Ricardo Ravelo
Noviembre 29 de 2021
El hijo de Guzmán Loera fue liberado por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que no hubo otra alternativa más que soltar el presunto narcotraficante a fin de evitar una masacre.
Al cumplirse dos años del operativo fallido con el que las autoridades mexicanas pretendieron capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, el vástago del narcotraficante goza de libertad e impunidad a grado tal de que actualmente es uno de los intocables del gobierno de la Cuarta Transformación. Pese a que en Estados Unidos es buscado por el delito de asociación delictuosa para introducir drogas a ese país, en México no se le molesta y menos se le persigue. Lo mismo ocurre con sus hermanos Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán, herederos del narcoimperio que construyó su padre en el año 2000 tras fugarse del penal de Puente Grande, Jalisco. Así, Ovidio Guzmán, conocido en el mundo del hampa como “El Ratón” se desplaza en Sinaloa y las entidades del norte del país con mayores preocupaciones. El gobierno de la 4T ni lo persigue ni lo molesta.
El pasado 17 de octubre se cumplieron dos años del operativo fallido implementado por el gobierno federal para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.
El saldo de aquella incursión militar y policiaca a Sinaloa fue de ocho personas fallecidas –un civil, un guardia, un interno y cinco agresores –19 bloqueos, 14 agresiones a elementos de la Guardia Nacional y siete militares heridos.
Sin embargo, el hijo de Guzmán Loera fue liberado por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que no hubo otra alternativa más que soltar el presunto narcotraficante a fin de evitar una masacre.
El operativo fallido generó hechos de violencia en Culiacán: miembros del cártel sinaloense, uno de los más poderosos del mundo, desplegó a sus sicarios por todas partes; realizó bloqueos, cierre de calles y avenidas. Por todas partes se movían los vehículos artillados equipados con armas de alto poder, como Barret, utilizadas por los ejércitos de diversos países en las guerras.
Después de aquella incursión militar y tras la liberación de Ovidio Guzmán, el presunto narcotraficante no volvió a ser molestado a pesar de que cuenta con una orden de captura ordenada por las autoridades de Estados Unidos por el delito de asociación delictuosa para introducir drogas a ese país.
Hasta ahora, se desconoce el paradero de Ovidio Guzmán, conocido en el mundo del hampa como “El Ratón”, aunque se sabe que se mueve entre Sinaloa y Tijuana y está al frente de un ala importante del cártel de Sinaloa que encabeza Ismael “El Mayo” Zambada, de acuerdo con informes de la DEA y de las autoridades mexicanas.
Ovidio Guzmán –quien cuenta con 31 años de edad –como ya se dijo, es uno de los hijos del capo Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”; su padrino es Ismael “El Mayo” Zambada, otro líder del narcotráfico, quien está prófugo. La DEA ofrece una recompensa de 15 millones de dólares para quien le aporte información para dar con su paradero y poder aprehenderlo.
“El Ratón”, como le llaman a Ovidio, se ha manejado desde el 2017 con bajo perfil, a diferencia de sus hermanos Jesús Alfredo e Iván Archivaldo, quienes incluso hacen vida social en Sinaloa.
El cártel de Sinaloa es considerado el más poderoso del mundo, pero su poder en México se incrementó tras las elecciones del pasado 6 de junio, cuando los abanderados de MORENA lograron el triunfo electoral en Sinaloa, Sonora, Baja California, Michoacán y Guerrero, corredores importantes del crimen organizado y territorios controlados por la organización criminal que encabeza “El Mayo” Zambada.
Este poder criminal y político convirtió a Sinaloa en un grupo intocable. Esto explica la impunidad con la que se manejan sus principales miembros, entre ellos los hijos de “El Chapo” Guzmán –Ovidio, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán –herederos del imperio construido en el año 2000, cuando Guzmán Loera se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, a los 19 días de que el entonces presidente de la República, Vicente Fox, tomó posesión de su cargo.
Actualmente el cártel de Sinaloa está construido en cuatro bloques: uno lo dirigen los hijos de Guzmán Loera, otro Aureliano Guzmán –hermano de “El Chapo” –uno más Ismael “El Mayo” –aunque la DEA sostiene que es el verdadero jefe –y una cuarta ala estaría bajo el control de Rafael Caro Quintero, liberado por las autoridades en el año 2013.
