Corte no sancionará a Bours, Karam o a Molinar: Oñate

El secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo de la SCJN expuso que ésta sólo podrá resolver si los funcionarios presuntamente responsables del incendio en el caso ABC violaron derechos humanos, pero no si irán a la cárcel.

Notimex
Publicado: 09/06/2010 14:10

México, DF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo podrá resolver si los funcionarios presuntamente responsables del incendio en la Guardería ABC violaron derechos humanos pero no si irán a la cárcel u alguna otra sanción, precisó el secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo del alto tribunal, Alfonso Oñate Laborde.

Durante la presentación del primer volumen de Cuadernos de Derecho y Ciencia, indicó que el dictamen del ministro Arturo Zaldívar se hizo conforme a un protocolo que considera la solicitud de la opinión de la SCJN por parte de los padres de los menores muertos en la tragedia.

Ahora, explicó, como se propone en el proyecto, se verá la opinión del resto de los ministros, lo que podría ser un elemento para establecer responsabilidades políticas y morales de los servidores públicos involucrados en los hechos ocurridos en Hermosillo, Sonora.

Indicó que ello significa que quienes ejercen un puesto público deben hacerse responsables de sus acciones y omisiones ante la sociedad.

Oñate Laborde planteó que en una sociedad democrática y en un Estado de derecho, uno de los principios fundamentales es que la autoridad responda ante la población no sólo por aquello que hace sino también por lo que deja de hacer.

El dictamen señala como posibles responsables a Juan Molinar Horcasitas, actual secretario de Comunicaciones y Transportes; Eduardo Bours, ex gobernador del estado; y Daniel Karam, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Oñate dejó claro que lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no implicará necesariamente que sean sancionados, dejen sus cargos o vayan a la cárcel pues no se trata de un procedimiento penal, el único que puede tener como consecuencia la privación de la libertad.

Recordó que el dictamen emitido por el ministro Zaldívar se empezará a debatir el 14 de junio próximo en el pleno del alto tribunal a fin de esclarecer lo que sucedió hace más de un año en la Guardería ABC y si eso constituye o no una violación grave a derechos fundamentales.

Alfonso Oñate subrayó que el análisis de la situación constituye un recurso extraordinario de intervención de la SCJN, una vez que han sido rebasadas las autoridades y las instancias locales y federales.

Aclaró que no se incluirá en el debate la presunción de que el siniestro fue provocado; “sólo se discutirá lo que ya presentó en su dictamen el ministro Arturo Zaldívar el pasado jueves”, recalcó el funcionario del alto tribunal.

El jinete de la corrupción

EMITE 75 CHEQUES SIN JUSTIFICACIÓN

La confirmación documentada en torno a la cauda de corruptelas, fraudes, conflictos de interés y omisiones criminales de Eduardo Bours, ex gobernador de Sonora, llegó por fin... Por un lado, la SCJN le recordó su parte de responsabilidad en la tragedia que, además de haber cobrado la vida de 49 niños y quemaduras a más de 100, le costó la gubernatura a su partido, el PRI. Por otro, mediante una serie de auditorías la nueva administración panista ratificó sus malos manejos

Domingo, 06 de Junio de 2010


MÉXICO, DF.- En las tardes calurosas de Hermosillo, un tranquilo Eduardo Bours suele hacer largas cabalgatas por sus propiedades y presumir con sus amigos la estampa y el trapío de sus caballos: dos pura sangre de una raza árabe que sólo pueden comprar jeques, príncipes, empresarios acaudalados...

Pero ahora el ex gobernador de Sonora tiene motivos para preocuparse. El jueves 3, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar lo señaló como uno de los 14 funcionarios y ex funcionarios que tienen responsabilidad en la tragedia ocurrida hace un año en la guardería ABC de Hermosillo.

