y no en los del fuero de guerra. Aunque se llegó a ella por razones técnico-procesales, sin entrar al fondo del asunto, el resultado de esa decisión es preocupante por dos razones, a cuál más grave: el que se haya generado por presiones del Ejecutivo, lo que implicaría una importante lesión a la autonomía judicial; y el que prevalezca la práctica contraria a la definición constitucional del fuero de guerra, que limita la jurisdicción castrense a los delitos cometidos contra la disciplina militar.

La viuda de un hombre asesinado por miembros del Ejército en un retén en Sinaloa, en marzo del año pasado, pidió amparo porque el homicidio fue juzgado por un tribunal militar, con base en el inciso a), fracción II del artículo 57 del Código de Justicia Militar. La Corte se ocupó de la revisión de ese juicio de garantías de manera excepcional, y el proyecto del ministro José Ramón Cossío daba parcialmente la razón a la quejosa, sobre todo en declarar la inconstitucionalidad de ese pasaje del código castrense y en disponer que la justicia civil se ocupara del proceso penal correspondiente al homicidio.

A sabiendas de que el asunto era de inminente resolución, y acaso conociendo el sentido de la ponencia, el procurador de Justicia Militar, general Gabriel Sagrero, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, así como el subsecretario Daniel Cabeza de Vaca visitaron a cada uno de los integrantes del pleno para disuadirlos de limitar el alcance del fuero de guerra conforme a su definición en el artículo 13 constitucional. No es insólito que los litigantes de una causa procuren hacerse oír por los juzgadores en refuerzo a lo expuesto en sus escritos. Pero es menos frecuente que lo hagan funcionarios de alto nivel en un asunto en que formalmente no representan a la autoridad responsable. Por lo demás, es de sentido común distinguir entre el efecto que puede generar el alegato de un particular con interés claramente delimitado que el derivado de la exposición del miembro del Ejecutivo que tiene a su cargo la relación con los otros poderes.

Gómez Mont se ha mostrado explícitamente contrario a que se toque al Ejército ni con el pétalo de una rosa. Hace apenas un mes, para no ir más lejos, aprovechó su comparencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no para contestar los cargos al Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla, una de las incontables víctimas de la Guerra Sucia de los años setenta, sino para elogiar el comportamiento de las Fuerzas Armadas en México como preámbulo a su defensa del fuero militar. Al volver de su presentación en San José el 7 de julio, intervino espontáneamente en una mesa redonda transmitida por la radio sobre el mismo tema, hablando de la insensatez de quienes promueven una modificación del régimen judicial aplicable al Ejército. Se podrían citar otras circunstancias en que ha manifestado su inquietud sobre el tema, como si de sólo debatir el asunto se desprendieran ofensas para los militares que el secretario estuviera obligado a impedir a toda costa.

En sentido contrario a la postura del secretario de Gobernación, en abril pasado la organización civil internacional Human Rights Watch presentó un informe sobre la justicia militar titulado Impunidad Uniformada, que examina casos de enjuiciamiento a soldados y oficiales en los años recientes en México, señaladamente en los correspondientes a la actual administración. El examen histórico no deja lugar a dudas: el que los juzgados castrenses procesen a militares por delitos cometidos contra civiles es garantía de impunidad.

Ello es así por la deficiente estructura del aparato de justicia militar, que carece de los atributos propios de un sistema de enjuiciamiento. No es autónomo ni pertenece al Poder Judicial, sino al Ejecutivo, y está regido por los principios de jerarquía y disciplina que son propios de la estructura militar pero por entero impertinentes en la administración judicial. Los procedimientos en los tribunales castrenses están afectados por una opacidad que no ha disminuido no obstante los progresos que en esa materia se observan en la administración federal de justicia.

Téngase como ejemplo de esa falta de transparencia lo ocurrido en torno a la desaparición y posterior homicidio de tres muchachos, capturados sin motivo aparente, y no en la comisión de un delito, por una patrulla militar en Nuevo Laredo, en marzo pasado. Después de negar ante los parientes que andaban en su busca que el Ejército los hubiera detenido, la Secretaría de la Defensa Nacional avisó que había abierto una averiguación previa por privación ilegal de la libertad y luego dio a conocer la consignación de nueve soldados y oficiales por ese delito. Salvo esas dos informaciones no se ha sabido más del caso, no obstante que se agravó notablemente cuando fueron hallados los cadáveres de los tres jóvenes cuya libertad fue afectada por miembros de las Fuerzas Armadas según reconocimiento explícito del alto mando de las mismas. La opinión pública ignora si se amplió la acusación del Ministerio Público Militar para averiguar si los captores de los muchachos fueron también sus homicidas y en qué circunstancia murieron.

Cajón de Sastre

El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, no puede quejarse. A pesar de sus impertinencias y su desenfado personal, es tan poderosa la causa que encarna, la restitución del orden constitucional en su patria, que el reclamo correspondiente quedó incluido en el resultado de la Cumbre de Líderes de América del Norte y él mismo fue recibido con honores en Quito, durante la III reunión de mandatarios de la Unión de Naciones Sudamericanas, que reiteraron su posición a favor de su regreso a Tegucigalpa como Presidente. La nota discordante la dio el ex presidente Fox, que ahora habla mal de Zelaya cuando que en enero de 2006 sus coincidencias (aun las físicas) eran tan notables que el mexicano contrastó su presencia en la toma de posesión del hondureño, con su ausencia en la de Evo Morales.

Reforma11/08/2009

Sueño y pesadilla de 1969

La promesa de paz, amor y música de Woodstock se truncó por los trágicos sucesos del festival de Altamont. Se cumplen 40 años del breve apogeo del ideal 'hippy'

DIEGO A. MANRIQUE 11/08/2009/El País



Con cada aniversario redondo, Woodstock vuelve a ser celebrado y la marca se reactiva comercialmente, amenazando con una nueva edición del festival. En 2009, aparte de varios libros, se publica la mayor colección de sonidos -canciones, avisos, presentaciones, ¡la tormenta!- del evento: una caja con seis discos titulada Woodstock 40 years on: back to Yasgur's farm (Warner).

