CARLOS MALDONADO / EL SIGLO DE TORREÓN-AEE / MÉXICO, D.F.
Una nueva denuncia por el endeudamiento de Coahuila, suma los cargos de ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, así como falsificación de documentos en general, contra Humberto Moreira exgobernador del estado.
El senador del PAN, Guillermo Anaya Llamas, acudió la mañana de ayer miércoles a las oficinas de la Procuraduría General de la República a entregar al agente del ministerio público una nueva denuncia contra el exgobernador y exdirigente nacional del PRI. "Esta denuncia amplia el abanico de hechos ilícitos que se cometieron para contratar deuda por más de 37 mil millones de pesos y venimos a comprobar que el exgobernador Humberto Moreira, tenía conocimiento y tiene plena responsabilidad", aseguró quien contendiera por la gubernatura.
Anaya explicó que debido a que en su calidad de Gobernador, Moreira, debió por ley solicitar mensualmente los estados financieros de la entidad. Dijo que el "profesor" debió "exigir mensualmente a la tesorería general del estado la cuenta de ingresos y egresos y remitirla al congreso o a la diputación permanente...cuidar de los fondos públicos, que en todo caso estén bien asegurados y que su recaudación y distribución se hagan con arreglo a las leyes, esto demuestra que Moreira conocía mes a mes el estado que guardaban las finanzas públicas del estado de Coahuila".
El senador puntualizó que con esta denuncia presentada se suman ya una decena contra este caso, tomando en cuenta las 3 denuncias interpuestas por los legisladores locales, 2 más por senadores, y las hechas por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda.
Agregó que "Lo que estamos solicitando a la Procuraduría General de la República es que agilice estas investigaciones, estas averiguaciones, que no vamos a quitar el dedo del renglón, que no vamos a permitir que haya impunidad".
Además dijo que se solicitará que los bienes producto de la posible malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, fincados en denuncias previas, sean congelados y aseguró que "probablemente también encuadre la ley de extinción de dominio una vez que se tengan asegurados los bienes de Javier Villareal, entonces tesorero y prestanombres de Humberto Moreira".
Dijo que como parte de las indagatorias que realiza la PGR ya se está solicitando a las autoridades de Estados Unidos su colaboración para asegurar los bienes que los funcionarios y prestanombres de Moreira compraron en Estados Unidos.
"Las averiguaciones van avanzando, y sabemos que algunos bienes propiedades de Javier Villareal, de Vicente Chaires, gente muy ligada a los amigos de Humberto Moreira, son bienes que están en el extranjero, en San Antonio, Texas, en Laredo, en Mc Allen y que se tiene que pedir la colaboración del gobierno de Estados Unidos", aseguró Anaya.
Acompañaron al senador Anaya a presentar la denuncia, Laura Rojas, coordinadora nacional de Diputados Locales del PAN, Carlos Orta, presidente del Comité Estatal de Coahuila del PAN; Fernando Gutiérrez, diputado local de Coahuila y Armando Guadiana Tijerina, empresario e integrante del Organismo de Participación y Claridad Ciudadana.
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jueves, 12 de enero de 2012
domingo, 30 de octubre de 2011
Recupera Javier libertad al pagar sólo 1.6 mdp
Vanguardia
30 Octubre 2011
Luego de ser detenido alrededor de las 17:00 horas del viernes por la Fiscalía Estatal y fichado en el penal de Saltillo, finalmente el ex secretario ejecutivo del SATEC, Javier Villarreal Hernández, abandonó el centro penitenciario alrededor de las 08:00 horas de ayer, tan sólo 15 horas después de su captura, luego de cubrir una fianza de 1.6 millones de pesos.
Saltillo, Coahuila. En una camioneta Cherokee de reciente modelo fue donde aparentemente el ex funcionario estatal, quien fuera encargado de las finanzas de Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira, dejó las instalaciones del Cereso.
Según dio a conocer el fiscal Jesús Torres Charles, el ex funcionario estatal terminó de declarar a las 06:00 horas de ayer, para posteriormente pagar su fianza, “son delitos patrimoniales y todos alcanzan libertad caucional”, señaló.