Pero eso no es todo. Una investigación emprendida a instancias del nuevo gobierno estatal, que encabeza el panista Guillermo Padrés y quedó a cargo de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, confirmó lo que se sospechaba desde las primeras revisiones efectuadas por despachos externos en cuanto al desempeño de Bours como gobernador: múltiples maniobras para la falsificación de documentos, desviación de recursos públicos, fraudes de todo tipo...

En varias ediciones Proceso dio cuenta de los escandalosos malos manejos en los que incurrió repetidamente el entonces mandatario. Sólo un ejemplo: el caso del Plan Sonora Proyecta, mediante el cual el gobernador priísta dio la pauta para endeudar al estado con alrededor de 10 mil millones de pesos a través de un fideicomiso privado; proyecto que, sin embargo, fue impugnado por la Suprema Corte, toda vez que pretendía valerse de la "bursatilización" de la deuda pública.

En abril de 2008, en medio de estos escándalos de corrupción, a los que se sumaron los de violencia y narcotráfico, este semanario realizó una radiografía en dos vertientes: los multimillonarios negocios realizados por los Bours a la sombra del poder y las redes tejidas para la presunta protección del tráfico de drogas en la entidad.

El empresario y político priísta demandó por daño moral al autor de ese reportaje, Ricardo Ravelo, así como a la empresa editora de Proceso, Comunicación e Información, SA de CV; pero un año después, el 21 de abril de 2009, el Juzgado Decimotercero de Distrito en el DF la declaró insubsistente.

LAS AUDITORÍAS

El 1 de noviembre de 2009, ya en el gobierno panista, el secretario de la Contraloría General del Estado, Carlos Tapia Astiazarán, le notificó al secretario de Hacienda local (oficio S-1678/2009), Alejandro López Caballero, que se iba a efectuar una auditoría a su dependencia en los rubros de ingresos, egresos, bancos, adquisiciones de bienes y servicios, deudores del erario, acreedores diversos y proveedores. El arqueo, precisó, abarcaría del 1 de enero de 2008 al 31 de noviembre de 2009.

De acuerdo con la documentación oficial del caso, a la que el reportero tuvo acceso, desde distintas unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Bours se emitieron no 22 cheques, como se presumía en principio, sino 75 de cuatro diferentes instituciones bancarias por un monto total de 191 millones de pesos.

Según los resultados de las auditorías –las revisiones se prolongaron cuatro meses y culminaron en marzo último–, 33 funcionarios de la administración de Bours fueron encontrados responsables de la defraudación al erario. De éstos, cuatro aparecían como firmantes de los documentos bancarios.

El coordinador de área de la Subsecretaría de Control de Fondos y Pagaduría, actualmente en funciones, expidió 16 cheques por 40 millones 500 mil pesos; Édgar Prendas Sandoval, director de la Tesorería del estado, temporalmente en funciones, emitió otros 16 cheques por una cantidad igual; Elba Marcela Ruiz Quintero, subdirectora de la Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría, firmó 15 cheques por 37 millones 900 mil pesos; Dulce María Huerta Meza, directora actual de la Tesorería General del estado, sacó 15 más por 35 millones 600 mil pesos, y Fernanda Alicia Obregón Garza, jefa de departamento en la Dirección General de Administración, liberó 14 cheques por 36 millones 500 mil pesos.

En dos denuncias dirigidas a José Ángel Calderón Piñeiros, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial, de la Secretaría de la Contraloría, Argüelles Canseco señaló que los 33 funcionarios incurrieron en desvío de recursos y pagos sin el respaldo de facturas o recibos.

En la lista de órdenes de pago a proveedores emitidas en 2009 y solicitadas por la Auditoría a la Secretaría de Hacienda figura el pago de 5 millones 159 mil pesos a la empresa Advanced Business System para el seguimiento y captura del presupuesto de ingresos integrado al sistema de información y finanzas; otro por 7 millones 894 mil pesos a la compañía GOCG Procesos y Soluciones por "comisión de éxito por aportaciones al Fonden"; uno más, por 4 millones 485 mil pesos, a Alianza Empresarial de Sonora por la "intermediación" para la obtención de un crédito por 260 millones de pesos, y 6 millones de pesos a Proyectos Mega y Desarrollos por la elaboración de corridas financieras y de un contrato de términos y asesoría en la consecución de 105 millones para el gobierno del estado.