Ese fin de semana (del 15 al 18) de agosto de 1969 ha quedado inmortalizado como modelo de convivencia: más de 400.000 personas se juntaron en las montañas de Nueva York, desbordando a los organizadores de la Feria de Música y Arte de Woodstock. No pudieron controlar las entradas o vigilar las vallas; a su pesar, Woodstock fue gratuito.

No era el primer festival de rock pero nadie tenía la experiencia necesaria para enfrentarse a semejante aglomeración. Woodstock se desarrolló gracias a esa capacidad estadounidense para improvisar: si resultaba imposible desplazar a los músicos por las saturadas carreteras, se alquilaban helicópteros -a veces, los mismos Hueys que combatían en Vietnam- que también evacuaban casos graves. Las cocinas de la comuna Hog Farm lograron milagros, pero aquello se hubiera colapsado sin las raciones de emergencia preparadas por monjas o damas judías de la zona; hasta los hoteles donaron alimentos.

Y eso que las primeras crónicas enfatizaban el peligro de epidemias, hambre, malos viajes. The New York Times incluso editorializó sobre lo que consideraba un desastre sin paliativos. Sólo tras el retorno de los asistentes se impuso una visión positiva, que destacaba la riqueza musical, la convivencia pacífica, el candor de los chicos que se bañaban desnudos. También resultaba tranquilizador el triunfo del hedonismo sobre el impulso revolucionario, ejemplarizado por el empujón de Pete Townshend a Abbie Hoffman, cuando el agitador yippie se atrevió a invadir el escenario de The Who para arengar a la tropa.

Poderosos intereses necesitaban retratar un Woodstock risueño. Urgía borrar los números rojos con el lanzamiento de los discos, con el estreno de la película. Sin embargo, la propia contracultura deseaba propagar la idea de que medio millón de jóvenes se podían reunir para escuchar música y divertirse, conviviendo armoniosamente bajo las reglas de la era de Acuario.

Un mito tan atractivo que embaucó a cínicos del calibre de los Rolling Stones. En noviembre, los británicos reaparecían en Estados Unidos, estableciendo el prototipo de gira estelar: desplazamientos en avión propio, grandes recintos, máximos beneficios. Jagger y compañía quisieron despedirse con un concierto gratuito, un Woodstock Oeste que además serviría como clímax del documental de la gira que estaban rodando los hermanos Maysles.

Terminaron en un circuito de carreras cerca de San Francisco. Lo ocurrido allí el 6 de diciembre garantiza que Altamont sea hoy sinónimo de caos y violencia. Fue una orgía de malas vibraciones, agravada por una organización descerebrada. Los Ángeles del Infierno, increíblemente contratados como seguridad, vapulearon a músicos y espectadores; harto de agresiones, un chico negro llamado Meredith Hunter esgrimió una pistola y murió acuchillado.

En honor a la verdad, tampoco Woodstock fue exclusivamente "paz y amor": nadie habla de los muertos. Allí se toleraron actos de vandalismo -el incendio de los puestos de comida- con excusas políticas. De hecho, hubo momentos de pánico: tras la lluvia, quedaron al descubierto cables eléctricos, haciendo muy real la posibilidad de una electrocución en masa.

Da lo mismo: Woodstock fue glorificado por la misma necesidad de eventos significativos que anatematizó a Altamont. Además, era fácil señalar con el dedo: los Stones cargaron con las culpas. ¿No eran músicos que se definían como "Sus Satánicas Majestades"? Pura fachada: estaban tan despistados que aceptaron la sugerencia de llamar a los Los Ángeles del Infierno californianos, creyéndoles simples moteros rebeldes, como los que les arroparon meses atrás en el Hyde Park londinense. Cuando llovieron los juicios, las querellas y las recriminaciones, hasta los Ángeles se sintieron utilizados y prometieron venganza: durante años, Jagger temió que hubieran encargado su eliminación.

Sin minimizar las responsabilidades del grupo, hoy parece que Altamont fue un grave error generacional. La aristocracia del rock de San Francisco decidió que, si la ciudad había sido el jardín del movimiento hippy en 1967, se sentía capaz de improvisar una versión californiana de Woodstock. Pero el Altamont Speedway no se parecía en nada a la edénica granja de Max Yagur. Y el público de la Costa Oeste era más resabiado, melenudo y escéptico que la multitud boquiabierta de Woodstock.

Paradójicamente, Jagger y compañía habían intuido el avinagramiento de la utopía hippy con Gimme shelter, que inevitablemente serviría para bautizar la película de los hermanos Maysles (ahora relanzada en DVD, con material extra). Tras Altamont, la inocencia del verano del amor resultaba un recuerdo embarazoso. Hasta diciembre de 1969, la contracultura no aceptaba que entre sus filas pudieran anidar las serpientes.

Fue ese mes cuando se difundió que la familia encabezada por Charles Manson era responsable de la masacre en la casa de Roman Polanski y otros asesinatos que aterrorizaron a los habitantes de Los Ángeles. Costó aceptarlo: los reporteros enviados por Rolling Stone a cubrir el caso iban convencidos de que aquello era un montaje, destinado a enfangar la reputación del movimiento hippy.

Manson tenía un amplio historial carcelario, aunque se había reinventado como gurú y aspiraba a difundir sus enseñanzas mediante canciones. Le garantizaban tipos respetables: hasta Neil Young habló de Manson a su discográfica, Reprise. Su comendación: "Charlie es bueno en lo suyo, sólo que un tipo un poco descontrolado".

