Son las viudas que exigen justicia

Napoleón Gómez Urrutia

H

ace poco más de 14 años ocurrió la tragedia de la mina de carbón en Pasta de Conchos, municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, donde 65 mineros perdieron la vida. Fue precisamente el 19 de febrero de 2006, a las 02:20 de la mañana, cuando ocurrió una terrible explosión que dejó atrapados a los trabajadores y sólo nueve, que estaban en la entrada, sobrevivieron, aunque con severas heridas y cicatrices que jamás se podrán borrar.

No es fácil sobreponerse o resignarse a una catástrofe de esta naturaleza por parte de viudas y familiares de las víctimas de la negligencia criminal, la arrogancia, la irresponsabilidad de la empresa Grupo México, que preside Germán Feliciano Larrea Mota Velasco. Particularmente cuando a lo largo de estos años fueron abandonadas y no atendidas sus demandas porque siempre existió un claro contubernio y encubrimiento entre los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con él.

Tuvieron que esperar 13 años, hasta que el 1º de mayo de 2019 Andrés Manuel López Obrador se comprometió a iniciar los estudios para el rescate de los cuerpos, lo cual todos los trabajadores mineros y las familias afectadas recibieron con gran alegría y con una esperanza renovada de que podrían encontrar los restos y darles una digna sepultura. El Presidente tomó una atinada decisión ese día –por cierto el aniversario del Día Internacional del Trabajo– de que fuera la secretaría de ese sector la que se ocupara y responsabilizara del programa y de todas las actividades necesarias para lograr el rescate, sin la participación de la empresa Grupo México ni del Sindicato Nacional de Mineros, que me honro en presidir, para que no se politizara el tema y evitar conflictos innecesarios. Hasta ahí todo iba bien. La Secretaría del Trabajo indicó inicialmente que en septiembre de 2019 estarían listos los primeros estudios para diseñar el programa de rescate.

Ni en septiembre de 2019 ni en diciembre de ese año ni el 1º de mayo pasado, a un año del ofrecimiento formal y sensible del Presidente, se tuvieron noticias públicas de las conclusiones que dicha dependencia había elaborado o determinado. Y no fue sino hasta la semana pasada que informaron a las viudas, no a los trabajadores ni al sindicato, que habían llegado a la conclusión, con base en la opinión de especialistas internacionales y del Servicio Geológico Mexicano, que el plan para el rescate tomaría entre cuatro y ocho años más, con un muy elevado o inflado costo de 75 millones de dólares. La reacción de fuerte enojo de las viudas no se hizo esperar por varias razones que ellas mismas explicaron a los medios de comunicación.

Primero: cómo es posible que la Secretaría del Trabajo después de 14 meses presente un plan similar al de los responsables de la terrible tragedia –Larrea y Grupo México– con costos sumamente elevados que más parecen destinados a desalentar las tareas y el programa. Segundo, esperar todo ese tiempo para que se les haga justicia es demasiado tiempo, pues quizá para entonces, manifestaron ellas, ya estarán muertas, sin haber superado el dolor ni haber cumplido su misión. Tercero, el ingeniero Fernando Acosta, jefe de las cuadrillas de rescate por parte de los mineros en 2006, después del horrible impacto que enlutó a 65 hogares mexicanos, comentó y fundamentó que él, en compañía de dos viudas, unos mineros y un fotógrafo entró a la mina dos años después sin percances de ningún tipo, por el mismo túnel de acceso y el único que existe.

En ese entonces recorrió mil 500 metros de longitud de los 2 mil 300 que llevaba de avance la mina hasta el momento del desastre, cuando el gobierno federal, bajo la presión de Larrea para evitarlo, envió al Ejército y a la policía estatal para desalojarlos, justo cuando estaban a pocos metros de donde se supone que quedaron atrapados la mayoría de los trabajadores. Acosta señaló que cómo es posible que no quieran utilizar el mismo túnel y prefieran construir nuevas rampas por atrás de la mina para llegar a los cuerpos, con un supuesto costo sumamente elevado.

Cuarto, la planta lavadora de carbón que está arriba de la mina subterránea, y de los cuerpos abandonados, ha continuado funcionando hasta la actualidad. Grupo México se la vendió o rentó primero a Rogelio Montemayor, ex gobernador de Coahuila, y él a una familia Zabrokci, de Saltillo, que la trabaja. El negocio continúa hasta el momento manchado de sangre minera. Quinto, el mismo ingeniero Acosta y las viudas explican el porqué de esta decisión que ha propuesto la Secretaría del Trabajo, junto con los geólogos que la asesoran o han trabajado para las mismas empresas mineras, entre las que destacan las mayores de los Grupo México de Larrea y Peñoles de Alberto Bailleres.

En realidad, dice el experto rescatista, las propuestas son similares, ya que están queriendo engañar al gobierno, a las viudas, a los trabajadores y al pueblo porque el yacimiento de carbón de Pasta de Conchos es el más rico y abundante de toda la región carbonífera. Por lo tanto, la propuesta de cuatro a ocho años construyendo nuevas rampas por el fondo de la mina, lleva la perversa intención de sacar todo el carbón primero y seguirlo explotando para hacer turbios negocios, con la excusa o pretexto de que algún día llegarán a encontrar los cuerpos.

Es una perversidad y una infamia total y por eso el ingeniero Acosta y las viudas se oponen al programa de la Secretaría del Trabajo, pues sería hacerle el juego a Larrea y cómplices, al mismo tiempo que frustrar la propuesta y sana intención del presidente López Obrador y su ofrecimiento de justicia para las viudas y familiares.