Sinaloa: poder sin límites
Después del proceso electoral del 6 de junio, donde el Partido de Regeneración Nacional (MORENA) lo ganó casi todo, el cártel de Sinaloa se posicionó en territorios que anhelaba pero que no podía controlar debido a la presencia del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), su acérrimo rival.
Ahora, con los triunfos de MORENA en Sinaloa, Sonora y Baja California, el cártel que comanda Ismael “El Mayo” Zambada se colocó como la primera fuerza criminal en la zona norte del país y, a través de diversas alianzas, ahora domina todo ese corredor, uno de los más importantes en el tráfico de drogas –entre ellas la cocaína heroína, drogas sintéticas y fentanilo –así como el tráfico humano, otro de los negocios boyantes de esa organización criminal.
Se asegura que los operadores del cártel de Sinaloa fueron una pieza clave para que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador obtuviera el triunfo en trece de las quince gubernaturas que se disputaron el pasado 6 de junio; con ello, el grupo criminal más poderoso del mundo se colocó como una fuerza criminal importante. Lo curioso de todo esto es que ninguno de sus miembros es perseguido por la justicia, a pesar de que su líder –“El Mayo” Zambada –es reclamado por la justicia estadunidense por tráfico de estupefacientes y existe una recompensa de diez millones de dólares por su cabeza.
Con el posicionamiento logrado en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California –además de los municipios aledaños a estas entidades –el cártel de Sinaloa ya cuenta con un “narco-puente”, constituido con territorios disponibles y aliados políticos, para traficar drogas hacia Estados Unidos. Una ciudad clave para este propósito es Tijuana, donde el cártel del mismo nombre encabezado por los Arellamo Félix han establecido alianzas con los sinaloenses, algo que habría sido impensable en la época de Benjamín y Ramón Arellano, fundadores del legendario y violento cártel de Tijuana, uno de los primeros que logró alianzas internacionales: se asoció con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un movimiento guerrillero que se ligó al tráfico de drogas en la década de los ochenta y noventa.
El cártel intocable
El cártel de Sinaloa lo ha tocado absolutamente todo desde que fue reactivado, en el año 2001, tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quien se evadió del penal de Puente Grande dieciséis días después de que el entonces presidente Vicente Fox tomó posesión como presidente de la República.
Ese grupo criminal fue, en estricto sentido, un proyecto de la derecha: se rearticuló con Fox y se consolidó con Felipe Calderón –el llamado “presidente de la Guerra” –en cuyo gobierno esa organización criminal tuvo la capacidad para tener a su disposición una secretaría de Estado: la Secretaría de Seguridad Pública que encabezó en ese sexenio Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por brindar protección a esa organización criminal.
Con Enrique Peña Nieto, los líderes de ese cártel –Juan José Esparragoza Moreno, El Azul”; Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán nunca fueron perseguidos puntualmente, todo lo contrario, se les brindó cobijo oficial. Debido a la presión internacional que ejerció el gobierno de Estados Unidos, en el segundo tramo de ese periodo gubernamental el entonces poderoso líder de ese clan empezó a ser buscado. Fue en 2014 cuando dieron con su paradero y lo encarcelaron en el penal de La Palma, de donde otra vez se fugó con apoyo gubernamental. Se dijo que mandó a cavar un túnel y por ahí se escapó. La realidad es que le abrieron la puerta.
Esparragoza Moreno, “El Azul”, optó por autodesaparacerse: lo dieron por muerto, según la versión de su familia, falleció después de sufrir un accidente automovilístico. Pero hasta la fecha ninguna autoridad extranjera ni mexicana ha confirmado que el capo esté muerto. Un dato que nos aproxima a considerar que esté vivo es que en el actual gobierno se consolida el proyecto que él siempre anheló: construir una Federación de organizaciones criminales que controlen el negocio del tráfico de drogas en el país, que se pongan de acuerdo en el manejo de los negocios y territorios y que no generen violencia. Todo indica que el gobierno de la Cuarta Transformación consideró viable ese proyecto. Por ello, les concedió los territorios al crimen a cambio de que MORENA obtuviera triunfos arrolladores, como ocurrió, en la elección del pasado 6 de junio.
Así, el proyecto criminal y político se consolida.