Frente a esta discrecionalidad financiera propiciada por la emisión de "cheques fantasma" y su cobro por parte de personal ajeno al gobierno, en abril último el contralor Tapia Astiazarán explicó en conferencia de prensa que las revisiones efectuadas como parte de las auditorías al sexenio pasado permitieron descubrir nuevos cheques que aparecían como cobrados por trabajadores de la Secretaría de Hacienda estatal.

"Están a nombre de terceros y éstos todavía son funcionarios en la Secretaría. Ellos desconocen la existencia de esos cheques y no son sus firmas las que los endosan", precisó, y añadió: "Además de quienes recibieron los cheques, están quienes los firmaron. Ahí aparecen todos los procedimientos internos de la creación del pasivo, de la solicitud del cheque, de la expedición del cheque".

Adelantó que una vez terminada la auditoría deberán investigarse todos los movimientos. Sin embargo, se equivocó al señalar que la mayoría de los implicados ya no estaba laborando en el gobierno estatal, pues, de acuerdo con la auditoría final, de los 33 funcionarios involucrados 23 aún ocupan los mismos puestos.

Ahora que la Secretaría de la Contraloría General concluyó la indagación empezará a llamar a ex funcionarios estatales que tuvieron participación en el presunto fraude por el cobro de cheques que hicieron terceras personas.

El contralor del estado informó que ahora se integra el expediente y sólo faltan detalles. Mientras tanto, se piensa fincar responsabilidades, pues algunas de las irregularidades detectadas son constitutivas de delitos que se persiguen penalmente.

HISTORIAL DE MANEJOS TURBIOS

Cuando abandonó el cargo a mediados de septiembre de 2009, Bours ya enfrentaba denuncias de la oposición por desvío de recursos públicos mediante la emisión de cheques fantasma; además, los opositores lo acusaron de haber elevado la deuda debido a su mal manejo de las finanzas públicas, así como del fracaso del Plan Sonora Proyecta con el que había prometido llevar al estado al "primer mundo".

A los seis meses de que Bours dejó la gubernatura, la administración entrante promovió demandas contra 33 funcionarios del equipo de Bours por fraude mediante falsificación de documentos, desviación de recursos y uso indebido de funciones. La investigación que detectó estas irregularidades en la Secretaría de Hacienda estatal estuvo a cargo de la directora general de la Auditoría Gubernamental, dependiente de la Secretaría de la Contraloría General, Patricia Eugenia Argüelles Canseco.

Desde que asumió su cargo el nuevo gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, confirmó que la anterior administración había dejado un déficit superior a los mil 400 millones de pesos y aclaró que esa cifra no la dio a conocer su gobierno, sino despachos internacionales. Citó a las firmas Gossler y Horwath Castillo Miranda como las que estarían a cargo de las auditorías.

En octubre de 2009, Padrés dijo que se había descubierto la emisión de 22 cheques por 70 millones de pesos a nombre de funcionarios estatales, pero hizo hincapié en que estos documentos fueron cobrados por terceras personas. Precisó que se encontraron partidas excesivas que sobregiraron el presupuesto.

En esa ocasión, el secretario de Hacienda, Alejandro López Caballero, informó que los primeros resultados de las revisiones permitieron ubicar partidas por 320 millones de pesos que les fueron retenidas a los trabajadores del estado; otras por 54 millones de pesos correspondientes a cuotas y retenciones sindicales de los maestros y, por último, 101 millones de pesos por concepto de "asesoría y capacitación".