Ismael Hernández Deras, riqueza explicable

Durango: megaproyecto de supuesto prestanombres del gobernador

2 Agosto 2009

El gobernador de Durango Ismael Hernández Deras no sólo es “exitoso” en política, también en los negocios. Víctor Sánchez Sariñana –exfuncionario de su administración y su supuesto prestanombres– encabeza un megaproyecto turístico de 6 mil millones de pesos en el Puerto de Mazatlán y sobre el que está pendiente un juicio político en el Congreso local por enriquecimiento ilícito

José Réyez / David Cilia, fotos / enviados/Contralínea

Durango, Durango. El aeropuerto del estado recibe a los visitantes con un anuncio espectacular en el que se observa la playa, las islas características del puerto y unas estrellas de mar con la leyenda “Mazatlán cerca de ti”. El promocional invita a visitar el puerto, ahora que en 2010 la supercarretera unirá a ambas ciudades en sólo dos horas y media (actualmente el recorrido es de seis horas) y será la puerta de entrada del Golfo al Pacífico, a través de la exhuberante Sierra Madre Occidental.

Paralelamente a la construcción de la supercarretera, prósperos empresarios duranguenses, encabezados por Víctor Sánchez Sariñana, un exfuncionario del gobierno de Ismael Hernández Deras y dueño de Inmobiliaria Korean –sobre quien pesa en el Congreso local un juicio político por la posible comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones, además de ser señalado como supuesto prestanombres del gobernador– desarrollan un megaproyecto turístico en la zona exclusiva de la Isla de Piedra, Mazatlán, Sinaloa.

Ubicada al sur de Mazatlán, la Isla de Piedra cuenta con 1 mil 600 hectáreas, propiedad de 87 ejidatarios. La empresa Korean utilizaría 2 mil hectáreas para la construcción de hoteles, condominios, departamentos y tiendas de lujo.

El proyecto forma parte del programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural (Fipp), el cual supone que los ejidatarios, sin vender sus tierras, se benefician de obras turísticas, inmobiliarias o de otro giro alternativo a la agricultura, de acuerdo con la Procuraduría Agraria.

Sánchez Sariñana ocupó hasta 2007 la coordinación general de Promotora de Proyectos Estratégicos de Durango, conocida como Transformadora Durango, desde donde supuestamente habría desviado recursos públicos para invertirlos en la compra de terrenos en la Isla de Piedra, denuncian diputados locales del Partido de la Revolución Democrática, quienes aseguran que el exfuncionario forma parte de los supuestos prestanombres del gobernador Ismael Hernández Deras.

El empresario constituyó Inmobiliaria Korean en 2000. Desde entonces ha realizado los fraccionamientos más importantes de Durango, entre ellos Loma Dorada Diamante, Brisas Diamante, Haciendas del Campestre, Parque Industrial Korean, Gardenias Privadas Residenciales, dentro del fraccionamiento Colinas del Saltito y Ciudad San Isidro, que actualmente es una reserva de alrededor de 300 hectáreas que incluirán áreas residenciales, industriales, comerciales y de servicios públicos integrales.

Apenas el 29 de junio de 2009, los integrantes de la Unidad Democrática Nacional del Partido de la Revolución Democrática denunciaron que está pendiente la realización de un juicio político en contra del extitular de Transformadora Durango, Víctor Sánchez Sariñana.

Mediante un decreto emitido por el gobernador de Durango en el Periódico Oficial el jueves 15 de febrero de 2007, se autorizó la creación de la Transformadora Durango, promotora de proyectos estratégicos, como un organismo auxiliar adscrito al gobierno del estado, “oficina que resultó un fiasco y sólo sirvió para desviar recursos públicos para los proyectos de Sánchez Sariñana, un personaje corrupto de la presente y de todas la administraciones públicas estatales”, dice el legislador local Juan Cruz Martínez, quien precisa que el megaproyecto de inversión turística será de 6 mil millones de pesos en la Isla de la Piedra.

El diputado Cruz Martínez señaló que desde octubre de 2008, en el Congreso del Estado “duerme el sueño de los justos” la iniciativa de acción popular en contra de Sánchez Sariñana, en el cual “fue denunciado por la posible comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso indebido de atribuciones”.

Cuando Sariñana, a la sazón expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, renunció bajo presión ciudadana, al año y medio de la creación de Transformadora Durango, había anunciado la conclusión de diversos proyectos “fantasmas” como el Centro de Convenciones, la Ciudad Pecuaria, el Parque Industrial, Parque Vial Norte, Agua Futura, Durango Verde, Planta de Etanol, Ciudad Gobierno, entre otros.

Dijo que debe hacerse justicia y dar trámite al juicio político que está pendiente de ejecutar en el Congreso local en contra de Sánchez Sariñana, lo cual se ve cada vez más lejos, merced al carro completo del PRI en los pasados comicios del 5 de julio, partido al que pertenece el exfuncionario, venido a empresario de altos vuelos.

El legislador se pregunta cómo es posible que un individuo como Sánchez Sariñana se haya enriquecido de la noche a la mañana, no sólo para invertir en la Isla de la Piedra, sino con la adquisición de 1 mil 500 hectáreas en Manzanillo, Colima, cuando su sueldo como funcionario público era de 70 mil pesos mensuales y sólo duro dos años en la administración de Hernández Deras. “Su vida todo el mundo la conoce en Durango, nunca fue un hombre rico”, remata.

El exsecretario de Desarrollo Social, Abraham Moreno, Víctor Sánchez e Ismael Hernández Deras son los propietarios de los fraccionamientos que han surgido por todos lados de la ciudad de Durango, aduce.

El diputado Arturo López Bueno precisa que el proyecto de Ciudad Pecuaria es un caso emblemático de corrupción del gobierno, ya que en 2008 los terrenos del Ejido 27 de Noviembre fueron adquiridos por la constructora a cargo de Félix Sariñana, pariente cercano a Víctor Sánchez, a un precio de “ganga”, y posteriormente fueron vendidos al gobierno del estado a precios estratosféricos.