Todo esto viene a cuento precisamente porque el cártel de Sinaloa ha negociado con todos los gobiernos. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ese grupo criminal lavó dinero a través de diversas empresas que son investigadas en Andorra, España, junto con el abogado Juan Collado Mocelo, defensor de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, respectivamente.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades de Andorra, el abogado postulante –quien está preso desde julio de 2019 – cobró en ese paraíso fiscal 45.9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cártel de Sinaloa para blanquear fondos, según una denuncia periodística del diario “El País”.
En total son catorce empresas con cuentas en la banca privada de Andorra a las que recurrió para lavar su dinero la organización de “El Chapo” Guzmán. Según el periódico español, entre 2009 y 2013, movieron sumas multimillonarias a esa institución financiera, cuyo objetivo fue lavar los fondos.
Dice “El País” que las sociedades supuestamente eran instrumentos, no tenían actividad real y fueron empleados también por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales.
Para indagar quien o quienes se esconden tras el patrimonio de Collado –presuntamente los expresidentes Salinas y Peña, entre otros políticos acaudalados –las autoridades de Andorra solicitaron en mayo de 2017 a los investigadores identificar a los ciudadanos mexicanos que enviaran dinero al letrado, por ser su eslabón imprescindible a fin de determinar el origen de los fondos.
También se pidió entonces información sobre 23 cuentas en la BPA –entre otras unas 14 que fueron usadas por el cártel de Sinaloa –para averiguar la identidad de sus auténticos representantes.
En todo este enjuague está implicado el abogado Collado Mocelo, quien sigue preso en una prisión de la ciudad de México acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Las conexiones internacionales
La situación legal que enfrenta el abogado Juan Collado Mocelo, defensor de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, se agrava. Hace apenas un año fue detenido por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada y ahora la Fiscalía General de la República (FGR) le fincó otro delito, el de defraudación fiscal por 36 millones de pesos, fondos que habría depositado en Andorra, España.
El abogado, quien antes de ser detenido se daba una vida de lujos y excesos, como el que mostraron las redes sociales tras la boda de su hija, donde el invitado especial fue el cantante Julio Iglesias, quien cantó en la fiesta, tendrá que demostrar de dónde obtuvo los recursos que dispone y que mantuvo celosamente guardados en bancos extranjeros.
Además, Collado Mocelo era abogado y socio de la caja de ahorro popular La Libertad, donde presuntamente se lavó dinero del crimen organizado, particularmente de Los Zetas, aunque también se dijo –y esa es la base de la investigación que realiza la FGR –que en dicha caja popular había dinero de los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto y que Juan Collado era, en realidad, el testaferro de los exmandatarios.
Las cosas empezaron a ir mal para Juan Collado tras ser denunciado por uno de los socios de la caja popular La Libertad, quien dijo que el abogado lo despojó de un inmueble valuado en varios millones de pesos. A partir de ese caso, la FGR empezó una investigación que hasta la fecha continúa y que fue la base para solicitar ante un juez federal la orden de aprehensión que mantiene al defensor en prisión.
El día que fue detenido, Juan Collado se encontraba con Carlos Romero Deschamps, entonces poderoso líder petrolero, su cliente. Ambos se disponían a comer en el restaurante “Morton´s”, en Las Lomas de Chapultepec. Cuando los agentes federales ingresaron al sitio se dirigieron a la mesa donde estaban ambos personajes. Algunos comensales y meseros que presenciaron la escena contaron que al ver a los agentes Romero Deschamps se tiró al piso porque pensó que iban por él. Sin embargo, detuvieron a Juan Collado, quien en ese momento fue llevado a un vehículo y presentado ante la FGR, concretamente ante a Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), donde rindió su declaración respecto a los delitos que se le imputaron.
Collado Mocelo está casado con la actriz Yadira Carrillo, quien ahora se queja por falta de dinero.
Las investigaciones en contra del abogado incluyen varios países. México, Estados Unidos y España. En este último país, donde radica el expresidente Peña Nieto desde que concluyó su mandato, Collado Mocelo dispuso de más de 30 millones de pesos de un banco, dinero que, de acuerdo con la FGR, no ha podido ser acreditado y se desconoce su origen.
El caso de Juan Collado abrió la posibilidad de que los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña Nieto puedan ser investigados, ya que se su defensor presuntamente venía fungiendo como su testaferro, aunque tal señalamiento no ha podido ser acreditado por la FGR en forma fehaciente.