Detalló que entre las disposiciones en efectivo realizadas con cheques entre febrero y julio de 2009 hubo cobros diversos, cuyos montos van de 2.5 hasta 17.5 millones de pesos, y agregó que se detectaron convenios para los cuales no había recursos disponibles; fue el caso de Alianza para el Campo, proyecto al que gobierno estatal debía aportar 223 millones de pesos, e Inversión para la Educación, en el que se debían invertir 51 millones de pesos. (APRO)

Caso ABC: La estocada final

El incendio en la guardería ABC de Hermosillo, ocurrida el 5 de junio de 2009, fue el "empujón" que el PRI, el partido de Bours, necesitaba para ver fracasado su intento de conservar la gubernatura.

El voto de castigo de los sonorenses fue implacable. La tragedia que costó la vida a 49 niños y quemaduras a más de 100 cambió el panorama electoral en Sonora y rompió el pacto que hasta entonces tenía el "priísta" Bours con el gobierno de Felipe Calderón, a quien después de haber apoyado para que se reconociera su impugnado triunfo en 2006, acusó de ser el responsable de la tragedia.

Semanas y semanas transcurrían y Bours ocupaba buena parte de su tiempo para exculparse ante los medios –ya veía venir el desastre electoral– en vez de satisfacer las demandas de las familias de las víctimas, investigar a fondo las causas del incendio y fincar responsabilidades.

Por José Gil Olmos

Confía Bours en indagatoria de PGR; pide que no intervenga Gómez Mont

MIGUEL CABILDO S.

México D.F., 25 de junio (apro).- La confrontación entre el gobernador Eduardo Bours, y el gobierno federal por el reparto de responsabilidades relacionadas con el incendio ocurrido en la guardería ABC, que ha dejado hasta ahora 47 muertes, paso de las descalificaciones a los agravios personales.

En la conferencia de prensa de este jueves, Bours dedicó la mayor parte de su tiempo en descalificar al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien ayer reprendió al sonorense: lo llamó "altanero" y le advirtió: "no aceptaré el tono que usa contra Calderón". Bours guardó silencio el resto del día.

Sin embargo, en la conferencia de este jueves se destapó y le dijo al secretario de Gobernación que estaba "brutalmente confundido", y, aún más, le exigió que "no se meta en investigaciones que no le corresponden".

Acompañado por el procurador general de Justicia de la entidad, Abel Murrieta, Bours prosiguió: "Me parece que el señor está brutalmente confundido, ya no sabe si es el abogado litigante de los funcionarios del Seguro Social, ya no sabe si es el Procurador de la República y ya no sabe si es el Secretario de Gobernación.

"Está brutalmente confundido, pareciera ser en algunas ocasiones que es el abogado litigante, que ha sido toda la vida, de los accionistas y de los funcionarios del Seguro Social, y luego es el Secretario de Gobernación que llama al diálogo y luego el Procurador General de la República que hace aseveraciones que le tocan a la PGR".

El mandatario sonorense dijo que Gómez Mont infiere, acusa y asevera hechos relativos a la investigación, incluso contradiciendo al propio Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora.

Aseguró que fue la PGR la que estableció que existe un documento que señala que el representante legal de la guardería ABC en el 2005 era Marcelo Meouchi Tirado, y es el mismo a quien el IMSS le hizo ver las irregularidades del inmueble, lo cual fue desmentido por Gómez Mont.

"Si no era el representante legal como dice el litigante, secretario y Procurador (Gómez Mont), pues entonces está peor la cosa", replicó.

Bours Castelo indicó que confía plenamente en Eduardo Medina Mora (titular de la PGR) y que por ello lo apoyará en las investigaciones luego de que esa dependencia atrajo el caso.

Admitió que no está completamente de acuerdo con que se deje fuera de las investigaciones a la Procuraduría de Justicia del Estado, sin embargo reconoció que la ley le da todas las facultades de atracción a la federación.

"Exigimos justicia ahora a la PGR, vamos a estar pidiendo avances para comunicarlo a los interesados", dijo.