Los precios fueron incrementados escandalosamente por el ayuntamiento de Durango, a la cabeza del priista y posible sucesor de Hernández Deras, Jorge Herrera Caldera, hasta 5 mil veces, dice el legislador. “Hubo un contubernio entre una cabeza que se dedica a hacer negocios a la sombra del poder público y un ayuntamiento que colaboró a final de cuentas en un negocio jugoso”, advierte.

En entrevista, la secretaria de Turismo del estado, Susana Elosegui, dice que el proyecto de Isla de la Piedra forma parte de los centros turísticos integralmente planeados; empero, no abunda en el tema y dice desconocer lo detalles del mismo.

La Isla de Piedra

Una vez que renunció al gobierno del estado bajo la presión social, Sánchez Sariñana se dedicó a promover megaproyectos fuera del estado. El más vistoso es La Isla de la Piedra, cuya primera etapa de 125 hectáreas está en proceso de negociación y regularización de los predios ante el Registro Agrario Nacional, dice con desenfado Santos Carrizales Cabrera, miembro del colectivo propietario de los terrenos.

Salvo dos personas que se oponen al proyecto, el desarrollo tendrá una extensión de 2 mil hectáreas y 13 kilómetros de playa, y contaría con la marina más grande de Latinoamérica, los restantes 85 ejidatarios están de acuerdo en participar como inversionistas del megadesarrollo. ¿Por qué no, si podemos salir de la miseria y ser parte del nuevo desarrollo?, dice Carrizales, el único que habla con los reporteros, pues ni el presidente del Comisariado Ejidal ni el tesorero accedieron a ello, “para no entorpecer las negociaciones”.

Negociaciones que Sánchez Sariñana lleva en forma cautelosa. Primero, hace un año, por la reticencia de los dueños de las parcelas a deshacerse de su patrimonio; luego, por la oposición interna que al final se redujo a dos labriegos; finalmente, como estrategia de penetración, el expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción de Durango “prestó”, a cuenta de su participación, 8 millones de pesos, unos 25 mil pesos mensuales a cada ejidatario durante los últimos dos meses, o bien, quien así lo prefiere recibe una camioneta último modelo.

Así es como el empresario ha penetrado la comunidad, asentada en la mejor zona de Mazatlán, distante apenas a 10 minutos del aeropuerto, vecina de la Apis, en una zona completamente virgen, y en donde el turismo de gran altura –la zona dorada de Mazatlán sería cosa del pasado– sentaría sus reales como el mejor centro de esparcimiento de playa del puerto, sólo para el gran turismo internacional y del país, al estilo del primer mundo.

Como gesto de que la cosa va en serio, Víctor Sánchez regaló 100 mil pesos a cada uno de los 85 campesinos el 7 de noviembre pasado, el Día del Ejidatario. En las negociaciones –cada mes acude al ejido personalmente o envía un operador a convencer a los labriegos de las bondades del megaproyecto– ha ofrecido 100 dólares por metro cuadrado, lo que representa 125 millones de dólares por las 125 hectáreas iniciales. Pero los ejidatarios están más interesados en ser socios del complejo turístico y recibir casas o condominios.

Miguel Carrizales, presidente de la Unión de Pescadores de La Isla de la Piedra, dice que desde hace tiempo varios inversionistas han querido comprar las tierras ejidales, lo mismo de México que del extranjero; sin embargo, recuerda que no ha sido posible porque si bien prometen mucho dinero, a la hora de la hora la gente teme ser víctima de engaños y traiciones.

Regularización territorial

La Procuraduría Agraria confirma que la Isla de la Piedra se encuentra en proceso de desincorporación para que las tierras puedan ser utilizadas por la inmobiliaria Korean, mediante convenios con los ejidatarios a quienes se les pagará un parte en dinero y la otra en departamentos del mismo desarrollo, explica.

La Procuraduría Agraria dice que se trata de un proyecto que se realizará a través del Fipp que promueve la dependencia. “Está en proceso el proyecto turístico en la Isla de la Piedra donde también se va a incorporar a los ejidatarios; no van a vender la tierra, sino que van a ser parte del proyecto y van a tener un beneficio de las edificaciones que se den”, expuso.

Advierte que para evitar conflictos se establecen acuerdos precisos, con sustento en el marco jurídico, pues la dependencia está obligada analizar las negociaciones para evitar que los campesinos resulten perjudicados. Se trabaja en el esquema de asociación y en la revisión del proyecto, a efecto de evitar que haya mayores complicaciones.

Según la Procuraduría Agraria, en México el 75 por ciento de las playas, el 80 por ciento de los bosques y el 74 por ciento de la biodiversidad se encuentran dentro de propiedades ejidales. Sólo el 5 por ciento de estas tierras están en conflicto, porque el 95 por ciento “ya ha sido regularizado y ofrece certeza jurídica a los inversionistas”. Con el Fipp, a escala nacional, se han generado 1 mil 620 millones de pesos en beneficio de los comuneros que entraron en el esquema de asociación en 2008. En el mismo esquema entrarían los ejidatarios de Isla de Piedra.

Jorge Abel López Sánchez, alcalde de Mazatlán, dice que el proyecto colocará al puerto como un destino internacional, complementario con la construcción del Centro Integralmente Planeado que hará el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en el pueblo de Teacapán.

“Se trata de un proyecto de varios millones de dólares de inversión en donde un conglomerado de empresarios de la Comarca Lagunera y del Grupo Hydra participan”.

Confirma que las negociaciones entre los inversionistas y el ejido van avanzadas.

“Hasta ahora los empresarios han ofrecido dinero para la adquisición de hectáreas. Los ejidatarios son buenos negociadores con la venta de sus terrenos y han sido muy cuidadosos”. Dice que debido a esta “megainversión” ya gestiona la carretera y un nuevo puente para garantizar a los desarrollos turísticos un acceso moderno y de calidad.

