Enfurecido por la publicación de un reportaje en la revista electrónica Reporte Índigo en el que la periodista Anabel Hernández informó sobre la construcción de una residencia suya con un valor estimado en 20 millones de pesos, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ordenó arrestar a cuatro personas
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, DF.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le pidió al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tomar medidas de protección a favor de la reportera Anabel Hernández, a quien el propio funcionario pretende llevar ante la justicia civil por considerar que su trabajo periodístico ataca su privacidad y pone en riesgo la vida de sus familiares.
La petición de la CNDH es una consecuencia más del reportaje publicado por Anabel Hernández sobre la construcción de una residencia de García Luna estimada en 20 millones de pesos. En menos de una semana dos periodistas de la televisión por cable TVC y un vecino de García Luna, el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM Roberto Vidal Méndez, fueron detenidos por hechos relacionados con este asunto.
En lo que Anabel Hernández considera "una cacería de brujas" y "una agresión en escalada" por parte del funcionario federal, Vidal Méndez fue detenido la mañana del jueves 2 por elementos de la Policía Federal Preventiva, dependiente de García Luna. De acuerdo con el profesor, los agentes le sembraron un arma de fuego y 25 mil pesos.
Vidal Méndez fue secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Roberto Madrazo y uno de los críticos de García Luna. Es además testigo de la construcción de la residencia del funcionario federal pues vive justo enfrente de la obra, en la colonia Jardines de la Montaña, al sur de la Ciudad de México.
TRABAJOS DE ESPIONAJE
García Luna aludió a la serie de publicaciones de la periodista sobre él desde que trabajaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), así como de la época en que laboró en la Agencia Federal de Investigación (AFI) y su gestión en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La periodista también ha incursionado en los antecedentes de colaboradores de García Luna, como el coordinador general de Inteligencia Policial para la Prevención del Delito de la SSP, Luis Cárdenas Palomino, quien en 1987 participó en un homicidio de un taxista en la Ciudad de México.
En noviembre pasado, Anabel Hernández publicó su libro Los cómplices del presidente en el que señala que durante la campaña presidencial de 2006 García Luna realizó trabajos de espionaje a favor del entonces candidato del PAN, Felipe Calderón.
En sus declaraciones a García Soto, el titular de la SSP aseguró que al colocar su domicilio en internet, el reportaje de Anabel Hernández no sólo vulneró su seguridad personal y la de su familia, sino que implica un riesgo por "el combate frontal que tenemos contra el crimen".
INTERPONE QUEJA
Ante el anuncio de la demanda, el mismo día de esas declaraciones la periodista interpuso una queja ante la Quinta Visitaduría de la CNDH, responsable del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos. La respuesta la obtuvo la noche del jueves 2, cuando el organismo informó sobre la solicitud al propio García Luna para que tome medidas cautelares no sólo a favor de la quejosa, sino también de su familia.
La CNDH le dio al funcionario de la SSP un plazo de tres días calendario para que responda si acepta o no la petición, aunque de acuerdo con funcionarios de la comisión podría llevarse más tiempo. De aceptarlas, deberá explicar en qué consisten.
En un comunicado de la CNDH, la Quinta Visitaduría explicó que la adopción de las medidas solicitadas obedece al "temor fundado de la periodista de ser víctima de hechos contra la seguridad, la integridad física y la libertad de expresión de ella y sus familiares".
Precisó: La periodista considera que está en riesgo su vida, la de su familia, la integridad de su hija y de manera particular su estado de gravidez como consecuencia de haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, por lo que solicitó las medidas cautelares. Lo que se busca, dijo, "es evitar la consumación de hechos violentos de difícil o imposible reparación".
INTIMIDACIONES
A cargo de Mauricio Farah Guebara, la visitaduría añadió que de acuerdo con la quejosa, las declaraciones de García Luna en algunos noticiarios refieren que sus escritos "forman parte de una campaña orquestada por el crimen organizado", además de dejar en claro su pretensión de demandarla por ataques a su vida privada y por poner en riesgo la vida de sus familiares.
En entrevista la periodista explica que las medidas consisten en pedirle a García Luna que "se abstenga de violar mis derechos y de hacer pronunciamientos que puedan incitar a que incluso terceros puedan tomar represalias en mi contra. Lo que le piden es que no viole mis derechos humanos y no coarte mi libre ejercicio periodístico".
Autora también de publicaciones sobre los abusos de poder en el sexenio de Vicente Fox, dice que le asiste el derecho de tener protección de la PGR, pero "por razones obvias no es algo que piense". La periodista cuenta con seguridad proporcionada por su empresa.
Asegura que tras la publicación del reportaje, García Luna "se inventó el rumor del supuesto atentado contra su familia y que por haber hecho públicas sus direcciones puede ser víctima de un delito".
Sobre la denuncia, que de acuerdo con la periodista también ha sido anunciada por su coordinadora de asesores, Lissete Parra, asegura que no existe ninguna justificación. "No sé bajo qué concepto la pondría".
Hasta la noche del viernes 3 ni la periodista ni la CNDH habían sido notificadas sobre la anunciada demanda.
DETENCIÓN ABSURDA
Y agrega: "Quizá el secretario piense o supone que este vecino fue el que dio la información; lo cual me parece absurdo porque tendría que detener a todos los vecinos de Jardines de la Montaña, o a los barrenderos y a la policía particular que vigila la colonia. Es una arbitrariedad y creo que es una escalada de la agresión que inició con la detención de los periodistas".
Anabel Hernández considera que la agresión puede escalar aún más, pues el mensaje es que "todos aquellos que investiguen mis propiedades, a la cárcel. Eso es muy grave para los periodistas, máxime cuando se trata del secretario de Seguridad Pública, quien tiene el poder sobre la policía federal. Es como si el trabajo de rendición de cuentas estuviera prohibido".
A lo largo de una semana, en vez de explicar los recursos con que está construyendo su residencia, lo que García Luna ha hecho es perseguir a quienes, según él, están queriendo sacar a la luz pública los bienes que no puede justificar, asegura Anabel Hernández.
Añade: "Es muy grave que la rendición de cuentas se tope con rumores sobre supuestos atentados". Peor todavía, que se anuncien medidas judiciales, aunque "a mí no preocupa la demanda. ¿De qué me va a demandar? En Reporte Índigo tenemos los documentos que avalan la investigación que hicimos. Lo que me preocupa son las detenciones arbitrarias".
Insiste: La demanda no se justifica. "Si esa fuera la norma, no se habrían conocido casos de corrupción en el mundo como el de Watergate, el Irán-contras o Montesinos (en Perú)". (APRO)
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