03/04/2009 - 06:56 AM
México, DF.- La federalización de los delitos contra periodistas fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados, a fin de proteger el ejercicio de la libertad de expresión y garantizar la investigación de agresiones contra los informadores y medios de comunicación, impunes, las más de las veces.
El decreto aprobado por los diputados fue turnado al Senado para su revisión y votación, y con ello se alcanza una meta de más de 20 años de esfuerzo por parte de organizaciones gremiales, que han pugnado por fortalecer la libertad de expresión.
Ayer, el pleno de los diputados aprobó adiciones al Código Penal Federal que imponen penas de uno a cinco años de prisión adicionales a las sanciones que se fijan para los delitos penales ya establecidos.
“Las mafias locales ya no podrán detener investigaciones por delitos cometidos contra periodistas”, dijo en tribuna el presidente de la Comisión de Seguimiento a Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Gerardo Priego.
Subrayó que México ha sido declarado como el segundo país más riesgoso para ejercer el periodismo, después de Irak, con una impunidad casi absoluta de parte de los agresores, que en la mayoría de las veces ostentan cargos públicos locales. Esa fuente de ataque a la prensa gana el primer lugar al crimen organizado, anotó en entrevista.
Las adiciones al Código Penal Federal ordenan que será de competencia federal el caso de un delito que se cometa “con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística”.
En el mismo artículo 430 del ordenamiento legal se establece, por agredir a un periodista o medio de comunicación, la pena adicional de uno a cinco años al castigo por un ilícito del fuero común. Habrá multas de 100 a 500 días. En caso de que los culpables sean servidores públicos, las sanciones aumentarán una mitad.
Para dar claridad a la federalización de los delitos contra periodistas, se incluye una definición de actividad periodística y se protege la tarea de informar profesionalmente, como la esporádica y no remunerada.
Las bancadas plantearon su posición sobre esta legislación, que se obtiene por consenso de las bancadas, en un marco de violencia del crimen organizado que ha cobrado la vida o desaparición de periodistas, así como ataques a instalaciones de periódicos, estaciones de radio y televisión, con violencia extrema caracterizada por el uso de granadas y armas de asalto.
“Los ataques a la libertad de expresión atentan contra los periodistas y contra los derechos de la sociedad, en un intento de negar el acceso público a cierta información, es decir, se vulnera nuestro derecho de ser una sociedad informada”, expresó el diputado Jorge Mario Lescieur Talavera (PRI).
Claudia Lilia Cruz Santiago (PRD) se pronunció por dar instrumentos jurídicos a la investigación de delitos contra los periodistas, a fin de que se fortalezca la actividad periodística y su servicio de informar a la sociedad.
César Duarte (PRI), presidente de la Cámara de Diputados, dijo que en la lucha contra la delincuencia organizada es elemental generar mayores condiciones de seguridad al ejercicio libre del periodismo.
“Es importante que esta Legislatura envíe un mensaje de fortaleza a este oficio que corre riesgos día con día, sobre todo en donde se encuentra la lucha de la delincuencia organizada de manera permanente queriéndose imponer en regiones del país por encima de la autoridad constituida”, dijo Duarte.
La llamada federalización de los delitos contra periodistas resultó del análisis de iniciativas del diputado Jesús de León Tello (PAN), Ruth Zavaleta, Alliet Bautista Bravo y Victorio Montalvo (PRD), y de una tercera, de la Comisión Especial Para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, presidida por Gerardo Priego.
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