La Isla de la Piedra albergará un desarrollo turístico de gran envergadura: una nueva ciudad turística, muy similar al Centro Integralmente Planeado proyectado por Fonatur para Teacapán, confirmó Víctor Sánchez Sariñana, director general de la Inmobiliaria Korean, que representa a 180 inversionistas de Durango y otras entidades del país.

Mazatlán de primer nivel: Sariñana

Se espera que para fines de 2009 se encuentren regularizadas las propiedades de los ejidatarios ante el Registro Agrario Nacional. “Mazatlán tiene todas las características para ser un puerto de primer nivel, como Cancún y Puerto Vallarta. Mazatlán tiene todas las características para ser un desarrollo superior a Cancún”, dijo Sánchez Sariñana durante una entrevista en la inauguración de la Feria de Durango.

El proyecto ejecutivo se desarrollará en dos o tres años, para avanzar en el desarrollo de las 2 mil hectáreas dentro de 20 o 25 años. “Ya se convenció al ejido de la conveniencia de pasar de un estado ejidal a un estado privado. Lo haremos poco a poco, por etapas”, dijo. “Al ejidatario no se le despojará de tierras. No lo haremos empresario, pero lo haremos inversionista”, señaló. Sobre el hotel que se podría construir en Isla de la Piedra el próximo año, dice que se encuentra en anteproyecto.

Sin embargo, Óscar Díaz, encargado del proyecto de la Isla de la Piedra del grupo Korean, dice en entrevista que aún no hay nada concreto, pues se encuentra en la fase de estudios y de elaboración del concepto general, regularización del ejido y certificación de las tierras ante las autoridades agrarias.

Díaz niega a pregunta expresa que Víctor Sánchez sea prestanombres del gobernador Ismael Hernández en las inversiones de Mazatlán. Los únicos inversionistas y administradores en el proyecto son el ingeniero Víctor y otro socio, no hay nadie más, afirma.

Se trata de desarrollar un proyecto integral que culmine con la playa en Mazatlán, a través del corredor turístico de la Sierra Madre Occidental, el ecoturismo y otros desarrollos, concluye.

¿Costo colateral?

Denise Dresser

"Valiente". "Audaz". "Osado". Éstos son los calificativos que Barack Obama usará en la cumbre de Guadalajara para describir a Felipe Calderón y su lucha contra el narcotráfico. Son aplausos merecidos: el Presidente ha librado la guerra que encabeza con una persistencia irrebatible. Pero antes de que la palmada en la espalda se vuelva demasiado efusiva, es importante recordar los costos y las consecuencias de la cruzada calderonista para reposicionar la autoridad del Estado. En México hoy las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y la policía van en aumento, pero la impunidad persiste. Y aunque Obama y nosotros podemos reconocer los esfuerzos que Calderón promueve, es necesario insistir que la ilegalidad no puede ser combatida violando la ley.

Con 45,000 soldados recorriendo el país ha sido posible capturar a más narcotraficantes, encarcelar a más cómplices, confiscar más cargamentos. Pero la violencia va en ascenso, mientras que los efectos de la "guerra contra el narco" se vuelven alarmantemente claros: el número de denuncias por violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército ha crecido 600 por ciento en los últimos dos años, llegando a 140 por mes. La guerra contra las drogas se está convirtiendo en un serio problema para la población civil, que no debe ser minimizado o clasificado como daño residual. Los militares están capturando capos, pero también están violando garantías individuales. El combate al crimen está generando su propia forma de criminalidad.

A la luz de esto, el senador Patrick Leahy tuvo razón en rechazar el reporte que el Departamento de Estado estadounidense iba a emitir, sugiriendo que México ha honrado los compromisos de derechos humanos contenidos en la Iniciativa Mérida. Tuvo razón en recordar que, como parte de los 1.4 mil millones de dólares que México recibirá, el gobierno mexicano hizo promesas que aún no cumple. A cambio de la colaboración, México aceptó las condiciones. Contrajo compromisos que entrañan mayor transparencia por parte del Ejército y mayor rendición de cuentas por parte de sus miembros.

Una y otra vez, el gobierno de Felipe Calderón ha resistido estos requerimientos, aunque están contenidos en una iniciativa bilateral que aceptó. Su recalcitrancia lo lleva a asumir una posición contradictoria e inconsistente. Porque por un lado exige mayor involucramiento estadounidense en la guerra contra las drogas. Pero por el otro, defiende obstinadamente el excepcionalismo militar con respecto a la justicia y -cuando resulta políticamente conveniente- enarbola un discurso antiintervencionista que corre en contra de su exigencia de mayor ayuda. Quiere los helicópteros y los recursos de la Iniciativa Mérida, pero sin cumplir las obligaciones de derechos humanos que involucra. Quiere el cheque pero exige que sea en blanco.

El Presidente piensa que las violaciones a los derechos humanos son costos menores. Colaterales. Secundarios. Los que el país debe estar dispuesto a pagar porque, según dice, "la mayor amenaza a los derechos humanos es la criminalidad". Pero desafortunadamente la postura de Felipe Calderón es contraproducente y acabará minando la causa que defiende. Porque los abusos militares que no son sancionados reducen el apoyo público a la guerra que el gobierno intenta ganar. Porque si la impunidad abarca hasta el Ejército, erosionará la credibilidad que ha logrado mantener entre la población. Porque si en los círculos castrenses y policiacos suceden crímenes sin castigo, será imposible construir el Estado de Derecho en un país donde funciona de forma intermitente. Porque la criminalidad no se puede combatir con más criminalidad.

A menos de que el gobierno de Barack Obama insista y el de Felipe Calderón cumpla, la Iniciativa Mérida acabará financiando la impunidad uniformada. Permitirá que militares y policías continúen haciendo lo que hacen ahora: detener arbitrariamente a las personas, torturar para extraer confesiones, ignorar el debido proceso mientras llevan a cabo arrestos y eludir cualquier tipo de sanción por ello. Hasta que el general Galván haga más que proveer información incompleta sobre los militares investigados -como lo hizo en Washington recientemente- la ayuda estadounidense perpetuará el statu quo.