La fianza de Javier Villarreal se fijó de una manera global, es decir, fue una fianza solidaria de 10 millones de pesos que se pagará entre los seis funcionarios implicados, explicó Torres Charles.
Aproximadamente una hora después de que Villarreal Hernández recuperó su libertad, la FGE informó a través de un comunicado sobre la detención de otro funcionario del SATEC, Sergio Ricardo Fuentes Flores, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de Saltillo.
Fuentes Flores fungió como Administrador General de Políticas Públicas del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila y tenía bajo su responsabilidad la gestión, trámite y contratación de créditos a nombre del estado con instituciones bancarias, así como el registro de la deuda pública.
Torres Charles reiteró que además de Javier Villarreal y Fuentes Flores, hay cuatro funcionarios del SATEC implicados en la investigación por falsificación de documentos para la adquisición de deuda pública en Coahuila. Pero a pesar de ser un caso de interés público, evitó dar los nombres del resto de los funcionarios.
‘AMARRADO’ A SALTILLO
Javier Villarreal no cuenta con vigilancia permanente, sin embargo en caso de ser requerido ya sea de forma física o por medio de llamadas telefónicas, está obligado a responder, lo anterior de acuerdo a las reservas estrictas donde tiene prohibido salir de la ciudad.
En caso de infringir la ley o cualquier falta administrativa, su libertad le sería retirada de inmediato.
El caso se encuentra en etapa indicial procesal. Sus abogados pidieron un plazo de 72 horas para resolver su situación legal, el plazo para dictarle formal prisión podría extenderse desde dos meses hasta dos
(Con información de Karla Guadarrama, Édgar González y Violeta Rodríguez)
30 Octubre 2011
Luego de ser detenido alrededor de las 17:00 horas del viernes por la Fiscalía Estatal y fichado en el penal de Saltillo, finalmente el ex secretario ejecutivo del SATEC, Javier Villarreal Hernández, abandonó el centro penitenciario alrededor de las 08:00 horas de ayer, tan sólo 15 horas después de su captura, luego de cubrir una fianza de 1.6 millones de pesos.
Saltillo, Coahuila. En una camioneta Cherokee de reciente modelo fue donde aparentemente el ex funcionario estatal, quien fuera encargado de las finanzas de Coahuila durante la gestión de Humberto Moreira, dejó las instalaciones del Cereso.
Según dio a conocer el fiscal Jesús Torres Charles, el ex funcionario estatal terminó de declarar a las 06:00 horas de ayer, para posteriormente pagar su fianza, “son delitos patrimoniales y todos alcanzan libertad caucional”, señaló.
La fianza de Javier Villarreal se fijó de una manera global, es decir, fue una fianza solidaria de 10 millones de pesos que se pagará entre los seis funcionarios implicados, explicó Torres Charles.
Aproximadamente una hora después de que Villarreal Hernández recuperó su libertad, la FGE informó a través de un comunicado sobre la detención de otro funcionario del SATEC, Sergio Ricardo Fuentes Flores, en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de Saltillo.
Fuentes Flores fungió como Administrador General de Políticas Públicas del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila y tenía bajo su responsabilidad la gestión, trámite y contratación de créditos a nombre del estado con instituciones bancarias, así como el registro de la deuda pública.
Torres Charles reiteró que además de Javier Villarreal y Fuentes Flores, hay cuatro funcionarios del SATEC implicados en la investigación por falsificación de documentos para la adquisición de deuda pública en Coahuila. Pero a pesar de ser un caso de interés público, evitó dar los nombres del resto de los funcionarios.
‘AMARRADO’ A SALTILLO
Javier Villarreal no cuenta con vigilancia permanente, sin embargo en caso de ser requerido ya sea de forma física o por medio de llamadas telefónicas, está obligado a responder, lo anterior de acuerdo a las reservas estrictas donde tiene prohibido salir de la ciudad.
En caso de infringir la ley o cualquier falta administrativa, su libertad le sería retirada de inmediato.
El caso se encuentra en etapa indicial procesal. Sus abogados pidieron un plazo de 72 horas para resolver su situación legal, el plazo para dictarle formal prisión podría extenderse desde dos meses hasta dos
(Con información de Karla Guadarrama, Édgar González y Violeta Rodríguez)
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