Sobre las investigaciones que realizará la PGR dijo esperar que sean "objetivas, sin politizar, sin proteger".

Por separado, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, aseguró que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como autoridades de Sonora deben asumir su responsabilidad en el caso del incendio.

"Tiene que haber responsabilidad de los propietarios, tiene que haber responsabilidades de funcionarios del Seguro Social y tiene que haber responsabilidades de funcionarios del Gobierno estatal", afirmó.

No obstante, dijo que no pueden aceptar la forma en que el gobernador Eduardo Bours reclamó al Ejecutivo federal.

"Me parece que eso es un proceso que no se vale, ni gobernadores altaneros, ni tampoco responder a bravucones. Lo que se necesita son resultados", expresó.

En entrevista, el panista dijo que llama la atención que el Mandatario sonorense reaccione molesto justo después que el IMSS anuncie una demanda civil en contra de las autoridades del Estado.

"Llama la atención que el gobernador Bours ha levantado el nivel del reclamo a partir de que se anuncia una demanda civil que puede afectar los intereses económicos, forzando a que los dueños de la guardería paguen los daños que ocasionaron, al mismo tiempo que la Secretaría de Finanzas pague a los deudos".

En su portal electrónico, el diario El Universal publicó la versión de una supuesta reunión que sostuvo el director del IMSS, Daniel Karam,, con senadores y diputados del PAN, en la que el único tema en la agenda fue el caso de la guardería.

Según la nota, Karam, habría adelantado a los panistas que en los próximos días habría más consignaciones.

Proceso26/06/2009

Fabricante de ricos... y de pobres

JOSÉ GIL OLMOS

El paraíso financiero que el gobernador Eduardo Bours prometió al inicio de su mandato, y que iba a construir con su ambicioso Plan Sonora Proyecta, se esfumó. Ideado para beneficiar a los empresarios con contratos de obra pública y no a la población, el programa quedó pendiente, de modo que las verdaderas obras de Bours al final de su gestión son: millón y medio de pobres, la megadeuda de 16 mil millones, un férreo cacicazgo político, así como sona-dos casos de corrupción y tráfico de influencias.