Por ello, antes de que Barack Obama ensalce con entusiasmo a Felipe Calderón en Guadalajara, debería -y deberíamos- hablarle de las mujeres violadas por el Ejército en Chihuahua, de la familia acribillada en un retén en Sinaloa, de las 30 personas apresadas sin el debido proceso en una iglesia en Michoacán. Y sí, habrá quienes digan que éstos son casos aislados. Menores. Intrascendentes. Habrá quienes cuestionen ¿para qué alzar la voz si no soy de Chihuahua? ¿Para qué reclamar si no soy de Sinaloa? ¿Para qué exigir el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos si nunca voy a misa en Michoacán? Y la respuesta es muy sencilla: porque cualquier día usted, lector o lectora, podría ser el siguiente "costo colateral".

Reforma10/08/2009

Destilando hedor

Roberto Zamarripa

La unción de Enrique Peña Nieto a la categoría de Próximo Presidente de México (PPM) provoca confusiones. Algunos locutores de la radio y la TV no saben si en cada mención a cuadro sobre las fiestas de La Gaviota deben anteponer el PPM cuando se refieran a su novio y si por ello recibirán una paga extra o si en la edición de los denominados publirreportajes al lado del nombre del gobernador del estado de México debe anotarse el acrónimo PPM en lugar de Lic. En el ámbito político preguntan: ¿Cuándo te invitan a una reunión del PRI en el estado de México vas de extra a la grabación o como delegado del partido? ¿Cuando la invitación dice todo incluido a quién se le piden las llaves de la suite y los pases al spa? ¿A Alejandro Quintero de Televisa o a David López, el vocero del PPM? ¿Cómo será justificada la precampaña electoral de Peña? ¿Como pago por evento?
A propósito del cumpleaños número 39 de la señora Angélica Rivera (a) La Gaviota, la conductora Maxine Woodside comentó: "Le hizo fiesta sorpresa el góber precioso -ése sí es precioso no como el de Puebla. La Gaviota celebrando 39 añitos, con 180 invitados (...) Sirvió el banquete Eduardo Kohlmann, un banquetero de muchas polendas y el show estuvo organizado, bueno toda la fiesta la organizaron, ya sabes, todo el equipo de Peña Nieto, fiesta sorpresa para su Gaviota. Y la variedad fue Yuri, Gilberto Gless, el Mariachi Gama Mil y una estudiantina... Y al final de la fiesta fuegos artificiales que decían: Felicidades mi amor (...) Los invitados se quedaron hospedados en este hotel también porque incluía hospedaje y Spa... era paquete completo (...) ¿Les gusta La Gaviota para primera dama? Porque él va que vuela para Presidente".
Otra nota, de Televisa Espectáculos, dijo que la sede de la fiesta "estuvo fuertemente custodiada por elementos de la policía estatal". En esa misma nota, la propia Yuri declara que firmó un contrato de ¡confidencialidad! por su actuación.
La pachanga "sorpresa" fue en el "Hotel Real Hacienda de Santo Tomás", municipio de Villa Victoria, donde la suite cuesta entre 3 mil y 6 mil pesos por noche y el spa se cobra aparte. Si la mayoría de los invitados se quedó ahí luego de la fiesta "el equipo de Peña Nieto", como dice Woodside, tuvo que pagar una centena de cuartos, el desayuno, las mimosas para la cruda y otros suplementos alimenticios más.
En el programa radial Así lo dice Lamont se llegó a decir que la fiesta costó "un millón de dólares", pero cómo saberlo si Yuri declaró que su contrato es confidencial y el de Gless, como es cómico, seguramente lo pactaron muertos de la risa. Además del pago del Mariachi Gama Mil o de la estudiantina y el banquete de Kohlmann. El fuerte operativo policiaco, vigilancia que no tiene ninguna fiesta de cumpleaños en Chimalhuacán, conlleva un costo para los contribuyentes mexiquenses. Qué detallazo si el señor Enrique Peña Nieto pagó un millón de dólares de su bolsa para la fiesta de su novia que, si era sorpresa, para qué le avisa a toda la jefatura de la policía estatal. Salió más millonario que Montiel. Ahora bien, si quien pagó fue PPM, pues es un oneroso gasto de precampaña. Pero si pagó el gobierno del estado de México, debería aclarar el rubro presupuestal.
No fue la única fiesta sorpresa de cumpleaños que organizó Peña (PPM). El jueves 6 en el Hotel Sheraton del Centro Histórico convocó a los gobernadores del PRI para celebrar, les dijo, el cumpleaños de la gobernadora yucateca, Ivonne Ortega. La comida fue anodina y muchos gobernadores ni masticaron un pan. En realidad, fue un desplante de los gobernadores para decirle a Beatriz Paredes, la presidenta del PRI, que el poder de decisión priista estaba en esa mesa y con esos comensales.
Antes Peña recibió en su despacho de gobernador pero en calidad de PPM, a varios legisladores federales electos quienes acudieron a Toluca en agradecimiento por el dinero que el mexiquense aportó a sus campañas. Un diputado de Guerrero participante dijo que Peña "comentó que lo obvio no se puede ocultar y que si las cosas seguían como hasta ahora a él le interesaría encabezar un proyecto nacional y contar con nuestro respaldo" (Reforma, 6/08/09).
Así anda Peña, sin aclarar el uso del dinero público para fiestas particulares o grillas partidistas. Anda destilando hedor.

Reforma10/08/2009

Contar la violencia

LOLITA BOSCH 08/08/2009/El País


Escritores y periodistas excepcionales y valientes han creado en los últimos años una rica literatura sobre el narcotráfico, que suele ser mejor si parte de la realidad. Narrar hoy lo que está ocurriendo en México es mucho más difícil que inventarlo.

