Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Jueves 23 de julio de 2020, p. 11
Jueves 23 de julio de 2020, p. 11
Ante los coordinadores de las bancadas de Morena en el Congreso, Mario Delgado y Ricardo Monreal, el presidente López Obrador reclamó que se convocara a un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para elegir a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y no tomaran en cuenta iniciativas contra la corrupción.
Mencionó los proyectos para concentrar los fideicomisos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la adición al artículo uno de la Ley de Adquisiciones para comprar medicamentos en el extranjero, con ayuda de la Organización de Naciones Unidas.
En conferencia prensa, reconoció que también hay diferencias en el gabinete federal. En específico con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien, precisó,
no está de acuerdo en que la Secretaría de Marina se haga cargo de las aduanas y de los recintos portuarios.
Consideró que
intereses creados impidieronque para el periodo extraordinario se considerara la iniciativa sobre el manejo de fideicomisos. En el salón Tesorería de Palacio Nacional se transmitió un video del compromiso que hizo en el Zócalo capitalino el día de su toma de posesión, de cancelar esas figuras.
No es una ocurrencia, aseveró, es para
que no haya corrupción ni privilegios, porque son cientos de fideicomisos en los que se manejan los recursos de forma discrecional.
También resaltó la importancia de comprar medicamentos en el extranjero con transparencia, ante la
corrupción generalizadaque prevalecía.
Estamos hablando de la compra de 90 mil millones de pesos, con políticos y malos empresarios metidos, vendiendo medicina caduca. Por esto, recordó, hace seis meses fallecieron ocho personas en Tabasco, investigación que aún sigue abierta para
castigar a los responsables.
Además informó que se interpuso una controversia constitucional contra el decreto del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, para eliminar el cobro de la caseta de Playas Rosarito –ya liberada por la Guardia Nacional– porque no se puede, de esa manera,
cancelar una facultad que le corresponde al gobierno federal.
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