HERMOSILLO, SON.-Cuando Eduardo Bours Castelo empezaba a gobernar prometió que Sonora sería la principal entidad del noroeste del país por su capacidad financiera, ya que él la modernizaría hasta convertirla en “un estado de primer mundo”. Sin embargo, al final de su sexenio el mandatario y empresario dejará una deuda aproximada de 16 mil millones de pesos, 1 millón y medio de pobres, una red de complicidades políticas en las que destaca su propia familia, enriquecida al amparo de su poder, y sospechas de que su gobierno fue infiltrado por el narcotráfico, por lo que los sonorenses difícilmente olvidarán la estela de escándalos. A las críticas por el enriquecimiento de la familia Bours, que amplió sus negocios al turismo, la acuacultura y la especulación inmobiliaria en este sexenio, se suma la averiguación previa que la PGR abrió contra Lázaro González Cruz, jefe de escoltas del mandatario estatal, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico (Proceso 1643). De igual forma, se abonan en las cuentas del gobernador el fracaso del Plan Sonora Proyecta, por el cual adquirió una deuda millonaria a pagar en los próximos 30 años, y la trágica muerte de 45 infantes en el incendio de una guardería que es parte de un amplio negocio en manos de funcionarios del gobierno estatal. Con todo, Bours se prepara para pelear por la Presidencia de la República en 2012, pero no por el PRI que lo llevó a la gubernatura, sino a través de Partido Nueva Alianza (Panal), creado por su amiga Elba Esther Gordillo, quien ha dicho en varias ocasiones que el gobernador de Sonora es uno de sus favoritos para disputar el máximo cargo de elección popular. Su carta fuerte para alcanzar esa candidatura son los supuestos “logros económicos” de su gestión. Según el último reporte del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), en el trienio 2003-2006 la situación competitiva del estado mejoró, ya que se ubicó en el lugar 14 en cuanto a la formación bruta de capital fijo (la productividad), en el sexto por su estabilidad económica y en decimoprimero por la fortaleza de los sectores económicos. Estas cifras no seducen a todos. La candidata del PRD al gobierno del estado, Petra Santos, asegura que la actual administración deja tras de sí 1 millón y medio de pobres, concentrados en las comunidades campesinas e indígenas del sur sonorense. El déficit también es político. Datos del mismo Imco indican que Sonora está casi en el fondo de la lista nacional en desarrollo democrático, en el lugar 30, debido al cacicazgo político absoluto del gobernador y empresario tanto en el PRI estatal como en el Congreso, en los medios de comunicación y en órganos que deben ser autónomos como el Consejo Estatal Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Alejandro Covarrubias, profesor e investigador del Centro de Estudios de América del Norte de El Colegio de Sonora, precisa que si bien es cierto que Bours ha tomado decisiones que han ayudado a atraer inversiones, “de nada nos sirve compararlo con Oaxaca o Chiapas, porque no se puede comparar. Nosotros seguimos siendo el estado que está a la zaga, entre los últimos en la frontera norte”. El doctor en relaciones industriales y laborales por la Universidad de Cornell destaca la contradicción entre la aparente marcha económica y el rezago político de Sonora bajo el gobierno de Eduardo Bours. –¿A qué se debe ese rezago? –Entre otras cosas se debe a que no hay alternancia en el gobierno de Sonora, no hay apertura política y el funcionamiento institucional tiene limitaciones que dejan mucho que desear. –¿Ese aspecto refleja lo que ha sido el gobierno de Bours, de control, de familias de poder? –Sí, esa es una interpretación que ustedes pueden dar, pero yo en lo personal he puesto énfasis en que las instituciones que tiene la democracia no han avanzado en Sonora, y en esto cito dos casos particularmente: las instituciones vitales en la trayectoria política ciudadana, que son el Consejo Estatal Electoral y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nosotros, en esas comisiones, hemos visto un operar prácticamente desde arriba, empezando con la elección de consejeros y siguiendo con la elección del presidente de la CEDH. Covarrubias señala que en 1997, cuando se creó el Consejo Estatal Electoral, se vio con esperanza que había sido integrado con gente respetada, académicos con trayectoria, honorabilidad e independencia probadas, pero que a partir de 2003, con la llegada de Bours, la selección de consejeros se hizo siempre en un marco de conflicto “en el que los consejeros aparecían etiquetados”. Y lo mismo ocurrió con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En ese sentido, insiste en que en el discurso de Bours representaba una posibilidad de modernización y transformación económica, pero que en la práctica nunca tuvo un discurso equivalente de modernización política.

Fracaso económico

A mediados de 2007, Eduardo Bours presentó el ambicioso Plan Sonora Proyecta (PSP), a través del cual se planteaba el crecimiento económico estratégico y el desarrollo social del estado. “Es lo que Sonora necesita para ser un estado de primer mundo”, aseguró entonces el gobernador. El complicado esquema financiero creado por el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, amigo del gobernador, consistía en crear uno o varios fideicomisos para administrar, en 30 años, 114 mil millones de pesos provenientes de los impuestos de tenencia, placas y el impuesto a autos nuevos, monto estimado entonces por el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del estado, Florencio Díaz Armenta. En agosto de 2007, Bours mandó dos iniciativas para reformar la Ley de Deuda Pública con el fin de permitir la operación de un fideicomiso de financiamiento para obtener de inmediato hasta 9 mil 200 millones de pesos, emitiendo bonos garantizados con activos u otro tipo de deuda. Con estas iniciativas, aprobadas con un solo voto de diferencia, el gobernador señaló que obtenía de entrada 4 mil millones de pesos “para detonar” la creación de infraestructura en los 35 municipios, mientras que los 5 mil 200 millones de pesos restantes se destinarían a pagar la deuda pública de entonces.