Jesús Blancornelas. Mientras lea este texto, no olvide este nombre. Insisto: Jesús Blancornelas. Y empiezo: en Tijuana, desde hace 26 años, se publica un semanario independiente llamado Zeta (Premio Fundación Cano de la Unesco, Premio Nacional de Periodismo de México, Premio Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras). Y casi hasta su muerte, el director de Zeta se presentó cada día a trabajar custodiado por 14 militares. Como hubiera dicho él: "Vivió enchalecado". Hacía apenas diez años había sobrevivido a un narcoatentado en el que murió su guardaespaldas. Y había visto, tiempo atrás, cómo al otro director de Zeta sí lo habían matado: Héctor Félix Miranda (1940-1988). Por eso el semanario formó un consejo de redacción, previendo futuras amenazas y desastres. Y, en efecto, en 2004 otro de sus miembros fue asesinado enfrente de sus dos hijos: Francisco Ortiz Franco (1956-2004), cuando investigaba la muerte de Miranda, que el nuevo presidente Vicente Fox, ahora sí, se había comprometido a aclarar.

De modo que el final de Jesús Blancornelas (1946-2006) fue una victoria. Porque no lo mató el narco, sino que murió en un hospital, junto a su familia, a salvo. Y eso a pesar de que el Cártel de Tijuana le había puesto a su cabeza el precio de 5 millones de dólares.

Hoy sus Conversaciones privadas, la columna que escribía semanalmente en Zeta, son la raíz de este texto. El origen de mucho de lo que hoy se escribe sobre el narcotráfico mexicano. Nuestro papá, me dice un amigo escritor. Porque como el propio Blancornelas explicó: "En nuestro país resalta el escándalo; los periodistas y no la policía descubren capos y transas". Y porque fue, además de un reportero riguroso, ético y valiente, un escritor excepcional. Nuestra referencia.

Publicó siete libros, cuatro de ellos recopilaciones de sus artículos de Zeta: Conversaciones privadas (Ediciones B, 2001), Horas extras (Plaza & Janés, 2003), El cártel (Grijalbo, 2004) y En estado de alerta: periodistas y Gobierno frente al narcotráfico (Plaza & Janés, 2005). Y lo hizo en un lenguaje entrecortado, violento, roto. Muy parecido al mundo que nos contaba. Porque la narcoliteratura, en México, suele ser mejor si parte de la realidad que si trata de ficcionarla. No porque, como suele decirse, la realidad le gane a la ficción. Sino porque contar lo que está ocurriendo es más difícil que inventarlo. Y, por lo tanto, los textos que se lo proponen, suelen ser mejores. Más ambiciosos.

Lo logran otros cronistas, periodistas o académicos. Y yo quiero detenerme en dos: Luis Astorga y Jorge Fernández Menéndez. El primero no es un investigador con vocación narrativa como fue, tal vez sin darse cuenta, Jesús Blancornelas, sino un académico riguroso y gran conocedor de todos los procesos que el narcotráfico genera en México. Por eso su libro El siglo de las drogas (Plaza & Janés, 2005) es tan necesario para entender de dónde viene el mundo al que hemos llegado. Y una vez aquí: El otro poder (Punto de Lectura, 2001), de Jorge Fernández Menéndez, que cuenta cómo cambiaron las relaciones del narcotráfico con el poder cuando el PRI (Partido Revolucionario Institucional) perdió las elecciones y salió electo el primer presidente de la incipiente democracia mexicana: Vicente Fox. Que dicho sea de paso: nunca aclaró el asesinato de Francisco Ortiz Franco que se había comprometido a resolver. Pero sigo con Fernández Menéndez y con la manera en que nos cuenta cómo el narco pactaba con los priístas y cómo esto hacía que México pareciera un país controlado. Hasta que se acabó la dictadura, subió al poder el PAN (Partido de Acción Nacional), se desbarató el control y comenzó la vertiginosa cadena de violencia en la que el país vive inmerso hoy.

El resultado es que no obstante el narco sea uno de los principales temas en las librerías mexicanas, en contadas ocasiones la ficción ha logrado verdaderamente adentrarse en aquello que la realidad no puede abarcar. Aunque algunos libros de investigación que cabalgan entre el periodismo y la narrativa hayan conseguido enmarcar un mundo que siempre, cuando tratamos de entenderlo con cabalidad, nos parece imposible. Por irreal. Un buen ejemplo de esos libros sencillos de leer y meticulosos en sus investigaciones, ante los cuales muchas veces nos resulta difícil hacer una selección, es Con la muerte en el bolsillo, premio Planeta de Periodismo 2005, escrito por María Hidalia Gómez y Darío Fritz. Seis historias sobre el narcotráfico de las que todos hablamos como si las conociéramos pero que los dos periodistas, en efecto, han sabido documentar con precisión y casi narrar como si fueran seis cuentos: la muerte de Amado Carrillo Fuentes durante una operación estética para modificarse el rostro; la escalada de los hermanos Arellano Félix y su Cártel de Tijuana; la red de corrupción que el capo del Cártel del Golfo impuso en una prisión de máxima seguridad; la captura del líder de la primera organización criminal tecnológica del país: el Cártel de los Valencia, o la lucha de los policías y militares que no han sucumbido a la corrupción y sus desiguales relaciones con la DEA (Drug Enforcement Administration). Historias terribles, crueles y tristísimas, que como dijo el escritor norteño Eduardo Antonio Parra, "ilustran nuestra ignorancia". Porque se suele hablar del narcotráfico como si supiéramos algo. Y de este modo lo estamos convirtiendo en un paisaje literario con reminiscencias de la Sierra Madre por la que campaba Humphrey Bogart o aquel Acapulco de Frank Sinatra. México explicado sin pudor. Literatura de bajísimo nivel que habla de este complejo mundo criminal como si pudiera ser estereotipado o fácilmente comprendido. Lo resume el crítico mexicano Rafael Lemus: "El costumbrismo es, suele ser, elemental. A veces excluye, casi completamente, la invención, como si la imaginación no pudiera agregar nada a la realidad. La prosa es, intenta ser, voz, rumor de las calles (...). Ésta, la estrategia general. Básica. Reiterada. Inmóvil".

