Peña entre Pirro y Chávez

 

John M. Ackerman

En el año 279 aC, el rey Pirro superó al Ejército Romano en la batalla de Ásculo pero a un costo tan enorme para sus propias tropas que el líder se quejó de que otra victoria similar lo destruiría por completo. De allí la expresión victoria pírrica que significa, en pocas palabras, ganar una batalla para después perder la guerra. Este tipo de victorias no se celebran, sino que se sufren porque constituyen la antesala de una contundente derrota.

Así, una eventual victoria de Enrique Peña Nieto en el Congreso de la Unión en materia energética podría significar el principio del fin de la democracia simulada que hoy mantiene en sus cargos a la caduca clase política.
La terca imposición de una reforma privatizadora, diseñada en Washington y que derrumbaría los cimientos del moderno Estado mexicano, podría ser precisamente lo que se requiere para generar las condiciones para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de impulsar un verdadero cambio de régimen.
La elección de Hugo Chávez como presidente de Venezuela en 1999 se debe, en gran medida, a la apertura petrolera encabezada por sus antecesores Carlos Andrés Pérez (1989-1993) y Rafael Caldera (1994-1999).
La aplicación ciega de la ideología neoliberal al sector petrolero durante aquel periodo generó una transferencia masiva de la renta petrolera hacia las empresas trasnacionales. Este acontecimiento simultáneamente ahondó la crisis fiscal del Estado y minó la legitimidad de la democracia simulada que había gobernado el país durante más de 40 años desde el Pacto de Punto Fijo de 1958. Creció la indignación social y se generalizó la búsqueda de alternativas políticas, generando así el contexto propicio para la victoria de la Revolución Bolivariana de Chávez.
Como Peña Nieto, Pérez y Caldera simbolizaban lo peor de la vieja clase política. Ambos venezolanos ya habían sido presidentes anteriormente: Caldera entre 1969 y 1974 y Pérez entre 1974 y 1979, y en sus segundas vueltas al trono de Miraflores su soberbia no tenía límites.
Sobreconfiados en el respaldo de la oligarquía nacional y de sus aliados en Washington, los últimos presidentes neoliberales de Venezuela desdeñaron las protestas sociales y tercamente impusieron su voluntad a la población. Fue el paso definitivo hacia su derrota.
En México en 1995, en medio del desastre económico generado tanto por las políticas neoliberales de Carlos Salinas como por la descarada corrupción de Ernesto Zedillo, el diputado federal priísta Humberto Roque apretó los puños y bajó vigorosamente ambos brazos en una expresión de júbilo cantinero por la exitosa aprobación del aumento del IVA de 10 a 15 por ciento.
La infame Roqueseñal fue la antesala de la eventual e histórica barrida electoral del viejo partido de Estado, primero en las elecciones legislativas y para la jefatura de Gobierno en 1997 y, posteriormente en las elecciones presidenciales de 2000. La victoria otra vez devino derrota.

Pero ya se acabaron aquellos tiempos de inocencia democrática en que la población canalizaba sus esperanzas por la vía electoral y buscaba castigar a los malhechores con su voto. Nuestra inexistente transición democrática desde 2000 nos ha enseñado que no basta con alternar partidos, sino que hoy se requiere expulsar a la clase política entera. México es el país que sufre el mayor nivel de decepción democrática en toda América Latina.
De acuerdo con el más reciente Latinobarómetro 2013 (disponible aquí: http://ow.ly/qDj8e), solamente 21 por ciento de la población se encuentra satisfecha con el funcionamiento de la democracia. Asimismo, 37 por ciento de los encuestados –equivalente a 43 millones de mexicanos– señalan que a la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático, a uno no democrático. Esta es, al parecer, la cifra más elevada que se ha registrado para esta segunda pregunta en cualquier de los 18 países incluidos durante los 18 años de aplicación de este estudio.
México también registra la tasa de rechazo más elevada a los partidos políticos existentes. Un claro indicador del mismo es que 45 por ciento de la población está convencida de que la democracia puede funcionar sin partidos políticos. Solamente Colombia, Paraguay y Panamá se acercan a esta cifra con 43 por ciento, 39 por ciento y 38 por ciento, respectivamente.
Algunos analistas lamentan estos datos como indicadores de una supuesta débil cultura política en nuestro país. Interpretan la enorme decepción ciudadana como una señal de indiferencia hacia los procesos democráticos y el repudio generalizado a los partidos políticos como resultado de la ausencia de los valores necesarios para sustentar a las instituciones políticas.
En realidad, sin embargo, la situación es precisamente la inversa y estas cifras son profundamente esperanzadoras. Son reflejo fiel de la sofisticada conciencia crítica y las altas expectativas del pueblo mexicano con respecto al desempeño real del sistema político. La mayoría de los mexicanos se da cuenta de que efectivamente nuestra democracia no ha generado cambio alguno para gente como uno y añoran desde el fondo de sus almas un nuevo sistema político que realmente los tome en cuenta y resuelva sus necesidades básicas. En medio de tanta simulación e impunidad, lo preocupante sería que la ciudadanía aceptara las cosas como son y confiaran ciegamente en la clase política, no que manifestaran su insatisfacción y exigieran un mejor país.
Las condiciones están dadas para el surgimiento de nuevos liderazgos políticos que puedan encauzar pacíficamente la indignación y las expectativas populares. Como Pirro en Ásculo, la próxima victoria de Peña bien podría constituir el paso definitivo hacia la derrota histórica del renovado autoritarismo mexicano.
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