Según las alegres cuentas oficiales, los bonos estarían asegurados por tres décadas y, en caso de que los recursos del fideicomiso no fueran suficientes, el seguro lo cubriría. Además, Bours prometió un ahorro de 560 millones de pesos en cuatro años, pues la tasa de interés que se aplicaría sería 13% menor a la que pesaba sobre la deuda de aquel tiempo. “Es decir, los bonos limpian la deuda, dan recursos extras, se paga una tasa más barata y, al estar asegurados, se reduce el riesgo para ésta y las futuras administraciones”, afirmó Bours al presentar el PSP en mayo de 2007. Pero el ambicioso plan se detuvo. En septiembre de 2007, algunos diputados inconformes presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las iniciativas a la Ley de Deuda Pública, alegando que contraviene el artículo 117 de la Constitución Política Mexicana, el cual señala que los estados no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas. El caso es que las obras “estratégicas” de Bours no generan recursos porque se trata de la remodelación de auditorios, construcción de puentes, plazas públicas, caminos y carreteras, pasos peatonales y parques urbanos. Así, aunque el gobernador sonorense tiene experiencia de negocios –y pese a que su familia obtiene impresionantes ganancias con los hoteles de lujo en Puerto Peñasco, la compraventa de terrenos en Ciudad Obregón, la impresionante empresa acuícola Larvas Génesis y las trasnacionales Ocean Garden y Bachoco–, se le cayó su principal apuesta económica de gobierno. La mencionada controversia constitucional sigue sin resolverse y, según algunos especialistas, Bours podía continuar las obras, ya que el fideicomiso nunca estuvo impedido para emitir bonos o para contratar un préstamo porque la controversia no tiene efecto retroactivo. Pero el gobernador no lo hizo y la deuda creció. El 30 abril del 2008, tras cuatro meses sin gestionar el financiamiento, el gobernador recurrió a su viejo amigo Roberto Hernández, el dueño de Banorte (banco del cual era socio el propio gobernador). Le pidió 4 mil 588 millones de pesos, de los cuales 4 mil millones destinó a las obras y el resto a gastos de constitución de crédito y de reservas. La candidata perredista Petra Santos sostiene que sólo por intereses de ese préstamo ya se deben 9 mil millones de pesos y que la deuda que dejará Bours al terminar su gestión será de 16 mil millones. “El próximo gobernador recibirá un estado en bancarrota. Se planeaban 70 obras, pero la mayoría no están terminadas. Sólo 10 han sido concluidas, pero con mala calidad, y ya no le va a alcanzar el tiempo porque termina su gobierno en septiembre. ¿Dónde está el dinero? Lo han gastado en las campañas, hay derroche”, asegura la legisladora, que junto con los panistas promovió la controversia constitucional. Afirma que el candidato del PAN a la gubernatura, Guillermo Padrés Elías, y el del PRI, su primo Alfonso Elías Serrano, han gastado 500 millones pesos cada uno, cuando la ley establece un tope de 80 millones. Dice Santos que esos aspirantes pagan páginas completas de propaganda en los periódicos, a razón de 1 millón y medio de pesos diarios. “Por eso la prensa está muy controlada”, advierte.

Beneficio para empresarios

Guillermo Noriega Esparza, director de la agrupación civil Sonora Ciudadana –quien renunció al consejo que vigilaría el desarrollo del PSP al descubrir que los constructores establecían las reglas de licitación–, advierte que ese plan se encamina al fracaso. Señala que no se ha visto el cumplimiento de los objetivos básicos para los que fue creado, como detonar el crecimiento y el desarrollo de la entidad. “Sigo viendo al estado en las mismas condiciones, con más puentes tal vez, pero persisten las mismas deficiencias”, explica. Desde el principio, Noriega ha sostenido que al PSP le hizo falta carácter social, pues no se tomaron en cuenta las verdaderas necesidades de la población, como las plantas de agua potable y la pavimentación de las calles de muchas ciudades pequeñas, donde la gente se enferma de las vías respiratorias por el polvo. “El punto es a quién favorece la construcción de la infraestructura. No es a la sociedad, sino a los constructores y a los empresarios”, critica.