Y es cierto. Pero hay más. Porque, descontextualizados, algunos autores resultan imprescindibles. Destaca, por encima de cualquier otro escritor norteño, el tijuanense Luis Humberto Crosthwaite. La amistad entre los dos corridistas de Idos de la mente (Joaquín Mortiz, 2001), sus Instrucciones para cruzar la frontera (Joaquín Mortiz, 2002) o la novísima Aparta de mí ese cáliz (Tusquets Editores, 2009) lo convierten en el escritor del Norte. Javier Cercas sugiere que leamos sus "relatos secos, duros, irónicos, llenos de sentimiento y huérfanos de sentimentalismo". Aunque advierte, y tiene razón, que en las librerías españolas nos costará encontrarlo. Porque todavía no existen canales de distribución que permitan que la literatura viaje, de una vez y para siempre, entre lectores.

Aunque mientras esperamos que eso suceda, podemos recurrir a Internet o encontrar, en España, el ya clásico No es país para viejos, de Cormac McCarthy (Mondadori, 2006), o el nuevo El poder del perro, de Don Winslow (Mondadori, 2008), que ya lleva dos ediciones en apenas cuatro meses. Un libro trepidante y adictivo, que narra la historia del narcotráfico mexicano empleando con maestría un truco literario: contar lo que pasa en muchos años como si pasara en pocos y lo que les ocurre a muchas personas como si les pasara a dos hermanos que están claramente inspirados en Ramón y Benjamín Arellano Félix. No lo podrán soltar. Aunque irrite al lector experimentado que el traductor no haya cotejado los nombres mexicanos de las instituciones que ha traducido directamente del inglés o que a la codiciada green card la llame tarjeta verde. Pero no importa: no se lo pierdan. Y lean también a otros autores sin traducir. Todos ellos mexicanos. El más conocido: Élmer Mendoza, que escribió las peripecias de dos traficantes de mariguana en El amante de Janis Joplin (Tusquets Maxi, 2008) y de quien dijo Daniel Sada: "El autor deja traslucir lo que André Gide pedía de todo novelista: ser un amplio conocedor del tema que aborda". Y Élmer Mendoza, que ganó el Premio Tusquets 2008 con Balas de plata, lo es. Tanto que en México hay quien lo llama narcoescritor. Aunque él responda: "Lo que hago es ficción. Y no he tenido problema de ningún tipo". Porque tras la aparición de libros como Gomorra, de Roberto Saviano, muchos se preguntan si escribir sobre el narco no se ha convertido en un riesgo. Y de nuevo contesta Élmer Mendoza: "Es peligroso para la prensa. Los periodistas trabajan entre las patas de los caballos; en cambio, nosotros cabalgamos tranquilamente en los lomos". Aunque advierte: "No sé cómo va a salir la literatura que aborde los dos últimos años". Porque efectivamente esta literatura todavía no se está haciendo. Ese mundo reciente sí es demasiado peligroso y nadie se ha atrevido a narrarlo. Pero se hará. Sin duda. Porque la literatura, junto con la música de corridistas extraordinarios como Los Tucanes de Tijuana o las radionovelas de principios de siglo que hoy pueden escucharse en Internet, ha demostrado ser un traje de buzo para zambullirse en este mundo que de otro modo nos parece blindado. Y algunos jóvenes que también se pueden encontrar en las librerías españolas son buena prueba de ello. Todos desde un presente común, todos alrededor del narco: Los minutos negros (Mondadori, 2006), de Martín Solares, que aborda el tema de la corrupción policial en el norte del país; Julián Herbert, quien en 2006 ganó el prestigioso Gilberto Owen de poesía y publicó Cocaína: manual de usuario (Almuzara, 2006), con el que un adicto trata de explicarse el mundo de la droga desde un lugar opuesto, y Yuri Herrera, que reeditó Trabajos del reino (Periférica, 2008): la historia de un corridista que ya había sido publicada en México y con la que ganó el Premio Binacional de Novela Border of Words en 2003.

Y casi acabo. Sólo dos libros más. Del renombrado periodista mexicano Sergio González Rodríguez, El hombre sin cabeza (Anagrama, 2009): un esfuerzo por observar, de cerca, las decapitaciones cada vez más frecuentes en México. Y, para terminar, un libro imprescindible que viene de afuera, de nuestro triste referente internacional sobre el narcotráfico que es hoy Colombia: Los ejércitos de Evelio Rosero (Premio Tusquets 2006, Premio Nacional de Literatura de Colombia 2006, Independent Foreign Fiction Prize en Londres 2009), cuya voluntad de contar moralmente la violencia lo convierte en un libro único. Una perspectiva que hoy, en México, todavía echamos en falta.

Lolita Bosch es escritora, autora de La familia de mi padre (Barcelona, Mondadori, 2008), entre otras obras. Ha vivido diez años en México.

Aseguran "narcolaboratorio" en Durango

La Décima Zona Militar informó que el laboratorio para procesar drogas asegurado en esta entidad, en un operativo donde también se decomisaron vehículos y armas, estaba en una superficie de más de 240 hectáreas y se conformaba por 22 módulos.

DURANGO, DGO.- De acuerdo con los reportes, este predio localizado en el municipio de Tamazula sería el más grande complejo de edificios para procesar droga asegurado por militares.
Este hallazgo se ubicó en el poblado Las Trancas, en la comunidad El Rodeo de dicha demarcación, en la zona limítrofe de Durango con Sinaloa, en plena zona de la Sierra Madre en el llamado "Triángulo Dorado".
La Décima Zona Militar, a cargo del general Moisés Melo García, informó que este complejo era utilizado para la fabricación de drogas sintéticas, especialmente las conocidas como "crystal", y en la acción no hubo personas detenidas. (Notimex)