De acuerdo con investigaciones de varios organismos civiles, el gobierno de Eduardo Bours se ha caracterizado por el continuo tráfico de influencias para beneficiar a sus familiares y amigos. En marzo de 2006 una de sus primas, Rossana Robinson Bours Muñoz, cinco de sus hermanos y cuatro amigos vendieron al gobierno varios lotes en el centro de la ciudad de Cajeme en 10 millones y medio de pesos para que ahí se construyera el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Cuando se le cuestionó al gobernador esa transacción, contestó que no le importaba las críticas porque la compraventa “no fue ilegal ni inmoral”. Otro caso fue la compra de 270 autobuses que el gobierno de Eduardo Bours le hizo a su hermano José Gerardo, socio y director general de la automotriz Mercedes Benz en la entidad. La operación, en el marco del Sistema Estatal para la Modernización del Transporte Urbano (Suba) –que a la postre fracasó al cambiar las rutas de los autobuses sin tomar en cuenta a los usuarios–, se realizó a pesar de que el Congreso de Sonora señaló claramente que contravenía la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y las unidades eran más caras de lo previsto. El director de Sonora Ciudadana señala que tampoco en el PSP se mostró la transparencia prometida a lo largo de la administración de Bours. “El gobernador dijo que sería un plan sumamente transparente y hasta el momento hemos visto que no funciona el Consejo Ciudadano de Vigilancia. Yo renuncié por la nula intención de ser transparentes, no me quise prestar a una simulación y tener sobre mis espaldas el engaño del que ha sido víctima la población, porque realmente se está manejando como un programa netamente electoral. –¿Va hacia el fracaso el plan? –La tendencia es que la gente se dé cuenta de que los objetivos planteados desde el inicio no eran los correctos, porque no se detona el desarrollo del estado a partir de crear puentes e infraestructura. Esto sólo es una parte de una serie de actividades o de inversiones en capital humano y, además, con una visión estratégica, apuntando hacia un objetivo determinado. No veo que las obras del Plan Sonora Proyecta tengan una estrategia de gobierno, veo las obras más perfiladas a ser acciones de relumbrón electoral que de una idea estratégica. –¿No llama la atención que siendo Bours un empresario haya manejado mal ese plan? –No, creo que es todo lo contrario porque, siendo un empresario, manejó eso para beneficiar a los empresarios y no a la población. Si dentro del PSP se hubiera planteado la creación de una planta para proveer de agua a la región cuando no la hay, hubiera sido una obra estratégica que beneficiara a la población, pero no fue así: el beneficio es para el constructor. Lo único que está haciendo (Bours) es tratar de salvar todo su sexenio e incidir en la elección. –¿Qué constructoras se han visto beneficiadas? –Prácticamente todas ellas son sonorenses. Unos meses antes de empezar el PSP aprobaron una nueva Ley de Obras Públicas en la cual las cámaras de constructores participaron en la definición de las reglas del juego. Entonces se generaron entre ellos mismos beneficios que inhibieron una sana competencia, y eso se llevó a cabo en complicidad con el gobierno. Por ejemplo, dice Guillermo Noriega, si la constructora es del estado se le da una ventaja de 5% en la licitación y otro 5% si pertenece a una cámara empresarial, lo cual califica como un acto de corrupción. Por eso, dice, “a mí eso me ha creado una sospecha de quiénes son los principales donantes de las campañas del PRI, (es necesario) ver dónde terminaron esos millones de pesos del PSP que beneficiaron a los constructores. Muy posiblemente esos mismos constructores que se beneficiaron con las obras son los principales donantes de las campañas”.

Proceso 14/06/2009